Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, y por el que se modifica el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Muchas gracias, señor presidente. La mitología griega nos dejó muchas advertencias, y hay concretamente una que nos puede ayudar más que cualquier informe a entender mejor lo que hoy se pretende aprobar. Supongo que sus señorías la conocerán y, por supuesto, el señor ministro, eso lo doy por descontado. Hesíodo cuenta que Pandora llegó al mundo con un obsequio tan hermoso como engañoso, una caja cuyo interior mezclaba dones y calamidades. No podía separarse lo bueno de lo malo, todo venía junto, envuelto en apariencia amable. Al abrirla, los males se desataron sin retorno posible. Ese es exactamente, una vez más, el funcionamiento que reproduce este real decreto ley: un envoltorio amable ―inversiones financieramente sostenibles, posible alivio para los autónomos, ajustes técnicos― que oculta una alteración profunda de la arquitectura institucional del Estado; un obsequio que se presenta como urgente y necesario, pero contiene una cesión competencial estructural que jamás habría sobrevivido a un debate limpio y separado. (Aplausos). Lo que hoy se presenta como un conjunto de medidas dispersas y diversas, oculta bajo un barniz de urgencia la ruptura del modelo estatal de los habilitados nacionales en Cataluña; esto es, secretarios, tesoreros e interventores garantes de la legalidad en el Estado. El señor ministro supongo que se habrá leído este real decreto ley porque le ha tocado defenderlo. Pues bien, vamos a analizarlo un poco. El texto llega al Boletín Oficial del Estado con incoherencias visibles. Menciona un inexistente artículo 3, remite a él en una disposición final segunda, atribuye a la primera modificaciones que recaen en la tercera y esto, sin duda, señor ministro, es la prueba de un decreto ley ensamblado con prisas para encajar concesiones ajenas a la materia principal. (Aplausos). Más revelador aún es que la parte expositiva atribuye a la disposición final primera cambios en la Ley de Bases del Régimen Local, pero la disposición final primera solo trata de VERI*FACTU, y es la disposición final tercera la que añade la nueva disposición adicional decimoctava a la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Supongo que lo habrá entendido, pues revíselo y ya verá cómo es un desajuste absoluto. En fin, señor ministro, esto no es un error menor, es la huella del parcheo normativo, un decreto concebido para inversiones y VERI*FACTU al que se le ha injertado de manera atropellada una cesión competencial incompatible con las materias originales, y aquí empieza la verdadera gravedad. Lo que se introduce en la nueva disposición adicional decimoctava no es un ajuste técnico, en absoluto, es la cesión ―devolver ha dicho usted, ya sabe por qué lo ha dicho― a la Generalitat de todas las facultades del artículo 92 bis: creación y clasificación de puestos, oferta pública, selección, temarios, formación, habilitación, provisión, primer destino y situaciones administrativas; todo, absolutamente todo. No hablamos de gestionar listas, hablamos de permitir que una comunidad autónoma diseñe su propio modelo de acceso, sus pruebas y sus filtros respecto a un cuerpo cuya función es controlar la legalidad y la estabilidad financiera municipal, exactamente el tipo de función que debe mantenerse alejada de cualquier instrumentalización política. Esto vulnera frontalmente el artículo 149.1.18 de la Constitución y la nítida doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo 25/1983, que declaró que la selección y adscripción de los habilitados es competencia estatal por constituir el núcleo de las bases del régimen estatutario. Y añadió algo más, decisivo, que es básico: «todo aquello que preserve la existencia de ese cuerpo», lo que faculta para excluir aquello que lo diluya; y este real decreto lo diluye. Permitir que cada comunidad autónoma defina pruebas, temarios o requisitos es la forma más eficaz de convertir un cuerpo estatal en una ficción.

Tampoco se respeta el artículo 150.2. Si se pretenden transferir facultades ejecutivas del régimen estatutario nacional se requiere, como mínimo, señor ministro, una ley orgánica que delimite alcance, controles y facultades reservadas al Estado. Aquí no hay nada de eso, solo una disposición adicional introducida de forma abrupta en un decreto sin conexión con esta materia.

Y también se vulnera ―cómo no― el artículo 23.2, porque permitir que en Cataluña se acceda al mismo cuerpo estatal mediante sistemas distintos, temarios distintos o requisitos lingüísticos excluyentes rompe la igualdad de acceso. (Aplausos). No es una hipótesis. Sabe muy bien, señor ministro, que entre 2007 y 2013 ―creo que lo ha dicho―, cuando se experimentó con modelos fragmentados solo se convocaron ―ha dicho 1000, pero no― 956 plazas, y cuando el Estado recuperó la competencia, más de cuatro mil. Y esto demuestra que donde hay unidad hay eficacia y donde hay fragmentación hay desigualdad. Y todo eso se hace usando un instrumento excepcional como el decreto ley, sin extraordinaria ni urgente necesidad. Incluso, si admitiéramos urgencia en inversiones o en VERI*FACTU, ¿dónde está la urgencia en alterar un cuerpo estatal centenario? ¿Qué necesidad tiene Cataluña que no tengan Extremadura o Castilla-La Mancha? ¿Qué justifica forzar por decreto lo que debe tramitarse como proyecto de ley?

No hay urgencia porque no hay urgencia. Hay un falaz acuerdo político y eso no es lo que exige el artículo 86 de la Constitución. Porque todo esto no es técnica administrativa, es política en estado puro, política, pero de la peor, escrita con prisas y en conversaciones opacas para apoyar a parlamentarios y a grupos parlamentarios ajenos al contenido principal.

Se nos exige elegir entre un hipotético alivio a autónomos y defender la integridad del Estado, entre apoyar inversiones locales y aceptar la ruptura del régimen estatal de habilitados. Esto no es legislar, es chantajear a todo este Parlamento. Es una treta: o tragas con la cesión al separatismo catalán o cargas con el coste político de rechazar medidas accesorias. Y después vienen con la cantinela de que si hemos votado en contra. Por supuesto que hemos votado en contra de muchas cosas porque siempre han persistido en la misma trampa (aplausos), y eso es una falsa dicotomía. Las inversiones podrían venir en un real decreto ley monográfico ―lo sabe el señor ministro―, el aplazamiento de VERI*FACTU puede aprobarse, y aún puede, por real decreto reglamentario ―lo sabe el señor ministro―, y la reforma del régimen de habilitados, si se quisiera hacer bien, debería tramitarse como ley orgánica con debate y control. Pero nada de eso interesa cuando el objetivo no es fortalecer el Estado, sino debilitarlo a cambio de una votación.

Por eso, hoy no discutimos solo un decreto ley, discutimos un método de demolición institucional que usa cuerpos estatales como moneda de cambio. Hoy son los habilitados, mañana podrían ser otros vértices del Estado porque, aceptado el precedente de hoy, no hay límite. Durante un siglo todos los regímenes han mantenido el carácter estatal del cuerpo por su función de control, y hoy se altera no para mejorar la Administración, sino para satisfacer exigencias orientadas a escapar de todo control. Y a esa lógica no vamos a contribuir, por eso no abriremos la caja de Pandora, envuelta en papel de regalo, como siempre. No aceptaremos que se mezcle lo necesario con lo inaceptable, no vamos a ceder al chantaje de quienes reducen la política a un precio semanal.

Los catalanes que amamos a nuestra tierra sin debilitar a España no queremos un Estado de retales normativos ni funcionarios sometidos a filtros ideológicos o lingüísticos. Queremos una Cataluña fuerte porque forma parte de una España fuerte, y una España fuerte requiere de instituciones sólidas, cuerpos nacionales firmes y garantías que no dependan del humor de una negociación. Por eso, votaremos en contra. No votamos en contra de autónomos ni en contra de las inversiones locales, votamos contra la farsa, contra el BOE como instrumento de pago, y votamos por la igualdad, la legalidad y la unidad institucional. Permítame añadir algo con transparencia: incluso sin esta cesión al separatismo catalán, ni las inversiones financieramente sostenibles ni VERI*FACTU merecen un voto favorable tal y como están. No lo harían, las inversiones se han convertido en un cajón donde cabe desde buena gestión hasta dejadez, y VERI*FACTU simboliza ―lástima que no esté el señor ministro― a un Gobierno que legisla sin coordinar ni medir el impacto sobre la economía real.

Pero todo eso es menor comparado con lo que hoy se pretende, porque estamos ante un chantaje directo del Gobierno a esta Cámara, al Congreso, que obliga a elegir entre lo razonable y lo destructivo, entre el alivio posible y la demolición de una institución básica. Y todo ello evidencia que el PSOE y Junts comparten una estrategia de erosión del Estado, una hoja de ruta que no consiste en gobernar, sino en desmontar piedra a piedra los mecanismos que garantizan igualdad e imparcialidad. La técnica es siempre la misma: usar lo accesorio para colar lo esencial. Porque lo más grave no es solo lo que Junts exige, es que el Partido

Socialista cede encantado, no como quien sufre un chantaje, sino como socio funcional y necesario del separatismo, dispuesto a trocear cuanto haga falta para seguir un día más en el poder. (Aplausos).

Por eso, vuestras señorías entenderéis que nuestra posición sea firme. No vamos a abrir la caja de Pandora, no. No vamos a entrar en el juego del chantaje legislativo y no vamos a permitir que se use el Congreso como ventanilla de pago para exigencia de quienes solo creen en España cuando pueden destruirla. Y, repito, a pesar de que después nos utilicen como chiquillos, como niños enfadados para decir que no hemos votado esto o que hemos votado en contra de aquello, nos da absolutamente igual lo que nos digan. Y es que a los traidores ningún perdón les alcanza. Nunca les alcanza ningún perdón, exclamó Lope de Vega (aplausos), y hoy resuena en estas Cortes españolas ante quienes ponen precio a las instituciones y convierten la lealtad en mercancía política.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Grazas, señor presidente. Señor ministro, este Real Decreto Lei 15/2025 de medidas urxentes para favorecer a actividade investidora das entidades locais e das comunidades autónomas parécenos necesario e ademais positivo. De facto, vai na dirección de que o BNG veu reclamando. No concreto, achamos que o contido dos artigos 1 e 2 constitúe unha medida positiva porque flexibiliza as condicións de aplicación do remanente de tesouraría derivados de superávits orzamentarios para poder realizar investimentos financeiramente sustentábeis que na situación de infrafinanciamento en que se encontran hoxe os concellos depende en grandes medidas das transferencias doutras administracións, especialmente no caso duns concellos galegos particularmente castigados polo infrafinanciamento. Quer dicir, esta norma posibilita que as entidades locais utilicen o superávit orzamentario resultante en 2024 para financiar investimentos financeiramente sustentables nos anos 2025-2027, en lugar de ficaren obrigados a destinar ese cedente só á redución de débeda, como esixe a regra xeral da Lei orgánica 2/2012 de estabilidade orzamentaria, orzamentaria e sustentabilidade financeira. Aliás, permite o mesmo tamén aplicado ás comunidades autónomas. Cuestionamos apenas que nos dous casos a medida sexa temporal, buscando aproveitar o superávit dun ano para activar proxectos de investimento nos anos seguintes. No noso punto de vista isto debería converterse en norma. En todo caso, son medidas positivas para concellos e comunidades autónomas, especialmente en termos de investimento público, capacidade de actuación e flexibilización orzamentaria e van permitir que as administracións locais e autonómicas poidan acometer proxectos necesarios, en infraestruturas, mellora de servizos públicos, mantemento, innovación, etcétera e incrementando a capacidade de investimento público e o seu efecto multiplicador sobre a economía. Constitúe, do noso punto de vista, un marco máis flexíbel e adaptado á realidade financeira actual, especialmente cando se dispón dun superávit e pode contribuír para o impulso á actividade local e ao benestar colectivo, pois os investimentos loxicamente deben traducirse en melloras directas para a poboación: transporte, servizos sociais, educación, saneamento e renovación de equipamentos, o que repercute en calidade de vida, creación de emprego e dinamización económica local. Sen dúbida, isto pode estimular a economía porque investir a nivel municipal ou autonómico implica traballo ou contratacións, obras, o que é como diciamos activa a economía nese ámbito, especialmente importante en municipios pequenos ou en zonas rurais, como na maior parte do territorio da Galiza, e aínda permite un uso, ao noso xuízo, máis eficiente dos recursos públicos evitando que o superávit fique inmobilizado ou simplemente destinado a reducir débeda cando en moitos casos as administracións afectadas non poden acometer investimentos relevantes e urxentes. Con todo, esta posibilidade debe observar unha serie de condicións e límites, pois os investimentos teñen que ser financeiramente sustentábeis segundo os criterios previstos na normativa e non poden xerar déficit, pois a medida permite investimentos con cargo ao superávit, mais garante que non incorra en balance negativo nese ou noutros exercicios. Quedei sen tempo para facer referencia a outros aspectos do Real Decreto, en todo caso, ademais de lamentarnos, como dicía antes, esa medida sexa concibida como temporal, o BNG vai apoiala, vai votar a favor. Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Señor ministro, este Real Decreto Ley 15/2025, de medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas, nos parece necesario y, además, positivo. De hecho, va en la dirección de lo que ha venido reclamando el BNG. Específicamente, nos parece que el contenido de los artículos 1 y 2 constituye una medida positiva, porque flexibiliza las condiciones de aplicación de los remanentes de tesorería derivados de superávits presupuestarios para poder realizar inversiones financieramente sostenibles, que en la situación de infrafinanciación en que se encuentran hoy los municipios depende, en gran medida, de las transferencias de otras Administraciones, especialmente en el caso de los ayuntamientos gallegos, particularmente castigados por esa infrafinanciación. Es decir, esta norma posibilita que las entidades locales utilicen el superávit presupuestario resultante en 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en los años 2025-2027, en lugar de quedar obligadas a destinar ese excedente solo a la reducción de deuda, como exige la regla general de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; y permite, además, lo mismo aplicado a las comunidades autónomas, por cierto. Lo único que cuestionamos es que en los dos casos la medida sea temporal, buscando aprovechar el superávit de un año para activar proyectos de inversión en los años siguientes. Desde nuestro punto de vista, esto debería convertirse en norma. En todo caso, son medidas positivas para municipios y comunidades autónomas, sobre todo en términos de inversión pública, capacidad de actuación y flexibilización presupuestaria, y van a permitir que las Administraciones locales y autonómicas puedan acometer proyectos necesarios en infraestructuras, mejoras de servicios públicos, mantenimiento, innovación, etcétera, aumentando la capacidad de inversión pública y su efecto multiplicador sobre la economía. Desde nuestro punto de vista, constituye un marco más flexible y adaptado a la realidad financiera actual, sobre todo cuando se dispone de un superávit que puede contribuir a impulsar la actividad local y el bienestar colectivo, pues lógicamente esas inversiones deben traducirse en mejoras directas para la población, en transporte, servicios sociales, educación, saneamiento o renovación de equipamientos, lo que repercute en calidad de vida, creación de empleo y dinamización de la económica local. Sin duda, esto puede estimular la economía, porque invertir a nivel municipal y autonómico implica trabajo, contrataciones y obras, lo que, como decíamos, activa la economía, especialmente en este ámbito tan importante en municipios pequeños o en zonas rurales, como es la mayor parte del territorio de Galicia. Es más, a nuestro juicio, permite un uso más eficiente de los recursos públicos, evitando que el superávit se quede inmovilizado o simplemente destinado a reducir la deuda, cuando en muchos casos las Administraciones afectadas no pueden acometer inversiones relevantes y urgentes. En todo caso, y a pesar de todo esto, esta posibilidad debe observar una serie de condiciones y límites, pues esas inversiones tienen que ser financieramente sostenibles, según los criterios previstos en la normativa, y no pueden generar déficit, pues la medida permite inversiones con cargo al superávit, pero en la medida en que no se incurra en un balance negativo en ese o en otros ejercicios. Me he quedado sin tiempo para hacer referencia a otros aspectos del real decreto. En todo caso, a pesar de lamentar que esta medida sea concebida como temporal, como decía antes, el BNG va a votar a favor. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Señor ministro, señorías, este real decreto consta de tres partes, pero para nosotras, Podemos, la primera, la principal y la más importante es la que muchas llevamos reclamando a nivel local durante años y años, ante la situación financiera que viven nuestros ayuntamientos, que se han visto afectados durante años por las políticas de austeridad ―no se nos olvida― del señor Cristóbal Montoro. Por cierto, ahora hemos conocido que la austeridad era para toda la población y todas las Administraciones, menos para él, su entramado de empresas, su despacho y sus empresas amigas. ¡Cuánto daño han hecho ustedes desde el Partido Popular, asfixiando a todo el mundo, mientras que los miembros de su partido se forraban a costa del resto! Y eso no lo vamos a olvidar. De hecho, por culpa de sus políticas, en muchas ocasiones, tanto en entidades locales como en comunidades autónomas se han podido generar superávits y remanentes de tesorería, pero no se han podido utilizar después para inversiones financieramente sostenibles. Por eso es fundamental no solo que puedan hacerlo, sino que además se les permita desarrollar proyectos que sean de interés público. Por lo tanto, en este sentido, estamos muy satisfechas.

Respecto a la segunda parte del decreto, que son los sistemas electrónicos, ante la inminencia de la entrada en vigor de la obligación prevista para el 1 de enero de 2026 para los contribuyentes del impuesto sobre sociedades que no están acogidos al suministro inmediato de información, el Gobierno toma la decisión de prorrogar hasta 2027 el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de las empresas y de los autónomos cumplan con los requisitos establecidos en el denominado reglamento VERI*FACTU. La verdad es que no se entiende por qué usan un real decreto ley para lo que podían haber modificado directamente en el Consejo de Ministros, y tampoco se entiende que esperen hasta el 2 de diciembre, cuando muchísimas pymes y muchos autónomos y autónomas ya han hecho la inversión para adaptarse a la nueva fórmula de facturación. Señorías del Partido Socialista y del Gobierno, a veces es más fácil hacer las cosas bien que hacerlas mal.

En ese sentido, también tenemos que hacer una crítica a la tercera parte de este real decreto que han incluido, y no entendemos tampoco muy bien por qué, que es la transferencia a la Generalitat de la competencia sobre los habilitados nacionales. Y lo decimos porque esto se ha hecho sin negociar directamente con el colectivo de trabajadores y trabajadoras que van a ver modificadas sus condiciones laborales, que hoy se manifiestan ante el Congreso. Desde Podemos nos hemos comprometido ―tengo que decirlo así― a incorporar en la tramitación como proyecto de ley la salvaguarda para que las condiciones laborales de este colectivo no se vean afectadas por esta decisión. Señores del Gobierno, desde nuestro punto de vista, primero hay que negociar con los trabajadores y las trabajadoras, y luego hay que regular, no al revés.

Aun así, votaremos a favor de este decreto, pero sí le pedimos por favor que, pudiendo hacer las cosas bien, no se hagan mal y que no se hagan tampoco en el último momento como van a hacer ―y eso nos preocupa mucho y lo quiero dejar aquí muy claro― con la prórroga de la suspensión de los desahucios que tantísimas familias están esperando que aprueben.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias. Egun on. Señorías, el Grupo Vasco va a votar a favor de este real decreto, y lo hacemos por coherencia y porque este texto, aunque sea de forma parcial, también recoge una reivindicación que el Partido Nacionalista Vasco hizo el otro día: fue el único grupo en plantear expresamente en el debate de la senda de estabilidad del pasado 27 de noviembre habilitar el uso del superávit de las Administraciones para destinarlo a inversiones financieras sostenibles. Lo dijimos entonces y lo repetimos hoy, porque de muy poco sirve ampliar el margen de déficit o tener superávit si después la regla de gasto impide utilizar los recursos disponibles. La regla de gasto vigente fija un límite de crecimiento del gasto del 3,5, calculado sobre los ingresos estables de las Administraciones, lo que significa que, incluso teniendo superávits o remanentes, no pueden destinarlos a inversiones si se supera este umbral y que, por mucha recaudación que haya, tampoco lo podrían hacer. Así es imposible impulsar políticas o inversiones necesarias. Pero el problema no es solo ese; el problema es que hoy el Estado convive, como ya dije, con una incoherencia normativa evidente porque está obligado a aplicar dos marcos incompatibles entre sí: por un lado, el marco europeo de estabilidad 2024, que es más flexible, y, por otro, la ley orgánica de estabilidad, un marco interno anual mucho más rígido, basado, además, en indicadores que Europa no usa y una regla que impide crecer, como he dicho, por encima de un margen aunque exista capacidad financiera para hacerlo. Por tanto, convivir con esos dos marcos, desde luego, genera confusión y bloqueo en la acción fiscal de las Administraciones, por eso defendemos y defendimos en su día que, mientras no se resuelva esta incompatibilidad mediante una reforma profunda de la ley de estabilidad y de la regla de gasto acorde al marco europeo, la única vía ―creemos― sensata y coherente es habilitar el uso de los remanentes y superávits para inversiones financieras sostenibles para que las Administraciones puedan invertir más allá de esos límites. En ese sentido, valoramos positivamente que el decreto ley habilite el uso del superávit de 2024, pero consideramos también, ministro, que debería habilitarse el uso del superávit de 2025 en tanto en cuanto no se reforme la ley de estabilidad. Por eso, como he dicho, lo razonable también sería habilitar el 2025 para que las Administraciones puedan invertir si tienen recursos para hacerlo.

Además, señorías, hablamos de inversiones o proyectos de envergadura ―obras hidráulicas; vivienda pública, como ha dicho el ministro; infraestructuras de transportes, saneamientos, equipamientos― y, quizá, el margen temporal que se habilita con solo un mes para la programación de inversiones, por lo menos en 2025, y una autorización que llega hasta el 2027, pueda ser insuficiente. Y es que, muchas veces, los plazos administrativos y de licitación no siempre encajan en horizontes tan estrechos y esto puede limitar el verdadero impacto de la medida. Creo que el señor Aizcorbe decía que permitir inversiones era un tanto dejadez, y yo creo que todo lo contrario porque, fíjense: si algo se demostró en pandemia es que se hicieron inversiones y gastos sociales de forma coherente cuando las reglas fiscales no estaban en vigor. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

En cuanto a la medida relativa a la ampliación del plazo para la entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, quiero subrayar que, efectivamente, como ya se ha dicho aquí, muchas empresas ya han realizado inversiones importantes para adaptarse. En Euskadi, desde luego, lo sabemos mejor que nadie porque contamos con el TicketBAI, un sistema pionero que creo que ha demostrado que la digitalización y la facturación ayudan también directamente a las pymes y autónomos, reduce cargas administrativas y permite que las haciendas forales elaboren los borradores de IVA, de sociedades y de renta facilitando enormemente la gestión de las pequeñas empresas y autónomos. Nuestro grupo no va a criticar la ampliación de este plazo, pero sí debemos señalar que estamos a 5 de diciembre, que la entrada en vigor estaba prevista para el 2026 y que esta es la segunda prórroga. Por lo tanto, hay empresas que han cumplido, han invertido, han hecho un esfuerzo y ahora ven retrasada esa obligación, y quizá sería razonable y justo que, si se pospone un año, se prevea algún mecanismo de compensación para quienes ya hayan hecho esta adaptación. En Euskadi, así se hizo: las haciendas forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa establecieron deducciones fiscales para cubrir los costes de implantación e incluso reducciones adicionales de la base imponible para quienes se incorporasen voluntariamente antes de la obligatoriedad. Creemos que, a lo mejor, se podría establecer algo así o inspirarse al menos en estas deducciones para no penalizar a los contribuyentes responsables que ya han cumplido con el sistema VERI*FACTU.

Eta azkenik, lege dekretu honek Kataluniari itzultzen dio enplegu eskaintza publikoaren kudeaketa eta gaitutako nazionalen hautaketa. Eta guztiz bat gatoz neurri horrekin, deszentralizazioa eta erkidegoen autonomia indartzen duelako. 2007tik 2013ra bitartean, autonomia erkidegoek kudeatu zituzten eskumen hauek, eta ondo funtzionatu zuten, nahiz eta beste batzuek kontrakoa esan. Gainera, gogoratu nahi dut Eusko Alderdi Jeltzaleak eskumen hori berreskuratu zuela Euskadirentzat, bi legeetan, baina PPek helegitea aurkeztu zuen Auzitegi Konstituzionalean birzentralizazioaren aldeko talde batek, eta gainera, errekurtso hori jarri zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra daukan gurutzada partikular baten ondorioz. Egia esan, Junts jaun-andreok, hau, antza, zuen aldarrikapen bat da, eta ez dugu zoritxar-igorle izan nahi, baina itxura guztien arabera, batzuek gaur be amen esan dute. Kataluniarako neurri honen aurka egingo, edo egiten saiatuko dira, azken batean ez dutelako estatu deszentralizatu batean sinisten.

Finalmente, este decreto ley devuelve a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y la selección de nacionales habilitados, y compartimos plenamente esta medida porque refuerza la descentralización y la autonomía de las comunidades. Entre 2007 y 2013, las comunidades autónomas gestionaron estas competencias y funcionó bien a pesar de que otros afirmaran lo contrario. Quiero recordar, además, que el PNV recuperó esa competencia para Euskadi, pero que el PP presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, un grupo favorable a la recentralización que, además, interpuso el recurso por la particular cruzada que mantiene contra el PNV. La verdad es que, señorías de Junts, no queremos ser agoreros ante esta reivindicación, pero todo indica que hay quien intentará también arremeter contra esta medida para Cataluña, porque, en definitiva, no creen en un Estado descentralizado.

Finalizo. Votaremos a favor, como he dicho, de este decreto… …superabitarekin inbertsioak egiteko aukera ematen duelako. Finantza aldetik jasangarriak diren inbertsioetan erabiltzeko aukera ematen du. 2024ko gaikuntza baloratzen dugu, baina 2025eko superabitaren erabilera ere baimentzea eskatzen dugu. VERI*FACTU sistemaren luzapena ikusten ez dugun arren, ez gaude horren aurka. Euskadik dagoeneko badaukalako TicketBAI sistema propioa erabat inplementatuta eta eraginkorra eta bat gatozelako Kataluniara itzultzearekin lan-eskaintza publikoaren kudeaketa eta gaitutako nazionalen hautaketa Kataluniaren autonomia eta deszentralizazioa indartzen du, Euskadiren aurrekariari jarraituz. Eskerrik asko.

… porque permite hacer inversiones con el superávit, porque permite utilizarlo en operaciones financieramente sostenibles y porque valoramos la habilitación para el 2024, pero solicitamos que se autorice también el uso del superávit del 2025. Aunque no hemos visto la prórroga del sistema de VERI*FACTU, no nos oponemos a ella porque Euskadi ya dispone de un sistema propio, TicketBAI, totalmente implementado y eficiente, y porque apoyamos completamente devolver a Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y la selección de los habilitados nacionales ya que refuerza la autonomía y descentralización de Cataluña, siguiendo el precedente de Euskadi.

Eskerrik asko.

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Egun on guztioi. Este real decreto que hoy se somete a convalidación contiene tres cuestiones importantes. La primera, la prórroga de la aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que posibilita utilizar el superávit del 2024 obtenido por las entidades locales para realizar inversiones financieramente sostenibles en los ejercicios 2025, 2026 y 2027. Bienvenida sea esta prórroga que permite a los ayuntamientos utilizar sus remanentes y que abre un paréntesis en esa medida impuesta en 2012 por el ministro Montoro, una medida injusta a todas luces. La eliminación de esta ley de estabilidad presupuestaria es una exigencia que a menudo se ha planteado en esta tribuna ―también por nuestra parte― y es una demanda generalizada por parte de los ayuntamientos que la sufren. Hemos calificado más de una vez esta ley todavía en vigor como un sinsentido, porque, además de una conculcación de la autonomía municipal, es una imposición injusta y una medida cuestionable incluso en su eficacia real; salvo, claro, por el hecho de que han sido los ayuntamientos los que han permitido durante años cuadrar las cuentas al Estado para cumplir con los objetivos de déficit. Porque ahí, solo ahí y solo para el Estado, radica la eficacia de esta medida. Así que, como decía, bienvenida sea la prórroga, bienvenida sea la posibilidad de que los ayuntamientos puedan utilizar su dinero en lo que realmente necesitan, pero no podemos olvidar que este Gobierno también tiene esta tarea pendiente: la de reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que acaben de una vez y por todas las restricciones que impuso el Partido Popular de Cristóbal Montoro. La segunda cuestión importante: otra prórroga, la de la fecha límite para implantar la facturación digital. El registro de facturación digital supone un mayor control tributario de los ingresos de los negocios y la declaración de todas las operaciones de ventas realizadas. En resumen, un control fiscal de empresas y autónomos que tiene el objetivo de evitar el fraude fiscal y asegurar que todas las facturas emitidas queden registradas, en nuestro caso, en las haciendas forales correspondientes. En la Comunidad Autónoma vasca prácticamente está implantado, es lo que se conoce como el TicketBAI, que empezó a implantarse progresivamente desde 2022, y en la Comunidad Foral de Navarra también está en marcha desde 2024. Se pide una prórroga para aumentar el periodo de adaptación, y no nos opondremos a ella. Finalmente, el real decreto ley aborda el régimen aplicable al personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional en Cataluña, que será asumido por la Generalitat en los términos que establezca la normativa autonómica. Estamos hablando de los secretarios y las secretarias, interventores y tesoreros y tesoreras de la Administración local, que integran el denominado cuerpo de funcionarios con habilitación de carácter nacional. En los últimos años, en la Comunidad Autónoma vasca se han producido varios intentos de recuperar los nombramientos de los denominados habilitados nacionales. En 2024, el Tribunal Constitucional tumbó una de las decisiones por entender que el trámite no era adecuado al canalizarse a través de una enmienda a los presupuestos generales de 2022. Posteriormente, el Real Decreto Ley 6/2023 también contemplaba esta medida, y ya más recientemente se incorporó a la Ley Orgánica 1/2025, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. El Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a esta última norma y también se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y ambas están pendientes de resolver. Desearíamos que este real decreto ley no corriera la misma suerte, sobre todo porque ya anteriormente, tanto en Cataluña como en nuestras instituciones, se gestionaron estas competencias en el periodo 2009-2013, en los años en los que estuvo vigente la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. En ella se otorgaba a cada comunidad la gestión de estos puestos de trabajo, selección, nombramientos y convocatoria de ofertas de empleo. Fue Mariano Rajoy ―de nuevo con Cristóbal Montoro en la cartera de Función Pública― quien cambiaría de nuevo el régimen de estos funcionarios para que fuesen habilitados nacionales. El Partido Popular, como siempre, en contra de los ayuntamientos y atacando las competencias en su espiral recentralizadora.

La realidad es que hay miles de puestos vacantes que no se cubren porque no hay efectivos. Naturalmente, todo esto funcionaría mucho mejor si se pudieran hacer las convocatorias de puestos en cada territorio, algo que además eliminaría ese plus de incertidumbre que se genera en las personas que acceden a unas oposiciones sin saber en qué punto del mapa ibérico van a conseguir la plaza. De todos estos procesos largos y laberínticos lo más curioso es la argumentación que esgrimen quienes defienden que secretarios, interventores o tesoreros sean nombramientos del Estado, porque es un argumento eminentemente político, basado además en un conjunto de prejuicios y presunciones como que los interventores o secretarios nombrados por el Estado son los que garantizan realmente la legalidad en los ayuntamientos y que la corrupción sea perseguida, mientras que los interventores o secretarios que dependen de las comunidades autónomas podrían verse influenciados por el entorno político. Lo que no aclaran es qué pócima mágica utilizan en los exámenes de habilitación nacional para conseguir ese halo de incorruptibilidad, esa capacidad que, al parecer, no puede conseguir el resto. Porque francamente, señorías, visto cómo de no ya influenciados, sino directamente teledirigidos políticamente están los estamentos de este Estado, obviamente el argumento se cae por su propio peso. Secretaría, intervención y tesorería son elementos fundamentales en la Administración local. Son fundamentales para el servicio público que deben ofrecer, y como tal deben ser considerados. Para acabar con la interinidad eterna en la que se encuentran centenares de estos puestos, reclamamos una vez más que, al igual que se explicita en este decreto para Cataluña, las sentencias que deben darse respecto a la comunidad autónoma vasca sean favorables a lo que los ayuntamientos necesitan.

Señorías, por todas estas razones, votaremos a favor de este real decreto ley, que sí incluye diferentes medidas en diferentes ámbitos. De hecho, cualquiera podría calificarlo como ómnibus, cuestión esta que, recordarán, generaba una gran oposición cuando lo que incluían eran medidas sociales y se convirtió en la excusa perfecta para que algunos se opusieran y rechazaran medidas de protección social para la ciudadanía. Nos alegra ver que esto ya no pasa, que esto ya no es un problema y que estas excusas no servirán para negar derechos básicos en el futuro o, por lo menos, esperamos eso.

Besterik ez. Eskerrik asko. (Aplausos).

Senyora presidenta. Senyor ministre, senyories, bon dia. Junts per Catalunya només té una raó de ser: treballar per Catalunya i pels catalans. Per això, vàrem signar a principis de legislatura un acord d’investidura, no de legislatura, que supeditava l’estabilitat al compliment dels acords als que s’anés arribant. La lògica és molt senzilla: Els titulars no ens valen. El que ens interessa és que els acords es compleixin i que les lleis s’aprovin; si no, ens n’anem. I fa un mes i mig, després d’advertir repetidament sobre els incompliments sistemàtics del PSOE, vam sortir del marc de negociació. Nosaltres no negociem amb el Govern espanyol. Hi ha una llista de coses pendents i els deutes amb Catalunya no prescriuen. Amb aquest Reial decret, un cop més, s’evidencia que mantenir la posició i forçar fins al límit el Partit Socialista dona resultats i serveix per canviar les coses. Serveix per donar solucions als problemes concrets de treballadors, comerciants, autònoms, petites empreses, els ajuntaments, els ciutadans de Catalunya. El Reial decret llei respon a necessitats concretes de sectors molt perjudicats per la deixadesa del Govern espanyol. Com dèiem abans, autònoms, petites empreses i ajuntaments són els principals afectats. Amb aquest Reial decret llei, el que veiem és que el govern espanyol s’ha donat finalment per assabentat i ha posat negre sobre blanc algunes de les qüestions que tenia pendents amb nosaltres. De fet, en aquest Reial decret llei només hi ha temes de Junts per Catalunya. En primer lloc, es compleix amb el compromís amb Junts sobre el superàvit de les administracions. Les normes que regulen l’ús del romanent de tresoreria del 2024 per als ajuntaments, diputacions i Generalitat de Catalunya es prorroguen per als anys 2025, 2026 i 2027. Què vol dir això? Vol dir inversió en habitatge públic. Vol dir inversió en serveis, en serveis essencials com l’abastiment d’aigua o l’enllumenat, en transports, en centres escolars, en clavegueram, assistència social, eficiència energètica. Vol dir oxigen per als ajuntaments, per millorar la vida dels ciutadans. Uns ajuntaments que podran recórrer a aquest superàvit per a inversions sostenibles als anys vinents.

És una mesura que reivindica tot el món local, que és de sentit comú i que no entenem com el PSOE l’ha tingut bloquejada en contra dels interessos dels ciutadans tot aquest temps. És una mesura que fa front a l’infrafinançament que arrosseguen les administracions locals i que ara, gràcies a Junts, permetrà que els ajuntaments puguin destinar el seu superàvit a habitatge públic i a la resta d’inversions que considerin necessàries per al benestar dels seus veïns.

En segon lloc, hem aconseguit ajornar l’entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, una mesura que els autònoms i les pimes del teixit productiu de Catalunya demanaven, perquè la seva implantació és molt costosa i complicada. Quin és el problema amb aquesta mesura? Doncs que van tard, senyors del Govern, van tard, van molt tard. Fa mesos que saben que això s’havia de fer. S’hagués hagut de fer fa molt de temps i ho fan ara, a quatre dies d’entrar en vigor. I ara ens trobem que les empreses que van fer la sol·licitud per entrar al SII, al subministrament immediat d’informació, per evitar el VERI*FACTU resulta que estan condemnades a quedar-se en aquest sistema tot l’any que ve. I les empreses que van entrar voluntàriament al VERI*FACTU, per preparar-se i fer proves, no poden sortir-ne fins a finals del 2026. En els dos casos cal que aquestes empreses puguin fer marxa enrere. No pot ser que el benefici sigui només per als que ho deixen tot a última hora i que es penalitzi els que han estat previsors i ho han volgut fer bé. Prenguin nota. Prengui nota. Solucionin aquest problema que han generat amb el seu retard. Per fer-ho, no cal cap canvi legislatiu. Amb normes reglamentàries i unes instruccions clares per part de l’AEAT, que és l’organisme que ho ha de gestionar, n’hi ha prou. En altres ocasions, quan els ha interessat, ho han fet així i no ha passat absolutament res.

Acabo, vaig acabant. Secretaris interventors, hi ha dues maneres d’enfocar la qüestió dels habilitats nacionals. Una, la del Govern socialista de la Generalitat de Catalunya, la del senyor Dalmau i que també, per cert, va ser la del Govern Aragonès. Aquesta via consisteix a suplicar al Govern espanyol que deixi posar taules i cadires per fer unes proves a Barcelona, unes proves que evidentment han de ser en castellà i que permeti a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya fer quatre cursos, el que en diuen la cogestió. Hi ha una altra via per enfocar el tema dels secretaris interventors: un règim específic per a Catalunya a la Llei de Bases del Règim Local que, partint dels drets històrics reconeguts a l’Estatut de Catalunya en règim local, permetin a la Generalitat assumir la gestió integral dels funcionaris habilitats estatals. Això vol dir la creació dels llocs, la selecció, els nomenaments i també, i també, l’habilitació. Això és el que no van aconseguir els que tenien la clau la passada legislatura; de fet, ni tant sols s’ho van plantejar. Això és el que no ha aconseguit la comissió bilateral Estat-Generalitat. Això és el que és el que no ha aconseguit el Govern Illa. Això és el que no han aconseguit els 19 diputats del PSC en aquesta cambra. I això és el que ha aconseguit Junts per Catalunya. Ens hem plantat en la defensa de la bilateralitat i ho hem aconseguit. Ara mateix, gràcies a Junts per Catalunya, és vigent, és vigent a Catalunya un règim amb rang legal bàsic que excepciona en el règim general i que permet a la Generalitat tenir totes les eines per fer front al dèficit estructural de secretaris interventors que pateixen els nostres ajuntaments. Ara mateix és vigent. Això és el que ens demanen els batlles catalans. Això és el que teníem abans de la derogació de la LRSAL el 2013. I això és el que pertoca d’acord amb l’Estatut, senyor Aizcorbe. Això és el que preveu l’Estatut d’Autonomia, un desenvolupament propi per a Catalunya del règim local que inclou, evidentment, secretaris interventors. I això, per cert, és el que Junts per Catalunya va acordar el gener del 2024 per a l’aprovació dels reials decrets lleis aquell gener, doncs bé, de fa dos anys. I això, senyores i senyors, insisteixo, ja és vigent.

Moltes gràcies.

Señora presidenta, señor ministro, señorías, buenos días. Junts per Catalunya solo tiene una razón de ser, trabajar por Cataluña y por los catalanes, y por ello firmamos a principios de legislatura un acuerdo de investidura, no de legislatura, que supeditaba la estabilidad al cumplimiento de los acuerdos a los que se hubiera llegado. La lógica es muy sencilla: los titulares no nos valen, lo que nos interesa es que los acuerdos se cumplan y que las leyes se aprueben. Si no, nos vamos. Y hace un mes y medio, tras advertir repetidamente sobre los incumplimientos sistemáticos del PSOE, salimos del marco de negociación. Nosotros no negociamos con el Gobierno español; hay una lista de acuerdos pendientes y las deudas con Cataluña no prescriben. Con este real decreto de nuevo se evidencia que mantener una posición y forzar hasta el límite al Partido Socialista da resultados y sirve para cambiar las cosas. Sirve para dar soluciones a los problemas concretos de trabajadores, comerciantes, autónomos, pequeñas empresas, a los ayuntamientos y a los ciudadanos de Cataluña.

El real decreto ley responde a necesidades concretas de sectores muy perjudicados por la dejadez del Gobierno español. Como decíamos antes, autónomos, pequeñas empresas y ayuntamientos son los principales afectados. Con este real decreto ley lo que vemos es que el Gobierno español por fin se ha dado por enterado y ha puesto negro sobre blanco algunas de las cuestiones que tenían pendientes con nosotros. De hecho, en el real decreto ley solo hay temas de Junts per Catalunya. En primer lugar, se cumple con el compromiso con Junts sobre el superávit de las Administraciones. Las normas que regulan el uso del remanente de tesorería de 2024 para los ayuntamientos, diputaciones y la Generalitat de Catalunya van a prorrogarse para los años 2025, 2026 y 2027. ¿Qué significa esto? Significa inversión en vivienda pública, significa inversión en servicios esenciales como el abastecimiento de agua, la iluminación, transportes, centros escolares, saneamiento de aguas, eficiencia energética. Significa oxígeno para los ayuntamientos, para mejorar la vida de los ciudadanos, unos ayuntamientos que podrán recurrir a este superávit para inversiones sostenibles en los años próximos.

Es una medida que reivindica todo el mundo local, que es de sentido común y que, además, no entendemos cómo el PSOE la ha tenido bloqueada en contra de los intereses de la ciudadanía tanto tiempo. Es una medida que afronta la infrafinanciación que arrastran las Administraciones locales y que ahora, gracias a Junts, va a permitir que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a vivienda pública y al resto de inversiones que consideren necesarias para el bienestar de sus vecinos.

En segundo lugar, hemos conseguido aplazar la entrada en vigor del sistema VERI*FACTU, una medida que los autónomos y las pymes del tejido productivo de Cataluña pedían porque su implantación es muy costosa y complicada. ¿Cuál es el problema con esa medida? Pues que van tarde, señores del Gobierno. Llegan tarde, llegan muy tarde. Hace meses que saben que esto había que hacerlo, se tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Lo hacen ahora, a cuatro días de que entre en vigor, y ahora nos encontramos que las empresas que realizaron la solicitud para entrar en el SII, el Suministro Inmediato de Información, para evitar el VERI*FACTU, resulta que están condenadas a quedarse en este sistema todo el año próximo, y las empresas que entraron voluntariamente en VERI*FACTU para prepararse y realizar pruebas no pueden salir hasta finales de 2026. En los dos casos, hace falta que estas empresas puedan dar marcha atrás. No puede ser que el beneficio sea solo para quienes lo dejan todo para última hora y que se penalice a quienes han sido previsores y lo han querido hacer bien. Tomen nota y resuelvan este problema que han generado con su atraso. Para hacerlo, no hace falta ningún cambio legislativo. Con normas reglamentarias y unas instrucciones claras por parte de la AEAT, que es el organismo que lo debe gestionar, bastaría. En otras ocasiones, cuando les ha interesado, así lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada.

Voy terminando. Secretarios e interventores. Hay dos formas de enfocar la cuestión de los habilitados nacionales. Una, la del Gobierno socialista de la Generalitat de Catalunya, la del señor Dalmau, y que también, por cierto, fue la del Gobierno Aragonès. Esta vía consiste en suplicar al Gobierno español que deje poner mesas y sillas para hacer unas pruebas en Barcelona, unas pruebas que, evidentemente, tienen que ser en castellano, y que permita a la Escuela de Administración Pública de Cataluña realizar cuatro cursos, lo que llaman cogestión. Hay otra vía para enfocar el tema de los secretarios e interventores, un régimen específico para Cataluña en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que partiendo de los derechos históricos reconocidos en el Estatuto de Cataluña en régimen local permita a la Generalitat asumir la gestión integral de los funcionarios habilitados estatales. Esto significa la creación de los puestos, la selección, los nombramientos y también la habilitación. Esto es lo que no consiguieron quienes tenían la llave la pasada legislatura; de hecho, ni siquiera se lo plantearon. Es lo que no ha conseguido la comisión bilateral Estado-Generalitat, y es lo que no han conseguido el Gobierno Illa ni tampoco los diecinueve diputados del PSC en esta Cámara. Eso, sin embargo, es lo que sí ha conseguido Junts per Catalunya, nos hemos plantado en defensa de la bilateralidad y lo hemos conseguido. Ahora, gracias a Junts per Catalunya, está vigente en Cataluña un régimen con rango legal básico que excepciona el régimen general y que permite a la Generalitat tener todas las herramientas para afrontar el déficit estructural de secretarios e interventores que sufren nuestros ayuntamientos. Ahora mismo está vigente, en estos momentos. Es lo que nos piden los alcaldes catalanes. Esto es lo que teníamos antes de la derogación de la LRSAL, de 2013, y esto es lo que toca de acuerdo con el estatuto. El estatut, señor Aizcorbe, es lo que prevé el estatuto de autonomía, un desarrollo propio para Cataluña del régimen local, que también incluye a secretarios e interventores. Esto, por cierto, es lo que Junts per Catalunya acordó en enero de 2024 mediante la aprobación de los reales decretos leyes. Fue en enero de hace dos años, como recordarán. Esto, señoras y señores, ya está vigente.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Salutacions, diputats i diputades. Avui debatem un Reial Decret, el 15/2025, que nosaltres el podríem anomenar un decret, que és un bunyol, sincerament, un text que el Govern presenta com una resposta urgent a tres àmbits molt diferents. Si aquests tres àmbits són molt diferents, l’hem de votar a favor o l’hem de votar en contra? Què fem? Perquè aquí han barrejat tota una sèrie de mesures que no tenen a veure amb una cosa amb una altra. D’una banda, la possibilitat que els ajuntaments utilitzin el superàvit del 2024 per finançar inversions en els propis exercicis. La setmana passada vostès, senyories del PSOE, al Senat, ho van votar en contra. Per què ho hauríem de votar nosaltres avui a favor? De l’altra banda, el traspàs de la gestió dels funcionaris habilitats nacionals a la Generalitat de Catalunya. Ho tenim amb una esmena a la Llei de Funció Pública. Per què ho hem de votar avui a favor aquest Reial decret? I, finalment, un ajornament del sistema VERI*FACTU que havia de modernitzar la gestió tributària de centenars de milers d’empreses, per què l’hem de votar a favor? I les empreses que han fet la feina, que els hi passa a aquestes empreses? Podem enfrontar aquest decret llei amb la responsabilitat de sempre, donant suport al que ajuda i denunciant el que no ens agrada del problema. Però el PSOE ens demostra que li encanta anar a cop de volant. Per tant, avui potser ens permetem el luxe també d’anar a cop de volant. Vaig a desgranar. Començo pel primer bloc. Esquerra Republicana no pot votar en contra. Per què? Per què no poden votar en contra? Si vostès, el Senat, ho van votar en contra. Nosaltres vam presentar una mesura que donava una mica més d’aire als ajuntaments que el seu Reial decret. Esquerra Republicana és un partit de essència municipalista i, com a tal, som un grup que hem defensat l’autonomia local i la sobirania financera municipal. Aquest Reial decret no resol el problema estructural. És un pedaç temporal. Només permet utilitzar el superàvit del 2024 i, a més, amb uns requisits tan estrictes que gairebé fan inviable planificar i executar inversions al 2026 o al 2027. El Govern manté exactament el mateix marc del Partit Popular: inversions financerament sostenibles. Són un instrument creat pel Partit Popular i que vostès prorroguen any rere any. Avui el PSOE perpetua aquest model. Aquesta és la setena pròrroga d’un marc «austeritari» del PP, el mateix que va limitar els ajuntaments durant una dècada. I això no és respectar l’autonomia municipal. I sobretot, això impedeix planificar i cap ajuntament pot treballar amb serietat quan cada any depèn d’un pedaç, d’un decret, d’una excepció. Per això, Esquerra Republicana hi vam treballar i vam defensar aquesta proposició de llei que vam presentar al Senat i que ara també hem registrat aquí al Congrés amb quatre objectius: flexibilitzar la regla de despesa, permetre l’ús lliure dels superàvits —‌perquè aquest Reial decret, això no ho fa— transposar el nou marc fiscal europeu aprovat fa gairebé dos anys i que el Govern encara no ha aplicat, repartir de manera justa els objectius de dèficit i deute entre l’Estat, les comunitats i els ajuntaments en proporció a la despesa que executen i derogar d’una vegada la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el ministre Montoro, que va ser la mà que va perpetrar el major atac del PP contra l’autonomia local. Per tant, lamentem profundament que vostès, juntament amb el PP al Senat la setmana passada, bloquegessin aquesta iniciativa. Mentrestant, els ajuntaments tenen milions congelats als bancs i mentre falten recursos per a habitatge públic o serveis socials. Quan l’administració més propera no pot respondre, es deixa un espai immens perquè creixi la demagògia de l’extrema dreta. Això és el que estan fent vostès, fer créixer l’extrema dreta. Tenen una altra opció al Congrés. Hem registrat aquest projecte de llei aquí. Veurem el que faran, votin-lo. El segon bloc, el decret llei és el traspàs a la Generalitat del nomenament i gestió de secretaris interventors i tresorers municipals. Recordem que el 2012 ja teníem aquesta competència i el Govern espanyol va retirar aquestes competències a la Generalitat i va deixar centenars d’ajuntaments sense els funcionaris. La situació, certament, ha anat empitjorant i avui és totalment insostenible. I aquest ha estat un combat persistent des del nostre grup parlamentari i també des del govern republicà la legislatura passada. A principis d’aquest any vam aconseguir un acord amb el PSOE en el marc de la Llei de Funció Pública. La tenen parada. Tenim una esmena que resolia per llei aquest tema. Vostès ho tenen encallat els darrers mesos. Ara, això sí, això està bé, val més tard que mai, perquè el que importa és que Catalunya recuperi aquesta gestió, però fem-ho bé, no a mesura d’un reial decret que no té ni solta ni volta.

I en tercer lloc, el VERI*FACTU, un nou ajornament d’aquest sistema. Cal ser clars. Aquest canvi de rumb a última hora és un error greu. Saben què? Estem convençuts que l’Agència Tributària no havia fet la feina i ara es treuen un reial decret de la màniga dient que ho fan per les empreses. Però les empreses serioses, moltes empreses, sobretot petites i mitjanes, ja havien fet l’esforç per adaptar-se a aquest sistema. Havien invertit en software, formació i reorganització interna. Alguns fins i tot havien invertit els diners del Kit Digital en fer això.

Què els diu avui el Govern? Que tot podia esperar, que la paraula donada no té cap valor, que les normes són mòbils. Qui compensarà a les petites i mitjanes empreses que havien fet la feina? El VERI*FACTU, senyories del Govern, era només una obligació. Vostès ho vestien com una oportunitat per facilitar la gestió tributària, per modernitzar el teixit productiu, per reduir càrregues administratives i per lluitar contra el frau fiscal. Aquest reial decret, el que fa al Govern és generar inseguretat jurídica i transmetre improvisació. És molt fàcil avui omplir-se la boca dient que es defensa la petita empresa, però la realitat és que vostès han generat confusió i penalitzen, precisament, penalitzen precisament, el que més esforç ha fet per complir. I ara el que cal és una regulació clara, estricta i estable i alhora un acompanyament real en la transició. No es pot governar tal com estan fent vostès a cop de volant.

Acabo, presidenta. Aquest reial decret conté mesures que podríem compartir parcialment, però també evidencia un cop més la manca d’estratègia i de visió a mitjà termini del Govern espanyol. Nosaltres, com sempre, hi som per defensar els ajuntaments, que necessiten recursos i llibertat per decidir. Votin el projecte de llei que la setmana passada van votar en contra. El país, que ha de recuperar les seves competències plenes, trameten la Llei de Funció pública, que la tenen parada i les petites i mitjanes empreses que necessiten estabilitat i no girs bruscos.

Hi serem, com hi som sempre, sobretot per garantir que aquestes mesures no siguin pedaços, sinó passos reals cap a un model més just i més eficient, més respectuós cap a l’autonomia del nostre territori, però cal que ho facin bé. I realment aquest Reial decret el podem definir com el Real decret bunyol, perquè és el que és: un gran bunyol a la democràcia, un gran bunyol a fer les coses malament i a votar en contra de lleis que ho poden solucionar per després portar-ho a un real decret que l’únic que fa és fer un pedaç.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Saludos, diputados y diputadas. Hoy debatimos un real decreto, el 15/2025, que podríamos decir un decreto que es un auténtico churro, sinceramente. Un texto que el Gobierno presenta como una respuesta urgente a tres ámbitos muy distintos. Si estos tres ámbitos son muy distintos, ¿tenemos que votar a favor o tenemos que votar en contra?, ¿qué hacemos? Porque aquí se han mezclado una serie de medidas que no tienen que ver las unas con las otras. Por un lado, la posibilidad de que los ayuntamientos utilicen el superávit de 2024 para financiar inversiones en los propios ejercicios. La semana pasada ustedes, señorías del PSOE, en el Senado votaron en contra, ¿por qué ahora tendríamos que votar a favor nosotros? Por otro lado, contempla el traspaso de la gestión de los funcionarios habilitados nacionales a la Generalitat de Catalunya. Lo tenemos en una enmienda a la ley de función pública, ¿por qué tenemos que votar a favor hoy?, ¿por qué tenemos que votar a favor de este real decreto hoy? Por último, hubo un aplazamiento del sistema VERI*FACTU que tenía que modernizar la gestión tributaria de centenares de miles de empresas. ¿Por qué tenemos que votar a favor? Y las empresas que sí han hecho los deberes ¿qué les pasa a ellas? Podemos afrontar este decreto ley con la responsabilidad de siempre, dando apoyo a quien ayuda y denunciando lo que no nos gusta del problema. Pero el PSOE nos demuestra que le encanta ir a volantazos, así que hoy quizás nos permitiremos el lujo también de ir dando bandazos. Voy a desgranar el tema. Empiezo por el primer bloque. Esquerra Republicana no puede votar en contra. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos votar en contra? Si ustedes en el Senado votaron en contra. Nosotros presentamos una medida que daba un poco más de aire a los ayuntamientos que su real decreto. Esquerra Republicana es un partido de esencia municipalista y, como tal, somos un grupo que ha defendido la autonomía local y la soberanía municipal y la autosuficiencia. Este real decreto no resuelve el problema estructural, es un parche temporal que solo permite utilizar el superávit de 2024 y, además, con unos requisitos tan estrictos que prácticamente hacen inviable planificar y ejecutar inversiones en 2026 o en 2027. El Gobierno mantiene exactamente el mismo marco que el Partido Popular, las inversiones financieramente sostenibles. Son un instrumento que creó el Partido Popular y que ustedes prorrogan año tras año. Hoy el PSOE perpetúa este modelo, esta es la séptima prórroga de un marco ‘austeritario’ del PP, el mismo que limitó a los ayuntamientos durante una década. Esto no es respetar la autonomía municipal. Y, sobre todo, ello impide planificar y ningún ayuntamiento puede trabajar con seriedad cuando depende todos los años de un decreto, de una excepción, de un parche.

Por ello, Esquerra Republicana trabajó en este tema y defendió una proposición de ley que presentó en el Senado ―y que ahora también hemos registrado aquí en el Congreso― con cuatro objetivos: flexibilizar la norma de gasto; permitir el uso libre de los superávits, porque este real decreto no lo hace; transponer el nuevo marco fiscal europeo aprobado hace casi dos años y que el Gobierno todavía no ha aplicado; repartir de forma justa los objetivos de déficit y deuda entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos proporcionalmente según el gasto que ejecutan, y derogar de una vez por todas la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El ministro Montoro fue la mano que perpetró el mayor ataque del PP a la autonomía local. Así que lamentamos profundamente que ustedes, junto con el PP en el Senado la semana pasada, bloquearan esta iniciativa. Mientras tanto, los ayuntamientos tienen millones congelados en los bancos y faltan recursos para vivienda pública o servicios sociales. Cuando la Administración más cercana no puede responder, se deja un hueco enorme para que crezca la demagogia de la extrema derecha, y esto es lo que están haciendo ustedes, hacer crecer a la extrema derecha. Tienen otra opción en el Congreso puesto que hemos registrado esta proposición de ley, veremos lo que hacen. Apóyenla.

Segundo bloque. El decreto ley es el traspaso a la Generalitat del nombramiento y gestión de secretarios, interventores y tesoreros municipales. Recordemos que en 2012 ya teníamos esta competencia y el Gobierno español retiró estas competencias de la Generalitat y dejó centenares de ayuntamientos sin los funcionarios. La situación, es cierto, ha ido empeorando y a día de hoy es totalmente insostenible. Este ha sido un combate, una lucha persistente en nuestro grupo parlamentario y también en el Gobierno republicano en la legislatura pasada. A principios de este año conseguimos un acuerdo con el PSOE en el marco de la ley de función pública, pero la tienen parada. Teníamos una enmienda que resolvía este tema, pero ustedes lo tienen atascado en los últimos meses. Esto está bien, mejor tarde que nunca, ¿verdad? Porque lo que importa es que Cataluña recupere esta gestión. Pero hagámoslo bien, no con un real decreto que no tiene ningún sentido.

En tercer lugar, el VERI*FACTU. Aplazamiento de nuevo del sistema. Seamos claros. Este cambio de rumbo a última hora es un error grave. ¿Saben qué? Estamos convencidos de que la Agencia Tributaria no había hecho los deberes y ahora se sacan un real decreto de la manga diciendo que lo hacen por las empresas. Pero las empresas serias, muchas empresas, sobre todo pymes, ya habían hecho el esfuerzo por adaptarse a este sistema. Habían invertido en software, en formación y reorganización interna. Algunos incluso habían invertido el dinero del kit digital en hacerlo.

¿Qué les dice hoy el Gobierno? Que todo podía esperar, que la palabra que se dio no tiene ningún valor y que las normas son móviles. ¿Quién va a compensar a las pymes que habían hecho los deberes? VERI*FACTU, señorías del Gobierno, ¿era solo una obligación? Ustedes lo vestían como una oportunidad para facilitar la gestión tributaria, para modernizar el tejido productivo, para reducir cargas administrativas y luchar contra el fraude fiscal. Lo que hace el Gobierno con este real decreto es generar inseguridad jurídica y transmitir improvisación. Es muy fácil llenarse la boca hoy diciendo que se defiende a las pequeñas empresas, pero la realidad es que ustedes han generado confusión y penalizan precisamente a los que más esfuerzo han hecho para cumplir. Y ahora lo que hace falta es una reglamentación clara, estricta y estable, y un acompañamiento real en la transición. No se puede gobernar como lo hacen ustedes, así, a volantazos.

Termino, presidenta. Este real decreto ley contiene medidas que podríamos compartir parcialmente, pero también pone de manifiesto una vez más la falta de estrategia y de visión a medio plazo del Gobierno español. Nosotros, como siempre, ahí estamos para defender a los ayuntamientos, que necesitan recursos y libertad para decidir. Voten a favor la proposición de ley que votaron la semana pasada en contra. El país tiene que recuperar sus competencias plenas. Pues bien, tramiten la ley de función pública, que la tienen parada. Las pequeñas y medianas empresas necesitan estabilidad y no estos volantazos.

Estaremos, como siempre, para garantizar que estas medidas no sean parches, sino pasos reales hacia un modelo más justo y eficiente, más respetuoso con la autonomía de nuestro territorio. Pero hace falta que lo hagan bien. Y, realmente, este real decreto ley lo podemos definir como un churro, porque es lo que es, un gran churro, teniendo en cuenta los criterios de la democracia. Se hacen las cosas mal, se vota en contra de medidas que lo pueden resolver y luego lo traen como un real decreto que no es más que un parche.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Permitidme empezar esta intervención haciendo un poco un viaje al pasado, al año 2011, cuando España y Cataluña seguían golpeadas por el estallido de la burbuja inmobiliaria, por un paro disparado y por unos recortes que empezaban a afectar a la vida cotidiana de la gente. Fue precisamente en aquel verano ―en aquel pleno agosto―, por la puerta de atrás, cuando el bipartidismo, el Grupo Popular y también el Grupo Socialista, acordaron reformar el artículo 135 de la Constitución para situar el pago de la deuda como la prioridad principal del Estado, por delante de los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Muchos recordamos bien todo aquello. En aquellos años se buscaba un culpable de aquella crisis económica y en realidad se puso en el centro de la diana a las Administraciones públicas, al eslabón más débil. Entre ellos estaban los ayuntamientos, a quienes se acusó de hacer cosas que no les tocaban, de gastar demasiado. ¿Y cuál fue la solución, en aquel caso, del Partido Popular y del Partido Socialista? Recortar servicios públicos, controlar y reducir el gasto de todas las Administraciones y convertir la austeridad en un dogma. Pero ¿quién era realmente el responsable de la crisis? ¿Los ayuntamientos que atendían las necesidades de sus vecinos y vecinas?, ¿o quienes inflaron la burbuja y se enriquecieron con ella? Porque de aquellos barros, estos lodos, señorías. Hoy sufrimos las consecuencias de unos servicios sanitarios saturados, un sistema educativo que requiere inversiones urgentes y un parque público de vivienda prácticamente inexistente. En realidad, a partir de aquí, vino una cadena perfectamente diseñada de políticas que ahogaron las Administraciones locales. Primero llegó la ley de estabilidad presupuestaria. Después llegó la ley Montoro, que vino a decir a los ayuntamientos que no podían decidir por sí mismos ―mientras tanto, él sí hacía negocios para sus amigos―. También la LRSAL, que ni racionalizaba ni hacía sostenible ninguna Administración local. Después, la regla del gasto, la norma que castigaba incluso a quien gestionaba bien. Y, con ello, la mayor contradicción de todas: si un ayuntamiento ahorraba, no podía usar ese ahorro para su gente ni para abrir un centro cívico, reforzar servicios sociales o frenar la emergencia habitacional. Eso tenía un nombre: asfixia local. Y, mientras el Gobierno de Mariano Rajoy ponía un candado a los ayuntamientos, se abría la autopista hacia las privatizaciones. Mientras se recortaba lo público, se ampliaban oportunidades para quienes siempre encuentran la forma de hacer negocio. ¿Les suena esta receta, señorías del Partido Popular? Porque es la que siguen aplicando a día de hoy en las comunidades donde gobiernan. En este caso ya no necesitan una gran crisis para aplicar esta fórmula: hoy debilitan lo público descaradamente para fortalecer el negocio de sus amigos. Ese es el origen del modelo que vemos hoy en Madrid, el modelo Ayuso, el modelo Ribera-Quirón. (Aplausos). Un modelo que esta misma semana ha vuelto a mostrar su rostro, donde los beneficios privados han vuelto a imponerse sobre la salud de la ciudadanía. Permítanme que les diga, diputados del Partido Popular, que ustedes no asfixiaron a las Administraciones, a los ayuntamientos, por necesidad, sino que los asfixiaron por convicción, porque su proyecto no es que lo público funcione, su proyecto es blindar lo privado. Muchos vivimos estas consecuencias en primera persona. Muchos hemos sido alcaldes, alcaldesas, regidores, concejales de nuestros ayuntamientos, y sabíamos lo que implicaba estar ante nuestros ayuntamientos, ante nuestros vecinos y vecinas, ante nuestra ciudadanía que necesitaba respuestas a sus problemas. Y nosotros no nos preocupábamos de las competencias. Nosotros teníamos incumbencias, cosas por las que nos preocupábamos, que queríamos resolver: servicios sociales saturados; mantener nuestras escuelas, nuestros equipamientos, con presupuestos insuficientes; tener nuestras ciudades limpias, el alumbrado, los parques; afrontar la dependencia y la emergencia habitacional sin tener margen de maniobra. Además, teníamos que gestionar bien, y lo hacíamos, pero teníamos superávit y no podíamos gastarlo. Lo prioritario era amortizar la deuda y tener un catálogo supercerrado que no tenía nunca en cuenta las necesidades reales de la ciudadanía. Un auténtico despropósito. Ustedes, señorías del Grupo

Popular, también lo saben porque sus alcaldes también han sufrido esta incompetencia legislativa. Ellos también quieren derogar la LRSAL, solo que no pueden decirlo en alto. Muchos no nos resignamos, lo denunciamos, lo combatimos desde abajo, con las entidades municipalistas y centenares de ayuntamientos que vivían en primera línea esta asfixia. Impulsamos recursos de inconstitucionalidad contra los aspectos más duros de la LRSAL. Registramos iniciativas para ampliar las inversiones financieras sostenibles. Eliminamos la regla del gasto y proponíamos reformar la ley de estabilidad presupuestaria. Y no lo hemos hecho de forma puntual, lo hemos venido haciendo año tras año, año tras año. (Aplausos). En 2024 presentamos exactamente lo que hoy se aprueba. El 21 de mayo de 2025 pedíamos poder gastar el superávit para abordar la emergencia habitacional. Hoy celebramos que este real decreto lo contemple. Hemos hecho preguntas, propuestas. Hemos estado estos seis años apretando al Partido Socialista para que cambie el rumbo de esta economía neoliberal y que lo haga por una política verdaderamente de izquierdas. Y lo que nuestro grupo parlamentario, lo que nuestros compañeros del Gobierno hacen semana tras semana es cambiar este rumbo del Partido Socialista e intentar mejorar la agenda social de este Gobierno. (Aplausos).

Lo que se demuestra con este decreto es que, cuando se quiere, se puede. Cuando se quiere, se puede, y hoy lo hacemos posible. En realidad, ¿saben de qué estamos hablando? En 2025 las comunidades autónomas podrán gastar 2787 millones de euros y las entidades locales 7075 millones. ¿Y eso en qué se traduce? Si nos vamos a Cataluña, a nivel autonómico tendremos 971 millones. ¿Y eso qué puede ser? Pues 6000 viviendas públicas nuevas, casi 100 000 personas atendidas en su hogar durante todo un año. Más de 19 000 profesionales de sanidad y educación. Y, a nivel local, ¿de qué estamos hablando? Pues podemos estar hablando de 300 o 400 escuelas infantiles municipales, de más de 35 000 viviendas rehabilitadas o de 150 o 200 equipamientos de barrios como centros cívicos, bibliotecas o polideportivos ―esos locales para los chavales de los que hablaba el gran Robe―. Por eso celebramos hoy este real decreto, porque permite utilizar estos superávits para solucionar los problemas de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, da aire a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, reconoce al fin lo que llevamos décadas reclamando y corrige también el error de la LRSAL, al devolver competencias a la Generalitat sobre secretarios e interventores y al ayudar especialmente a los pequeños y medianos ayuntamientos que están muchas veces bloqueados jurídica y administrativamente. (Aplausos).

Seamos claros: este decreto es un alivio, pero no es la solución. Necesitamos una reforma profunda de la ley de estabilidad presupuestaria, una nueva ley de financiación local que garantice autonomía y suficiencia financiera para los ayuntamientos y que el superávit siempre se destine a resolver los problemas de nuestras ciudades.

Acabo. Avui crec que val la pena destacar que aquest Reial decret és fruit d’un acord polític ampli, també amb Junts. I ho volem remarcar, perquè al final la millor manera de fer política és aquesta: arribar a acords que generen avenços reals i milloren la vida de la gent. Aquest decret demostra una cosa essencial: la política és útil quan serveix per desbloquejar i per transformar. Perquè aquest decret no només parla de destinar recursos als ajuntaments, parla de més competències. Parla d’incrementar els recursos de les comunitats autònomes i en realitat no es pot entendre que en aquest mateix Ple estiguem donant recursos per Catalunya i estiguem evitant que arribin a Catalunya més de 330 000 milions d’euros a través de la senda d’estabilitat i que, en realitat, estiguem perdent també centenars de mestres d’infermeres, de beques menjadors. No és un vot contra el govern de coalició progressista. Aquest és un vot contra els interessos dels catalans i les catalanes. Per tant, el que els demano, en definitiva, és que fem servir la política com un exemple, perquè ens ho prenem seriosament, per corregir injustícies, per recuperar competències, per reforçar l’autogovern, per garantir recursos i per donar eines als municipis i a la ciutadania. Això és el que fem des del nostre grup i és el que continuarem fent, defensant també els interessos dels catalans i les catalanes.

Creo que hoy hay que destacar que este real decreto es fruto de un acuerdo político amplio, también con Junts. Queremos remarcarlo porque al final la mejor manera de hacer política es esta, llegar a acuerdos que generen avances reales y mejoren la vida de la gente. Este decreto demuestra una cosa esencial: la política es útil cuando sirve para desbloquear y transformar. Este decreto no solo habla de destinar recursos a los ayuntamientos, sino que habla de más competencias, de incrementar los recursos de las comunidades autónomas. En realidad, no se puede entender que en este mismo Pleno estemos dando recursos a Cataluña y estemos evitando que lleguen a Cataluña más de 330 millones de euros a través de la senda de estabilidad y que, en realidad, estemos perdiendo también centenares de médicos, de becas comedor, de maestros. No es un voto contra el Gobierno de coalición, sino contra los intereses de los catalanes y las catalanas. Les pido, en definitiva, que utilicemos la política como un ejemplo y que lo tomemos seriamente para corregir injusticias, para recuperar competencias, para reforzar el autogobierno, para garantizar recursos y para dar herramientas a los municipios y a la ciudadanía. Eso es lo que nuestro grupo hace y seguirá haciendo, defendiendo también los intereses de los catalanes y las catalanas. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días. Todos estamos de acuerdo, salvo VOX, todos presentamos propuestas no de ley a esta Cámara, salvo VOX, todos damos grandes titulares diciendo que los ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano y que ha ido adquiriendo cada vez más competencias, pero, sin embargo, no se ha financiado lo suficiente. Todos los grupos políticos, salvo VOX, siempre hemos estado más o menos de acuerdo en la insuficiencia financiera de los ayuntamientos. Todos estábamos de acuerdo, pero nadie hacía nada, hasta que llegó el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo voy a decir alto y claro: El Gobierno de Pedro Sánchez es el que mejor ha financiado a los ayuntamientos españoles en toda la historia de la democracia. (Aplausos). Esto no lo digo yo, esto no me lo invento yo, esto lo dicen los números. ¿Y qué dicen los números? Los números dicen que, durante los Gobiernos de Pedro Sánchez, la financiación a los ayuntamientos con respecto a los Gobiernos del Partido Popular de Mariano Rajoy ha aumentado un 32 %. ¿Y esto qué significa? Significa que, si comparamos los siete años de Mariano Rajoy con los siete años de Pedro Sánchez, el resultado es que, con los Gobiernos socialistas, han llegado 40 000 millones de euros más a los ayuntamientos de este país. (Aplausos). Por tanto, señorías, ¿es el Gobierno de Pedro Sánchez el que encabeza el crecimiento económico en Europa? Sí. ¿Con el Gobierno de Pedro Sánchez el número de trabajadores ocupados es el mayor de toda la serie histórica? Sí. ¿Es este el Gobierno que más ha incrementado las pensiones? Sí. ¿Es este el Gobierno que más ha incrementado el salario mínimo interprofesional? Sí. ¿Es este el Gobierno, el de Pedro Sánchez, el que más recursos ha destinado a becas para nuestros jóvenes? Sí. ¿Es este el Gobierno que más ha apostado por las energías renovables, propiciando la transición energética? Sí. A todos estos logros, señorías, hay que añadir que el Gobierno progresista de Pedro Sánchez es el que mejor ha financiado a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Este real decreto es un nuevo ejemplo de ello porque va a permitir que los superávits de los ayuntamientos en el año 2024 puedan ir destinados a inversiones financieramente sostenibles durante los próximos tres años. Una buena parte de los 7000 millones de euros que tuvieron los ayuntamientos en el año 2024 ―hablaba el señor ministro de ellos― podrán ir destinados a la inversión. Esto lo pedía la Federación Española de Municipios y Provincias, incluso el Partido Popular lo trajo hace unas semanas a esta Cámara. Por tanto, señores del Partido Popular, por coherencia, deberían votar sí, por coherencia y por respeto a los más de ocho mil ayuntamientos de este país. Además, a través de este decreto, las comunidades autónomas que tuvieran superávit en el año 2024 también podrán dedicarlo a inversiones. Estamos hablando de 2700 millones de euros. Por tanto, ¿va a decir el Partido Popular lo mismo que VOX? Es decir, ¿van a decir ustedes no a casi 10 000 millones de inversión para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos? Eso es lo que ustedes hoy tienen que decidir. ¿Y qué son inversiones sostenibles? Por ejemplo, la vivienda. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista pide que intente emplearse el máximo posible esta herramienta que el Gobierno va a facilitar a ayuntamientos y comunidades autónomas en vivienda. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen competencia en suelo y vivienda y los españoles están diciendo que el mayor problema que tiene este país es la falta de vivienda. Este real decreto ley se puede aprovechar para que se invierta en facilitar el acceso a la vivienda a los que no la tienen. (Aplausos). Señorías, la falta de vivienda está poniendo en riesgo la propia legitimidad de la democracia. Por eso, es fundamental que todas las Administraciones pongan todo su esfuerzo en facilitar el acceso a la vivienda. El año 2026 va a ser histórico en cuanto a financiación del Gobierno, a comunidades autónomas y ayuntamientos. Concretamente los ayuntamientos, además de la posibilidad de utilizar los superávits, en el año 2026 van a tener 30 216 millones de euros del sistema de financiación, lo que supone un récord en cuanto a la financiación municipal. Las comunidades autónomas recibirán más de 170 000 millones de euros de financiación para el año 2026 del Gobierno. Nunca antes se había recibido tanto dinero, y esto lo tienen que saber todos los españoles, porque ese dinero lo tienen que administrar las comunidades autónomas, que pueden administrarlo bien, señorías, como lo hace, por ejemplo, Salvador Illa en Cataluña fomentando el acceso a la vivienda (aplausos), o se puede emplear mal, como hace la señora Ayuso en Madrid, privatizando la sanidad para que luego se convierta en largas listas de espera para la clase trabajadora. Lo que nunca se puede hacer, porque eso es de ser mal dirigente, es aprovecharse de que llegan más recursos del Gobierno central para quitar el impuesto de patrimonio a las 1700 personas más ricas de Extremadura, como hace la señora Guardiola. (Aplausos).

Por cierto, el 21 de diciembre hay elecciones en Extremadura y los extremeños tienen que decidir si esa financiación récord que va a llegar del Gobierno central de Pedro Sánchez la gestiona un Gobierno progresista, un partido con vocación de gobierno como es el PSOE de Extremadura, o la gestiona la ultraderecha. Ese es el dilema. La señora Guardiola puede estar teledirigida por VOX. La señora Guardiola se ha equivocado al convocar elecciones y en estos momentos no le salen los números; en estos momentos está acorralada por VOX. Por tanto, la ultraderecha puede pedir un precio muy elevado al Partido Popular y sumir en la inestabilidad política y económica a Extremadura. Es necesario que los extremeños se den cuenta y confíen en la estabilidad que siempre dieron los Gobiernos del Partido Socialista con Juan Carlos Rodríguez Ibarra y con Guillermo Fernández Vara.

Termino. Hace unas semanas muchos grupos mostraban su preocupación en esta Cámara por los autónomos. Hoy tienen ustedes la oportunidad de favorecer a los autónomos. Son ellos, sus organizaciones, los que están pidiendo la prórroga que se recoge en este decreto. Por eso, pido a los grupos políticos que estén a la altura de los autónomos. El Grupo Socialista sí lo estará.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor portavoz del Grupo Socialista, el día 21 de diciembre los extremeños elegirán entre la presidenta Guardiola o el imputado Gallardo, apoyado por el hermano colocado del señor Sánchez, al que colocaban para no ir a trabajar a la Diputación de Badajoz. (Aplausos).

Señora presidenta, señorías, señor ministro, este real decreto que traen aquí hoy lo han definido desde VOX hasta Esquerra Republicana, la mayoría de los grupos políticos. Es un ejemplo del trilerismo del Gobierno de Pedro Sánchez. Es un real decreto que no nace para solucionar los problemas de los ciudadanos, nace para construir un artificio legislativo para satisfacer ―también lo han dicho― las exigencias del independentismo. Ha dicho el portavoz de Junts que llevar al límite al Partido Socialista da sus frutos, y esto es un ejemplo, un triste ejemplo de que el Partido Socialista gobierna en contra de los españoles y para satisfacer las demandas de los que quieren romper España. (Aplausos). Por tanto, es un real decreto que solo responde a las necesidades de supervivencia del señor Pedro Sánchez.

Es un decreto que, como es un ejemplo de trilerismo, mezcla cubiletes del Gobierno para buscar la bolita. Mezcla ese churro del que hablaba la portavoz de Esquerra Republicana, el aplazamiento del VERI*FACTU y permitir inversiones financieramente sostenibles solo del superávit del año 2024. Por cierto, no modifican en nada la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ni la Ley de Haciendas Locales. Es decir, lo que podían haber hecho hace once meses lo traen ahora en un real decreto a final del año. Mezcla también la cesión a Cataluña de competencias sobre los habilitados nacionales. ¡Ah!, sí, se les ha olvidado otra cosa: si leen el título del real decreto, no se habla nada de la transferencia de los habilitados nacionales, solo habla de VERI*FACTU y de inversiones financieramente sostenibles. ¿Acaso tienen algo que ocultar? ¿O tienen temor o vergüenza por la transferencia de competencias a Cataluña en materia de habilitados nacionales? (Aplausos). Estas tres materias no deberían ir nunca juntas, y usted lo sabe. Lo digo con claridad: si hubieran venido separados tres decretos leyes o tres normas legislativas, nuestro voto sería diferente en cada uno de ellos, pero ustedes buscan forzar a este Parlamento a escoger un cubilete siempre vacío para poder simular la verdadera finalidad de este decreto. No es técnica legislativa, señorías, es intentar un chantaje. Puro trilerismo.

Señorías, el Gobierno invoca la urgencia, pero no hay urgencia, solo hay retraso y mala gestión. VERI*FACTU ya fue aplazado el pasado mes de abril y en ningún caso utilizaron un real decreto ley. Utilizaron un real decreto, como también podrían haber utilizado una orden de la Agencia Tributaria para aplazar esta norma, este reglamento, que entraba en vigor el 1 de julio del año 2025, lo aplazaron para el 1 de enero del año 2026 y ahora lo aplazan un año más, y lo hacen ―insisto― solo para blanquear el traspaso de habilitados nacionales presumiblemente inconstitucional.

Por otra parte, las inversiones financieramente sostenibles podrían haberse regulado a lo largo de todo el año, incluso en el mes de julio, cuando vino a este Congreso para convalidar el decreto de financiación territorial en lo que hacía referencia a las entregas a cuenta. Eso sí sería un real decreto ley que hablaría de temas económicos que afectaba a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Pero no, no quisieron.

Por último, como digo, justifican la urgencia del traspaso de competencias sobre habilitados nacionales. ¿A qué urgencia responde? Únicamente responde a que la señora Nogueras o el señor Puigdemont han sacado los pies del tiesto y han puesto encima de la mesa que o cumplen todos los compromisos que Puigdemont ha tenido con el señor Sánchez o no van a tener más apoyo de Junts. Esa es la única urgencia por la que están ustedes hoy aquí. (Aplausos). No hay urgencia, sí una causa sobrevenida, y es que el socio parlamentario inestable les ha retirado el apoyo. Lo que hay sobre todo es inacción de un Gobierno, que tiene tareas sin resolver, prisas motivadas por sus compromisos y que solo trae lo de Junts. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el portavoz de Junts. Les ha dicho a la cara que este real decreto solo trae las cosas que tiene Junts. Para eso, que lo traiga una proposición de ley de Junts y se la apoyan ustedes directamente.

Permítanme que analice someramente las tres materias de este decreto ley. VERI*FACTU. Quiero detenerme aquí porque es importante para muchos españoles. El Partido Popular ha defendido y defenderá siempre a los 3,4 millones de autónomos. Mientras el Partido Popular los defiende, el Gobierno de Pedro Sánchez los asfixia con más burocracia, les ahoga fiscalmente y les trata como sospechosos permanentes. Hace unas semanas tuvieron que rectificar su intención de subir las cotizaciones a todos los autónomos españoles. Ahora vuelven a aplazar VERI*FACTU, tras el aplazamiento al que hacía mención anteriormente, lo que demuestra que, como en aquel momento lo hicieron por real decreto, ahora mismo hubiera bastado también un real decreto, no un real decreto ley. La única diferencia ―insisto, y no me cansaré de insistir en ello― que hace que lo traigan de este modo aquí, en este real decreto ley, es la necesidad de contentar a Junts, de seguir mendigando arrodillados siete votos independentistas. Lo hacen, además, quiero recordarlo ―hablaba del portavoz socialista de coherencia―, después de que en la Comisión de Economía del pasado mes de octubre una proposición no de ley del Grupo Popular para flexibilizar el calendario y la implantación digital de este VERI*FACTU tuvo los votos contrarios del Grupo Socialista, también de VOX, pero fundamentalmente del Grupo Socialista. Mientras tanto, miles de autónomos han invertido en formación, en software, en adaptar su sistema. ¿Quién compensa a los autónomos? ¿Quién responde de la inseguridad jurídica? ¿Quién les paga esta improvisación que sin duda les perjudica? Desde luego, no es este Gobierno el que les compensa, ya que ni siquiera ha sido capaz de adaptar sus propios sistemas para la plena implementación de ese sistema.

Inversiones financieramente sostenibles. Son un mecanismo excepcional que permite a los ayuntamientos destinar superávits e inversiones. Como decía al principio, esto viene regulado en la Ley de Haciendas Locales y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que no modifican en absoluto. En el mes de junio ―voy terminando― pregunté al secretario de Estado de Política Territorial cuándo iban a permitir las IFS y la respuesta fue que cuando se aprobaran los presupuestos generales de Estado o norma con rango de ley que lo permitiera. No había ningún tipo de urgencia en el mes de junio. En la Comisión de Política Territorial también se aprobó en el mes de octubre una PNL del Grupo Popular que pedía impulsar las inversiones financieramente sostenibles y flexibilizarlas, y el Grupo Socialista también votó en contra. Esto muestra de su incoherencia. El problema ―eso han dicho― es que llegan tarde, otra vez, e introducen un mensaje que no es cierto. No es posible ejecutar proyectos de vivienda pública dentro del plazo exigido en las inversiones financieramente sostenibles. Ustedes lo anuncian, pero saben que no se pueden hacer sin flexibilizar el marco, sin permitir proyectos plurianuales o sin autorizar proyectos de inversión productiva o de interés general. Pierden la oportunidad ―concluyo, de verdad― de aprobar las IFS no solo del superávit de 2024, sino de años futuros, y de aprobar unas IFS verdaderamente productivas.

Si hablamos de habilitados nacionales ―lo han dicho―, rompen el modelo nacional…

… fragmentan el cuerpo y ponen en riesgo la independencia del funcionariado.

El Partido Popular, que recurrió al Constitucional las transferencias al País Vasco, no puede apoyar este real decreto. Este real decreto ―concluyo― no puede ser convalidado porque mezcla materias inconexas con una finalidad política evidente, porque no cumple el requisito constitucional de urgencia, porque daña la seguridad jurídica de los autónomos, porque llega tarde y sin diálogo en el ámbito municipal y porque romper el modelo nacional de habilitados, pero quiero dejar constancia de nuestra posición.

Concluyo ya. Flexibilización razonable del calendario VERI*FACTU, que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros para vivienda pública e inversiones productivas, pero no estamos de acuerdo con la transferencia de competencias exclusivas del Estado ni con el modelo único de funcionarios de entidades locales con habilitación nacional, y utilizaremos todas las vías para frenar cualquier medida contraria a la Constitución o que rompa la igualdad de los españoles. Muchas gracias. (Aplausos).