Presidencia. Señorías, buenos días. Feliz año. Comparezco ante esta tribuna del Congreso de los Diputados en el Senado para exponer el contenido del Real Decreto ley 7/2023, por el que se acomete la simplificación y la mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, así como completar la transposición de la Directiva 2019/1158, de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. En estos tiempos —permítanme decirles— de constitucionalismo impostado, voy a comenzar esta intervención leyendo, literalmente, el artículo 41 del texto constitucional. Dice así, señorías del Partido Popular: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente —d ice este precepto— en caso de desempleo.» Este artículo, señorías, se ocupa ni más ni menos que de la Seguridad Social, la columna vertebral de la protección social de nuestro país y, de manera singular, de la protección pública por el desempleo. Y aunque se encuadra en el capítulo de los principios rectores económicos de nuestro país, no se trata de una referencia programática, genérica o sin contenido. Muy al contrario, el Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada en nuestro país… (Rumores).
Presidencia. Un momento, señora vicepresidenta. Por favor, ruego silencio. Los que no quieran atender, por favor, salgan del hemiciclo. Creo que es interesante que el orador pueda expresarse con tranquilidad y que los que queremos escuchar podamos hacerlo. Y también piensen en los ciudadanos que desean escuchar.
Presidencia. Gracias, presidenta. Decía que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reiterado en nuestro país que la Seguridad Social constituye una función del Estado. Dice más, el artículo 41 impone a los poderes públicos la obligación de mantener un sistema de carácter público que proteja frente a situaciones de necesidad con un conjunto de prestaciones —y aquí la clave— que sean suficientes. Es una obligación que supone el correlativo derecho de la ciudadanía a obtener tales prestaciones mínimas. Y, a pesar del importante papel de la ley en la definición de los contenidos concretos de dichos derechos, el Estado —insisto— ha de mantener unos niveles adecuados de protección para cumplir con nuestras obligaciones constitucionales. Este precepto, por otro lado, no puede ser interpretado aisladamente ni desconectado de sus antecedentes. El artículo 41 de nuestro texto constitucional bebe de las fuentes del mejor constitucionalismo, de aquella, por ejemplo, que incorporó un reconocimiento amplio y expreso de los derechos sociales, y, como saben sus señorías, arranca en la Constitución de Weimar, del año 1919, continúa con la Constitución republicana del año 1931 y hoy se consagra en el conjunto del denominado constitucionalismo social. Es una tradición constitucional que incorporó plenamente los ideales Beveridge, de cuyo informe hoy se cumplen ochentaiún años, cuando —recuerden ustedes— se reivindicaba la necesidad de un sistema de protección social público universal que atendiese las situaciones de necesidad de la ciudadanía; ideas sobre las que a partir del año 1945 se comienzan a edificar en Europa los denominados Estados del bienestar, que, como pueden conocer ustedes, se ilustra bien, por ejemplo, en una gran película, El espíritu del 45. El reconocimiento constitucional de los derechos sociales supone y supuso, en primer lugar, una reacción y un antídoto contra la pobreza y la desocupación, que estuvieron en la base del gran malestar social de los primeros años del siglo pasado. Estos influyeron tan negativamente en las crisis que desembocaron justamente en las dos terribles guerras mundiales. La incertidumbre e inseguridad derivadas de la pobreza y el paro debían ser eliminadas por instrumentos públicos y universales de protección, en definitiva de Seguridad Social. En segundo lugar, se configura como una cuestión de justicia social. La reconstrucción de Europa tras las dos grandes guerras requería de esfuerzos de la ciudadanía y debería también comportar, como saben ustedes, el reconocimiento de nuevos derechos sociales, entre ellos, la salud, la educación y, por supuesto, la protección social. Como se decía en la Gran Bretaña del 45, y cito literalmente, «si hemos sido capaces de trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra al nazismo, ahora hay que trabajar juntos y orientar los recursos y la economía del país para ganar la guerra a la injusticia, la pobreza y la desigualdad». (Aplausos). En tercer lugar, el reconocimiento constitucional de los derechos sociales ha supuesto un gran paso en la construcción y la consolidación de los propios sistemas democráticos, pues tales derechos fortalecen el principio de ciudadanía, independientemente de la fortuna de cada una de las personas. Por cierto, señorías, no está de más recordar en este momento que el reconocimiento constitucional de tales derechos y el establecimiento de un Estado social y de derecho que homologara España al resto de los países de nuestro entorno se demoró en nuestro país, lamentablemente, durante cuatro largas décadas como consecuencia de un golpe de Estado y una posterior dictadura. Pues bien, entre dichos derechos sociales ha ocupado y ocupa un papel particular la protección por desempleo. Es el instrumento imprescindible para luchar contra la pobreza y la desigualdad, pero es también una exigencia democrática. Por eso, señorías, no solamente hay que mantenerlo, sino que tenemos la obligación de mejorarlo paulatinamente. Como les he dicho, el artículo 41 señala que los poderes públicos tienen que garantizar la asistencia y las prestaciones sociales suficientes, especialmente en caso de desempleo. El cumplimiento de este mandato se aplicó inmediata y decididamente ―lo recordarán ustedes― con la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, que establece en España por primera vez un verdadero sistema de protección social en nuestro país. La protección por desempleo ha sido desde entonces objeto de numerosas reformas, como ha pasado con las reformas laborales, y me van a permitir que les diga que esas sucesivas reformas generalmente se han dirigido, primero ―y escuchemos bien―, al endurecimiento del acceso y la reducción de la protección social en el nivel contributivo y, por otra parte, a la ampliación de manera aluvional y desordenada de los supuestos y los colectivos destinatarios de los subsidios del nivel asistencial con prestaciones mínimas. Por otro lado, no puede ocultarse el hecho de que la protección pública por desempleo ha estado desde su propio nacimiento amenazada y en la permanente diana de las políticas neoliberales en nuestro país, entre las que han destacado particularmente, señorías, las que han desplegado los gobiernos del Partido Popular. Vamos a hacer memoria. Recuerden ustedes el decretazo del año 2002 del Gobierno presidido por el señor Aznar. Por cierto, señorías del Partido Popular, este decretazo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque penalizaba nada más y nada menos que las condiciones de mantenimiento de las prestaciones por desempleo, promovía la desaparición del PER y también la desaparición de ciertos subsidios asistenciales. También ha sucedido más recientemente, señorías del Partido Popular, en el año 2012, con la crisis financiera, en la que ustedes no solamente abarataron y facilitaron los despidos, alcanzando una cifra récord de parados en nuestro país, sino que el Partido Popular modificó la protección social por desempleo para dificultar el acceso a la misma, para excluir colectivos y, sobre todo, para reducir drásticamente las cuantías de las prestaciones contributivas ―recuérdenlo, señorías―, llegando a recortar 25 puntos la protección social en nuestro país. Justamente cuando más y más gente lo necesitaba, el Partido Popular hizo una reforma que violentaba abiertamente el espíritu y el mandato constitucional en su artículo 41, una reforma que, como saben ya ustedes, afortunadamente ha sido revertida por este Gobierno de coalición. Y, fíjense ―recuérdenlo ustedes―, en la pasada Ley de Presupuestos Generales del Estado hemos derogado aquel recorte que ustedes incorporaron en el que redujeron la base reguladora para el cómputo de la prestación pública por desempleo del 60 al 50 %. Hoy, los parados españoles perciben 100 euros más gracias a la eliminación de este recorte. (Aplausos). Ahora, señorías, corresponde que hagamos lo mismo con el nivel asistencial de las prestaciones por desempleo, los conocidos como subsidios. Por ello, en el real decreto ley que hoy se somete a convalidación acometemos una profunda reforma, que tiene por objeto de manera singular, en primer lugar, la simplificación tanto administrativa como de la propia estructura del sistema, pero también abordamos la mejora sustancial de los subsidios por desempleo tanto en sus cuantías ―de las que vamos a hablar― como de los colectivos afectados por ellas. Todo ello, como conocen sus señorías, en el marco de la reforma 10 del denominado Componente 23, remitido a la Comisión Europea. Pero, señorías, como les decía, la protección por desempleo sigue estando en la diana de las posiciones neoliberales en su más amplia concepción y sigue alimentando con ocasión de esta reforma —lo habrán visto estos meses― todo tipo de opiniones, comentarios, artículos doctrinales, todo tipo de elementos que tienen que ver con el cuestionamiento de la protección pública por desempleo y, además, se acompaña de un debate que ha estado plagado de confusiones y —p ermítanme decirles— de medias verdades y algunas mentiras flagrantes. Recuerden ustedes que hay algún think tank que nos dice que estamos incentivando que la gente esté en desempleo. Esta es la lógica del debate en el que nos encontramos hoy en día. Permítanme decirles, señorías, que son los mantras de siempre y algunos otros mantras o lugares comunes que son más modernos, pero que invocan el tiempo de Dickens. Alguna modernidad de lo que ustedes plantean evoca los tiempos de Dickens y, por eso, esta reforma va en la dirección contraria. Permítanme hablarles de algunos lugares comunes, de algunos mantras. El primero: dicen las señorías y los think tanks económicos de la ortodoxia neoliberal en nuestro país que las prestaciones y los subsidios por desempleo desincentivan la búsqueda del empleo. ¿Me quieren decir ustedes que en mi comarca la gente está en paro porque les gusta? También dicen esos mantras y lugares comunes que las personas desempleadas tienen serios problemas de empleabilidad. Y también dicen esos lugares comunes y esos mantras que el Estado gasta demasiado ―y de esto les gusta hablar a algunas personas en nuestro país― en políticas pasivas —hablan de políticas pasivas cuando se refieren a las prestaciones públicas por desempleo— y que, además, deberíamos dedicar más recursos públicos a las denominadas políticas activas de empleo. En definitiva, estos tópicos, señorías, consisten en una única cosa: culpabilizar del problema del desempleo, que es de la sociedad española, a las propias personas desempleadas o a un sistema de protección social que —dicen algunos— es excesivamente generoso. (Aplausos). Permítame, presidenta, hacer algún tipo de consideración a este respecto. En primer lugar, señorías, les rogaría que técnicamente nos expresásemos bien, porque es una enorme incorrección técnica hablar de políticas pasivas de empleo cuando ustedes se refieren a las prestaciones públicas por desempleo e, insisto, en contraposición permanente al concepto de políticas activas de empleo. Señorías, la protección por desempleo no es una política de empleo. Dickens lo entendió muy bien, señorías, y el informe Beveridge, más. La protección por desempleo no es una política de empleo, es un derecho constitucional reconocido en el artículo 41 y, por cierto, no tiene ni la misma función ni obedece competencial o financieramente a los mismos criterios de la política pública de empleo de un país. (Rumores.―Pausa).
Presidencia. Continúe, señora vicepresidenta. (Continúan los rumores). Por favor, señores diputados del Partido Popular, guarden silencio, por no decir los nombres concretos, pero creo que todos sabemos perfectamente de quién hablamos. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias, presidenta. La educación es clave; en esta Cámara, mucho más. La prestación por desempleo no tiene por finalidad la incentivación del empleo... (El señor Floriano Corrales pronuncia palabras que no se perciben).
Presidencia. ¡Señor Floriano, por favor, silencio! Continúe, señora vicepresidenta. (El señor Floriano Corrales pronuncia palabras que no se perciben.―Rumores.—Un señor diputado: ¡Callaos ya!). Señor Floriano, no me haga llamarle al orden. Por favor, silencio. Guarde respeto a esta Cámara y a los oradores que están en uso de la palabra. (Aplausos). Un poquito de respeto a la institución. Señora vicepresidenta, tiene la palabra. (Continúan los rumores). Se trata de que en los debates y en los plenos los diputados y las diputadas guarden el decoro en la Cámara y respetemos el turno de palabra, y se trata de que no interrumpamos y de que hagamos posible que los ciudadanos escuchen lo que les hemos venido a explicar. En este momento, a quien estamos oyendo y queriendo oír es a la señora Díaz y no al señor Floriano, que no está en uso de la palabra. Muchísimas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias, presidenta. Les decía que la prestación por desempleo no tiene por finalidad la incentivación del empleo, sino el cumplimiento de un mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante una situación de necesidad. Igual sucede con la prestación por incapacidad temporal ―ustedes lo sabrán―, que no tiene por objeto curar a las personas, sino que tiene por objeto protegerlas económicamente durante el periodo necesario para su curación. Por ello, permítanme decirles que no puede contraponerse protección contra el desempleo con políticas de empleo, sin perjuicio de que puedan establecer mecanismos de coordinación y compatibilidad que favorezcan o faciliten la coordinación entre las actuaciones de empleo y de desempleo con prestaciones. Ya se ha avanzado en esta dirección con la aprobación, gracias a la mayoría de esta Cámara, de la Ley de Empleo y la reforma profunda de las políticas activas de empleo en nuestro país. En la norma que hoy se convalida o se deroga también se han introducido mecanismos de coordinación, de compatibilidad de la prestación del trabajo, como comentaré más adelante. Permítanme decirles también que en las sociedades construidas a partir del Estado social constituye un dislate culpabilizar del desempleo a las personas que lo padecen por su falta de voluntad de mejorar su empleabilidad o directamente por su falta de voluntad de trabajar, más aún cuando se refiere, en muchos casos, a muchas personas que ni siquiera reciben prestaciones, ni siquiera subsidios. Ya decíamos, con ocasión de la aprobación de la Ley de Empleo y de acuerdo con el pilar social europeo, que hay que situar el epicentro de las políticas de empleo en lo que se denomina el apoyo activo al empleo. Las políticas de empleo han de girar sobre el derecho de las personas desempleadas a ser —esto es muy importante— evaluadas, a recibir apoyo personalizado, continuo y constante para la búsqueda de empleo, de formación y de recualificación, insisto, tal y como ha aprobado esta Cámara en la Ley de Empleo. En todo caso, hemos de reconocer que esto no es suficiente. El desempleo no es un problema personal ni individual de las personas desempleadas, ni mucho menos es su responsabilidad; es un problema social que deriva de la estructura económica y productiva de nuestra sociedad contemporánea. Combatir el desempleo pasa por el impulso de la actividad económica y por un nuevo modelo productivo, que ha de ser verde, digital y con el trabajo decente en el centro; sobre todo, debe dirigirse al establecimiento de una política industrial que ponga los recursos públicos y privados al servicio de la creación de más empleo, más riqueza y, lo más importante, su mejor distribución en nuestro país. Convendrán conmigo en que la consecución de una sociedad de pleno empleo —que, por tanto, garantice el cumplimiento del mandato constitucional del artículo 40— debe ser el objetivo de nuestro país en los próximos años y requiere de un importante conjunto de medidas estructurales y estructuradas, públicas y privadas, económicas, productivas, educativas y sociales, que van mucho más allá de la cuantía de las prestaciones por desempleo. Como pueden observar, señorías, se trata muchas veces de falacias repetidas que, por desgracia, hemos vuelto a escuchar estos días. Nos han dicho durante años que la garantía de los derechos laborales y la eliminación de la contratación temporal iban a hundir el empleo, lo hemos escuchado en estos días. Nos han dicho también que la subida del salario mínimo iba a perjudicar el empleo, lo iba a destruir, y decían muchas señorías que incluso íbamos a maltratar a las mujeres y a los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, los datos son contundentes y de forma fehaciente nos dicen que tenemos una cifra récord de ocupación en España: 21 265 900 personas ocupadas en España, la cifra más alta de la democracia en nuestro país. Por otra parte, la mejora de la protección por desempleo no es incompatible con la creación de empleo; muy al contrario: la mejora de la protección social es la que aumenta la empleabilidad de las personas. Cuanto más protegida está una persona desempleada, cuanto más la formamos, más oportunidades tiene de encontrar un empleo. Y esto, señorías, ya está sucediendo, a pesar de haber recuperado las cuantías de las prestaciones a los niveles previos del recorte del Partido Popular. Y vamos a seguir haciéndolo así, porque la mejora de la protección social es una cuestión de justicia, de solidaridad, de derechos, pero también es la mejor política de economía en nuestro país. Permítanme recordarles que nada le cuesta más a nuestra sociedad que la desigualdad, es lo más caro que tenemos y es el gran reto que tenemos como país. Voy a resumir de manera sucinta el contenido de este real decreto. Este real decreto avanza de manera crucial en los derechos de conciliación de las personas trabajadoras al reconocer de forma incondicional, como debe de ser un verdadero derecho subjetivo, la acumulación del permiso de lactancia. Ya saben sus señorías que ya no será necesario depender de la negociación colectiva para que todas las personas trabajadoras, incluidas las que no están cubiertas por los convenios colectivos, puedan disfrutar de la acumulación de este permiso. Este permiso va a permitir que tengamos hoy hasta un máximo de veintiocho días de permiso por lactancia. Es un gran avance para que los cuidados no reposen sobre la incertidumbre y la angustia por la falta de tiempo, avance que también se extiende al empleo público con la modificación del artículo 47 del EBEP, que ahora incluye de manera expresa fórmulas flexibles de empleo que permitirán el ejercicio efectivo del derecho a la conciliación de los y las empleadas públicas que ejerzan los cuidados. En segundo lugar, el grueso del real decreto ley se dedica, como venía diciéndoles, a la mejora sin precedentes del nivel asistencial de protección por desempleo. Lo resumiré en pocas palabras: protegemos a más gente con más intensidad y de forma más eficaz y sencilla. Déjenme que les desgrane las principales medidas que, por, cierto, se suman a avances muy significativos y que gracias a la mayoría de esta Cámara ya hemos consolidado, como es, por ejemplo, la protección pública por desempleo de las trabajadoras del hogar o de los artistas en nuestro sistema público de desempleo. Ahora, señorías, damos un paso más, incorporamos al nivel asistencial de desempleo y de forma novedosa a los jóvenes menores de 45 años sin responsabilidades familiares. Hacemos lo mismo con los trabajadores y trabajadoras eventuales agrarias, poniendo remedio a una exclusión injustificada y que ha tardado más de una década en cumplirse. Incorporamos —esto es muy importante— a las personas trabajadoras —voy a hablar en femenino—, a las mujeres trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, poniendo fin a una situación injusta en la que había que ver cómo las mujeres, las trabajadoras marroquíes, venían diariamente a trabajar a España, cotizaban por el desempleo, pero eran excluidas de la protección del desempleo en nuestro país. Esto también lo vamos a aprobar hoy. Pero, señorías, no solo ampliamos los colectivos que tendrán derecho a este subsidio, sino que ampliamos la cuantía del subsidio por desempleo, que se incrementa hasta los 570 euros en nuestro país, pasando de los 480 euros al mes. Por otra parte, se simplifica notablemente la gestión de los subsidios en lo referido a la solicitud, al nacimiento y la dinámica de los mismos. Entre ellos, y muy importante, es que eliminamos aquella penalización que obligaba a las personas desempleadas a estar un mes desprotegidas para poder acceder al subsidio. Una vez más, acabamos con la lógica de la estigmatización de aquellas personas que, queriendo trabajar, no podían hacerlo. No tenía sentido que las penalizáramos teniendo que estar un mes sin ninguna protección social. Se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite optar durante ese periodo por la búsqueda de empleo sin necesidad de solicitar el subsidio en plazos perentorios. Suprimimos en la mayoría de los subsidios el doble requisito de carencia de rentas, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar. Además, tanto el requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditará mediante una declaración responsable, estos días tan en boga, verificándose estos datos con posterioridad. El reconocimiento inicial y sus prórrogas no será mensual, como hasta ahora. ¿Recuerdan ustedes lo que suponía para un parado o una parada tener que renovar mensualmente, pasar por la oficina de desempleo como una especie de castigo? Pues esto también desaparece en el real decreto que tenemos hoy (aplausos), por supuesto mejorando los derechos de los desempleados, pero permítanme también decirles que eliminando cargas burocráticas a los servicios públicos, a la Función pública de nuestro país. La coordinación de los subsidios con el acceso al empleo es otro de los ámbitos más destacados de este real decreto ley. Por un lado, se generaliza la compatibilidad —y esto es muy importante— del subsidio con el trabajo por cuenta ajena mediante la percepción de un complemento de apoyo al empleo, con un límite máximo de 180 días en una o varias relaciones laborales, con el objetivo, justamente, de facilitar la reincorporación al trabajo. Por otro lado, se refuerzan las medidas que favorecen el acceso al empleo durante la percepción del subsidio: se intensifica durante dicho tiempo el seguimiento de los servicios de empleo competentes; como he dicho antes, se garantiza el acceso a un itinerario personalizado con un plan formativo personalizado, y se prevé una evaluación específica de cada persona sobre los resultados alcanzados. Todas estas medidas serán objeto de las oportunas evaluaciones, como digo, para determinar su incidencia y para poder adoptar decisiones o, si fuera necesario en su caso, eventuales reformas legales. En definitiva, señorías, la reforma del desempleo a la que se dedica la mayoría de este real decreto ley constituye no solo el cumplimiento de un compromiso europeo, sino, lo más importante, la posibilidad de avanzar en una sociedad de derechos constitucionales, de dar cumplimiento a nuestra norma fundamental para que quienes peor lo pasan puedan sentirse verdaderamente protegidos y acompañados sin depender de la beneficencia o la caridad, sino como personas cuya ciudadanía se garantiza a través del reconocimiento de derechos, que es lo propio de un Estado social que no culpabiliza a nadie de su situación, sino que se consagra en satisfacer sus necesidades. Este real decreto ley incorpora otras materias dignas de mención. Se modifica el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores al objeto de mejorar la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas, asegurando siempre la aplicación —y esto es muy importante— de los acuerdos o convenios que sean más favorables para las personas trabajadoras. Además, se introduce en el Estatuto de los Trabajadores una ostensible mejora de la representación laboral de las personas trabajadoras de la cultura en nuestro país —m uestra, una vez más, del compromiso con el estatuto del artista— que permita la creación con derechos. En definitiva, el compromiso ineludible de este Gobierno con quienes contribuyen a nuestro pensamiento, a nuestro entretenimiento o a conformar con nuestra más valiosa identidad. Por cierto, un estatuto del artista que fue aprobado por unanimidad de esta Cámara y que hoy también tiene medidas que desarrollan esta cuestión. Y, finalmente, señorías, la urgencia y la necesidad de esta norma que les acabo de presentar no ofrece dudas. El cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 86 de nuestro texto constitucional se satisface por la obligación de dar cumplimiento a los perentorios compromisos que España ha asumido con la Unión Europea, referidos tanto a la trasposición de la normativa de la Unión como a los cambios imprescindibles para poder acceder a los fondos europeos. Finalizo, señorías, señalando algo importante. Con su voto hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas como determinar lo que sigue. Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros o 570 euros al mes, casi 100 euros más al mes; ustedes hoy van a votar a favor o en contra de si un eventual agrario tiene o no derecho a ser protegido cuando pierda su empleo; ustedes van a votar hoy a favor o en contra de si una trabajadora debe esperar o no un mes para cobrar el paro; ustedes tienen en sus manos decidir si las personas trabajadoras de nuestro país tienen derecho o no a un permiso de lactancia acumulado de 28 días, por el que las mujeres y los hombres, padres y madres de este país, vienen tanto tiempo luchando. Todo esto depende única y exclusivamente de que hagan una cosa: anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que, aunque son muy legítimos, no tienen nada que ver con ello. Estamos hablando de la vida de la gente. Si me permiten, quiero terminar dirigiéndome a las señorías del Partido Popular. Y, si me permiten también, voy a señalar directamente al señor Tellado. Señor Tellado, usted y yo procedemos de una comarca, la comarca de Ferrolterra, víctima de la mal denominada reconversión industrial. Usted y yo, señor Tellado, tenemos amigos y amigas comunes que sí saben lo que es el subsidio por desempleo, lo conocen bien. Yo sé que hay personas en nuestro país que no saben lo que es un subsidio por desempleo —los 480 euros al mes—, pero, señor Tellado, usted y yo tenemos amigos y amigas comunes que en la ciudad de Ferrol, en la comarca de Ferrolterra, al igual que en Cádiz, en la comarca de todo Cádiz (rumores), perciben el subsidio por desempleo. Y hoy, cuando voten, han de tener en cuenta que el desempleo, señorías del Partido Popular, no entiende ni de izquierdas ni de derechas. Entre sus votantes hay personas que hoy van a estar afectadas por la decisión que ustedes van a tomar. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? (Varias señoras y señores diputados: ¡Toda!). La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes van a anteponer sus siglas, las del Partido Popular, a los derechos de la ciudadanía, afectada hoy por un subsidio que incorpora a más colectivos, a más personas, a más mujeres y con una cuantía de cerca de 100 euros más al mes; esta es la gran diferencia. Ustedes se quedan con sus siglas, señor Tellado —vamos a explicarlo en la comarca de Ferrolterra— y nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Muchas gracias. Esta es la fuerza de la democracia. (Aplausos)
Presidencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta. En turno de fijación de posiciones, empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rego Candamil, por un tiempo de tres minutos y medio.
Néstor Rego Candamil
BNGDiputado.Página 28Vídeo
Grazas, señora presidenta. O contido deste real decreto lei está pensado para cumprir cunha das moitas esixencias impostas pola Unión Europea. Contén algúns aspectos positivos e outros negativos. Desa orixe derivan cuestións que valoramos de forma negativa, xunto a algún outro que, como digo, entendemos que é positivo e que levaban moito tempo reclamando tanto o BNG como o sindicalismo nacionalista de clase da Galiza. Por exemplo, pois a prevalencia dos convenios sectoriais galegos sobre os convenios estatais, porque sen dúbida isto favorecerá a capacidade de presión dos traballadores e traballadoras e redundarán na mellora das súas condicións laborais. Porén, debemos lembrar que aínda existen materias non negociábeis no ámbito autonómico cando existe convenio estatal no sector, como o período de proba, a modalidade de contratación, a clasificación profesional, a xornada máxima anual de traballo, réxime disciplinario ás normas mínimas en materia de prevención de riscos laborais e a mobilidade xeográfica. Continúa sendo un hándicap para establecer un marco galego de relacións laborais. En todo caso, esta é unha das cuestións que, como dicía, nos parece positiva, pois supón satisfacer —cando menos en parte— a demanda histórica do sindicalismo na Galiza e das nacións do Estado.
Tamén consideramos positiva a reforma que introduce o decreto lei no nivel asistencial de protección por desemprego, simplificando as modalidades de subsidio de desemprego que se reducen a dous supostos: por esgotamento e o subsidio por cotizacións insuficientes, incrementando as contías até oitenta por cento do IPREM.
Porén, empeora a cotización á Seguridade Social para as persoas perceptoras do subsidio para maiores de cincuenta e dous anos, unha reforma que afectará negativamente as súas futuras pensións de xubilación, que serán máis baixas. Así, aínda que se estableceu un período transitorio até 2028, na actual cotización equivalente a 125 %, a base mínima pasará a 100 %.
Ademais, apróbase tamén a suspensión do subsidio cando no SEPE consideren que se ten dereito a pensión contributiva de xubilación, empurrando as persoas traballadoras á xubilación, interrompendo a posibilidade de ter máis anos de cotización e máis pensión. Con esta medida, o que se fai é legalizar unha práctica inxusta que o Estado leva moitos anos facendo contra moitas persoas traballadoras.
Botamos en falta que non se aproveitase para facer retribuído o permiso parental. De feito, chama a atención que, no preámbulo da norma, sabido o carácter complementario do permiso de lactación co permiso parental, artigo 48bis do Estatuto dos Traballadores, introducindo mediante o Real decreto lei 5/2023 do 28 de xuño e non se aproveite para regular o seu carácter remunerado, que é un aspecto pendente de transposición e con data marcada para antes do 2 de agosto de 2024 pola norma europea.
En definitiva, apoiamos os avances do decreto e. coa mesma convicción. rexeitamos as medidas regresivas. Valoramos a disposición, aínda que sexa froito da necesidade de asegurar maiorías parlamentares para a convalidación a que este real decreto sexa tramitado como proxecto de lei, o que debe acontecer, por outro lado, sen demora, sen a demora habitual e o compromiso de negociar mudanzas naqueles aspectos como a cotización para as persoas perceptoras de subsidio de máis de 52 anos que poden e deben ser modificados. Mais a verdade é que non chega co compromiso a debater esas mudanzas e gustaríanos que houbese un compromiso claro de que isto se vai modificar —insisto— para que non haxa ningún tipo de recorte. Moito obrigado.
Gracias, señora presidenta. El contenido de este real decreto ley está pensado para cumplir con una de las muchas exigencias impuestas por la Unión Europea. Contiene algunos aspectos positivos y otros negativos, y de él se derivan cuestiones que valoramos negativamente, junto con otros aspectos que entendemos que son positivos y que llevábamos mucho tiempo reclamando, tanto el BNG como el sindicalismo nacionalista de clase de Galicia. Por ejemplo, la prevalencia de los convenios sectoriales gallegos sobre los convenios estatales, porque sin duda esto favorecerá la capacidad de presión de los trabajadores y las trabajadoras y redundará en la mejora de sus condiciones laborales. Sin embargo, tenemos que recordar que aún existen materias no negociables en el ámbito económico cuando existe convenio estatal en el sector, como el periodo de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de prevención de riesgos laborales y la movilidad geográfica, que son un hándicap para establecer un marco gallego de relaciones laborales. En todo caso, es una de las cuestiones que, como decíamos, parece positiva, pues supone satisfacer, al menos en parte, demandas históricas del sindicalismo en Galicia y en las naciones del Estado. También consideramos positiva la reforma que introduce el decreto ley en el nivel asistencial de protección por desempleo simplificando las modalidades de subsidio de desempleo, que se reducen a dos supuestos: por agotamiento y por cotizaciones insuficientes, incrementando las cuantías hasta el 80 % del Iprem. Sin embargo, empeora la cotización a la Seguridad Social para las personas perceptoras del subsidio para mayores de 52 años, una reforma que va a afectar negativamente a sus futuras pensiones de jubilación, que serán más bajas. Así, a pesar de que se ha establecido un periodo transitorio hasta 2028, la actual cotización, equivalente a 125 % de la base mínima, pasará al 100 %. Además, se aprueba también la suspensión del subsidio cuando el SEPE considere que se tiene derecho a pensión contributiva de jubilación, lo que empujará a las personas trabajadoras a la jubilación, interrumpiendo la posibilidad de tener más años de cotización y más pensión. Con esta medida se legaliza una práctica injusta que el Estado lleva muchos años realizando contra muchas personas trabajadoras. Echamos en falta que no se haya aprovechado para retribuir el permiso parental. De hecho, llama la atención que en el preámbulo de la norma se aluda al carácter complementario del permiso de lactancia con el permiso parental del artículo
48 bis del Estatuto de los Trabajadores, introducido mediante el Real Decreto Ley 5/2023, y no se aproveche para regular su carácter remunerado, un aspecto pendiente de trasposición y con fecha marcada para antes del 2 de agosto de 2024 por la norma europea.
En definitiva, apoyamos los avances del decreto y con la misma convicción rechazamos las medidas regresivas. Valoramos la disposición, aunque sea fruto de la necesidad de asegurar mayorías parlamentarias para la convalidación, a que este real decreto sea tramitado como proyecto de ley, lo que debe suceder, por otro lado, sin la demora habitual, y el compromiso de negociar cambios en aquellos aspectos como la cotización de las personas de más de 52 años perceptoras de subsidios, que tienen que ser modificados, pero no llega con el compromiso de debatir estos cambios. Nos gustaría que hubiese un compromiso claro de que esto se va a modificar, insisto, para que no haya ningún tipo de recorte.
Muchas gracias.
Presidencia. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Santana Perera, también por un tiempo de tres minutos y medio.
Noemí Santana Perera
PodemosDiputada.Página 30Vídeo
Buenos días. Este real decreto ley nos parece muy positivo en ciertos sentidos. No obstante, creemos que es mejorable. Nos preocupan muchos aspectos, especialmente aquellos recortes que afectan a las personas mayores de 52 años y que son perceptoras del subsidio de desempleo. Ustedes, señores del Gobierno, nos piden que, en aras de esas mejoras, votemos a favor del decreto y traguemos. Traguemos dejando en la estacada a un colectivo de especial vulnerabilidad y que tiene difícil inserción laboral. Ustedes pretenden, si este decreto ley no sale adelante, poner la carga de culpa en nosotras. Pero lo cierto es que este Gobierno no ha tenido voluntad de negociar, no ha tenido voluntad de sentarse para cambiar aquello que puede ser muy mejorable. Son un gobierno en minoría que no escucha. Y no es que no nos escuchen a nosotras, tampoco están escuchando a sindicatos ni pensionistas, que también les han advertido del empeoramiento de las condiciones de estos mayores de 52 años que perciben el subsidio. Ustedes lo podrán envolver en papel de regalo y ponerle un lazo enorme, pero lo cierto es que el recorte existe. Existe, y esto lo puede comprender hasta mi hijo que tiene cuatro años: 125 es una cantidad mayor que 100. Por lo tanto, esa disminución en la cotización va a ser una disminución en las percepciones futuras de estos pensionistas. Voy a ponerles un ejemplo. Una persona que haya trabajado durante quince años con un salario medio podría ver disminuido en unos 1900 euros lo que percibe en un año. Por lo tanto, el recorte es claro. Ustedes mismos lo reconocen en la memoria que acompaña al decreto. Reconocen que hay un ahorro de 93,6 millones de euros. Nosotras pedimos que reconozcan el error, que reviertan ese recorte que contiene el decreto ley, que no intenten justificar lo injustificable llegando a decir cosas como que estas personas que obtienen o que perciben el subsidio son unas privilegiadas porque están cotizando al 125, mientras que trabajadores en activo están cotizando al 100 % porque, de verdad, esto parece una tomadura de pelo. Nadie en su sano juicio entendería dejar un trabajo, un empleo estable, con unas condiciones laborales, por cobrar un subsidio de 480 euros al mes entre 10 y 15 años hasta que llegue su pensión. O dejar caer que hemos ido muy lejos con la subida o el incremento del salario mínimo interprofesional y que, por, tanto, debemos repensarnos esta sobrevaloración en la cotización de las pensiones. De verdad, señores del Gobierno, en Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que pedimos es que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, por un tiempo de siete minutos.
Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
PNVDiputada.Página 30Vídeo
Gracias, presidenta. Hoy nos traen un decreto en materia de empleo cuyas medidas vienen a modificar básicamente lo que ya se ha dicho: el régimen de lactancia, la prestación y el subsidio por desempleo. Sin embargo, vicepresidenta, no ha mencionado nada acerca de los convenios colectivos. (La señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Díaz Pérez, hace gestos afirmativos). Una vez más, estamos ante un decreto que se tramita vía de urgencia, básicamente porque la reforma del subsidio de desempleo, que debía haber estado aprobada a finales de 2022, forma parte de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia vinculado al cuarto desembolso de los fondos europeos.
Dicho esto, me voy a centrar en una cuestión de forma y voy a hablar de dos medidas concretas. En cuanto a la forma, porque, una vez más, nos presentan un decreto con menos de 24 horas para su aprobación, al haber llegado a un acuerdo entre los grupos del Gobierno, una vez mostradas, eso sí, públicamente sus discrepancias, y parece que aún no se han dado cuenta de que la aritmética parlamentaria no es la de la legislatura anterior. Ahora necesitan al menos del acuerdo con el resto de los grupos que hemos votado a favor de la investidura para que un texto se apruebe. Esto, desde luego, les debiera hacer pensar que se necesita más tiempo para la negociación y el acuerdo, para pactar discrepancias o mejoras de cualquier texto y poder aprobar leyes con garantías sin estar pendientes siempre de un hilo.
Gauza bat da Ministroen Kontseiluan zeozer onartzea eta beste gauza bat da Parlamentuaren onarpena. Oraindik ez zarie konturatu ez dozuela gehiengorik Kamara honetan eta parlamentu zenbakia aldatu egin dala. Denbora eta elkarrizketa gehiago behar dira aurrera legeak aurrera ateratzeko. Hogeitalau ordu ez dira nahikoak.
Una cosa es aprobar algo en el Consejo de Ministros y otra cosa es la aprobación en el Parlamento. Aún no se han dado cuenta de que no tienen la mayoría absoluta en este Parlamento y de que ha cambiado el reparto en el Parlamento. Se necesita más tiempo y más diálogo para aprobar leyes. Es decir, 24 horas no son suficientes.
Dicho esto, me voy a centrar en dos de las medidas que se recogen en el texto. Este decreto incorpora una de las medidas acordadas en el acuerdo de investidura entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco que hoy no ha mencionado, a pesar de que el texto fue acordado con su ministerio punto por punto allá por la reforma laboral. Hablamos de la primacía de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, siempre que resulten más favorables para las y los trabajadores. Es una medida que no es baladí, porque los convenios colectivos regulan cuestiones fundamentales para el desarrollo económico de un país, tales como salarios, jornada laboral, horas extras, vacaciones, y más en el caso de Euskadi, donde sus sindicatos más representativos no tienen representación en el Estado español. Y es que la realidad sindical, las mayorías de Euskadi, nada tienen que ver con las que se dan en el conjunto del Estado.
Eusko Alderdi Jeltzaleak lortutako akordioei esker, dekretu honetan jasota geratzen da hitzarmen kolektibo autonimokoen nagusitasuna Estatukoen gainetik, baldin eta langileentzat aldekoagoa bada. Zuzenketa hau autogobernua zabaltzeko modu bat ere bada. Izan ere, hitzarmen kolektiboek herrialde baten garapen ekonomikorako funtsezkoa diren gaiak arautzen dabezaleko: soldatak, lanaldiak, aparteko orduak, oporrak eta abar.
EAJ-PNVren eta baita langileen eta sindikatuen aldarrikapen bat txertatzen da, negoziazioaren garapen autonomikoa eta langileen eskubideak sustatzen dabena. Estatu deszentralizatu batean, eta Euskadiren eta Nafarroaren kasuan araubide fiskal propioa eta beste arlo batzuetan eskumenak zabalak izanik, errezetak ezin dira izan orokorrak, baizik eta eremu geografiko eta sektorial bakoitzaren errealitatera eta ezaugarrietara egokitu behar dira. Horrek bihurtzen baititu eraginkor. Sartutako zuzenketa, horren adibidea da, negoziazio kolektiboaren berezitasunen adibide. Izan be, Euskadiko gehiengo sindikalaren eta patronalaren errealitatea eta Estatu osoarena oso desberdinak dirazelako.
El Partido Nacionalista Vasco ha logrado unos acuerdos que ya se reflejan en este acuerdo, y es la primacía de los sindicatos vascos. Esta enmienda es también una forma de ampliar el autogobierno, porque los convenios colectivos son fundamentales para el desarrollo de un pueblo, para tener en cuenta los salarios, las horas extras, etcétera. Esta es una reivindicación del PNV y también de los sindicatos, y esto se ve reflejado en este acuerdo. La negociación recoge los derechos del colectivo. Teniendo en cuenta que las competencias son amplias, las recetas no pueden ser generales, sino que tienen que tener en cuenta los sectores determinados y sus características, y esto las hace efectivas. La enmienda presentada es ejemplo de ello. Es ejemplo de la negociación colectiva, porque la mayoría sindical vasca y la patronal vasca son muy distintas con respecto al Estado.
Es una incógnita si esta medida mañana seguirá en vigor, pero estamos seguros de que el acuerdo alcanzado con el Gobierno español para la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales formará parte de la legislación, en cualquier caso, a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, y en cuanto a la reforma del subsidio por desempleo, hay que reconocer que su diseño actual está desfasado. No incentiva la búsqueda de empleo, es incompatible con otros empleos y su supervisión es bastante mejorable, lo que, desde luego, hace imprescindible su rediseño para adaptarlo a un mercado laboral que ha sufrido grandes cambios y para convertir estos subsidios en verdaderas ayudas al empleo, para acompañar a las personas en su vuelta al mercado de trabajo e incluso para ayudar a aflorar esa economía sumergida.
Alcanzar el pleno empleo implica hacer crecer el número de afiliados a la Seguridad Social y reducir la tasa del paro, y para avanzar en ese camino también es necesario que el subsidio por desempleo incentive la búsqueda de empleo, ya que de lo contrario estaríamos hablando de una ayuda asistencial. Hay quien dice que hay que limitar al máximo esta prestación, endurecer las exigencias de búsqueda y las sanciones por rechazar ofertas, y me gustaría realizar un par de matizaciones al respecto. Limitar el derecho al subsidio puede aumentar la incorporación al empleo, pero también hay que ver y analizar la otra cara de la moneda de esta limitación. Se deben tener en cuenta los efectos que se pueden derivar cuando la cuantía de los salarios de otros empleos es inferior a la del subsidio o los efectos para aquellas personas a las que se reduce la prestación pero no encuentran un trabajo.
El problema no es solo que el subsidio pueda desincentivar la búsqueda de empleo, al tener que elegir entre la prestación y el salario cuando este es inferior —es lógico que se valore el coste de oportunidad—, sino también la existencia de una discriminación hacia los candidatos y candidatas de más edad, ya que, según un estudio del ISEAK, la probabilidad de recibir una invitación por parte de las empresas es un 50 % menor para las personas mayores. Y, por otro lado, cuando algunos hablan de endurecer las exigencias de la búsqueda, o incluso de sanciones por rechazar ofertas, me gustaría que se hicieran las siguientes preguntas: ¿Está el Servicio Público de Empleo Estatal preparado para formar y orientar a estas personas? ¿Los servicios públicos ofertan un número importante de vacantes o hay ausencia de ofertas de trabajo y formación por parte de ellos? ¿Las empresas trasladan sus ofertas de empleo a los servicios públicos? ¿Los planes de formación que ofertan dotan a los desempleados de las habilidades que el mercado laboral necesita? ¿Es el servicio público quien toma la decisión de lo que es una oferta adecuada? La respuesta es no, y aún menos cuando se trata de colectivos de más edad, que son quienes tienen un acceso mucho más limitado a las vacantes de empleo. Por consiguiente, en tanto en cuanto no se aborde un profundo cambio o modernización del funcionamiento de los servicios públicos de empleo, de poco servirán tales endurecimientos. Así, si el objetivo de esta prestación es reducir el tiempo en el desempleo y aumentar las tasas de ocupación, también las de aquellas personas de más edad, que tienen más dificultades, habrá que desarrollar políticas activas de empleo eficaces. Y esto pasa, como he dicho, por modernizar el funcionamiento de los servicios públicos de empleo, modificando, entre otras, las estrategias de formación, orientación y mediación que ofrecen para que estas se ajusten a las necesidades del tejido productivo. Además, en un contexto con dos grandes retos, el envejecimiento de la población y la transformación digital, en un mercado laboral con una gran paradoja, un mercado laboral con niveles altos de desempleo y con un importante porcentaje de vacantes de empleo sin cubrir.
Dicho esto, entendemos que el diseño propuesto del decreto va en la dirección correcta al plantear una alternativa al diseño existente, donde el subsidio es temporalmente compatible con un contrato de trabajo que conlleva un aumento de la cuantía, pero se va haciendo decreciente, acotado en el tiempo y con el compromiso de actividad y vinculación a un itinerario personalizado de activación para el empleo, entre otras cuestiones.
Por todo lo anterior, votaremos a favor de la convalidación de este real decreto ley.
Presidencia. Muchísimas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón, por un tiempo de siete minutos.
Oskar Matute García de Jalón
EH BilduDiputado.Página 32Vídeo
Presidenta andrea, diputatuok, egun on. Euskal Herria Bilduren botoa azalduz hasi nahi dut gaurko hitz hartzea. Dekretu honen alde bozkatuko dugu, gabeziak dituela eta hobetu daitekeela uste dugun arren. Zintzotasunaz, arduraz eta pazientzia estrategikoz jokatuko dugu beste behin herritarren ongizateak soilik gidatzen gaituelako, ahaztu barik dekretu honekin herritarren bizitza apur bat hobea izan daitekeela. Hobea, langabezia laguntza jasotzen dutenentzat. Hobea, langabezian denbora luzea daramaten pertsonentzat. Eta hobea, haien eskubideak murriztuak ikusiko ez dituzten langileentzat.
Buenos días. Quiero empezar mi intervención explicando el voto de Euskal Herria Bildu. Vamos a votar a favor de este decreto, a pesar de que creemos que puede ser modificado. Actuaremos con honestidad, porque nos guía el bienestar de la población, sin olvidar que con este decreto podemos mejorar la vida de la ciudadanía, de aquellos que reciben el subsidio del desempleo, de aquellos que están en desempleo y de aquellas personas trabajadoras que verán reducidos sus derechos laborales.
Decía que vamos a votar a favor de este real decreto por diferentes motivos que pasaré a explicar, pero fundamentalmente por una cuestión de principios, de honestidad, de responsabilidad y con toda la paciencia estratégica; y atendiendo al principio de realidad, porque no creemos que las circunstancias hayan variado significativamente desde el 16 de noviembre, en el que fuimos capaces, una mayoría plurinacional, de concitar y conciliar nuestras aspiraciones para proyectar un gobierno que fuera la alternativa a eso que vemos en Ferraz o a aquellos que nos desean un año entrante que se parezca al de 1936.
Esa es la realidad y ese es el principio de realidad con el que actuamos, también en el sentido de este voto. Y lo hacemos fundamentalmente para defender los derechos de los y las trabajadoras, para defender los derechos de la clase trabajadora. Porque es verdad que son medidas parciales y es verdad que algunas son manifiestamente mejorables cuando no suponen una involución. Pero no es menos cierto que todo eso lo podamos resolver porque tenemos las mayorías suficientes en el trámite de su tramitación como proyecto de ley, en ese periplo, en ese tiempo, sin lesionar todos los avances que también contiene este real decreto. Porque el propio real decreto dice algo que nos parece importante, quizás lo más importante, más incluso que las medidas que recoge, y es que nos enfrentamos a un problema de carácter estructural, que viene medido por la desigualdad en el Estado español, a la que en muchas ocasiones hemos hecho mención, rozando el 20 % de la población; tiene que ver con la pobreza, que también roza el 20 % del nivel de pobreza en los ciudadanos y ciudadanas; tiene que ver también con los parados de larga duración, y tiene que ver con el desempleo y la destrucción de puestos de trabajo. No puedo sino lamentar que haya fondos buitre, que haya empresas y corporaciones que se benefician de ayudas de fondos europeos para luego cerrar sus plantas de producción en nuestro territorio, ya sea Glavista en Laudio o Mecaner en Urduliz.
Pero, como digo, nos enfrentamos a un problema de carácter estructural y baste un dato para afirmar o para certificar esto que estoy señalando: en el Estado español hay 838 400 personas paradas con más de 50 años, equivalente al 30 % del conjunto de parados y de paradas. En 2013, las personas mayores de 50 años solo pesaban el 18 % del total de desempleados, y eso con unos datos de desempleo equivalentes. Eso es lo que se viene en llamar en algunos lugares el efecto fregadero, gente que no se incorpora al mercado laboral. Y, por desgracia, también aquí, quienes lideran este triste ranking son mujeres.
Por eso, creemos que urgen medidas transformadoras para un problema estructural, y hay medidas positivas en este decreto. Se ha hablado ya del artículo 84. Lo ha hecho la ministra y lo ha hecho alguna de las personas que me ha precedido en esta tribuna. Es importante que se respete aquello que los y las trabajadoras consiguen en sus marcos de negociación, porque es ahí donde se garantizan más y mejores derechos para los y las trabajadoras. Es importante que, por fin, en el Estado también se acepte que la lucha que viene desarrollando el sindicalismo vasco es una lucha que garantiza, blinda y dignifica los derechos de la clase trabajadora vasca y que, por tanto, esta no pueda ser saltada ni saboteada por marcos supraautonómicos que se lleven por delante las conquistas que hayan podido conseguir. Es importante también que se garanticen los permisos de lactancia y que se cifre en los veintiocho días. Es importante que a los artistas se les deje de tener en el alambre para que puedan tener también representación sindical y puedan tener derechos. Es importante que los trabajadores y trabajadoras tengan derecho a conocer las condiciones de contratación, como supongo que cualquiera de sus señorías querría tener, para que no sean manejados al antojo de los empresarios. Es importante que se amplíen los colectivos beneficiarios de los subsidios de desempleo, que hablemos de los trabajadores transfronterizos, que hablemos de los eventuales agrarios o que hablemos de los menores de 45 años sin cargas familiares, que hasta ahora no podían beneficiarse y ahora sí lo van a hacer. Es importante que suba la cuantía de la prestación. Y es importante también que se eliminen trabas y que se suprima ese mes de castigo sin remuneración al que estaban sometidos en la actualidad.
También, claro que sí, es importante que la gente que percibe ese subsidio tenga derecho a una cotización para una ulterior o posterior jubilación. Y yo estoy de acuerdo en que 125 es más que 100. De la misma manera se podrá estar de acuerdo en que 570 es más que 480 (aplausos) y que la voluntad y el deseo justo de tener una pensión digna de esa gente pesará tanto como la necesidad de tener un ingreso mensual de esa gente y que esa pensión digna que se merecen, quizás —Euskal Herria Bildu llevamos tiempo exigiéndolo—, en consonancia con el movimiento de pensionistas de Euskal Herria, puede tener más que ver con una pensión mínima de 1080 euros para todos y para todas y, a partir de ahí, cualquier pensión a la que tengan derecho.
Finalizo con una cita que ya he utilizado alguna vez en esta tribuna y que en días como hoy, con independencia de cuál sea el resultado de la votación de este real decreto o los siguientes, tiene cierto sentido. Me dirijo fundamentalmente a las fuerzas que conforman eso que llaman el bloque plurinacional. Un pensador francés, un filósofo, activista del Mayo del 68 francés, en su autobiografía, Una lenta impaciencia ―hablo de Daniel Bensaïd―, dijo una cosa que estaría bien que tuviéramos en la memoria hoy y los días que vengan de esta legislatura, que esperemos sea larga: Nos hemos equivocado a veces, incluso a menudo, y sobre bastantes cosas, pero al menos no nos hemos equivocado ni de trinchera ni de enemigos.
Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Salvador i Duch, por un tiempo también de siete minutos.
Jordi Salvador i Duch
ERCDiputado.Página 34Vídeo
Bon dia i bon any a tothom.
Buenos días y feliz año a todos.
Buena referencia al espíritu del 45. Espero que este espíritu del 45 ―¡ojalá!― fuera el espíritu de la socialdemocracia europea. Ahora me parece que no es exactamente así, pero buena referencia. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).
Dit això, avui venim a parlar, venim a debatre sobre un seguit de modificacions dins de l’àmbit de subsidis, de prestacions d’atur i de la Seguretat Social. No es tracta de cap canvi revolucionari, però sí que trobem aspectes molt importants. I ho són perquè qualsevol canvi, quan afecta el més bàsic, les persones, que és el seu salari, es converteix en important. Estem parlant de condicions de vida de les persones que pitjor ho estan passant en la nostra societat. Estem parlant del seu accés al menjar, a l’habitatge, a la llum. Per tant, no podem frivolitzar com fa la dreta, com fa moltíssima gent, com fan alguns que menyspreen els ajuts i parlen de «paguetes». És insultar la intel·ligència, és insultar aquesta gent afirmar que cobrar per malviure desincentiva la gent per anar a treballar. És insultar i és ridícul dir que cobrar 500 euros desincentiva anar a treballar. Si us plau, estem parlant de 500 euros. 500 euros no treuen ningú de la pobresa ni de la misèria. Estem davant d’un Estat on el preu mitjà del lloguer sobrepassa, si parlem de molts llocs, els 1000 euros —en molts llocs no arriba, però quasi 1000 euros, i en molts els sobrepassa. Estem parlant del mateix amb les hipoteques, que són hipoteques que van a vegades 1000 euros o més, o quasi s’acosten als 1000 euros. És a dir, no estem parlant aquí de cap caprici ni de cap cosa. En tot cas, diríem que és una quantitat insuficient per viure. Doncs bé, en aquest Estat si et quedes a l’atur i no tens cap prestació contributiva resulta que trobes que et toca sobreviure amb 480 euros al mes. 480 euros. I amb aquests diners no es pot pagar un pis, com tots sabem, fins i tot potser a vegades costa pagar una habitació. Parlem, doncs, d’un reial decret llei per a nosaltres insuficient, malgrat ser necessari, per diferents raons, i un exemple podria ser, per exemple, que la durada del permís de lactància depèn del nombre de pares o mares que tingui el nen. Si en té dos tenen més drets que si en té un. Coses a millorar. Podem afirmar, doncs, que malgrat la importància d’aquest reial decret crec que es pot anar una mica més enllà i esperem fer-ho en la tramitació parlamentària.
Ara bé, la realitat és que alguns dels que cobraven 480 euros passen a cobrar entre 60 i 90 euros al mes, i això és molt important en quantitats tan baixes. Això és molt important. No es pot frivolitzar amb aquest tema aquí. I també és important que alguns que no tenien dret perquè tenien menys de 45 anys, ara puguin accedir a aquest subsidi. Com també és molt important, i està molt bé, que alguns que perdien el subsidi, ara quan troben una petita feineta puguin seguir compaginant el subsidi amb aquesta petita feineta temporal i parcial. Això està bé. Però no ens enganyem, continuen sent unes quantitats insuficients per viure i no és un reial decret revolucionari però no es pot negar que és molt important. A vegades la vida pot dependre d’aquests 90 euros. A vegades la vida pot dependre d’aquests 90 euros de pujada, malauradament és així. No és una misèria per a la gent de la qual estem parlant. Una cosa similar passa amb els permisos de lactància. No se soluciona el greuge comparatiu que pateixen els infants de famílies monoparentals, però almenys es garanteix per llei la possibilitat d’acumular els permisos de lactància. Això també està molt bé i, a més, ja no depèn de la negociació col·lectiva, com deia la ministra.
Malgrat tot, i els aspectes positius ja els ha dit clarament la gent que m’ha precedit, però un molt important, que m’oblidava, és l’aspecte de la prioritat del conveni autonòmic. Per a nosaltres no seria el conveni autonòmic, seria el convenient nacional. El fet de potenciar la negociació col·lectiva i, a més, si és a millor, això fa que tot pugi a l’alça. Entrem en una espiral cap amunt, no cap avall. Això és molt interessant i molt valorat per l’esquerra independentista del nostre país. És a dir, els sindicats catalans si ara poden arrabassar més i millors condicions, doncs seran incorporades immediatament malgrat el que es faci a la resta de l’Estat. I això és una espiral, com deia abans, que va cap amunt.
En conclusió, donarem suport a aquest text perquè hi ha millores que no podem deixar escapar. Però com passa molt sovint, aquesta iniciativa del Govern ens deixa també algunes coses en el tinter. I en primer lloc ha quedat, per exemple, fora la remuneració del permís parental. Clama al cel que es creï un dret i, en canvi aquest dret no estigui pagat, perquè llavors aquest dret és difícil que es pugui exercir per a segons quines persones. I potser la cosa més inacceptable i que combatrem més fortament en la tramitació parlamentària és la cotització a efectes de jubilació dels qui perceben el subsidi majors de 52 anys. Jo no sé si és Calviño, si és Brussel·les, o qui sigui, però és clar que els qui no tenen feina passats els 52 anys i cobren 480 euros al mes si passen a cotitzar de 125 a 100 és un empitjorament de les condicions laborals. És a dir, igual que apujar 90 euros és una millora, jo crec que abaixar la cotització de cara al futur amb salaris baixos no és una millora en tot cas, és una retallada. I la part bona que té que aquesta vegada és que es pot intentar canviar, i ho intentem canviar, i ho combatrem a la tramitació parlamentària.
Perquè aquest cop, i aquí deixin-me fer una crítica, ja saben que tinc una espina clavada, aquest cop a diferència del que va succeir amb la reforma laboral hi ha tramitació parlamentària, podem fer esmenes. Hi ha un canvi que tant de bo sigui així tota la legislatura, i això crec que és bo. Així que valorem molt positivament el canvi de tarannà d’aquest Govern en els reials decrets llei que siguin també de tramitació parlamentària. L’únic que sí que demanarem és més temps, perquè sempre anem a corre-cuita, i sempre quan arriba Nadal jo ja tremolo perquè un 20 de desembre o un 19 de desembre comencen a venir reials decrets lleis que tens molt poc temps per poder fer un estudi, i a més quan són òmnibus.
Dit això, com deia abans, votarem a favor d’aquest reial decret llei. I això no vol dir que les coses que no estem d’acord, que penso que en el fons no estem d’acord, intentem millorar-les entre tots plegats. Moltes gràcies i bon any a tothom.
Dicho esto, hoy venimos a debatir sobre una serie de modificaciones dentro del ámbito de los subsidios, de prestaciones de paro y de la seguridad social. No se trata de ningún cambio revolucionario, pero sí que encontramos aspectos muy importantes. Y lo son porque cualquier cambio, cuando afecta a lo más básico, a las personas, que es su salario, se convierte en importante. Estamos hablando de condiciones de vida de las personas que peor lo están pasando en nuestra sociedad. Estamos hablando de su acceso a la comida, a la vivienda, a la luz. Por lo tanto, no podemos frivolizar como hace la derecha, como hace muchísima gente, como hacen algunos que menosprecian las ayudas y hablan de «paguitas». Es insultar a la inteligencia, insultar a esta gente, afirmar que cobrar para malvivir desincentiva a la gente para ir a trabajar. Es insultar y es ridículo decir que cobrar 500 euros desincentiva ir a trabajar. Por favor, estamos hablando de 500 euros; 500 euros no sacan a nadie de la pobreza ni de la miseria. Estamos ante un Estado donde el precio medio del alquiler sobrepasa, hablamos de muchos lugares, los 1000 euros. En muchos lugares casi no llega, son casi 1000 euros y en muchos los sobrepasa. Estamos hablando de lo mismo en las hipotecas, que son hipotecas que van de los 1000 euros o más, o casi se acercan a los 1000 euros. No estamos hablando aquí de ninguna crisis, en todo caso diríamos que es una cantidad insuficiente para vivir.
Bien, en este Estado si te quedas en paro y no tienes ninguna prestación contributiva, resulta que te toca sobrevivir con 480 euros al mes, 480 euros, y con este dinero no se puede pagar un piso, como todos sabemos, incluso cuesta pagar una habitación. Hablamos, pues, de un real decreto ley para nosotros insuficiente, pero necesario, por diferentes motivos. Un ejemplo podría ser que la duración del permiso de lactancia depende del número de padres o madres que tenga el niño. Si tiene dos, tiene más derechos que si tiene uno. Cosas a mejorar. Podemos afirmar, pues, que a pesar de la importancia de este real decreto, se puede ir un poco más allá y esperamos hacerlo en la tramitación parlamentaria.
Ahora bien, la realidad es que algunos que cobraban 480 euros pasan a cobrar entre 60 y 90 euros al mes, y eso es muy importante en cantidades tan bajas, eso es muy importante. No se puede frivolizar con este tema. Y también es importante que algunos que no tenían derecho, porque tenían menos de 45 años, ahora puedan acceder a este subsidio, como también es muy importante, y está muy bien, que algunos que perdían el subsidio, ahora, cuando encuentren un pequeño trabajo, pueden seguir compaginando el subsidio con este trabajo parcial. Está bien, pero no nos engañemos, continúan siendo cantidades insuficientes para vivir. Es un real decreto que no es ni revolucionario ni ideal, pero es muy importante. A veces la vida puede depender de estos 90 euros de subida, no es una miseria para la gente de la que estamos hablando.
Algo similar pasa con los permisos de lactancia. No se soluciona el agravio comparativo que padecen los niños de familias monoparentales, pero se garantiza por ley la posibilidad de acumular los permisos de lactancia. Y está muy bien, porque no depende de la negociación colectiva. A pesar de todo, como decíamos, hay aspectos positivos, como ya ha dicho alguna gente que me ha precedido. Uno muy importante es el aspecto de la prioridad del convenio nacional, el hecho de potenciar la negociación colectiva, pero hace que todo suba al alza, entramos en una espiral hacia arriba. Es muy interesante y muy valorado por el espíritu independentista de nuestro país. Los sindicatos catalanes, si pueden conseguir las mejores condiciones, serán incorporadas inmediatamente, a pesar de lo que se haga en el resto del Estado. Y es una espiral que va hacia arriba.
En conclusión, daremos apoyo a este texto porque hay mejoras que no podemos dejar escapar, pero, como pasa muy a menudo, esta iniciativa del Gobierno se deja algunas cosas en el tintero. En primer lugar, ha quedado fuera la remuneración del permiso parental. Clama al cielo que se cree un nuevo derecho, pero que este derecho no sea pagado. Es difícil que se pueda ejercer por algunas personas. Y lo más inaceptable, y que combatiremos más fuertemente en la tramitación parlamentaria, es la cotización que afecta a los efectos de jubilación que perciben el subsidio de mayores de 52 años. No sé si es Calviño, Bruselas o quién sea, pero está claro que quien no tiene trabajo pasados los 52 años y cobra 480 euros al mes, y pasa a cotizar del 125 al 100, es un empeoramiento de las condiciones laborales. Creo que subir 90 euros es una mejora y bajar la cotización no es una mejora, es un recorte. Lo bueno que tiene esta vez es que se puede intentar cambiar, y lo haremos en la tramitación parlamentaria. Porque esta vez —y hacemos una crítica porque tengo una espina clavada de lo que pasó con la reforma laboral— habrá tramitación parlamentaria y podremos hacer enmiendas. Es un cambio, ojalá sea así toda la legislatura, y eso creo que es bueno. Así que valoramos muy positivamente el cambio de este Gobierno en estos reales decretos leyes, que sigan la tramitación parlamentaria, pero lo que sí que pediremos es más tiempo, porque siempre vamos a correprisa. Cuando llega la Navidad yo tiemblo, porque empiezan a venir reales decretos leyes y se tiene muy poco tiempo para hacer un estudio.
Dicho esto, como he dicho antes, votaremos a favor de este decreto ley y las cosas que no estamos de acuerdo, las mejoraremos entre todos juntos.
Muchas gracias y feliz año a todos.
Presidencia. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Lois González.
Marta Lois González
Grupo SumarDiputada.Página 36Vídeo
Bos días, buenos días, señorías. Los tres decretos que hoy debatimos en esta Cámara tienen dos cosas en común: suponen grandes avances y mejoras para el conjunto de las españolas y de los españoles. En concreto, este decreto del subsidio de desempleo supone avances en tres aspectos muy importantes. En primer lugar, aumenta la protección de las personas desempleadas al ampliar, por un lado, la cuantía del subsidio y, por otro lado, la cobertura. Con esta reforma, el subsidio de desempleo llegará todavía a muchas más personas. En este momento hay 800 000 personas que lo necesitan, hay un 56 % de mujeres y la mayoría son personas mayores de 55 años. Con la aprobación de este decreto, por lo tanto, se aprueba la ampliación todavía de más cobertura para las personas que lo necesitan. En SUMAR lo hemos dicho, lo hemos repetido una y otra vez y no dejaremos de repetirlo: el subsidio de desempleo es un derecho de las personas trabajadoras. Es un derecho que tiene que ver con su propio esfuerzo, con el esfuerzo y el trabajo de las personas. Tiene que ver con sus cotizaciones sociales. Frente a quienes sospechan, frente al bloque reaccionario que siempre sospecha de las trabajadoras y de los trabajadores, que siempre les criminaliza, nosotras lo tenemos claro: derechos y más derechos.
En segundo lugar, este decreto supone avances en otro ámbito muy importante, como es el de la negociación colectiva. Se mejora la regulación de la negociación colectiva en el ámbito de las comunidades autónomas. Se va a asegurar la prevalencia de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras. Y, en tercer lugar, este decreto también amplía otro derecho muy importante, que es el permiso de la lactancia. Con la aprobación de este decreto, la posibilidad de acumular el permiso de lactancia en jornadas completas es para el conjunto total de las trabajadoras. Estamos hablando de poner la vida en el centro. Estamos hablando de poner los cuidados en el centro. Estamos hablando del derecho a cuidar.
Por estos tres elementos, por estos tres motivos, SUMAR va a votar, sin ninguna duda, a favor de este decreto. Pero es que, además, me gustaría retomar algunas de las cuestiones que tienen que ver con el primer aspecto, que tiene que ver con la ampliación del subsidio de desempleo, con las mejoras y su cobertura. Porque son medidas muy positivas, porque son medidas concretas, porque son medidas que apoyan a las personas trabajadoras de este país; son medidas que no las dejan tiradas, son medidas que las acompañan para que puedan reincorporarse al mercado laboral. Medidas importantes como las que se han señalado hoy aquí, que tienen que ver con la subida de la cuantía del subsidio, que pasa de los 480 euros a los 570 euros los primeros seis meses; que pasa a 540 euros en los siguientes seis meses y que se mantiene en 480 el resto de la duración de la prestación. Con este decreto también se asegura la protección a las personas menores de cuarenta y cinco años que no tienen responsabilidades familiares. Con este decreto también se protege a las personas desempleadas del ámbito agrario, los eventuales agrarios. Con este decreto también se defiende, mayormente, a las mujeres trabajadoras transfronterizas en Ceuta y Melilla. Con este decreto también se elimina el mes injusto, el mes cruel que se exigía esperar para poder solicitar el subsidio de desempleo. Y la posibilidad de compatibilizar el subsidio de desempleo y tener un empleo hasta 180 días también es otra medida que está en este decreto. Por lo tanto, las personas trabajadoras —lo decimos siempre en SUMAR— merecen respeto, merecen derechos y nunca, nunca sospechas.
¿Saben ustedes que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, el 80 % de las personas que se benefician del subsidio de desempleo no lo agotan? La gente trabajadora de nuestro país necesita esta ayuda pública y confianza para volver a encontrar trabajo. Con este decreto, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno responden también a las obligaciones contraídas con la Unión Europea, pero demostrando que sí que hay alternativas y diciendo que no al marco de los recortes, diciendo que sí a la defensa y a la ampliación de los derechos. Como decía hace un momento, esto no es nuevo. Esta es una apuesta continuada en el tiempo por mayores niveles de protección y derechos. Es una constante de la coalición de este Gobierno. Es el compromiso del Ministerio de Trabajo, es el compromiso de SUMAR. Las políticas de empleo que más empleo han creado en España son las que se han implementado desde este Gobierno de coalición. Son las políticas de la protección social, son las políticas de la subida del salario mínimo, son las políticas de la mejora del subsidio por desempleo. Estas políticas son la vanguardia en Europa. En los últimos cinco años, el salario mínimo ha aumentado casi un 50 % y va a seguir subiendo. (Aplausos). No es una promesa, es un hecho; no son palabras, son hechos, y lo vamos a ver una vez más en breve.
Pese a los agoreros del Partido Popular, pese a los agoreros como el señor Feijóo, que pregonaban que la reforma laboral y que la subida del salario mínimo traerían consigo el cierre de empresas, la destrucción masiva del empleo y otras plagas, este Gobierno, pero sobre todo este país, en el año que acabamos de comenzar, en 2024, acaba de celebrar la consolidación de una tendencia de los buenos datos en el mercado laboral. Tenemos la cifra de paro más baja desde 2007, antes de la crisis económica. Además, el paro de las mujeres, el paro femenino, ha sido el más bajo: 28 000 mujeres paradas menos este mes. Es el nivel más bajo de los últimos quince años. Y también otro motivo de orgullo tiene que ver con los datos del paro juvenil. Está en el valor más bajo de toda la serie histórica. Las y los jóvenes menores de treinta años registraron 2,5 millones de contratos indefinidos, cuatro veces menos que en el año 2019. Por lo tanto, la solidez económica española se ha conseguido, precisamente, abandonando por fin los mantras neoliberales, abandonando por fin el dogma de fe de políticas laborales equivocadas que, por cierto, se han mantenido en nuestro país durante mucho tiempo y hasta hace bien poco, pese a sus pésimos resultados. Hoy, afortunadamente, hemos conseguido revertir una tendencia histórica de la economía española: su alto paro estructural, un paro estructural que genera grandes injusticias sociales, grandes desigualdades.
Además de reducir el paro estructural, este Gobierno, con el Ministerio de Trabajo al frente, también está logrando arrinconar la temporalidad abusiva e injustificada en la contratación laboral. Esto, señorías —lo decimos siempre—, no es magia. Esto es la reforma laboral, esto es el incremento del salario mínimo, esto es el control de los horarios…
Presidencia. Señoría, debe finalizar, por favor.
Marta Lois González
Grupo SumarDiputada.Página 38
Esto es, en definitiva, las políticas públicas de impacto positivo que vamos a votar hoy.
Termino aquí mi intervención diciendo alto y claro que este es un decreto que debería salir por unanimidad. Votar en contra implica negar un apoyo a las mujeres y hombres que más lo necesitan. Ningún partido político debería colocarse por encima de este principio. Hay que dejar de pensar en cuestiones tacticistas y partidarias, y pensar en lo importante: en las políticas para mejorar la vida de la gente. Y de esto es de lo que estamos hablando hoy aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra la señora De Meer Méndez. (Aplausos).
Rocío De Meer Méndez
VoxDiputada.Página 38Vídeo
Muchas gracias, señor presidente. Nosotros en VOX no nos vamos a acostumbrar a esta nueva normalidad y menos a sus modos. Y lo estamos viendo hoy. Ustedes son los campeones de los decretazos y los campeones de mezclar cosas inconexas dentro de los decretazos. Señorías, además, lo harán como siempre. Pondrán un título bonito y todo el que vote en contra habrá votado en contra de algo aparentemente bonito con un título bonito. Pero la realidad es muy diferente. Y la realidad es que ustedes, al final, están renunciando a la soberanía que representamos. Están renunciando a que aquí se debe dar el debate que se merecen los españoles y no legislar a modo de decretazo en los despachos en los que ustedes se meten para negociar los síes y los noes. (Aplausos). Es un chantaje y ustedes no hacen políticas sociales. No tienen legitimidad para decir que hacen políticas sociales; es más, la base de sus políticas es absolutamente antisocial, es una política contra la gente. Porque no olvidamos lo que ustedes quieren normalizar. Nosotros no olvidamos que ustedes dan privilegios a políticos a cambio de favores para mantenerse en sus sillones. Y esto no es política para la gente. (Aplausos). Nosotros no olvidamos que ustedes pactan y negocian condonar hasta 15 000 millones de euros de deuda a la mafia que tiene secuestrados a los catalanes, y lo hacen con el dinero de todos los españoles. Señora ministra, le voy a dar un dato, señora Díaz. En España hay 12,3 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social y ustedes utilizan sus recursos, utilizan su dinero para pactar condonaciones multimillonarias a una serie de privilegiados. Señoría, 15 000 millones de euros es lo equivalente a cinco presupuestos del Ministerio de Sanidad. Los españoles, y sobre todo los españoles más vulnerables, no se merecen que ustedes negocien con sus recursos. En España hay más de dos millones de personas en pobreza severa, el doble que en el año 2019 —insisto—, y ustedes se permiten el lujo de utilizar sus recursos, su patrimonio, para comprar favores a políticos corruptos a cambio de privilegios. (Aplausos). Y lo que es más grave de todo —m uchísimo más grave— es que ustedes negocian con el patrimonio y con la herencia colectiva de los españoles, con su soberanía, tanto en instancias internacionales como con las minorías separatistas. Y eso es lo más antisocial que hacen, porque ustedes rompen lo común, rompen lo que es de todos. Señorías, todos los días nos levantamos con titulares de a ver qué se han ofrecido entre ustedes en sus despachos cerrados para venir aquí a hacer su teatrillo. Porque la realidad, aunque este real decreto se llame de conciliación, es que a ustedes no les importa la conciliación, nunca les ha importado. Los problemas que tiene la conciliación en nuestro país son estructurales. La conciliación no existe, es imposible. En nuestro país, siete de cada diez mujeres declaran querer tener más hijos y no poder hacerlo porque no existen políticas de conciliación en nuestro país. Señoría, ¿se acuerda de su primer real decreto del año pasado, el Real Decreto 1/2023, de hace exactamente un año, del 10 de enero del año pasado? Usted lo llamó de medidas urgentes en materia de incentivos de contratación laboral. ¿Se acuerda qué hizo en ese Real Decreto 1/2023? Entre otras cosas, lo que usted hizo fue limitar la bonificación para sustituir a las mujeres que estaban en baja maternal en las empresas. Y encima se permitió el lujo de llamar al real decreto de incentivos en la contratación laboral, cuando lo que usted estaba provocando con ese real decreto era, precisamente, que se echara a las mujeres de nuestro país por estar embarazadas y por querer tener hijos. (Aplausos). Esa es la legitimidad que ustedes tienen para hablar de políticas sociales.
Señora Díaz, usted y ustedes en conjunto son el mejor aliado de los poderes económicos y de los poderes financieros. Usted considera a las mujeres como un factor económico en lo laboral en nuestro país y su sistema, señora Díaz, es profundamente individualista, porque el sistema feminista, en definitiva, es profundamente individualista. Nos bombardean con películas, con series, con anuncios, con tertulias donde se ensalza la vida individual, independiente, sin ataduras, mientras se ridiculiza a todas aquellas ilusas que deciden formar una familia a pesar de todas sus trabas. Por eso, ustedes son el mejor aliado de esos poderes económicos que quieren a las mujeres sin hijos, sin ataduras y que puedan entregarse en cuerpo y alma al trabajo, a las horas extra, a la productividad y a sus jefes. Y las mujeres, señoría, no son números. Las mujeres tenemos proyectos de vida, y las mujeres de este país quieren respeto y quieren bajas decentes. (Aplausos). Quieren bajas decentes, no quieren parches, señora ministra; y quieren que el Gobierno se responsabilice con las empresas porque si no es imposible, porque las mujeres saben muy bien en sus carnes que esta conciliación que ustedes nos venden todos los días que no existe. Pero no esperamos que lo cambien ustedes, que han demostrado que están dispuestos a mercadear con lo más importante que tienen los trabajadores de España, que es su patria.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
Presidencia. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
Esther Peña Camarero
PSOEDiputada.Página 39Vídeo
Muy buenos días. Terminamos un buen año en términos de empleo: récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social, con casi veinte millones de afiliados; los mejores datos de la historia en contratación indefinida, ya no es una rara avis que la mitad de los menores de treinta años vayan con un contrato indefinido debajo del brazo; la creación de empleo supera a todos los países europeos: más empleo, más calidad, más jóvenes, más mujeres, más cualificados y con menor temporalidad. Pero es verdad que no hay varitas mágicas. El mercado laboral español tiene todavía problemas estructurales tremendos y dramas personales y profesionales que hay que atajar, pero cuando las cosas se hacen bien, se dicen, y hay que reconocer que este Gobierno y este ministerio están trabajando duro. Lo reconocen también las redes sociales, que el otro día cantaban que hasta el malvado (haciendo el signo de comillas con los dedos) Sánchez iba a poner a trabajar al señor Abascal, cosa harto difícil, ¿verdad? (Aplausos). Y seguimos hacia adelante, claro que sí, arreglando el estropeado ascensor social que nos dejó el Partido Popular y creando horizontes ciertos para crecer, pese al ruido catastrofista, triste y cenizo —tan PP y tan VOX— que también hemos escuchado aquí esta mañana. Los socialistas queremos y vamos a ser útiles en la vida cotidiana. Por eso, traemos aquí estos decretos. En este caso, un decreto con claro ADN socialista: proteger al más débil con la ampliación y mejora del subsidio por desempleo, fortalecer a las clases medias y trabajadoras con nuevos avances para el cuidado de nuestros hijos e hijas y dar derechos y bienestar a la mayoría de la población. Y también está en su ADN, señorías del Partido Popular, estar siempre a la contra. ¿Los diputados que pretenden votar hoy no a ampliar el subsidio de desempleo son conscientes de que van a sustraer cerca de 900 euros al año a las personas que más dificultades tienen, que de poder cobrar 570 euros al mes van a recortarles hasta los 480? ¿Cómo van a explicar, cuando vuelvan hoy a sus provincias, que dejan sin subsidio a los trabajadores eventuales mientras siguen manteniendo el privilegio —este sí— del vicepresidente de VOX de la Junta de Castilla y León, García Gallardo, que cobra más de 80 000 euros sin una labor reconocida? (Aplausos). ¿Diputados y diputadas del Partido Popular, cuándo han dejado de sentir la calle, la empatía con todas esas personas, miles en nuestro país, que van a tener que quedarse un mes en blanco, un mes sin cobrar, sin ingresos, solo porque a ustedes no les gusta Pedro Sánchez? Pero es que, además, este debate nos permite explicar cuestiones que han podido despertar inquietud en personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años, porque algunos hablan de un posible recorte. Despreocúpense, no lo hay, no lo hay. No lo hay, porque, más allá de los focos, hay verdades como puños: primera, que el subsidio para mayores de 52 años lo eliminó el Partido Popular en 2012; segunda, que lo recuperó el Gobierno de Pedro Sánchez, en sus primeras medidas, nada más llegar; y tercera, que gracias a que el salario mínimo va a subir hasta un 50 %, con los socialistas en el Gobierno, la base de cotización para la jubilación de los mayores de 52 se ha duplicado, y de ese modo no tendrán que recibir parches de sobrecotización para tener una pensión digna. De hecho, para que nadie pueda volver a tocar los derechos de los mayores de 52 años hasta su jubilación, lo capital es que el salario mínimo interprofesional se garantice por ley, como quiere hacer este Gobierno en esta legislatura. (Aplausos). Por tanto, ningún grupo hoy puede fundamentar un voto en contra en un recorte que no existe en este decreto. (Aplausos).
Además, hablamos también de derechos —como les decía— para las clases medias y trabajadoras de nuestro país. La sorpresa es que, para el señor Feijóo, que las mujeres podamos ejercer el derecho a la lactancia en el trabajo es salvar a Pedro Sánchez. Pura obsesión. Nuestra obsesión, en cambio, es crear nuevos derechos para promover el mantenimiento de las carreras profesionales de las mujeres, la garantía de la corresponsabilidad y la igualdad. Está claro, señorías de la derecha de este país, que vivimos en mundos diferentes. ¿En nuestro mundo qué hay? En nuestro mundo hay una ampliación de la baja por nacimiento a veinte semanas; en nuestro mundo se retribuirán los permisos de ocho semanas por cuidados ya en este año 2024, reconociendo el derecho a cuidar de los hijos e hijas y que este sea remunerado; en nuestro mundo, hoy queremos aprobar la extensión del permiso de lactancia hasta veintiocho días como derecho. Y les recuerdo a todos los que hoy no quieren apoyar esta norma que la conciliación es un derecho, no un favor; además, no es un capricho, es cumplir con la legislación europea. Por cierto, hay diez millones de mujeres cotizando a la Seguridad Social, más que nunca. Esto sí que es agenda feminista. (Aplausos).
Permítanme compartirles una reflexión: hacer política para que las madres trabajadoras puedan conciliar es un orgullo. Lo es también mejorar la vida de los que tienen más miedos e incertidumbres para poder acabar el mes y mantener a sus familias. Y es un orgullo también hacer política con respeto y educación, respeto y educación que han demostrado todos los cargos socialistas, trabajadores de nuestras sedes, militantes y simpatizantes durante estas semanas de asedio, de acoso, de odio desesperado de las derechas de este país. (Aplausos). Sus mentiras no ayudan a llegar a fin de mes, sus memes y sus vídeos incendiarios no crean puestos de trabajo. Inocular malestar y agravio no atrae inversiones. Señorías, la alegría es un arma superior al odio; las sonrisas más útiles, más feroces que los gestos de rabia y desaliento. Lo decía la señora Grandes. Aplíquense el cuento.
Para terminar, quiero decir que decir que no a mejorar la vida de españoles y españolas es el mayor indicativo de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene alternativa. Antes, en la política de antes, un partido prometía llegar hasta los veinte millones de trabajadores y el otro decía: pues yo más, yo hasta los veintiuno. Cosa cierta, recuerdo que Rajoy lo soñaba, pero es Pedro Sánchez el que lo ha conseguido. (Aplausos). Pero ahora no, la política ha cambiado. Ahora, esta oposición que sufrimos los españoles y las españolas está en desprestigiar lo que otros hacen. No hay nuevas propuestas. Ni una, no. Solo buscan agraviar, cabrear al personal y, si hay que mentirles, se les miente. Si hay que dejar hoy a miles de pensionistas sin subirles la pensión, ahí está el Partido Popular para decir que no. Si hay que dejar a más de setecientos mil trabajadores españoles sin subsidio, ahí está el Partido Popular para decir que no, para hacer la vida más difícil a pensionistas, a trabajadores, a mujeres, a jóvenes, a familias y a empresarios. Así que ahí estamos nosotros, al otro lado. El Partido Socialista Obrero Español seguirá dando estabilidad en el trabajo para que los españoles y españolas puedan seguir viviendo con tranquilidad, sin miedo y sin ansiedad en el mercado laboral de nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Garrido Valenzuela.
Irene Garrido Valenzuela
PPDiputada.Página 40Vídeo
Gracias, presidente. Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, fijar posición en torno al Real Decreto ley 7/2023, que completa la trasposición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 19, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y cuidadores, abordando una modificación del permiso por el cuidado del lactante. Para ello, se modifica el artículo 37.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, eliminando restricciones anteriores y convirtiendo todas las posibilidades de disfrute en un derecho para todas las personas trabajadoras. Y para hacerlo, se hace uso del real decreto para legislar, fórmula utilizada por el actual Gobierno de forma abusiva.
Pedro Sánchez es el presidente que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas sin el debate previo en las Cortes, un uso abusivo del decreto ley que no puede convertirse en un modo ordinario de legislar. Además, utiliza el decreto ley para modificar decenas de leyes de cualquier tipo y condición, entre otras cosas para satisfacer las peticiones de sus socios de investidura, como es el caso. En la legislatura anterior, utilizó esta técnica legislativa espuria nada más y nada menos que para aprobar 142 reales decretos, de los cuales solo se tramitaron veinte como leyes. Y entre los casos más llamativos de uso indebido del decreto ley, se encuentra el de su utilización habitual para la trasposición de directivas de la Unión Europea a nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, como es tan habitual, en este real decreto viene a hacer lo mismo, haciendo uso de una extensísima exposición de motivos —más de trece páginas—, en la que se justifican las causas que explican la acumulación de los retrasos en la trasposición de esta y de todas las directivas europeas. Excusas que no pueden servir para justificar tanta negligencia en el respeto de los plazos dados, que normalmente son muy amplios, como es el caso de esta directiva, que en su artículo 20 daba tres años para hacerlo.
Y se mencionan diferentes sentencias en esta exposición de motivos. Me voy a detener, si me lo permiten, en una sentencia del Tribunal Constitucional, la 1/2012, la cual señala que se puede recurrir al procedimiento del real decreto de trasposición de directivas cuando existe un patente retraso en la trasposición —así figura en la exposición de motivos— y un procedimiento de incumplimiento contra nuestro país como consecuencia de aquel. Lo que se obvia aquí es que la propia sentencia 1/2012 puntualizaba lo siguiente: a propósito de una utilización indebida del derecho de enmienda en el procedimiento legislativo —y cito textualmente—, desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional, por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. (Aplausos). Una buena política legislativa —continúa esta sentencia— puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible, debe asumir el coste democrático que pueda tener, pero no forzar la Constitución.
Este real decreto continúa, a partir de la trasposición de la directiva europea, con la reforma de los subsidios por desempleo y reduce las prestaciones para los desempleados de ocho a tres tipos a partir de junio de 2004. Con esta simplificación de catálogo, solo habrá dos modalidades con tres tipos de subsidio. Una, ordinaria, para el subsidio por agotamiento de la prestación contributiva y otra, el subsidio por cotizaciones insuficientes. La segunda modalidad está representada por el subsidio para mayores de 52 años. No hay mejor política social —así lo opinamos en el Grupo Parlamentario Popular— que el empleo. Y en este decreto ley observamos, igual que en la intervención que ha hecho la ministra, que son el ejemplo claro de que se potencia el subsidio en lugar de la política de formación y del empleo.
Este real decreto ley modifica también el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que los convenios sectoriales autonómicos tendrán prevalencia sobre los de ámbito nacional, siempre que se aprueben por la patronal y los sindicatos más representativos. Este fue un motivo por el que el PNV votó en contra cuando se convalidó el Real Decreto 32/2021, en el Pleno de febrero. Y, señora ministra, si escuchara usted de nuevo, como he hecho yo, su intervención de ese día, se avergonzaría de que hoy se modifique (aplausos) este artículo de forma literal a lo solicitado entonces por el PNV y ahora exigido por el mismo partido, una petición que en su día usted argumentó que no podía concederse. Me pregunto qué ha cambiado desde entonces y la respuesta, como ha dicho la portavoz del PNV, la encontramos en el punto 4.2 del acuerdo PSOE-PNV para la investidura de Pedro Sánchez. Y lo han hecho ustedes a tiempo, porque les habían dado un plazo de seis meses. Como también le dieron un plazo de seis meses a la modificación de la ley de bases de régimen local a la que se refirió el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el anterior decreto, bajando el número de habitantes necesarios para poder acceder a la segregación. Y también les han dado un plazo de seis meses para que impulsen que la persona titular del Departamento de Seguridad pública del Gobierno vasco participe en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (aplausos), que es, señores diputados —me imagino que lo saben—, el que está formado por ministros de Justicia y de Interior de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y aquí nuestra duda es: ¿ya la han impulsado, señores del Gobierno, en el que tuvo lugar el 4 de diciembre? ¿La van a impulsar en el del 24 de enero? ¿Quizá en el del 4 de marzo? Porque para el de junio ya están fuera de los seis meses de plazo que les han dado.
Señora ministra, ha terminado su intervención con un mensaje para nuestro portavoz de la comarca de Ferrolterra. Quiero decirle que la comarca de Ferrolterra está formada por personas inteligentes y están orgullosas de tener un vecino que pertenezca al Grupo Parlamentario Popular, porque cumplimos nuestra obligación política, ética e institucional, denunciamos este mercadeo en cada ataque a nuestro Estado de derecho y ofrecemos alternativa a cada uno de los desmanes del Gobierno.
Presidencia. Señoría, debe finalizar, por favor.
Irene Garrido Valenzuela
PPDiputada.Página 42
Tal y como decía ayer nuestro presidente, defenderemos España incluso ante el propio Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias, señoría. — REAL DECRETO-LEY 8/2023, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS PARA AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DERIVADAS DE LOS CONFLICTOS EN UCRANIA Y ORIENTE PRÓXIMO, ASÍ COMO PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA. (Número de expediente 130/000003).
Presidencia. Pasamos a la convalidación o derogación del Real decreto ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
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