Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Buenos días de nuevo, señorías.

Intervengo ahora en esta Cámara para solicitar formalmente la convalidación del Real Decreto Ley 8/2023, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania, y ahora también en Oriente Próximo, y para paliar los efectos de la sequía. Como se pueden imaginar, es una norma absolutamente necesaria que establecemos y promulgamos porque sigue siendo necesario que protejamos a las familias y a los ciudadanos de nuestro país. Es el octavo paquete de medidas que traemos como Gobierno para hacer frente a los efectos sociales y económicos que está generando la crisis de Ucrania y ahora también el conflicto en Gaza, con la posibilidad ―lamentable posibilidad― de que las tensiones geopolíticas y estos conflictos se puedan cronificar.

Un Gobierno no se caracteriza por las crisis a las que se enfrenta, porque no puede elegirlas, pero sí se caracteriza por cómo elige afrontar las crisis que aborda. Lo vimos hace casi una década, cuando en aquel momento gobiernos conservadores acudían a los recortes y acudían a intentar debilitar el Estado del bienestar para salir de las crisis. Ahora estamos demostrando que hay un modelo diferente y que hay un camino diferente, que es el que desde el Gobierno estamos implementando: crecimiento económico sostenido, mantener y aumentar el empleo, que sea con mayores derechos, con mayor dignidad y, en definitiva, ampliar el Estado del bienestar. Por tanto, no solo estamos sometiendo a convalidación de esta Cámara un real decreto ley, sino que estamos sometiendo a esta Cámara también una política que hace posible y compatible un crecimiento económico con empleo, con bienestar y con refuerzo de nuestra calidad de vida.

La economía española, señorías, ha resistido y no es casualidad ni es magia, es fruto del trabajo de un Gobierno que, de la mano de la Comisión Europea, adopta medidas para que nuestra economía siga creciendo. Los datos avalan nuestra gestión y, por el contrario, los datos contradicen algunas afirmaciones que se han hecho. Ustedes recordarán algunas afirmaciones de personas que intentaban crear alarma y de pesimistas que decían que España entraría en recesión económica y que habría una crisis profundísima en la economía española; igualmente, los datos han contradicho de manera absoluta esas afirmaciones que se hacían desde alguna bancada.

En el año 2023 hemos crecido el doble de lo previsto, un 2,5 %, cuatro veces más que la media de la Unión Europea; cuatro veces más crece España económicamente que la media de la eurozona. Hemos reducido también la deuda sobre el producto interior bruto en un 10 % en solo año y medio y hemos cerrado el año ―escúchenlo bien― con una caída del paro del 4,6 % respecto al año 2022, con más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, con 536 000 empleos nuevos en el último año y con 3,1 millones de contratos indefinidos, más que antes de la reforma laboral. Esto no es casualidad, son políticas que aciertan y políticas exitosas y es el trabajo de este Gobierno y también de esta Cámara convalidando decretos como el de hoy. (Aplausos). Por tanto, empezamos el año como terminamos el anterior, trabajando para mejorar y trabajando para seguir avanzando.

Este paquete que traemos, y sometemos a su convalidación, supone la movilización de 3800 millones de euros adicionales entre reducciones de impuestos, ayudas directas y bonificaciones. Hemos movilizado ya, con motivo del conflicto en Ucrania, un total de 47 000 millones de euros. En este decreto ley, además de esas medidas, también se abordan otras situaciones que justifican ―otra vez sobradamente― la convalidación de este decreto. En concreto, aprobamos disposiciones para revalorizar las pensiones contributivas y las no contributivas en 2024, apoyamos a los trabajadores, a las familias y a las empresas de la isla de La Palma que siguen sufriendo las consecuencias del volcán y también continuamos adoptando medidas para hacer frente a la sequía y a la escasez de recursos hídricos, teniendo en cuenta la grave situación en esta materia con la que cerramos 2023. Es decir, protegemos a quien lo necesita por el tiempo que lo necesita y con las medidas que hagan falta.

Paso ahora a explicarles de manera muy breve el contenido del decreto ley. Extendemos la mayoría de las medidas adoptadas en 2022 y 2023 para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. Son medidas que se agrupan en cinco grandes bloques: el fiscal y económico es el primero, el energético y medioambiental es el segundo, el transporte es el tercero, la protección a consumidores y empresas es el cuarto y el empleo y la vivienda el quinto.

Primer bloque, medidas en materia fiscal y económica. En materia fiscal, mantenemos de manera indefinida los impuestos a los beneficios extraordinarios de la banca y de las empresas energéticas, así como a las grandes fortunas. Se ha cumplido con eficacia el mandato que consagra la Constitución, que no es otro que un sistema fiscal progresivo, justo y redistributivo donde quien más aporta es quien más tiene. Para garantizar el control de los precios en productos básicos y que los precios no aumenten, ampliamos hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA al 5 % en alimentos básicos como la pasta y al 0 % en los de primera necesidad como el pan, los huevos, la fruta y la verdura. Esto va a suponer, según cálculos de nuestro Gobierno, un ahorro de 1320 millones de euros para las familias y para los hogares de nuestro país. Y también, para controlar el precio de la factura de la luz, prorrogamos la bajada de impuestos del año pasado con nuevos porcentajes para seguir protegiendo a los colectivos más vulnerables y sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas ni el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda.

En materia económica, prorrogamos hasta el 31 de diciembre la suspensión de las comisiones o compensaciones por amortización anticipada de los préstamos hipotecarios. Como novedad, este real decreto ley incluye que los proveedores de servicios de pago no podrán cobrar comisiones por la prestación del servicio de retirada de dinero efectivo en ventanilla a colectivos vulnerables. Es decir, básicamente no se pueden cobrar comisiones en las entidades bancarias a las personas mayores de sesenta y cinco años por retirar efectivo. Esto también se convalida hoy en este real decreto ley. (Aplausos). Y creamos un fondo de coinversión, dotado inicialmente con 2000 millones de euros, para atraer inversiones extranjeras que contribuyan al fortalecimiento de nuestra economía.

El segundo bloque contiene medidas en materia energética, medioambiental y de hidrocarburos. Hay cuatro nuevas medidas: ampliamos los plazos para obtener autorización para determinadas instalaciones alineadas con la transición ecológica; fomentamos el autoconsumo mediante la liberación de la capacidad de la red de transporte; contribuimos al cierre ordenado del parque nuclear y de las instalaciones de carbón y, por último, evitamos prácticas fraudulentas que hemos detectado en el sector de los hidrocarburos líquidos que afectan tanto a la competencia en el sector como también al consumidor final en el precio de las facturas que paga.

El tercer bloque contiene medidas en materia de transporte. Prorrogamos hasta el 31 de diciembre las medidas ya adoptadas, los descuentos del 50 % en abonos nominativos de transporte colectivo urbano e interurbano y servicios ferroviarios Avant, los descuentos del cien por cien para Canarias y para Baleares, así como para usuarios recurrentes de Rodalies, de Cercanías, de Media Distancia y de ciertas líneas de Avant y, por último, la subvención extraordinaria y temporal de las tarifas y peajes en las autopistas de titularidad estatal.

El cuarto bloque contiene medidas para proteger a consumidores y empresas. Prorrogamos hasta el 30 de junio la flexibilización de los contratos de suministro de energía y gas natural; reducimos al 80 % los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, con lo que esto supone también de mantenimiento del empleo en el sector —‌nos lo pide el sector electrointensivo—; mantenemos los descuentos del bono social de electricidad y su aplicación a los hogares con bajos ingresos y, por último, garantizamos el suministro de agua y de energía a consumidores vulnerables.

El quinto bloque contiene medidas en materia de empleo y de vivienda. En materia de empleo, prorrogamos hasta el 30 de junio la prohibición de que las empresas beneficiarias de ayudas directas puedan justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos y prorrogamos el actual importe del salario mínimo interprofesional hasta que terminemos de acordar con los agentes sociales un nuevo acuerdo en esta materia. En materia de vivienda, hasta el 30 de diciembre se prorroga la suspensión de los procedimientos de desahucio para familias y hogares vulnerables sin alternativa habitacional y creamos una nueva línea de avales con 4000 millones de euros de dotación, que se puede complementar con 2000 más para incrementar el parque de vivienda social.

Básicamente, de manera muy rápida, muy sucinta y muy breve les he resumido todo lo que he podido el real decreto ley que contiene estas medidas fundamentales. Además, quiero también hacer referencia a cuestiones que incluye el real decreto y que, como van ustedes a comprobar inmediatamente, son muy importantes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Siguiendo la línea de ejercicios anteriores con este Gobierno, revalorizamos las pensiones contributivas y su cuantía mínima al 3,8 % y actualizamos las pensiones no contributivas como la invalidez, la jubilación y la orfandad causada por violencia contra la mujer. Por eso la convalidación de este real decreto ley supone subir las pensiones un 3,8 % y no convalidar este real decreto-ley supone bajar un 3,8 % las pensiones. (Aplausos). Así de simple. Prorrogamos también, como les decía, las medidas de apoyo a ciudadanos, autónomos y familias en la isla de La Palma afectados por la erupción del volcán. Aprobamos nuevas medidas urgentes específicas para hacer frente a la sequía, en concreto la autorización a la Comisión Permanente de la Sequía para proponer la modificación temporal de las condiciones de uso del dominio público hidráulico y la simplificación de trámites para la modificación de las condiciones de la utilización de ese dominio y reforzamos el régimen sancionador para infracciones que estamos detectando y que están siendo cometidas en relación con estas medidas extraordinarias. Por último, también importante, cedemos la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas de régimen común que consideren que es positivo para sus autonomías.

Por ello, señorías, señoras y señores diputados, si nuestra economía ha resistido, a la vista está con los datos comparativos que tenemos con el resto de Europa, ha sido gracias al esfuerzo de nuestra sociedad y gracias también a las políticas públicas que hemos puesto en marcha desde este Congreso. Sean conscientes, señorías, de lo que implica su voto en la convalidación de este decreto ley. Su voto tiene consecuencias importantes en la convalidación de este decreto ley. Votar sí es votar que las pensiones suban casi un 4 % y votar no es volver a la bajada de las pensiones. Votar sí es hacer más barata la factura de la luz y la cesta de la compra y votar no es hacerlas más caras y que en algunas casas en nuestro país tengan que mirar la cartera para ver si pueden llenar el frigorífico. (Aplausos). Votar sí a este real decreto ley es seguir disfrutando de transporte público gratuito o bonificado y de abonos urbanos e interurbanos para usuarios frecuentes que lo disfruten y votar no es subir mañana el precio del transporte público en nuestro país. En definitiva, votar sí es ayudar a nuestros conciudadanos, votar sí es apostar por el bienestar, votar sí es hacer el bien a las personas que nos votaron, y votar no es optar por el regreso a los recortes sociales que protagonizaron otra época, pero no la nuestra, no con nuestro Gobierno. Por eso España ha demostrado que la protección social y la ampliación de derechos no solo reducen la desigualdad, que ya solo por eso merecería la pena, sino que son el mejor antídoto contra el populismo, el autoritarismo y todas esas políticas que pretenden, con soluciones simples, abordar problemas complejos, cuando lo que hacen es agravarlos. Por eso, señorías, les pido que apostemos por esta manera de hacer política, que apostemos por políticas públicas, que apostemos por reforzar el Estado del bienestar y que, con nuestro voto hoy, aumentemos las pensiones, protejamos a las empresas y a las familias, garanticemos un transporte público gratuito y bonificado y garanticemos, en definitiva, que nuestro país sea un país mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

Obrigado, señora presidenta. Neste Real decreto son prorrogadas a maior parte das medidas adoptadas para paliar os efectos da crise: a inflación nas economías domésticas.

Así, por exemplo, queremos destacar positivamente a prórroga durante o primeiro semestre de 2024 da aplicación do tipo de 0 % do IVE nos produtos básicos de alimentación e do 5 % nos aceites e pastas. Porén, o Goberno séguese a negar a aplicar, nin sequera temporalmente, tamén ese IVE de 0 % ao peixe e aos produtos do mar, medida que seguiremos a reclamar, ao igual que o fai o conxunto do sector pesqueiro como favorecedor do incremento do consumo necesario para unha dieta saudábel e tamén para favorecer a dinamización do conxunto do sector mar e industria, moi importante no conxunto do Estado español, especialmente no noso país, na Galiza.

Tamén se mantén unha rebaixa do IVE aplicábel á factura do gas, mais neste caso subindo a 10 %. Non concordamos coa análise que fai o Real decreto, que considera que a mellora da economía permite subir os recibos e, moito menos, sen ter abordado unha reforma estrutural do sistema eléctrico, introducindo un tope, medida que sempre reclamou o Bloque Nacionalista Galego dos prezos ao consumo final, eliminando o mercado maximalista ou establecendo unha tarifa eléctrica galega, favorecendo a creación de empresas públicas de enerxía e asegurando a retirada dos cargos e peaxes que non teñen unha relación directa coa produción ou a distribución da enerxía eléctrica da factura da luz.

O BNG continuará a reclamar todas estas cuestións. En todo caso, valoramos como adecuado o mantemento das accións protectoras dos consumidores máis vulnerábeis como os descontos do bono social eléctrico, a garantía de subministración de auga e enerxía, así como a limitación do prezo máximo para as botellas de butano e propano. En relación co fechamento da instalación da enerxía térmica de carbón que, segundo se establece na disposición adicional 22.ª da Lei do sector eléctrico, Ministerio para a Transición Ecolóxica, poderá regular procedementos para a concesión da capacidade de acceso de evacuación dos nós das redes afectadas por estes pechamentos que foron determinados no listado de nós de transición xusta, fálase de flexibilizar e axilizar ese procedemento, para o que se habilita o Consello de Ministros a modificar esa listaxe.

Queremos recordar a situación do nó da evacuación das Pontes, que tiña recoñecidos 1400 megavatios de capacidade, mentres a central estaba en funcionamento, e que de repente desapareceron: pasaron de 1400 a 0, o que impide a posibilidade dun concurso de transición xusta que aseguraría a instalación de novos proxectos empresariais e industriais alternativos e a creación de novos postos de traballo.

Sorprendentemente, o Goberno do PSOE castiga un concello como o das Pontes, gobernado polo secretario xeral do PSOE na Galiza, Valentín Formoso, e deixa ao pé dos cabalos o seu candidato á presidencia da Xunta, o señor Gómez Besteiro, pero ao que BNG realmente lle preocupa é que deixa tamén desamparada toda unha comarca e a súa xente, que ve no ar o futuro, o seu futuro económico, o seu futuro de emprego, como é a comarca das Pontes. Rectifiquen porque están aínda a tempo de facelo.

Tamén consideramos relevante —‌e vou finalizando— o mantemento das axudas ao transporte para facilitar a mobilidade diaria, especialmente no caso dos descontos para usuarios recorrentes en servizo de media distancia e Avant, que quedan prorrogados para todo o ano 2024, tal e como está recollido, por certo, no acordo de investidura subscrito co Bloque Nacionalista Galego.

E, por último, consideramos necesaria e imprescindíbel a revalorización das pensións, pero recordamos a necesidade de avanzar na suba das pensións mínimas até equiparalas co salario mínimo, que debe tamén equipararse a 60 % do salario medio calculado segundo os criterios de interpretación fixados polo Comité Europeo de Dereitos Sociais, para así dar cumprimento á Carta Social Europea.

Esperamos a tramitación cun proxecto de lei para poder introducir mudanzas e, con esa marxe, votaremos a favor. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. En este real decreto se prorroga la mayor parte de las medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis o de la inflación en las economías domésticas. Queremos destacar positivamente la prórroga durante el primer semestre de 2024 de la aplicación del tipo del 0 % del IVA en los productos básicos de alimentación y del 5 % en los aceites y pastas. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a aplicar, ni siquiera temporalmente, ese IVA del 0 % también al pescado y a los productos del mar, medida que seguiremos reclamando, al igual que hace el conjunto del sector pesquero gallego, como favorecedora del incremento del consumo necesario para una dieta saludable, y favorecer la dinamización del conjunto del sector mar-industria, muy importante en el conjunto del Estado español y especialmente en nuestro país, en Galicia. También se mantiene una rebaja del IVA aplicable a la factura de luz y gas, en este caso subiendo al 10 %. No coincidimos en el análisis que hace el real decreto, que considera que la mejora de la economía permite subir los recibos, y mucho menos sin haber abordado una reforma estructural del sistema eléctrico, introduciendo un tope, medida que siempre reclamó el Bloque Nacionalista Gallego, a los precios del consumo final, eliminando el mercado más finalista, estableciendo una tarifa eléctrica gallega, favoreciendo la creación de empresas públicas de energía o asegurando la retirada de los cargos y peajes, que no tiene una relación directa con la producción o la distribución de energía eléctrica de la factura de la luz. El BNG continuará reclamando todas estas cuestiones.

En todo caso, valoramos como adecuado el mantenimiento de las acciones protectoras de los consumidores vulnerables como los descuentos del bono social eléctrico o la garantía del suministro de agua, así como la limitación del precio máximo para las botellas de butano y propano. En relación con el cierre de instalaciones de energía térmica de carbón, que, según se establece en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley del Sector Eléctrico del Ministerio para la Transición Ecológica, podrá regular procedimientos para la concesión de capacidad de acceso, de evacuación de los nudos de las redes afectadas por estos cierres, que fueron determinados en el listado de nudos de transición justa, se habla de flexibilizar y agilizar ese procedimiento para lo que se habilita al Consejo de Ministros para modificar esa lista. Queremos recordar la situación del nudo de evacuación de As Pontes, que tenía reconocidos 1400 megavatios de capacidad mientras la central estaba en funcionamiento y que de repente desaparecieron, pasaron de 1400 a cero, lo que impide la posibilidad de un concurso de transición justa que aseguraría la instalación de nuevos proyectos empresariales e industriales alternativos y la creación de nuevos puestos de trabajo. Sorprendentemente, el Gobierno del PSOE castiga a un ayuntamiento como el de As Pontes, gobernado por el secretario general del PSOE en Galicia, Valentín Formoso, y deja a los pies de los caballos a su candidato a la Xunta, el señor Gómez Besteiro. Pero lo que preocupa realmente al BNG es que también deja desamparada a toda una comarca y a su gente, que ve en el aire su futuro económico de empleo, como la comarca de As Pontes. Rectifiquen, porque todavía está a tiempo de hacerlo.

También consideramos relevante —y‌ voy finalizando— el mantenimiento de las ayudas al transporte para facilitar la movilidad viaria, especialmente en el caso de descuentos para usuarios recurrentes en servicios de media distancia y Avant, que quedan prorrogados para todo 2024, tal y como está recogido, por cierto, en el acuerdo de investidura suscrito con el BNG.

Por último, consideramos necesaria e imprescindible la revalorización de las pensiones, pero también recordamos la necesidad de avanzar en la subida de estas para que se equiparen al 60 % del salario medio, según los criterios de interpretación fijados por el Comité Europeo de Derechos Sociales, para así dar cumplimiento a lo recogido en la Carta Social Europea.

Esperamos la tramitación como proyecto de ley para poder introducir modificaciones. Con ese margen, votaremos a favor.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Creo que para empezar conviene tener claro que lo que debatimos hoy sobre el escudo social son medidas que ya ha quedado demostrado que funcionan para garantizar los derechos de la gente en nuestro país. Funciona el tope al gas para bajar la factura de la luz, y por ello muchas casas han podido llegar a final de mes; funciona el tope del 2 % a los alquileres, y gracias a ello mucha gente ha podido hacer frente a los pagos del alquiler y también funciona la gratuidad del transporte público, y por eso ha supuesto un empujón para la movilidad sostenible en nuestro país. Nos costó mucho arrancar estas medidas al Partido Socialista cuando estábamos en el Gobierno. Tuvimos que sortear muchas, muchísimas excusas, muchos ‘técnicamente no es posible’, ‘Europa diría que es problemático’ o ‘bastantes avances plantea ya el texto, no querrán ustedes plantear algo que vaya demasiado lejos’, pero hoy la realidad es que ya no valen las excusas. Sabemos que el escudo social funciona para proteger a la gente y también para dinamizar la economía. La cuestión, señorías, es que, si algo funciona, creo —‌digo yo— que la cuestión debería ser no solamente mantenerlo, sino también y, sobre todo, mejorarlo. Ministro Bolaños, le pedimos también en Podemos que se ciña a la verdad. Mañana mismo podrían ustedes, en caso de urgencia, convocar un Consejo de Ministros extraordinario, solucionarlo, hacer su trabajo e incluso armar una mayoría. Señorías del Gobierno, traen ustedes aquí la octava prórroga del escudo social. ¿De verdad tiene que seguir la gente pendiente de que renovemos este real decreto ley para saber si le van a subir el alquiler o no, para saber si le van a subir el precio del abono transporte o para saber si le van a subir el precio, por ejemplo, de la factura de la luz? Podemos lleva tiempo insistiendo en que todas y cada una de estas medidas que incorpora este real decreto ley deberían aprobarse de manera definitiva, con carácter permanente y estructural. Son muchas las familias que viven con la inquietud y la incertidumbre de que estas medidas decaigan cada vez que se votan aquí, en este Parlamento, en este Senado. Nos hubiese gustado, señorías del Gobierno, que el objetivo hoy no fuese desmantelar poco a poco este escudo social, sino que fuese para ir a más y, sobre todo, para asegurar que se quedase.

Creo que todos los presentes sabemos que este real decreto ley no se hace cargo de las necesidades totales de la gente de nuestro país, y es triste ver la falta de ambición. Claro que creemos que necesitamos mantener el escudo social, pero un escudo social que esté reforzado y, desgraciadamente, lo que traen ustedes aquí hoy es un escudo social que está recortado. De lo que deberíamos estar hablando es de cómo ensancharlo, precisamente. Y, por si a alguien se le olvida, señorías, la situación de la vivienda en nuestro país sigue siendo insostenible, lo saben ustedes y lo sabe el conjunto de la ciudadanía. Cada vez son más las familias que tienen problemas para afrontar los gastos derivados de la vivienda y los precios de los alquileres siguen subiendo tanto que han subido un 70 % en los últimos diez años. Y son también muchas las familias que han modificado los hábitos alimentarios por el incremento de los precios. No podemos consentir que las familias coman menos fruta o consuman peores aceites porque no tienen el dinero suficiente para poder comprar productos de mejor calidad y que, mientras tanto, los beneficios de las grandes multinacionales no dejan de crecer y crecer.

Les pedimos que modifiquen este real decreto, que refuercen el escudo social, que establezcan un tope del 2 % a las subidas del alquiler o que congelen los alquileres, porque la situación es de total emergencia ya. Les pedimos también que establezcan un tope de beneficios máximo del 2 % de los alimentos a las grandes superficies, porque son medidas, señorías, que funcionan.

Señorías del Gobierno, arranca su legislatura y tienen ustedes que elegir entre proteger a los especuladores o proteger a los inquilinos, proteger a las eléctricas o proteger a los consumidores y proteger a los bancos o proteger a las familias españolas. La clave es que este Gobierno decida en favor de qué y de quiénes quiere que funcionen sus políticas.

Señorías, si se trata de proteger a la gente, ampliar el escudo social siempre ha funcionado y lo que siempre ha fallado son los recortes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Gaur Gobernuak neurri sorta bat ekarri digu, heterogeneoak euren artean, batzuk Ukrainaren krisiaren ondoriozkoak eta beste batzuk zerikusirik ez dutenak. Inozoa ez den gaien nahasketa bat. Honen helburua, alde batetik, dekretu hau ez balioztatzea zailtzea da eta, bestetik, talde parlamentarioak denaren edo ezerezaren dilemaren pean kokatu behar izatea. Gehiengo osoa izango bazenute bezala jokatzen duzue. Neurri horiek onartzeko edo ez onartzeko erantzukizuna legebiltzar taldeei helarazi saiatuz. Zuek zerikusirik ez bazenute bezala. Eta, hala ere, zerikusia handia duzue, Gobernuari baitagokio beharrezko botoak lortzea proposatzen dituen neurriak aurrera ateratzeko.

El Gobierno nos ha traído un paquete de medidas heterogéneas por su diversidad, unas sobre las consecuencias derivadas de la crisis de Ucrania y otras sobre otros temas que no tienen nada que ver; una mezcla de asuntos que no es en absoluto inocente.

El objetivo, por una parte, es dificultar la no convalidación de este decreto y, por otra, someter a los grupos parlamentarios al dilema del todo o nada. Actúan ustedes como si tuvieran mayoría absoluta, intentando lanzar la responsabilidad de la aprobación o no aprobación de estas medidas a los grupos parlamentarios, como si ustedes no tuvieran nada que ver y, sin embargo, tienen mucho que ver, porque es al Gobierno a quien corresponde obtener los votos necesarios para llevar adelante las medidas que propone.

Estamos en un contexto de incertidumbre que nada tiene que ver con los años pasados. La inflación se está moderando —‌también la subyacente—, la economía está creciendo y el euríbor tiende a la baja.

Es un escenario más positivo, aunque aún de incertidumbre, en el que entendemos que hay que seguir apostando por medidas extraordinarias, pero en el que ya no vale el café para todas, sin distinguir a quienes más lo necesitan de quienes no, porque entran en juego las reglas fiscales que van a obligar a algún tipo de ajuste, ya que España tiene un déficit superior al marcado por la Unión Europea. Sin embargo, siguen con medidas generalistas, con rebajas lineales de efectos imperfectos desde el punto de vista redistributivo, cuya retirada es difícil de gestionar una vez que la sociedad las ha hecho suyas, que tienden a convertirse en estructurales y que siguen suponiendo un importante coste fiscal.

Creemos que es el momento de medidas más progresivas, porque el IVA no lo es, y podrían haber planteado transferencias o ayudas directas y accesibles para los hogares —‌eso sí, más expuestos— o medidas focalizadas y, por tanto, con mayor ambición redistributiva.

Dekretu horretan hainbat arlotako neurrien luzapenak jasotzen dira. Eta legebiltzar talde bakoitza beharrezko hobekuntza sartzen saiatu da, Gobernuak emandako epe labur horretan. Hau esanda, eusko taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, dekretu honetan Espainiako Gobernuarekin adostu dituen neurriak aipatuko ditut. Errelebo kontratuaren luzapena, bankuen eta enpresa energetikoen gaineko zergak ituntzea eta trantsizio ekologikoan inbertsio estrategikoan hobariak(?). Ez dakigu neurri hauek bihar indarrean jarraituko duten. Baina ziur gaude Espainiako Gobernuarekin lortutako akordioak legediaren parte izango direla ahalik eta azkarren.

En este decreto se recogen las prórrogas de las medidas de distintas áreas y cada grupo parlamentario debe intentar introducir sus mejoras en el plazo exprés concedido por el Gobierno.

Dicho esto, paso a mencionar las medidas acordadas por el Grupo Nacionalista Vasco con el Gobierno de España en este decreto: prórroga de los contratos de relevo, prestaciones al sector energético y a los bancos, convenio con los Gobiernos autonómicos y navarro, bonificaciones de las inversiones estratégicas y transición ecológica. No sabemos si estas medidas se van a poner en marcha mañana, pero estamos seguros de que, con el acuerdo logrado con el Gobierno de España, formarán parte de esta legislatura.

Prórroga del contrato de relevo para el sector de la industria, lo que va a seguir permitiendo el rejuvenecimiento de las plantillas en el sector industrial a la vez que se asegura el relevo generacional, y facilitar la formación en un sector que está en profunda transformación de sus procesos productivos.

En cuanto a la concertación de gravámenes, me cuesta creer que ninguna de sus señorías, representantes de los territorios forales, no haya puesto encima de la mesa esta medida cuando el concierto económico y el convenio —‌y, por tanto, la gestión y recaudación de impuestos— son pilares básicos de nuestro autogobierno. No entiendo que partidos que aspiran a gobernar en Euskadi estén dispuestos a renunciar a esta fuente de ingresos y a negociar la concertación de los impuestos basándose en la justicia fiscal para luego no poder recaudarlos ni gestionarlos y no poder utilizarlos precisamente para redistribuir esa justicia fiscal que dicen defender. Y me explico: por mucho que algunos vendieran en su día la concertación de estos gravámenes, lo cierto es que no ha habido tal concertación porque no son impuestos, sino prestaciones patrimoniales que no se pueden concertar porque ni el concierto ni el convenio lo permiten. En definitiva, son prestaciones que ni se pueden recaudar ni gestionar, y para no perder esa recaudación se tuvo que negociar en la comisión mixta y en la comisión negociadora una determinada compensación económica sujeta, eso sí, a la voluntad de las partes. Es una voluntad que hoy ha sido posible con este Gobierno, pero si esta anomalía no se solventa y cambia el Gobierno, este no tendría deber ni obligación alguna de acordar ninguna cantidad porque no son impuestos y, por tanto, podríamos perder esa recaudación, una recaudación que supone disponer en Euskadi de más y mejores servicios públicos y de las prestaciones sociales más avanzadas, que fueron desarrolladas a finales de los años ochenta y que han desplegado, entre otras, la RGI o las ayudas a la emergencia social y que permiten, precisamente, el pago de alquiler, de hipotecas o de IBI a muchos hogares. Y esto es lo que hemos pactado, que estas dos prestaciones se conviertan en impuestos y se concierten para disponer de toda la recaudación que nos corresponde para atender a los gastos e inversiones propias.

Por último, crear un incentivo en el sector energético por las inversiones estratégicas verdes. Lo propusimos vía enmienda cuando se tramitaron los gravámenes y ahora el Gobierno lo comparte. Somos conscientes de que, para abordar la transición ecológica y transformar el sistema energético, es necesaria una inversión verde masiva en un contexto, además, en el que la inversión no ha recuperado los niveles de 2019 y ha disminuido, a pesar de los fondos europeos, según los datos del INE del último trimestre de 2023. Además, los datos de contabilidad nacional muestran que los márgenes de beneficios se han reducido a lo largo del 2023 y, como consecuencia, las empresas han disminuido la inversión precisamente para ajustarla a esos márgenes. Se trata de estimular la inversión en proyectos importantes que nos coloquen en una buena posición para abordar la transición energética, generar puestos de trabajo y tener una buena recaudación, un incentivo para evitar la ralentización de las inversiones que precisamente no afectan a los grandes operadores, sino a los proveedores de aquellos y que son pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de cualquier inversión, sino de aquellas que supongan un esfuerzo inversor extra y, además, con limitaciones. No se trata de barra libre. No comparto las palabras de la vicepresidenta Díaz de que esta deducción es un regalo fiscal, porque desconocemos su diseño y porque, por extensión, podríamos tildar también de regalo fiscal otras medidas. ¿Es acaso también un regalo fiscal las deducciones existentes en I+D+i de las que se benefician también estas empresas? ¿No es un regalo fiscal que haya otros sectores que también han obtenido beneficios extraordinarios y no se les aplica gravamen alguno? ¿No es un regalo fiscal rebajas de IVA y bonificaciones generalizadas que no tienen en cuenta las rentas de las personas y que favorecen por igual a las familias con rentas más altas y a las familias con rentas bajas? ¿No es un regalo fiscal el que, por ejemplo, la señora Díaz y yo nos vayamos a beneficiar de IVA reducidos y de descuentos en el transporte con el salario que tenemos? Pero fíjese, lo que sí comparto es que se es necesaria una reforma estructural en materia tributaria que sea justa y mi grupo añadiría también estable ante los nuevos retos y escenarios económicos surgidos por la crisis de la COVID y la crisis energética, algo que requiere de una reflexión profunda, donde hay que analizar qué políticas públicas se quieren y cómo se van a financiar. No se puede legislar a golpe de marketing o de acción y reacción. Y si entendemos que la fiscalidad existente no es suficiente, lo que se debe hacer es propiciar un debate serio y en profundidad.

Finalizo. Nuestro voto es un sí por las personas, un sí por las empresas, un sí por la industria, un sí para no perjudicarles, pero un sí también crítico, porque el Partido Nacionalista Vasco entiende que, en un contexto político en el Estado extremadamente polarizado y en un contexto todavía complejo, resulta necesario aportar certezas y seguridad jurídica. Y esto, como dice acertadamente el profesor Juanjo Álvarez, es complicado hacerlo cuando la política vive presa de la cronocompetencia, y todo ha de materializarse rápido y la urgencia atrapa al presente. Nuestro grupo propone que saquemos tiempo para la reflexión y para el debate sereno, y aquí es el Gobierno quien más responsabilidad tiene en dotar de ese tiempo necesario para el acuerdo.

Nada más y muchas gracias.

Egun on. Buenos días. Hoy debatimos y esperamos poder aprobar este decreto con medidas sociales y económicas de protección social para la ciudadanía que consideramos necesarias y positivas para continuar protegiendo a las personas y a las familias que siguen con importantes dificultades para hacer frente a la crisis económica y social; un decreto que lleva por título: medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Un título erróneo, falso diría yo, porque el conflicto en Oriente Próximo no es más que un eufemismo para referirse al genocidio israelí contra el pueblo palestino, y así debemos llamarlo. Y, en segundo lugar, las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo no es más que otro eufemismo, otra perífrasis para referirse a la crisis cíclica del sistema neoliberal que golpea a la mayoría social una y otra vez, empobreciendo cada vez a más capas populares de la sociedad. Porque sí, señorías, no nos vamos a cansar de repetirlo: es el propio sistema el que falla, un sistema que nos inocula mediante datos y relatos la recuperación y el avance de la economía, el crecimiento de la economía, pero la cruda realidad es que hoy estamos nuevamente aquí debatiendo medidas para paliar el golpe que mucha gente sigue soportando. No hay crecimiento económico posible si este supuesto crecimiento se produce a costa de la pérdida de derechos y el empoderamiento de las condiciones de vida de la gente. Porque dicen que la economía avanza y mejora, pero lo que mejoran son las grandes empresas y corporaciones a costa de los trabajadores y trabajadoras. Unos crecen y otros se empobrecen. Unos ganan y otros pierden. Esta es la injusta y falaz rueda neoliberal, esta que defienden a capa y espada todas las derechas en este Estado y en Europa, se envuelvan en la bandera en que se envuelvan porque, en esto, todas ellas comparten el mismo objetivo: trabajar en beneficio de las élites empresariales, financieras y económicas. Todas las derechas intentarán utilizar su influencia en beneficio de unos pocos, y nosotras, las gentes de izquierda y soberanistas, seguiremos utilizando el nuestro para beneficiar a las mayorías trabajadoras de nuestros países y también del resto del Estado, que nadie lo dude. Así lo hemos hecho también con este decreto: utilizar nuestra capacidad para negociar, acordar e incluir medidas de protección para la ciudadanía, para la mayoría social; mantener hasta 2025 la suspensión de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional; extender la prohibición de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas para personas vulnerables y prorrogar también la tarifa rebajada y regulada TUR 4 para calderas comunitarias. Estas son las tres medidas que hemos acordado incluir en ese escudo social. Tres medidas que, junto al tope al alquiler que incluimos en la ley de vivienda y que ya está en vigor también para este año, suponen reforzar el escudo que tantas y tantas personas aún necesitan. Son medidas que se suman a otras, también importantes, que contiene el decreto para mejorar las vidas de la ciudadanía, desde las rebajas y gratuidad del transporte público, tal y como se ha dicho, al aumento de las pensiones; desde el bono social eléctrico a los impuestos a las energéticas y a la banca. Todas ellas son medidas imprescindibles y positivas para la mayoría social trabajadora. Son medidas que aportarán un poco más de estabilidad y seguridad a miles de personas.

Pertsona zaurgarrien etxegabetzea 2025era arte debekatzea, oinarrizko horniduren mozketak etetea eta galdara komunitarioen tarifa arautua mantentzea adostu dugu Espainiako Gobernuarekin. Urtea amaitzearekin arriskuan zeuden neurri horiek txertatzea lortu dugu dekretuan eta, horregatik, babestuko dugu gaurko bozketan. Hori bai, jakin badakigu neurriak ez direla nahikoak. Eta neurri sakonagoak onartzeko konpromiso sendoa dugu. Hori da euskal herritarrek eskatzen digutena eta hori da Gobernuari exijitzen dioguna: ezinbestekoak diren erabaki sozial eta ekonomiko guztiak ausardiaz hartzea, herritarren bizi baldintzak modu iraunkorrean hobetzeko. Amaitu da adabakiak jartzeko ordua.

Esan dudan bezala, dekretu honek neurri egokiak eta beharrezkoak jasotzen ditu gehiengo sozialarentzat. Baina badira hori uste ez duten ahotsak. Bai, azken asteotan kexu entzun ditugu elite enpresarialak, patronala, Repsol, Iberdrola eta Santanderren administrazio kontseiluak… Mehatxuak eta abisuak ere egin dituzte bankuei eta indar enpresei ezarritako zergak mantenduko direlako. Sentitzen dugu haien gustukoak ez badira neurri hauek. Guk, aldiz, ospatu eta txalotu egiten ditugu.

Hemos acordado con el Gobierno español prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2025, suspender los cortes de suministros básicos y mantener la tarifa regulada de las calderas comunitarias. Y con el fin del año hemos conseguido incorporar a este decreto esas medidas que estaban en riesgo y por eso lo apoyaremos. Apoyaremos el decreto en la votación de hoy, pero eso sí, somos conscientes de que las medidas son insuficientes y estamos comprometidas con aprobar medidas más profundas. Eso es lo que nos pide la ciudadanía vasca y eso es precisamente lo que nosotros exigimos a este Gobierno, que adopte con valentía todas las decisiones sociales y económicas imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y hacerlo de una forma sostenible. Se acabaron los parches. Ya lo he dicho, este decreto recoge una serie de medidas que son adecuadas y además necesarias para una gran mayoría social, pero hay muchas voces que no están de acuerdo con ello. Hemos escuchado quejas de las élites empresariales, de la patronal, de los consejos de administración de Repsol, Iberdrola y Santander, y también han lanzado amenazas y avisos por el hecho de que se van a mantener los impuestos a la banca y a las eléctricas, y lo sentimos. Sentimos que esas medidas no sean de su agrado. Sin, embargo, nosotras las celebramos y las aplaudimos.

Las advertencias y amenazas de las energéticas y bancos a lo largo de estas semanas han encontrado depositarios y defensores. Mientras unos trabajamos y usamos nuestra capacidad para mejorar las medidas sociales para la mayoría social trabajadora, otros han intentado beneficiar a las multinacionales energéticas suavizando el impuesto a las eléctricas mediante supuestas bonificaciones por supuestos proyectos renovables. Cada cual tiene y defiende sus intereses, sí, y es legítimo, pero nuestro deber público es, en nuestro caso, responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía vasca, no ser el lobby político de los consejos de administración de las grandes corporaciones energéticas.

Voy terminando. Hoy, votaremos a favor de este decreto, no solo por responsabilidad política, sino por respeto y apoyo a la mayoría social trabajadora y sus derechos. Porque, como he dicho, contiene medidas para aliviar la difícil situación por la que pasan miles de familias vascas y del resto de pueblos y naciones del Estado. Son medidas que pretenden ofrecer un poco más de estabilidad, protección y certidumbre frente a la convulsa situación actual. Pero el Gobierno debe tomar nota de lo ocurrido estas semanas. El Gobierno debe entender que no tiene mayoría y que debe dialogar y negociar con seriedad y tiempo suficiente. Debe entender que somos fuerzas diferentes las que debemos ser parte de las decisiones y políticas que se toman, y todos somos imprescindibles. En Euskal Herria Bildu hemos tenido y tenemos grandes diferencias con este Gobierno, es una obviedad. Por eso, trabajaremos siempre por reorientar todas las políticas que consideremos erróneas o dañinas para la mayoría social. Este Gobierno se ha equivocado muchas veces y, lamentablemente, se volverá a equivocar. Lo sabemos. Pero tenemos muy claro que no puede ser la ciudadanía la que pague por esos errores. Esperamos que hoy, todos, seamos conscientes de la importancia que estas medidas tienen para la vida de miles de personas, que seamos conscientes de la necesidad de estas medidas para sostener a miles y miles de familias. Esperamos que todos y todas estemos a la altura del momento.

Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Ministros. L’estabilitat de la legislatura està subjecta als avenços i compliments dels acords. Aquest és un dels punts que inclou l’acord que les dues formacions vam signar, Junts i PSOE. Nosaltres estem complint la nostra part, i crec que hem estat molt clars des del primer moment. No veníem amb l’estabilitat compromesa i aquesta aventura la vam iniciar les dues formacions coneixent els riscos. Crec que tots estem d’acord que vostès no ho han fet bé. I quan s’hi han posat a fer-ho bé, segurament ja era tard. S’ha hagut d’arribar a una situació límit, com la que ens trobem avui, perquè alguns hagin entès que quan a Junts dèiem que no donaríem els nostres vots a canvi de res volíem dir que no donaríem els nostres vots a canvi de res. Des de Junts no els podem acompanyar en aquest error seu, però són a temps de rectificar. Si el que volen és resoldre les necessitats dels ciutadans, facin el reial decret de mesures socials sense trampes i tindran els vots de Junts. Ahir fins molt tard vàrem estar negociant. Aquesta és la manera. I seguim, però ha de ser abans de l’aprovació dels reials decrets, no pot ser a posteriori. I ha estat una irresponsabilitat no haver-ho fet abans perquè vostès no tenen majoria. Tota la pressió que ens estan posant a nosaltres avui, ara, és una pressió que vostès s’haurien d’haver posat abans d’entrar al Consell de Ministres i aprovar aquests reials decrets sense tenir un acord tancat amb Junts. És aleshores quan vostès haurien d’haver pensat en els ciutadans. Vostès diuen que si aquests reials decrets decauen, demà puja la llum. Però el que aquests reials decrets preveuen és que precisament hi haurà una pujada de les factures de la llum i del gas d’aquí a dos mesos. Facin un reial decret de mesures socials sense trampes i tindran els vots de Junts. Facin un reial decret de mesures socials sense trampes i pactant amb Junts, i tindran els vots de Junts. «No hi ha cap raó per votar que no a aquests reials decrets», ha dit vostè, senyor ministre. Li donaré algunes de les raons que vostès tenen des de fa setmanes a sobre de la taula per sí, esmenar els reials decrets i demanar que la feina es faci amb rigor i que es faci de manera consensuada perquè vostès no tenen majoria. Amb aquests reials decrets es recula quant a finançament a Catalunya i es consolida el «café para todos». I no sembla que vostès estiguin disposats a negociar millores per a Catalunya sense haver de fer-les sempre extensives a les altres comunitats autònomes, obviant així la singularitat de Catalunya i també les necessitats específiques de Catalunya. Som aquí per canviar la relació entre Catalunya i Espanya, no per perpetuar-la. I vostès saben perfectament que els nostres vots estan al servei dels ciutadans de Catalunya i al servei del progrés del nostre país. No estan ni al seu servei ni al servei del Reino. Segueixo. El que no poden fer vostès és vendre als ciutadans que presenten un reial decret amb mesures socials i amagar les trampes. Per exemple, quan segueixen compensant per darrere les grans elèctriques espanyoles. Aquest cop, i condicionat als Pressupostos Generals de l’Estat espanyol, amb una partida de 100 milions d’euros. Des de Junts algunes de les propostes que els hem fet, per exemple, és no apujar la factura de la llum i la factura del gas, perquè no es pot seguir collant ni les famílies ni les pimes. També hem proposat que la patronal catalana, per tant, el teixit empresarial i productiu de Catalunya, estigui representada en la presa de decisions que ens afecten, com per exemple les mesures del Reial decret 7/2023 que ha defensat fa una estona la vicepresidenta. Avui no hi és prevista la representació catalana, en canvi, sí que hi han representades altres comunitats autònomes. Des de Junts hem proposat també que no s’incrementi l’impost especial sobre l’electricitat perquè tots aquests increments qui els acaba pagant són les famílies i les pimes. El 2017 el Partit Popular va intentar un altre cop perjudicar l’economia catalana amb un reial decret i amb l’ajuda del rei. Van marxar poques empreses, és cert, però cal deixar constància que allò que es va fer de mala fe el 2017 ara es reverteix, ara es repara. Per tant, cal reforçar l’article 9 i l’article 10 de la Llei de societats de capital que diu que les empreses han de tenir la seva seu allà on tenen l’activitat majoritària. Cal garantir que es compleixi la llei. Aquelles empreses catalanes que compleixin la llei han de poder tenir incentius fiscals, perquè ja toca que es dediquin fons a les petites i mitjanes empreses catalanes que fins ara han estat colladíssimes.

Junts també ha posat sobre la taula que si el transport públic ha de continuar sent bonificat qui ho ha de pagar no és Catalunya i l’Estat espanyol, ho ha d’assumir de manera íntegra l’Estat espanyol. I s’ha de pagar. Perquè malgrat mesos de grans titulars, a dia d’avui vostès encara no han pagat la bonificació del 2023. Això no pot continuar fent-se així.

Continuo amb més esmenes. En matèria de justícia, els fons s’han distribuït de manera no equitativa i, per tant, això ha de poder canviar-se. Hem proposat incrementar l’assignació dels recursos imposats a la Conferència Sectorial del 27 de maig del 2022.

I ho demanem tot això per tocar els nassos? No. Tot això ho demanem perquè és el que li correspon a Catalunya. Perquè Catalunya representa més del 16 % i perquè Catalunya tenim competències pròpies que no tenen altres comunitats autònomes, com per exemple els serveis penitenciaris i els Mossos d’Esquadra. I aquesta singularitat no es té en compte en els repartiments i s’ha de tenir en compte en els repartiments. I no poden dir-nos que nosaltres deixem perdre 10 000 milions d’euros perquè aquesta és la seva responsabilitat, i perquè a nosaltres, a Catalunya, cada any ens furten 20 000 milions d’euros i no els importa en absolut. Si vostès no compten amb Catalunya per prendre decisions que afecten Catalunya, vostès no poden pensar que compten amb els vots de Junts.

Les propostes de Junts han estat modestes i raonables. Respectin les competències de la Generalitat de Catalunya i tindran els vots de Junts per Catalunya. Respectin també i paguin allò que li correspon a Catalunya, i tindran els vots de Junts per Catalunya. Facin la feina ben feta, assumeixin que no tenen una majoria, pactin amb Junts i tindran els vots de Junts. Si no estan disposats a això, tenen un problema, o tenen a la dreta agafada de la mà de la ultradreta. Recordin que nosaltres som aquí per Catalunya, no som aquí per vostès o pel Reino.

I acabo. Vostès han complicat molt una negociació que era molt senzilla. Només calia parlar, negociar i pactar, i alguns han confós dialogar amb negociar i pactar, o potser els tenien molt ben acostumats però les coses, com vam dir el primer dia, no tornaran a ser com havien estat fins ara. Les polítiques espanyoles dels darrers anys que s’han fet d’esquenes a Catalunya, polítiques que defensa el PSOE, el PSC, Comuns i Sumar, estan matant el nostre país, i ens sorprèn el silenci i conformitat d’alguns. Catalunya no està més forta amb les seves propostes. Si volen els vots de Junts hi ha de guanyar Catalunya. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, ministros. La estabilidad de la legislatura está sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos. Este es uno de los puntos que incluye el acuerdo que las dos formaciones firmamos, Junts y PSOE. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte y creo que hemos sido muy claros desde el primer momento. No veníamos con la estabilidad comprometida y esta aventura la iniciamos las dos formaciones conociendo los riesgos. Creo que todos estamos de acuerdo en que ustedes no lo han hecho bien y, cuando se han puesto a hacerlo bien, seguramente, ya era demasiado tarde. Hemos tenido que llegar a una situación límite, como en la que nos encontramos hoy, para que algunos hayan entendido que cuando en Junts decíamos que no daríamos nuestros votos a cambio de nada, queríamos decir que no daríamos nuestros votos a cambio de nada. En Junts no podemos acompañarlos en este error suyo, pero están a tiempo de rectificarlo. Si lo que quieren es resolver las necesidades de los ciudadanos, hagan el real decreto de medidas sociales sin trampas y tendrán los votos de Junts. Ayer, estuvimos negociando hasta muy tarde. Esta es la manera y seguimos, pero debe ser antes de la aprobación de los reales decretos. No puede ser a posteriori y ha sido una irresponsabilidad no haberlo hecho antes, porque ustedes no tienen mayoría. Toda la presión que nos están haciendo hoy, ahora, es una presión que ustedes deberían haber puesto antes de entrar al Consejo de Ministros y aprobar estos reales decretos sin tener un acuerdo cerrado con Junts. Entonces, es cuando ustedes deberían haber pensado en los ciudadanos. Ustedes dicen que, si estos reales decretos decaen, mañana sube la luz. Pero lo que contemplan es que precisamente habrá una subida de la luz y del gas dentro de dos meses. Hagan un real decreto con medidas sociales sin trampas y tendrán nuestros votos. Hagan un real decreto sobre medidas sociales sin trampas y pactando con Junts, y tendrán los votos de Junts. No hay ninguna razón para votar que no a estos reales decretos —h‌ a dicho usted, señor ministro—.

Les daremos algunas de las razones que ustedes tienen desde hace semanas encima de la mesa, porque hay que enmendar los reales decretos y hacer que el trabajo se haga de manera consensuada, porque ustedes no tienen mayoría. Con estos reales decretos se retrocede a nivel de financiación y se consolida el café para todos. Y no parece que ustedes estén dispuestos a negociar mejoras para Catalunya sin haberlas hecho extensivas al resto de las comunidades autónomas, obviando así la singularidad y las necesidades específicas de Catalunya. Estamos aquí para cambiar la relación entre Catalunya y España, no para perpetuarla, y ustedes saben perfectamente que nuestros votos están al servicio de los ciudadanos de Catalunya y al servicio del progreso de nuestro país. No están ni a su servicio ni al servicio del reino.

Sigo. Lo que no pueden hacer ustedes es vender a los ciudadanos que presentan un real decreto con medidas sociales y esconder las trampas, por ejemplo, cuando siguen compensando por detrás a las grandes eléctricas españolas y condicionado los presupuestos generales del Estado con una partida de 100 millones de euros. Algunas de las propuestas que les hemos hecho en Junts, por ejemplo, es no subir la factura de la luz ni del gas, porque no se puede seguir apretando ni a las familias ni a las pymes. También hemos propuesto que la patronal catalana, por tanto, el tejido empresarial y productivo de Catalunya, esté representada en la toma de decisiones que nos afectan, como, por ejemplo, las medidas del Real Decreto 7/2023, que acaba de defender la vicepresidenta. Hoy, no se contempla la representación catalana. En cambio, sí que están representadas otras comunidades autónomas. Junts hemos propuesto también que no se incremente el impuesto especial sobre la electricidad, porque todos estos incrementos quienes los acaban pagando son las familias y las pymes. En 2017, el Partido Popular intentó, otra vez, perjudicar la economía catalana con un real decreto y con la ayuda del rey. Fueron pocas empresas, es cierto, pero hay que dejar constancia de que lo que se hizo de mala fe en 2017, ahora se revierte, ahora se repara. Por lo tanto, hay que reforzar los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital, que dicen que las empresas han de tener su sede allí donde tienen la actividad mayoritaria. Hay que garantizar que se cumpla la ley. Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley deben poder tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas empresas catalanas que, hasta ahora, han estado muy apretadas. Junts también ha puesto sobre la mesa que, si el transporte público tiene que continuar siendo bonificado, quien lo tiene que pagar no es Catalunya y el Estado español, sino que lo tiene que asumir de manera íntegra el Estado español. Y se tiene que pagar porque, a pesar de meses de grandes titulares, hoy en día ustedes no han pagado la bonificación de 2023, y eso no puede continuar haciéndose así.

Continúo con más enmiendas. En materia de justicia, los fondos están distribuidos de manera no equitativa y, por lo tanto, esto tiene que poder cambiarse. Hemos propuesto incrementar la asignación de los recursos impuestos a la conferencia sectorial del 27 de mayo de 2022. ¿Pedimos todo esto para tocar las narices? Pues no. Todo esto lo pedimos porque es lo que le corresponde a Catalunya, porque Catalunya representa más del 16 % y porque en Catalunya tenemos competencias propias que no tienen otras comunidades autónomas, como son, por ejemplo, los servicios penitenciarios y los Mossos d’Esquadra, y esta singularidad no se tiene en cuenta en los repartos y se ha de tener en cuenta en los repartos.

Y no pueden decirnos que nosotros dejamos perder 10 000 millones de euros, porque esta es su responsabilidad y porque a nosotros, en Catalunya, todos los años, nos quitan 20 000 millones de euros, y no les importa en absoluto. Si ustedes no cuentan con Catalunya para tomar decisiones que afectan a Catalunya, ustedes no pueden pensar que cuentan con los votos de Junts. Las propuestas de Junts han sido modestas y razonables. Respeten las competencias de la Generalitat de Catalunya y tendrán los votos de Junts per Catalunya. Respeten también y paguen lo que le corresponde a Catalunya y tendrán nuestros votos. Hagan el trabajo bien hecho. Asuman que no tienen una mayoría, pacten con Junts y tendrán los votos de Junts. Si no están dispuestos a ello, tienen un problema, tienen a la derecha cogida de la mano de la ultraderecha. Recuerden que nosotros estamos aquí por Catalunya, no estamos aquí por ustedes ni por el Reino.

Y acabo. Ustedes han complicado mucho una negociación que era muy sencilla. Solo hacía falta hablar, negociar y pactar, y algunos han confundido dialogar con negociar y pactar, o quizás los teníamos muy bien acostumbrados. Pero, como dijimos el primer día, las cosas no volverán a ser como habían sido hasta ahora. Las políticas españolas de los últimos años, que se han hecho de espaldas a Catalunya, políticas que defienden el PSOE, el PSC, Comuns y SUMAR, están matando a nuestro país, y nos sorprende el silencio y la conformidad de algunos. Catalunya no es más fuerte con sus propuestas. Si quieren los votos de Junts tiene que ganar Catalunya. ¡Visca Catalunya lliure!

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Avui debatem…

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Hoy debatiremos… (Rumores).

Avui debatem, tal com dèiem, el reial decret del Govern espanyol de mesures anticrisi. Novament ens trobem davant d’un reial decret òmnibus, tal com ja ens tenen acostumats. Un reial decret amb mesures diverses que no deixa de ser pròrrogues de mesures de caràcter social i econòmic dels diversos reials decrets aprovats la legislatura passada. Tot i que són mesures molt necessàries, trobem a faltar equitat social, però sobretot trobem a faltar equitat territorial.

I estem totalment d’acord amb la prohibició de cobrar comissions per les retirades d’efectiu, però ens agradaria més que també s’eliminessin les clàusules abusives de la banca, com per exemple el cobrament per quedar en descobert, que afecta les persones més vulnerables. Després, molt important per no haver de cobrar per treure diners en efectiu, i és que hi hagi oficines bancàries...

Ministre, si us plau, crec que és suficientment important perquè m’estigués escoltant. En fi, que també hi hagués l’obligació d’haver-hi oficines a tots els municipis. De què ens serveix que no ens cobrin comissió si no hi ha cap oficina per anar a treure els diners? Com ho fem perquè ens passi això? Ara mateix a Catalunya hi ha 503 municipis que no disposen de servei d’oficines bancàries, tot i que al nostre país la Generalitat de Catalunya ja garantirà oficines mòbils per a aquests municipis és a la banca a qui s’ha d’imposar l’obligatorietat de garantir aquest servei i la gratuïtat de fer la retirada amb efectiu, però no només a les entitats on tenen un compte, sinó a altres entitats, perquè ja que no hi ha tots els bancs a tots els municipis, que les persones grans puguin anar a qualsevol lloc a retirar diners sense que això els costi diners. Per això esperem que el Congrés de Diputats doni llum verda a la proposició de llei sobre exclusió financera que ha enviat el Parlament de Catalunya aquí i que es troba pendent de la presa en consideració. També ens agradaria veure mesures per frenar la inflació, la crisi en el cistell alimentari. La rebaixa de l’IVA no regula el preu del mercat. No és normal, ministre Planas, que el nostre sector primari no es pugui guanyar la vida dignament pels baixos preus que han de vendre i a la mateixa hora el consumidor no es pugui permetre els aliments més bàsics i de quilòmetre zero. Què passa entremig del productor i del consumidor? Crec que és el moment de reconèixer que la Llei de la cadena alimentària ha resultat totalment ineficient i que és hora de modificar-la. I pel que fa a mesures del sector energètic, és molt important que els consums no elèctrics, com el gas i el petroli, paguin també la descarbonització. Com? Hi havia l’eina, l’executiu espanyol tenia aprovada pel mateix Consell de Ministres el juny del 2021 l’eina, es deia el proyecto de ley por el cual se crea el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, però com moltes altres mesures amb capacitat realment transformadora, la van deixar morir. En canvi, ens trobem mesures tan poc transformadores com continuar dotant d’ajudes les grans empreses energètiques. Quan Nadia Calviño anunciava que s’ajustaria els impostos a la banca i a les energètiques no feia cap pas en fals. I és que enmig d’aquest reial decret que conté mesures molt positives, ens trobem una vegada més un cop de mà a les grans empreses energètiques. L’aplicació d’un incentiu a les empreses que facin inversions estratègiques en renovables es tradueix en una subvenció perquè les empreses amb domini de mercat juguin amb avantatge davant de les empreses que volen invertir en el sector energètic però que no tenen control del mercat. Des d’Esquerra creiem que aquest és un plantejament totalment erroni, que el que es necessita és que entrin més agents i que les grans energètiques perdin poder. També trobem a faltar més mesures per impulsar les comunitats energètiques d’autoconsum, com per exemple ampliar el radi per compartir l’energia i passar dels dos quilòmetres als vint quilòmetres, com han acordat a França.

I respecte a les ajudes al transport, ens semblen molt necessàries però ara mateix en el transport de passatgers per carretera vostès conviden però qui paga és un altre. S’ha de fer el pagament a les comunitats autònomes en el període que toca, perquè així les comunitats autònomes poden fer les bestretes a les empreses de transport i no són elles les que han d’assumir la gratuïtat o la bonificació. L’Estat realitza una política que condiciona la política tarifària, que és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Actualment, sense comptar les bonificacions, per cada euro que posa l’Estat en el transport públic metropolità de Barcelona, la Generalitat n’ha de posar tres. L’Estat, si vol ser seriós amb polítiques de foment del transport públic, l’ha de finançar com cal, respectant el repartiment competencial, perquè sols així farem polítiques de transport efectives. De totes maneres, ens complau veure que en aquest reial decret es materialitza l’acord al qual va arribar Esquerra amb el PSOE la passada tramitació pel qual la Generalitat de Catalunya podrà invertir i executar les infraestructures ferroviàries que l’Estat, tot i tenir-ho pressupostat, no executa.

També molt important parlar de la pròrroga de la moratòria dels desnonaments que preveu aquest reial decret. Però és que ens passa el mateix que amb el transport, per molt que sigui a través dels plans d’habitatge que es pagarà als propietaris dels habitatges, vostès no tenen competència en aquesta matèria i, per tant, no poden traspassar fons finalistes a aquesta matèria. Passa el mateix que amb el transport, vostès conviden i una altre paga.

Esquerra ha aconseguit que en el marc de la revalorització de pensions no contributives s’introdueixi una novetat més respecte a l’ingrés mínim vital. Així, a més d’incrementar-ne les quantitats d’acord amb la inflació, es creen les bases per fer possible l’acord del traspàs total de la seva gestió a la Generalitat de Catalunya. I això suposa una doble bona notícia per a l’autogovern de Catalunya, que amplia la seva capacitat política, i per a la mateixa ciutadania, que veurà millorat el seu servei quan passi a estar en mans de qui té la competència i també l’experiència i la capacitat de fer-ho.

I per acabar, aquesta norma prorroga el sou mínim interprofessional corresponent a l’any 2023, mentre es continua negociant l’increment corresponent al 2024. Evidentment estarem a favor de qualsevol pujada, però és que ens cal molt més que això. Cal permetre a comunitats i municipis la fixació de salaris mínims propis per elevar la retribució mínima en aquells llocs on el cost de la vida és molt major que en altres. Necessitem un salari mínim català que permeti viure amb dignitat a totes les persones treballadores.

Amb tot, entenem que el contingut del reial decret respon a una situació extraordinària i que el vot en contra implicaria donar l’esquena a la ciutadania. Per tant, per sentit de responsabilitat el votarem a favor. El votarem a favor perquè la gent tingui més facilitats a l’hora d’anar a comprar. El votem a favor perquè la gent pugui continuar viatjant gratuïtament als seus llocs de treball. Però els demanem que hagin escoltat i pres nota de les nostres reivindicacions perquè no deixarem d’exigir-les fins que siguin una realitat. Gràcies.

Hoy debatiremos, tal como decíamos, el real decreto del Gobierno español de medidas anticrisis. Nuevamente nos encontramos ante un real decreto ómnibus, tal como ya nos tienen acostumbrados; un real decreto con medidas diversas que no dejan de ser prórrogas de medidas de carácter social y económico de los diversos reales decretos aprobados en la legislatura pasada. Aunque son medidas muy necesarias, echamos en falta equidad social, pero sobre todo echamos en falta equidad territorial. Estamos totalmente de acuerdo en la prohibición de cobrar comisiones por las retiradas de efectivo, pero nos gustaría más que también se eliminaran las cláusulas abusivas de la banca, como, por ejemplo, el cobro por quedar en descubierto, que afecta a las personas más vulnerables. Después, muy importante para sacar dinero en efectivo es que haya oficinas bancarias —m‌ inistro, por favor, creo que es suficientemente importante como para que me esté escuchando—. En fin, que también hubiese la obligación de que haya oficinas en todos los municipios. ¿De qué nos sirve que no nos cobren comisiones si no hay ninguna oficina para sacar el dinero? ¿Cómo lo hacemos? Ahora mismo en Catalunya hay 503 municipios que no disponen de servicio de oficinas bancarias. Aunque en nuestro país la Generalitat de Catalunya ya garantizara oficinas móviles para estos municipios, es a la banca a quien se tiene que imponer la obligatoriedad de garantizar este servicio y la gratuidad de hacer la retirada de efectivo, pero no solo a las entidades donde tiene uno una cuenta, sino en otras entidades, porque no se puede tener todos los bancos en todos los municipios, para que las personas mayores puedan ir a retirar dinero sin que eso les cueste dinero. Por eso esperamos que el Congreso de Diputados dé luz verde a la proposición de ley sobre exclusión financiera que ha enviado el Parlamento de Catalunya y que se encuentra pendiente de la toma en consideración.

También nos gustaría ver medidas para frenar la crisis en la cesta alimentaria. La rebaja del IVA no regula el precio del mercado. No es normal que nuestro sector primario no se pueda ganar la vida dignamente por los bajos precios de venta y al mismo tiempo el consumidor no se pueda permitir los alimentos más básicos y de kilómetro cero. ¿Qué pasa entre medio del productor y del consumidor? Creo que es el momento de reconocer que la ley de la cadena alimentaria ha resultado totalmente ineficiente y que es hora de modificarla.

En cuanto a las medidas del sector energético, es muy importante que los consumos no eléctricos como el gas y el petróleo paguen también la descarbonización. ¿Cómo? El Ejecutivo español tenía la herramienta aprobada por el propio Consejo de Ministros en junio de 2025, el Proyecto de ley por el que se crea el fondo nacional para la sostenibilidad del sistema eléctrico, pero, como muchas otras medidas con capacidad realmente transformadora, la dejaron morir. En cambio, nos encontramos medidas tan poco transformadoras como continuar dotando de ayudas a las grandes empresas energéticas. Cuando Nadia Calviño anunció que ajustaría los impuestos a la banca y a las energéticas no daba ningún paso en falso. Y es que, en medio de este decreto, que tiene medidas muy positivas, nos encontramos una vez más esa ayuda a las grandes empresas energéticas. La aplicación de un incentivo a las empresas que hagan inversiones en energías renovables se traduce en una subvención para que las empresas con dominio de mercado jueguen con ventaja ante las empresas que quieren invertir en el sector energético, pero que no tienen control del mercado. En Esquerra creemos que este es un planteamiento totalmente erróneo, que lo que se necesita es que entren más agentes y que las grandes energéticas pierdan poder. También echamos en falta más medidas para impulsar las comunidades energéticas de autoconsumo, como, por ejemplo, ampliar el radio para compartir la energía y pasar de los 2 kilómetros a los 20 kilómetros, como han acordado en Francia.

Respecto a las ayudas del transporte, estas nos parecen muy necesarias, pero ahora mismo, en el transporte por carretera, ustedes invitan, pero quien paga es otro. Hay que hacer los pagos a las comunidades autónomas en el período que toca, para que así las comunidades autónomas puedan hacer los adelantos a las empresas de transporte y no sean ellas las que tienen que asumir la gratuidad o la bonificación. El Estado realiza una política que condiciona la política tarifaria, que es competencia exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Actualmente, sin contar las bonificaciones, por cada euro que pone el Estado en el transporte público metropolitano de Barcelona, la Generalitat tiene que poner tres. El Estado, si quiere ser serio con políticas de fomento del transporte público, tiene que financiarlo como es debido, respetando el reparto competencial, porque solo así haremos políticas de transporte efectivas. De todas maneras, nos complace ver que en este real decreto se materializa el acuerdo al que llegó Esquerra con el PSOE en la pasada tramitación, para el cual la Generalitat de Catalunya podrá invertir y ejecutar las infraestructuras ferroviarias que el Estado, a pesar de tenerlo presupuestado, no ejecuta. También es muy importante hablar de la prórroga de la moratoria de los desahucios que contempla el real decreto. Nos pasa lo mismo que en el transporte, por mucho que sea a través de los planes de vivienda que se pagará a los propietarios de las viviendas, ustedes no tienen competencia en esta materia y, por lo tanto, no pueden traspasar funciones finalistas en esta materia. Pasa lo mismo que en el transporte: ustedes invitan y otro paga.

Esquerra ha conseguido que, en el marco de las revalorizaciones de pensiones no contributivas, se introduzca una novedad más respecto al ingreso mínimo vital. Así, además de incrementar las cantidades de acuerdo con la inflación se crean las bases para hacer posible el acuerdo del traspaso total de su gestión a la Generalitat de Catalunya. Y eso supone una doble buena noticia para el autogobierno de Catalunya, que amplía su capacidad política, y para la propia ciudadanía, que verá mejorado su servicio cuando pase a estar en manos de quien tiene la competencia y también la experiencia y la capacidad de hacerlo.

Para terminar, esta norma prorroga el salario mínimo interprofesional correspondiente al año 2023, mientras continúan negociando el incremento de 2024. Estaremos a favor de cualquier aumento, pero hay que hacer mucho más que eso. Hay que permitir a las comunidades y a los municipios la fijación de salarios mínimos propios para elevar la retribución mínima en aquellos lugares donde el coste de la vida es mucho mayor. Necesitamos un salario mínimo catalán que permita vivir con dignidad a todas las personas trabajadoras.

Con todo, entendemos que el contenido del real decreto responde a una situación extraordinaria y que el voto en contra implicaría dar la espalda a la ciudadanía. Por lo tanto, por sentido de responsabilidad, votaremos a favor de él, para que la gente tenga más facilidades a la hora de ir a comprar, para que la gente pueda continuar viajando gratuitamente a sus lugares de trabajo. Pero les pedimos que hayan escuchado y tomado nota de nuestras reivindicaciones, porque no dejaremos de exigirlas hasta que sean una realidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidenta do Congreso, señorías, bos días de novo. Sumar vai votar tamén a favor deste decreto. Defendemos protexer as familias. Defendemos protexer as maiorías sociais. Defendemos protexer as persoas traballadoras. Por iso, dicimos si. Dicimos si a manter as rebaixas e a gratuidade do transporte público. Dicimos si a seguir prohibindo os desafiuzamentos sen alternativa habitacional. Dicimos si a que permanezan as limitacións ao prezo da luz e o butano. Dicimos si a que as empresas que se benefician de axudas directas non poidan despedir as traballadoras e os traballadores. Dicimos si a manter os impostos da banca, a manter os impostos ás grandes enerxéticas. Dicimos si a incrementar o ingreso mínimo vital. Dicimos si a aumentar as pensións non contributivas un 7 % no ano 2024.

Presidenta del Congreso, señorías, buenos días de nuevo. SUMAR va a votar también en favor de este decreto porque defendemos proteger a las familias y a las mayorías sociales. Defendemos también proteger a las personas trabajadoras, y por eso decimos sí. Decimos sí a mantener las rebajas en la gratuidad del transporte público. Decimos sí a seguir prohibiendo los desahucios sin alternativa habitacional. Decimos sí a que permanezcan las limitaciones al precio de la luz y el butano. (Aplausos). Decimos sí a que las empresas que se benefician de ayudas directas no puedan despedir a las trabajadoras y a los trabajadores. Decimos sí a mantener los impuestos a la banca, a mantener los impuestos a las grandes energéticas. Decimos sí a incrementar el ingreso mínimo vital. Decimos sí a aumentar las pensiones no contributivas un 7 % en el año 2024.

Por todo esto, SUMAR defiende hoy la aprobación también de este decreto. Y lo hacemos —‌voy a serles sincera— pese a que nos hubiese gustado ir más allá en algunos otros momentos, porque en SUMAR defendemos que hay que seguir manteniendo el impuesto a las grandes energéticas. (Aplausos). Debería haberse mantenido. No podemos compartir que se hagan rebajas fiscales a las grandes compañías energéticas, y menos aún en un momento en el que están teniendo beneficios récord, menos en un momento en el que hay 4,5 millones de personas que padecen pobreza energética en nuestro país. Pero, por encima de todas estas cosas, hay una que no se nos va a olvidar, que es la responsabilidad con la ciudadanía. La política tiene que dejar de ser un problema para la gente. La política tiene que dejar de ser ruido. La política no puede ser politiqueo, porque esa es la puerta a la extrema derecha.

Quiero aprovechar esta intervención también para plantear una cuestión abordada en la negociación de este decreto y que tiene que ver con la reforma del sistema de ayudas. En España tenemos que superar el actual modelo hiperburocratizado, en el que muchísimas personas que se encuentran en situación vulnerable tienen que presentar infinitos papeles, tienen que llevar a cabo infinitos procesos y obstáculos para solicitar una ayuda. Hay que avanzar hacia un modelo sin solicitud, sin papeleo, donde la burocracia funcione de dentro hacia fuera y no se imponga ninguna barrera infranqueable para miles de personas y hogares vulnerables. Un país que aspira a no dejar a nadie fuera, a no dejar a nadie atrás no puede permitirse que el ingreso mínimo vital sea percibido solamente por el 35 % de los 800 000 hogares que podrían beneficiarse, no puede permitirse que el sistema de protección esté aún basado en una tremenda desconfianza y sospecha hacia las personas que peor lo están pasando.

Y ahora permítame dirigirme a aquellos grupos parlamentarios que han anunciado su voto en contra a este decreto. He de decir que asistimos a la conformación de un nuevo bloque un tanto curioso, porque en este bloque hay fuerzas políticas que votaron a favor de la investidura y fuerzas que votaron en contra, pero hoy, al parecer, se presentan todos unidos contra la protección de las clases trabajadoras y el avance de los derechos. (Aplausos). Hay quienes no están, que ni están ni se les espera. El problema del Partido Popular y VOX es que, queriendo hacer daño al Gobierno, en realidad a quienes hacen daño es a los ciudadanos y las ciudadanas españolas. Hay quienes recurren a razones que resultan cuando menos forzadas y exageradas para tumbar este u otros decretos, razones que están supuestamente vinculadas a la amnistía pero que no se sostienen. Hay quienes han decidido cometer el error de decir que no a todo simplemente porque viene del Gobierno o simplemente porque viene de SUMAR. Hay quienes hablan de propuestas y negociaciones, pero, en realidad, se escudan en eso solo para justificar su no, y entre esas propuestas siempre incluyen una única receta, su único mantra, la bajada fiscal, una medida que se ha demostrado fracasada, una medida que no apuesta por un Estado de bienestar fuerte. Pero la realidad es que estos diputados y estas diputadas del Partido Popular y VOX a quien admiran es al señor Milei y su motosierra, es decir, admiran la privatización total de la sanidad, la privatización total de la educación pública, la privatización de las pensiones, el recorte de cualquier derecho social y laboral. (Aplausos). Como se puede ver, se esgrimen razones diferentes, pero tienen algo en común: se unen en un solo bloque, el de quienes se oponen a la protección de las clases trabajadoras y al avance de los derechos.

Para terminar, solo quiero decirles a los integrantes del grupo del no, a los que se oponen a los derechos de las clases trabajadoras, a los que se oponen a estos decretos que espero que, al menos, sinceramente, estén abiertos a la posibilidad de convalidarlos a cambio de que luego se tramiten como proyectos de ley para poder incorporar cambios. Si es así, tendrán el voto a favor de nuestro grupo SUMAR y, como siempre, nuestro compromiso con el diálogo. Si no están ustedes abiertos a esa posibilidad, tal vez es que, en realidad, no buscan supuestas mejoras. Tal vez es que lo que único que quieren es tumbar estos decretos para presentarse ante su electorado como si fuesen las posiciones más puristas, más esencialistas, las opciones con el valor supuestamente más radical. Les pido que recapaciten y valoren esta opción sobre la posibilidad de convalidarlos a cambio de tramitarlos como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Lois, quienes hacen daño a los españoles son ustedes: SUMAR, Podemos y el PSOE. Son ustedes quienes hacen daño a los españoles, porque hoy traen aquí tres reales decretos leyes paquetizados, como aquellas malas prácticas de la banca que a usted tanto les gusta repetir, en los que meten medidas más o menos positivas, todas ellas insuficientes, mezcladas con auténtico veneno para los españoles y la economía española. (Aplausos). Y ustedes pretenden que nosotros, en una especie de coacción, aceptemos e inyectemos el veneno en España, los españoles y nuestra economía a cambio de aprobar esas pequeñitas migajas que sueltan ustedes (el señor Errejón Galván: Sí, ¡pequeñitas migajas!), cuando en realidad el grueso de estos tres reales decretos leyes no es más que el pago por esos asientos azules en los que están ustedes sentados (aplausos), porque estos tres reales decretos leyes lo único que traen es un pago a los separatistas, que les han apoyado a ustedes para mantenerse en el Gobierno. No son ningún favor a los españoles. No van a beneficiar más que en auténticas minucias, que son de todo punto inaceptables, a los españoles. Y a quienes sí van a beneficiar va a ser a los grupos separatistas, en este caso y sobre todo a los separatistas vascos, a los herederos de ETA, al PNV. Estos son los que hoy van a recoger la principal cosecha. Y tiene gracia, porque hoy hemos visto cuál es la consecuencia de pactar con quienes quieren destruir España. Ustedes han pactado con cuervos y hoy vemos cómo un primer cuervo ha empezado a sacarles los ojos. Llega aquí la señora de Junts, y recuerden todos, por favor, que Junts es el partido del 3 per cent, el partido de la corrupción en Cataluña, el partido que sacaba billetes en maletas en dirección a Andorra, y ese partido viene a ustedes y les dice que o establecen multas para las empresas que vuelvan a España o que no les aprueban, que establecen beneficios solo para Cataluña y que en ningún caso alcancen a otras regiones de España o que no les votan. Esa es una de las cosas muy interesantes que ha dicho la señora Nogueras. Dice que la singularidad catalana exige que sigan teniendo diferencias con respecto al resto de comunidades. No les valen los beneficios para ellos si alcanzan también a otros. Eso es lo que ha dicho hoy Junts. Y también ha dicho algunos disparates, les ha espetado a ustedes algunos disparates. Dicen que las empresas salieron de Cataluña porque el rey redactó un real decreto. Señores de Junts, quien redactó el real decreto ley, que luego aprobó el Gobierno del Partido Popular, para permitir que no hiciese falta un acuerdo del consejo de administración en las sociedades para poder mover su domicilio fue Miquel Roca. Son ustedes mismos, su germen, su núcleo más duro el que, en realidad, está traicionando a las empresas en Cataluña. ¿Y luego vienen aquí, como en sepulcros blanqueados, a rasgarse las vestiduras y lloriquear, mintiendo, sin vergüenza de ningún tipo? En fin, señores del Partido Socialista, esta es su coalición, este es su Gobierno del progreso. Españoles que nos escuchen: esto es lo que el Partido Socialista está haciendo a España.

La señora Lois, por cierto, habla de las privatizaciones y se rasga las vestiduras. El campeón de las privatizaciones en España es el Partido Socialista, que, por cierto, es el que arranca todo el proceso privatizador en España. (Aplausos). Si Alcoa está en Galicia hoy en la situación en que está es por culpa del Gobierno socialista. Si Alcoa está hoy en la situación en que está es por culpa del Ministerio de Hacienda, que prometió un rescate y cambios que jamás llegaron. Y quienes padecen al Partido Socialista y esas medidas del Partido Socialista que ustedes apoyan son los trabajadores españoles, en este caso los del sector del aluminio.

Pero, entrando ya en detalles de este real decreto ley que nos ponen encima de la mesa, hablan ustedes de una serie de medidas como si fuesen históricas. Se sube aquí el señor Bolaños y hace un anuncio como si fuese un artista de rock, como si estuviese trayendo aquí grandísimas novedades. Nos dice que suben las pensiones. Señor Bolaños, con su subida… (El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños García, está hablando con el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Planas Puchades). Señor Bolaños, entiendo que a usted no le importa nada lo que se dice en este Parlamento, pero a los españoles sí les interesa que usted se entere de la voluntad popular. (Aplausos). Con sus medidas, con su magnífica subida, la pensión mínima en España se queda en 837 euros al mes. ¿Esto es histórico? ¿Qué nos está usted contando? ¿Un pensionista en España puede vivir con 837 euros al mes? ¿De verdad? Insisto, ¿de verdad? Suban las pensiones como es debido. Abran un debate real para la subida de las pensiones. Abran un debate legislativo. Traigan también la estrategia para la sostenibilidad del sistema de las pensiones, de la cual ustedes no quieren ni hablar. (Aplausos). Si por este real decreto, magnífico para usted, a las familias con ingresos inferiores a 14 000 euros al año —‌una familia que gana 14 000 euros al año en España hoy en día lo pasa muy mal—, ustedes las dan por hijo seiscientos euros al año, es decir, cincuenta euros al mes por hijo para una familia que ingresa menos de 14 000 euros al año, de verdad, ¿esto es para usted histórico? De verdad, ¿esto es algún tipo de revolución? (Aplausos).

Señor Bolaños, son ustedes un auténtico fraude. Bajan ustedes los impuestos a los alimentos: bien, pero suben ustedes los impuestos a la luz y al gas; de hecho, los duplican. Nos hablan ustedes de los españoles que más sufren: bueno, lo que meten en este real decreto es la creación de un fondo de inversión gestionado por ustedes al que van a transferir de forma automática dos mil millones para que hagan y deshagan, sacándolos de la gestión pública que se va a controlar aquí, en el Parlamento. Ustedes van a ceder al Banco Europeo de Inversiones 19 500 millones de euros de todos los españoles para que sea el BEI el que los gestione, por cuenta y riesgo de España, extrayendo, de nuevo, al escrutinio de los españoles, aquí, en el Parlamento, la gestión de —‌Chiqui, eso no es nada— 19 500 millones de euros. Y eso lo hacen ustedes en este real decreto ley, que, según usted, es histórico. ¡Es una vergüenza! (Aplausos).

El ingreso mínimo vital se lo ceden a las comunidades autónomas. Debe ser que se trataba de una grandísima necesidad de los españoles, que debe tramitarse de forma urgente.

Hablan ustedes del agua. Si ustedes, de verdad, quieren utilizar los embalses como fuente de almacenamiento del agua mediante el bombeo, podrían haber votado a favor de las tres iniciativas que presentó VOX en noviembre de 2022, enero de 2023 y febrero del 2023. (El señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Bolaños García, abandona el hemiciclo).

Entiendo, señor Bolaños, que no le guste a usted escuchar lo que dicen los españoles, pero, como mínimo, debería quedarse usted aquí sentado mientras discuten su real decreto. (Aplausos). En fin, esto es lo que hay.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, vicepresidenta, ministro.

Señorías de Vox, ¿dónde estaban ustedes cuando este Gobierno aprobaba la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC que ha permitido subir un 8,5 % las pensiones en 2023, frente al 0,25 % del Partido Popular? ¿Dónde estaban, señorías de VOX? (Aplausos).

Y, señorías, dos previas más. Este Gobierno ha demostrado que, entre la gente y los especuladores y las grandes empresas energéticas y financieras, siempre vamos a elegir a la gente; entre proteger y recortar, siempre vamos a elegir proteger, señorías de esta Cámara.

Y una segunda consideración. Hasta el último momento, el Gobierno de España y este grupo parlamentario van a seguir negociando para sacar adelante estas importantes medidas para la ciudadanía. (Aplausos).

Y ahora sí, señorías del Partido Popular, primer Pleno de este 2024 y ustedes siguen en la oposición y nosotros en el Gobierno de España, mejorando cada día la vida de la gente. Siento decirles que los cinco años de su estrategia del ruido, la mentira, los bulos, la confrontación y ahora incluso el ataque a nuestras sedes del Partido Socialista no les ha servido para nada. No hay ruido capaz de tapar el progreso de este país, señorías de VOX y del Partido Popular. (Aplausos).

Y, señorías de la derecha, solo en estos diez primeros días de este 2024 este Gobierno ha hecho más por España que el Partido Popular en los siete años del Gobierno de Mariano Rajoy. Y vamos a ello, se lo voy a explicar. Desde el 1 de enero las pensiones han subido un 3,8 % y también se han revalorizado las pensiones no contributivas y el salario mínimo interprofesional lo hará próximamente. También ha subido el ingreso mínimo vital, y —l‌o hemos visto— también el subsidio por desempleo hasta los 570 euros. Desde este mes cotizan a la Seguridad Social las prácticas no remuneradas para beneficiar a más de un millón de becarios en España. Y 2023 ha cerrado con la mayor cifra de personas trabajando en la historia de nuestro país, 20,8 millones de trabajadores. Y no solo eso: el año pasado hemos creado 540 000 puestos de trabajo, cifra récord en la contratación indefinida, y tenemos la menor cifra de desempleo en los últimos diecisiete años, desde el año 2007. Además, tenemos el mayor número de mujeres trabajando y el menor desempleo juvenil de toda la serie histórica. (Aplausos). Esa es la política del Gobierno de España.

Señorías del Partido Popular, ustedes decían que revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo o recuperando derechos para la clase trabajadora con la reforma laboral España iba a la bancarrota. Hoy, una vez más, el tiempo ha demostrado que mintieron, señorías del Partido Popular. España hoy crece más que la media de la Unión Europea, tenemos una de las inflaciones más bajas y creamos más empleo que nunca, y todo ello con rigor y responsabilidad fiscal, reduciendo el déficit y la deuda pública. Esta es la realidad. Y, señorías, sí, estamos hoy aquí para ayudar a millones de personas en este país, para convalidar un importante real decreto que prorrogue, señor ministro, el escudo social. Vamos a votar en favor de proteger a la ciudadanía. Y hoy votar no significará dar la espalda a millones de españoles. Votar no, señorías del Partido Popular, implica decir no a la reducción del IVA en tipos reducidos para los alimentos básicos o el 5 % en el IVA de la pasta o los aceites, no a las rebajas fiscales en la factura de la luz y el gas, no a la gratuidad del transporte público de Cercanías y media distancia y a las bonificaciones del transporte urbano e interurbano; será decir no a la prohibición de los desahucios para familias y personas vulnerables, será decir no a mantener la prohibición del corte de suministros básicos, será decir no a medidas con las que estamos ayudando a muchísima gente. Eso será lo que van a hacer ustedes hoy en este Pleno del Congreso de los Diputados. Y, además, estarán también diciendo que no a la gente de Canarias, porque este real decreto también protege a los afectados por el volcán de La Palma. Y estarán diciendo no a la revalorización de las pensiones, un 3,8 %. Y estarán diciendo también no a mantener el impuesto a las grandes fortunas y a los bancos y las energéticas, que han cerrado 2023 con los mayores beneficios de su historia. Eso es lo que están diciendo.

Pero, de verdad, ¿van a decir que no y van a votar contra los intereses de la mayoría de la ciudadanía? Señorías del Partido Popular, esto no va de salvar a ningún Gobierno, como dicen Feijóo y la señora Ayuso. Esto va de salvar y proteger a millones de españoles, de eso va este real decreto. Por eso estamos hoy aquí, y esto es lo que va a votar hoy esta Cámara: seguir avanzando en justicia social, como nunca antes lo había hecho este país. Y en ese camino nos encontrarán. A pesar de la incertidumbre y el difícil contexto, España en 2024 va a seguir creciendo más que los países de nuestro entorno, va a seguir creando más empleo que los países de la Unión Europea, va a seguir protegiendo el poder adquisitivo de los hogares y las familias, y, sí, va a seguir avanzando en conquistas sociales. Así que ustedes sigan a lo suyo, señorías, que nosotros seguiremos a lo de todos, a lo que en España hace que hoy sea un ejemplo en el mundo y un orgullo el Gobierno de Pedro Sánchez para millones de españoles y españolas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor Casares, ha estado usted a dos insultos de convencernos de que había que apoyar a Pedro Sánchez. (Aplausos). Señor Bolaños, bienvenido a la realidad. Esta es la realidad que ha dibujado Pedro Sánchez. Esta, la de hoy y la de estos días, es la realidad que Pedro Sánchez quiere para España. En estos días y muy especialmente hoy se han dado cuenta ustedes de quien gobierna realmente España, por desgracia. No es Pedro Sánchez. No es usted, señor Bolaños. Usted hace lo que le dicen que tiene que hacer; lo que le dice no Pedro Sánchez, lo que le dice un señor, un prófugo de la justicia que vive en Waterloo y no puede pisar suelo español porque está acusado de graves delitos. (Aplausos). Señorías, esto no es lo que votaron los españoles. No, los españoles no votaron tener un Gobierno secuestrado porque únicamente representa el 1,6 % de los votos. No es verdad, no mientan en eso también, señor Bolaños. Esto es la decisión de un temerario como Pedro Sánchez, capaz de todo por el poder, capaz de poner a España de rodillas ante un señor que, como digo, no puede pisar España porque está huido de la justicia. Y a lo largo de estos días, señorías, hemos vivido un espectáculo francamente bochornoso. Y ya nos ha dicho la señora Nogueras que va a haber muchos espectáculos bochornosos como este, señor Bolaños. Los socios de Gobierno se han acusado unos a otros de intentar engañarse: SUMAR con el PSOE, Podemos con Yolanda Díaz, Puigdemont con Sánchez, y así hasta convertir algo tan serio en una sátira del Café de Rick de Casablanca, en la que todos los socios del Gobierno se escandalizan de que en esta cueva de trileros se mienta y se engañe, mientras todos ellos intentan engañar a quien tienen a su lado. Esto es lo que ha diseñado Pedro Sánchez. Este es el Gobierno de coalición progresista del Partido Socialista y veinticinco partidos más, señor Bolaños. (Aplausos). Señorías, España no merece este espectáculo deplorable. Ya se lo advirtió el pasado 15 de noviembre el señor Núñez Feijóo al señor Sánchez: Cuando el independentismo le falle, cuando la legislatura le supere, no me busque, yo me quedo con la mayoría de españoles, a los que usted considera de segunda. Y la señora Nogueras se lo ha recordado, le ha dado la orden de que considere de segunda a todos los españoles que no sean catalanes. (Aplausos). Y el Partido Popular estará con los catalanes y el resto de españoles, como ha hecho siempre. Vienen ustedes hoy, señor Bolaños, a pedir a mi grupo parlamentario que cambiemos de opinión, que mintamos, en definitiva, por hablar claramente y que nos entienda todo el mundo, y que votemos en contra de los intereses del conjunto de los españoles simplemente para salvarle la cara a usted y al señor Sánchez. Pero yo le digo: No se confunda, en esa bancada de ahí no va a encontrar usted a ningún socialista, en esa bancada de ahí tenemos más dignidad y palabra que toda esa bancada que tiene usted detrás, señor Bolaños. (Aplausos). Y no, señor Casares, no se perjudica a los españoles no aprobando estos reales decretos. No mientan, por favor; no se les perjudica. Aquí los únicos perjudicados son ustedes, que descubren que son el Gobierno más débil de la democracia. Por mucha chulería con la que suban a la tribuna, por mucho desprecio que tengan a los partidos de la oposición, en el fondo, y ustedes lo saben, son el Gobierno más débil de la democracia. Y hoy hemos podido ver aquí cómo ustedes, lejos de pedir el voto a sus socios, se han dedicado durante toda la mañana a insultar en esta tribuna a esos leales defensores del conjunto de los españoles. Claro, decir que ustedes no se fían de sus socios es algo evidente. Tampoco ellos de ustedes, por lo visto, porque hay que ver las intervenciones que hemos escuchado hoy aquí. Por cierto, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? No lo han dicho, negocian en despachos oscuros. No han dicho hasta dónde están dispuestos a llegar, señor Bolaños, señora Montero, para complacer a la señora Nogueras, para establecer eso que ellos buscan tan insistentemente, que es que haya españoles de primera y españoles de segunda. Si quieren no perjudicar a la gente, lo que tienen que hacer es retirar este real decreto de la votación de hoy, negociar con el primer partido de España, que es el Partido Popular, y, en, definitiva, gobernar para todos, y no para unos pocos, señor Bolaños. Decía usted que los datos avalan su gestión, y, hombre, hay que tener mucho cuajo, señor Bolaños. Verá, le voy a dar una serie de datos. Dicen ustedes que vamos como una moto, pero traen un decreto anticrisis; ya me contará cómo es posible cuadrar ir como una moto con los decretos anticrisis. Tenemos más déficit que en el año 2018, más deuda: 200 millones de euros diarios. Así se endeudan ustedes. Nosotros no crecemos; crecemos a base de deudas, y le pasamos el pago de este crecimiento a las generaciones futuras, a las que ustedes han abandonado. Hemos tenido la mayor caída de renta per cápita de la Unión Europea desde 2020. Volvemos a estar entre los países pobres de Europa, con derecho a solicitar fondos de cohesión, señor Bolaños. ¿De esto vienen ustedes a presumir aquí, de que volvamos a estar en el club de los pobres de la Unión Europea? Tenemos un 32 % de niños en riesgo de pobreza y 12 millones de españoles, en su conjunto, están en riesgo de pobreza, y la pobreza extrema está en el punto más alto desde el año 2008. No, señor Bolaños, sus políticas no funcionan, sus políticas empobrecen a los españoles.

En el Partido Popular vamos a votar que no a este real decreto. Claro que sí, vamos a votar que no. Vamos a votar que no a que el Gobierno menosprecie al Parlamento convirtiendo los reales decreto leyes en la forma ordinaria de legislar, hurtando a los diputados y a los senadores sus funciones constitucionales. Votaremos no a que gran parte de la subida de las pensiones y del sueldo de los trabajadores, en lugar de servir para que las familias lleguen a fin de mes, vaya a parar a las arcas del Estado por negarse ustedes a deflactar el IRPF. Diremos no a que el Gobierno haya dejado fuera la subida de sueldo ya pactada con los funcionarios. Diremos no a la subida de impuestos a la electricidad y al gas de las familias, sobre todo a las rentas más bajas, mientras ustedes les pagan el tren a los ricos. Nos oponemos a que el Gobierno pueda intervenir arbitrariamente empresas. Hay que tener mucho cuajo para quedarse con 2000 millones de euros para maniobrar en empresas privadas y, sin embargo, rechazar una ley del ELA que solo cuesta 38 millones de euros. En definitiva, nos oponemos, como siempre, a que haya españoles de primera y españoles de segunda, que eso es exactamente lo que le estuvo exigiendo hoy durante toda su intervención la señora Nogueras y aquí el señor Casares no ha salido a desmentirlo. A eso es a lo que está dispuesto el señor Sánchez, a vender a más del 80 % de los españoles simplemente para mantenerse en el poder. Nosotros nos oponemos a esos peajes políticos.

Señor Bolaños, le exigimos que retire este real decreto de la votación y negocie uno nuevo con las exigencias que ya conoce del Partido Popular: la no subida del IVA en la luz; la subida de las pensiones y del sueldo de los funcionarios, pero a la vez también ajustando el IRPF a las rentas de menos de 40 000 euros al año; apoyar también la bajada del IVA en alimentos esenciales, añadiendo la carne, los pescados y las conservas. Lo repito: traigan un nuevo real decreto ley con nuestras propuestas, incluyan aquellas medidas en las que estamos de acuerdo ―las conocen ustedes de sobra―, y al día siguiente lo podremos aprobar aquí. Hay tiempo de sobra, no engañen a los españoles.

Finalmente, le diré simplemente una cosa: nosotros no somos lo que ustedes denominan progresistas; nosotros somos de fiar.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señora Montero, si me permite la broma, usted, que se quería cargar el debate de los objetivos de estabilidad aquí, en el Senado, hicimos el último en marzo de 2020 y hoy volvemos a estar aquí, en el Senado, y seguramente le tocará venir más días. (Aplausos). Señora Montero, lo que nos ha contado está muy bien, pero hoy la primera pregunta que usted tiene que responder a la Cámara es si todo esto que nos ha contado es verdad. (Risas). Sí, si es verdad, y si en la última reunión mensual le han dado el beneplácito los verificadores internacionales. Claro, esta es la primera pregunta que usted tiene que responder hoy. Porque sus políticas, señora Montero, sus afirmaciones y su Gobierno están sometidos a doble verificación cada mes, y si los verificadores internacionales no le han dado el beneplácito, pues ya me contará de qué estamos hablando hoy aquí. Reconocerá conmigo que el hecho de que lo que diga la vicepresidenta del Gobierno de España, el hecho de que lo que diga usted, que ya es historia ―en palabras de la señora Calviño—, esté sometido a verificación, sea verdad o no, y tengamos que comprobar si es verdad o no en el extranjero, es curioso y, si me permite decirlo, es humillante para todos. (Aplausos). Señora Montero, hoy su Gobierno o es derrotado o es humillado. Está sometido a verificación internacional porque han aceptado el relato de las dos soberanías para mantenerse en la silla. Hoy y cada mes deben someter sus políticas y decisiones a verificación internacional porque sus socios no se fían de ustedes. Sus socios no se fían de que no les engañen, porque ya les conocen, señora Montero, ya les conocen. Además, lo que hoy nos ha contado está muy bien, pero dependerá de lo que quiera el señor Puigdemont, fugado de la justicia; de lo que quiera el señor Junqueras, condenado por asaltar la Constitución; de lo que quiera el señor Otegi, condenado por secuestro; o también dependerá de lo que quiera la señora Díaz, que ya le digo yo que querrá, que la señora Díaz querrá; pero también de lo que quiera la señora Belarra o el señor Ortuzar. Es decir, todo lo que nos ha dicho está sujeto a verificación internacional y está sujeto a las condiciones que le impongan todos estos que le acabo de nombrar. La decisión de sus socios, señoría, ya la sabemos, nada tiene que ver con el interés general de los españoles. Le van a apoyar o no, porque lo han dicho, dependiendo de que usted obstaculice o no la amnistía, de que obstaculice o no el referéndum de independencia. Por cierto, señoría, que se hayan avenido a negociar un referéndum de independencia… ¡Qué vergüenza, señora Montero! (Un señor diputado: ¡Muy bien!). En esas estamos, señorías. Esta es la extrema debilidad de este Gobierno, la extrema debilidad de su política presupuestaria y económica, señora Montero. Que hoy se levante el país sin saber si mañana sube el IVA de la luz o no, sin saber si el transporte es gratuito o no por culpa de sus tejemanejes, demuestra la extrema debilidad del señor Sánchez, señoría, eso es lo que demuestra. En esas estamos. Y trae usted la senda de estabilidad presupuestaria que pretende perpetuar el estancamiento al que nos han traído, y el plan de reequilibrio que incumple la ley y que no reequilibra nada. Se lo ha dicho con palabras más educadas la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y un techo de gasto que lo incrementan ustedes ni más ni menos que el 9,3 % y no cuadra con el incremento del gasto primario del 2,5 %. Es decir, señoría, usted, fiel a su tradición, lo que nos trae aquí adolece de lo mismo que adolece la política del Gobierno, la política económica del Gobierno, una política económica que no es creíble y que no funciona, señoría. (Aplausos).

Los resultados de su política económica se resumen en el hecho de que España fue la que más riqueza perdió en la pandemia. Fuimos los peores, señorías, los últimos. Su incapacidad supuso un gran perjuicio para el conjunto de los españoles y hemos sido también de los últimos en la recuperación. Y en la crisis energética, nuevamente, hemos sido los que peor desempeño hemos tenido. Se dijo: la inflación será transitoria, no se preocupen. Oiga, dos años y medio después aún tenemos la inflación por encima de la media europea. Y se dirá que ha habido pandemia, que ha habido un volcán ―usted ha citado ni más ni menos que a Filomena también―, que ha habido también una crisis energética e incluso que el núcleo de la tierra… En fin, ahí lo dejo, en palabras del señor Sánchez. (Risas). Se dirá que ha habido todo eso, pero, excepto lo del volcán, señoría, la pandemia ha pasado en todo el mundo, la crisis energética y el núcleo de la tierra están ahí para todos y, sin, embargo, nosotros hemos sido los peores. ¿Y sabe cuál es la diferencia, señoría? Que han estado al mando usted y el señor Sánchez con sus políticas equivocadas. (Aplausos). Esa ha sido la diferencia. Ustedes no han hecho una política económica para la mayoría social. Ustedes han asfixiado y han empobrecido a los españoles. Somos los únicos de la Unión a veintisiete que hemos perdido renta per cápita desde 2019 ―un -1,1―, frente al incremento del 3,2 del resto de países. Han frito a impuestos a los españoles, señoría. Ha subido la presión fiscal 3,4 puntos del PIB, nueve veces más que la media de países de la Unión Europea. Ha cargado todo su descontrol sobre las espaldas de los españoles y encima no ha tenido la dignidad de deflactar la tarifa del IRPF y bajar el IVA del pescado, de las conservas y de la carne, como le ha pedido reiteradamente el presidente Alberto Núñez Feijóo.

Han procedido a una auténtica devaluación salarial de los españoles vía inflación. Tras perder el 5,3 % de salario real en 2022, sus políticas han impedido recuperar poder adquisitivo en 2023. Sí, señoría, no me mire así. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¿Yo?). Han desaparecido 82 000 empresas y hoy en nuestro país el empleo es mucho más precario. Oiga, hoy nuestros jóvenes tienen que encadenar varios contratos de días o semanas y su Gobierno les dice que son contratos indefinidos. Hoy hay que pluriemplearse con varios contratos parciales para poder conseguir un sueldo que ni siquiera va a ser digno a final de mes, y los ministros desfilan por los telediarios sonriendo. Tenemos la peor tasa de paro de la Unión Europea, la peor tasa de paro juvenil y la peor tasa de paro femenino. ¿De qué sirve la mayoría social de la que nos habla, señora Montero? ¿Por qué nos engaña? Ustedes no gobiernan para la mayoría social de este país. Ustedes, señora Montero, nos empobrecen.

Los españoles, se ha dicho otras veces, no merecen un gobierno que les engañe. No merecen un gobierno que les hable de la senda de estabilidad presupuestaria, mientras nos instala en la inestabilidad de los pactos Frankestein. Los españoles no merecen un gobierno que les hable de la senda de estabilidad, cuando resulta que, por la puerta de atrás y de tapadillo, su Gobierno se aleja de la senda constitucional. Los españoles, señorías, necesitan y merecen una política económica viable, plausible, y la hay. Hay una alternativa de política económica, que es la que proponemos, señora Montero, para, en primer lugar, hacer un análisis ajustado de la realidad y saber que estamos en estancamiento; y, en segundo lugar, hacer las reformas estructurales de nuestra economía para mejorar. Hay una alternativa mejor de política económica y presupuestaria, y es la que proponemos, señorías. Debemos mejorar nuestro mercado de trabajo, desmaquillarlo, para poder afrontar la precariedad, la temporalidad y la parcialidad. Hay una alternativa mejor: que afronten los desequilibrios de nuestro sistema de pensiones en el acuerdo y en el consenso del Pacto de Toledo. Hay una alternativa que propone reformar a la baja nuestro sistema tributario para estimular las rentas medias y bajas en este país. En fin, señorías, proponemos una política económica que apueste por el estímulo, en lugar de por la asfixia; por la modernización, en lugar de por la subsidiación permanente. Proponemos liberar potencialidades de nuestra economía, de nuestra sociedad, para no intervenirlo todo hasta la extenuación. Proponemos una política económica que no desconozca la realidad y que se arremangue para transformarla, en lugar de maquillarla.

Estas son nuestras razones, señorías, esta es la responsabilidad del Grupo Popular, como partido mayoritario que tiene la confianza de los españoles y como alternativa de Gobierno. Y nosotros, el Grupo Popular, estamos seguros de que para los españoles no hay nada escrito, que lo que ocurra en los próximos meses depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Solo hace falta un Gobierno que no les defraude.

Muchas gracias, señora presidenta. (Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nos toca debatir ahora sobre algo que desconoce este Gobierno, como es la estabilidad presupuestaria; sobre algo en lo que es experto, como es la deuda pública y el aumento del gasto; sobre algo en lo que no cree, como es un plan de reequilibrio de las cuentas públicas. Un gobierno para el que la estabilidad presupuestaria consiste en gastar más de lo que ingresa. Y así lo ha demostrado, acumulando déficits continuados en las cuentas públicas, que ascienden a 314 000 millones de euros entre junio de 2018 y septiembre del año 2023. Son déficits que han provocado un aumento de la deuda de todos los españoles, deuda que tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y es que en esto consiste la famosa solidaridad intergeneracional de los socialistas. Son déficits que este Gobierno propone mantener en los años 2024, 2025 y 2026, y que supondrán un continuo aumento de la deuda pública para poder financiarlos. Mencionaba que en este Gobierno son expertos en deuda, lo son y lo demuestran. Datos: la deuda se ha incrementado, desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, en más de 374 000 millones de euros, lo que supone una verdadera irresponsabilidad. Un crecimiento de la deuda que ha supuesto que cada español debamos 6750 euros más que cuando llegaron ustedes al Gobierno. Una deuda cada vez más alta que, combinada con un aumento de los tipos de interés, supondrá pagar una cifra estimada de 41 000 millones de euros en intereses en el año 2026. Para que se hagan una idea, el presupuesto del año 2023 para el pago de pensiones de viudedad asciende a 28 394 millones de euros. Una gestión irresponsable que pretenden mantener hasta el año 2026, año en el que la deuda seguirá por encima del producto interior bruto. Es decir, seguiremos debiendo más de lo que producimos. A la irresponsabilidad se le une la incompetencia. Porque incompetencia es que, a 31 de diciembre de 2022, tan solo seis países de la Unión Europea, entre ellos España, mantenían un nivel de deuda por encima del producto interior bruto. Entre ese pelotón de cola, Francia y España son los países que registran peor comportamiento de la ratio respecto del año 2019. Porque incompetencia es que, desde finales del año 2019 hasta el tercer trimestre del año 2023, por cada euro de deuda emitido, tan solo se han generado 0,53 euros de PIB nominal. Porque incompetencia es comprobar que, en la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, hemos pasado de estar a 9 puntos de la media de los países de la Unión Europea, en 2018, a estar a 14 puntos de la media de los países de la Unión Europea en el año 2022. Es decir, el poder de compra de los españoles ha empeorado respecto a la media de la Unión Europea. Una incompetencia que ha puesto de manifiesto el informe de la OCDE del pasado mes de diciembre. Un informe que nos recuerda que España lleva más de dos décadas presentando un crecimiento del PIB per cápita real prácticamente nulo, que la baja productividad impide que los españoles disfruten de una mayor prosperidad económica y que España perderá once puestos en la clasificación global de países en PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Nos adelantarán Portugal, Polonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Estonia, Grecia o Letonia. Pese a demostrar una incompetencia manifiesta en la gestión, este Gobierno nos propone aumentar el límite de gasto en un 9,3 %, porcentaje que se obtiene descontando los fondos del plan de recuperación de la Unión Europea. Un aumento del gasto que servirá para seguir manteniendo el Estado de bienestar de los políticos y para pagar el apoyo de los golpistas a la investidura. Un aumento del gasto que servirá para seguir manteniendo el Gobierno más caro de la democracia, el que cuenta con más ministros, más secretarios de Estado, más directores generales y más asesores. Y un aumento del gasto que hay que financiar y, para financiarlo, se subirá la presión fiscal a todos los españoles, con medidas tales como reducciones en las bonificaciones de impuestos y aumentando los costes del trabajo. Señorías, aumentar los costes del trabajo en el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, en el país cuya tasa de paro duplica la media de la Unión Europea, en el país con una tasa de paro juvenil que casi duplica la media de la Unión Europea, es una completa irresponsabilidad.

Debemos recordar que desde el año 2017 los españoles han sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7 %. Puro modelo socialista. Una elevada presión fiscal que pone de manifiesto el Instituto de Estudios Económicos, que demuestra que España registró en el año 2022 el mayor esfuerzo fiscal entre las economías avanzadas. Sitúa este esfuerzo fiscal un 52,8 % por encima del promedio de la Unión Europea. Y no nos puede extrañar comprobar cómo en el año 2022 retrocedimos nueve posiciones en el índice internacional de competitividad fiscal elaborado por la Tax Foundation para situarnos en uno de los cinco países con peor competitividad fiscal de la OCDE. Señorías, estar en la quinta peor posición en competitividad fiscal no favorece que lleguen la inversión y el talento a nuestra nación, sino todo lo contrario. No favorece tampoco la inversión la existencia de un gobierno débil, un gobierno que toma decisiones políticas que suponen un golpe al Estado de derecho, a la separación de poderes, a la seguridad jurídica y a la unidad de nuestra patria.

En este escenario, el Gobierno nos presenta un plan de reequilibrio. Un plan de reequilibrio que el Grupo Parlamentario VOX reclamó en numerosas ocasiones en la anterior legislatura. Un plan de reequilibrio muy poco trabajado y que se dedica a hablar del pasado y no del futuro. Un plan de reequilibrio sobre el que la propia AIReF advierte, entre otras cosas, que no incluye la información prevista en la ley de estabilidad, que no recoge explícitamente el cuadro macroeconómico que subyace a la senda fiscal planteada, y que no contiene medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. No nos pilla por sorpresa, ya que la única estrategia de este Gobierno es mantenerse en el poder realizando concesiones a cambio de los votos de quienes protagonizaron un golpe de Estado y malversaron caudales públicos. (Aplausos).

El Grupo Parlamentario VOX votaremos en contra, y lo haremos por varias razones. Primera: votaremos en contra por la demostrada irresponsabilidad en materia fiscal de este Gobierno. Segunda: votaremos en contra porque el plan de reequilibrio adolece de credibilidad al no contener medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. Tercera: votaremos en contra porque estos acuerdos son la excusa para seguir con el despilfarro político, porque olvidan que responsabilidad en la gestión significa gastar bien, no gastar mucho. Cuarta: votaremos en contra porque no se plantean medidas para eliminar gasto político superfluo e improductivo y lograr no solo reducir el déficit público por debajo del 3 %, sino equilibrar las cuentas públicas y comenzar una verdadera reducción del montante de la deuda pública. Quinta: votaremos en contra porque estos acuerdos son la base para justificar el aumento de la presión fiscal; un aumento que perjudicará a las familias, a las pymes, a los comerciantes, a los autónomos; un aumento que, sumado al efecto de la inflación y a su decisión de no deflactar las tarifas del IRPF, supondrá una menor renta disponible para todos los españoles. Señorías, reducir la renta disponible en el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza es un completo despropósito. Sexta: votaremos en contra porque tenemos serias dudas de la capacidad de gestión de un gobierno sometido al chantaje continuo de los golpistas, de los independentistas y de los herederos de la ETA.

Votaremos en contra por las anteriores razones y porque la única condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenas tardes. Voy a empezar por una cuestión metodológica, aunque sé que no son muy habituales en la Cámara, y menos a estas horas, cuando muchas de sus señorías deben de estar al borde de la hipoglucemia, pero el tema es suficientemente importante como para traerlo a colación. Seguimos con un producto interior bruto infraestimado y esto, obviamente, está muy relacionado con la senda de acomodación del déficit y de la deuda pública. Si tenemos un producto interior bruto infraestimado, obviamente el déficit público y la deuda pública van a pesar más de lo que tendrían que pesar y la contribución fiscal que estamos haciendo va a parecer más alta de lo que en realidad es. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Estadística recientemente resolvió parte de este problema y elevó el PIB porque revisó la remuneración de asalariados; una remuneración de asalariados que estimaba el INE y que estaba por debajo de la masa salarial que los empresarios declaraban a la Agencia Tributaria y, obviamente, los empresarios no pagan impuestos por salarios que no abonan. Esta parte se ha resuelto y la parte que queda por resolver es la de revisar los beneficios empresariales.

En cuanto a los beneficios empresariales, también según las fuentes tributarias —‌que son los datos duros, pues los del INE son solo estimaciones—, a través del Observatorio de Márgenes Empresariales recientemente creado, sabemos que las sociedades no financieras han aumentado su resultado bruto un 26 % desde 2019. En cambio, si ese mismo dato lo checamos en la contabilidad nacional, el crecimiento del excedente bruto de explotación de las sociedades no financieras es solo del 6 %. Tenemos aquí un problema que el recién nombrado ministro de Economía tendrá que resolver lo antes posible. No toda la herencia que ha recibido es un activo.

Independientemente de este problema de estimación, que es muy relevante, a España no le va a costar, como ha dicho la ministra de Hacienda y vicepresidenta, salir del procedimiento de déficit excesivo. Ya este año vamos a conseguir, y esta es una gran noticia, colocar el déficit público en el 3 % del producto interior bruto. Esto es plausible y posible por varios márgenes. En primer lugar, porque, como ustedes saben —l‌o hemos discutido aquí esta mañana—, se está acomodando el escudo social porque la inflación se ha moderado. No obstante, es verdad que todavía el gap entre salarios y nivel de precios es grande, aunque ya el año pasado hemos conseguido que haya ganancia de poder de compra, unas décimas de los salarios, y hemos cambiado la tendencia. Lo esperable este año es que los salarios ganen todavía más poder de compra. Pero, además, sabemos que a lo largo del año bajarán los tipos de interés, y esto nuevamente abre márgenes en el presupuesto y también animará más la actividad. Hay que decir que son unos tipos de interés que nunca tendrían que haber subido. De hecho, no han ayudado a reducir la inflación, como no podía ser de otra manera, porque se trata de una inflación de origen en la oferta. Para lo único que ha servido la subida de tipos de interés, señorías, ha sido para aumentar los beneficios de la banca a costa de los presupuestos familiares, de las familias hipotecadas y de las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos).

Además, España cuenta con un mayor margen fiscal cuando comparamos el nivel de contribución fiscal con la media europea. Esa, señora ministra, es una de las reformas pendientes que tenemos para este año: llevar a cabo, dentro del Gobierno de coalición SUMAR y el Partido Socialista, una profunda reforma fiscal que aumente la suficiencia de los recursos para el sector público y que nos lleve a un sistema tributario más justo y progresivo. Esos recursos, además, los necesitamos para reequilibrar el sistema de financiación, sobre todo en aquellas comunidades que están infrafinanciadas, como Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha. Además de reequilibrar el sistema de financiación, necesitamos reforzar el sistema sanitario, porque sabemos que va a estar sometido de ahora en adelante cada vez a más presión como consecuencia del envejecimiento de la población. Pero nuevamente aquí tenemos un margen importante que podemos aprovechar: aproximarnos e igualarnos a la media de contribución fiscal de la Unión Europea.

Otro margen adicional que tenemos es que nuestra actividad económica está funcionando, está creciendo. Estamos creciendo más que el resto de países de la Unión Europea, que los grandes países de la Unión Europea. Nos ha ocurrido el año pasado y nos va a ocurrir también este. Y esto, nuevamente, abre márgenes para conseguir acomodar el déficit dentro del producto interior bruto. De hecho, el año pasado nos ocurrió algo extraordinario, señorías, y fue que la economía alemana se resfrió y entró en recesión y nosotros no enfermamos de pulmonía. Y esto es algo completamente extraordinario y algo nuevo. Y detrás de esto, está un importante cambio en la política económica, tres puntos fundamentales que yo les voy a referenciar y que explican este significativo cambio con respecto al motor de la Unión Europea. El primero de ellos es que, gracias a las políticas económicas del Gobierno de coalición, España se ha convertido en vanguardia de la transición verde energética. Somos uno de los países europeos con más seguridad de abastecimiento energético y, al mismo tiempo, somos uno de los países europeos con una energía cada vez más limpia y barata. Esto nos está convirtiendo, señorías, en un polo de atracción de inversiones extranjeras y nos está empujando la economía hacia arriba.

El segundo elemento, el segundo cambio en la dirección de la política económica se ha llevado a cabo por parte de la ministra de Trabajo y ha sido la elevación de los estándares laborales: un salario mínimo normalizado con el 60 % del salario medio, una contratación temporal abusiva que se ha restringido en el sector privado y un control horario de la jornada laboral. Esto está consiguiendo elevar los estándares laborales e impedir que el capital se rentabilice de manera extractiva. Estamos consiguiendo sacar el capital de actividades de bajo valor añadido, rentabilizándose a través de las malas condiciones de trabajo, y lo estamos movilizando hacia actividades más productivas. A esto nos está ayudando el tercer elemento de innovación de la política monetaria, que además es muy novedoso porque es la combinación de políticas de estabilización y, al mismo tiempo, de políticas de desarrollo gracias al Next Generation EU. Nunca habíamos tenido ambas combinaciones de políticas de estabilización y, a continuación, en las políticas de bonanza, políticas desarrollistas. Y como la economía española es muy agradecida, gracias a eso —‌ya les digo—, estamos consiguiendo transformar capital extractivo en capital productivo y estamos alcanzando récords históricos en niveles de empleo, en calidad del empleo y reduciendo nuestra tasa de paro.

Hemos hecho, señorías del Partido Popular, exactamente lo contrario a lo que hicieron ustedes en el año 2012. No hemos hecho políticas austericidas —‌como hicieron ustedes desde el presupuesto—, que hundieron todavía más una economía que ya estaba en caída libre, y no hemos hecho una reforma laboral como la de 2012, que precarizó aún más unas condiciones de trabajo y un mercado de trabajo que ya de por sí era muy precario. Así es, vamos a conseguir fácilmente salir del procedimiento de desequilibrios macroeconómicos del déficit excesivo. Pero a partir de aquí es donde empiezan las dudas de mi grupo, de SUMAR, sobre todo después del acuerdo que se ha alcanzado a nivel europeo y que ha estado, en la última etapa, impulsado por el ordoliberalismo alemán. Saben ustedes que con las nuevas normas fiscales —‌al menos las que ha acordado el Consejo Europeo—, la economía española tendría que recortar todo su déficit público e incluso tener superávit en un momento dado. Ya les digo yo que cualquier economista convencional —‌y yo lo soy a veces muy poco— les diría que esto es un error. (Aplausos). En una economía que todavía no ha alcanzado el pleno empleo, cualquier economista convencional les diría que, durante la etapa de bonanza, lo que tiene que seguir haciendo es gastando e invirtiendo para generar más empleo y más actividad. Porque ese es el mejor colchón fiscal que se puede generar desde una economía que todavía no ha alcanzado el pleno empleo. Por eso, nosotros como país, tenemos el interés colectivo de sustituir el concepto de estabilidad presupuestaria por el de déficits públicos productivos, que son aquellos que amplían el músculo y el tejido empresarial del país a través de la inversión, aumentan el empleo y, de esa manera, reducen el peso de la deuda sobre el producto interior bruto. De hecho, sin normas fiscales, esto es precisamente lo que hemos estado haciendo. Lo refería antes la ministra de Hacienda.

Desde 2020 hemos recortado en 14 puntos la deuda pública del país, porque hemos aumentado el músculo industrial del país, el músculo empresarial del país y el empleo, que ha alcanzado niveles récord. Nuestro nivel de endeudamiento, de hecho, se sitúa por debajo del de Francia, Italia o Bélgica. Ya les digo: las nuevas normas fiscales acordadas por el Consejo Europeo son contrarias a los intereses de nuestro país, pero no solo de nuestro país, también para los intereses de Europa.

Concluyo enseguida. Europa tiene que invertir más y generar bienes públicos europeos en el clima, la economía verde, defensa y alimentación para ganar autonomía estratégica. Si no hacemos esto, si no ganamos autonomía estratégica y seguimos el planteamiento ordoliberal, terminaremos, efectivamente, con unas cuentas públicas inmaculadas, pero descolgados del progreso y siendo dependientes de otros. Otros decidirán nuestro futuro. En SUMAR nos oponemos al acuerdo alcanzado por el Consejo de Europa sobre nuevas normas fiscales y nos alineamos con el Parlamento Europeo, que también se ha opuesto. El Parlamento Europeo le ha dicho al Consejo, con el que tiene que negociar ahora, que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestaria tienen que ir acompañadas de creación de empleo, de reducción de pobreza y de desarrollo del pilar de derechos sociales. Esperamos que la negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo termine con el sinsentido económico al que nos quiere llevar el ordoliberalismo alemán, que quiere llevarnos de vuelta a la austeridad 2.0 y comprometer nuestro progreso y nuestro futuro. Muchas gracias. (Aplausos).

Diputades i diputats, afortunats i afortunades les que heu pogut dinar. Molt bon any a totes i a tots. D’entrada deixi’m dir que aquest any que acabem d’encetar val a dir que segueix com els anys que deixem enrere, amb deslleialtats, certs desequilibris també, amb més d’un greuge, i també amb abusos. De fet, aquests són només alguns dels mots que defineixen —i‌, al meu entendre, ho defineixen bastant acuradament, bastant a la perfecció— la relació de l’Estat amb Catalunya, també amb el País Valencià i, òbviament, amb les Illes Balears, sobretot quan parlem del repartiment de recursos. I alerto, perquè abans he escoltat alguna temptació i allò que uns i els altres es van assenyalant. Cap de les dues bancades hauria de mirar de reüll a l’altra. El bipartidisme espanyol sempre, absolutament sempre, hagi tingut les claus de la caixa qui les hagi tingut, ja sigui el PSOE o ja sigui el PP, ha compartit un denominador comú absolutament inqüestionable, que és un desequilibri vertical entre l’Estat i els Països Catalans. De fet, des de l’any 2009, quan es va posar en marxa l’actual sistema de finançament, l’Estat ha anat acaparant recursos del sistema i ho ha fet en detriment. —‌i és així, vicepresidenta— de les comunitats autònomes que any rere any han anat perdent pes justament en el repartiment d’aquests recursos que avui ens ocupen. Deixi’m que posi un exemple d’aquest desequilibri i ho faci en el temps. Entre l’any 2012 i l’any 2022 els ingressos de l’Estat i els ingressos de les comunitats autònomes, òbviament, no han crescut en la mateixa proporció, de fet, en absolut. Els de l’Estat han crescut un 90 % i els de les comunitats autònomes només un 40 %. I ara deixi’m també que contextualitzi aquesta xifra, perquè hem de tenir present que el període al qual m’he referit ha estat una època difícil, una època de crisi social i de crisi sanitària, i que qui concentra les competències de benestar i serveis socials, però no només de benestar i serveis socials sinó també d’inversió social i d’atenció sanitària, són les comunitats autònomes, per si algú no ho sabia, i en cap cas és l’Estat. Com s’explica, doncs, aquesta deslleialtat de l’Estat respecte a les comunitats? Doncs jo entenc que només d’una manera. S’explica perquè Espanya no creu en l’estat descentralitzat, ni més ni menys. Espanya només es pot concebre des d’una òptica centralista, i això, evidentment, ho fa tot molt difícil. De fet, això ho fa insostenible tot econòmicament i socialment. A més a més, a això hem de sumar-hi que Catalunya, també la resta dels Països Catalans, suporta un dèficit fiscal sostingut en el temps que no ve d’avui. De fet, un dèficit que ha arribat a duplicar-se. De fet, és més, en alguns moments fins i tot s’ha triplicat, fins i tot ha triplicat els àmbits que en l’experiència comparada —v‌al a dir-ho— constitueixen la norma de solidaritat entre els territoris que formen part d’un mateix estat. El més important de tot això és que aquest dèficit fiscal té un impacte no només negatiu, sinó directe sobre el més important, que són les persones, sobre el benestar també dels i les catalanes. Aquesta és la realitat. Una realitat carregada, com deia, de greuges, una realitat carregada de deslleialtats institucionals per part del Govern central. Un Govern que no només és central, sinó que és centralista, a banda d’extremadament centrifugador. Greuges com els incompliments reiterats en el temps o, per exemple, de disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya del període 2009 al període 2013, o el finançament estatal de la Llei de dependència, o els deutes del Fons de Cohesió Sanitària i dels Fons de Garantia Assistencial, o el personal dels nous tribunals de justícia, entre molts altres greuges. Deslleialtats, doncs també, tals com els canvis normatius, per exemple, en l’IRPF, a la disminució dels tipus o a l’impost de l’electricitat. Els també canvis normatius en l’impost sobre les transmissions patrimonials i, per exemple, també els actes jurídics documentats. Canvis normatius a la resta de tributs cedits. Deslleialtats en la cartera de serveis, com diem al meu poble, per parar un carro. En definitiva, un autèntic despropòsit. I atenció, perquè tot plegat no acaba aquí. El que es va acabant és el temps, però no acaba aquí. Més greuges, greuges extremadament flagrants. El primer, el repartiment extremadament injust dels objectius de dèficit. Les comunitats autònomes assumim —‌ho he dit— un terç de la despesa, però l’Estat ens assigna un 0 % del marge de dèficit. Les comunitats autònomes gestionem més d’un terç de la despesa que es fa al conjunt de l’Estat i en matèries tan importants i rellevants com salut, com educació o com atenció social. No comptem amb un marge de dèficit proporcional, òbviament, a aquesta despesa. I tenint present que aquesta despesa és en inversió social, no només és un problema de lleialtat institucional, que també —‌i val a dir, també, si em permeten, de violació del principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea—, sinó que a més a més genera un greu problema de benestar i un greu problema de cohesió social. I també els he de dir que tot plegat el que fa és abonar el brou de cultiu del creixent —‌estan tots dinant— feixisme. I pitjor encara, perquè mentre retallen en la inversió social que fan les comunitats autònomes, els marges de dèficit, en aquest cas de l’Estat, són destinats únicament i exclusivament, per exemple, o en una gran part, a l’increment de la despesa militar i armamentista, com ha demostrat any rere any el Govern espanyol, també en aquest cas, governi qui governi.

Mirin, nosaltres estem plenament compromesos amb la sostenibilitat de les finances públiques, però nosaltres també defensem que el retorn de les regles d’estabilitat es faci de manera coherent, i això vol dir que l’esforç que faci cada administració ha de ser proporcional a la despesa que fan els estats i les seves administracions. És que no és tan complicat.

Un altre greuge abans d’acabar, aquest molt flagrant: el dèficit en inversions. El dèficit que patim a Catalunya és, a banda de crònic, també sistemàtic i, val a dir, injustificable. Temps tindrem, espero, a parlar-ne i, òbviament, a posar-hi remei.

Dit això, l’acord que avui el Gobierno sotmet a debat i a votació recull, doncs, aquests objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic, així com el límit de despesa no financera de l’Estat, el sostre de despesa, encara que com de manera reiterada ens ha dit la vicepresidenta avui no s’aprova com a tal. I també un altre punt acumulat en aquest, que és el pla de reequilibri. És cert que els objectius s’han flexibilitzat lleugerament respecte al programa d’estabilitat enviat el passat mes d’abril a Brussel·les. Però també és cert que vostès presenten un pla de reequilibri extremadament exigent, una vegada més, amb la resta d’administracions i absolutament laxa amb l’administració estatal. És que, és clar, governar així, dirigir així és com no només fàcil, sinó extremadament descarat. Si parlen de comunitats autònomes i ajuntaments els hem de recordar que són precisament aquests, aquests territoris, els pobles, les ciutats, els micropobles, les autèntiques víctimes de la seva llei d’estabilitat, les autèntiques víctimes. Una llei que algú devia pensar, no sé si molt hàbilment o no, en el seu dia per sanejar les administracions que tenien problemes, en aquest cas financers, però també una llei que alhora ha suposat un llast i val a dir també un fre absolut a les grans transformacions, totes elles dignes i necessàries a ple segle XXI. És vital, doncs, que l’administració estatal reflexioni, al nostre entendre, És vital que repensi també el marc d’estabilitat pressupostària. L’han de simplificar. Han d’eliminar, sens dubte, la càrrega burocràtica. És imprescindible desburocratitzar els nostres ajuntaments. I sobretot, és cabdal poder facilitar la inversió pública tant a les comunitats autònomes com a les corporacions locals, sobretot en àmbits estratègics com el de la reindustrialització.

I ara sí que vaig acabant. Els republicans independentistes treballem sempre, sempre, sempre, per la defensa de Catalunya, per la defensa dels interessos dels i les catalanes. I aquest fet ens aporta sempre coherència i ens aporta sempre molta força. Dos elements clau a l’hora d’aconseguir els nostres objectius polítics. Per això avui els tornem a repetir —‌ja ho vàrem fer fa setmanes en el Consell de Política Fiscal i Financera— que no ens agrada el que avui ens presenten, perquè una vegada més vostès concentren el 90 % del marge de dèficit per a aquest any 2024. Però nosaltres també som molt conscients que només la consecució d’un estat propi podria garantir que Catalunya disposés de tots els recursos que genera per revertir-los a la ciutadania. Però també som els qui aprofitem, vicepresidenta, totes les finestres d’oportunitats que tinguem per millorar el finançament del nostre país, perquè això vol dir millorar també la vida dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per això vull recordar —‌acabo, presidenta—, perquè és important aquest punt, que els acords assolits en el marc de les negociacions per a la formació de Govern de l’Estat espanyol recullen aspectes clau, aspectes clau sobretot en matèria de finançament i d’execució d’inversions i requereixen també el desplegament corresponent mitjançant diferents comissions de treball entre governs per impulsar, òbviament, un finançament singular per a Catalunya i altres actuacions estratègiques de caràcter financer i també patrimonial.

Així doncs, avui farem un sí als objectius d’estabilitat pressupostària però un sí absolutament condicionat, condicionat a l’espera que l’executiu de Sánchez presenti el projecte de pressupostos. Uns comptes que exigim que prevegin tot allò subscrit en l’acord d’investidura, uns comptes que siguin bons i útils per a la ciutadania i el seu benestar, i també uns comptes —‌important— que aportin com a mínim un 19 % de les inversions a Catalunya a favor dels catalans i les catalanes. Els acords són per complir. Nosaltres en tenim un amb Catalunya. Vostès en tenen un amb nosaltres. I això no va de fer soroll. Això va de negociar, això va de dialogar, això va d’avançar i de complir. Tinc un amic, un bon amic, que sempre diu que un arbre que cau fa més soroll que cent arbres que creixen. Però que creixin arbres, senyories, i que gestionin bé els boscos és vital, vital per a totes i tots, també per a Catalunya. Moltes gràcies.

Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Afortunados los que habéis podido comer. Muy buen año a todas y a todos.

De entrada, déjenme decir que este año que acabamos de empezar sigue como los años que dejamos atrás; es decir, con deslealtades, ciertos desequilibrios, también con más de un agravio y también con abusos. De hecho, estas son solo algunas de las palabras que definen —‌y a mi entender lo definen bastante a la perfección— la relación del Estado con Cataluña, también con el País Valenciano y las Illes Balears, sobre todo cuando hablamos del reparto de recursos. Y alerto —‌alerto—, porque antes he escuchado alguna tentación, ya que unos y otros se van señalando. Ninguna de las dos bancadas debería mirar de reojo a la otra. El bipartidismo español siempre, siempre, haya tenido las claves de la caja quien las haya tenido —y‌a sea PSOE o PP—, ha compartido un denominador común absolutamente incuestionable, que es un desequilibrio vertical entre el Estado y los países catalanes. Desde el año 2009, cuando se puso en marcha el actual sistema de financiación, el Estado ha ido acaparando recursos del sistema y lo ha hecho en detrimento —y‌ es así, vicepresidente— de las comunidades autónomas, que año tras año han ido perdiendo peso, justamente, en el reparto de estos recursos que hoy nos ocupan. Déjenme que ponga un ejemplo de este desequilibrio. Entre el año 2012 y el año 2022 los ingresos del Estado y de las comunidades autónomas, obviamente, no han crecido con la misma proporción. De hecho, en absoluto; los del Estado han crecido el 90 % y los de las comunidades autónomas solo un 40 %.

Y ahora déjenme también contextualizar esta cifra, porque debemos tener presente que el periodo al que me he referido ha sido una época difícil, una época de crisis social y sanitaria, y quien concentra las competencias de bienestar y servicios sociales —‌pero no solo de esto, sino también de inversiones sociales y de inversión sanitaria— son las comunidades autónomas, por si alguien no lo sabía, y en ningún caso es el Estado. ¿Cómo se explica, pues, esta deslealtad del Estado con respecto a las comunidades? Entiendo que solo de una manera, se explica porque España no cree en el Estado descentralizado, ni más ni menos. España solo se puede concebir desde una óptica centralista y esto, evidentemente, lo hace todo muy difícil; de hecho, lo hace todo insostenible, económica y socialmente.

Aparte, a esto hemos de sumar que Cataluña —t‌ambién el resto de los países catalanes— soporta un déficit fiscal sostenido en el tiempo, que no viene de hoy. De hecho, es un déficit que ha llegado a duplicarse y en algunos momentos incluso se ha triplicado e incluso ha triplicado los niveles que en la experiencia comparada constituyen la norma de solidaridad entre los territorios que forman parte de un mismo Estado. Lo más importante de todo esto es que este déficit fiscal tiene un impacto negativo —n‌ o solo negativo, sino directo— sobre lo más importante, que son las personas, sobre el bienestar también de los y las catalanas.

Esta es la realidad, una realidad cargada de agravios, de deslealtades institucionales por parte del Gobierno central, un Gobierno que no solo es central, sino centralista, aparte de muy centrifugador. Agravios como los incumplimientos reiterados en el tiempo de la disposición adicional tercera del estatuto de Cataluña, del periodo 2009 a 2013, la financiación estatal de la ley de dependencia, las deudas del Fondo de Cohesión Sanitaria y los fondos de garantía asistencial o el personal de los nuevos tribunales de Justicia, entre muchos otros agravios. Deslealtades también, tales como los cambios normativos en el IRPF, la disminución de los tipos o el impuesto de la electricidad. También los cambios normativos en el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y, por ejemplo, también en los actos jurídicos documentados. Cambios normativos al resto de tributos cedidos en las deslealtades en la cartera de servicios, como decimos en mi pueblo, para parar un carro. En definitiva, es un auténtico despropósito.

Y atención, porque esto no acaba aquí; lo que se acaba es el tiempo. Hay más agravios, extremadamente flagrantes. El primero, el reparto extremadamente injusto de los objetivos de déficit. Las comunidades autónomas asumimos un tercio del gasto, pero el Estado nos asigna un 0 % al margen del déficit. Las comunidades autónomas gestionamos más de un tercio del gasto que se hace en el conjunto del Estado en materias tan importantes y relevantes como salud, educación o atención social. No contamos con un margen de déficit proporcional, obviamente, a este gasto. Y teniendo presente que este gasto es por inversión social, no solo es un problema de deslealtad institucional, que también —‌y si me permiten, también de violación del principio de subsidiariedad establecido por la Unión Europea—, sino que además genera un grave problema de bienestar y de cohesión social. También he de decirles que todo ello lo que hace es abonar el caldo de cultivo del creciente fascismo —‌están todos comiendo— (risas); peor todavía, porque mientras recortan la inversión social que hacen las comunidades autónomas, los márgenes de déficit, en este caso del Estado, están destinados única y exclusivamente, por ejemplo, o en una gran parte, al incremento del gasto militar y armamentista, como ha demostrado año tras año el Gobierno español, también en este caso gobierne quien gobierne. Nosotros estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también defendemos que el retorno de las reglas de estabilidad se haga de una manera coherente. Esto significa que el esfuerzo que haga cada Administración tiene que ser proporcional al gasto que hacen los Estados y sus administraciones. No es tan complicado. Y otro agravio antes de acabar, este muy flagrante: el déficit en inversiones. El déficit que sufrimos en Cataluña es, aparte de crónico, también sistemático e injustificable. Tendremos tiempo —‌espero— de hablar de ello y, obviamente, de ponerle remedio.

Dicho esto, el acuerdo que hoy el Gobierno somete a debate y votación somete estos objetivos de estabilidad presupuestaria: deuda pública, el límite de gasto, la financiación del Estado, el techo de gasto, así como ha dicho la vicepresidenta hoy de manera reiterada no se aprueba como tal, y también otro punto acumulado a este, que es el plan de reequilibrio. Es cierto que los equilibrios se han flexibilizado ligeramente respecto al programa de estabilidad enviado el pasado mes de abril a Bruselas, pero también es cierto que ustedes presentan un plan de reequilibrio extremadamente exigente una vez más con el resto de administraciones, y absolutamente laxo con la Administración estatal. Claro, gobernar así, dirigir así no solo es fácil, sino extremadamente descarado.

Si me hablan de comunidades autónomas y ayuntamientos, les recuerdo que son precisamente estos territorios —l‌os pueblos, las ciudades, los micropueblos— las auténticas víctimas de su ley de estabilidad, las auténticas víctimas. Es una ley que alguien debió pensar —‌no sé si muy hábilmente o no— para sanear las administraciones que tenían problemas, en este caso financieros, pero también en una ley que a la vez ha supuesto un lastre y también un freno absoluto a las grandes transformaciones, todas ellas dignas y necesarias en pleno siglo XXI. Es vital, pues, que la Administración estatal reflexione. A nuestro entender, es vital que vuelva a pensar el marco de estabilidad presupuestaria. Lo tienen que simplificar, tienen que eliminar, sin duda, la carga burocrática. Es imprescindible desburocratizar a nuestros ayuntamientos, y sobre todo es caudal poder facilitar la inversión pública tanto en las comunidades autónomas como en las corporaciones locales, sobre todo en ámbitos estratégicos como la reindustrialización.

Y ahora acabo. Los republicanos independentistas trabajamos siempre, siempre, siempre por la defensa de Cataluña, de los intereses de los y las catalanas, y esto nos aporta siempre coherencia y mucha fuerza, dos elementos claves a la hora de conseguir nuestros objetivos políticos. Por eso, hoy les repetimos —y‌ a lo hicimos hace semanas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— que no nos gusta lo que hoy nos presentan, porque una vez más ustedes conciertan el 90 % del margen de déficit para este año 2024. Somos muy conscientes de que solo la consecución de un Estado propio podría garantizar que Cataluña dispusiera de todos los recursos que genera para revertirlos a la ciudadanía, pero también somos los que aprovechamos, vicepresidenta, todas las ventanas y oportunidades que tengamos para mejorar la financiación de nuestro país, porque eso significa mejorar también la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso, quiero recordar que los acuerdos a los que hemos llegado en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno del Estado español recogen aspectos claves, sobre todo en materia de financiación y ejecución de inversiones; requieren también el despliegue correspondiente, por medio de diferentes comisiones de trabajo entre gobiernos, para impulsar, obviamente, una financiación singular para Cataluña y otras actuaciones estratégicas de carácter financiero y también patrimonial.

Así pues, hoy daremos un sí a los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero absolutamente condicionado a la espera de que el ejecutivo de Sánchez presente en el proyecto de presupuestos unas cuentas que exigimos que contemplen todo aquello suscrito en el acuerdo de investidura, unas cuentas que sean buenas y útiles para la ciudadanía y su bienestar, y también unas cuentas que lleven, como mínimo, un 19 % de las inversiones a Cataluña, a favor de los catalanes y catalanas. Los acuerdos son para cumplirlos. Nosotros tenemos uno con Cataluña y ustedes tienen uno con nosotros. Y esto no es para hacer ruido, esto va de negociar, de dialogar, de avanzar y de cumplir. Tengo un buen amigo que siempre dice que un árbol que cae hace más ruido que cien árboles que crecen. Pero que crezcan árboles, señorías, y que gestionen los bosques es vital para todos y todas, también para Cataluña.

Muchas gracias.

Diputats, molt bon dia a tothom, molt bon migdia a tothom ja. Ens trobem de nou davant del que podríem denominar una proposta típica del Govern de l’Estat a aquesta cambra. Típica en tres aspectes fonamentals, tant pel que fa al contingut de la proposta, pel que fa al seu efecte respecte a Catalunya i, finalment, pel que fa a la forma en què aquesta proposta s’ha portat a aprovació en aquesta cambra per part del Govern de l’Estat. I començaré, precisament, per aquest darrer aspecte, perquè no deixa de ser sorprenent que l’actual Govern de l’Estat s’entesti en no entendre que aquesta legislatura no serà com l’anterior. El seu plantejament dels darrers anys de reclamar suports als altres grups a canvi de res no pot formar part de la seva relació, de la relació del Govern amb el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Aquesta estratègia amb el nostre partit, senyora ministra, no els funcionarà. Els hem advertit des del primer dia. Hem sigut sincers des del primer dia advertint-los que aquesta estratègia no funcionaria. Pretendre fer veure que dialogar és negociar en aquest mandat no els servirà. I voler obtenir els suports necessaris aplicant constantment una política de fets consumats i traslladar-nos així la pressió a nosaltres, amb nosaltres això no donarà resultat. I mentre vulguin fer ho així, vostès estan abocats al contingut del que ha passat aquests dies: viure en la incertesa fins al darrer moment —q‌ ue no ens equivoquem, rima amb feblesa—, ser castigats permanentment per la dreta i l’extrema dreta, i passar per la vergonya d’haver-los de demanar auxili a ells —‌precisament a ells— per aprovar les seves mesures i, en conseqüència, reforçar el paper d’aquella dreta que, paradoxalment, vostès sempre presumeixen de voler aturar. I és que vostès han d’entendre que la nova realitat en què ens trobem és diferent a tot allò que hem viscut aquí en les anteriors legislatures. Ja no és vàlid allò que funcionava anteriorment i que podem entendre que tant els agradés, perquè òbviament obtenien grans suports a canvi de ben poca cosa. Però ara no s’hi entestin, no ho provin més. A dia d’avui, aquesta manera de fer política no és vàlida. Li ben asseguro, però, que l’alternativa a aquesta manera de fer política que vostès tenen des del Govern és ben fàcil de canviar i que doni resultats. Escoltar el que se’ls planteja des del principi i sense presses i negociar en positiu. No es tracta, com li deia, de dialogar, es tracta de negociar i fer-ho de veritat, perquè vostès han d’entendre que fer política sense voler perjudicar sempre Catalunya és possible i li ben asseguro que els donaria molts millors resultats. I parlant d’anar contra Catalunya, entro en el fons d’aquest punt d’avui del Ple. Vostès porten a aprovació unes propostes sota l’empara que són un mandat europeu. I és cert. Europa fixa com a objectiu d’estabilitat pressupostària el 3 % de dèficit per a aquest any, un 2,7 % per a l’any vinent, i un 2,5 % per al 2026. Fins aquí absolutament cap problema. Però Europa no estableix com s’ha de distribuir aquest dèficit. Europa no estableix com s’ha de distribuir aquest dèficit entre les diferents administracions públiques espanyoles. I aquí és on vostès, com sempre, aprofiten i van a la contra de Catalunya. Els successius governs de l’Estat, els de vostès i els de vostès, han fet la reducció del dèficit sempre, absolutament sempre, carregant l’esforç a les esquenes de les administracions autonòmiques i locals. I paradoxalment, aquestes són les administracions més pròximes als ciutadans i que tenen més càrrega en matèries de polítiques públiques, especialment en polítiques socials com ara educació, sanitat i serveis socials. I aquesta realitat, en una Catalunya mal finançada i víctima d’un dèficit fiscal absolutament desbocat, genera una situació perversa que és una llosa que ens ofega com a país i ens escanya com a ciutadans. Potser si entenguessin això que ara els explico, que és possible fer una política que no vagi en contra de Catalunya, entendrien el perquè del nostre posicionament en defensa dels ciutadans de Catalunya i per què no ens serveix que ens apliquin el que tant els ha funcionat en els darrers mandats.

I això que li explico és senzill, perquè de vegades de tan fàcil que és una situació alguns, a vostès concretament, potser no la saben llegir bé i erren en l’estratègia que han de tenir quan parlin, negociïn amb Junts per Catalunya. I per tant, m’explicaré una mica més a fons d’això que jo li explico. Com deia, a Catalunya ens apliquen un dèficit fiscal de 20 000 milions d’euros. Està aviat dit. Equival, però, al 8 % anual del PIB de Catalunya i, en conseqüència, per tant, tenim una Generalitat de Catalunya amb un finançament clarament insuficient per atendre les necessitats dels ciutadans. A més a més, vostès ens agreugen aquest infrafinançament centrifugant-nos els costos de les decisions que han adoptat des d’aquí, des del Govern de l’Estat. Però a més a més, incompleixen aquells compromisos de finançament que anteriorment havien aprovat, com serien els casos de la disposició addicional tercera o de la Llei de dependència, que perjudica un dels col·lectius més desafavorits de la nostra societat. Però si això fos poc, quan vostès elaboren els pressupostos per a Catalunya només assignen un 9 % del total de recursos econòmics dels Pressupostos Generals de l’Estat, quan a Catalunya hi viu un 16 % de la població de l’Estat i s’hi genera un producte interior brut del 19 % del PIB de l’Estat. Un 9 % de recursos quan haurien de ser un 16 o un 19 %. Però si a més a més ens mirem quina part del que s’ha previst inicialment en els pressupostos després s’executa, només s’acaba materialitzant un ridícul 35 % del que s’ha pressupostat. I algú ens podria dir: «Home, això deu passar a tot arreu. Deuen ser les dificultats d’execució dels pressupostos, de la Llei de contractació i del procediment administratiu.» Doncs no. Sense anar més lluny, aquí, en aquestes terres, a Madrid s’executa un 184 % d’allò que es pressuposta, el que implica que a Catalunya es destinen 94 euros dels Pressupostos Generals de l’Estat per a cada ciutadà, quan aquí a Madrid es dediquen 307 euros per a cada ciutadà de Madrid. 94 euros enfront 307, any rere any, pressupost rere pressupost, castigant els ciutadans de Catalunya.

Però això encara no és tot. La situació és més complexa. Quan hi ha mecanismes extraordinaris de finançament, com poden ser el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, vostès davant d’aquests mecanismes resulta que es queden tota la capacitat de gestió d’aquests mecanismes de decisió i només transfereixen a la Generalitat de Catalunya la feina administrativa, convertint-la en una mera gestoria d’aquests fons sense possibilitats d’intervenció real i de millora real sobre els ciutadans de Catalunya. I finalment, tota aquesta situació que li dibuixo encara la compliquen més quan vostès permeten i faciliten el dumping fiscal d’altres determinats territoris de l’Estat respecte a Catalunya aprofitant els nostres recursos que es queda l’Estat i, per tant, dificultant encara més el desenvolupament econòmic i social del nostre país.

I en tot aquest context, vostès ens venen sense entrar ni tan sols a negociar i pretenen que votem a favor de les seves propostes de complir una distribució interna dels objectius d’estabilitat pressupostària que, a més a més, penalitza totalment la Generalitat de Catalunya i les administracions locals. I m’explicaré amb dades en aquest últim punt. L’any 2014 l’objectiu d’estabilitat pressupostària fixat per la Unió Europea era del 5,8 % per a Espanya. Aquell any l’Estat es va quedar un 63 % d’aquell objectiu d’estabilitat pressupostària. A les comunitats autònomes aquell 2014 se’ls va permetre fins a un 17 % d’aquell objectiu de dèficit. Doncs ara per a aquest 2024, deu anys després, vostès proposen quedar-se el 90 % dels recursos provinents del dèficit autoritzat i assignar a les comunitats autònomes no un 33 % com fa deu anys, un ridícul 3,3 %. I de debò que amb tot això que jo els explico, aquest dibuix generalitzat, no entenen el nostre posicionament? De debò se sorprenen que no ens sentim part d’aquest Estat i que vulguem ser un país lliure i independent? De debò que no entenen en quin moment polític ens trobem i que per obtenir el nostre suport les coses s’han de fer diferents, les han de fer diferents des del Govern de l’Estat?

Aquest punt d’avui potser només és el primer tràmit per debatre d’aquí unes setmanes els Pressupostos Generals de l’Estat, però és evident, amb tot el que els he explicat, que si no fan les coses diferents el nostre vot per als pressupostos no l’obtindran. Nosaltres no formem part de cap bloc espanyol. Com deia abans, hem estat sincers i els ho hem explicat des del primer dia. A diferència d’altres, el nostre vot no el tenen captiu i a la seva disposició, només està a disposició dels ciutadans de Catalunya. Per tant, facin política, negociïn de veritat, facin política sense voler perjudicar sempre d’una manera o altra Catalunya, perquè si ho fan d’aquesta manera, en positiu, ens hi trobaran. Moltíssimes gràcies i visca Catalunya.

Muchas gracias, presidenta. Diputadas, diputados, muy buenos días a todos, muy buen mediodía a todos. Nos encontramos de nuevo ante lo que podríamos denominar una propuesta típica del Gobierno del Estado en esta Cámara. Típica en tres aspectos fundamentales: en lo que respecta al contenido de la propuesta, en cuanto a su efecto respecto a Cataluña y, finalmente, en lo que se refiere a la forma en que esta propuesta se ha llevado a aprobación en esta Cámara por parte del Gobierno del Estado. Y empezaré precisamente por este último aspecto, porque no deja de ser sorprendente que el actual Gobierno del Estado se empeñe en no entender que esta legislatura no será como la anterior. Su planteamiento de los últimos años de reclamar apoyos a los otros grupos a cambio de nada no puede formar parte de la relación del Gobierno con el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya. Esta estrategia con nuestro partido, señora ministra, no les funcionará. Les hemos advertido desde el primer día. Hemos sido sinceros desde el primer día advirtiéndoles de que esta estrategia no funcionaría. Pretender hacer ver que dialogar es negociar en este mandato no les servirá. Y querer obtener los apoyos necesarios aplicando constantemente una política de hechos consumados y trasladarnos así la presión a nosotros, con nosotros eso no dará resultado. Mientras quieran hacerlo así, ustedes están abocados a lo que ha pasado estos días. Vivir en la incertidumbre hasta el último momento, no nos equivoquemos, rima con la palabra en catalán feblesa, o sea, debilidad, ser castigados permanentemente por la derecha y pasar la vergüenza de tener que pedirles auxilio a ellos, precisamente por aprobar sus medidas y, en consecuencia, reforzar el papel de aquella derecha que, paradójicamente, ustedes siempre presumen querer detener. Ustedes tienen que entender que la nueva realidad en la que nos encontramos es diferente a todo aquello que hemos vivido aquí en las anteriores legislaturas. Ya no vale lo que funcionaba anteriormente y que entendemos que tanto les gustaba porque obtenían grandes apoyos a cambio de poco. Ahora no se empeñen en ello, no prueben más, no lo intenten más. Hoy en día esta manera de hacer política no es válida, pero les aseguro que la alternativa a esta manera de hacer política que ustedes tienen desde el Gobierno es bien fácil de cambiar y de que dé resultados: escuchar lo que se les plantea, desde el principio y sin prisas, y negociar en positivo. No se trata, como les decía, de dialogar; se trata de negociar y hacerlo de verdad, porque ustedes tienen que entender que hacer política sin querer perjudicar siempre a Cataluña es posible y les aseguro que les daría muchos mejores resultados. Y hablando de ir contra Cataluña, entro en el fondo de este punto de hoy del Pleno. Ustedes llevan a aprobación unas propuestas bajo el amparo de que son un mandato europeo. Y es cierto, Europa fija como objetivo de estabilidad presupuestaria el 3 % de déficit para este año, un 2,7 para el año que viene y un 2,5 para 2026. Hasta aquí, absolutamente ningún problema, pero Europa no establece cómo tiene que distribuirse este déficit. En Europa no se establece cómo se tiene que distribuir este déficit entre las diferentes administraciones públicas españolas. Y aquí es donde ustedes, como siempre, aprovechan y van en contra de Cataluña. Sucesivos gobiernos del Estado, los de ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y los de ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), han hecho la reducción del déficit siempre, absolutamente siempre, cargando el esfuerzo a las espaldas de las administraciones autonómicas y locales y, paradójicamente, estas son las administraciones más próximas a los ciudadanos y que tienen más carga en materia de políticas públicas, especialmente en políticas sociales, como, por ejemplo, educación, sanidad y servicios sociales. Esta realidad, en una Cataluña mal financiada y víctima de un déficit fiscal absolutamente desbocado, genera una situación perversa. Es una losa que nos ahoga como país y como sus ciudadanos. Quizá si entendiesen eso que ahora les explico, sería posible hacer una política que no fuera en contra de Cataluña, entenderían el porqué de nuestro posicionamiento en defensa de los ciudadanos de Cataluña y por qué no nos sirve que nos apliquen lo que tanto les ha funcionado en los últimos mandatos. Eso que les explico es sencillo, pero a veces, de tan fácil que es una situación, algunos, ustedes concretamente (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), quizá no lo saben leer bien y se equivocan en la estrategia cuando hablan y negocian con Junts. Por lo tanto, me explicaré un poco más a fondo. Como decía, en Cataluña nos aplican un déficit fiscal de 20 000 millones de euros, pero que equivale al 8 % anual del PIB de Cataluña. En consecuencia, tenemos una Generalitat de Catalunya con una financiación claramente insuficiente para atender las necesidades de los ciudadanos. Además, ustedes nos agravian esta infrafinanciación centrifugándonos los costes de las decisiones que han adoptado desde aquí, desde el Estado. Y además, incumplen estos compromisos de financiación que anteriormente habían aprobado, como serían los casos de la disposición adicional tercera o de la ley de dependencia, que perjudica a uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y por si eso fuese poco, cuando ustedes elaboran los presupuestos para Cataluña, solo le asignan un 9 % del total de los recursos económicos de los presupuestos generales del Estado cuando en Cataluña vive un 16 % de la población del Estado y se genera un producto interior bruto del 19 % del PIB del Estado; un 9 % de recursos, cuando debería ser un 16 o un 19 %. Si además miramos qué parte prevista inicialmente es la que después se ejecuta, solo se acaba materializando un ridículo 35 % de lo que se presupuesta. Y alguno nos podría decir: hombre, esto debe pasar en todas partes, deben ser las dificultades de los presupuestos, del procedimiento administrativo. Pues no. Sin ir más lejos, aquí, en esta tierra, en Madrid, se ejecuta un 184 % de lo que se presupuesta, que implica que en Cataluña se destinen 94 euros de los presupuestos generales del Estado para cada ciudadano cuando en Madrid se dedican 307 euros para cada ciudadano: 94 euros frente a 307, año tras año, presupuesto tras presupuesto, castigando a los ciudadanos de Cataluña.

Pero eso no es todo. La situación es más compleja. Cuando hay mecanismos extraordinarios de financiación, como puede ser el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ustedes, ante estos mecanismos, se quedan con toda la capacidad de gestión de estos mecanismos de decisión y solo transfieren a la Generalitat de Catalunya la tarea administrativa, convirtiéndola en una mera gestoría de estos fondos, sin posibilidad de intervención real y de mejora real sobre los ciudadanos de Cataluña. Y, finalmente, toda esta cuestión que les dibujo aún la complican más cuando ustedes permiten y facilitan el dumping fiscal de determinados territorios del Estado respecto a Cataluña, dificultando todavía más el desarrollo económico y social de nuestro país.

En todo este contexto, ustedes vienen y, sin entrar siquiera a negociar, pretenden que votemos a favor de sus propuestas de cumplir una distribución interna de los objetivos de estabilidad presupuestaria que, además, penaliza totalmente a la Generalitat de Catalunya y a las administraciones locales. Y me explicaré con datos en este último punto. En el año 2014, el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por la Unión Europea era del 5,8 % para España. Aquel año, el Estado se quedó un 63 % de aquel objetivo de estabilidad presupuestaria. A las comunidades autónomas, aquel 2014 se les permitió hasta un 17 % de aquel objetivo de déficit. Pues ahora, para este 2024, diez años después, ustedes proponen quedarse el 90 % de los recursos provenientes del déficit autorizado y asignar a las comunidades autónomas no un 33 %, como hace diez años, sino un ridículo 3,3 %. ¿De verdad que con todo esto que yo les cuento ―este dibujo generalizado― no entienden nuestro posicionamiento? ¿De verdad se sorprenden de que no nos sintamos parte de este Estado y que queramos ser un país libre e independiente? ¿De verdad que no entienden en qué momento nos encontramos y que, para obtener nuestro apoyo, las cosas tienen que hacerse de forma diferente en política desde el Gobierno del Estado? Este punto de hoy quizá solo es el primer trámite para debatir dentro de unas semanas los presupuestos generales del Estado, pero con todo lo que les he contado es evidente que, si no hacen las cosas diferentes, nuestro voto para los presupuestos no lo obtendrán. Nosotros no formamos parte de ningún bloque español. Hemos sido sinceros y se lo hemos dicho desde el primer día: a diferencia de otros, no nos tienen cautivos y nuestro voto no está a su disposición, solo está a disposición de los ciudadanos de Cataluña. Por lo tanto, hagan política y negocien de verdad; hagan política sin querer perjudicar siempre de un modo u otro a Cataluña. Si lo hacen de esta manera, en positivo, nos encontrarán ahí.

Muchas gracias y visca Catalunya!

Gracias, señor presidente. Señorías, eguerdi on. Nosotros vamos a votar probablemente a favor de estas reglas fiscales y de estos objetivos fiscales o de estabilidad, pero también queremos ser sinceros: lo hacemos porque no son sino la puerta que abre el camino a unos presupuestos generales del Estado que queremos acordar, que queremos negociar y que queremos pactar, y no porque nos gusten ni las reglas fiscales, ni los objetivos de estabilidad que derivan de eso que no se vota hoy, como bien ha recordado la vicepresidenta, pero que es el techo de gasto. Y lo hacemos desde la experiencia vivida en Europa y desde la experiencia vivida en otras latitudes. Desde que empezaron las lógicas de los techos de gasto y las reglas fiscales armonizadas a esos techos de gasto ―y se puede ver en Argentina desde la década de los noventa― no han hecho sino percutir de manera negativa sobre las clases populares, sobre la clase trabajadora fundamentalmente, en detrimento de sus derechos, en detrimento de su dignidad y, sobre todo, en la mercantilización de sus propias vidas. Por tanto, como digo, votaremos a favor de esto en tanto en cuanto es la puerta que posibilita, que abre la posibilidad de una negociación de los presupuestos generales del Estado y no tanto del mecanismo en sí.

Y ya entrando a la casuística concreta que se nos plantea, sí quiero señalar una cuestión. Se habla del objetivo de déficit en un 3 %, se señala que un 2,9 % corre a cargo o lo asume el propio Estado, un 0,1 % las comunidades autónomas y un 0 % los ayuntamientos. Es verdad, es cierto que es mucho mejor que lo que se trajo en abril para con las comunidades autónomas o los ayuntamientos, pero aun con todo seguimos pensando que en una realidad tan descentralizada como es el actual Estado español quizás no sea el nivel compensatorio más adecuado este 2,9 % y 0,1 %, porque hay comunidades autónomas que asumen un gran coste y un gran gasto por la gestión y el ejercicio de sus propias competencias, incluso desarrollando derechos más allá de los que el propio Estado piensa o dimensiona. Por poner un ejemplo ―y es de hace ya bastante tiempo―, la propia renta de garantía de ingresos de la Comunidad Autónoma vasca. Cuando aquí no existía, la Comunidad Autónoma vasca decidió ponerla en pie, y cuando la puso en pie no solo la puso en pie a modo teórico, sino que la llevó a efecto en lo práctico soportando con su gasto, con sus recursos, la prestación a la que estoy haciendo mención. Ese tipo de cosas, como digo, con este 0,1, no es tan concreto, pero sí cualquier otra puede quedar de alguna manera un poco tergiversada. Creemos que el porcentaje pudiera ser más adecuado.

En cualquier caso, como le decía, no nos gustan estos mecanismos financieros porque la experiencia nos demuestra ―y es verdad que en los últimos años se han podido hacer otras cosas― que la propia existencia de este mecanismo es un asidero, es una manilla a la que se agarran con relativa frecuencia las derechas y el neoliberalismo para, como señalaba antes, castigar los derechos de las clases populares: para más recortes y para más privatizaciones. Y si antes he hablado de Argentina, podría hablar de Grecia, podría hablar incluso de la denominación que el Estado español, junto con otros, tuvo que compartir durante esos años aciagos del austericidio, los PIGS, países desde luego pobres. Nosotros creemos que lo que pueden hacer es utilizar el incremento citado, el del 0,5 con respecto al año pasado, es decir, los 199 120 millones de euros, para fortalecer la inversión pública y para ensanchar los derechos de la ciudadanía. Y no siempre puede ser negativo recortar algo; hay gasto superfluo que quizás pueda ser recortado, hay realidades inservibles o incluso alguien diría que inútiles por anacrónicas que podrían ser recortadas. Sé que no es el horizonte ni el deseo de este Gobierno, pero a nosotros no nos preocuparía nada que se recortaran los gastos de la Casa Real o del propio ejército, aunque a la ministra de Defensa esto no le gustará. Pero, como le digo, vamos a apoyar la viabilidad, el desarrollo y que este decreto o esta votación no caiga por lo que supone para poder negociar los presupuestos generales del Estado.

Y voy terminando. Nosotros les pedimos una única cuestión: que sean valientes y que avancen en la protección social para los sectores más desfavorecidos. Nosotros vamos a ser exigentes pero a la par constructivos. Y lo que nosotros creemos es que a este Gobierno, al Gobierno que actualmente preside el Estado español, le toca dar certidumbre, protección y más derechos a la ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar por darle eso mismo a la ciudadanía de Euskal Herria: certidumbre, protección y más derechos. Y somos conscientes de que, en la medida en que compartimos un marco legislativo común en muchos casos, en muchas cuestiones, aquello que consigamos para la ciudadanía de Euskal Herria, para la mayoría social de Euskal Herria, serán mejoras que consigamos también para las clases trabajadoras o para las mayorías populares del Estado español. En la legislatura anterior se dieron pasos positivos y no los hemos negado, lo que les pedimos es que no los desanden, porque esa es la mejor campaña que pueden hacer frente al catastrofismo y a la involución en derechos que nos ofrecen las derechas.

Hori dela eta, aro erabakigarria hasten dugu orain, bai Gobernuarentzat eta baita herritarren eskubideentzat ere. Gaur, onartuko ditugun neurrien ostean, aurrekontuen eztabaidari ekingo diogu. Eta ozen diogu aurrekontua onartzeko baldintza argi bat dagoela: eskubide eta askatasunetan sakontzea, jendearen babesa handitzea eta langileen lan baldintzak hobetzea. Horiek izango dira gure lehentasunak aurrekontuen negoziazioan, iazko aurrekontuetan bezala. Beraz, hitz egiteko eta guztiekin ados jartzeko ordua da. Ez ahaztu, determinazioz eta ausardiaz lan egitea dagokigu orain, ondoren ez damutzeko.

Besterik ez. Mila esker.

Por ello, empezamos ahora una fase decisiva tanto para el Gobierno como para los derechos de la ciudadanía. Hoy vamos a aprobar estas medidas y después trataremos los presupuestos. Y queremos dejar constancia de que hay una condición para aprobar los presupuestos: profundizar en los derechos, proteger a la ciudadanía y también mejorar las condiciones de los y las trabajadoras. Esas van a ser nuestras prioridades en las negociaciones del presupuesto, al igual que hicimos el año pasado en la aprobación del presupuesto. Por lo tanto, es el momento de poder pactar y de ponernos de acuerdo, pero para ello hay que trabajar con determinación y con valentía. Es lo que nos toca ahora para no arrepentirnos después.

Sin más, gracias.

Gracias, presidenta. Según conocemos, las nuevas reglas fiscales acordadas en Europa buscan equilibrar flexibilidad con responsabilidad fiscal y adoptar por tanto enfoques más flexibles por país en función de su situación de partida, pero es verdad también que obligarán a realizar un mayor esfuerzo de consolidación presupuestaria a los países que se encuentren lejos de los límites planteados, entre los que se encuentra España. Mi grupo siempre ha defendido la necesidad de tener en cuenta la realidad territorial, económica y fiscal a la hora de establecer estos objetivos, específicamente en el caso de las comunidades forales, que disponen de una autonomía fiscal que les permite adoptar decisiones de gasto financiadas por aumentos de tributos que ellas mismas regulan. Además, en el caso de los territorios forales, los objetivos de estabilidad han de ser pactados y negociados en la Comisión mixta de concierto y convenio, que aún no ha tenido lugar y hoy, por tanto, no se debaten en este hemiciclo. El Gobierno, sin embargo, presenta una distribución de los objetivos de déficit entre subsectores que sigue siendo simétrica, no tiene en cuenta la posición fiscal de partida de las comunidades autónomas y de las entidades locales, por lo que algunas administraciones podrán cumplir estos objetivos holgadamente, mientras que otras no lo harán. Si Europa establece sendas más flexibles, diferenciadas por país, entendemos que el Gobierno debiera también aterrizar esas sendas fiscales diferenciadas al esquema descentralizado y competencial del Estado, atendiendo a la situación subyacente y de partida de las finanzas públicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, de forma que se asegure su capacidad de inversión y de gasto en políticas públicas de su competencia. Es algo que siempre hemos venido defendiendo desde el Grupo Vasco, y más si cabe una vez que entren en vigor las reglas fiscales. Horregatik, oraindik ere beharrezkoa da aurrekontu egonkortasunari eta finantza egonkortasunari buruzko legea aldatzea, egonkortasun zor eta defizit helburua eraginkortasunez eta errealitatera egokituta aplikatzeko, Estatuaren erakunde arkitekturaren arabera, eta gastu arauaren definizioa eta aplikazioa aldatzeko. Hori guztia zertarako? Doikuntza fiskala eta autonomia erkidegoen eta toki erakundeen gaitasunak ez itotzeko eta trantsizioa ekologikoan erronka demografikoan eta digitalean inbertitzeko premiekin bateragarria izan dadin. Eta zerga doikuntza, zerbitzu publikoak eta ongizate estatua bermatzeko beharrezko neurriak indartu ditzan, gizarte zerbitzuetan, osasunaren, hezkuntzaren eta etxebizitzaren arloko eskumenak kaltetu edo murriztu gabe. Autonomia erkidegoen eta toki erakundeenak diren eskumenak.

Por ello, sigue siendo más necesario que nunca aplicar y cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Hay que adaptarla a la realidad y de acuerdo a la arquitectura institucional del Estado y hay que modificar también la definición y aplicación de la regla de gasto.¿Y todo ello para qué? Para que los ajustes fiscales no ahoguen las capacidades de las comunidades autónomas y entidades locales y sean compatibles con las necesidades de inversión en los retos demográfico y digital y en la transición ecológica, en lo que hay que avanzar a corto y medio plazo, y que el ajuste fiscal refuerce las medidas necesarias para garantizar los servicios públicos y el Estado del bienestar, sin menoscabo o merma de las competencias en materia de servicios sociales, sanidad, educación y vivienda, competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

En cuanto al déficit, lo que nos presenta es un objetivo del 3 % para el conjunto de las administraciones. Decía usted, señora Montero, que se alcanzará con un mayor esfuerzo de la Administración central a cambio de flexibilizar la senda para las comunidades autónomas y entidades locales, según sus palabras, para permitirles desarrollar sus políticas de bienestar, dejando atrás los objetivos recogidos en el programa de estabilidad de abril, que eran mucho más restrictivos. Sin embargo, permítame que difiera de esta afirmación. No compartimos que el mayor esfuerzo en los objetivos de déficit lo haga la Administración; según se lean los datos, el esfuerzo difiere. La Administración central y la Seguridad Social consumen prácticamente un 97 % de todo el objetivo de déficit, dejando para las comunidades autónomas y las entidades locales un 3 %. Y si miramos esto con perspectiva temporal el esfuerzo en la reducción de déficit, por ejemplo, desde el año 2020, vemos que las comunidades autónomas estaban consumiendo en torno a un 11 % de déficit y ahora están consumiendo un 3 %; en cambio, la Seguridad Social y la Administración central, que estaban consumiendo un porcentaje de en torno al 89 %, en estos momentos van a consumir un 97 %. Y todo ello en tiempos de recaudación fiscal récord y, además, con ingresos extraordinarios provenientes de los fondos europeos.

En cuanto a la deuda, algo parecido: el objetivo de deuda lo sitúan en el 106,3 % en 2024. En este caso, también quien menos esfuerzo realiza es la Administración General del Estado. De hecho, su participación porcentual en la deuda no disminuye, sino que aumenta. Así, entendemos que el reto al que deben atender las nuevas reglas fiscales es no solo disminuir esa deuda, sino, a su vez, ser capaces de invertir en los retos que conllevan la transformación digital, la transición ecológica y el reto demográfico, con las nuevas limitaciones presupuestarias derivadas de las reglas fiscales. Y es aquí donde entra una de las preocupaciones que ya hemos citado, porque tanto comunidades autónomas como entidades locales van a estar nuevamente limitadas, además de por el déficit y la deuda, por la famosa regla de gasto y el destino obligatorio del superávit presupuestario, una limitación ―la de la regla de gasto―, si cabe, más relevante en aquellas situaciones en las que hay un aumento importante de ingresos, como la que se prevé en 2024. Dado que el crecimiento del gasto tendrá que respetar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía, parece razonable que en una situación de ingresos crecientes se generarán superávits presupuestarios. Y aquí surge de un problema, porque la ley orgánica de estabilidad establece que ese superávit debe destinarse a reducir el nivel de endeudamiento neto y la única excepción es la realización de inversiones financieramente sostenibles. Esto es lo que estaría en vigor, salvo que nos diga que se prevé una modificación a la mayor brevedad posible.

Beraz, zerga arauak kritikatzen jarraitzen dugu, nire taldeak eta beste erakunde batzuk aspaldidanik egin izan dugun bezala. Bereziki, gastu araua kritikatzen dugu, honek ez lukeelako mugatu behar autonomia erkidegoek eta toki erakundeek beren herritarren mesederako politika publiko eta sozialetan gasturik edo inbertsiorik egiteko duten autonomia eta ahalmena, baita horiek superabita dutenean eta helburua betetzen dituztenean.

Por tanto, seguimos criticando las normas tributarias, como hemos venido haciendo desde hace años mi grupo y otras instituciones. Especialmente, criticamos la regla de gasto, porque no debería limitar la autonomía y la capacidad de las comunidades autónomas y entidades locales para realizar gastos o inversiones en políticas públicas y sociales que redunden en beneficio de su ciudadanía, incluso cuando estos estén saneados, es decir, cuando tienen superávit y cumplen sus objetivos.

El Gobierno también nos informa del techo de gasto. Permítame también que muestre mis dudas frente a los que hablan de gasto récord, histórico, cuando lo cierto es que este gasto aumenta un 0,5 % respecto del año pasado, pero si lo ponemos en perspectiva, cuando lo comparamos con lo que crecerá el PIB, resulta que tenemos una reducción del techo de gasto. Y si además lo comparamos con la inflación media, que se sitúa en torno al 3,6 %, podemos decir que se gasta menos en términos reales. De todas formas, el cuadro macro no deja de ser una foto finish de un momento determinado, que ofrece referencias útiles para la toma de decisiones y que, de no materializarse en políticas presupuestarias concretas, de nada vale.

Por último, hay que decir que hay dos hechos que también nos preocupan: que desconocemos el informe de la Abogacía del Estado que establece que si los objetivos que hoy debatimos no son aprobados por ambas Cámaras los objetivos de déficit serán los comunicados a Bruselas en ese programa de estabilidad, con una sendas, desde luego, mucho más restrictivas para comunidades autónomas y entidades locales y que obligarían a ajustar presupuestos autonómicos y municipales, y, de otro lado, las manifestaciones de la AIReF, que se ha mostrado muy crítica con el plan de reequilibrio porque dice que no se ajusta a la ley y duda de sus previsiones. A nuestro juicio, el plan planteado debiera servir para la reconstrucción de los márgenes de actuación fiscal ante futuras crisis, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y para ser, a su vez, compatible con el diseño de una política presupuestaria que mantenga su tono expansivo para mantener y mejorar el estado de bienestar, pero también valorando con rigor cualquier decisión que suponga un aumento estructural del gasto público. En este sentido, también mostramos nuestras dudas, porque lo presentado es un plan genérico que hace un repaso a la planificación de los últimos tres años y una previsión para el trienio 20242026, pero no establece nada acerca de las nuevas medidas de gasto que va a asumir el Gobierno ni tampoco de las medidas a adoptar para reducir el déficit y la deuda para lograr los objetivos que ellos mismos han planteado. Un plan que, a pesar de la falta de precisión, entendemos que puede ser un punto de partida; un plan vivo que se tendrá que ir ajustando a la medida de la evolución del crecimiento económico para ir adoptando, desde luego, las decisiones de política fiscal, gasto e inversión pertinentes para ir reequilibrando esas cuentas, porque también es cierto que todas las previsiones económicas de todos los años anteriores se han visto superadas, y es que la economía no es una ciencia exacta.

Somos conscientes de las limitaciones de la gobernanza europea, del contexto geopolítico y geoeconómico aún incierto a nivel mundial, y de las tensiones políticas internas en el Estado, y por ello entendemos que es necesaria una estabilidad económica y política y que, junto a la oportunidad que nos ha brindado Europa con los fondos Next, se pueda avanzar hacia la transformación de la economía. Usted dispone de la mejor herramienta para lograrlo, que es la política presupuestaria, y hoy, a pesar de las críticas expresadas por nuestro grupo, entendemos que es mucho mejor continuar con la tramitación de estos objetivos que quedarnos en otros peores, ya que estos, de aprobarse, son una mejor antesala al proyecto de presupuestos generales del Estado.

Edozelan ere, berriz diot eztabaida honetan honako hauek falta dirazela: itun eta hitzarmen batzorde mistoen aldebiko akordioa, epe laburrean finantza aldetik iraunkorrak diren inbertsioak baino figura zabalago bati heltzea, autonomia erkidegoen eta toki erakundeen inbertsio ahalmena eta gizarte politikoen erapena ez mugatzeko, eta, epe ertainera, egonkortasunari buruzko lege organikoaren aldaketa, egonkortasun helburuak banatzeko modu berriak eta gastu arauaren diseinu eta aplikazio berria jasotzen dituena.

Eskerrik asko.

En cualquier caso, insisto, en este debate echamos en falta lo siguiente: acuerdo bilateral de las comisiones mixtas de concierto y convenio; a corto plazo, abordar una figura más amplia que las inversiones financieramente sostenibles para no limitar la capacidad inversora de las comunidades autónomas y entidades locales, y el despliegue de las políticas sociales; y, a medio plazo, la modificación de la ley orgánica de estabilidad, que recoge las nuevas formas de distribución de los objetivos de estabilidad y el nuevo diseño y aplicación de la regla de gasto.

Gracias.

Gracias, presidente. Señora ministra, la aprobación del techo de gasto por parte de este hemiciclo es una derivada de la reforma del artículo 135 de la Constitución que pactaron Partido Popular y Partido Socialista. En el verano de 2011, efectivamente, se impuso el mandato de unas élites europeas que nos recetaron austeridad y recortes para salir de la crisis, incluyendo medidas arbitrarias, por no decir mágicas, como los objetivos de déficit. Esas políticas económicas fueron un fracaso sin paliativos, retrasando la recuperación económica y condenando a buena parte de la población española a niveles de pobreza y desigualdad francamente insoportables. Esta política presupuestaria cambió sustancialmente en el año 2020, con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno y, sobre, todo, con la respuesta contracíclica que se les dio a las crisis de la COVID y de la guerra de Ucrania. El techo de gasto que aprobamos hoy continúa en buena medida esa lógica expansiva de la anterior legislatura, pero ya se ven en el horizonte esas lógicas de la Unión Europea, que quiere la austeridad de vuelta. Podemos nació con la idea de que las políticas austericidas impuestas desde instituciones sin control democrático suponían un error que solo beneficiaba al 1 % más rico. Por eso, vamos a votar a favor de un presupuesto expansivo y vamos a votar en contra de futuros recortes que cercenen los derechos sociales y económicos de la mayoría social. Ya sabemos que reducir el déficit y la deuda pública se puede hacer fundamentalmente por dos vías: una es la vía de los recortes y otra es la vía del aumento de los impuestos a las grandes fortunas. Y también sabemos lo que pasa cuando un Gobierno, teóricamente de izquierdas, aplica el programa de los mercados, y sirva de ejemplo el caso de Grecia. Por eso pensamos que nuestro país todavía no ha acometido la reforma fiscal que requiere. Según datos de Eurostat, en 2022 España se situaba en ingresos públicos sobre el PIB por debajo de la media de los países de la Unión

Europea. Y si bien el Gobierno asume que los ingresos públicos en este ejercicio pueden subir un 9 %, los expertos sostienen que también con ese aumento de la reforma fiscal podríamos elevarnos a un 12 % de la recaudación. ¿Cómo? Por ejemplo, eliminando las deducciones del IRPF a las pensiones privadas, que minan las arcas públicas a favor de los más ricos, como está señalando la AIReF. Por ejemplo, subiendo la tributación mínima del impuesto de sociedades para las grandes empresas, que siguen pagando cantidades ridículas frente a lo que pagan las pymes. O, por ejemplo, aumentando el IRPF para las rentas del capital y del trabajo del 1 % más rico, que es donde se concentra la mayor brecha de la desigualdad.

Por, último, quería aprovechar esta breve intervención para mostrar nuestro profundo rechazo al acuerdo de reglas fiscales europeas que ha acabado liderando este Gobierno. Yo creo que resulta contradictorio que la ministra Montero critique las políticas austericidas y que, a la vez, alabe el acuerdo de las reglas fiscales al que ha llegado su compañera, la señora Calviño. Consideramos que no se ha reforzado a los países del sur de Europa y que finalmente ha claudicado ante las posiciones austericidas de las élites económicas del norte de Europa. En vez de conseguir un acuerdo basado en la progresiva abolición de reglas arbitrarias de reducción de déficit y deuda y avanzar hacia proyectos presupuestarios acordes con la realidad de cada país, creemos que se han reforzado estas reglas y que se nos podría llegar a imponer tener un déficit del 1,5 %, sin tener en cuenta las necesidades sociales y económicas del país.

Volver a la austeridad, como decíamos, sería un enorme error, un error que nos haría retroceder una década y cuyos efectos ya estamos pudiendo ver en otras latitudes, como Alemania, con una economía en recesión, un fuerte malestar social y más gasolina para la extrema derecha. Desde Podemos esperamos que en esta legislatura haya margen fiscal para hacer políticas sociales avanzadas e inversión en el tejido productivo. Allí nos podemos encontrar siempre con el Gobierno; en las recetas de los hombres de negro y en los recortes, ustedes ya saben que no será posible.

Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señor presidente. A Comisión Europea vén de impor voltar ás regras de estabilidade macroeconómica e financeira, voltar ao control de déficit, redución da débeda e o seu mantemento, magnitudes que consideran sustentábeis a longo prazo, unhas normas que foran suspendidas ou flexibilizadas para poder enfrontar o gasto público preciso para facer fronte á crise económica e social destes anos. Dentro deste marco xeral co cal o BNG non concorda, é de destacar as graves consecuencias que os obxectivos de déficit van ter para as comunidades autónomas para as que a proposta fixa un obxectivo de 0,1. Isto é absolutamente inxusto, se tomamos en conta que a capacidade de déficit para o conxunto das Administracións, xa limitado, que nós rexeitamos, é de 3 %. O Estado reserva, por tanto, para si 2,7 + 0,2, 2,9, 97 % da capacidade total. E máis, para os seguintes exercicios de 2025 e de 2026, desaparece o déficit para as comunidades autónomas, atentando contra a súa autonomía financeira e limitando a súa capacidade de gasto. Lembramos: son as que soportan o peso do gasto do investimento correspondente a servizos públicos fundamentais como sanidade, educación e servizos sociais. Isto é un argumento máis para lembrar a necesidade dun sistema de financiamento xusto que garanta que a totalidade dos impostos pagados na Galiza repercuta no financiamento dos nosos servizos públicos, así como da reclamación ao Estado que compense a débeda histórica en investimentos no noso país. O mesmo acontece para os obxectivos da débeda pública sobre o PIB para o período 2024-2026. Prímase a capacidade de mandamento á Administración Xeral do Estado en detrimento das comunidades autónomas e entidades locais. En canto ao límite de gasto non financeiro para os Orzamentos Xerais do Estado de 2024, consideramos dubidoso que poida ser suficiente para atender os investimentos necesarios e para dotarse de flexibilidade para facer fronte ás emerxencias imprevistas e preocúpanos que isto poida derivar en recortes. Nós consideramos necesario continuar unha política económica e fiscal expansiva para reforzar os servizos públicos e potenciar a recuperación de emprego e cremos que isto vai xustamente na dirección contraria. En todo caso, como un xesto de confianza e de inicio dun proceso de negociación duns orzamentos, a pesar das nosas discrepancias con esta proposta duns orzamentos que teñen que cumprir con Galiza, non impediremos que saia adiante. Votaremos favorabelmente, a pesar, insisto, de que somos enormemente críticos co que hoxe aquí se propón. Moitísimas grazas.

Gracias, señor presidente. La Comisión Europea acaba de imponer volver a las reglas de estabilidad macroeconómica y financiera; volver al control del déficit, a la reducción de la deuda y su mantenimiento en magnitudes que se consideran sostenibles a largo plazo. Unas normas que habían sido suspendidas o flexibilizadas para poder hacer frente al gasto público necesario para hacer frente a la crisis económica y social de estos años. Dentro de este marco general, con el cual el BNG no está de acuerdo, cabe destacar las graves consecuencias que los objetivos de déficit van a tener para las comunidades autónomas, para las que la propuesta fija un objetivo del 0,1. Esto es absolutamente injusto si tenemos en cuenta que la capacidad de déficit para el conjunto de las administraciones, ya limitado y que rechazamos, es del 3 %. El Estado, por tanto, se reserva para sí un 2,7 más 0,2, el 2,9; es decir, el 97 % de la capacidad total. Es más, para los siguientes ejercicios de 2025 y 2026 desaparece el déficit para las comunidades autónomas, atentando contra su autonomía financiera y limitando su capacidad de gasto. Y recordamos, ellas son las que soportan el peso del gasto y la inversión correspondiente a servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales. Y esto es un argumento más para recordar la necesidad de un sistema de financiación justa que garantice que la totalidad de los impuestos pagados en Galiza repercuta en la financiación de nuestros servicios públicos, así como la reclamación al Estado para que compense la deuda histórica en inversiones en nuestro país. Y lo mismo sucede con los objetivos de deuda pública sobre el PIB para el periodo 20242026. Se prima la capacidad de endeudamiento de la Administración General del Estado en detrimento de las comunidades autónomas y entidades locales. En cuanto al límite del gasto no financiero para los objetivos generales del Estado de 2024, consideramos dudoso que pueda ser suficiente para atender las inversiones necesarias para el desarrollo económico y dotarse de flexibilidad para hacer frente a las emergencias imprevistas. Nos preocupa que esto pueda derivar en un recorte. Consideramos necesario continuar con una política económica y fiscal expansiva para reforzar los servicios públicos y potenciar la recuperación y el potencial de empleo, y creemos que esto va justamente en la dirección contraria. En todo caso, como un gesto de confianza y de inicio de un proceso de negociación de los presupuestos, a pesar de nuestras discrepancias con esta propuesta y de solicitar unos presupuestos que cumplan con Galicia, a pesar de esto, como digo, no impediremos que esto salga adelante y votaremos favorablemente. A pesar, insisto, de que somos enormemente críticos con lo que estos objetivos proponen. Muchas gracias.

Señorías, buenas tardes. Para empezar, advertiré que mi voto va a ser positivo. Nosotros cumplimos si se cumple con nosotros y, por tanto, no vamos a estar regateando ni peleando hasta el último minuto cositas, a ver si arañamos algo más. De momento, tranquilidad. Cumplimos si ustedes cumplen. Dicho eso, no nos parece que sea mucho pedir recordar que Canarias está esperando una respuesta respecto de la flexibilidad de la regla de gasto, respuesta que esperamos poder tener y que el presidente canario pueda contar con esa posibilidad. ¿Y por qué no nos parece una excepción exagerada, una excepción injusta? Porque acudimos aquí, en cada Pleno, a excepciones, y a excepciones muchísimo más caras de lo que estamos planteando, porque Canarias cumplió a rajatabla y cumplió tanto en época de recortes y de ajustes con la regla de gasto, con el techo de gasto, que nuestra ciudadanía sufrió en exceso la detención de obras, la caída de convenios; fueron unos años tremendamente duros en los que, además, aquellos que estaban en la oposición, hoy en el Gobierno del Estado, nos acusaban de ser prácticamente los protagonistas de aquel caos y de aquella situación tan dramática. Hoy se ha dicho aquí —‌lo voy a utilizar— que a veces hay que apelar al principio de realidad, y el principio de realidad dice que Canarias tiene hoy la deuda más baja por ciudadano, por ciudadana, por habitante. El principio de realidad dice hoy que la deuda canaria está muy por debajo de la media. Por tanto, necesitamos volver a invertir, mejorar la situación y que nos permita salir de esas listas de espera y de esos datos tan tremendos de pobreza que tenemos que encauzar entre todos. Si cumplimos, si nos sacrificamos, pedimos también excepciones que ahora nos permitan mejorar nuestros servicios públicos. Creemos que es de justicia. Gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, evidentemente la propuesta que hoy se somete a debate es un ejemplo más del trilerismo económico y político que viene caracterizando a este Gobierno, un Gobierno que no tiene ninguna credibilidad. Desde el punto de vista económico, todo le sirve a la hora de ajustar su política de ingresos y de gastos, sin tener en cuenta que el descuadre es la cuestión permanente. Se plantean una serie de situaciones económicas, financieras, que han sido incluso cuestionadas por la propia AIReF y el Banco de España. Por otro lado, es incomprensible que no se tenga en cuenta la incertidumbre económica que estamos padeciendo, ni la deuda y el déficit, también desbocado. El Gobierno, cada día, gasta más fondos públicos y los ciudadanos, cada día más, reciben peores servicios. Podríamos hablar de la situación de la sanidad en nuestro país, con unas listas de espera desesperantes; o de la educación, bastaría repasar el último informe de PISA para comprobar que vamos a peor. Por lo, tanto, señorías, ¿dónde queda la eficacia y la eficiencia en el gasto público? Además, los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores cada día pagan más impuestos. La propuesta que hoy debatimos, señorías, tampoco afronta el día a día de los ciudadanos. Está planteando una España irreal. Se está consolidando una España más pobre, en la que las familias tienen más dificultad para cubrir sus necesidades vitales y las diferencias son mayores. Por otro lado, desde el punto de vista político, estamos en la mentira permanente, en la falsedad y en el trilerismo en su máxima expresión; un Gobierno sumiso y obediente al independentismo y a la ignominia; un Gobierno entregado al secesionismo catalán y vasco, que paga constantemente la compra de votos para la investidura del señor Sánchez, como se ha podido comprobar y se comprobará en este salón de Plenos en el día de hoy. Señorías, lamentablemente, lamentablemente, la debilidad moral de este Gobierno es la fortaleza del secesionismo. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, el Gobierno nos propone unos objetivos de déficit y de deuda, así como un plan de reequilibrio para asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la deuda española, y los socialistas votaremos a favor por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque está avalado por la Comisión Europea. España es uno de los siete países de la eurozona que cumple con todas las exigencias fiscales para el 2024. (Un señor diputado: Ya, ya). Por, tanto, una excelente verificación. En segundo lugar, porque, a la vez que apuesta por avanzar en la consolidación fiscal, es compatible con la recuperación y el crecimiento económico. Todos los organismos nacionales e internacionales coinciden en que España continuará creciendo en 2024 y en que, además, crecerá por encima de la media. Y, en tercer lugar, porque los objetivos de déficit y de deuda propuestos son razonables, son factibles y dan confianza ante un escenario de permanente incertidumbre internacional. Señorías, no hay tiempo que perder. Déjense ya de excusas. Los objetivos propuestos son razonables; y, a efectos reales, lo único que se conseguiría no aprobándolos, como pretende la derecha, sería retrasar y, con ello, perjudicar el interés general del país y, en particular, perjudicar a los gobiernos autonómicos, a los alcaldes y alcaldesas, que podrían contar con menos margen fiscal. Lo ha explicado la vicepresidenta primera, lo han explicado muchos grupos. Si ustedes lo que pretenden es retrasar y retrasar, lo único que conseguirán es condicionar los presupuestos de los ayuntamientos y de las comunidades al plantear unos objetivos de déficit mucho más restrictivos. ¿De verdad, señorías del Partido Popular, van a votar en contra y a retrasar en el Senado la aprobación de esta senda y perjudicar con ello a sus gobiernos, a sus municipios y comunidades, con el único objetivo de dañar al Gobierno de España? (Aplausos). ¿De verdad? ¡Aquí no se trata de salvar al presidente del Gobierno; no se trata de salvar al Gobierno! Aquí de lo que se trata es de salvar a los ciudadanos; y, cuanto antes, todas las administraciones, todas: ayuntamientos, comunidades, Administración central, todos, todos necesitamos un presupuesto ya. Y ahí es donde se hace el debate. ¿O es que este Congreso no tiene 350 diputados? ¿Es que ustedes no van a hacer propuestas? ¿Es que ustedes no tienen proyecto político? Miren, esta capacidad de bloqueo que ustedes manifiestan, lo único que evidencia, lo único, es que no tienen proyecto político; ¡ninguno, ninguno! (Aplausos). Los ciudadanos y ciudadanas nos votan para que hagamos propuestas, no para que bloqueemos. Así que su actitud, llena de reproches y de excusas, es absurda, es incoherente y es contraproducente.

A mí me hace gracia; son totalmente incoherentes. ¿Cuál es su alternativa? Porque no han dicho cuál es su alternativa de objetivos de déficit. Sí sabemos que en Andalucía, el señor presidente de la Comunidad de Andalucía está fijando un menos 0,1 en sus presupuestos. Es, decir, que al PP Moreno Bonilla le va bien, pero al PP de Feijóo no le va. ¿Es esto de lo que va el Partido Popular, que en un sitio dice una cosa y en otro sitio dice otra? Como les digo, esta capacidad de bloqueo que manifiesta el Partido Popular es evidencia palpable de que carece de un proyecto político de país. Y, además, yo creo que, incluso, lo que ocurre aquí es que no ha asumido la derrota electoral y no asume no haber podido conformar Gobierno, y eso lo mantiene en un pataleo infantil permanente.

Los socialistas, cuando estuvimos en la oposición, por ejemplo, en 2016 y 2017, no bloqueamos la aprobación de los objetivos de déficit y la deuda del Gobierno. Lo pudimos haber hecho, sí, sí; lo podíamos haber hecho y no lo hicimos. Y no lo hicimos, ¿saben por qué? Porque es una cuestión de Estado, porque es una cuestión que supone cumplir con un compromiso europeo. ¿Ustedes, señorías del Partido Popular, no quieren cumplir los compromisos con Europa? ¿No les parece que la Comisión Europea es un magnífico verificador de lo que se está presentando hoy aquí en el Congreso de los Diputados? ¿Piensan que no? Y, oigan, tengan bien claro que los socialistas siempre siempre pondremos por delante dar soluciones a la gente. Desde la oposición lo hicimos, forzamos mejoras para la ciudadanía y, desde el Gobierno, lo que estamos haciendo es impulsarlas, con o sin su ayuda. (Rumores).

Miren, he tenido la oportunidad de oírlos y la verdad es que lo único que he podido escuchar es que la derecha española desde hace años…

Como decía, la derecha española, desde hace años, se empeña sin éxito en desprestigiar al Gobierno de España. Con Casado, intentaron impedir que los fondos europeos llegaran a España. Afortunadamente, no lo consiguieron. Llevan años sin acertar en la crítica; los hechos los contradicen. Pero, una y otra vez, veo que insisten. Críticas de siempre que nunca acertaron en el pasado y que no tienen ya ninguna credibilidad en el presente, porque llevan años anunciando un apocalipsis económico que no ha llegado. (Aplausos).

El año pasado, solo el Gobierno preveía un crecimiento superior al 2 % para 2023; un crecimiento que tanto PP como VOX tildaron de irreal, de inconsistente e irracional. ¿Les suena? Hoy también lo han dicho, ¿no? Pues, en el mes de diciembre, la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, por no decir todos, coincidieron en que el crecimiento de 2023 fue del 2,4 %. Por, tanto, son unos datos que atestiguan que el Gobierno de España es creíble; actúa con diligencia, prudencia y responsabilidad, mal que a ustedes les pese. Y el único Gobierno que fue multado por ocultar déficit y por manipular las cifras de deuda durante más de veinte años fue el del Partido Popular. Esa fue la herencia que dejó el Partido Popular (aplausos), ¡esa fue!

Algunos centran sus críticas en las cifras de deuda y de déficit, obviando el hecho de la pandemia y el mayor coste que habría supuesto no poner en marcha políticas de protección de rentas y de empleo. Miren, menos gasto social no implica siempre menos déficit ni menos deuda, y a los hechos me remito. Fue el Gobierno del Partido Popular quien incrementó la deuda exponencialmente y la situó por encima del cien por cien del PIB con una política de recortes continuada que llevó a mínimos el gasto social; en 2012, aplicaron la mayor subida de impuestos conocida en nuestro país, y hoy vienen a hablar de que la bajada de IVA no la quieren aprobar. Claro, ustedes no quieren bajar el IVA de los alimentos ni de la energía porque ya lo hicieron. ¡En el 2012, en plena crisis, les subieron el IVA a todos los españoles y a las españolas, así que no pongan excusas! (Aplausos). Ustedes, allá donde gobiernan, hacen la política de siempre, la política de los recortes. Si no, que se lo digan al señor Marí, que hoy ha intervenido. ¿Se acuerda usted cuando fue consejero en aquella época? ¡Explique lo que hizo! Una política de recortes que lo que hizo fue despedir a más de 1000 profesores y a más de 1200 profesionales de la sanidad, eso es lo que hizo usted, aprovechándose de la crisis. (Aplausos).

Por tanto, con la pandemia tuvimos un mayor impacto sobre el PIB que en la crisis financiera, pero también la mayor movilización de recursos públicos. A pesar de ello, la estabilización de las cuentas públicas está siendo más rápida que durante el Gobierno del Partido Popular. Lo ha dicho la vicepresidenta.

Se ha conseguido reducir el déficit a la mitad en apenas dos años y, además, sin recortes, impulsando un escudo de protección para empresas, trabajadores y familias. La recuperación de la estabilidad de las cuentas públicas, bajar al 3 % de déficit será posible en cuatro años si aprobamos esta senda. Desde luego, ustedes en el Gobierno no lo consiguieron.

España ha logrado sobreponerse a una caída del PIB tres veces mayor que la de la crisis financiera en la mitad de tiempo. Se ha conseguido un crecimiento de empleo con cifras récord de afiliación; más y mejor empleo. Pero, además, el índice de Gini sobre la renta, que indica el nivel de desigualdad en ingresos de la población, en el dato más reciente disponible de 2022, alcanza su cifra más baja en una década, lo que demuestra que, a pesar de los elevados niveles de incertidumbre, de los efectos de la pandemia y de los conflictos bélicos, focalizar la recuperación desde la justicia social y la equidad no solo ha permitido una mejor y más rápida recuperación, sino también que esta sea más equitativa. El Gobierno progresista y liderado por Pedro Sánchez ha demostrado, a lo largo de estos años, rigor en las cuentas públicas, prudencia a la hora de presupuestar, liderazgo para conseguir recursos con los que afrontar las dificultades y compromiso con la consolidación fiscal, autoimponiéndose tasas de referencia de déficit, que cumplió y mejoró año tras año. Los hechos lo corroboran y lo avalan.

Con esto termino, señorías. Para los años 2024, 2025 y 2026 se plantea una senda de reducción gradual del déficit y la deuda compatible con la dinamización económica. La incertidumbre internacional continúa siendo elevada, no hay previsión a corto plazo de la finalización de los conflictos bélicos y no estamos exentos de contar con nuevos escenarios...

Por eso, señorías, termino animándoles a aprobar unos objetivos y un plan que nos permiten establecer un marco de sostenibilidad que da señales de seguridad a la ciudadanía, a los inversores y a los organismos internacionales. Les animo a votar con responsabilidad, a apostar por la política útil y constructiva. Los españoles y las españolas nos lo merecemos. (Aplausos).

Muchas gracias. El Partido Socialista ha traído una ley que ha bautizado con un eufemismo propio de un régimen orwelliano. (Una señora diputada: ¡Madre mía!). La llaman ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Nosotros pensamos que hubiera sido mejor que la llamase ley orgánica para hacer presidente a Sánchez a cambio de siete votos, y así, por lo menos, hubieran dicho la verdad alguna vez en su vida. Se trata de la misma amnistía que negaban enérgicamente el pasado mes de julio y que ahora, presos de su propia ambición y de la necesidad de seguir atornillados al poder, traen al Pleno. Y como el señor Sánchez no puede cambiar la realidad de sus mentiras, mentiras que ellos mismos se han acabado creyendo, han puesto a sus propagandistas a cambiar denominaciones a ver si así conseguían mentir una vez más a los españoles. La realidad es que lo normal es que haya una ley que garantice la convivencia y se cumpla, y lo anormal es premiar desde el Gobierno a los que se la saltan, y eso es lo que ha venido a hacer el Partido Socialista, lo mismo que llevan haciendo durante cinco años: beneficiar a los criminales que les han llevado al Gobierno, a los separatistas, que les dictan los artículos del Código Penal y ustedes, muy obedientes, escriben. Con esta ley, el Partido Socialista pasa por encima del criterio de los tribunales, invalidando sus sentencias; pasa por encima de la labor de jueces y policía; pasa por encima del criterio del mismo letrado del Congreso que removieron para poner a otro; ustedes utilizan su poder para pasar por encima de las instituciones que tienen que representar a todos los españoles. Pero eso, por otro lado, es algo normal para aquellos que creen que estas y la sede del Partido Socialista son lo mismo, y ni pueden ni deben ser lo mismo. Pasan incluso por encima de su propio criterio. «El referéndum y la amnistía no son posibles», Pedro Sánchez. La señora María Jesús Montero también expresó su opinión: «Es inconcebible, no se puede explicar con mayor claridad». (La señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, se ausenta del hemiciclo). No se vaya, que la voy a parafrasear. «No va a haber referéndum, no es constitucional; le voy a decir más, es que no cabe en la Constitución». Esto lo dijo María Jesús Montero. «No va a haber amnistía», «con nosotros se cumple la ley en todo el territorio. Con nosotros España no corre peligro». Es cierto que aquí no voy a imitar el ímpetu con el que el señor Iceta replicó a estas palabras. El mismo Iceta que ahora hemos sabido que le dio casi un millón de euros al tesorero de Tsunami Democrático después de que el propio ministro del Interior asegurase que estaban investigando sus acciones y que terminarían sabiendo quién estaba detrás. Bueno, pues ahora ya están más cerca de saberlo.

En el texto de la propia ley que ha presentado el Partido Socialista llegan incluso a declarar su constitucionalidad. ¿Desde cuándo se han convertido ustedes en el Tribunal Constitucional? Quizá desde que lo asaltaron, y por eso se permiten ahora el lujo de ejercer como magistrados. Y con una exposición de motivos que se prolonga hasta doce páginas, cuando el fundamento último de esta ley puede expresarse con solo seis palabras: necesitamos los votos de los separatistas. La desesperación adopta muchas formas, pero en los últimos años ha tenido un único rostro, el de Pedro Sánchez.

Parten además de una premisa absolutamente falsa, porque afirman que en Cataluña hay dos bandos, y por eso dicen en su ley que quieren devolver el conflicto político a los cauces de la discusión política. Pero resulta que cuando alguien se salta la ley, ya no es un conflicto, es un proceso judicial. Y aquí no hay dos bandos, esto no es un conflicto entre iguales. Aquí lo que hay es una mayoría de catalanes que respeta la ley y una minoría golpista y privilegiada, y ustedes han convertido a los primeros en ciudadanos de segunda para traer con honores a los segundos de vuelta. (Aplausos). ¿Ustedes se acuerdan de cuando Pedro Sánchez decía en televisión que se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont y a sentarlo delante de un juez? (Aplausos). ¿Ustedes se acuerdan de cuando el señor Patxi López, hoy portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le decía a Pedro Sánchez: Pedro, tú sabes lo que es una nación? Pues no han traído de vuelta a Puigdemont y siguen sin saber lo que es una nación, por mucho que se envuelvan en la bandera de España, la misma que se quitan cada vez que habla el presidente separatista de la Generalidad.

¿Y saben? La situación lamentable a la que hemos llegado no es por culpa únicamente de esta ley, sino porque el Partido Socialista en realidad se ha convertido en el principal valedor del separatismo, y así lo demuestran sus hechos. Corría el año 2014 y entonces no necesitaban sus votos para gobernar, pero ya eliminaban las partidas presupuestarias destinadas a la escolarización en castellano de los niños en Cataluña. Y abierta la veda, decidieron otorgarles un poder inmerecido a los partidos separatistas, hasta el punto de que es un prófugo de la justicia el que va a decidir si se suben o se bajan los impuestos, si las familias van a tener más o menos conciliación o si van a tener más o menos poder adquisitivo, incluso van a decidir si Pedro Sánchez va a seguir siendo o no el presidente del Gobierno. Decidieron suprimir el delito de sedición porque sus ilustres socios así se lo pidieron; reformaron el de malversación para, de camino, beneficiar a los suyos; decidieron indultar a los golpistas. En definitiva, ustedes han dejado que los separatistas redacten las normas de todos los españoles. Y decidieron colocar a todos sus amigos al frente de las instituciones y de los puestos clave para que pudieran validar todas esas tropelías que, de otro modo, no serían capaces de aprobar.

De manera que ustedes, el Partido Socialista es el autor del desgaste de nuestra democracia, los culpables de la erosión de las instituciones y los colaboradores necesarios en una deriva que busca enfrentarnos y excluir de Cataluña a una mayoría de catalanes que defienden su españolidad; catalanes que, al ver que ustedes no les defendían, muchos hicieron las maletas y abandonaron su tierra, llevándose consigo también las empresas, esas a las que ahora sus socios quieren multar, porque solo saben practicar la extorsión como forma de hacer política. Ocho mil setecientas empresas, ¿ustedes saben lo que es eso? Una quinta parte del PIB de toda Cataluña. Pero ni ustedes ni sus socios hablan de eso porque, en realidad, no les preocupa la prosperidad de los españoles, simplemente el relato del odio a España. Esta marcha de catalanes se asemeja bastante a la de otros territorios, como la región vasca o navarra, que hoy regalan a los herederos de ETA. Ustedes están mandando un mensaje muy claro e improcedente en un Estado democrático y de derecho, y es que la violencia funciona y que a través de la violencia se obtienen réditos.

Nosotros, desde luego, no vamos a contemporizar en modo alguno con los autores de todo esto ni estamos dispuestos a normalizar las consecuencias de lo que no es otra cosa más que derrumbar con una sola ley el sistema democrático y de derecho en España y hacer como si esto fuera un episodio político más. Por eso, nuestra enmienda a la totalidad es una reprobación a la actuación de este Gobierno en su conjunto, donde no solamente rechazamos la amnistía, sino que pretendemos dotar al ordenamiento jurídico de las herramientas necesarias para que esto no vuelva a pasar. En consecuencia, proponemos la recuperación del delito de sedición, aumentando las penas de privación de libertad aparejadas a su comisión. Proponemos que en el Código Penal se prevea castigar a quienes negocien los asuntos tramitados en las Cortes Generales con personas condenadas, procesadas o sustraídas a la acción de la justicia por alguno de los delitos sancionados contra la Constitución, el orden público o la traición, porque el devenir de nuestro país no se negocia con prófugos ni con delincuentes. Esto, que debiera ser evidente en cualquier democracia, hay que repetirlo en esta Cámara ante un presidente que hoy duerme en la Moncloa por haber pactado con una persona que tuvo que huir de nuestro país para no afrontar las consecuencias legales de sus actos.

Y, evidentemente, queda fuera de toda lógica que existan partidos cuyo fin último es la disgregación del país en el que practican su actividad. Celebramos, en este sentido, que el Partido Popular apostara en un principio por la disolución de los partidos separatistas, aunque, finalmente, parece que matizaron sus palabras. Señorías del Partido Popular, es una lástima que cada vez que ustedes aciertan, miren a la izquierda para que les den el visto bueno. Ustedes no les deben nada o, por lo menos, no deberían. (Aplausos). Nosotros lo tenemos muy claro, es hora de ejercer una oposición firme. Estas cuestiones no admiten ambigüedades, o se está con el separatismo o se está en contra de él. Es hora de revertir todo el daño que el separatismo ha causado a este país, especialmente a los catalanes que se han mantenido leales a España. Es momento de volver a hablar de lo importante y de dejar atrás la extorsión y el chantaje que el Partido Socialista ampara y favorece. Sánchez no es rehén de los separatistas, es un colaborador necesario dispuesto a entregarlo todo a una minoría sobrerrepresentada. Los verdaderos rehenes somos todos los españoles, que no podemos escapar al daño que están haciendo a nuestra sociedad.

Pese a todo esto, España no puede caer en el fatalismo de pensar que no podemos deshacernos de este Gobierno. Lo primero que hay que hacer para lograr deshacerse de este Gobierno es no socorrerlo, para socorrer así a los españoles. Que nadie piense que va a lograr traerse a su terreno a este Gobierno, por muy buenas intenciones que tenga, porque ellos no las tienen desde el momento en el que han elegido a sus compañeros de viaje: los separatistas y el brazo político de ETA. (Aplausos). Si hay algo que hace muy bien este Gobierno es revestir de causas nobles sus tropelías. Dijeron que levantarían un muro contra la oposición sin saber que, en realidad, lo estaban levantando contra millones de españoles, que han demostrado ser mil veces mejores que ustedes. VOX va a estar defendiéndoles en el mismo sitio del que nunca nos hemos movido y del que esperamos que tampoco se muevan todos aquellos que dicen creer en la unidad nacional y en la igualdad de todos los españoles ante la ley, para devolverles la prosperidad y la España que merecen.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señorías, las prisas del Gobierno habilitan el mes de enero para acelerar la tramitación de esta corrosiva ley, que lo que hace es disolver una parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero caprichos del destino hacen que este debate se lleve a cabo en el Senado, donde, además, como todos ustedes conocen, se aprobó el 155, en un inconsciente nuevo desembolso a quienes hace seis años fueron derrotados por la ley, pero también fueron derrotados por la determinación de la sociedad española. El Partido Popular presenta hoy la enmienda a la totalidad de la ley de amnistía; una ley que ha sido el pago político para una investidura cuyo precio es la deslegitimación de nuestro Estado de derecho, la humillación de todos esos servidores públicos que han venido defendiendo la legalidad constitucional, también el engaño masivo a todos esos españoles que creyeron que en el Partido Socialista de Pedro Sánchez todavía quedaba alguna línea roja que no se llegaría a cruzar y también, cómo no, el hundimiento de la credibilidad de un Partido Socialista que con Pedro Sánchez ya no tiene ni palabra ni principios. (Aplausos). Porque la amnistía, señorías, no ha sido por convivencia o por convencimiento de su bondad, eso lo saben todos los españoles a estas alturas. De haber sido así, hubiera estado incluida en el programa electoral del Partido Socialista; es que ha sido, exclusivamente, por siete votos. Y todo ha sido tan humillante que, como ni sus propios socios se fían de ustedes, señores socialistas, les obligan a arrastrarse a Ginebra. Porque no olviden nunca que en la maleta de Santos Cerdán van todos ustedes incluidos para que, periódicamente, un huido de la justicia les exija, delante de un verificador internacional experto en diálogo con guerrillas terroristas, ver si están cumpliendo o no los acuerdos con sus socios. Sin duda alguna, causa bochorno lo que ustedes han aceptado. Y no tengan tampoco ninguna duda de que esto lo arrastrarán durante décadas.

Ahora, la indignidad de un político abre las puertas a que todos aquellos que quieran romper nuestro orden constitucional sean los que condicionen el futuro de nuestro país y que traten, además, de derrotar a los demócratas. Pero pierdan toda esperanza, porque esto no lo conseguirán. (Aplausos). Son muchos más los momentos estelares de compromiso cívico los que jalonan nuestra historia, como todas esas manifestaciones pacíficas que se están produciendo en los últimos meses en toda España, reclamando una cosa: la igualdad de todos los españoles, defendiendo que España es un país de 48 millones de españoles libres e iguales. (Aplausos). Esto es curioso, porque todavía quedan en su bancada, en la del Partido Socialista, diputados que, con el Partido Popular, abarrotaron el 8 de octubre de 2017 las calles de Barcelona en un ejemplo de resistencia cívica. Ustedes, el Partido Socialista, los socialistas, han abandonado esa calle, pero la resistencia se sigue manteniendo firme, esa resistencia que sí tiene principios y que sí defiende la igualdad entre todos los españoles.

Señorías, la ley de amnistía, cuya enmienda a la totalidad presento hoy, es inconstitucional, y es inconstitucional porque una ley de amnistía, muy especialmente esta, no cabe en la Constitución de 1978. Esto es lo que hasta el 23 de julio decían el propio presidente del Gobierno, una vicepresidenta del Gobierno, el ministro de Justicia, la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo y tantos y tantos otros. Hasta el 23 de julio no había ninguna duda jurídica.

Además, es perfectamente sabido por todos los que estamos aquí que durante la tramitación de la Constitución se desecharon dos enmiendas que proponían introducir en un artículo la posibilidad de que el Parlamento aprobase amnistías; se rechazaron. Por tanto, el Parlamento no tiene la legitimidad constitucional ni legal para proponer amnistías, como tampoco la tiene el pueblo español. El artículo 87.3 excluye de la iniciativa popular el derecho de gracia, es decir, ni los titulares de la soberanía pueden pedirlo ni los representantes de la soberanía, que somos nosotros, lo podemos otorgar. La única excepción que permite la Constitución corresponde exclusivamente al Gobierno, y lo hace en los términos establecidos en su artículo 62. Me refiero al derecho de gracia de una manera tasada y referido solo a los indultos, en los cuales quedan excluidos expresamente los indultos generales. Como señalan los artículos 117 y 118, la justicia emana del pueblo, corresponde a los jueces y tribunales la labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y, sí, es obligatorio el cumplimiento de las sentencias. También nosotros, los políticos, debemos cumplirlas y no buscar excepciones para quedar al margen del cumplimiento de la ley. Por tanto, la amnistía es una excepción diferente al indulto, y si la Constitución no nos habilita para ello, no podemos inventarnos esta posibilidad, y todavía menos inventárnosla en beneficio propio. Si ustedes querían introducir la posibilidad de que el Parlamento pudiera aprobar amnistías, lo que deberían haber hecho era haber traído aquí una reforma de la Constitución y no tratar de hacer que diga lo que no dice y que luego el Tribunal Constitucional interprete lo que nunca contemplaron ni admitieron los constituyentes.

Es cierto que hay algunos ordenamientos jurídicos en Europa que sí contemplan la posibilidad de leyes de amnistía, en la mayor parte de los casos porque sus constituciones lo permiten de manera expresa, pero no es el caso de la Constitución española. Aquí no está en la Constitución, y traen una ley que además ―y ustedes lo saben perfectamente― ha sido redactada de puño y letra por todos aquellos que van a ser beneficiarios de ella, por mucho que sus proponentes sean los miembros del Partido Socialista. (Aplausos). No solo ampara el golpismo político, sino que también ampara los actos terroristas, los estragos en Barcelona que la hicieron arder el otoño del 2019, la malversación y todos los actos de corrupción, desde los Pujol hasta la señora Borrás, porque como todo se robó en nombre de la patria catalana, aquí cabe absolutamente todo. (Aplausos). Pero les diré más, a ver si ahora lo que sucede es que era todo por la pasta y no era todo por la patria.

¿No les parece a ustedes que esto es un absoluto despropósito? Si hasta ustedes mismos, los socialistas, están absolutamente enredados con enmiendas para tratar de salvar situaciones cuyos beneficiarios tienen nombres y apellidos y que son públicamente conocidos por todos los que estamos aquí. La ley presenta referencias al derecho comparado, pero como todo lo que envuelve esta ley es absolutamente falso, ni tan siquiera los corta y pega se refieren a aquello a lo que ese derecho comparado refiere.

Señorías, en el año que acaba de concluir se ha cumplido el 45.º aniversario de la aprobación, por abrumadora mayoría del pueblo español, de la Constitución española, una Constitución que fue un punto final; fue un punto final a las constituciones de partidos; fue un punto final a las leyes de unos contra otros, en definitiva, fue el acta de paz. Por eso cupimos todos, porque había heridas que se arrastraban desde hacía más de un siglo. Fue un punto final y fue un nuevo comienzo de nuestra historia común. Para llegar a ese punto final se aprobaron varias leyes de amnistía, sí, algunas de ellas extremadamente dolorosas, pero era absolutamente necesario. Era absolutamente necesario porque el pacto constitucional significaba también la aceptación por parte de todos de las reglas del juego con todas sus consecuencias, y una de ellas era la legitimidad de nuestras instituciones judiciales y su independencia. Eran amnistías como las propias de la transición de una dictadura a una democracia.

Yo lo que les pregunto a todos aquellos que son proponentes de esta iniciativa, a los miembros del Partido Socialista, es cuál es la etapa histórica a la que ustedes formulan sus reproches con esta ley. ¿A la democracia constitucional? ¿Qué leyes son las que ustedes consideran ilegítimas con esta propuesta? ¿Las que han sido aprobadas por estas mismas Cortes Generales legitimadas democráticamente? ¿Es eso de lo que estamos hablando? Porque esto es lo que está detrás de esta amnistía que ustedes promueven. (Aplausos).

Señorías, la llegada de la democracia supuso un nuevo comienzo de las instituciones judiciales, que además están vinculadas al ordenamiento y a la jurisprudencia en el ámbito europeo; es decir, Estrasburgo y Luxemburgo son las torres que rematan nuestro edificio constitucional. Señorías, una ley de amnistía como la que el Partido Socialista está impulsando da un paso a asumir un lawfare con todas sus letras. Viene además acompañada de las muletas de diversas comisiones de investigación sin más objetivo que amenazar y socavar la independencia de jueces y fiscales.

A todo esto ¿por qué se ha llegado? A todo esto han llegado ustedes única y exclusivamente para estirar la agónica presidencia de Pedro Sánchez, y si alguien tenía alguna duda de esa agónica presidencia sin duda hoy la están viendo todos los españoles. A esto se ha llegado. Se ha llegado a la senda del desmontaje del Estado de derecho, primero, con unos indultos en contra del tribunal sentenciador; después, con la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la pena de malversación, y ahora con esta amnistía. Seguro que ustedes defenderán que estamos ante una desjudicialización de la política, pero ¿qué es lo que está detrás de esa desjudicialización de la política? Miren, se lo explicaré de una manera rápida y simple: desjudicializar la política significa claramente crear una casta política, una casta por encima de la ley, una casta que lo que hará será usar la ley para otorgarse privilegios a sí misma al tiempo que exige sacrificios a los demás. (Aplausos). Desjudicializar la política es, metafóricamente, quitarle la venda a la justicia y amordazarla con ella; es crear un coto privado en el que ciertos políticos pueden campar a sus anchas sin tener que sentarse ante el control de los jueces, y única y exclusivamente se otorga este coto porque el Partido Socialista, tras perder las elecciones, quiere mantenerse en el poder. Señorías, por eso la enmienda de mi grupo es también propositiva; propositiva en el fortalecimiento del Estado de derecho, al que no le puede quedar el artículo 155 como el único recurso ante las amenazas de quienes quieren volver a intentar ponerlo en jaque. En toda Europa lo que están haciendo las democracias es comenzar a tomar medidas, porque toda democracia que se precie ha de ser firme en la defensa de los valores que proclama.

Voy terminando, presidente. Por tanto, es necesaria la protección del orden constitucional, algo que la propia Constitución, en el artículo 22, establece. Prevé que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito sean ilegales; es decir, el Código Penal, como ustedes bien conocen o debieran conocer, desde hace años desarrolla esta previsión constitucional y prevé ―sí, prevé― la disolución de una persona jurídica si es responsable de la comisión de determinados delitos. Por lo tanto, no parece extraordinario que si se atenta contra el orden constitucional, también se pueda disolver o suspender a instancia de los jueces. También es oportuna la recuperación del delito de convocatoria de referéndum ilegal. Además, les diré algo, señores del Partido Socialista: Si no existe esa amenaza por parte de sus socios, ¿cuál es el temor a aprobar todo esto, si además lo prometió el propio Pedro Sánchez en el año 2019? (Aplausos).

También es oportuno que tenga un reproche penal que cargos políticos y de la Administración promuevan…

Sí, señoría, voy terminando. … la inobservancia de las leyes y decisiones judiciales que puedan… (Rumores).

Gracias presidente. Como les decía, aunque no quieran escucharme, también es necesario recuperar un reproche penal cuando cargos públicos o de la Administración promuevan la inobservancia de leyes y decisiones judiciales que puedan llevar a la independencia de parte del territorio nacional. Y les vuelvo a decir: Si esto no está en la hoja de ruta de nadie, ¿cuál es el problema para que se incorpore al Código Penal? En definitiva, estamos ante una enmienda que tiene oportunidad política y solidez jurídica para tipificar los delitos de deslealtad constitucional; lo que hacen las democracias modernas cuando están en peligro. Señorías, es una enmienda que no dice nada que el Partido Socialista y el Gobierno no defendiesen hasta el 23 de julio.

Señorías, esa es la grandeza de la democracia española, una democracia en la que cabemos todos y por la que este grupo va a seguir trabajando, para defenderla y fortalecerla; una democracia de españoles libres e iguales, también ante la ley.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Buenas tardes. Cada vez que ustedes montan una historia de estas siempre lo decimos: Muchísimas gracias por invitarnos a esta terapia de grupo que la derecha y la ultraderecha montan de vez en cuando. Siempre es un placer. A partir de aquí, tenemos que hacerles tres preguntas, principalmente al Partido Popular. La primera —‌esta es su enmienda a la totalidad (muestra un documento)—, ¿no les da vergüenza andar en estas, mientras tienen a la gente recogiendo plástico en las costas de Galicia? (Rumores.—Aplausos). ¿No? ¿Ninguna vergüenza? Ergo, no tienen vergüenza. La segunda pregunta que tengo que hacer... (Rumores). Cálmense, acabo de empezar. La segunda pregunta que tengo que hacerles es: ¿Qué ha cambiado en un año, señora Gamarra?, porque usted ha defendido esta maravilla. ¿Qué ha cambiado? Ustedes votaron en contra de una iniciativa muy similar a esta hace un año. ¿Qué ha pasado para que ustedes, en un año, se parezcan más al señor Ortega Smith que al señor Bermúdez de Castro, que defendió el no a esta iniciativa que en definitiva pedía ilegalizarnos a algunos de nosotros y de nosotras? ¿Qué ha pasado? Es una muy buena pregunta. Y la tercera pregunta que les tenemos que hacer es: ¿Cuándo, de una vez por todas, aceptarán su derrota? Que han perdido. (Rumores). Sí, ya me lo sé, han ganado las elecciones, pero es que esto no es Roland Garros, esto no es la liga, esto no es la Champions; aquí gana quien sabe pactar (rumores), quien sabe negociar, quien sabe conformar un gobierno, y ustedes solamente saben pactar con la ultraderecha. Esa es la verdad. (Aplausos). A partir d’aquí, tres o quatre coses que jo crec que són importants. La primera, el text, de veritat, aquesta esmena, el redactat és lamentable. Lamentable. He llegit tuits del Rafa Hernando molt millor redactats que això que han fet aquí. Sí, Rafa, imagina’t. Això és lamentable. Jo no els demano, com a oposició d’aquest Govern, responsabilitat, els demano professionalitat i crec que protesten i riuen quan jo dic que aquest text és lamentable i que hi ha tuits del Rafa Hernando molt millor redactats, que jo crec que tothom riu perquè m’entén. Però un exemple, vostès diuen, per exemple, que l’amnistia és inconstitucional i dos paràgrafs més enllà diuen que la Constitució no parla de l’amnistia. Com és possible? Com és possible que una llei sigui inconstitucional si la Constitució no parla d’aquesta llei? Com és possible?

Però, dit això, la pregunta que jo faig, la pregunta que jo faig a tothom és: això és la llei d’amnistia, això és l’esmena del PP i això és l’esmena de Vox. Què és més perillós? Què afecta més a la gent? Què afecta més el dia a dia de la gent? És a dir, l’amnistia,…

A partir de aquí, tres o cuatro cosas que creo que son importantes. La primera, el redactado de esta enmienda verdaderamente es lamentable. He leído tuits de Rafa Hernando mucho mejor redactados que esto que han hecho aquí. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, Rafa, imagínate. Esto es lamentable. Yo no les pido responsabilidad como oposición de este Gobierno, les pido profesionalidad, y veo que protestan, ríen cuando digo que este texto es lamentable, hay tuits de Rafa Hernando mucho mejor redactados. (Risas). Creo que todo el mundo ríe porque me entiende. Por ejemplo, ustedes dicen que la amnistía es inconstitucional y dos párrafos más allá dicen que la Constitución no habla de la amnistía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una ley sea inconstitucional si la Constitución no habla de esta ley? ¿Cómo es posible?

Dicho esto, la pregunta que yo me hago, la pregunta que le hago a todo el mundo, es: Esto es la ley de amnistía (muestra un documento), esto es la enmienda del PP (muestra un documento) y esto es la enmienda de VOX (muestra un documento). ¿Qué es más peligroso? ¿Qué afecta más a la gente? ¿Qué afecta más al día a día de las personas? ¿La amnistía?

¿El hecho de que personas que convocaron un referéndum sean amnistiadas afecta a alguien de la Alpujarra? Sí, por aquello de que todos los españoles son iguales delante de la ley, ¿no? (Protestas.— Aplausos). ¡Ah! Vale. Sí, sí, aplaudan, de acuerdo. Señorías, pues hace cuarenta años que los españoles no son iguales frente a la ley porque hay una familia en Zarzuela que vive en un palacio simplemente por su apellido. (Protestas.—Aplausos). Así que no todo el mundo es igual frente a la ley. Pero, repito, la pregunta es:

La pregunta és: Quina és la iniciativa que afecta més la gent, l’amnistia o les seves esmenes mal redactades? Quina? Ho dic jo, les seves esmenes. Saben per què? Perquè atempten contra centenars de milers de persones que, segons vostès, no tindran representació política, no tindran l’oportunitat de votar els seus partits polítics simplement perquè les seves idees no els agraden. Ja està.

¿Cuál es la iniciativa que afecta más a la gente, la amnistía o sus enmiendas mal redactadas? ¿Cuál? ¿Lo digo yo? Sus enmiendas. ¿Y saben por qué? Porque atentan contra centenares de miles de personas que, según ustedes, no tendrán representación política, no tendrán la oportunidad de votar a sus partidos políticos simplemente porque sus ideas no les gustan. (Aplausos). Ya está.

Es mucho más peligroso dejar sin representación política, sin representación parlamentaria, a centenares de miles de personas que una amnistía por un referéndum.

Por cierto, señorías, ustedes dicen que hay que ilegalizar los referéndums, ¿sí o no? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Pero no eran ilegales ya? ¿No eran ilegales? (Rumores). Porque ha habido ocho personas que han estado cuatro años en la trena por un referéndum. Entonces, ¿no eran ilegales? ¡Ah! Sí, pero no, no pero sí. Vale, vale.

En qualsevol cas, això, senyories, és la culminació d’un camí. És la culminació d’un camí. Principalment aquí em dirigeixo a les senyories de Vox,…

En cualquier caso, esto, señorías, es la culminación de un camino. Principalmente me dirijo aquí a las señorías de VOX…

¿En qué momento sus juventudes, algunos de ustedes y también algunos de los militantes, votantes y representantes del Partido Popular prefieren en Nochevieja (rumores) apalear una piñata que supuestamente se parece a Pedro Sánchez, pasando frío en Ferraz, antes… (Continúan los rumores.— El señor Palencia Rubio pronuncia palabras que no se perciben). Cálmense.

Señorías, ¿en qué momento ustedes prefieren, en Nochevieja, ir a pasar frío a Ferraz y apalear una piñata que supuestamente se parece a Pedro Sánchez antes que comerse las uvas con su familia? ¿En qué momento?

Pero dicho esto, el odio, la avaricia, la gula y la envidia no son ilegales, no son ilegales. Que ustedes odien a Pedro Sánchez, que ustedes odien a según qué partidos políticos o que ustedes nos odien a algunos de nosotros no es ilegal. Es raro querer gobernar un país queriendo odiar a parte de su país, pero, bueno, es cosa suya, no es ilegal. Lo que a mí sí que me preocupa son las amenazas de muerte. (Rumores). Sí, sí, se amenazó de muerte al presidente del Gobierno en esas calles y ustedes dicen que «les gusta la fruta», pero también el plástico, ¿eh?, ahora también el plástico en Galicia. Me parece lamentable que el principal partido de la oposición y el partido del after de la oposición se rían de eso.

Tres. La seva tesi és que el Govern, el Govern d’aquest estat, el Govern de l’Estat espanyol, és il·legítim, és il·legítim perquè l’amnistia no estava en el programa electoral del PSOE. Aquesta és la tesi, que tot el que està en un programa electoral és obligat i que si no està en un programa electoral no serveix. Jo ho he entès així, és això. Quanta governs, quantes legislatures en aquests quaranta anys serien impugnades envers aquesta tesi? Quantes lleis s’han aprovat en aquest hemicicle i a l’altre hemicicle després d’un pacte postelectoral? Per exemple, l’amnistia, que no estava en un programa electoral.

Tres. Su tesis es que el Gobierno, el Gobierno de este Estado, el Gobierno del Estado español es ilegítimo; es ilegítimo porque la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE. Esta es la tesis, ¿no? Es esta, que todo lo que está en un programa electoral es obligado y que si no está en el programa electoral, no sirve. Yo lo he entendido así. Es así, ¿no? ¿Pues cuantos gobiernos, cuantas legislaturas en estos cuarenta años serían impugnadas guiándonos de esta tesis? ¿Cuántas leyes se han aprobado en este hemiciclo y en el otro después de un pacto poselectoral? Por ejemplo, la amnistía, que no estaba en el programa electoral.

Pero dicho esto, si todo lo que está en un programa electoral es ley y si no nos sirve… Oiga, nosotros tenemos un programa electoral que habla de referéndum. Estamos obligados a aplicarlo, ¿no? Y si no lo aplicamos, ¿por qué han metido en la cárcel durante cuatro años a gente que quería montar un referéndum, si estaba en el programa electoral? Si el programa electoral obliga… Así de absurda es la tesis.

Quatre. Vostès demanen, entre altres coses, que per cert, demanen la il·legalització d’Esquerra Republicana, de Junts, per extensió també de Bildu, potser també del PNB, també del BNG. Té sort vostè, senyor Tellado, que no l’ha agafat al BNG.

Cuatro. Ustedes piden, entre otras cosas, la ilegalización de Esquerra Republicana, de Junts y, por extensión, también de Bildu y quizás del PNV o del BNG. Usted tiene suerte, señor Tellado, de que no le ha cogido en el BNG.

Tiene suerte, señor Tellado, de que no le ha pillado en el BNG, porque igual usted también iba para adelante —p‌ or su pasado, me refiero—. Pero la cuestión es que ustedes piden la ilegalización de según qué partidos, principalmente de Junts. Les voy a decir algo. Estoy convencido, señorías del Partido Popular, de que si ustedes no hubieran necesitado a VOX para gobernar —‌que es su desgracia—, habrían llegado a un pacto con Junts. Ustedes le hubieran dado todo a Junts. (Rumores). Sí, y tanto que sí. Y habrían salido aquí con una barretina a anunciarlo y habrían hecho un grupo de wasap con Puigdemont para anunciarlo. Estoy absolutamente convencido. Ergo, su desgracia es VOX; háganselo mirar.

Acabo con un mensaje para el Gobierno, que creo que es importante. Tienen razón, no queda nadie del Gobierno, o casi nadie. Es cierto, y es muy bueno, que trabaja más gente que nunca, que hay más empleo que casi nunca en este país. Los datos de empleo son muy buenos, son para felicitarnos porque mucha gente tiene empleo. También mucha gente es pobre, pero mucha gente tiene empleo. Y también es cierto, aunque yo nunca lo conocí y creo que la inmensa mayoría de la gente tampoco lo ha conocido, que el aceite lleva alarma en el súper, repito, el aceite lleva alarma en el súper.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Señor Rufián, usted dice que no viene aquí a hacer terapia de grupo, pero lo primero que ha hecho ha sido ponerse a llorar por un muñeco y por unas uvas. ¿Por qué? Le voy a decir una cosa: Ustedes no son los dueños de Cataluña, no tienen la exclusividad de ser catalán. (Aplausos). Hay una inmensa mayoría de catalanes que defienden su españolidad y que llevan décadas sufriendo hostilidad por parte de ustedes, porque ustedes son los de Tsunami Democrático, los de las agresiones a policías, los del terrorismo callejero; ustedes son esos a los que les van a perdonar 15 000 millones de euros para hacérnoslos pagar a todos los españoles. ¿Ustedes de qué se quejan exactamente? (Aplausos). También han causado la muerte civil de muchos catalanes a los que reprimen su libertad. Y, créanme, no es nada personal, pero nosotros pensamos que aquellos partidos que atentan contra el patrimonio común de todos los españoles no pueden tener cabida en la sede de la soberanía nacional. (Aplausos).

Y me quiero dirigir también al Gobierno, porque sin este Gobierno ustedes no serían nada. Es un gobierno con el que ustedes se entienden muy bien porque comparten con el Partido Socialista un pasado también criminal, señor Rufián. (Varios señores diputados: ¡Oye, oye!). Ustedes tienen antepasados que huían por las alcantarillas; ahora sus semejantes se han modernizado y huyen en el maletero de un coche, pero ustedes comparten los mismos objetivos que el PSOE. (Aplausos).

En Cataluña no hay un conflicto. Esto no va de un conflicto entre dos partes iguales, aquí lo que hay son catalanes honrados que cumplen la ley y una casta privilegiada, separatista, que son ustedes. (Aplausos). Y son ustedes los que nos traen, junto con el Gobierno, un engendro legal que no tiene cabida en ningún ordenamiento jurídico ni en ninguna democracia de Europa, porque su propia naturaleza desacredita el sistema que tiene que garantizar el orden y la ley. Ustedes no están legitimados para pedir a los demás absolutamente nada. Ustedes son los del terrorismo callejero que van a amnistiar, y ahora vienen a tergiversar nuestro mensaje, a tacharnos de conspiracionistas y a señalarse como víctimas no sabemos muy bien de qué. Esto también lo hace el Partido Socialista, y todas estas cosas no se nos olvidan ni a nosotros ni a los españoles, que siguen trabajando todos los días para sacar adelante la economía de sus familias pese a ustedes y pese a que intenten hoy traernos un batiburrillo de ocurrencias que tratan de disimular con sus propias polémicas y que ni siquiera pueden aprobar. ¿Y saben por qué? Porque cuando ustedes decidieron formar gobierno estaban pensando únicamente en sentarse en estos sillones azules —‌vacíos, por cierto— y no estaban pensando en los españoles. Y ahora se encuentran con que su esperanza de vida es a siete días vista, porque cada semana nos van a someter a los españoles al chantaje de sus socios separatistas. De manera que cuídense mucho, porque cualquiera de estas semanas sus socios les borran esas sonrisas que cada vez les cuesta más esbozar.

Señores de Esquerra, ustedes han renunciado a que Cataluña sea el motor de España porque la han ahogado en sus complejos personales. Señor Rufián, no se avergüence de tener antepasados andaluces. Como bien ha dicho usted, no estamos aquí para hacer terapia de grupo (aplausos), pero nosotros sí pensamos que puede serlo. Nosotros lo que queremos es una Cataluña próspera, que sea bastión de España, algo que desde luego no cabe en la visión corta de quienes solo se miran a sí mismos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. La verdad es que lo que se hubiera esperado en el día de hoy es que la defensa de la ley y, por tanto, la posición en contra de las enmiendas a la totalidad la hubieran llevado a cabo los proponentes de esta ley de amnistía. Curiosamente, el Partido Socialista, todos los ustedes aquí presentes son los firmantes, pero evidentemente la vergüenza les ha impedido salir a defender su propia ley. (Aplausos). Pero no solo estamos hablando de la vergüenza. La realidad es que ustedes, en un ejercicio más de humillación, que voluntariamente han decidido aceptar con tal de seguir en el poder, son los firmantes de una ley que ha sido escrita de puño y letra por aquel que ha defendido esta ley. A mí se me caería la cara de vergüenza por no salir a defender una proposición de ley que firma mi partido, porque delataría que no la he escrito yo. (Aplausos). Me piden la firma, me piden que me humille, me piden que engañe a mis votantes, y ahí pongo mi firma. Pero hay algo más detrás de todo esto. Aquí no estamos hablando de debatir una ley, aquí realmente estamos debatiendo un precio. Esta es la realidad. Debatimos una transacción, y quien ha salido a defender esta ley, evidentemente, ha sido el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Rufián, que hoy ha ejercido aquí de cobrador del frac. (Aplausos). Ha venido a cobrar, sí, el precio que le ha puesto al Partido Socialista para que Pedro Sánchez pueda estar en la Moncloa, ni más ni menos. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. Pedro Sánchez compró una investidura el año pasado, y ahora de lo que estamos hablando y sobre lo que estamos debatiendo es sobre el precio. Esto es lo que hay detrás de esta ley. Evidentemente, parte del precio es tumbar estas enmiendas a la totalidad y parte del precio serán esas enmiendas parciales para que todavía entren más personas, para que más políticos consigan formar parte de esa casta política que se sitúa por encima de la ley. Por supuesto, señor Rufián, de esto es de lo que estamos hablando.

Aquí, en esta ley, lo que defiende el Partido Popular con esta enmienda a la totalidad son dos grandes principios, señores socialistas. En primer lugar, el de la igualdad de todos los españoles ante la ley, por supuesto que sí, vivan donde vivan, sean políticos o no lo sean. Esta es la clave de esta democracia. En segundo lugar, lo que defendemos, sí, es la separación de poderes. Este es el marco constitucional con el que tenemos que convivir y que queremos defender, porque un Estado sin justicia no es un Estado, es pura corrupción. Aquí, en esta ley, lo que hay es la compra de los votos para mantenerse en el poder. Este es el ejercicio que se ha llevado hoy aquí.

Pero, señorías, no solo estamos hablando de esto. Yo les he hecho unas preguntas, y espero que hoy el Partido Socialista responda. ¿Cuál es la etapa histórica a la que ustedes, que son los proponentes, formulan sus reproches con esta ley? ¿Es a la democracia constitucional que nos dimos todos en el año 1978? Pues es justo a esa a la que nosotros estamos y vamos a seguir defendiendo. Señorías, esta ley llega aquí para estirar la agonía de la presidencia de Pedro Sánchez, y hoy hemos podido ver y estamos viendo el ejercicio de esa agonía. Hoy Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, sí, pero no tiene ni preside un gobierno que pueda gobernar para los españoles. Este es el gran problema que tiene España, y este partido está para plantear propuestas y alternativas que nos lleven adonde hay que llegar, a una solidez democrática que también defienda los valores constitucionales, y no solo los defienda, sino que los proteja a través de su Código Penal.

Se ha hablado aquí de la ilegalización de partidos por sus ideas. No se equivoquen, no se equivoquen, no es lo que plantea el Partido Popular. En este país, España, y en el proyecto político del Partido Popular a nadie, a nadie, se le persigue por sus ideas. Pero, señores políticos, ningún político por el hecho de serlo puede situarse por encima de la ley ni sus actos pueden ser impunes si atentan contra el orden constitucional. (Aplausos). Esto es de lo que estamos hablando, esto es lo que siempre hemos defendido y esto es lo que está detrás del espíritu de la enmienda a la totalidad que hemos promovido y promovemos desde el convencimiento de que hace falta protección del orden constitucional. Las democracias modernas se protegen, no caen en el chantaje de debilitar…

… sus principios y sus valores constitucionales. Como les decía en la presentación de esta enmienda a la totalidad, un Estado de derecho es un Estado en el que la ley obliga a todos y, en particular, a los poderes públicos, y esta ley que se está tramitando es una ley de impunidad para ciertos políticos, de cuyos votos depende un presidente del Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, señora Millán, señora Gamarra, he apuntado algunas de las cosas que han dicho, porque creo que el parlamentarismo va de eso, de escucharnos y, sobre todo en la réplica, de no venir con un guion y leerlo, sino responder.

La señora Millán criticaba la quita de la deuda negociada por Esquerra Republicana. Es una quita general, es una quita que también se puede aplicar en otras comunidades autónomas. (Rumores). Sí, lo saben, lo saben, se ha publicado. De hecho, les he hecho unos números por si no los habían hecho, porque ustedes son un poco perezosos o perezosas a la hora de hacer esto. (Rumores). En Valencia serían 9000 millones de euros. ¿Tienen algo que ver? ¿Tienen alguna responsabilidad en Valencia? En Andalucía serían 5000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Andalucía? En Murcia serían 2000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Murcia? Y en Galicia serían 600 millones de euros. ¿Quieren tener alguna responsabilidad en Galicia? Esta es la quita que se podría aplicar de deuda según Esquerra Republicana o según lo pactado por Esquerra Republicana.

Y señora Millán, aquí sí que me pondré serio. Lo he dicho ya un millón de veces y lo vuelvo a decir: yo no me avergüenzo de ser hijo y nieto de andaluces, pero para nada. Y lo vuelvo a decir: yo soy un orgulloso charnego, orgullosísimo. (Rumores). Me siento muy orgulloso de que mis abuelos huyeran de Jaén y de Granada, respectivamente, hace cincuenta o sesenta años, para ir a Cataluña a un barrio de Santa Coloma de Gramenet ―podrían haber ido a un barrio de Madrid o de Bilbao, me da igual― para vivir, para subsistir. ¿Sabe de qué huían mis abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy les votan a ustedes, sus descendientes. (Rumores.―Aplausos). Así que me siento muy orgulloso. Y como hablan ustedes de conflicto, si quieren hablo de Ortega Smith y de Abascal. A ver qué conflicto hay ahí, ¿eh? (Rumores). A ver qué conflicto hay ahí.

Señora Gamarra, me lo ha puesto superfácil. Cobrador del frac. (Risas). Me apellido Rufián y me han dicho un montón de cosas en mi vida, pero cobrador del frac todavía no. El cobrador del frac cobraba a morosos (un señor diputado: ¡En la sede del PP!), y yo le acepto sobres. Ya que soy cobrador, si quieren, sobres; ya que ustedes tienen un poco de experiencia, yo se los acepto. (Rumores). Pero dicho esto, lo que les digo es que me parece grave, me parece mal y creo que es una mala noticia para este país que el principal partido de la oposición se deje presionar y se parezca mucho más —r‌epito— a lo que dijo Bermúdez de Castro, que es un señor con el cual yo tengo muy poco que ver, pero es un extraordinario parlamentario, y hace un año defendió un no a ilegalizar (rumores.—Aplausos), sí, a según qué partidos por sus ideas. (Rumores). Ya, ya. Bueno, tengan cuidado, que esto lo está viendo Ayuso y se apunta sus nombres. (Risas y aplausos). Es que yo llevo aquí ocho años y he visto aquí en su grupo parlamentario más baile que en una discoteca. (Risas y aplausos). Aquí quien manda es quien manda, ¿eh?

Ustedes aquí piden la ilegalización de según qué partidos por sus ideas (varios señores diputados: ¡Nooo!), sí, por sus ideas (rumores), y yo les pregunto: ¿esto es digno de un partido de centro derecha democrático europeo o es más digno de un partido de ultraderecha, de un partido que prefiere gobernar su país en contra de parte de su país, antes que gobernar su país pactando con el diferente? (Rumores). Si se siguen dejando presionar y guiar por Ayuso y por VOX, y se lo digo directamente, señora Gamarra, que creo que lo sospecha, pero también al señor Tellado, les quedan dos telediarios. (Varios señores diputados: ¡Nooo!—Rumores.—Risas.—El señor Tellado Filgueira señala al señor Rufián Romero). Bueno, a mí igual sí, me da bastante igual. Quizá, a una por tiempo y al otro por incapacidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Unión del Pueblo Navarro no apoyará una ley de amnistía porque, como dijo y reconoció el propio Partido Socialista y el Gobierno de España, es ilegal e inconstitucional. Unión del Pueblo Navarro rechaza la compra de votos para una investidura, como es esta ley de amnistía y lo fue también la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu. (Aplausos). Ante tanta ignominia y esa defensa vehemente que hace el Partido Socialista de sus socios independentistas, bastaría recordar una vez más las palabras premonitorias de la madre de Joseba Pagazaurtundua, asesinado por ETA, dirigidas al señor López: «Ya no me quedan dudas de que cerrarás más veces los ojos y dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A tus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos, Patxi! ¡Qué solos estamos los que no hemos cerrado los ojos!» Señorías, fue el presidente Sánchez el que se comprometió a traer a España y poner bajo la justicia al prófugo expresidente de la Generalitat. Hoy borra sus delitos y le rinde pleitesía. Fueron el Partido Socialista, Sánchez y Chivite los que dijeron que no iban a pactar con Bildu. La presidenta Chivite dijo que Bildu era una línea roja. La candidata al Ayuntamiento de Pamplona, hoy ministra, y ausente, dijo que los socialistas jamás harían a Asiron alcalde. Señorías, la mentira, la falsedad y el engaño como forma de hacer política, y todo por mantenerse en el poder a cualquier precio. Como diría el que fuera secretario general del Partido Socialista, el señor Nicolás Redondo Terreros, la formación de ningún gobierno, y menos la pretensión de ninguna persona, merece el sacrificio de la dignidad.

Lamentablemente, este Partido Socialista, con Sánchez a la cabeza, hace tiempo que la perdió.

Muchas gracias. (Aplausos).

En relación con el artículo 31.

El señor Rufián en su intervención me ha aludido en dos ocasiones, intentando confrontar un debate que hubo en el Congreso de los Diputados en la legislatura pasada con la iniciativa y la enmienda de totalidad que presenta mi grupo.

Yo quería decirle, señor Rufián, porque preguntaba usted qué diferencia había entre entonces y ahora, que entonces la iniciativa pretendía ilegalizar los partidos por ideas y nuestra enmienda de totalidad lo que pretende es disolver partidos por conductas delictivas. (Aplausos). Si usted no sabe distinguir…

Señorías, buenas tardes. ¿Hay algún premio a la diputada o al diputado más hiriente o violento hablando y yo no me he enterado? Porque hoy tengo la sensación de que concurrimos a una competición y ver quién es capaz de dar más duro al contrincante. Se han pronunciado frases que, francamente, me parece que están fuera de lugar y que la ciudadanía no merece. Señorías, nosotros votamos no a la amnistía. No estamos de acuerdo con las causas por las que viene esta amnistía, no estamos de acuerdo con los modos con los que se ha hecho y no estamos de acuerdo con esas prisas por sacarla adelante, que han generado más disenso que consenso. Contemplo con pena y tristeza la poca fe en el Tribunal Constitucional que tiene esta Cámara, la poca fe que tienen en la ley de partidos que ustedes se dieron y la poca fe que tienen en el Código Penal. Si no sirve, lo podemos cambiar. Modifiquemos la ley de partidos, vamos a trabajar en ello, pero estas dos enmiendas nos parecen un despropósito, nos parecen desproporcionadas, y no lo dice Coalición Canaria, lo dicen importantes expertos en derecho penal. Votaremos no a ambas, porque, aunque se diga que no es cierto, rozan peligrosamente la condena de las ideas y no resuelven el problema que tenemos delante, que está dividiendo a la ciudadanía del Estado español. ¿Qué es deslealtad institucional? ¿Podemos ilegalizar a aquellos gobiernos que invaden las competencias de otros gobiernos?

¿Podemos ilegalizar a quienes invaden nuestras competencias? ¿Qué es la deslealtad institucional por la que se puede ilegalizar a un partido?

Si los medios de los que nos hemos dotado, las leyes y el Tribunal Constitucional no sirven, les están diciendo ustedes a la ciudadanía que la separación de poderes en el Estado español no existe. Nosotros no se lo vamos a decir; sí creemos en ella, en el Tribunal Constitucional y en la ley de partidos. Es ahí donde deben decidirse las diferencias de las izquierdas y de las derechas.

Gracias.

A dereita ultra e a ultradereita veñen aquí facer o que mellor saben: oporse a calquera medida de democratización, a calquera avance en dereitos e optar pola involución democrática. Vexamos, senón, unha emenda do Partido Popular que, confirmando o seguidismo da ultradereita de Vox, defende ilegalizar aquelas formacións políticas que traballen e avancen para a soberanía das súas nacións. Vox quere ilegalizarnos, ao conxunto das forzas nacionalistas, soberanistas, independentistas da nación do Estado; xa o sabemos, xa o defenderon aquí. Agora, o PP, aperta na competición para o radicalismo ultra de dereita. E faino da única maneira que sabe facelo: usando a mentira e a manipulación, da que ten feito realmente o seu modo de operar. Miren, a principal preocupación da dereita e da ultradereita sei que é tombar a Lei de Amnistía. A principal preocupación da maioría da poboación da Galiza hoxe mesmo é unha grave crise ambiental que afecta as nosas costas, inundadas de millóns de boliñas, de pellets de plástico, até onde sabemos, 27 toneladas, mais tamén está alarmada de comprobar como, diante desa catástrofe, os concellos e a cidadanía galega está soa diante da ausencia da actuación dos Gobernos, especialmente dun Goberno galego do Partido Popular, aínda en mans do Partido Popular, que tentou ocultar a situación e enganar os galegos e galegas negando que tivesen coñecemento dunha situación que os concellos costeiros coñecen desde o 13 de decembro.

Repiten paso a paso o modus operandi do Prestige, mestura de incompetencia, mentira e manipulación. Daquela tivemos unha marea negra de chapapote; agora temos unha marea branca, de plástico.

Gracias, señor presidente. Una vez más, la derecha y la ultraderecha vienen aquí a hacer lo que mejor saben, a oponerse a cualquier medida de democratización o a cualquier avance en derechos y a optar por la involución democrática. Veamos, si no, una enmienda del Partido Popular que, confirmando el seguidismo de la ultraderecha de VOX, defiende ilegalizar las formaciones políticas que avanzan y trabajan para la soberanía de sus naciones. VOX quiere ilegalizar al conjunto de las fuerzas nacionalistas, soberanistas e independentistas en el Estado. Lo ha defendido aquí, ahora, el PP. Aprietan la competición para el radicalismo ultra de la derecha, y lo hacen del único modo que lo saben hacer: utilizando la mentira y la manipulación, de la que han hecho realmente su modo de operar. Fíjense, la principal preocupación de la derecha y la ultraderecha es, parece ser, tumbar la ley de amnistía. La mayoría de la población de Galicia hoy mismo sufre una grave crisis ambiental que afecta a nuestras costas, inundadas de millones de bolitas de pélets de plástico, que, hasta donde sabemos, son 27 toneladas. Pero también está alarmada al comprobar cómo, ante esa catástrofe, la ciudadanía gallega está sola ante la ausencia de actuación de los Gobiernos, especialmente de un Gobierno gallego del Partido Popular, aún en manos del Partido Popular, que ha tratado de ocultar la situación y engañar a los gallegos y las gallegas negando conocer esa situación que los ayuntamientos costeros conocen desde el día 13 de diciembre. Repiten paso a paso el modus operandi del Prestige. Es una mezcla de incompetencia, mentira y manipulación. Entonces tuvimos una marea negra de chapapote y ahora tenemos una marea blanca de plástico.

En ambos os casos, temos unha marea de mentira, de manipulación, vergoñenta por parte do PP de Feixóo e de Rueda. E fronte a isto, tamén máis unha vez, temos a dignidade do pobo galego que, coas súas mans, suple o que os Gobernos non fan e deberían ter feito. Esa mesma dignidade, señoras e señores do Partido Popular, vai facer que en febreiro deixemos atrás definitivamente os Gobernos do PP, que foron desastrosos para a Galiza... Porque, se algo ten claro hoxe a maioría da sociedade galega...

En ambos casos tenemos una marea de mentira y de manipulación vergonzosa por parte del PP de Feijóo y de Rueda. Frente a eso, una vez más, tenemos la dignidad del pueblo gallego, que con sus manos suple lo que los Gobiernos no hacen y deberían haber hecho. Esa misma dignidad, señoras y señores del Partido Popular, hará que en febrero dejemos atrás definitivamente los Gobiernos del PP, que fueron desastrosos para Galicia, porque si algo tiene claro hoy la ciudadanía gallega…

... é que non quere máis desleixo nin máis retroceso. Incompetencia, manipulación e mentira.

… es que no quiere más retrocesos, más inercia, incompetencia, manipulación y mentiras. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Señorías, a estas alturas del debate es evidente que el Partido Popular y VOX no se oponen al qué, es decir, no están en contra de la amnistía como legítima herramienta constitucional al servicio del Poder Legislativo para atender determinadas situaciones históricas y políticas del país. Su problema no es con la amnistía como tal. De hecho, sin la amnistía del 77 muchos representantes de los partidos de los que son ustedes herederos ni siquiera se hubiesen podido presentar a las primeras elecciones democráticas, después de la dictadura franquista. Su problema es quién propone y por qué se propone en esta Cámara soberana este debate y se pide la aprobación de esta ley. Las derechas no pierden ocasión de demostrar que están en contra de todo lo que sirva para avanzar como país y para mejorar la convivencia entre los pueblos. Lo demuestran cada día, porque quieren un país donde lo normal sea el enfrentamiento, el conflicto territorial, el constante choque institucional, y eso lo persiguen todas las semanas y todos los días por tierra, mar y aire, en todos los niveles y utilizando sin pudor, además, todas las instituciones que, directa o indirectamente, controlan ustedes. Se les llena la boca con la Constitución, pero no tienen el menor reparo en pisotearla e incumplirla si le es útil para mantener el control de organismos que atienden a intereses del Partido Popular o de VOX y no de la ciudadanía y del conjunto de la gente a la que representamos en esta Cámara. Y sobran los ejemplos; sobran ejemplos, señorías. La realidad es que las derechas se oponen a la amnistía, en este caso, porque no les viene bien la desjudicialización del conflicto en Cataluña por la vía política y por la vía democrática. Es terrible la miopía política, señorías del Partido Popular y de VOX, que les hace, por ejemplo, recurrir a ETA, aunque ya no exista, porque no se alegran de que ya no exista; la tienen siempre en la boca, siempre los mismos marcos: ETA, separatismo, se rompe España y enfrentamiento. Se alimentan del caos, porque creen que eso los va a llevar al poder, les va a devolver el poder. Termino. Su problema no es con la amnistía, señorías, su problema es con la España que avanza más cuando ustedes no ostentan el poder. Su problema no es con la Constitución cuando no les conviene cumplirla, su problema es con el debate democrático de esta Cámara, como el que estamos teniendo hoy.

Pero somos más las demócratas en esta Cámara, señorías del Partido Popular y de VOX. Recapaciten.

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on jaunandreok. Señorías, volvemos a debatir sobre la cuestión territorial, una de las cuestiones de fondo irresueltas del sistema político español, una cuestión que ha sido históricamente divisiva. Volvemos a debatir sobre cuál es la mejor forma de abordar las crisis constitucionales en torno a los distintos sentimientos de pertenencia nacionales. Los grupos parlamentarios autores de las enmiendas de totalidad niegan la existencia de las realidades nacionales distintas a la española y, en su caso, proponen tratarlas como un problema de orden público con la justicia penal, con la ilegalización de partidos políticos independentistas y con la ilegalización de partidos nacionalistas no españolistas. El Grupo Parlamentario Vasco considera que esta es una cuestión que ha de tratarse a través de procesos políticos de diálogo y negociación para encontrar la convivencia política, buscando el equilibrio entre la perspectiva política y la democrática, entre el principio de legalidad y el principio democrático, porque una democracia avanzada no se entiende, obviamente, sin el principio de legalidad, pero tampoco sin el consentimiento ciudadano. Y ejemplos cercanos de esto los tenemos en Canadá respecto a Quebec y en el Reino Unido respecto a Escocia. Cuando un conflicto social se enquista suele deberse al desajuste entre las instituciones y la realidad social. Señorías, el llamado procés catalán es un ejemplo destacado de esto, respecto al que creemos procede reconocer que quizá las cosas no se hicieron bien, que por todos se cometieron errores básicos, generando situaciones que no debieran haberse producido nunca. Por ello, se hacía y se hace necesario, a nuestro criterio, cerrar un ciclo político traumático y volver a recuperar el diálogo y la negociación como instrumentos del funcionamiento político, que es lo propio de las democracias parlamentarias, como modelo de racionalidad y de integración de conflictos sobre la base de la transacción, evitando la dialéctica del odio y del amigo-enemigo.

En definitiva, ahora se trata de afrontar con un nuevo punto de vista, con una mirada diferente, un conflicto constitucional irresuelto que hizo crisis en 2017, y no, como reclaman el Partido Popular y VOX, definiéndolo como un golpe de Estado. Es un nuevo punto de vista que se constituye en una operación política de largo alcance y que dio comienzo con la concesión de los indultos, sobre los que nos pronunciamos a favor, a pesar de producirse tardíamente y de forma incompleta. También dimos nuestro apoyo a la desaparición del delito de sedición y correspondiente reforma de los de orden público. En esta legislatura también nos hemos pronunciado a favor de la tramitación de una ley de amnistía para las personas de primer y otros niveles de responsabilidad del procés catalán, lo que ya directamente, como ustedes comprenderán, nos lleva a oponernos a las enmiendas de totalidad que debatimos, y no solo por no compartir los argumentos jurídicos que contra la concesión de la amnistía se vierten. Tal y como expusimos en su toma en consideración, además de tener, a nuestro juicio, cabida constitucional, la concreta que se propone conceder no pone en riesgo ni al Estado de derecho, ni a la separación de poderes, ni a la democracia, ni a los derechos fundamentales. También nos oponemos a estas enmiendas de totalidad por su mismo contenido político, porque cierran las puertas, a nuestro juicio, a una oportunidad para reiniciar un proyecto de convivencia y normalización por medios democráticos, que nos permita abordar el fondo y a fondo un problema político, abriendo la puerta al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad y al reconocimiento de realidades nacionales diversas mediante el diálogo y la negociación. Y, por eso mismo, señorías, nos opusimos en su día, hace veinte años, en 2003, a la tipificación de la convocatoria de referéndum sin autorización. La calificamos en aquel momento como una torpeza penal, desde el principio de intervención mínima, desde la última ratio del derecho penal y desde el principio de idoneidad; y también la calificamos como una torpeza política.

Suscribimos la iniciativa para su derogación, finalmente alcanzada en 2005; y, sistemáticamente, nos hemos opuesto a los intentos de reintroducirla en el Código Penal por parte del Partido Popular y por VOX. Porque, señorías, nos preguntamos: ¿debe ir a la cárcel un dirigente que, sin autorización, se ve compelido a preguntar a la ciudadanía sobre un asunto candente en el debate político? ¿Preguntar a la ciudadanía es fortalecer o degradar a la democracia? Porque, a nuestro juicio, de esto es de lo que estamos hablando en esta reforma del Código Penal que se propone.

Y, por las mismas razones penalógicas y políticas, nos oponemos a la tipificación e ilegalización de los partidos políticos de esos dirigentes que convoquen referéndums consultivos sin autorización o que declaren, simbólicamente, la independencia de parte del territorio del Estado; que incluso se quiere llevar al extremo para aquellos partidos políticos con ideología soberanista, no españolista, que no comparten una idea monolítica de España, lo que significa, a nuestro juicio, el desconocimiento de uno de los valores superiores que propugna en su ordenamiento jurídico, el artículo 1 de la Constitución, cual es el pluralismo político. Aparte de que, a nuestro juicio, también debe comprender la pluralidad de identidades nacionales, además de ignorar que la Constitución no es una Constitución militante y que no hay parte alguna de la Constitución inalterable o modificable.

Finalizo, presidente. Propuestas como la que ahora debatimos, consideramos que agravan más la situación de los conflictos constitucionales vividos y que los agravará aún más en el futuro. Señorías, no nos alejemos del camino de la política que ahora transitamos, volviendo al de la política criminal del pasado reciente ilegalizando, además, a partidos políticos incómodos para la concepción de España que sostienen los proponentes.

Eskerrik asko. Nada más y muchas gracias.

Eskerrik asko. Lehenengo eta behin, urte berri on guztioi. Lokatza. Lokatza gordina. Hori da proposatzen duzuena gatazka politiko bati aurre egiteko. Kontua da hau ez dela lehenengo aldia, hau da normalenean erabiltzen duzuena, zuen ohiko bidea, gatazka politikoak, tratatzeko. Bai, bai, gaur entzungailua behar duzue, ezta?

Señor presidente, señorías, en primer lugar, feliz año nuevo a todas y a todos. Barro, barro hasta el cuello; eso es lo que ustedes proponen para hacer frente a un conflicto político. La cuestión es que esta no es la primera vez. Esta es la vía habitual que utilizan ustedes para tratar los conflictos políticos.

Sí, sí, hoy van a necesitar el auricular; este es el problema de tomar compromisos cuando luego no se pueden cumplir del todo. ¡Qué faena!

Bada, begitu. Zuen proposamenak, bai ukazioa, zigorra, errepresioa, mehatxua, gaur bezala, zuek badakizue, gainera, horrela gatazkak ez direla konpontzen, baina, lehenengo plenoan aipatu genuen bezala, hau erabiltzen duzue markoa aldatzeko, ez tratatzeko gatazka politikoa, baizik eta bihurtzeko gatazka hori beste gaztaka mota batean. Eta zer gertatzen da? Ba, gaurko emendakinarekin argi geratzen denez, zuek ez zaretela konponbidearen parte, baizik eta arazoarena. Argi eta garbi geratzen da zuen emendakinarekin. Eta, begitu, guk aipatu genuen eta gaur berriz aipatzen dugu. Uste dugu amnistia legea ona dela, justua dela, eta ez bakarrik Kataluniako herriarentzako, baizik eta baita Estatuarentzako. Eta berriro politikara itzultzen du bide judizialetara sekula iritsi behar ez zena. Horregatik, uste dugu neurri ona dela.

Pues miren sus propuestas, la negación, el castigo, la represión, la amenaza, tal y como ha mostrado hoy, esa es su propuesta. Además, ustedes saben que los conflictos no se resuelven así. Pero, tal y como mencionamos en el primer Pleno, utilizan esas herramientas para cambiar el marco, para no tratar el conflicto político, sino para convertir ese conflicto en otro tipo de conflicto. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que, con las enmiendas presentadas hoy, queda claro qué ocurre, que ustedes no son parte de la solución, sino del problema. Eso se ve claramente; se ve muy claro con su enmienda.

Miren, ya lo dijimos y lo reiteramos hoy; creemos que la ley de amnistía es buena, es justa, y no solo para el pueblo de Cataluña, sino también para el Estado; y devuelve de nuevo a la vía política lo que no tuvo que haber llegado nunca a la vía judicial. Por eso, creemos que es una medida buena.

Las señorías del Partido Popular y también las señorías de VOX han mencionado —‌lo han mencionado en numerosas ocasiones y hoy lo han hecho también— que el presidente Sánchez miente, engaña, no tiene principios, no tiene palabra, que él suele definir como un cambio de opinión. Y yo les recomiendo una entrevista que le hicieron al expresidente Rodríguez Zapatero, hace apenas tres meses, en el diario La Vanguardia, en la cual traía a colación un libro escrito por Martin Wolf, del Financial Times, donde decía que lo importante en esta vida no era cambiar de opinión, que él lo había hecho en numerosas ocasiones, y que quien no cambia de opinión no piensa, que lo importante era no cambiar de valores. Y el señor Zapatero decía: Quién ataca a otro en política por cambiar de opinión está a cinco minutos de cambiar de opinión él mismo. ¿Y qué ocurre? ¿A dónde quiero llegar? ¡Es que ustedes también cambian de opinión! Se lo comentaba otro portavoz; hace un año, con una propuesta un poco marciana de VOX, salía un parlamentario del Partido Popular que, con brillantez, defendió que sería inconstitucional esa medida, que sería vulnerar la Constitución, y ponía en valor el principio de pluralidad, y que no se podría llevar nunca por esa vía. Pero, es más, hoy decía: No, no, son las ideas, son las ideas las que no se pueden ilegalizar. Hay que ilegalizar los hechos delictivos. Si consideran que es así ¿por qué no lo hicieron cuando tenían una mayoría absoluta y podían hacerlo? ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque han cambiado de opinión.

¿Saben qué ocurre? Que el presidente Sánchez cambia de opinión. El señor Feijóo cambia de opinión. ¿Saben cuál es la diferencia? Que, desde nuestro punto de vista, el señor Sánchez ha cambiado de opinión en la buena vía (risas), en esa de ir por los caminos democráticos y de resolución de conflictos, y ustedes siguen en lo mismo, en el barro, barro y barro. Y con eso, ¿qué consiguen?

Escuchaba a la señora Gamarra haciendo mención con orgullo que se aprobó en esta Cámara el 155. ¿Están orgullosos de aquella medida? Yo estaba en aquel Pleno. Veo a la señora Esther también que hace gestos. Estábamos en aquel Pleno; aplaudieron, hicieron una fiesta, incluso compraron billetes de lotería acabados en 155, y tuvieron suerte que les tocó ¿no? Pues ese debe ser el único orgullo y satisfacción, porque ¿qué ocurrió? Aplicaron el 155 como les vino en gana y convocaron unas elecciones en Cataluña. ¿Y qué? Las perdieron, las perdieron. ¿Y qué consiguieron con ello? ¿Solucionaron algo del conflicto político que seguía y sigue encima de la mesa? Nada, nada, porque no han conseguido nada. Quieren cambiar el marco y pasar a un conflicto policial o a un conflicto violento, cuando lo que tienen que resolver es un conflicto político, como tantísimos hay en el mundo. ¿Qué ocurre? Que esos conflictos se solucionan con diálogo, negociación y acuerdo. Y eso es a lo que no quieren llegar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

¿Recuerdan ustedes —‌porque también cambian mucho de opinión, el otrora señor Feijóo lo recordará— al señor Aznar, que no era conocido por ser un progresista, solía decir que la independencia en Euskal Herria, en el País Vasco, era legítima siempre que no se impusiera por la fuerza? Decía que se podía defender la independencia cuando no fuera por la fuerza. ¿Qué ocurrió? Que cuando desapareció la violencia, ustedes cambiaron el concepto y empezaron a calificar como sedición, rebelión, terrorismo, cualquier cosa que no les gustaba o que no encajaba con su modelo de constitucionalidad, el suyo. Ya sé que se erigen como miembros del Tribunal Constitucional, olvidando que hasta que ese tribunal dé su opinión, hay presunción de constitucionalidad. Y en este momento nos dicen: no, las ideas no, claro. Pero es que ustedes a las ideas les van añadiendo terrorismo, sedición, rebelión, lo que sea cuando no les guste.

Miren, con esta propuesta, ¿saben lo que ocurre además? Que se parecería su Estado mucho más a Turquía, se parecerían ustedes más al AKP de Erdogan. Y cuando el Consejo de Europa hace dos años hizo un informe que hacía símiles entre Turquía y España por la situación en Cataluña, ustedes se rasgaron las vestiduras, les pareció mal. Con esta propuesta lo único que hacen es ir más hacia esa vía. Si están orgullosos y les parece bien, será su problema, pero yo creo que no les hace ningún favor.

Voy acabando, señora presidenta. Miren, hay un juez —‌bueno, un militante suyo que controlan por la puerta de atrás— que ahora está haciendo elucubraciones sobre ese movimiento llamado Tsunami Democràtic. De ese movimiento pacífico hay que recordar que tenía una reivindicación que era «sit and talk», ese era su mensaje revolucionario, que, además, es coincidente con lo que decía el presidente del Consejo de la Unión Europea después de la represión del 1 de octubre, dirigiéndose al Gobierno español en el que estaban ustedes, cuando les decía: Non violence and dialogue. Lo mismo les decían los del Tsunami Democràtic y el Consejo de la Unión Europea: que estos conflictos se solucionan con diálogo y negociación. Por eso, ante esta propuesta que traen hoy de barro y más barro, votaremos no, porque se abre un camino a la esperanza, como es la ley de amnistía, que creemos que es positiva, es justa y que abrirá un espacio en el que el diálogo para solucionar los conflictos políticos y meramente políticos, como el de Cataluña, el de Euskal Herria, el de Galicia y otros, se resuelvan negociando, dialogando y pactando.

Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).

Debatem les esmenes a la totalitat presentades per Vox i el Grup Popular a la proposició de l’amnistia del Grup Socialista presa en consideració el passat 13 de desembre. De fet, parlar d’esmenes a la totalitat és un dir, perquè uns i altres el que fan és utilitzar aquest mecanisme per proposar una reforma legal que poc té a veure amb el que hauríem d’estar fent avui aquí. Així, la dreta i l’extrema dreta abusen de l’esmena a la totalitat com abusa el Govern dels reials decrets llei trampa.

Des de Junts entenem perfectament que no els agradi la llei d’amnistia. És legítim que no en comparteixin ni l’oportunitat, ni els motius, ni la finalitat. Però utilitzar l’esmena a la totalitat per transformar la llei en una reforma penal és fer exactament el contrari del que l’amnistia proposa. Vostès, que tan bé coneixen l’aplicació del reglament del Congreso, segur que saben que el seu article 110.3 estableix quina ha de ser la forma de les esmenes a la totalitat, però tot i així vostès fan una cosa diferent pervertint el sistema parlamentari i el mandat constitucional només pel seu interès. No presenten un text alternatiu a la llei, sinó una modificació del Codi Penal per poder-hi encabir tot allò pel que, com deia el diputat Rufián, els independentistes ja hem estat condemnats. Una modificació del Codi Penal per blindar, ara sí, la criminalització de l’activitat de l’independentisme. Una modificació també per sustentar l’actuació de la cúpula judicial fonamentada en el fang. En definitiva, una evidència més del mal fer d’aquesta cúpula judicial.

Mirin, respecte a l’esmena de Vox, només afegiré que és tan infumable i allunyada del marc democràtic com el mateix partit. Res més. Nosaltres no els abonarem el terreny perquè continuïn sembrant més odi.

I respecte al Grup Popular, doncs aquest continua amb les dosis d’incoherència dels grans partits espanyols. Mentre qüestionen el canvi de criteri dels socialistes respecte a l’amnistia, vostès no són més honestos i ara volen legislar per acusar-nos de deslleials amb la Constitució i així il·legalitzar aquells que fa uns mesos érem —e‌ n paraules seves— un partit cuya tradición y legalidad no está en duda. Senyor González Pons, en què quedem? En què quedem, senyories del PP? Són vostès els garants de la seva sacrosanta Constitució o no? Perquè la seva proposta dinamita el pluralisme polític previst a l’article 1 de la seva Constitució i és contrari a la jurisprudència del seu Tribunal Constitucional, que avala que la democràcia espanyola no és militant i que dona cobertura a les expressions polítiques no violentes, encara que siguin contràries a la mateixa Constitució.

La veritat és que amb el que hem sentit avui i amb el que va matisar ahir el senyor Feijóo els independentistes podem estar una mica més tranquils. Però saben quins haurien de ser els primers acusats per deslleialtat constitucional? Ho saben? Haurien de ser vostès, els que es van carregar el pacte constitucional, aquell pacte imposat del 78, aquell pacte que vostès van dinamitar recollint firmes contra l’Estatut de Catalunya.

Ens diu el PP que l’amnistia proposada constitueix una esmena a la independència de la totalitat del poder judicial. I jo els dic que la totalitat del poder judicial no, en cap cas. Junts som ben conscients que hi ha centenars de jutges i jutgesses que exerceixen amb absoluta professionalitat. En tot cas, l’amnistia vol ser una esmena a l’extrema parcialitat i politització de les cúpules judicials, perquè quan vostès parlen de garantir la independència del poder judicial realment estan parlant de no perdre la capacitat d’incidir en la política de forma parcial i interessada, com han fet els darrers quaranta anys i molt especialment els últims deu. I el que realment cal és garantir la imparcialitat judicial, perquè sense imparcialitat les garanties previstes en el 117.1 de la seva Constitució perden tot el seu sentit. Així que ara que estan disposats a modificar-la per ajustar-ne l’article 49, aprofitin, exerceixin de demòcrates i reformin també el 117 per afegir-hi la garantia d’imparcialitat. Perquè un poder judicial ja pot ser molt independent, tan independent com vostès el pregonen, però això no serveix de res si la seva anacrònica ideologia afecta cada vegada la seva imparcialitat.

Finalment, també resulta significatiu que en el text que ens presenten facin referència o acompanyin tot plegat de l’amenaça d’un procediment d’incompliment. Ho fan agafant de referència una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 15 de juliol del 2021, talment com si això fos Polònia. Segurament no és casualitat que s’hagin fixat amb aquesta sentència. Segurament Espanya i Polònia comencen a ser perillosament semblants.

Junts no donarà suport a cap de les dues esmenes a la totalitat. Per a nosaltres, com per a tots els demòcrates, el Codi Penal mai serà el camí per resoldre el conflicte polític i històric entre Catalunya i Espanya. El nostre terreny de joc, senyories, són els parlaments, no els tribunals. La nostra via és la negociació política i no la submissió judicial. I la nostra solució per al nostre futur, per al futur de Catalunya, sempre serà la independència. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos las enmiendas a la totalidad presentadas por VOX y el Grupo Popular a la proposición de amnistía del Grupo Socialista, tomada en consideración el pasado 13 de diciembre. De hecho, hablar de enmiendas a la totalidad es un decir, porque unos y otros lo que hacen es utilizar este mecanismo para proponer una reforma legal que poco tiene que ver con lo que hoy tendríamos que estar haciendo aquí. Así, la derecha y la extrema derecha abusan de la enmienda a la totalidad como abusa el Gobierno de los reales decretos leyes trampa. Junts entiende perfectamente que no les guste la ley de amnistía; es legítimo que no compartan ni la oportunidad, ni los motivos, ni la finalidad, pero utilizar la enmienda a la totalidad para transformar la ley en una reforma penal es hacer exactamente lo contrario de lo que la amnistía propone. Ustedes, que tan bien conocen la aplicación del Reglamento del Congreso, seguro que saben que su artículo 110.3 establece cuál ha de ser la forma de las enmiendas a la totalidad, pero, todo y con ello, ustedes hacen algo diferente, pervirtiendo el sistema parlamentario y el mandato constitucional solo por su interés. No presentan un texto alternativo a la ley, sino a una modificación del Código Penal para poder encajar todo aquello que, como decía el diputado Rufián, los independentistas ya hemos sido condenados. Una modificación del Código Penal para blindar, ahora sí, la criminalización de la actividad del independentismo. Una modificación también para sustentar la actuación de la cúpula judicial fundamentada en el fango. En definitiva, una evidencia más de la mala praxis de esta cúpula judicial. Con respecto a la enmienda de VOX, solo añadiré que es tan infumable y alejada del marco democrático como el mismo partido, nada más. Nosotros no les abonaremos el terreno para que continúen sembrando más odio. Respecto al Grupo Popular, este continúa con las dosis de incoherencia de los grandes partidos españoles. Mientras cuestionan el cambio de criterio de los socialistas con respecto a la amnistía, ustedes no son más honestos. Y ahora quieren legislar para acusarnos de desleales con la Constitución, y así ilegalizar a aquellos que hace unos meses éramos, en palabras suyas, un partido cuya tradición y legalidad no está en duda. Señor González Pons, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, señorías del PP?, ¿son ustedes los garantes de su sacrosanta Constitución o no? Su propuesta dinamita el pluralismo político contemplado en el artículo 1 de su Constitución y es contrario a la jurisprudencia de su Tribunal

Constitucional, que avala que la democracia española no es militante y que da cobertura a las expresiones políticas no violentas, aunque sean contrarias a la propia Constitución.

La verdad es que, con lo que hemos escuchado y en lo que matizó ayer el señor Feijóo, los independentistas podemos estar un poco más tranquilos. ¿Saben cuáles tendrían que ser los primeros acusados por deslealtad constitucional?, ¿lo saben? (Señala a la parte derecha del hemiciclo). Tendrían que ser ustedes, los que se cargaron el pacto constitucional, aquel pacto impuesto del 78, aquel pacto que ustedes dinamitaron recogiendo firmas contra el Estatuto de Cataluña.

Nos dice el PP que la amnistía propuesta constituye una enmienda a la independencia de la totalidad del Poder Judicial. Y yo les digo que la totalidad del Poder Judicial no, en ningún caso. Junts es muy consciente de que hay centenares de jueces y juezas que ejercen con absoluta profesionalidad. En todo caso, la amnistía quiere ser una enmienda a la extrema parcialidad y politización de las cúpulas judiciales. Cuando ustedes hablan de garantizar la independencia del Poder Judicial, realmente están hablando de no perder la capacidad de incidir en la política de forma parcial e interesada, como han hecho los últimos cuarenta años y muy especialmente los últimos diez.

Lo que realmente es necesario es garantizar la imparcialidad judicial, porque sin imparcialidad, las garantías previstas en el 117.1 de su Constitución pierden todo su sentido. Así que, ahora que están dispuestos a modificarla para ajustar el artículo 49, aprovechen y ejerzan de demócratas y reformen también el 117 para añadir la garantía de imparcialidad, porque un Poder Judicial ya puede ser muy independiente, tan independiente como ustedes lo pregonan, pero eso no sirve de nada si su anacrónica ideología afecta cada vez a su imparcialidad.

Finalmente, también resulta significativo que en el texto que nos presentan se refieran o lo acompañen todo con la amenaza de un procedimiento de incumplimiento. Lo hacen cogiendo como referencia una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de julio de 2021, talmente como si esto fuera Polonia. Seguramente no es casual que se hayan fijado en esta sentencia. Seguramente, España y Polonia empiezan a ser peligrosamente parecidas.

Junts no apoyará ninguna de estas dos enmiendas a la totalidad. Para nosotros, como para todos los demócratas, el Código Penal nunca será el camino para resolver el conflicto político histórico entre Cataluña y España. Nuestro terreno de juego, señorías, son los parlamentos, no los tribunales; nuestra vía es la negociación política y no la sumisión judicial, y nuestra solución para nuestro futuro, el futuro de Cataluña, siempre será la independencia.

Muchas gracias.

Señora presidenta, señorías, con estas enmiendas el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos políticos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa poco la ley de amnistía que apenas alcanzará a quinientas personas. Aznar, en un día, indultaba a más de mil cuatrocientos condenados… (Rumores).

Pues empiezo y ahora se lo digo dos veces. Con estas enmiendas, decía, el Partido Popular y VOX persiguen ilegalizar los acuerdos entre fuerzas democráticas y partidos. Saben que de otra forma no van a conseguir nunca mayoría para gobernar. Al PP y a VOX les interesa muy poco la ley de amnistía, porque apenas va a alcanzar a quinientas personas, mientras que Aznar, en un solo día, indultaba más de mil cuatrocientas condenas. Según su enmienda, eso sería una permanente interferencia en la actuación de los tribunales. Y, según estas enmiendas, la ley de amnistía es una acusación de prevaricar a los jueces. Pero, entonces, los indultos masivos acordados por el PP debían serlo igualmente. Partido Popular y VOX también quieren ilegalizar a los partidos que se oponen a que la ultraderecha entre en el Gobierno; partidos tanto de izquierdas como de derechas, pero respetuosos con la democracia. Ningún partido político democrático hoy va a facilitar que gobiernen dos partidos, Partido Popular y VOX, que han hecho del incumplimiento de la Constitución —‌Consejo General del Poder Judicial—, del insulto y de la confrontación su forma cotidiana de actuación. En estas enmiendas, todo es doble rasero. El PP nunca ha condenado el franquismo y la mitad de sus diputados no votaron a favor de la Constitución cuando hubo que hacerlo en este Congreso. (Un señor diputado: Es mentira). Y tienen la desfachatez de proponernos un delito de deslealtad constitucional. Ustedes, que ayer, por cierto, ni siquiera el señor Feijóo aprobaba esa propuesta. Sería delito que los partidos de la coalición de Gobierno acordarán con los partidos nacionalistas catalanes que SUMAR o que el PSOE se reúnan con representantes de Junts. Sería un grave delito. Sin embargo, si es el señor González Pons quien lo hace para pedir el apoyo de Junts para la investidura del señor Feijóo, eso, entonces, no sería delito; estaría bien.

El PP ha politizado la justicia hasta límites inaceptables en democracia. Querían controlar el Tribunal Supremo por detrás y han presumido de que los jueces apoyaban al Partido Popular. Ahora, con esta enmienda, excusatio non petita, intentan justificar que la justicia no la han politizado. También convierten en delito la propuesta o la realización de consultas ciudadanas contrarias a los requisitos constitucionales del referéndum. Dicen, literalmente, que una consulta directa a los ciudadanos realizada por un ayuntamiento sería para ustedes motivo para imponer hasta cinco años de cárcel. El portal de consultas públicas del Ayuntamiento de Madrid indica que, en cuatro años, ese ayuntamiento ha realizado cincuenta y cuatro consultas públicas; ninguna convocada con los requisitos constitucionales de referéndum. Nosotros nos oponemos a que el señor Martínez Almeida pueda ir a prisión por convocar consultas ciudadanas y, según la enmienda que proponen al artículo 547 del Código Penal, estos nuevos delitos llevarían aparejada la disolución del partido político impulsor de estas consultas. En este caso del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular.

SUMAR se opone a la ilegalización de partidos por la adopción de acuerdos políticos que ni provocan, por ejemplo, muertes masivas en residencias de mayores ni han roto España (rumores), como se comprueba. Son enmiendas contrarias al derecho constitucional de participación política; enmiendas que vulneran el derecho al voto de millones de españoles y deberían ser prudentes en materia de ilegalización de partidos, porque el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales. (Aplausos.— Rumores). La primera fue por la trama Gürtel. La Audiencia Nacional sentenció que el Partido Popular se benefició, con más de 245 000 euros, por corrupción. La segunda condena, también de la Audiencia Nacional, fue por la caja B del Partido Popular. Fueron condenados como responsables civiles subsidiarios por 123 000 euros. La tercera condena, firme, como partícipe a título lucrativo, fue impuesta también por la Audiencia Nacional a su partido, por beneficiarse de 200 000 euros de la corrupción de la Gürtel en Boadilla del Monte. Y, en un cuarto proceso, el Partido Popular fue el primer partido político sentado en un banquillo de acusados. Se salvó de ser condenado por falta de pruebas, ya que ustedes mismos destrozaron a martillazos los ordenadores del señor Bárcenas. (Aplausos.—Rumores). Si hubiera sido condenado su partido entonces o si la reforma del artículo 31bis hubiera sido aplicada retroactivamente en cualquiera de esas sentencias, su partido habría sido disuelto como consecuencia de actividades corruptas realizadas por el Albondiguilla, la ministra Mato o Bárcenas. Eso es lo que ustedes proponen, pero para otros partidos.

El Supremo acaba de rechazar las querellas de VOX contra Pedro Sánchez por negociar la investidura con partidos nacionalistas catalanes, lo mismo que intentó Feijoo. El Supremo ha reprochado a VOX que pida a los jueces interferir en una investidura para impedir actuaciones consustanciales a una democracia, dice el Supremo.

Ahora VOX, con estas enmiendas, pretende prohibir las negociaciones entre partidos y lo justifica porque la influencia de lo que llaman separatistas es absolutamente desproporcionada con relación a su representatividad. Esto ha provocado gravísimas consecuencias desvirtuando el sentido de las instituciones, atribuyendo un injustificable poder decisorio a minorías. Convierten en delito acuerdos alcanzados con partidos que consideran minorías, pero solo si se trata de minorías nacionalistas. Si la minoría que impone sus acuerdos es la ultraderecha, entonces no sería delito. Miren, VOX, con 4 de 35 diputados, ha impuesto que la Asamblea de Cantabria derogue la Ley de Memoria Democrática. En la Asamblea de Madrid, VOX, con 11 de 135 diputados, ha conseguido iniciar la derogación de derechos del colectivo LGTBI y trans. En Orihuela, VOX, con 4 de 25 concejales, ha eliminado el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández. VOX no va a parar hasta acabar con la democracia y con sus reglas. No pararán hasta arrebatarnos todos los derechos que hemos conquistado y proponen que sea delito negociar asuntos tramitados en las Cortes con personas condenadas judicialmente. Ustedes, que han tenido dos diputados en la anterior legislatura, el señor Coello de Portugal y el señor Espinosa de los Monteros, condenados negociando constantemente enmiendas; es decir, asuntos tramitados en las Cortes. ¿Y qué ocurriría si ahora se aprobara esa enmienda? Que sería delito, por ejemplo, que cualquier diputado o diputada se sentara con su actual diputado, Carlos Flores, condenado por violencia de género en el año 2002, porque cometerían un delito si se sentaran a hablar de una enmienda. (Aplausos). Eso es lo que ustedes están proponiendo.

Luego está la exhibición pública de emblemas y símbolos que impliquen un atentado contra la integridad del territorio nacional. Eso es perseguir ideas. ¿Qué emblema atenta contra la integridad de España? ¿La bandera estelada atenta contra la integridad de España, la independentista gallega o la bandera de la Segunda República? Ustedes, con esta norma penal en blanco, lo que quieren es devolver a España al régimen dictatorial en el que ya nos tuvieron cuarenta años. Nos presentan una auténtica enmienda a la totalidad, a la democracia y lo que quieren hacer es acabar con la posibilidad de que se construyan entre los representantes políticos acuerdos y consensos que garanticen la convivencia, la democracia y el Estado de derecho. La democracia está sufriendo un ataque sin precedentes por VOX, al que se ha sumado el Partido Popular. Respondamos con la unidad de todas las personas demócratas para defender la democracia.

Votaremos que no. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, atiéndame un momentito, por favor. Ustedes pretenden tipificar la deslealtad constitucional. Yo le voy a poner un ejemplo de deslealtad constitucional, un ejemplo irrefutable de deslealtad constitucional: 1863 días, señorías, cinco años, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial; 1863 días. ¡Verdadera deslealtad constitucional, grosera y obscena! Y le ruego que le recuerde al señor Feijóo, que hace año y medio vino a esta Cámara y prometió acatar la Constitución, que lleva año y medio sin cumplirla. Y hace apenas cinco meses hizo lo propio en el salón del Congreso de los Diputados y lleva cinco meses sin cumplirla, señorías. Usando sus propias palabras, señora Gamarra, ¿no se les cae la cara de vergüenza, señorías? ¿No se les cae la cara de vergüenza? (Aplausos). Señora presidenta, durante meses hemos oído a las derechas proclamar que la ley de amnistía es ilegítima e inconstitucional. Nosotros hoy aquí afirmamos lo contrario, y añadimos que es oportuna y necesaria. La ley de amnistía es proporcional, idónea y necesaria para salvar el conflicto de Cataluña, para mejorar la convivencia; en definitiva, para satisfacer el interés general. Señorías, toda ley de este Parlamento goza de una legitimidad democrática inapelable. Hoy el pacto parlamentario no es solo una necesidad, es virtud; es virtud constitucional, y no saber leerlo les deja fuera de la realidad y de la política útil, señorías. Y que nadie olvide que la Constitución es un marco de convivencia en libertad y pluralismo y que las leyes gozan de presunción de constitucionalidad, que solo puede quebrar una clara e inequívoca colisión con la Constitución, lo que no ocurre con esta ley de amnistía. La inconstitucionalidad de esta amnistía ha encontrado muchos adoradores de la Constitución, afectos a un constitucionalismo excluyente ajeno a su vocación verdadera, integradora. Espero que a esta legión de constitucionalistas les conmueva que el mismísimo Kelsen expresara una versión del principio democrático en la que no dudó en afirmar que todo lo no prohibido explícitamente en la Constitución está permitido. Pero seguro que a ustedes no les basta esa cita de autoridad, porque, frente a tanto converso al constitucionalismo que pontifica infaliblemente el pecado de la amnistía, ni yo ni mi grupo ni este Gobierno van a proclamar irrefutablemente su constitucionalidad hoy, ahora y aquí. Sobran motivos para creer en su constitucionalidad, pero le reconocemos al Tribunal Constitucional la competencia exclusiva para enjuiciarla. Y nosotros nos preguntamos: ¿aceptará el Partido Popular ese veredicto si el Tribunal Constitucional proclama la constitucionalidad de la ley de amnistía? ¿Acatarán la Constitución o seguirán en rebeldía, desobedeciendo la Constitución? (Aplausos). Eso nos preguntamos. Señorías, quisiera dirigirle una pregunta al señor Feijóo, que no nos honra con su presencia en este debate. Señoría, ¿cuál es la alternativa del Partido Popular al conflicto catalán? Repito, ¿cuál es la alternativa del Partido Popular al conflicto catalán? ¿Un artículo 155 que incendie Cataluña, como proponía su aspirante a vicepresidente? Todo es posible a estas alturas. Al paso que llevan, antes de que acabe el mes o la semana igual hacen suya esa propuesta. No nos extrañaría porque acaban de comprarle a VOX, ni más ni menos, que la propuesta de ilegalizar partidos, ¡ilegalizar partidos políticos nacionalistas! ¿De verdad van a ilegalizar a millones de catalanes mientras se reúnen ―¿verdad, señor González Pons?― a escondidas con ellos para pactar investiduras? ¿Ilegalizar a Junts? Pero si es un partido ―¿verdad, señor González Pons?― de tradición y legalidad intachable. A ver si lo entendemos, señorías. Por la mañana el señor González Pons se toma un cafetito con ellos, por la tarde el señor Tellado los disuelve y por la noche llega al señor Feijóo y los suspende temporal o definitivamente, todavía no lo saben. Pero ¿de verdad no hay nadie en Génova con más luces, señorías? ¿No hay nadie en Génova que dé más de sí, señorías? ¿De verdad? ¿De verdad su solución es más Código Penal? ¡Pero si con el Código Penal de la rebelión y la sedición, con penas de hasta quince y veinticinco años de cárcel les convocaron dos referéndums ilegales y les proclamaron una declaración unilateral de independencia, señorías! ¡Pero qué broma de mal gusto es esta y a quién pretenden engañar! ¿Hasta dónde piensan llegar en este delirante pulso con la extrema derecha, señorías? ¿Hasta dónde?

Por cierto, cuidado con VOX. (Rumores).

Fíense lo justito de sus socios de Gobierno de Valencia, Aragón, Castilla y León, Extremadura o Baleares, porque hemos leído que quieren meter en la cárcel a quienes negocien investiduras con procesados o condenados, señorías, y me temo que esa lista, a estas alturas, la encabeza el señor González Pons. (Muestra un recorte de prensa). González Pons fue el elegido por Feijóo para hablar con Junts y ha habido varias reuniones. ¿Es usted consciente, señor González Pons, de que le piden hasta casi diez años de cárcel, de que quieren verlo en Alcalá Meco sus socios de Gobierno en Valencia? ¿Es consciente? Porque aquí dice que Esteban González Pons se reunió con Jordi Turull ―quince años de condena― en casa de un empresario, señorías. (Vuelve a mostrar el anterior recorte de prensa). Esta es la realidad. Señora Gamarra, permítanme que recurra a su expresión anterior, ¿no se les cae la cara de vergüenza? Y no se preocupe, señor González Pons, porque creo que en esa lista no va a estar solo, que le pueden acompañar, por ejemplo, el propio señor Feijóo, al que a título de cómplice, cooperador o encubridor de reuniones clandestinas en oscuros reservados de hoteles, como la reunión de agosto, tal vez también le pidan que vaya a la cárcel. (Muestra otro recorte de prensa.― Aplausos). Reuniones, por cierto, a principios de agosto. ¡Pero qué prisa, qué ansias! No esperaron ni a la constitución de las Cortes el día 17 de agosto, ni a que los propusiera al Rey. Desde luego, menuda desesperación. Señor Feijóo, allí donde esté, ha habido muchas más reuniones que estas, ¿verdad? Reconózcanlo, señorías del Partido Popular, porque acabará sabiéndose. (Rumores). Se acabará sabiendo que habrían pactado la amnistía con Junts y, si hiciera falta, habrían desfilado felices y dichosos por las ramblas gritando ―por supuesto, en catalán― ‘llibertat, amnistia i estatut d’autonomia’. (Aplausos.—Protestas). El problema, señorías, es que les faltaban treinta y tres votos, los de VOX. Ese es su drama. Esa es, señora Gamarra, su agonía.

Señorías, basta de hipocresía, de dobleces, de cinismo, sean honestos con los españoles. Apuesten por el diálogo, por el acuerdo, por el pacto, como hace el Partido Socialista, les irá mejor a ustedes y a España.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

Por el artículo 85.1 del Reglamento de la Cámara, dos grupos solicitan la votación por llamamiento para todas aquellas votaciones en las que se ha producido empate. (Risas y aplausos).

Gracias, presidenta. Como sabe, en la Junta de Portavoces de esta semana, desde el Partido Popular llamamos la atención sobre el error que suponía someter los puntos del orden del día de esta sesión al método del voto telemático porque, como sabe, el artículo que regula el voto telemático no contemplaba ninguna de las circunstancias para que se llevase a cabo. Solicitamos en esa Junta de Portavoces que se votase de forma ordinaria, es decir, presencial, tal y como recoge el artículo 84 del Reglamento de esta Cámara, pero, lamentablemente, la Mesa no accedió a nuestra petición.

Visto lo que ha sucedido —‌porque hemos visto cómo a lo largo del mediodía ha habido serios problemas en el proceso de votación telemática, que han provocado que incluso la franja horaria prevista para la votación se tuviese que ampliar— y visto que, desde luego, el sistema no agiliza absolutamente nada —q‌ ue fue el argumento que la Cámara sugirió en aquel momento—, nosotros, en aras de proceder a la repetición de estas dos votaciones de forma garantista, queremos acudir al artículo 85, donde se señala que un grupo que tiene más de un quinto de los diputados de esta Cámara puede pedir el voto por llamamiento. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, como somos el grupo que tiene más de un quinto de diputados de esta Cámara, pedimos que esa repetición de las dos votaciones se haga por llamamiento público en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Yo quiero agradecer a la Presidencia de la Cámara que haya aceptado la petición del Partido Popular para que finalmente esta votación se pueda hacer por el método de llamamiento. (Rumores.—Un señor diputado: Pelota). Creo que para clarificar exactamente qué es lo que votamos y dado que el presidente del Gobierno está presente, me gustaría que nos explicase, y creo que es una ocasión para hacerlo, qué es lo que ha pactado a lo largo del día de hoy con el independentismo. (Aplausos.—Rumores.—Un señor diputado: ¡Muy bien!). Los españoles y los diputados tienen derecho a saberlo… (Protestas.— Aplausos.—El señor Tellado Filgueira continúa hablando con el micrófono cerrado).