Félix Bolaños García
GobiernoMinistro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.Página 25Vídeo
Buenos días de nuevo, señorías.
Si no fuera tan dañino para millones de españoles, hasta sería entretenido escuchar las excusas que ponen los que hoy van a bajar las pensiones a los españoles. (Aplausos).
Subo a esta tribuna a solicitar el voto de esta Cámara para convalidar el Real Decreto Ley 17/25, por el que se prorrogan las bonificaciones en el transporte público. Lo hago en nombre del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que, como saben, está en este mismo momento interviniendo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y, con total transparencia, rindiendo cuentas ante los medios de comunicación de nuestro país. (Aplausos). Por supuesto, en el Gobierno, también aprovechamos esta convalidación para expresar una vez más nuestra solidaridad y nuestras condolencias a todos los seres queridos de los fallecidos.
Traemos a esta Cámara, a este Pleno, una norma que da continuidad y estabilidad a una política pública que se ha demostrado útil en los últimos años. Tras los años más duros de la pandemia, el transporte público no solo ha recuperado la demanda, sino que ha experimentado un crecimiento estructural, superando ya con creces los niveles de utilización que tenía en el año 2020. Aunque la inflación se ha moderado, sus efectos acumulados ciertamente siguen teniendo un impacto real en los hogares, especialmente en gastos cotidianos como el transporte público o la movilidad. Por eso, el transporte público cumple un triple objetivo, una triple función que es esencial para nuestro país. En primer lugar, es una herramienta de igualdad de oportunidades, garantiza el acceso a la movilidad con independencia de la renta de cada persona, de cada familia. En segundo lugar, es un instrumento de cohesión social y territorial imprescindible para vertebrar nuestro país y atender a territorios que tienen muchas veces características singulares. Y, en tercer lugar, es una política climática también de primer orden, imprescindible para reducir emisiones y para avanzar hacia un modelo más sostenible de movilidad.
Gracias a los descuentos para viajeros habituales aplicados por el Gobierno desde septiembre del año 2022, el uso del transporte público ha crecido más de un 32 % en el conjunto de nuestro país. Son 405 millones de viajes al mes en el año 2024 en metro, en autobús, en cercanías y en media distancia. Este incremento no solo representa un éxito en términos de movilidad, sino que contribuye de manera directa a reducir emisiones y a la mejora de la calidad del aire en nuestras ciudades. Además, la mayor accesibilidad económica ha beneficiado especialmente a colectivos con menos recursos: estudiantes, personas mayores, jubilados y trabajadores con rentas medias y bajas, que obviamente pueden acceder a un transporte gratuito o bonificado en mejores condiciones que antes de las ayudas del Gobierno. Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha destinado 735 millones de euros en 2025 a comunidades autónomas, a entidades locales y a consorcios de transporte para financiar el transporte público urbano, interurbano y metropolitano. Este esfuerzo inversor pone números al compromiso decidido del Gobierno por apostar por el transporte público, por la movilidad sostenible y por la descarbonización.
En el ámbito del transporte público de media y larga distancia, desde 2022, se ha llevado a cabo una importante política de ayudas, con más de 1700 millones de euros destinados a ayudas ferroviarias y 260 millones de euros a los servicios de autobús, competencia del Estado, que han permitido recuperar los niveles de movilidad del año 2019 y superarlos. Por tanto, este real decreto ley da continuidad a estas medidas y refuerza y amplía una política pública que ha demostrado su eficacia.
Este decreto ley contiene medidas que podemos clasificar en tres grandes bloques: el primero, ayudas al transporte público; el segundo, la puesta en marcha del abono único; y el tercero, medidas complementarias en Renfe y en servicios estatales de autobús. Las analizaré y expondré por orden y por bloques. El primero, la prórroga de las ayudas al transporte público, es la primera gran medida de este decreto ley, se prorrogan durante todo el año 2026 las bonificaciones al transporte público vigentes en el segundo semestre del año 2025. Esta decisión aporta certeza, estabilidad y previsibilidad tanto a los usuarios como a las Administraciones públicas y a operadores de transporte. En el ámbito de los servicios de competencia estatal, se mantienen las ayudas a los servicios de autobús interregionales y a los servicios ferroviarios de cercanías y de media distancia. Asimismo, en los transportes de competencia autonómica y local, el real decreto ley prorroga la gratuidad infantil, los descuentos específicos del 50 % para jóvenes y una bonificación general del 20 % para el resto de los usuarios. Y, además, este real decreto aporta una novedad bien fundamental y bien relevante, pues el Ministerio de Transportes asume directamente la financiación de estas medidas y de esta bonificación general del 20 %, sin exigir cofinanciación adicional a las comunidades autónomas ni a las entidades locales. Es decir, se toma esta medida para que los Gobiernos autonómicos y los Gobiernos municipales ―que pueden tener distintas configuraciones o diferentes prioridades― puedan modular sus decisiones en el modo que consideren que favorece más a sus ciudadanos. También se mantienen las ayudas específicas para territorios con singularidades, como la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias y en Baleares, o la gratuidad de determinados servicios ferroviarios en Asturias y en Cantabria. El conjunto de estas medidas se sustenta en un compromiso sólido presupuestario, con números, con cifras y con inversión, con dinero. Para la financiación de las ayudas al transporte público y la puesta en marcha del abono único el Gobierno ha previsto una dotación de 1371 millones de euros ―quiero subrayar la cifra: 1371 millones de euros―, garantizando la continuidad, la estabilidad y la seguridad jurídica de todo el sistema de bonificaciones durante el ejercicio 2026.
El segundo gran bloque del real decreto ley es la puesta en marcha del abono único. Se trata de una iniciativa que supone un avance muy relevante en la integración y simplificación del sistema de transporte público. Este nuevo abono permitirá realizar desplazamientos ilimitados durante treinta días en una primera fase en los servicios de competencia estatal —cercanías, media distancia ferroviaria y autobuses interregionales—, mediante un único título de transporte, con tarifas diferenciadas para adultos y para jóvenes. Además, el abono único se concibe como una herramienta abierta a la cooperación, al diálogo entre Administraciones públicas. Este real decreto ley y este abono único respetan por completo el marco competencial y autonómico de nuestras comunidades autónomas y entidades locales, favoreciendo su incorporación voluntaria y sostenida en el tiempo, sin ninguna imposición y sin que ninguna adhesión sea obligatoria. Queremos un transporte público más integrado, sencillo y accesible, en el que, gracias a un esquema en el que se reconozcan mutuamente los diferentes títulos, las distintas Administraciones públicas puedan ir sumándose de manera progresiva, generando beneficios directos para los usuarios. Por tanto, quiero subrayar que este abono único no sustituye a los títulos ni a las bonificaciones existentes, sino que se añade como una opción adicional, ampliando las posibilidades de elección de los usuarios en función de las necesidades de su movilidad, y también da la facultad a los Gobiernos autonómicos y a los Gobiernos municipales para irse sumando de manera progresiva a este abono único y, en definitiva, facilitar la vida a los usuarios.
El tercer bloque de medidas del decreto ley es el relativo a las medidas complementarias a las ya mencionadas en los servicios estatales de autobús y de Renfe. En los servicios estatales de autobús se mantienen las medidas vigentes: la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de diez viajes con un descuento del 40 % y el abono mensual nominativo con una bonificación del 50 %, que alcanza el 70 % en el caso de los jóvenes hasta 26 años. Finalmente, en lo que respecta a los servicios de Renfe, también se prorrogan las medidas que ya hoy están en vigor: en cercanías, se mantienen el bono de diez viajes, los abonos mensuales con viajes ilimitados en todos los núcleos por 20 euros, y 10 euros para los jóvenes, así como la gratuidad total para los menores de 14 años. En media distancia y en los servicios Avant especiales se conservan la gratuidad infantil, los descuentos del 40 % en los abonos mensuales, con un descuento adicional del 50 % para los jóvenes, y los bonos de diez viajes. Y, para terminar, en los servicios Avant generales se prorroga la bonificación del 50 %.
Señorías, los datos avalan de forma clara la eficacia de las políticas de impulso del transporte público que está llevando a cabo el Gobierno y que este decreto ley consolida. Entre enero y septiembre de 2025, el transporte público registró una media de más de 420 millones de usuarios al mes, superando de forma amplia los niveles previos a la pandemia. Por tanto, no hablamos de una recuperación meramente coyuntural, sino que es estructural en los hábitos de movilidad de la ciudadanía. Además, las ayudas al transporte público refuerzan la cohesión social y territorial, facilitan el acceso a los servicios esenciales y contribuyen a combatir la despoblación en aquellas zonas rurales donde lo necesitan. Al mismo tiempo, las ayudas al transporte público incentivan el uso del transporte colectivo, reducen la dependencia del vehículo privado y avanzan en los objetivos de descarbonización y de movilidad sostenible. Estamos ante una política pública claramente eficaz, socialmente justa y ampliamente respaldada por la ciudadanía. No es una política partidista, sino una política que ha iniciado este Gobierno y que, sin duda, comparte la inmensa mayoría de esta Cámara.
Finalizo ya, señorías. Apoyar este real decreto ley es apoyar a los estudiantes, a los trabajadores con rentas bajas y medias y a los pensionistas y parados, que tienen acceso a transporte público gratuito o con bonificaciones muy importantes. Esto es lo que hoy se está votando y por ello pido a esta Cámara la convalidación de este real decreto ley.
Muchas gracias. (Aplausos).