Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Buenos días, señorías. Buenos días a todos.

Tenemos por delante una sesión parlamentaria larga, intensa y especialmente importante para el futuro de la ciudadanía, de las familias y de las empresas de nuestro país.

Hoy debatimos y votamos la convalidación de tres reales decretos leyes que son imprescindibles para que España tenga acceso a 10 000 millones de euros de fondos europeos, para seguir reforzando nuestro Estado del bienestar, para impedir la escalada de precios, para mejorar las prestaciones por desempleo, para continuar incrementando las pensiones, para asegurar las bonificaciones o la gratuidad del transporte público o para prohibir los desahucios en los casos de las personas más vulnerables. Eso nos estamos jugando hoy. Todas y cada una de las medidas que incluyen estos tres reales decretos leyes benefician a millones de ciudadanos, de familias y de empresas y eso es lo que hoy votamos en esta sesión. No votamos solo unos decretos. Hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron el 23 de julio en las urnas están aquí para facilitarles la vida o para dañarles si con ello creen que también dañan al Gobierno. Cada persona que nos está viendo o escuchando se está jugando mucho en esta votación y, por, tanto, espera mucho de nosotros y espera mucho de ustedes, señorías. Cada persona que nos ve y que nos escucha hoy sabe que si hoy fallamos, si ustedes fallan hoy, señorías, mañana sube la factura de la luz, baja su pensión… (Rumores.—Protestas.—Aplausos). Así es, señorías, cada persona que hoy nos escucha y nos ve sabe que, si hoy fallamos y si ustedes hoy fallan, mañana sube la factura de la luz, mañana su pensión baja, deja de acceder gratuitamente al transporte público y tiene que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico. (Rumores).

Por tanto, ruego a sus señorías que comprendan la importancia que tiene el voto que van a emitir hoy para millones de ciudadanos, de familias y de empresas que esperan que sus representantes les hagan la vida más fácil y no más difícil. Ustedes, señorías, están aquí para hacer el bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende. Hagamos política útil y política que mejora la vida de los ciudadanos y de las familias. (Aplausos).

El primero de los tres reales decretos leyes que hoy sometemos a consideración de esta Cámara es el 6/2023, por el que se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de justicia, en materia de función pública, en materia de régimen local y en materia de mecenazgo. Es una norma extensa y ambiciosa cuya aprobación es urgente. Como ustedes conocen, sobre todo los que ya estaban en esta Cámara en la legislatura anterior, las medidas y las reformas que contempla este real decreto ley se estaban tramitando ya en la legislatura anterior y decayeron al disolverse las Cortes. Son reformas que tenemos que aprobar porque forman parte de objetivos y de hitos, de compromisos con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sin cuyo cumplimiento en plazo, antes del 31 de diciembre de 2023, no se podía producir la solicitud del cuarto desembolso de 10 000 millones de euros para nuestro país. Por eso la propia Comisión Europea nos pidió que presentáramos la solicitud del desembolso de los 10 000 millones de euros al día siguiente de aprobarse el real decreto ley en Consejo de Ministros. Por tanto, no hay duda sobre el cumplimiento del requisito de la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución para aprobar un real decreto. También es innegable que los 10 000 millones de euros, como todos los fondos europeos, están teniendo un impacto muy positivo en la economía de nuestro país y, por tanto, en la ciudadanía, las familias y las empresas.

No hablamos en abstracto, hablamos de miles de millones de euros que están consiguiendo convertir España en un país más moderno, más avanzado y más justo. Esos fondos europeos han sido claves para superar las dificultades a que nos enfrentamos con la pandemia o con la guerra en Ucrania; están produciendo un paso de gigante en la transformación de todo nuestro modelo productivo, energético, industrial, educativo, administrativo y social y, sobre todo, esos 10 000 millones de euros que hoy están en juego con su voto, con la convalidación de este decreto ley, son millones de euros que benefician a los ciudadanos de nuestro país. Por tanto, decir no a este real decreto ley es decir no a 10 000 millones de euros que mejorarían la vida de nuestra ciudadanía.

Podemos estar orgullosos del papel que ha tenido nuestro país tanto en la gestación y en el nacimiento como en la ejecución del plan de recuperación y de los fondos europeos. Hemos recibido felicitaciones de la Comisión Europea por la ejecución de fondos y también por la transparencia en su distribución. España fue el primer país que solicitó y consiguió los tres primeros desembolsos de fondos europeos y ahora, con la aprobación de estas medidas, las que contiene este real decreto ley, antes de finalizar el año 2023 —‌se aprobó, como recuerdan, el día 19—, desbloquearemos el cuarto desembolso de fondos europeos, y así hasta obtener los 164 000 millones de euros que están asignados en el periodo 2021-2026. Esto es, señorías, lo que nos jugamos con la convalidación de este real decreto.

Les doy cuenta de manera muy sucinta de cuál es el contenido del real decreto ley. Saben ustedes que tiene cuatro libros: el primero sobre justicia; el segundo sobre función pública; el tercero sobre régimen local y el cuarto sobre mecenazgo. Sobre el primero de ellos, transformación de la justicia, se regula en el libro primero, da cumplimiento al componente undécimo del plan de recuperación y básicamente contiene dos normas que estaban en tramitación parlamentaria en la legislatura anterior: la ley de medidas de eficiencia digital y, en parte, también la ley de eficiencia procesal. Estas normas persiguen un objetivo muy claro, que es conseguir una justicia más moderna, más ágil, más digital y mucho más cercana a la ciudadanía. Se introducen reformas dirigidas a adaptar el servicio público de la justicia al marco tecnológico y digital actual. Pretendemos consolidar el derecho de los ciudadanos y de los profesionales a relacionarse por medios electrónicos con la justicia, como ya sucede en la Administración General del Estado y en otras administraciones territoriales. Esto incluye, por ejemplo, la celebración preferente de vistas a través de vías telemáticas, la creación de la carpeta justicia para que ciudadanos y profesionales puedan, de manera muy sencilla y fácil, consultar los expedientes judiciales y realizar trámites a cualquier hora del día y cualquier día de la semana, y también el impulso al expediente judicial electrónico que reúne todos los documentos y todas las actuaciones que se incluyen en un procedimiento judicial. Fortalecemos, esto es importante también, la interoperabilidad entre operadores jurídicos, es decir, no solo entre administraciones de justicia y no solo entre juzgados, sino también entre otros operadores como registros, notarios, etcétera, que permitirá que ahora gestiones, que podían durar meses, se puedan hacer en horas, porque se van a hacer de manera digital. También hemos incluido, como les decía al principio, medidas de eficiencia procesal dirigidas a simplificar y facilitar procedimientos, por supuesto sin afectar ninguna garantía procesal ni ningún derecho de las partes.

Esta segunda parte, la ley de eficiencia procesal, la parte pequeña que se ha incluido en el decreto ley, la parte cuya inclusión nos ha solicitado la Comisión Europea, permitirá de manera más ágil hacer frente a la litigiosidad existente en nuestro país. Se impulsa la presencia telemática en el proceso penal, con excepciones en algunos casos que tienen que ver con las especiales garantías que han de tenerse en un ámbito como el penal. También diseñamos herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de procedimientos administrativos. Señorías, este libro, el libro primero, el que trata de la justicia, es un auténtico impulso reformista en el que se materializan consensos, trabajos de todos los operadores jurídicos que han visto cómo con esta reforma se da un paso de gigante en la transformación digital de la justicia, por fin, en el año 2023-2024. Es una justicia, además, volcada en la ciudadanía, pudiéndose hacer en horas lo que antes podía tardar meses y, por tanto, incorporando la inmediatez, los servicios veinticuatro horas de la sociedad digital, también al ámbito de la justicia. Por eso les digo que es la reforma más ambiciosa de la justicia en décadas y probablemente el mayor avance de la historia en materia de digitalización, de agilidad y de modernización de nuestra justicia.

El libro segundo, señorías, trata de la reforma de la función pública, su régimen jurídico y los instrumentos de gestión del empleo público. Forma parte también del componente undécimo del plan de recuperación. Son iniciativas que ya se contemplaban en el Estatuto Básico del Empleado Público que, como recuerdan ustedes, se aprobó en el año 2007, pero algunos aspectos necesitaban todavía una norma que pudiera desarrollarlos. Por ejemplo, este libro segundo del decreto ley del que pedimos su convalidación regula la planificación estratégica en materia de recursos humanos de las administraciones públicas, vinculado a una planificación no solo plurianual de la Administración General del Estado. Se regula también la evaluación del desempeño, vinculándola al complemento salarial y a provisiones de puestos para mejorar la productividad de los empleados y la calidad de los servicios públicos. También se establece un nuevo modelo de carrera horizontal, de tal manera que se puede progresar en tramos sin cambiar de puesto de trabajo para los funcionarios y empleados públicos, y se regula la figura del directivo público empresarial, subdirectores y asimilados, regulando sus funciones, los requisitos para su nombramiento y también para su evaluación.

El libro tercero del decreto ley regula las medidas en materia de Administración local, encaminadas básicamente a acelerar e implementar todos los servicios digitales en las pequeñas administraciones locales. Se apoyará a estos pequeños municipios en la prestación de estos servicios para que se puedan adaptar a las tecnologías actuales. Por ejemplo, se actualizará y se mejorará el modelo de padrón municipal de habitantes, de tal manera que se actualizará en tiempo real, es decir, el mismo día se podrá modificar el empadronamiento de una persona y tendrá reflejo inmediato en el padrón municipal de habitantes.

Este real decreto supone también una apuesta por la gestión colaborativa en los servicios con los municipios pequeños, con los de menos de 20 000 habitantes, garantizando la calidad de los servicios tanto si alguien vive en municipios con menos habitantes como si vive en grandes ciudades. Por último, impulsa la participación ciudadana, en colaboración con otras administraciones, para ayudar a las entidades locales más pequeñas, obligando a que las entidades locales habiliten un portal de Internet para que puedan elaborar planes y mecanismos digitales para que cualquier ciudadano pueda acceder a los servicios públicos locales.

Y me refiero ahora, por último, al cuarto de los libros que regula este real decreto ley, que es el de los llamados incentivos fiscales al mecenazgo y que da cumplimiento al componente 24 del plan de recuperación, el que se refiere a la revalorización de nuestra industria cultural. Incrementamos del 35 al 40 % los porcentajes de deducción aplicables a personas físicas o jurídicas que realicen donaciones con esta naturaleza, ampliamos también de 150 a 250 euros la cuantía del micromecenazgo que fomenta las donaciones continuadas y actualizamos la relación de actividades económicas que pueden quedar exentas del impuesto de sociedades para las entidades sin ánimo de lucro.

Este es, señorías, el contenido muy sucinto en la explicación de este real decreto ley. Todas estas reformas son la expresión del compromiso de nuestro país con la Comisión Europea, con Europa y con sus ciudadanos. Como ya he señalado, este real decreto responde a la necesidad de dar cumplimiento al plan de inversiones y reformas que hemos comprometido con la Unión Europea hace dos años y medio y que ya está teniendo efectos.

Los fondos europeos suponen que nuestro país sea cada día más verde, más digital, más justo y más igualitario, es decir, que sea un país mejor. Eso es lo que suponen los fondos europeos y por eso solicito el voto favorable no solo a este real decreto ley, sino a los tres reales decretos leyes que hoy traemos a convalidación a esta Cámara. (Aplausos). No puede haber ninguna razón política ni ideológica que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias y a nuestras empresas; no la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos tres reales decretos leyes hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y, por tanto, favorecen nuestras condiciones de vida.

Todas las personas que tenemos el honor de representar aquí al pueblo español tenemos hoy la responsabilidad de convalidar estos decretos leyes. Cuando llegue el momento de votar, les pido que piensen en las personas a las que estamos representando y no en intereses partidistas que hoy nada tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, de las familias y de las empresas. Su elección de hoy es muy sencilla: su voto de hoy determina cuál es el precio de los alimentos mañana. Por tanto, pulsar hoy el botón del sí o el botón del no no solo se va a reflejar en el Diario de Sesiones, sino que también se va a reflejar en la factura de la luz. Cada pensionista que les votó está hoy mirándoles porque con su voto deciden si se actualiza, si sube su pensión o si se congela. Por tanto, les pido que continuemos en el camino de la protección social, el crecimiento económico y la justicia. Hoy no puede ser el día en el que el Congreso de los Diputados vuelva a aprobar recortes sociales, como hace ya más de un lustro. No es lo que desea la sociedad y no es lo que necesita nuestro país. Tomen, por tanto, la decisión de voto de estos reales decretos leyes pensando en quienes les votaron, en sus intereses y en si les hacen la vida más fácil.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Grazas, grazas, señora presidenta. Nesta sesión extraordinaria sométense a validación tres reais decretos leis aprobados no mes de decembro polo Goberno, para alén do pecado orixinal de lexislar por real decreto, sen diálogo, sen negociación previa, insólito cando as maiorías parlamentarias son tan axustadas. Todos os tres pecan tamén doutro problema: reunir asuntos tan dispares que dificultan unha avaliación e unha toma de posición coherente en relación con cada un deles. Este primeiro, o seis vinte e tres, de facto, aborda cuestións como Función Pública, Administración electrónica na Xustiza, réxime local ou mecenado. Centrareime nos dous primeiros, onde chaman máis elementos de preocupación e de discrepancia. O primeiro bloque de reformas referidas á tramitación electrónica no ámbito da Administración de Xustiza vén xustificado para axilizar os procedementos xudiciais polo aumento da litixiosidade, tanto no ámbito penal, civil, como no contencioso-administrativo, mediante a introdución de trámites telemáticos ou electrónicos. É verdade que a adaptación da Administración de Xustiza a novas tecnoloxías é unha materia pendente, mais esta reforma exprés pola vía do decreto vai topar coa realidade da falta de medios humanos e de recursos materiais. Consideramos que a única fórmula que aseguraría esa axilización que se pretende é a dotación adecuada de persoal e de medios materiais. Aliás, cabe recordar que, no caso da Galiza, foi transferida a xestión dos medios materiais e de persoal. Están, por tanto, lexislando sobre aspectos que, sendo competencia autonómica, deberían como mínimo ser motivo de diálogo e negociación entre Administracións para non caer na —i‌nfelizmente tan habitual— invasión competencial. Iso si, constatamos que ao PP isto non lle preocupa en absoluto; están a outra cousa, a pesar de gobernar (até agora e por pouco tempo) na Galiza, mais non nos sorprende para o uso que lle dan —‌sería máis exacto «que non lle dan»— como estamos a ver agora coa crise dos pellets na costa galega; sóbranlles competencias, a pesar de non teren asumido nin unha soa: cero transferencias en quince anos de Goberno do Partido Popular do señor Feixóo e agora de Rueda. Preocúpanos tamén unha cuestión aínda pendente e que a reforma nin prevé nin seguramente terá en conta: lograr a plena normalización do galego e do resto de linguas oficiais distintas do español na Administración de Xustiza. Como xa ten acontecido noutros casos, é imposíbel facer normal a tramitación dun expediente en galego se o sistema electrónico non o prevé ou non o permite.

No segundo bloque, o decreto lei introduce modificacións na Administración, entre elas para a avaliación do desempeño, sen garantir a presenza sindical para asegurar transparencia, crea o concepto de áreas funcionais que facilitarán a mobilidade xeográfica do persoal ou normaliza que directores xerais e subdirectores sexan persoal directivo que deixa fóra de calquera control e negociación sindical o seu réxime xurídico e condicións retributivas. Pola contra, unha vez que abordan unha reforma, non incorporan cuestións que levan décadas reclamando os traballadores e traballadoras, tanto en condicións laborais como na mellora do servizo público: cláusula de revisión salarial, mecanismo de recuperación da perda do poder adquisitivo, xornada de trinta e cinco horas, xubilación parcial ou xubilación aos sesenta e cinco anos. Iso si, aposta polos plans de pensións privados e contratos de seguro, considerando como retribucións diferidas as achegas aos plans de pensións privados que computan como melloras salariais.

En conclusión, hai moitos aspectos do real decreto lei...

Gracias, señora presidenta. En esta sesión extraordinaria se someten a convalidación tres reales decretos leyes aprobados en el mes de diciembre por el Gobierno. Más allá del pecado original de legislar por real decreto, sin diálogo ni negociación previa —‌insólito cuando las mayorías parlamentarias son tan ajustadas—, los tres pecan también de otro problema: reunir asuntos tan dispares que dificultan la evaluación y toma de posición coherente en relación con cada uno de ellos. Este primero, el 6/2023, aborda cuestiones como la Función pública, la administración electrónica en la Justicia, el régimen local o el mecenazgo. Me centraré en los dos primeros, donde encontramos más preocupación y discrepancia. El primer bloque de reformas, referidas a la tramitación electrónica en la justicia, está justificado para agilizar los procedimientos judiciales por el aumento de la litigiosidad tanto en lo penal y civil como en lo contencioso administrativo, mediante la introducción de trámites telemáticos y electrónicos. La verdad es que la adaptación de la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías es una materia pendiente que está encontrándose con dificultades por la falta de medios humanos y materiales. Consideramos que la única fórmula que aseguraría esa agilización que se desea es la dotación adecuada de personal y medios materiales. Es más, hay que recordar que, en el caso de Galicia, se transfirió la gestión de medios materiales y personales y se están legislando aspectos que, siendo de competencia autonómica, deberían ser, como mínimo, motivo de diálogo y negociación entre las administraciones para no caer en esa infeliz y habitual invasión competencial. Constatamos que al PP no le preocupa esto en absoluto, a pesar de estar gobernando —h‌ asta ahora y por poco tiempo— en Galicia. Pero no nos sorprende porque para el uso que le dan —‌sería más exacto decir que no le dan—, como estamos viendo ahora y cómo ven ustedes con la crisis de los pelets en la costa gallega, le sobran competencias, a pesar de que no han asumido ninguna transferencia, cero, durante los últimos quince años. También nos preocupa una cuestión pendiente, que es que la reforma no prevé, ni seguramente tendrá en cuenta, lograr la plena normalización del gallego en el resto de las lenguas oficiales distintas del español en la Administración de Justicia. Como ya ha ocurrido en otros casos, es imposible hacer normal la tramitación de un expediente en gallego si el sistema electrónico no lo prevé o lo permite. En el segundo bloque, el decreto ley introduce modificaciones en la Administración, entre ellas, para la evaluación del desempeño sin garantizar la presencia sindical para asegurar la transparencia. Esto crea el concepto de áreas funcionales, que facilitarán la movilidad geográfica del personal, o normaliza que directores generales o subdirectores sean personal directivo, y deja fuera cualquier control y negociación sindical o su régimen jurídico y condiciones retributivas. Por el contrario, una vez que abordan la reforma, no se incorporan cuestiones que llevan décadas reclamando los trabajadores y las trabajadoras, tanto en condiciones laborales como en la mejora del servicio público, cláusulas de revisión salarial, mecanismos de recuperación de poder adquisitivo, jornada de 35 horas, jubilación parcial, jubilación a los 65 años. Esto apuesta por planes de pensiones privados y contratos de seguros que consideran como retribuciones diferidas a los aportes de los planes de pensiones privatizados.

Finalizo: cos que non concordamos e que deberían ser modificados e, por iso, reclamamos, esperamos que efectivamente se tramite como proxecto de lei para poder presentar emendas e ter oportunidades de os corrixir. En todo caso, votaremos a favor. Obrigado.

En definitiva, y termino, no estamos de acuerdo, consideramos que debería ser modificado y reclamamos que se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y tener la oportunidad de corregirlo.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, a nadie se le escapa la extensión, la complejidad y la variedad del contenido de este decreto. Recuerdo que muchas medidas ya se han estado trabajando en la última legislatura y no salieron adelante porque se adelantaron las elecciones. No obstante, la importancia o la urgencia de estas medidas no puede suponer que el Gobierno obvie su obligación de diálogo parlamentario. Si bien es cierto que tuvimos una legislatura que fue asolada por una pandemia, por un volcán, por una crisis, por una guerra, es verdad que con esa urgencia tuvimos que traer aquí varios decretos leyes y aprobarlos de manera urgente para solventar esa situación, pero eso no se puede convertir en una costumbre. La responsabilidad de este Gobierno es recabar los apoyos necesarios, reunirse, dialogar y llegar a acuerdos, cosa que tengo que decir que no ha ocurrido. Y no lo digo solamente por este decreto, sino también por los otros dos decretos más que tienen que aprobarse, donde hay un totum revolutum de muchísimas medidas y es evidente que, para eso, si se quieren aprobar una batería de medidas de manera conjunta, se tendrá también que negociar con todos los grupos de la mayoría parlamentaria de la investidura, desde nuestro punto de vista. Respecto al contenido de este decreto, más allá de que vayamos a votar a favor, quiero hacer algunas consideraciones sobre algunos elementos y cuestiones. En relación con la Administración de Justicia, si la justicia es lenta, no es justicia, lo hemos dicho muchas veces las abogadas y los abogados. Por eso, durante la legislatura venimos trabajando en tres leyes para el desarrollo organizativo, procesal y digital de la justicia, de la transformación digital de la justicia, pero es imprescindible para ese desarrollo que, como han pedido de manera insistente los sindicatos, se mantenga el diálogo con los representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia. Sobre la polémica por la incorporación de esa directiva europea, como hemos hecho otras tantas veces, entendemos que paralizar una causa judicial cuando un magistrado plantea una cuestión prejudicial en el Tribunal de la Unión Europea, ya se hace. Por lo tanto, esa polémica no la entendemos y no entendemos tampoco que afecte de manera directa a la amnistía. En relación con la Función pública, hemos venido defendiendo que la Función pública no puede contemplarse como una gestión neoliberal de recursos humanos orientados exclusivamente a la mejora de la productividad o penalizaciones a trabajadores y trabajadoras. En este decreto se tocan cuestiones que han sido espinosas en la última legislatura y nos da la sensación, y eso nos alegra, de que ahora se pretende matizar o mejorar lo ya trabajado. Eso sí, tiene una forma poco clara o definida, y se plantea, por ejemplo, una mayor agilidad —‌eso sí nos parece importante— de los procesos de selección y su modernización, y se incluyen algunas correcciones con respecto al desempeño, que fue lo que más rechazo causó para sindicatos y trabajadores en estos últimos tiempos. Voy a ir terminando. Respecto a la Administración local, queremos destacar ese elemento positivo de eliminar las trabas burocráticas para llevar a cabo el empadronamiento, que permita agilizar ese trámite de forma directa, y se solventan los perjuicios que se han venido dando a muchos administrados que tienen que trasladarse a trabajar, a estudiar…

Respecto al mecenazgo, nos parece positivo. Es un elemento clave para que haya una fiscalidad acorde con la contribución de esa actividad social, pero queremos remarcar que nunca hay que confundir lo complementario con lo esencial y tampoco el voluntarismo con las obligaciones, incluidas, por tanto, las tributarias.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Egun on, jaun-andreok. Debatimos la convalidación del Decreto ley 6/2023, de 19 de diciembre, de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España en materia, como se ha dicho, de servicio público de justicia, de la Función pública en la Administración General del Estado, del régimen local y del régimen fiscal de las entidades sin fines de lucro y de los instrumentos fiscales al mecenazgo. La ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, en cuanto al cumplimiento de sus hitos y objetivos, se hace imprescindible para obtener el cuarto desembolso comunitario fijado para el último semestre del pasado 2023 y por un importe, como ustedes conocen, de 10 000 millones de euros. Como les decía, sus señorías conocen que, si los compromisos alcanzados con la Unión no llegan a cumplirse en los plazos establecidos, ello comporta sucesivamente la suspensión del desembolso en los seis primeros meses; a partir de esa fecha, su reducción proporcional y, definitivamente, la resolución de los acuerdos de financiación a partir de los 18 meses desde la decisión de ejecución de la Comisión. Señorías, como ustedes también son conocedoras, entre los hitos y objetivos pendientes de cumplimiento por el Estado español se encontraban, entre otros, los contenidos en el Real Decreto ley 6/2023 que debatimos, tal y como les decía, la mejora de la eficiencia de los procesos judiciales y la mejora en el avance de la digitalización del servicio público de la justicia, la mejora del empleo público en la Administración General del Estado y de los servicios públicos locales, y la modificación de la ley del mecenazgo en cuanto a la actualización de su régimen de incentivos fiscales para promocionarla en todos los sectores económicos. Por ello, señorías, se hace y se hacía necesario que la entrada en vigor de esas reformas lo fuera antes de finalizar el pasado año, si la llegada de esos 10 000 millones se quería sin dilaciones y sin riesgos de quitas o incluso de su misma resolución, cosa que consideramos que no hubiera sido posible a través de la tramitación legislativa ordinaria en las Cámaras, una vez producidas las elecciones de julio pasado. Y es en este contexto en el que el Grupo Parlamentario Vasco dará su voto favorable a la convalidación del decreto ley, lo que no significa impedimento para su mejora a través de su tramitación como proyecto de ley si así lo acordara la Cámara. Además, de ese modo, a efectos prácticos, se recuperaría el proceso legislativo que estaba ya muy avanzado, que se llevaba a cabo en la Cámara la pasada legislatura y que, como conocen, quedó interrumpido por la convocatoria electoral anticipada, la disolución de las Cámaras y el decaimiento de los proyectos de ley de eficiencia digital y procesal de Función pública de la Administración General del Estado y de reforma de la ley del mecenazgo, que contaban, además, con todos los informes preceptivos, al ser remitidos a la Cámara como proyectos de ley por el Gobierno. Por lo expuesto, señoría —y‌ voy finalizando, presidenta—, no entraremos en cuestiones particulares del contenido de este decreto ley. Alguna de ellas, también tenemos que decirlo, a nuestro juicio, totalmente contraproducente para la finalidad que se dice perseguir. (Rumores).

Muchas gracias, presidenta. Les decía que por lo expuesto, señorías —y‌ voy finalizando, presidenta—, no entraremos en cuestiones particulares del contenido de este decreto ley, algunas de ellas —‌sí tenemos que decirlo—, a nuestro juicio, totalmente contraproducentes para la finalidad que se dice perseguir por la norma. Aunque sí, señorías, quiero resaltar la rebaja de la población exigida para la creación de nuevos municipios a 4000 personas, siempre que sean finalmente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no superen la disminución en la calidad de los servicios públicos que se venían prestando. Esta era una demanda que formulamos al Gobierno en la pasada legislatura, singularmente para la ciudadanía de Usánsolo, en Bizkaia, que la llevaba reclamando desde décadas y en tres ocasiones se había pronunciado de manera unánime. Señorías, las demandas ciudadanas, cuando están fundamentadas y sostenidas en el tiempo, deben ser atendidas por los poderes públicos y hoy nos congratulamos de ello y de que la ciudadanía de Usánsolo cuente con su propio municipio ya registrado. Nada más y muchas gracias, señorías.

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats, bon dia, diputades. Aprofito per dir-vos en català «bon any» per primera vegada i que sigui més lleu que el passat. Seré breu, i lamentablement seré molt reiterativa. I això és així perquè tots els grups que en el seu moment vam donar suport a la investidura hem dit per activa i per passiva que el sistema de legislació a través de reials decrets llei no ens convenç. I és cert que en aquest cas els dono el benefici de pensar que, efectivament, existeix el que és l’habilitació perquè sigui d’urgent necessitat. Malgrat això, el que sí que no cal, ministre, és posar-ho tot en un mateix reial decret, perquè és cert que la disparitat de continguts fa molt difícil el posicionament només en un d’ells i porta en si mateix la resta. Per tant, al Govern sí que se’ls demana, si us plau, que siguin conscients que els grups parlamentaris no estem al seu servei. En tot cas, de tant en tant coincidim i els donem suport. I arran d’això, convé dir que s’ha demanat la tramitació com a projecte de llei, que és el que explica, en part, que donem suport a aquesta convalidació. I això és així per diverses raons. Entre elles, perquè no és cert que tota la tramitació del que conté aquest reial decret s’hagués acabat la passada legislatura. Sí que ho és per a determinades normes però, per exemple, en funció pública va decaure la legislatura en el moment en què estàvem en el tràmit d’esmenes i, per tant, no s’ha fet un debat. Cert que afecta bàsicament l’administració pública estatal i, per tant, diríem que a nosaltres no ens competeix. Però és cert també que és part de la legislació que afecta l’administració local, i volem parlar dels habilitats estatals als ajuntaments, secretaris i interventors. Ja els ho hem dit diverses vegades. Volem que la situació retorni a la anterioritat de la modificació feta per l’LRSAL. Per una altra banda, ho ha esmentat fa un moment el company Néstor Rego, i això és així. Molta digitalització, molta legislació, però si no hi posem fons no servirà absolutament per a res. Els jutjats estan completament col·lapsats. Les competències en matèria de recursos humans i materials són de les comunitats autònomes que ho tenen transferit i, per tant, hem de parlar de com s’articula això. Ho tramitarem com a projecte de llei, però vostès saben que per a nosaltres és imprescindible el requisit que es pugui tramitar en català, tant digitalment com com a requisit, perquè l’accés a la carrera de jutges i de treballadors al servei de l’administració de justícia permeti que la ciutadania del meu país pugui anar als tribunals i parlar en el seu propi idioma sense que sigui un obstacle per a l’obtenció d’aquest bé públic, d’aquest servei públic que és l’administració de justícia. I acabo. Tramitarem com a projecte de llei, la qual cosa no vol dir que necessàriament estiguem d’acord amb el que hi ha en aquest decret llei. El que sí que hi ha és la voluntat de parlar-ne. És la voluntat d’acabar pactant un espai que beneficiï, efectivament, tota la ciutadania, també la de Catalunya i, per tant, ja vam fer el posicionament públic que era favorable a aquesta tramitació, fent èmfasi que en coses com la Llei 7/1985 de l’administració local és evident que ha d’haver-hi un diàleg amb totes les administracions. Agraeixo l’atenció dels diputats, no així la del ministre. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Aprovecho para decirles en catalán feliz año por primera vez, y que sea más ligero que el pasado.

Seré breve y, lamentablemente, reiterativa. Esto es así porque todos los grupos que en su momento apoyamos la investidura hemos dicho, por activa y por pasiva, que el sistema de legislación a través de reales decretos leyes no nos convence. Es cierto que, en este caso, les doy el beneficio de pensar que existe la habilitación para que sea urgente necesidad. A pesar de eso, no hace falta, ministro, exponerlo todo en un mismo real decreto, porque es cierto que la disparidad de contenidos hace muy difícil el posicionamiento solo de uno de ellos y lleva en sí mismo el resto. Por tanto, al Gobierno se le pide, por favor, que sean conscientes de que los grupos parlamentarios no estamos a su servicio. Intentamos dar apoyo. A raíz de esto, hay que decir que se ha pedido la tramitación como proyecto de ley, que es lo que explica en parte que demos apoyo a esta convalidación. Es así por varios motivos. Entre ellos, porque no es cierto que toda la tramitación que contiene este real decreto se acabara en la anterior. Sí que lo es para determinadas normas, pero, por ejemplo, en Función pública decayó la legislatura en el momento que estábamos en el trámite de enmiendas y no se ha hecho un debate. Afecta básicamente a la Administración pública estatal, puede que no nos competa, pero es parte de la legislación que afecta a la Administración local y queremos hablar de los habilitados estatales en los ayuntamientos, secretarios e interventores. Les hemos dicho varias veces que queremos que la situación vuelva antes de la modificación.

Por otra parte —‌lo ha dicho hace un momento el compañero Rego—, mucha digitalización, mucha legislación, pero si no ponemos fondo no servirá para nada. Los juzgados están colapsados, las competencias en materia de recursos humanos y materiales son de las comunidades autónomas y hemos de hablar de cómo se articula esto. Lo tramitaremos como proyecto de ley, pero para nosotros es imprescindible el requisito de que se pueda tramitar en catalán, tanto digitalmente, como requisito para que el acceso a la carrera de jueces y de trabajadores al servicio de la Administración de Justicia permita que la ciudadanía de mi país pueda ir a los tribunales y hablar en su propio idioma, sin que sea un obstáculo para la obtención de este servicio público que es la Administración de Justicia.

Acabo. Lo tramitaremos como proyecto de ley, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hay en este decreto ley. Lo que hay es voluntad de hablar, pactando un espacio que afecta a toda la ciudadanía, también a la de Cataluña, y ya hicimos el posicionamiento público que era favorable a esta tramitación, enfatizando que en cosas como la Ley 7/1985 de la Administración local, es evidente que tiene que haber un diálogo con todas las administraciones.

Agradezco la atención de los diputados. Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).

Muy buenos días. Hoy venimos a convalidar un decreto ley, el 6/2023, conocido en la prensa como ómnibus por la variedad de temas que recoge. En este decreto ley, con el objetivo declarado de adaptar el derecho a la tutela judicial efectiva de las nuevas realidades, se recogen un buen número de modificaciones y 259 millones de euros de presupuesto para modernizar y agilizar la Administración de Justicia. Este es un buen paso, pero nos resulta insuficiente para poder satisfacer las reclamaciones de las trabajadoras de la Administración de Justicia y nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar sus salarios, especialmente en la escala de servicios generales. También contiene la Ley de Función Pública, que decayó en la anterior legislatura al disolverse las Cortes y convocarse elecciones. Igualmente, modificaciones de la ley de bases y también completa la legislación del Estatuto del Artista. ¿Y cuál es la principal motivación para traer a convalidar tal cantidad de normas y tan variadas en un solo decreto ley? Pues que todas las normas incluidas en este decreto, supuestamente, garantizan el cumplimiento de los objetivos y los hitos comprometidos en el plan de recuperación. Eso permitirá acceder al cuarto pago, que tiene un montante de 10 000 millones de euros. Si dicho decreto no se consolida, nuestro país perdería 10 000 millones de euros para dedicar a la reindustrialización estratégica de este país. Y hay grupos que han anunciado que votarán en contra, como Junts, que diuen que no poden votar el decret llei perquè la modificació d’un article i el que diu la modificació ja és pràctica comú als tribunals. A nosaltres no ens sembla prou motiu per perdre 10 000 milions d’euros que beneficiaran, sobretot, les comunitats autònomes. Des d’aquí els vull demanar que avui votin a favor i a la tramitació com a projecte de llei els donarem suport en allò que vostès considerin que pot ser millorable.

… que dicen que no pueden votar el decreto ley porque la modificación de un artículo y lo que dice la modificación ya es práctica común en los tribunales. A nosotros, no nos parece suficiente motivo para perder 10 000 millones de euros, que beneficiarán, sobre todo, a las comunidades autónomas. Desde aquí les quiero pedir que hoy voten a favor. En la tramitación como proyecto de ley les apoyaremos en aquello que consideren que puede ser mejorable. (Aplausos).

Por otro lado, el señor Feijóo dice que, de acuerdo con sus barones, no van a salvar a Pedro Sánchez, como si esto se tratara de un juego de niños, olvidando que todos esos fondos que se perderían si no se convalida el decreto a quien tienen que salvar no es al presidente del Gobierno, sino a la mayoría social de este país, la que no vive de rentas, la que necesita trabajar, la que necesita empleo y necesita una reindustrialización y un cambio de modelo productivo en este país. (Aplausos). Hoy, señores del Partido Popular, tienen una oportunidad de oro para que comprobemos que han entendido lo que significa ser un partido de Estado que practica una oposición responsable, porque ya nos tienen acostumbrados a que no les preocupe la mayoría social de este país. Y les voy a poner un ejemplo, que es una falta de responsabilidad enorme, además de discriminatoria, y aporofóbica. Yo soy diputada por la circunscripción de Sevilla y en la capital la alcaldía es del Partido Popular. Pues esta semana pasada se hizo viral porque en la cabalgata ha salido un empresario sevillano como Rey Mago, blackface, y vestido de torero, con faldas y sin montera. Ha generado muchísimos chascarrillos. ¿Pero saben qué se esconde detrás de los chistes y de los memes? Pues que las niñas y los niños del Polígono Sur, el barrio más desfavorecido, ignorado y olvidado de toda España, que tiene 5816 euros de renta per cápita, tuvo la Cabalgata de Reyes el 2 de enero, no el 6, como el resto de distritos; y adujeron como motivo que no podían cubrir determinados servicios. En lugar de preocuparse por quienes más atención y servicios públicos necesitan, el alcalde de Sevilla y su equipo discriminan a la infancia más vulnerable de la ciudad de Sevilla y de España. Y este hecho tan grave queda opacado con la salida triunfal, como Rey Mago, de un empresario sevillano con la cara pintada de negro, vestido de torero y que aprovecha la cabalgata para repartir propaganda de su negocio. Este es el ejercicio de responsabilidad que sabe hacer el Partido Popular con los más vulnerables de este país. (Rumores).

Gracias. Pero, ¿saben algo? Nosotras sí sabemos lo que es la responsabilidad y por eso hoy vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley. Pero eso no quiere decir que no tengamos ciertas críticas, porque siempre todo es mejorable. La primera es acerca de la forma de aprobación mediante decreto ley. No les podemos aceptar determinadas justificaciones que vienen en la documentación, como, por ejemplo, que la aprobación de decretos leyes para cumplir en plazo determinadas obligaciones sea ya una costumbre. Esta figura legislativa es excepcional y no la pueden convertir en habitual. La Administración de Justicia de este país ciertamente necesita muchas inversiones y mucho talento para modernizarla, no solo por la mejora de los servicios públicos, sino por la mejora de las condiciones de todo el personal que trabaja al servicio de la Administración o se relaciona profesionalmente con ella. De algunas de las modificaciones que vamos a convalidar surgen muchas incógnitas, lo mismo que tampoco han conseguido mitigar la conflictividad laboral que vive desde hace un tiempo la Administración de Justicia. Nosotras queremos que sea una Administración sin papeles y moderna, pero con diálogo y con participación de quien tiene que garantizar la calidad del servicio, que son las empleadas públicas, pero también con la participación de las diputadas de esta Cámara o de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, y eso solo podrá ocurrir si este decreto ley, una vez convalidado, se tramita como proyecto de ley y se abre la posibilidad de mejorarlo con la aportación de las enmiendas que quedaron en el camino tras la disolución de las Cámaras. Esto entronca con el siguiente bloque, el que contiene la Ley de Función pública. En la motivación ustedes repiten que hay que culminar un proyecto de Administración del siglo XXI, y es loable y es un objetivo compartido. Pero no será una Administración moderna si las empleadas públicas no tienen el derecho a la negociación colectiva, y hoy este decreto ley demuestra que no lo tienen. En la motivación también hablan de que vamos a tener un sistema de Función pública coherente y completo. A lo de coherente yo no les pongo pega, los sindicatos sí se la están poniendo porque no han negociado las normas de Función pública. Pero lo de completo sí se lo discuto, porque queda mucho que hacer en esta materia, y esperamos que en esta legislatura se puedan dar debates serios sobre qué Función pública queremos en el futuro. Porque no se puede hablar de Administración del siglo XXI mientras haya colectivos de empleadas públicas precarizadas, como las auxiliares de ayuda a domicilio, o colectivos injustamente tratados como los CCAE, y no sigo nombrando más, porque la lista de colectivos pendientes de solución podría ser eterna. Por eso no habrá un sistema de Función pública coherente y completo hasta que la precariedad y las situaciones discriminatorias no sean desterradas de nuestra Administración pública. Respecto a las medidas de las entidades locales, diré que son concretas y algunas inciden en la garantía de prestación de servicios públicos, pero este decreto no va a resolver los problemas estructurales que tiene nuestra Administración local.

Uno de los problemas fundamentales tiene nombre, y se llama infrafinanciación. Hasta que no alcancemos el 33 % de participación de los tributos del Estado para las entidades locales no podremos hablar de suficiencia financiera de las entidades locales. Emplazamos a los señores del Partido Socialista a ese debate. A nuestro entender, aunque vamos a apoyar la convalidación de este decreto ley, este puede ser mejorado a través de su tramitación como proyecto de ley, y aquí nos encontrarán para todo lo que signifique avances en derechos y en la mejora de los servicios públicos.

Muchas gracias a los que me han atendido. (Aplausos).

Con la venia de la Presidencia. Señorías, el Gobierno nos presenta para su convalidación un nuevo real decreto ley, y ya van más de ciento cuarenta en cinco años, y eso que el señor presidente del Gobierno criticaba a presidentes anteriores —‌decía él— por el abuso de la utilización de esta figura. Pues bien, ya ha batido todos los récords, ya es el presidente en la historia democrática de España que más reales decretos leyes ha aprobado; podríamos darle ya a este Gobierno el título de los reyes, no del rock and roll, sino de los decretos leyes. Este real decreto ley modifica numerosas normas, justifica las razones de extrema y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución en que se adoptan medidas que vienen recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en que, de no ser aprobadas, se perdería el abono, hablan aquí, de 10 000 millones de euros de fondos europeos. Decía hace unos momentos el señor ministro en su presentación que todas y cada una de las medidas —‌decía él, todas y cada una de las medidas— que se recogen en estos reales decretos leyes afectan a millones de españoles. Pues bien, en este en concreto hay medidas que afectan a muy poquitos. En la parte final de ese real decreto ley se vuelven a colar cosas, como acostumbra este Gobierno en todos los reales decretos leyes, que nada tienen que ver con la exposición de motivos, que nada tienen que ver con estas medidas del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que nada tienen que ver con la justificación de las razones de extraordinaria y urgente necesidad a que hace referencia, como dije antes, el artículo 86 de la Constitución. Así, en la disposición adicional segunda se vuelve a introducir la cuestión de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional de las provincias vascas, sometiendo su regulación a la normativa autonómica. Esta cuestión ya se introdujo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por mi grupo parlamentario. En consecuencia, reiteramos nuestra oposición frontal a esta disposición que, como pueden comprobar, no afecta a millones de españoles, afecta a un colectivo muy concreto y provoca una desigualdad y un desequilibrio en el resto de territorios regionales de nuestro Estado español. En línea con el punto anterior, se añade una disposición adicional cuya finalidad es invocar los derechos históricos de Cataluña y su posición singular en materia de sistema institucional, y sujeta la aplicación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en su conjunto al respeto, en todo caso, de esa posición singular. No nos cabe ninguna duda de que es una cesión a los separatistas catalanes y que la singularidad reclamada y lo que hay detrás de ese cambio tampoco puede ser apoyado ni aceptado por nuestro grupo parlamentario. Igualmente, en estas disposiciones adicionales se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, reduciendo el número de habitantes exigidos para que una localidad pueda constituirse en un municipio independiente. En concreto, se rebaja a que al menos tenga 4000 habitantes, para así contentar a los nacionalistas vascos que han aplicado ya esta norma para la constitución del municipio vizcaíno de Usansolo. Es decir, el Gobierno ha aprovechado la aprobación del real decreto ley para contentar a los nacionalistas y a los separatistas. Además, en la redacción del real decreto ley se utiliza el lenguaje no sexista; bueno, ahora se llama lenguaje inclusivo. Utilizan el desdoblamiento innecesario, que estorba, molesta y dificulta la comprensión e incomoda la lectura. Y como siempre que hacen esto, meten la pata. Se utilizan expresiones como juez y jueza, letrado y letrada, procurador y procuradora, ciudadanos y ciudadanas, abogados y abogadas, pero luego, por ejemplo, en el artículo 10, al regular los servicios en las sedes judiciales electrónicas, se indica que tendrán obligatoriamente un ejemplar de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Y los derechos de las ciudadanas ante la justicia, ¿dónde están?, ¿dónde quedan? Claro, a mí me entra la duda de si esto es un error o está hecho a conciencia, porque, dentro de estos mantras neofeministas de izquierda radical que asume este Gobierno, igual es que están pensando que las mujeres no precisan de una carta de derechos porque están por encima de todo esto. Claro, como yo desconozco hasta dónde llega esa ideología tan extrema, puede ser que digan que la carta delimita los derechos de los varones ante la justicia pero las mujeres no tienen que tener delimitado por una carta sus derechos ante la justicia. Por, tanto, puede ser que no sea un error y que esté hecho a conciencia. También llama la atención la nueva redacción que se da al artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su punto 1 habla de procurador y procuradora y en su punto 2 solo de procurador. Nos vuelve a entrar la duda de si es un error o es que el punto 2 no quiere aplicarse cuando se trata de procuradoras. O el 18 de la jurisdicción social, donde, dándole nueva redacción —‌insisto—, se habla de abogado, procurador, graduado social pero en el mismo párrafo se habla de letrado o letrada de la Administración de Justicia. Y así podríamos seguir mencionando muchísimos artículos más.

Pero voy a concluir porque se me termina el tiempo. Una vez más, el Gobierno Frankestein utiliza la figura del real decreto ley para intentar colocar una serie de disposiciones que nada tienen que ver con las razones de extraordinaria y urgente necesidad que pudieran justificar esta figura excepcional, a la que, como ya he dicho, hace referencia el artículo 86 de la Constitución, aunque a estas alturas todos somos conscientes de que a Sánchez le da igual la posible inconstitucionalidad de sus actuaciones, sus decisiones y sus propuestas.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos de ellos puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, buenos días y feliz año a todos y a todas.

En este debate, en el que el Real Decreto Ley 6/2023 viene a colación con cuatro asuntos, con cuatro libros muy importantes para nuestro país, como es el primero, relativo al servicio público de justicia; el segundo, sobre régimen de la Función pública; el tercero, régimen local, y el último, mecenazgo, señorías, lo primero que tenemos que hacer hoy es hablar claro y con propiedad desde este hemiciclo del Senado pero en un pleno del Congreso.

Señorías, yo les pregunto: Cuando todos somos elegidos por los ciudadanos para formar parte de este hemiciclo, ¿qué venimos a hacer: política útil o a ponernos en contra de los intereses de los ciudadanos? Yo, al menos, cuando me he presentado a unas listas, siempre he decidido hacer política útil para ayudar a los ciudadanos de nuestro país. (Aplausos). Siempre lo he tenido claro. Y yo les pregunto, señorías, ¿les importa que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país continúe por la senda de ayudar a los ciudadanos? ¿Les preocupa la llegada de los 10 000 millones de euros del cuarto desembolso? ¿Les preocupa hacer política que llegue a los ciudadanos desde mañana mismo, o no les preocupa? ¿O les da exactamente igual y lo único que intenten es hacer desgaste al Gobierno, desgaste del presidente, sin ningún otro criterio y finalidad? (Rumores).

Yo les digo claramente: Vamos a hablar de cada uno de estos libros. Y en cuanto al primero, señorías, este Real Decreto ley incluye el mayor avance en transformación digital de la historia de la justicia en nuestro país, lo que se traducirá, fundamentalmente, en un mejor servicio público a la ciudadanía. Además, adapta la realidad judicial española al marco tecnológico y digital. Y yo les pregunto, señorías de la derecha: ¿Niegan el objetivo de adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual? ¿No están de acuerdo con la eficiencia procesal? ¿No están de acuerdo con ser más ágiles y hacer frente al incremento de la litigiosidad? ¿Rechazan el reconocimiento del derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos? ¿Se oponen a la Carpeta Justicia? ¿Rechazan el expediente judicial electrónico, que incluye todos los documentos importantes y las actuaciones que cada procedimiento judicial tiene en paralelo? ¿No comparten el expediente electrónico entre órganos judiciales y otros órganos de la Administración? Señorías, centrémonos, de eso estamos hablando, de modernizar, de ser más eficaces, de ser más eficientes, de dar un buen servicio a la ciudadanía desde este Parlamento haciendo política útil al apoyar lo que va a ser mejor para la gente. Además, señorías de la derecha, cuando uno niega que el avance supone un buen recorrido para la ciudadanía se convierte en un partido antisistema, en un partido y unos diputados que van contra los intereses de la ciudadanía. Así que, señorías, creo que ahí es donde deberíamos centrar el debate. (Continúan los rumores).

Respecto al segundo libro, Función pública, tema del que soy portavoz, señorías, yo veo que al Partido Popular siempre le ha molestado lo público; siempre le molesta y siempre intenta atacarlo desde cualquier perspectiva, para ir en contra de los intereses públicos. Y yo les digo hoy: Lo primero desde mi grupo siempre, apoyo y afecto a los 2,7 millones de empleados públicos de nuestro país, a los más de medio millón de empleados públicos de la Administración General del Estado, que es de lo que van estas medidas. Pero, claro, después del acuerdo con los sindicatos del sector, que llevó a la consideración de la llegada de un proyecto de ley en la pasada legislatura de Función pública de la Administración del Estado y de donde provienen estas medidas, yo pregunto, señorías: ¿No comparten que en nuestro país el diálogo social funciona, que el diálogo social sirve para avanzar y que en este caso esto viene de la mano del acuerdo del diálogo social? ¿También niegan incluso eso en nuestro país las señorías de la derecha? La verdad es que resulta increíble.

Yo les pregunto: ¿No comparten la transparencia y la agilidad en los procesos selectivos? ¿No comparten la evaluación del desempeño? (Continúan los rumores). ¿Cuántas veces el Partido Popular trajo al Congreso que había que tener en nuestro país un estatuto…

Gracias, presidenta. ¿Cuántas veces ha defendido en el Congreso de los Diputados el Partido Popular el estatuto del directivo público profesional? ¿Y hoy van a votar en contra? ¿Hoy se van a dirigir a todos ellos, cuando durante mucho tiempo ustedes les dijeron que les iban a apoyar, y van a votar en contra? Realmente, no son coherentes. Y vuelvo a repetir que se convierten en un partido antisistema, porque van en contra de los intereses de los colectivos a los que dicen defender, y es todo lo contrario. Así que, díganme a quién defienden. Si no defienden los intereses de lo público, si no defienden los intereses de colectivos que durante mucho tiempo decían que venían a defender, ¿a quién defienden ustedes en el sector público? Señorías, los socialistas defendemos la atracción del talento, defendemos retener perfiles destacados y reforzar la profesionalización de la Administración pública. Y yo les digo también: ¿Es que no comparten los cambios en la oferta de empleo público para que sea más ágil en nuestro país? ¿Es que no comparten ejecutarla en un tiempo tasado a fin de que sea más fácil para los opositores? ¿Es que no comparten los concursos unitarios, abiertos y permanentes para el personal de la Administración pública? Entonces, ¿qué comparten? ¿Cuál es su modelo, señorías? No tienen modelo para lo público en nuestro país, ningún modelo, y eso queda reflejado con su oposición. (Aplausos). Y ya la del millón: ¿No comparten la creación de unidades de inclusión de personas con discapacidad en la Administración pública? ¿Hasta este límite han llegado, el de no compartir este avance? ¿No comparten que el Instituto Nacional de la Administración Pública se convierta en una herramienta más eficaz para la selección del personal y sea una agencia de empleo público? ¿Hasta ese límite llegan, hasta ese límite antisistema e irresponsable? Realmente, se lo tienen que hacer mirar. Termino con los dos últimos libros, que no por ser los últimos son menos importantes, y pregunto: ¿De verdad, cuando salgan de aquí y vayan a sus provincias, van a decir que se oponen a que la Ley de régimen local de nuestro país cambie el sistema y que el empadronamiento sea efectivo y que hoy, cuando es digitalmente posible, sea automático? ¿Hasta ese nivel de posicionarse en contra llegan, cuando es algo demandado por la ciudadanía, por todos los españoles? Antes decía algún interviniente que a quién afectaba. Sin duda, afectan a todos los españoles estas medidas del padrón municipal, con datos obligatorios y la gestión colaborativa de los municipios de más de 20 000 habitantes. Por eso, ¿algún partido político que vaya a votar hoy en contra va a decir luego que defiende el municipalismo, que defiende el medio rural, que defiende los municipios menores cuando se está poniendo en marcha un sistema de gestión colaborativa para los de menos de 20 000 habitantes? Señorías, se les cae el discurso a quienes no apoyan este real decreto, se les cae porque es incoherente en todos los sentidos. Finalmente, resulta curioso ver al Partido Popular ponerse en contra del mecenazgo, del micromecenazgo, del apoyo que pueden hacer las empresas para intentar colaborar en la cultura, para intentar avanzar en lo que ya en nuestro país hace tiempo se puso en marcha y ahora con este real decreto se pone negro sobre blanco para seguir avanzando. Así que, señorías, política útil…

Termino, presidenta. Con este real decreto se expone de forma muy clara la posición de cada uno: quién decide avanzar o quién decide retroceder porque no pone ningún modelo encima de la mesa. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La primera sorpresa en este Pleno es que Junts ni siquiera ha bajado aquí a debatir, como debe ser, en la sede de la soberanía nacional. Parece ser que deben estar negociando en algún despacho oscuro. Y los españoles serán conscientes hoy de quién, de verdad, gobierna en este país. Esta mi primera intervención en este Pleno me ha servido para desempolvar mis apuntes de primero de Derecho, porque de lo que vamos a hablar hoy aquí es de primero de Derecho o, como a la vicepresidenta le gusta decir, de primero de democracia. Estamos ante un real decreto ley que más que un real decreto ley es un código completo que usurpa las facultades legislativas a este Parlamento, eso es lo que es. (Muestra una copia del real decreto ley). Traen ustedes a convalidar un real decreto ley de 170 páginas, 4 libros, 12 títulos y ni más ni menos que 27 capítulos. Eso es lo que nos traen ustedes a convalidar. Y repito: Eso usurpa la facultad legislativa de este Parlamento. Y nos dicen ustedes que es para cumplir el compromiso número 11 de la reforma 2 que ustedes presentaron ante la Unión Europea. Señorías, la paradoja ya es extraordinaria. Ustedes, cuando lo presentaron a la Unión Europea, titularon ese compromiso 11 como reforma para impulsar el Estado de derecho, y lo hacen mediante un real decreto que vulnera la separación de poderes, que precisamente lo que hace es vulnerar el Estado de derecho. Ese es el título que ustedes le dieron, y esa es la paradoja que se produce en esta convalidación. Miren, no cumple los requisitos. Y no hace falta entrar en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los requisitos del real decreto ley y la urgente y extraordinaria necesidad, basta con ir a la disposición final novena. Óiganme: ¡Establecen una vacatio legis en un real decreto ley! (Aplausos). ¿Dónde está la urgente y extraordinaria necesidad? Es una vacatio legis con la que aplazan la vigencia. Unas cosas entran en vigor al día siguiente, otras a los veinte días, otras a los tres meses y otras en 2025. ¡Esa es la vacatio legis de un real decreto ley! La facultad legislativa del Gobierno se basa en la extraordinaria necesidad, pero ¿cómo vamos a ver extraordinaria necesidad cuando se establece un aplazamiento de la entrada en vigor de ese propio real decreto ley? (Aplausos). Por tanto, no existe ni extraordinaria ni urgente necesidad en este real decreto ley. Nos dicen ustedes que la urgencia está en los 10 000 millones de euros, y, además, dicen que seremos responsables si no votamos a favor, con la pérdida de esos 10 000 millones de euros. Tampoco sé qué urgente necesidad hay en el cambio del censo de las poblaciones para poder segregar. Quizá la única extraordinaria y urgente necesidad es que estaba en el acuerdo con el PNV, esa es la única extraordinaria y urgente necesidad para cambiar el censo de las poblaciones que puedan segregarse. (Aplausos). Si se pierden —q‌ ue, además, no se pierden— o si se aplaza la entrega de esos 10 000 millones de euros, el único responsable será el Gobierno, el único. (Aplausos). Ustedes firmaron el calendario con la Unión Europea el 8 de noviembre de 2021. Entonces, presentaron las tres leyes, de eficiencia procesal, digital y organizativa, en la anterior legislatura. La digital, que, prácticamente, es la que se ha traspasado, ni siquiera superó el trámite de enmiendas; las otras llegaron a ponencia, pero estuvieron durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia porque ustedes no fueron capaces de llegar a acuerdos ni siquiera con sus propios socios de legislatura. Señorías, no han hablado con nadie, no han hablado con los operadores jurídicos: abogados, procuradores, jueces, notarios. No han hablado con nadie para aprobar este real decreto, ni tampoco hablaron en la tramitación parlamentaria. Les voy a explicar la verdad —‌porque el ministro muchas veces miente— del compromiso 11 de la reforma 2 que presentaron ante la Unión Europea, que, incluso aprobando este real decreto, no lo cumple. Se lo leeré, Dice: El compromiso es, a 31 de diciembre de 2022, la ley de eficiencia procesal a fin de acortar la duración de los procedimientos —‌no está hecha, ahora han traspasado una pequeña parte aquí que no acorta ningún procedimiento—; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de asignar la dirección judicial de la instrucción a los fiscales -¿dónde está?—; la ley de eficiencia digital, que es lo único que han traspasado aquí, y la ley de eficiencia organizativa del servicio público, que no la han podido traspasar porque es orgánica y necesitan que sea el Parlamento el que la apruebe. Por lo tanto, nos están trayendo aquí un real decreto ley que, incluso aprobándolo, no da cumplimiento al compromiso 11, al que ustedes se comprometieron con la Unión Europea. Así pues, estamos aquí ante una nueva chapuza jurídica.

Yo me he pasado treinta años ejerciendo en los juzgados. ¿Es que alguien que haya redactado esto ha ido a un juzgado a ver cómo funcionan las videoconferencias? Nos hemos pasado la vida luchando por la inmediación, y la justicia real, la justicia material se consigue con la inmediación del juez. La videoconferencia tiene extraordinarios papeles en el juzgado, puede hacer muchísimas cosas, la audiencia previa obligatoria puede hacerse por videoconferencia, pero la inmediación en una vista oral es imprescindible. Lo dice nuestro Tribunal Supremo, lo dice nuestro Tribunal Constitucional y lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La inmediación en los procesos es absolutamente necesaria precisamente para alcanzar esa justicia real.

Ustedes nos traen aquí una especie de refrito de los proyectos de ley que presentaron, pero lo que ese refrito pone de manifiesto es que ustedes no tienen un modelo de justicia. ¿Lo tienen? ¿Qué modelo es? Empezamos la casa por el tejado. Pero nuestra justicia no puede aguantar una chapuza más. Hemos de ser conscientes de la situación que después de la pandemia y las diferentes huelgas se ha producido en la Administración de Justicia, y no puede aguantar una chapuza más y esto es una verdadera chapuza. Ustedes lo proponen sin un modelo de justicia, sin conocer el tipo de implantación territorial, sin determinar si tendremos juzgados de primera instancia o tribunales de primera instancia, y las herramientas tecnológicas no son las mismas si tenemos un juzgado de primera instancia o tribunales de primera instancia. Lo que hacen es implementar una serie de herramientas, que dicen que van a entrar en vigor, pero no sé si se acuerdan de que la Ley de 2011, sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justicia, aún no está implementada. No tenemos el expediente judicial ni siquiera en los juzgados, siguen tramitándose los procedimientos en papel. Por lo tanto, señorías, carecen ustedes de modelo de justicia, y lo primero que hay que hacer es tener un modelo de justicia. Y respecto a las videoconferencias, pueden ustedes establecer diferentes criterios para ellas, pero nunca el carácter obligatorio, porque vulnera un derecho fundamental, que es la inmediación para que el juez tenga relación directa con las partes. No puede ser lo habitual la videoconferencia y la excepción la no videoconferencia. Decía el ministro antes que con las excepciones…

Voy terminando, señoría. Yo creo que la justicia española no se permite una chapuza más. Y lo mejor que le puede pasar a la justicia española es que no se convalide hoy este real decreto ley. Si, de verdad, quieren trabajar para una justicia eficaz, para una justicia moderna, lo tienen muy fácil: no la semana que viene, mañana nos sentamos para elaborar entre todos ese gran pacto de Estado por la justicia que les propuso el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, lo mejor que nos puede pasar es que no se convalide este real decreto ley en esta sesión, porque la justicia española no soporta una chapuza más. Muchísimas gracias. (Aplausos).