Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Como pudimos comprobar en esta misma sesión con la tramitación de una toma en consideración de una proposición de ley, punto II del orden del día, los independentistas utilizan la lengua no para unir, no para mejorar la comunicación, todo lo contrario; lo hacen para dividir, para levantar muros, porque al final lo que están haciendo es priorizar su construcción nacional. Allí donde gobiernan o han gobernado tampoco han garantizado los derechos de los ciudadanos castellanoparlantes, por ejemplo. Vienen a exigir lo que ellos nunca han cumplido. Los españoles, señorías, no pueden sentirse extranjeros en su propio país, y en Navarra sabemos de lo que estamos hablando. Navarra no es una comunidad bilingüe, como pueden ser otras comunidades autónomas de nuestro país. En Navarra una ley establece que el español es la lengua oficial en toda la comunidad y que el euskera lo es en una parte de esta, por mucho que el nacionalismo se empeñe en todo lo contrario. En Unión del Pueblo Navarro defendemos el respeto, el reconocimiento y el uso de las lenguas de nuestro país, su diversidad lingüística, pero también plantamos cara a la imposición, al sectarismo, a la falta en ocasiones de igualdad de oportunidades y a la discriminación que suele establecer el secesionismo allá donde gobierna, sobre todo porque tiene la obsesión enfermiza de despreciar todo aquello que represente a España. Señorías, una cosa es que las Administraciones públicas atiendan a sus ciudadanos en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en su propia comunidad, siempre que sea una comunidad bilingüe al cien por cien, y otra muy diferente es la imposición o intromisión que supone obligar a empresas de toda la geografía española a atender en cualquier parte de España en una lengua oficial en una comunidad autónoma diferente. Este es un planteamiento que nosotros rechazamos y, por eso, no pudimos votar a favor de la ley. Es una ley que, por cierto, contempla otra serie de cuestiones con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, como garantizar una atención y un servicio que en este momento no se está prestando. Hay ciudadanos que vienen comprobando cómo empresas o holding de empresas se aprovechan de ellos, y a partir de hoy la situación puede ir cambiando. Es llamativo exigir a las empresas privadas lo que la Administración pública es incapaz de ofrecer a los ciudadanos. Es llamativo comprobar que los ciudadanos tengan verdaderas dificultades cuando realizan gestiones en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en la Administración central del Gobierno de España. Podríamos comprobar qué ocurre cuando se tienen que realizar gestiones en la Seguridad Social o con la situación que se está viviendo con las listas de espera en sanidad o en dependencia ―hay personas que se están muriendo sin que lleguen las ayudas que les prometieron―. Por lo tanto, en esa línea, señorías, la Administración tiene mucho que decir.

Por otro lado, es evidente que el Gobierno ha vetado una serie de enmiendas, con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo, y así lo manifestamos con nuestro voto en el Senado a través de la senadora de Unión del Pueblo Navarro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y reconocemos la complicada situación que están viviendo las familias en nuestro país a la hora de acceder a los productos de primera necesidad, a los productos básicos, a la carne, al pescado. Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, junto a otras formaciones políticas, propusimos en su día en el Senado una rebaja del IVA en la electricidad y el gas, y el propio Gobierno entonces ―el Partido Socialista y sus socios― nos dijo que se estaban poniendo en riesgo con los servicios públicos. A la semana siguiente fue el propio Gobierno quien redujo el IVA del gas y de la electricidad.

Señorías, es lamentable comprobar cómo este Gobierno está posibilitando que haya dos Españas, una con familias, algunas con holgura y otras sin ella, que tienen mucha dificultad para llegar a final de mes y otra con familias a las que les es imposible llegar a final de mes. Los productos de primera necesidad tienen unos precios que no pueden abordarse por algunas familias. Por eso nosotros hemos propuesto también la deflactación de las tablas del IRPF para que los trabajadores no vean menguados sus salarios y, sobre todo, puedan tener y mantener el poder adquisitivo para hacer frente a la inflación.

Señorías, si algo ha caracterizado a este Gobierno ha sido que ha castigado como no lo había hecho ninguno otro a la clase media española, a los trabajadores y a los autónomos de nuestro país. Es triste pero real.

Muchas gracias.

Grazas, señora presidenta. Non falla, ante calquera mínimo avance social conseguido neste Congreso —‌infelizmente sempre insuficientes—, aí está o Partido Popular actuando para recortar dereitos ás clases populares, actuando sempre como o brazo executor dos intereses das grandes empresas e dos poderosos. Hoxe temos outro exemplo coas emendas á Lei de Clientela que introduciu no Senado. Como xa expuxemos cando foi aprobada no Congreso esta lei, o BNG esperaba poder chegar a un texto máis ambicioso e garantista no que corresponde ao dereito das persoas consumidoras e usuarias, das condicións dos traballadores e na esixencia de atención mínima presencial. Porén, o texto final, a pesar de que non conseguimos todo, porén, incorporou unha serie de avances indubidábeis que levaron a que désemos o noso apoio á lei e destacabamos naquel momento a incorporación dunha serie de emendas que aseguran o dereito das persoas consumidoras a recibir atención na lingua oficial que elixan, a presentaren as queixas, consultas ou reclamacións tamén na lingua propia e a recibiren a contestación na mesma lingua en que foi presentada a reclamación. Agora o PP no Senado devolve un texto en que se incorpora unha serie de emendas que directamente desprotexen os consumidores e consumidoras para seguir mantendo os privilexios e vantaxes das empresas. Así, en primeiro lugar, nunha incomprensíbel teima terminolóxica, empéñanse en eliminar todas as denominacións de xénero neutro para recuperar o masculino xenérico. A seguir pretenden incorporar a administración da norma como se as persoas administradas fosen tamén clientes das administracións públicas. Se callar dada a obsesión privatizadora dos servizos públicos, o subconsciente xogou unha mala pasada ao PP neste caso, porque con efecto podemos partillar a necesidade de que se impoñan obrigas tamén aos poderes públicos na súa relación coa cidadanía, mais non a súa equiparación ao sector privado. As empresas e entes públicos que actúan no mercado xa están incorporadas, o resto non pode nin debe ser equiparábel. Ademais, modifica gran parte dos deberes impostos ás compañías, fornecedora de servizos para convertelos en accións voluntarias para as empresas, ampliando prazos tempo de resposta, etcétera, en definitiva, desprotexendo os consumidores e consumidoras e beneficiando as empresas. E para terminar modifica os artigos referidos aos dereitos lingüísticos para reducir ou limitar os dereitos das persoas falantes de linguas distintas do español. Así, para o PP só se ten o dereito a pedir a atención en galego na Galiza se o domicilio social da empresa estiver no noso país ou a presentar consultas ou incidencias en galego cando a relación de atención ao cliente se produza dentro do territorio da Comunidade Autónoma. Por tanto, na hipótese de domicilio social fóra, no caso de Galicia, reparen, isto é a inmensa maioría das grandes empresas fornecedoras de servizos, entón nesa hipótese os dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes fican en suspenso. Demostran máis unha vez a súa xestión contra a nosa lingua e o pouco que lles interesan os dereitos da cidadanía.

Evidentemente, o voto do BNG non vai ser contrario ás emendas propostas. Defendemos o mantemento de dereitos e garantías sen recortes e rebaixas, e sobre todo, defendemos que os galegos e galegas deben poder dirixirse ás empresas que lles prestan servizos en galego se esa for a súa vontade con normalidade e a recibir, en todo caso, a contestación na mesma lingua.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. No falla. Ante cualquier mínimo avance social conseguido en este Congreso, por desgracia siempre insuficiente, ahí está el PP actuando para recortar derechos a las clases populares y actuando siempre como el brazo ejecutor de los intereses de las grandes empresas y de los poderosos. Hoy tenemos otro ejemplo con las enmiendas a la ley del cliente que introdujo en el Senado. Como ya expusimos cuando se aprobó esta ley de la clientela en el Congreso, el BNG esperaba poder llegar a un texto más ambicioso y garantista en lo que se refiere a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a las condiciones de los trabajadores y a la exigencia de una atención mínima presencial. Sin embargo, aunque no se consiguió todo, sí que se incorporaron una serie de avances indudables que llevaron a que apoyásemos el texto. En aquel momento destacamos la incorporación de una serie de enmiendas que aseguraban el derecho de las personas consumidoras a recibir atención en la lengua oficial que eligiesen, a presentar quejas, consultas o reclamaciones también en su propia lengua y a recibir la contestación en la misma lengua en la que se presentó la reclamación. Ahora el PP, en el Senado, devuelve un texto en el que se incorporan una serie de enmiendas que directamente desprotegen a los consumidores y para seguir manteniendo los privilegios y ventajas de las empresas. En primer lugar, hay una incomprensible obsesión terminológica. Se empeñan en eliminar todas las denominaciones de género neutro para recuperar el masculino. También pretenden incorporar la Administración a la norma, como si las personas administradas fuesen clientes también de las Administraciones públicas. Quizás debido a la obsesión por privatizar los servicios públicos, en este caso el subconsciente jugó una mala pasada al PP. Efectivamente, podemos compartir la necesidad de que se impongan obligaciones también a los poderes públicos en su relación con la ciudadanía, pero no su equiparación al sector privado. Las empresas y las entidades públicas que actúan en el mercado ya están incorporadas, el resto no debe ser equiparable. Además, se modifica gran parte de los deberes impuestos a las compañías proveedoras de servicios para convertirlos en acciones voluntarias para las empresas, ampliando plazos, tiempos de respuesta. En definitiva, desprotege a los consumidores y se beneficia a las empresas. Y, para terminar, modifica los artículos referidos a los derechos lingüísticos para reducir o limitar los derechos de las personas hablantes de lenguas distintas al español. Así, para el PP, solo se tiene derecho a pedir atención en gallego en Galicia o si el domicilio social de la empresa está en Galicia, o presentar consultas cuando la relación de atención al cliente se produzca dentro del territorio de la comunidad autónoma. Por tanto, en caso de que se tenga el domicilio social fuera ―y en el caso de Galicia hablamos de que la mayoría de las grandes empresas suministradoras de servicios no están en Galicia― quedarían los derechos lingüísticos de las personas en suspenso. Esto demuestra la obsesión en contra de nuestra lengua y lo poco que les interesan los derechos de la ciudadanía. Evidentemente, el voto del BNG va a ser no a las enmiendas propuestas. Defendemos que se mantengan los derechos y garantías sin recortes, que los gallegos puedan dirigirse a las empresas en gallego y recibir una respuesta también en la misma lengua. Gracias.

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Egun on, eguerdi on, guztioi! Beno, buelta ugari eman ondoren, gaur dugu bezeroentzako arreta zerbitzuak arautzen dituen legea onartuko den eguna. Edo hori espero dugu behintzat. Ez da lehenengo aldia, ezta gutxiagorik ere, tribuna honetatik lege honen onurez eta baita hutsuneez ere hitz egiten dugula. Beraz, ez naiz luzatuko. Lege honek beste edozein legek moduan, ez ditu bezero gisa jasaten ditugun oker guztiak zuzenduko, noski. Hala ere, behin baino gehiagotan esan dugun moduan, urrats garrantzitsua da, izan ere, bezeroa eta haren eskubideak jartzen baititu erdigunean. Enpresa handiek bezeroekiko izan behar duten arretari dagokionez, bezero zaurgarrienengan arreta berezia jarriz.

Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Después de muchas idas y venidas, hoy es el día en el que se aprobará la ley que regula los servicios de atención a la clientela, o al menos eso esperamos. No es la primera vez, ni mucho menos, que desde esta tribuna hablamos de las bondades de esta ley y también de las lagunas, por lo que no me extenderé. Esta ley, al igual que cualquier otra, no corrige todos los males que sufrimos como clientes, por supuesto. Sin embargo, como hemos dicho en más de una ocasión, es un paso importante, ya que pone a la clientela y sus derechos en el centro de la atención a los clientes que deben ofrecer las grandes empresas, con especial atención a los más vulnerables.

De hecho, las múltiples carencias de los servicios de atención a la clientela de las grandes empresas que prestan servicios básicos a la ciudadanía son una percepción generalizada. Y hablamos, como decía, de servicios básicos esenciales, esos que queramos o no necesitamos utilizar y utilizamos a diario, sean telecomunicaciones, el suministro de agua o energía, los servicios financieros o el transporte, por ejemplo. De ahí, la necesidad de dotar a la ciudadanía de instrumentos eficaces ante la indefensión, la inseguridad y la vulnerabilidad que sufrimos ante la falta de garantías de nuestros derechos como clientes. Y eso es precisamente lo que se ha pretendido hacer mediante esta ley: regular unas garantías mínimas en cuanto a la atención, tanto en la calidad del servicio como en las reclamaciones.

El señor Rego ya ha desgranado las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Estamos totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho, por tanto, nosotros también votaremos no a sus enmiendas. Ya antes hemos venido desgranando algunos de los beneficios de esta ley y no vamos a repetirlos, pero queremos volver a resaltar algo que para Euskal Herria Bildu tiene especial relevancia, y es el hecho de que gracias a nuestras aportaciones y a los acuerdos conseguidos en torno a ellas se ha regulado cómo se hará efectivo el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades autónomas con una lengua oficial diferente al castellano, aunque al señor Catalán no le guste.

En adelante, gracias a esta nueva ley, en nuestro pueblo se podrán presentar todo tipo de reclamaciones en euskera, sea por vía telefónica, escrita o electrónica, y esas reclamaciones deberán ser también respondidas en euskera. Se garantiza, además, que las empresas situadas en Hego Euskal Herria ofrecerán atención personalizada en euskera.

Eta lorpen hori oso garrantzitsua da guretzat. Oso urrats garrantzitsua da merkataritzan herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzeari dagokionez, eta baita Espainiako Estatuaren errealitate nazioanitza eta eleaniztuna aitortzeari dagokionez. Are gehiago euskara ofentsiba judiziala jasaten ari den une honetan. Izan ere, Auzitegi Gorenak hogeita hamar epai baino gehiago eman ditu hizkuntza politikan ditugun eskumenak ahultzen ari direnak. Epai horiek hainbat lan-eskaintza publiko baliogabetzetik hasi eta gure erakundeetan gehiengo zabalak onartutako legeak atzera botatzeraino doaz.

Horregatik, talde parlamentarioen borondatea eskertu nahi dugu, gure hizkuntza eskubideak aitortzen dituzten akordio horiek lortzea ahalbidetu dutelako. Eta, era berean, esan behar dugu adi egongo garela araudi berria betetzeko enpresetan nahitaez egin behar duten egokitzapenari eta zerbitzuaren kalitatea ebaluatuko duten urteko auditoriei. Gure ustez, eta lege hau ezerezean gera ez dadin, administrazio eskudunek ere estuki jarraitu beharko lituzketen egokitzapen eta auditoriak.

Besterik ez. Eskerrik asko.

Este logro es muy importante para nosotras. Se trata de un paso muy importante en cuanto al respeto de los derechos lingüísticos de todos y todas las ciudadanas en el comercio y también en cuanto al reconocimiento de la realidad plurinacional y plurilingüe del Estado español, máxime en un momento en el que el euskera está sufriendo una ofensiva judicial. Y es que el Tribunal Supremo ha dictado más de treinta sentencias que están debilitando nuestras competencias en política lingüística, sentencias que van desde la anulación de varias OPE hasta el rechazo de leyes aprobadas por una amplia mayoría en nuestras instituciones.

Por ello, queremos agradecer la voluntad de los grupos parlamentarios que han permitido alcanzar estos acuerdos que reconocen nuestros derechos lingüísticos. Y también debemos decir que, en cumplimiento de la nueva normativa, estaremos atentos a la necesaria adaptación de las empresas y a las auditorías anuales que evalúen la calidad del servicio; adaptaciones y auditorías que, a nuestro juicio, deberían ser seguidas estrechamente por las Administraciones competentes para que esta ley no quede en nada.

Nada más. Muchas gracias.

Moltes gràcies, presidenta. Gairebé dos anys després de començar el seu tràmit, arribem al final del camí d’aquesta llei. Una llei que representa un salt qualitatiu en la defensa dels drets dels consumidors i en la qual Junts per Catalunya hi hem deixat una empremta important.Primer, la protecció competencial de Catalunya eliminant l’efecte recentralitzador que contenia la majoria dels seus articles en el seu redactat inicial i, segon, la protecció lingüística dels catalans, eliminant la imposició del castellà i introduint aquelles modificacions treballades amb Plataforma per la Llengua que donen cobertura als drets lingüístics dels catalans. En resum, primer s’aplicarà l’Estatut de Catalunya i després aquesta llei. I per molt que s’escandalitzen alguns, el dret d’utilitzar el català ve donat pel lloc on està ubicat el client i no pas per la bona voluntat de les empreses o bé la ubicació d’aquestes empreses en els diferents territoris. Com deia, una empremta important en benefici de Catalunya i la seva gent. I tornant a la tramitació de la llei, aquesta ha requerit d’un esforç enorme per poder arribar aquí, de molt de temps. El camí ha estat llarg, però el resultat, com deia, ha valgut la pena. De fet, crec que aquesta llei il·lustra molt bé com hauria hagut de ser aquesta legislatura. El Govern que l’impulsa sabia, sap que, amb els seus socis habituals, no té suficient majoria per aprovar lleis. El Govern obre negociacions amb Junts per Catalunya per arribar a un acord que eviti l’esmena a la totalitat i, per tant, el fracàs de la iniciativa del propi Govern. Malgrat les enormes dificultats, les negociacions avancen i, finalment, s’arriba a un acord rellevant signat per les parts. Però la feina continua. Aquest no és el final del tràmit. Aquí no n’hi ha prou només amb el titular de l’acord. Cal rematar la feina amb la part més important. Els acords s’han d’impulsar. Els acords s’han de defensar davant de tercers quan es pretenen alterar i els acords s’han de materialitzar. I això amb aquesta llei ha passat: negociar, arribar a acords i complir els acords. Aquesta, de fet, és l’essència de la democràcia, i més quan no hi ha majories consolidades en un hemicicle. I com deia, això en aquesta llei ha passat, fet que evidencia encara més l’error del Govern quan les coses no es fan d’aquesta manera i s’incompleixen sistemàticament els acords. Per això, quan vam anunciar que la legislatura quedava bloquejada per culpa dels incompliments del Govern per part del PSOE i SUMAR, també vam dir que aquesta llei sobreviuria a aquest bloqueig de la legislatura. I com que nosaltres som gent de complir els acords, avui aquesta llei serà una realitat. Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Casi dos años después de comenzar su trámite, llegamos al fin del camino de esta ley, una ley que representa un salto cualitativo en la defensa de los derechos de los consumidores, y en la que Junts per Catalunya ha dejado una huella importante. Primero, la protección competencial de Cataluña, eliminando el efecto recentralizador que contenían la mayoría de sus artículos en su redactado inicial. Y, segundo, la protección lingüística de los catalanes, eliminando la imposición del castellano e introduciendo las modificaciones trabajadas con Plataforma per la Llengua, que dan cobertura a los derechos lingüísticos de los catalanes. En resumen, primero se aplicará el Estatut de Catalunya y luego esta ley. Y por mucho que se escandalicen algunos, el derecho de utilizar el catalán viene dado por el lugar donde está ubicado el cliente y no por la buena voluntad de las empresas o por la ubicación de dichas empresas en los distintos territorios. Como decía, es una huella importante en beneficio de Cataluña y su gente. Volviendo a la tramitación de la ley, esta ha requerido un esfuerzo enorme para llegar hasta donde estamos hoy y mucho tiempo. El camino ha sido largo, pero el resultado, como decía, ha merecido la pena. De hecho, creo que esta ley ilustra a las mil maravillas cómo tendría que haber sido esta legislatura. El Gobierno que la impulsa sabía que con sus socios habituales no tiene una mayoría suficiente para aprobar leyes y abre negociaciones con Junts per Catalunya para llegar a un acuerdo que evite la enmienda a la totalidad y, por tanto, el fracaso de la iniciativa del propio Gobierno. A pesar de las enormes dificultades, las negociaciones avanzan y, finalmente, se llega a un acuerdo relevante firmado por las partes. Pero el trabajo sigue, este no es el fin del trámite. No basta con el titular del acuerdo, hay que remachar el trabajo con la parte más importante. Los acuerdos hay que impulsarlos, hay que defenderlos ante terceros cuando se quieren adulterar y también hay que materializarlos. Y eso, con esta ley, ha ocurrido: negociar, llegar a acuerdos y cumplirlos. De hecho, esta es la esencia de la democracia, y más cuando no hay mayorías consolidadas en un hemiciclo.

Como decía, con esta ley ha ocurrido, y es un hecho que pone más de manifiesto todavía el error del Gobierno cuando las cosas no se hacen de este modo y se incumplen sistemáticamente los acuerdos. Por ello, cuando anunciamos que la legislatura quedaba bloqueada por culpa de los incumplimientos del Gobierno —i‌ncumplimientos del PSOE y SUMAR—, también dijimos que esta ley iba a sobrevivir a este bloqueo de la legislatura. Y como nosotros somos gente que cumple los acuerdos, hoy esta ley será una realidad.

Muchas gracias.

Bé. Bona tarda ja. Gràcies, presidenta. Senyories. La Llei del Servei d’Atenció a Clientela torna avui a aquesta cambra després del seu pas pel Senat i torna, malauradament, com tornen sovint les lleis que passen pel filtre de la majoria absoluta del Partit Popular a la cambra alta: retallades en drets, rebaixada en ambició i amb una ambició uniformitzadora que ignora la realitat plurinacional i plurilingüística de l’Estat. És una realitat, els agradi o no els agradi. Avui el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana anuncia que votarem en contra de les esmenes introduïdes pel Partit Popular al Senat. I ho farem per responsabilitat, per coherència i, sobretot, per respecte a la ciutadania, a tota la ciutadania. El pas pel Senat ha estat un intent descarat de descafeïnar una llei que és vital per posar fi als abusos quotidians. El PP ha intentat convertir drets exigibles en simples recomanacions i obligacions estrictes en paper mullat. La defensa de la llengua és un dret, no és un privilegi. La defensa de la llengua és un dret, no és un privilegi. No hi ha llengües supremacistes, no n’hi ha. La meva llengua, el meu nom, el que jo vaig heretar val igual que el que va heretar qualsevol dels que esteu aquí, qualsevol. I això calia respectar-ho. Estem al 2025. S’ha tardat. S’hagués pogut s’hagués pogut fer ja abans a l’altra legislatura, el 2023, s’hauria pogut fer, però no es va fer perquè va decaure la legislatura. Esquerra Republicana va entrar les esmenes de Plataforma per Catalunya ja abans del 2023. Estaven pactades. Estava tot fet. Va decaure la llei i hem hagut d’esperar dos anys més per poder-ho portar a la pràctica. Senyors del Partit Popular, és greu. És un nou intent del Partit Popular, jo diria que és un partit pràcticament catalanofòbic, en aquest sentit. De fet, cada vegada que vostès porten diputats com la Cayetana Álvarez de Toledo, treuen un diputat sol. Tant de bo tornessin a portar aquests diputats més ultres que tenen, perquè així les coses, a nosaltres ens van millor que quan porten gent una mica més civilitzada. La seva esmena pretén que l’atenció en català, basc o gallec sigui obligatòria només en l’empresa que té seu física en una delegació territorial on la llengua és oficial. Senyories del Partit Popular, en quin segle viuen? En l’era digital, on els serveis es presten des de qualsevol racó del món, vincular els drets lingüístics a la ubicació d’una oficina és, a la pràctica, anul·lar-los tots. Si un consumidor de Manresa, de Gandia o de Maó truca a la seva companyia elèctrica o de telefonia, té dret a ser atès en la seva llengua, independentment de si el call center —a‌ mb això no s’hi posen, si està en anglès queda millor, no?— independentment de si el call center està a Madrid, a Sevilla o a Valladolid. Votant no a la seva esmena, recuperem el text original impulsat per Esquerra Republicana, entre altres partits, amb l’obligació real i efectiva de les grans empreses a garantir l’atenció en les llengües cooficials sense excuses geogràfiques i sense trampes. Perquè parlar en la llengua que és pròpia de cadascú no és un caprici, és un dret de la ciutadania fonamental que malauradament hem estat massa decennis, per no dir segles, sense actualitzar.

Dos, no a la rebaixa de la protecció del consumidor. El seu intent de desmuntatge no s’atura aquí. També hi votarem en contra de les seves esmenes, que pretenen allargar els terminis i dificultats de reclamacions, terminis de resolució. Vostès volen tornar als trenta dies per resoldre una reclamació. Nosaltres mantenim els quinze dies que vam aprovar aquí, perquè quan una família es queda sense llum o sense internet, quinze dies ja són una eternitat. Trenta són un insult.

Temps d’espera. Han intentat aigualir l’obligació d’atendre el 95 % de les trucades en menys de tres minuts, introduint conceptes jurídics indeterminats com en la «mesura de lo possible». No, no, no, senyories. Les lleis ho són per complir-les i no per intentar-ho si va bé o si no, no.

Atenció humana, rebutgem que es rebaixi l’obligació de garantir una atenció personalitzada i humana. La gent està farta de parlar amb màquines i hi ha generacions que, per raons òbvies, necessiten parlar amb persones i això no es pot limitar en cap manera.

El nostre sí, doncs, és un sí a la llei que vam construir aquí entre molts partits. És rebutjar les retallades. Avui només diem no al Partit Popular, si no diem sí a la llei que vam construir des d’una majoria plurinacional, agradi o no, des d’una majoria plurinacional. Els costa, però a poc a poc van entrant. De fet, avui puc parlar en aquest idioma perquè s’ha aconseguit a base de seguir imposant una realitat que per alguns és tossuda. Una llei que porta l’empremta d’Esquerra Republicana, com deia, a través de les esmenes que ja vam incorporar i que avui blindem. Blindem l’atenció al català i les altres llengües oficials com a obligació. Blindem la definició clara de persona consumidora vulnerable. Blindem la prohibició de tallar el servei mentre hi hagi una reclamació en curs.. I blindem el respecte a les competències de la Generalitat en matèria de consum. Perquè defensar els consumidors també és defensar el nostre autogovern.

Conclusió, per tot això votarem en contra de les esmenes del Senat que ens porta el partit catalanofòbic del Partit Popular. I espero que algun dia reflexionin que algun dia no arribaran mai a la Moncloa sense Catalunya. Però bé, ja ens va bé. Com deia, votarem per això que no. La diversitat lingüística d’aquest país no es negocia.

Moltes gràcies.

Buenas tardes ya. Gracias, presidenta. Señorías, la ley de servicios de atención a la clientela vuelve a esta Cámara tras su paso por el Senado, y vuelve desgraciadamente como vuelven muchas veces las leyes que pasan por el filtro de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta: recortadas en derechos, rebajadas en ambición y con una aspiración uniformizadora que ignora la realidad plurinacional y plurilingüística del Estado. Es una realidad, les guste o no. Hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana anuncia que vamos a votar en contra de las enmiendas introducidas por el Grupo Popular en el Senado, y lo haremos por responsabilidad, por coherencia y, sobre todo, por respeto a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. El paso por el Senado ha sido un intento descarado de descafeinar una ley que es vital para poner fin a los abusos cotidianos. El PP ha intentado convertir derechos exigibles en simples recomendaciones y obligaciones estrictas en papel mojado. La defensa de la lengua es un derecho, no es un privilegio. Repito, la defensa de la lengua es un derecho, no un privilegio. No hay lenguas supremacistas, no las hay. Mi lengua y mi nombre ―los que yo heredé, como cualquiera de los que están aquí heredaron― hay que respetarlos en 2025. Se ha tardado en hacer la ley. Se podría haber hecho hacer antes, en 2023, en la anterior legislatura, pero no fue así porque terminó la legislatura. Esquerra Republicana introdujo las enmiendas de Plataforma per Catalunya ya antes de 2023 ―estaban pactadas, estaba todo hecho―, pero decayó la ley y hemos tenido que esperar dos años más para poderlo llevar a la práctica. Señores del Partido Popular, es grave. Es un nuevo intento del Partido Popular, que diría que es un partido catalanofóbico prácticamente en este sentido, porque cada vez que traen a diputados como la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, sacan un solo diputado. Ojalá trajeran más diputados así, porque les irían peor las cosas que cuando traen a gente más civilizada. Su enmienda pretende que únicamente en las empresas con sede física en una delegación territorial donde hay otra lengua oficial se pueda hablar en catalán, gallego o euskera. ¿En qué mundo viven? Los servicios se prestan desde cualquier lugar del mundo, así que vincular los derechos lingüísticos a la localización de una oficina es eliminarlos todos en la práctica. Si, por ejemplo, llama una persona desde Mahón a una empresa y el call center está en Madrid, en Sevilla o en Valladolid, tiene derecho a que se le atienda en su lengua. Votando no a su enmienda, recuperamos el texto original impulsado por Esquerra Republicana, entre otros partidos, con la obligación real y efectiva de las grandes empresas de garantizar la atención en las lenguas cooficiales sin excusas geográficas ni trampas, porque hablar en la lengua que es propia de cada uno no es un capricho, es un derecho de la ciudadanía, un derecho fundamental que desgraciadamente hemos pasado décadas, por no decir siglos, sin poder ejercer.

No a la rebaja en la protección del consumidor. Este es un intento de desmontaje que no se detiene aquí. También vamos a votar en contra de sus enmiendas porque ponen dificultades para las reclamaciones. Ustedes quieren volver a los treinta días para resolver una reclamación; nosotros mantenemos los quince días que aprobamos aquí, porque, cuando una familia se queda sin luz o sin Internet, quince días son ya una eternidad, y treinta son directamente un insulto.

En cuanto al tiempo de espera, han intentado ustedes diluir la obligación de atender el 95 % de las llamadas en menos de tres minutos, introduciendo conceptos jurídicos indeterminados, como «en la medida de lo posible», etcétera. No, señorías, no, las leyes están para cumplirlas y no para intentar ver si va bien y, si no, no se cumplen.

Respecto a la atención humana, rechazamos que se rebaje la obligación de garantizar una atención personalizada y humana. La gente está harta de hablar con máquinas. Hay generaciones que, por razones obvias, necesitan hablar con personas, y esto no se puede limitar en modo alguno.

Nuestro sí es un sí a la ley que construimos aquí entre muchos partidos; es rechazar los recortes. Hoy no solo decimos no al Partido Popular, sino que decimos sí a la ley que construimos con una mayoría plurinacional, les guste o no. Les cuesta, pero poco a poco lo van entendiendo. De hecho, hoy puedo hablar en este idioma porque se ha conseguido a base de seguir imponiendo una realidad que para algunos es tozuda. Es una ley que lleva la huella de Esquerra Republicana, a través de las enmiendas que incorporamos y que hoy blindamos. Blindamos la atención en catalán y en las demás lenguas oficiales como obligación; blindamos la definición clara de persona consumidora vulnerable; blindamos la prohibición de cortar el servicio mientras haya una reclamación en curso, y blindamos el respeto a las competencias de la Generalitat en materia de consumo, porque defender a los consumidores también es defender nuestro autogobierno.

En conclusión, por todo ello, votaremos en contra de las enmiendas del Senado que nos trae el partido catalonofóbico, el Partido Popular, y espero que reflexionen, porque no llegarán a la Moncloa sin Cataluña. Pero bueno, ya nos va bien. Como decía, por ello votaremos que no. La diversidad lingüística de este país no se negocia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. En primer lugar, aprovecho que hoy nos vuelven a acompañar las asociaciones de consumidores para agradecerles todo su trabajo para que hoy, en el Congreso, salga adelante una ley necesaria y largamente esperada, y les pido a todos ustedes un aplauso para ellos. (Aplausos). Hoy debatimos las enmiendas de la ley de servicios de atención a la clientela que viene del Senado, unas enmiendas que parecen redactadas en la sede de la central de Ribera Salud, reutilizando material legislativo de un solo uso. (Rumores). Huelen a subcontrata legislativa, a un copia y pega del modelo de la señora Ayuso, el de convertir derechos públicos en negocio privado. Sus señorías del Partido Popular y de VOX no se han comportado como representantes públicos, han sido riders de los lobbies, pedaleando a rueda de las empresas y no de los consumidores. (Aplausos). Es un paquete de enmiendas cojonudo, ¡cojonudo! La frase es de Carlos Mazón, pero podría ser perfectamente de Amazon. Si la ley de movilidad vino en taxi desde el Senado, estas enmiendas han llegado en Uber black de lujo para los privilegios corporativos. Ya me tranquilizo, pero, señorías del Partido Popular y de VOX, no se alteren ustedes tampoco. Hoy, a pesar de su spam legislativo, en esta Cámara se impondrá el sentido común. La mayoría está aquí para defender a las personas consumidoras y volver a enderezar el rumbo. Saldamos una deuda histórica de la democracia: esta es la primera ley que se ocupa exclusivamente de regular y proteger a los consumidores cuando reclaman sus derechos (aplausos), una deuda que veníamos arrastrando mientras la gente se sentía indefensa. Lo que nos traen ustedes hoy aquí con sus enmiendas es un intento de no pagar esa deuda, intentan vaciar una ley pionera para seguir con un cheque en blanco para los abusos. Miren su obra cojonuda: van en contra de la protección lingüística, un disparate ideológico que discrimina a los ciudadanos y un desprecio a casi veinte millones de personas que enriquecemos a este país con más de una lengua.

¿Atender con una lengua propia, reconocida desde hace cuarenta y siete años en nuestra constitución, es un lujo? Para las señorías del Partido Popular, con cláusula VOX, sí. Van contra la celeridad, duplican el plazo para las reclamaciones de quince a treinta días en la era de la inmediatez. Ustedes proponen la burocracia lenta, van contra la calidad, eliminan la formación obligatoria en idiomas y para entender a las personas vulnerables y van en contra del lenguaje inclusivo, pero no pasará porque nosotros sí sabemos de qué lado estamos: del lado de la gente y, a pesar de su voto, también del de ustedes, porque todos somos clientes y víctimas de un mal servicio de atención o cláusulas abusivas, o recibimos esas llamadas basura y queremos ya un basta.

Pues bien, esta ley que defendemos acaba con esa angustia, y voy a decirles con orgullo qué es lo que realmente protege a los ciudadanos, no a las grandes cuentas de resultados. Primero: se acabaron las llamadas spam. Las empresas tendrán que identificar sus llamadas comerciales con un código específico y los operadores bloquearán a las que no lo usen. Además, cualquier contrato firmado tras una llamada no solicitada será nulo. (Aplausos). Esta medida se suma al plan antiestafas del Gobierno, que ya ha bloqueado 135 millones de llamadas desde marzo de este año. Segundo: se acabarán las renovaciones por sorpresa. Las plataformas deberán avisarte con quince días de antelación antes de renovar tu suscripción. Tú decides; no lo hace tu entidad bancaria por inercia. Tercero: se acabaron los precios trampa con la obligación de mostrar el precio final completo desde el primer clic; nada de que el billete de avión o la entrada suban mientras compras. Cuarto: derecho a una persona, no a un robot. Garantía de que el 95 % de las llamadas se atiendan con una persona en menos de tres minutos. Prohibidos los robots como única opción. Quinto: atención con medios de apoyo para personas vulnerables. Sexto: lucha contra las reseñas falsas en Internet. Séptimo, y no por eso es menos importante: que los menores de edad que accedan a las plataformas de juego no puedan pagar con las tarjetas de crédito de sus padres o madres y que los influencers no puedan seguir atrayendo a las personas jóvenes a los juegos de azar a través de redes sociales. Alerta, alerta con esta enmienda del Partido Popular y de VOX, que, si sale, continuará dejando la puerta abierta a la ludopatía.

Esta ley es personal. Es para la persona mayor que firma lo que no entiende y es para la familia que encuentra cargos fantasmas en su factura. Esta ley actúa justo donde las lógicas de poder están marcadas y lo hace para romper ese desequilibrio. Por eso, rechazaremos una por una las enmiendas que buscan debilitar la protección. Hoy votamos principios. ¿De qué lado está esta Cámara? ¿Del lado de las familias o del lado de los lobbies? Ayer volvimos a certificar de qué lado están VOX y el Partido Popular. Son proabusos de la banca al dejar en la estacada a un millón de familias afectadas con las hipotecas IRPH.

Señorías, tenemos por delante más batallas, como el proyecto de la Ley REDAL, que llevamos hoy precisamente para su avocación a Pleno. Tenemos mucho camino por recorrer, pero, hoy, con la ley de servicios de atención a la clientela, ganamos una etapa.

Esta mañana veo que no falta nadie, ningún grupo, en la votación, y la mayoría del Congreso no se doblegará. Esta ley, que se aplicará a las grandes empresas y servicios esenciales como la luz, el agua o el transporte, es un paso de gigante. Que quede claro: el único spam que no tiene cabida aquí son las enmiendas regresivas del PP y VOX. Defendamos esta ley, que el derecho del consumidor no quede desprotegido.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.―El señor Sierra Caballero aplaude, puesto en pie).

Con la venia, presidenta. Miren, señorías del Grupo Popular, un mal coche de segunda mano es un coche que dará problemas, y da igual que se le pongan llantas nuevas, lo tapicemos de cuero o lo pintemos; seguirá siendo un vehículo con el que lo único que se puede hacer es mandarlo al desguace. Pues lo mismo sucede con este proyecto de ley de atención a la clientela: que ya era una chatarra lista para el desguace desde que se presentó en esta Cámara y que, aun con las enmiendas que han incorporado ustedes en el Senado, sigue siendo una verdadera máquina que debe ir al desguace. (Aplausos). Porque, como ya les dije en el debate del mes pasado, esta ley no es más que un engendro de contenido ideológico con el único propósito de dividir a los consumidores y a las empresas, y, al final, lo único que va a hacer es acabar perjudicando a ambos.

España ya cuenta con una sólida arquitectura normativa en materia de consumo, pero, lejos de utilizar esta oportunidad que tenía para intentar mejorar este marco, el Gobierno ha decidido convertir esta ley en un mero vehículo de concesiones políticas, cargado de ideología, que nada tiene que ver con los problemas y con la vida de los consumidores. Porque hoy no estamos legislando para proteger al cliente, no; hoy estamos legislando para satisfacer tanto a los socios comunistas que odian a la iniciativa privada como a los socios golpistas y filoetarras, quienes han hecho del chantaje su modelo de negocio político (aplausos), y ante los que este Gobierno, una y otra vez, es capaz de ponerse de rodillas con tal de que le mantengan un solo día más en el poder. ¿De verdad creen ustedes que lo realmente importante para un consumidor es que una empresa de Huelva o de Albacete tenga personal disponible para atender en catalán, en euskera o en gallego cuando necesita que lo atiendan? ¿Esa es de verdad la prioridad que va a hacer que mejore la atención a los clientes? ¿O no será que estamos, como digo, asistiendo de nuevo a la vergonzosa entrega del Gobierno a los que quieren hundir este país? Una entrega, por cierto, en la que, desgraciadamente, ustedes, señores populares, también son expertos, ya que ―y digo desgraciadamente― no dejaron de ponerla en práctica en los años en los que gobernaron, por lo que ustedes también son tan responsables como los señores socialistas de la situación tan peligrosa en la que se encuentra hoy por hoy la unidad de España.

Les voy a decir una cosa, aunque no lo vayan a reconocer: ustedes, estoy casi seguro, no hubieran tenido reparos en aprobar esta ley si nosotros no nos hubiéramos opuesto a ella como lo estamos haciendo. (Aplausos). En su momento ―en la ocasión anterior― se abstuvieron con la ley en el Senado ―donde ustedes tienen mayoría―, y, en la comisión de ponencia ―en la que, por cierto, nosotros no podemos participar― lo que han hecho es lavar un poco la cara con enmiendas ―que, además, se votaron en conjunto en el Pleno―, y que la ley vuelva aquí con esas enmiendas. Ya veremos cuál es su posición final ante la ley. Por cierto, incluyendo, además, dentro de esas enmiendas ―igual que hace este Gobierno socialista― eso que no deja de ser una estafa legislativa y que debería estar terminantemente prohibida, como introducir enmiendas intrusas, que no deja de ser un modo torticero de colar por la puertecita de atrás algo que nada tiene que ver con el propósito esta ley en concreto. En este caso, ustedes han puesto una enmienda para la reducción del IVA en los alimentos básicos, algo que nosotros, VOX, llevamos defendiendo desde el principio de la legislatura, pero, desde luego, no es la forma en la que se debería tratar este asunto tan grave en la Cámara.

Pero es que, además, el conjunto de sus enmiendas no resuelve ninguno de los problemas esenciales de este proyecto de ley, que sigue imponiendo unas cargas desproporcionadas que van a comprometer muy seriamente la competitividad de miles de empresas españolas. ¿De verdad creen ustedes que muchas empresas, con los problemas que ya tienen para subsistir, con la presión normativa, con la presión fiscal a la que están sometidos, van a poder soportar las exigencias que les impone esta ley? Exigencias que en muchos casos ni siquiera ―o con muchas dificultades― podrían cumplir una multinacional o un servicio de emergencias como el 112: algunas como lograr que el 95 % de las solicitudes de atención sean atendidas antes de tres minutos, que se dé una asistencia personal obligatoria o que sus empleados tengan que conocer lenguas cooficiales, con una formación continua y con accesibilidad, etcétera.

Señorías, ustedes saben perfectamente que una empresa mediana española no puede cumplir esto; no puede. Y si acaban ustedes, como parece, aprobando esta ley, la empresa va a tener dos salidas. La primera, que será la más recurrente, repercutir de manera significativa todo lo que vamos a aprobar en el precio, con lo cual, al final, las cosas serán más caras para el consumidor. Y la segunda ―espero que sean pocas―, cerrar. Son dos situaciones en las que los que salen perjudicados son precisamente ―qué curioso― aquellos a los que esta ley afirma que quiere proteger: el consumidor y el mediano empresario español.

Pero es que, además, pretenden ustedes que esta ley entre en vigor de forma inmediata, cuando ni las empresas que podrían están ahora mismo adaptadas y preparadas para sistemas nuevos, personal, protocolos o recursos económicos podrían ponerlo en práctica. Pero, de verdad, ¿en qué están ustedes pensando? Porque, antes de que aprueben esta ley, a mí me gustaría preguntarles: ¿han evaluado ustedes, de verdad ―sobre todo ustedes, señores del Gobierno―, cuál va a ser el coste real para las empresas? ¿Han investigado cómo va a repercutir, como he dicho antes, en el precio final para los consumidores? Y, sobre todo, ¿han sopesado si la que debería de cumplir la primera, que es la Administración Pública, a la que se le debe de exigir lo mismo que a las empresas privadas, está en condiciones de cumplirlo? Porque ya se lo digo yo, y les contesto de antemano: no, no lo han pensado. Si esta Cámara quisiera realmente proteger a los consumidores, lo primero que deberíamos hacer es legislar mucho menos, y legislar con normas sencillas, claras y factibles de cumplir. Se lo he dicho muchísimas veces. ¿Saben cuántas leyes tenemos en España? Más de trescientas mil. Y ese es un drama para un país. Porque toda esa ansia de intervencionismo, esa ansia que tienen ustedes, lo único que consigue es crear incertidumbre y desconcierto constante en la ciudadanía, que ya no sabe a qué atenerse, y, sobre todo, afecta a las empresas, limitando su manera de innovar y de crecer, es decir, de generar riqueza.

Así pues ―y termino―, hoy vamos a apoyar muchas de las enmiendas que traen, porque entre susto o muerte, en VOX nos quedamos con susto, pero les recuerdo una cosa, señores populares: cojan ustedes libreta, cojan un boli y vayan apuntando también esta ley entre las que vamos a derogar cuando lleguemos al Gobierno, que, como ya empiezan a intuir algunos de ustedes, a lo mejor va a ser mucho antes de lo que nunca se imaginaron.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenos días, señorías. Y buenos días también a las organizaciones que nos acompañan, que han sido fundamentales en el impulso y en la mejora de esta ley.

Señorías del Grupo Popular, entre derechos de la mayoría social e intereses de las grandes empresas, ustedes siempre con los intereses de las grandes empresas. (Aplausos). Entre el abandono de las personas vulnerables o la protección de las personas vulnerables, ustedes siempre con el abandono. Entre la involución o el progreso, ustedes siempre con la extrema derecha. Y este es el hilo argumental de sus enmiendas, que parecerían traídas por el propio señor Feijóo de la patronal catalana cuando la fue a visitar, arrodillándose, para presionar a Junts para tener esta ansiada moción de censura. Pero no. No, no; las han hecho ustedes mismos, porque la mayoría de las empresas de este país muestran más responsabilidad social que ustedes mismos con sus enmiendas. (Aplausos).

Sus enmiendas alteran la naturaleza de la ley, merman en derechos a la clientela, refuerzan la posición de dominio de las empresas, rompen el consenso alcanzado, concesiones y renuncias de todos, y refuerzan la polarización. Empezando por el propio título, que ustedes cambian, sustituyen a lo largo de toda la ley clientela por clientes, personas consumidoras y usuarias por consumidores y usuarios. Mejora técnica, dicen ustedes, señorías del Grupo Popular, pero técnicamente es un retroceso del lenguaje no sexista. Es un retroceso que no se adecua al uso del lenguaje inclusivo y no sexista que recoge el Reglamento de esta Cámara desde julio de 2025, y políticamente es una derechización del lenguaje en su afán de asemejarse a VOX. Y, con este mismo afán de asemejarse a VOX, se enorgullecen de mermar los derechos lingüísticos de 12 millones de personas en su trato diario con las grandes compañías prestadoras de servicios tan básicos como la luz, el gas, el agua, la electricidad o el transporte público, solo para ahorrar costes a esas grandes compañías. Porque recordemos que esta ley, señorías de VOX, no es para pequeñas ni medianas empresas, es para grandes empresas que obtienen grandes beneficios. (Aplausos). Por lo tanto, otra vez, señorías del Grupo Popular, los derechos subyugados a los intereses económicos, en este caso usando la lengua. Pero, además, la usan como la usan siempre, como arma política para dividir, para polarizar, para romper, y esa es una etapa que está superada.

También nos traen enmiendas que refuerzan la posición de dominio de las empresas. Les voy a decir una con relación a personas consumidoras vulnerables, las personas sordas. Ustedes supeditan la atención a las personas sordas a que los sistemas no sean demasiado costosos. A ver cómo se lo explican a estas entidades que las representan cuando vengan aquí a hablar con ustedes o a comparecer. (Aplausos). En otras enmiendas se aplica directamente su marco ideológico, el de confusión de lo público con lo privado. Incluyen entidades públicas de cualquier dimensión; incluyen entidades públicas como la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de Madrid, con un presupuesto de menos de 4 millones de euros y diecisiete trabajadores para la gestión de residuos, que cobra tasas que revierten en los servicios públicos, y ustedes les exigen lo mismo que a las grandes eléctricas o a esos grupos empresariales que hacen dinero a costa de la salud de los madrileños.

Finalmente, suprimen la disposición adicional cuarta ―y aquí me voy a detener un poco―, la que regula la publicidad del juego. Señorías del Grupo Popular, el mismo día de la Constitución, la señora Ayuso usaba la señal institucional del Congreso para legitimar aquí la imposición del beneficio económico sobre la salud, justificando el escándalo de Ribera Salud. Y ustedes hacen lo mismo, exactamente lo mismo que ella, desde sus escaños. Intentan legitimar que las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, somos solo agentes económicos al servicio de los intereses de las empresas, para que estas obtengan beneficios. Eliminar la regulación de la publicidad del juego online es precisamente eso. Porque todos sabemos que la publicidad es lo que anima al consumo ―por eso hay grandes publicistas―, y abandonar a las personas más vulnerables, como son los adolescentes y jóvenes, a un mercado de juego sin regulación de la publicidad es abrir la puerta al juego problemático y patológico que arruina salud, vidas y familias. (Aplausos). Esa puerta la abren ustedes suprimiendo esta disposición adicional cuarta, y la abrirán también todos los grupos que apoyen esa enmienda. Me gustará ver cómo se lo explican a UNAD, la red de atención a las adicciones y drogodependencias, con más de doscientas entidades, y a FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. ¿Cómo se lo van a explicar cuando vengan aquí al Congreso? Todo solo para favorecer a quien ustedes defienden siempre: a los más poderosos, a las grandes empresas, en este caso, del sector del juego.

Apelamos a los grupos que apoyaron la ley en el Congreso a recuperar el texto que se aprobó aquí. Es el texto de una ley necesaria y justa, que alivia la vida de toda la ciudadanía de spam, de largos tiempos de espera, de respuestas automatizadas, de opacidad en las ofertas, y protege y defiende los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Apelamos a todos a votar para volver a recuperar ese texto, trabajado, entre otras, con las entidades que hoy nos acompañan.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular para manifestar nuestra posición en relación con esta ley, la ley de servicio de atención al cliente, una ley necesaria, muy demandada por toda la sociedad, que hoy verá la luz. Y esto que debería ser un motivo de satisfacción es un… Porque todos sabemos en qué contexto nos encontramos: un Gobierno sin mayoría parlamentaria y un Parlamento secuestrado, donde demasiadas iniciativas terminan durmiendo el sueño de los justos, mientras otros muchos terminan durmiendo en prisión. Y ya van tres. (Aplausos). Tres de la banda del Peugeot, y todo apunta al ‘número 1’. Por eso avanzar en esta norma es también un motivo de satisfacción; como decía, una victoria para todos aquellos que creemos en el Estado de derecho, en el trabajo serio, en el respeto institucional y en la obligación que tenemos de dar cumplimiento a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Ahí está precisamente la raíz de esta parálisis que afecta también a esta norma, una norma que comenzó su tramitación a principios del año 2024 y estamos terminando 2025. Y todo por una razón muy evidente. Las preocupaciones del Gobierno no han sido nunca las mismas de los ciudadanos, porque ustedes han estado y están a otra cosa. Ustedes han estado dedicando su tiempo, sus energías y también la dignidad de su acción política a fabricar un relato falaz e indecente, plagado de mentiras, con el único objetivo de tapar su corrupción y aferrarse al sillón. (Aplausos). Esa es su única y verdadera agenda: no legislar, no servir al país, salvarse ustedes mismos. Su incompetencia y su desidia solo se justifican en este último y supremo interés, el del Gobierno por mantenerse un día más. Se trata de una ley que vienen demandando las asociaciones de consumidores y usuarios, pero eso a ustedes les ha dado igual, mientras muchos seguían consumiendo prostitución y gastando a troche y moche en grandes almacenes el dinero que nos robaban a todos los españoles. Eso es lo que de verdad les preocupaba. (Aplausos). A estos sí les cundía consumir, vaya que sí. Los que llegaron al Gobierno para acabar con la corrupción, y aquí nadie sabía nada y aquí nadie veía nada. ¡Qué vergüenza! Estos no tenían problemas para llegar a fin de mes ni para llenar la nevera (hace el gesto de comillas con las manos) de chistorras y lechugas y tampoco para pagar un alquiler de 5000 euros, ¿verdad?, aunque, dicho sea de paso, ahora les va a resultar bastante más económico dormir calentitos y a cubierto. Pero mientras ustedes se preocupan de estas cosas, y motivo no les falta, nosotros volvemos a preocuparnos y ocuparnos de esta ley. Señorías, esto es cuestión de voluntad política. Así, una ley contaminada, manoseada y, en muchas ocasiones, al albur de los chantajes de otros grupos parlamentarios, viene mejorada con algunas enmiendas del Partido Popular. Lo podría decir más alto, pero no más claro. Si esta ley es buena en algo, es precisamente por ese compromiso y ese rigor que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular. Yo les voy a dar solamente dos ejemplos. Frente a las imposiciones nacionalistas, nosotros hemos defendido en todo momento una política lingüística sensata, porque es una barbaridad obligar a las empresas en cualquier territorio de España a atender en cualquier lengua cooficial. Señorías, es un disparate que una empresa de Albacete ―digo Albacete porque soy de allí― tenga que atender reclamaciones o quejas en euskera o catalán. ¿Señorías de Junts y de Esquerra, van a obligar a sus empresas a que atiendan en euskera? Vayan preparándoles y regalándoles uno de estos a todos (muestra en alto los auriculares utilizados para la escucha de intervenciones en otras lenguas distintas al castellano) porque les va a hacer falta, evidentemente. Y algo importantísimo, el cumplimiento de esta ley también por parte de la Administración y de todas las empresas públicas. Podría dar muchos ejemplos, pero con el ejemplo de Renfe y con la que está cayendo sería más que suficiente para que entendieran la importancia de esta enmienda.

Estas son, entre otras cuestiones, las aportaciones que hemos hecho a esta ley y es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes, defendiendo su sillón y nosotros, defendiendo siempre el interés general. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!). Y defender el interés general no es solamente cambiar un término por otro, no es cambiar cliente por clientela. No, señorías. Al Partido Popular, lecciones de igualdad, ninguna. Los que se sentaban ahí hasta hace poco, acosadores y puteros, ninguna lección de igualdad, no. (Aplausos). La igualdad no se defiende con el lenguaje, se defiende con hechos. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Señor Alonso, señoría de SUMAR, usted mismo hablaba de clientes, no de clientela. El subconsciente le traicionó.

Quisiera destacar también una enmienda, esta enmienda tan debatida que añadió el Grupo Popular en el trámite del Senado, que mejora muchísimo ―vendría a mejorar la vida de muchas personas que tan mal lo están pasando, de muchas familias, de muchos españoles― y que ustedes han vetado con su rodillo, saltándose la disciplina del Constitucional también, porque el Gobierno no puede vetar una enmienda que afecte solo a un presupuesto futuro y no a los vigentes, y porque el Gobierno no puede vetar una enmienda que ha sido aprobada en el Senado y ustedes, con su rodillo, la han vetado. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Y el veto no es un error solamente. Este veto es también una verdadera vergüenza. Nos hablaba la portavoz del Grupo Socialista de personas vulnerables. ¿Y vetan esta enmienda? Esto sí es proteger a las personas vulnerables, una enmienda para que, con efectos del 1 de enero y hasta el 30 de junio, se rebaje el IVA al 4 % a carnes, pescados y conservas y se baje el IVA al 0 % a la leche, huevos, frutas, hortalizas, verduras y legumbres. (Aplausos). Lo más grave es que el Gobierno argumenta que no cabe esta enmienda porque ello supondría una merma en los ingresos del Estado de 3680 millones de euros. Ese es el argumento. ¿No le da vergüenza al Gobierno seguir metiendo la mano en el bolsillo de los españoles, exprimiendo a los ciudadanos y a las empresas con una voracidad recaudatoria que no sirve para mejorar los servicios, pero sí para alimentar ―alimentar, insisto― sus propios chiringuitos?

Y esta no es una enmienda intrusa, señorías de VOX, no. Esta enmienda nace de la voluntad de afianzar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios que establece la Constitución. Y qué mejor manera de proteger, mejorar y garantizar esa defensa, sobre todo a aquellos que peor lo están pasando y que no pueden acceder a lo más básico, familias, personas abocadas a sustituir alimentos básicos por otros alimentos nada saludables. Escuchen esta noticia. Dice: Adiós a los ultraprocesados. El Gobierno estudia excluirlos de los hospitales en el menú infantil. Señor ministro, ¿nos quiere decir que un niño tiene que enfermar y que le hospitalicen para que pueda comer sano y en condiciones? ¿Nos quiere decir eso? ¡Qué barbaridad!

Nos quieren vender ustedes algo que no podemos comprar. Los señores del Gobierno, los de la bancada socialista y los socios que lo sostienen deben saber que la cesta de la compra ―usted, señor ministro, debería saberlo― ha subido un 40 % desde que están en el Gobierno. Al 30 % de las familias les resulta muy difícil afrontar los gastos de productos como el pan, la leche o los huevos; al 33 % les resulta muy difícil poder comprar frutas y verduras; y al 43 % carne o pescado. Les estoy diciendo que casi la mitad de las familias españolas no pueden dar de comer a sus hijos dos platos de carne o pescado a la semana. Mientras esto sucede en la cuarta economía de la eurozona, mientras ustedes dicen que esto va como un tiro, ahí fuera hay mucha gente pasándolo mal. ¿Son capaces ustedes, señores del PSOE, de SUMAR, señores del Gobierno, de mirar a la cara de muchos ciudadanos y decirles que esto va como un tiro? No. Por eso el Gobierno pisa tan poco la calle. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Voy terminando, presidenta.

Estos son los datos de la mochila con la que el Gobierno pronto se irá a su casa; los datos de la miseria, los datos de la vergüenza, los datos de la pobreza. Señorías del escudo social, esta enmienda sí que era un verdadero escudo social. Señorías, si hubiésemos aceptado esta enmienda, hubiésemos mejorado mucho el texto, pero, sobre todo, hubiésemos dado un alivio a muchas familias. Pero no engañemos a nadie, esta tampoco es la solución definitiva. Señorías del Gobierno, están ustedes consiguiendo hacer de la pobreza algo estructural en nuestro país. Por eso les exigimos, por el interés general, si es que lo tuvieron, por dignidad, por coherencia, si la conocieron, por el bien de España y para acabar con el calvario de muchas familias, que den voz a los españoles y convoquen elecciones ya.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).