Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

Buenos días, señorías.

Intervengo ante la Cámara para pedir el voto afirmativo de todos los grupos parlamentarios para una medida que supone el reconocimiento y, por supuesto, el trabajo de quienes sostienen nuestro estado del bienestar.

La semana pasada, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que sube el sueldo a más de tres millones de funcionarios, a más de tres millones de empleados y empleadas públicos de todas las

Administraciones, y hoy tengo el honor de elevar dicho acuerdo a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, para que el Poder Legislativo convalide un consenso social evidente.

Las y los empleados públicos merecen estabilidad, calidad y buenas condiciones. Lo merecen los héroes de la UME, que salvan vidas en mitad de cualquier tormenta; lo merecen los veterinarios y veterinarias del Estado, que trabajan a contrarreloj para atajar la peste porcina; y lo merecen los agentes forestales, los profesores de la universidad pública o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que protegen nuestra seguridad.

La convalidación de este real decreto ley supone que la Administración central, pero también las comunidades autónomas y las entidades locales, actualicen el salario de sus empleados públicos de la siguiente manera: subiendo el 2,5 % con respecto a las nóminas vigentes a 31 de diciembre de 2024, es decir, un 2,5 % en las nóminas del año 2025, y todo eso teniendo en cuenta la subida posterior que hicimos el año pasado de un 0,5 % adicional; y subiendo para el año que viene, 2026, un 1,5 % fijo con respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2025, es decir, acumulado, y en este último caso se complementará con un 0,5 % adicional extra si la variación del IPC en 2026 es igual o superior a dicho 1,5 %.

Señorías, por tanto, estamos hablando de que en enero todas las nóminas de los empleados públicos de todas las Administraciones se incrementen un 4 %. Pero esta medida va mucho más allá del reconocimiento salarial de quienes salvan vidas, de quienes ponen vacunas y de quienes abren escuelas cada día. Esta medida es el primer paquete de un acuerdo marco firmado con los sindicatos mayoritarios del sector público para hacer de nuestra Administración pública un ejemplo europeo y mundial de servicios ciudadanos.

Comisiones Obreras, UGT y CSIF, junto con el Gobierno de España, defendemos una función pública más robusta, más eficaz e igualitaria y más digitalizada. Por eso el acuerdo incluye otras medidas, como, por ejemplo, optimizar la gestión del talento público con procesos de selección, formación y promoción interna más eficientes; o como mejorar la atención a la ciudadanía, que es al final el objetivo de todo este gran acuerdo, priorizando la dotación de personal que tenga trato directo con la gente y garantizando una atención cercana e integral que combine el contacto presencial con el contacto electrónico y, por supuesto, telefónico. Este acuerdo supone también digitalizar de abajo arriba la Administración pública, fortaleciendo las competencias digitales y de inteligencia artificial de los empleados públicos mediante un plan de competencias digitales; o supone, por ejemplo, elevar también los estándares de calidad del empleo público, integrando la salud laboral en la planificación de recursos humanos y promoviendo entornos seguros, inclusivos y medioambientalmente responsables. Además, vamos a impulsar el Observatorio del Empleo Público, que permitirá evaluar los progresos y detectar nuevas necesidades. Y, por supuesto, no nos olvidamos del horizonte final del acuerdo, que la subida salarial alcance el 11 % de aquí al año 2028.

Señorías, todo lo que acabo de exponer sigue la estela de la intervención que tuve en este Congreso para la exposición de líneas generales en diciembre del año pasado. Hablaba entonces, ante este Congreso, del consenso por una Administración abierta. Hoy, apenas doce meses después, el Gobierno de España despliega una parte fundamental de todos estos compromisos, porque transformar la función pública es un reto inmenso que se conquista con muchas grandes decisiones y la de hoy es una de ellas y está en manos de esta Cámara.

Señorías, con la convalidación de este real decreto ley que solicito a esta Cámara, a todos los grupos parlamentarios, la Administración General del Estado y el Gobierno de España cumplirán inmediatamente con todas las condiciones del compromiso. Este mismo diciembre haremos efectiva una nómina adicional retroactiva que abonará el 2,5 % de subida que corresponde a todo el año 2025 y en enero de 2026 aplicaremos ya desde el 1 de enero una subida del 1,5 % adicional con respecto a la nómina consolidada este mes. Y, como he dicho antes, en caso de que el IPC supere finalmente en el año 2026 ese 1,5 %, aplicaremos un 0,5 % adicional en el primer trimestre de 2027. Señorías, estas Navidades al menos medio millón de familias va a recibir una merecida extra, y no solo ese medio millón, sino muchos más, porque, en permanente diálogo con muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, nos han mostrado que también ellos abonarán esta cantidad antes de que finalice el año.

Señorías, podemos hacerlo, porque el éxito económico de España robustece los ingresos mientras reducimos el déficit. Hay un dato que me parece verdaderamente espectacular y es que, según las previsiones, el año que viene España tendrá menos déficit que Alemania. Imagínense de dónde venimos. Por lo tanto, podemos hacerlo y debemos hacerlo, porque los servidores públicos se merecen restituir derechos que fueron recortados durante una etapa de políticas neoliberales. Y lo hacemos, además, mientras aumentamos las plantillas de los servidores públicos, con las mayores ofertas de empleo público que se han llevado a cabo en estos últimos siete años. En resumen, señorías, más servidores públicos, mejor remunerados y, por lo tanto, mejor y mayor estado del bienestar. (Aplausos). Este es el sentido del acuerdo que alcanzamos ―reitero― con UGT, Comisiones Obreras y CSIF, un acuerdo que garantiza mejores condiciones profesionales para los servidores públicos, un acuerdo que garantiza la modernización y la digitalización de nuestra función pública y un acuerdo que, sobre todo, garantiza ―que ese es el objetivo― mejores servicios a los ciudadanos de este país. Y todo ello siempre, señorías, con diálogo social, con acuerdos.

Concluyo. Concluyo pidiendo a esta Cámara que demos un mensaje de estabilidad y de certidumbre a la función pública de nuestro país. Concluyo solicitando que recuperemos el poder adquisitivo de quienes están en las buenas y en las malas. Y concluyo pidiéndoles que cuidemos a quienes cuidan de nosotros, de nuestros padres y de nuestros hijos, porque esto no va de aumentar nóminas, sino de reconocer la dignidad de nuestros servidores públicos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Obrigado, señora presidenta. Moi bo día. Xa que imos falar de dereitos laborais e salariais, permítanme saudar os traballadores e traballadoras portuguesas que hoxe están en greve xeral contra o pacote de reforma laboral do goberno da dereita, contra os cortes que a dereita pretende impor aos traballadores e traballadoras portuguesas. Toda a solidariedade do Bloco Nacionalista Galego. Hoxe traen vostedes aquí a convalidación do Real Decreto Lei para actualizar o salario dos empregados e empregadas públicas para o período 2026-2028, que a partida é resultado dun acordo con dous sindicatos estatais —‌finalmente, parece que tres—, xestado á marxe dos organismos legais de negociación, neste caso á Mesa Xeral de Negociación, á que se lle levou xa un acordo fechado, e excluíndo sindicatos coa condición legal de máis representativo, no caso da Galiza a central maioritaria, Confederación Intersindical Galega, CIG, e vulnerando, por tanto, o establecido na Lei Orgánica de Liberdade Sindical. Máis unha vez queremos denunciar esta práctica que exclúe a representación legal maioritaria dos traballadores e traballadoras galegas, tamén na función pública e en servizos públicos como ensino e saúde, porque para alén do seu carácter antidemocrático, ten sempre consecuencias negativas para os dereitos laborais e salariais, neste caso de maneira moi evidente. O acordo con UXT, CSIF, Comisións plasmadas neste Real Decreto implica que os empregados e empregadas públicas continuarán a perder poder adquisitivo, porque nin sequera os incrementos salariais establecidos igualan o IPC real previsto neste período. Renuncia a recuperar o desfase coa inflación de 2,3 % do anterior acordo. E non falemos xa da recuperación do poder adquisitivo perdido polo persoal empregado público nas últimas décadas de recortes, que nos últimos quince anos xa acumula un deterioro de 20 %. Non é, por tanto, isto nin o que reclaman, nin o que merecen os traballadores e traballadoras da función pública e dos servizos públicos, que garanten, como vostede dicía, o funcionamento da administración e dos servizos que recibe a cidadanía e sistematicamente, porén, son castigados nas súas retribucións e condicións de emprego. O BNG súmase á reclamación que está a facer a central nacionalista CIG. maioritaria no noso país. de aplicar unha suba de 5 % para os anos 2025 e 2026 con efectos retroactivos desde xaneiro e introducir unha cláusula de garantía salarial ligada ao IPC real e blindada por lei, que é o mínimo que debería facer este goberno. Só este mínimo establecería un trato xusto os traballadores e traballadoras que fan que cada día todo funcione, a administración e os servizos esenciais para garantir a calidade de vida e benestar da cidadanía. Xa sabemos, ademais, que un colectivo tratado con xustiza é sempre un colectivo máis motivado para dar o mellor de si polo conxunto da sociedade. Miren, da ultra dereita e da dereita ultra, que aplicou sistematicamente recortes aos empregados e empregadas públicas desde que asumiu o goberno en 2012 non hai nada que esperar, mais o certo é que o goberno dito máis progresista da historia de PSOE-SUMAR están a defraudar millares de traballadores e traballadoras públicas con este acordo.

Non será o BNG quen vote en contra de incrementar os salarios dos empregados públicos, mais evidentemente non nos convencen e, o máis importante, creo que tampouco convencen á maioría dos traballadores.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Vamos a hablar de derechos laborales y salariales. Permitidme saludar a las trabajadoras y trabajadores portugueses que están en huelga contra el paquete de reformas laborales del Gobierno de la derecha y protestan contra los recortes que la derecha pretende imponer a las trabajadoras y trabajadores portugueses. El BNG y su solidaridad están con ellos. Hoy traen aquí ustedes la convalidación de un real decreto ley para actualizar los salarios de las empleadas y empleados públicos para el periodo 2026-2028, que de partida es el resultado de un acuerdo con dos sindicatos estatales ―parece que tres― gestado al margen de los organismos legales de negociación, en este caso la Mesa General de Negociación, con la que se llegó a un acuerdo, excluyendo a sindicatos con la condición legal de más representativos ―en el caso de Galicia, la CIG, la Confederación Intersindical Galega― y vulnerando, por tanto, lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Una vez más, queremos denunciar esta práctica que excluye a la representación legal mayoritaria de los trabajadores gallegos también en la función pública y en servicios públicos como la enseñanza y la salud, porque, además de su carácter antidemocrático, siempre tiene consecuencias negativas para los derechos laborales y salariales. En este caso, de manera muy evidente. El acuerdo con UGT, CSIF y Comisiones Obreras plasmado en este real decreto implica que los empleados públicos seguirán perdiendo poder adquisitivo, porque ni siquiera los incrementos salariales establecidos igualan el IPC previsto para este periodo. El acuerdo renuncia a recuperar el desfase con la inflación del 2,3 % del anterior acuerdo, y ni hablemos de la recuperación del poder adquisitivo perdido por el personal empleado público en las últimas décadas de recortes, que en los últimos quince años ya acumula un deterioro del 20 %. Por tanto, no es esto lo que reclaman ni lo que merecen los trabajadores de la función pública y de los servicios públicos, quienes garantizan, como usted decía, el funcionamiento de la Administración y de los servicios que recibe la ciudadanía y a los que, sin embargo, continuamente se les castiga en sus retribuciones y condiciones de empleo. El BNG se suma a la reclamación que está llevando a cabo la central nacionalista en nuestro país y queremos que se aplique una subida del 5 % para los años 2025 y 2026, con efecto retroactivo desde enero, y que se introduzca una cláusula de garantía salarial vinculada al IPC y blindada por ley. Solo este mínimo establecería un trato justo a los trabajadores que hacen que cada día funcione todo, la Administración y los servicios esenciales, y que garantizan la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Ya sabemos que un colectivo tratado con justicia es siempre un colectivo más motivado para dar lo mejor de sí por el conjunto de la sociedad. De la ultraderecha y de la derecha ultra, que aplicó sistemáticamente recortes a los empleados públicos desde que asumió el poder en 2012, no hay nada que esperar. Pero lo cierto es que el Gobierno llamado el más progresista de la historia, de PSOE y SUMAR, está defraudando a miles de trabajadores públicos con este acuerdo. No vamos a votar en contra de aumentar el salario de los empleados públicos, pero, evidentemente, no nos convence y ―lo más importante― creo que tampoco convence a la mayoría de los trabajadores. Gracias.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor ministro, bienvenido. Hoy nos trae el Gobierno este real decreto por el que se aprueban medidas urgentes respecto al incremento retributivo del personal al servicio del sector público, estatal, autonómico y local para los años 2025 y 2026, que se encuadra en el Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía que firmaron el Gobierno y las organizaciones sindicales UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Este acuerdo establece un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extiende hasta el año 2028, aunque en este decreto se recojan los años 2025 y 2026, y prevé para los años citados ese incremento salarial, que tiene que ir acompañado de las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado. Con este real decreto, los efectivos de la Administración General del Estado percibirán en 2025 una subida salarial en una sola paga en la nómina de este mes de diciembre y se establece una subida salarial consolidable del 2,5 %. El resto de las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos relativos a 2025 según lo que acuerden con los sindicatos, y, como veremos, también las medidas de este ejercicio tienen efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. En cuanto a 2026, el real decreto establece una subida consolidable del 1,5 % respecto a las retribuciones incrementadas vigentes a 31 de diciembre de 2026. Este incremento se empezará a cobrar desde la nómina de enero y, adicionalmente, se aplicará el incremento retributivo y consolidable del 0,5 % si la variación del IPC en 2026 es igual o superior al 1,5 %, que se percibirá a principios de 2027. Es decir, que la subida salarial alcanzaría en torno a un 2 % en el año 2026.

Nosotras, en Podemos, nos alegramos de que se cumplan los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los sindicatos, que se extienden hasta 2028, pero hoy me gustaría acordarme del personal al servicio del sector público, que igual no va a poder cobrar este incremento en sus retribuciones porque puede que termine en la calle. Tenemos novecientos mil empleados públicos interinos afectados y en abuso de temporalidad, a los que no se les está aplicando la legislación europea y tampoco las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia. Y hoy, aprobando este real decreto, la verdad es que no podemos olvidarnos ni de ellos ni de ellas, porque está muy bien que hoy aprobemos de manera urgente ese incremento de las retribuciones del personal del sector público, pero los interinos también son personal del sector público y su estabilización depende de la voluntad política de los grupos parlamentarios que estamos aquí en el Congreso. Así que le pediría una reflexión, ministro, y también a los grupos parlamentarios ―al Grupo Socialista, al Grupo Popular, a VOX, al Partido Nacionalista Vasco―, para que dejen de poner freno a la estabilización de los más de novecientos mil interinos, que la están esperando. De todas maneras, nosotras votaremos que sí a este real decreto.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias. Egun on. Hoy debatimos un decreto que incluye la parte salarial para las y los empleados públicos del acuerdo 2025-2028 firmado con los sindicatos del Estado, pero que deja fuera otros elementos estructurales pactados. Este incremento propuesto no supone un privilegio y tampoco una concesión. Se trata de una obligación derivada de un acuerdo firmado, de un compromiso de las Administraciones con sus trabajadoras y trabajadores y, si se trasladara el acuerdo en su totalidad, de una necesidad para mantener unos servicios públicos de calidad, que en algún caso ya están funcionando al límite. Una medida que también responde a la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo acumulada por las y los empleados públicos durante los últimos años, particularmente desde la crisis financiera de 2008, y que todavía no han recuperado. Apoyaremos esta medida porque es necesaria, pero no podemos ignorar que el Gobierno está incumpliendo varios de los compromisos adquiridos en el acuerdo de investidura con nuestro grupo. Un acuerdo que establecía que las tasas de reposición y los límites del incremento de la masa retributiva del personal público debían consensuarse previamente en las comisiones mixtas de concierto y convenio, respetando la autonomía financiera de los territorios forales y trasladando después lo acordado a las normas de empleo público de Euskadi y Navarra; un acuerdo que reconoce la posibilidad de que Euskadi pudiera establecer sus propios objetivos salariales dentro de su marco competencial y financiero, reforzando así su capacidad de planificación. Esta vía de consenso, que era obligatoria, no se ha activado y no aparece reflejada en este decreto ley. Ministro, tampoco se nos ha informado previamente, como exige el acuerdo de investidura, de la tramitación de este decreto, lo que evidencia una falta de rigor y de lealtad institucional, porque, si se hubiera cumplido este procedimiento, quizá hoy estaríamos debatiendo un texto ya alineado con ese acuerdo de investidura y no señalando otra vez un incumplimiento que debería haberse evitado. Además, cabe añadir que este acuerdo, aunque negociado y firmado con los sindicatos más representativos a nivel estatal, tampoco refleja la pluralidad sindical existente en Euskadi, y es este otro motivo por el que la concertación previa es indispensable para asegurar que la diversidad sindical y territorial se incorpore adecuadamente a la realidad de los territorios forales.

Aun así, y a pesar de estos incumplimientos, nuestro grupo no va a bloquear esta medida porque creemos que es necesaria; insuficiente, pero necesaria. La actualización salarial del personal público es imprescindible para garantizar la estabilidad de los servicios esenciales, para asegurar que el talento se mantenga y se incorpore, para corregir la pérdida de poder adquisitivo acumulada, como ya he dicho, y también para sostener la planificación presupuestaria de todas las Administraciones, incluidas las forales. Por eso apoyaremos la subida, pero les dejamos tareas pendientes y la exigencia de su cumplimiento: que el contenido pendiente del acuerdo de investidura se incorpore en una próxima ley, porque este margen ya es limitado. No vamos a aceptar un segundo retraso porque creemos que la palabra dada obliga, los acuerdos firmados deben cumplirse y el Gobierno debe asumir con responsabilidad su cumplimiento.

Por último, quiero aprovechar este momento para hacer una pequeña reflexión que creo que trasciende del sector público. Conviene recordar que la coherencia salarial exige que el crecimiento económico llegue también a las y los trabajadores del sector privado. La economía, como ha dicho el ministro, no está en recesión; creció un 3,5 % el año pasado y las previsiones para 2025 se mantienen robustas, con una expansión de la actividad económica impulsada por el consumo, la inversión y el empleo. En este contexto, la mejora salarial del sector público debe acompañarse también de una mejora salarial en el sector privado, especialmente en aquellas empresas que presenten beneficios sostenidos, porque las y los trabajadores del sector privado también han sufrido una pérdida del poder adquisitivo. Por eso hacemos un llamamiento: si las empresas pueden generar beneficios en un contexto económico favorable cuando la economía crece y la productividad mejora, también se deben actualizar los salarios de esos trabajadores, porque no puede haber modernización económica con plantillas precarizadas ni crecimiento con sueldos estancados. Dicho de otra manera: las empresas que obtienen beneficios deben contribuir a que la mejora del ciclo económico llegue también a los salarios, reforzando así la cohesión social y la estabilidad del propio crecimiento.

Votaremos, como he dicho, afirmativamente. Lo hacemos con responsabilidad, con exigencia y convencidos de que los salarios deben reflejar la realidad económica, reconocer el trabajo que sostiene la economía y garantizar que el crecimiento llegue a todas y todos sin excepciones y sin dejar a nadie atrás. Reitero una vez más que el cumplimiento íntegro del acuerdo de investidura y del acuerdo marco es una condición imprescindible para mantener la confianza y la estabilidad institucional, y también que el Gobierno debe cumplir los compromisos asumidos en materia de tasas de reposición e incremento de la masa retributiva y de concertación previa en sede foral, para que este avance salarial venga acompañado también del respeto al autogobierno.

Nada más y muchas gracias.

Presidenta, señorías. Creo que es bueno que sepamos qué se vota realmente, porque si uno atiende a lo que ha sido la explicación del ministro podría tener la intuición o la sensación de que lo que votamos es mucho más de lo que realmente se está votando. Y voy a ser más claro y explícito: si lo que hoy se votara es todo el envoltorio que hoy el ministro ha trasladado aquí, nosotros no votaríamos a favor (aplausos), porque nos ha hablado de un acuerdo general que nosotros no compartimos. Pero realmente lo que se vota hoy aquí es la subida salarial para los funcionarios con carácter retroactivo para el 2025, una subida del 2,5, y se vota igualmente que para el 2026 sea una subida del 1,5 más un 0,5, en función de la evolución de la economía o del índice de precios al consumo. A eso vamos a votar a favor, porque no queremos penalizar ni a uno solo de los funcionarios y funcionarias que desempeñan su función en las diferentes Administraciones del Estado español. Pero solo a eso, porque el resto del proceso creo que tiene muchos elementos de juicio para ser criticable. Entendemos que haya lecturas benevolentes, que haya lecturas dulces o incluso amables de lo que ha sido, pero ha sido un proceso que se ha hecho en una negociación paralela y al margen de la mesa de negociación, solo convocada cuando el acuerdo ya se había alcanzado con UGT y con CSIF, pero dejando al margen a sindicatos mayoritarios en realidades nacionales como la nuestra, como ELA y LAB, o, en el caso de Galiza, como la CIGA, y eso es algo que no debe ocultarse ni esconderse.

De igual manera, decimos que esta subida salarial justa, digna y merecida no eclipsa ni oculta que en 2022, 2023 y 2024 los funcionarios perdieron poder adquisitivo y no lo van a recuperar. Es algo que tampoco se dice en este acuerdo. Pero vamos más allá, y por eso decía ―y perdonen si el tono es duro o es ácido― que solo porque se vote una subida salarial con carácter retroactivo en 2025 y para el 2026 ―que apoyamos y votaremos a favor― no podemos ocultar que ese acuerdo marco, ese acuerdo general, vuelve a situar un sistema, un modelo y un esquema de pensamiento que se basa en la uniformización, que se basa en una lectura única e impositiva de lo que es la realidad en el Estado español y sin entender las diferentes realidades. ¿Cómo si no se entiende la tasa de reposición con carácter general y unitario, cuando la realidad de las tasas de reposición es diferente, cuando en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra hablamos de una temporalidad del 42 % a la que no se da respuesta con el acuerdo marco o general que se ha alcanzado con la UGT o con la CSIF? Sinceramente, queremos huir de la uniformidad y, desde luego, no estamos de acuerdo con la lectura que se hace sobre la evolución de las políticas en salud laboral o en inteligencia artificial.

Creemos sinceramente que hay que profundizar también aquí, en materia laboral, en derechos para los y las trabajadoras de la función pública que tienen que ver con el derecho a decidir. Tenemos enmiendas en la ley de función pública ―lo saben los diferentes diputados y diputadas― que pasan por que se respete el derecho a decidir la negociación colectiva en nuestro territorio; que pasan por que los sindicatos puedan negociar en su ámbito cuáles son las subidas salariales que merecen y corresponden a su territorio, no las que con carácter general se impongan. Esa es la voluntad y el compromiso de Euskal Herria Bildu, y es algo que hacemos tanto en la ley de función pública a través de enmiendas, que no estamos dispuestos a retirar y que vamos a pelear hasta el final, como en los hipotéticos presupuestos generales del Estado si algún día llegan a esta Cámara. Condiciones laborales, empleo y salarios acordes al territorio en el que vivimos, al territorio en el que desempeñamos nuestra labor y nuestra vida, Euskal Herria.

Besterik ez. Mil esker.

Nada más. Muchas gracias.

Sí. Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats. Bon dia, diputades. Jo tinc la mala sort de sortir sempre després de l’Òscar Matute de Bildu, amb la qual cosa l’única gràcia que tinc és que ho faig en català. Ell ho fa en castellà, jo en català. Perquè ha explicat gran part del que li anava a dir, jo, senyor ministre. I ho comentàvem abans amb els companys d’escó, que em deien: «Ha sigut relativament breu». Més breu hauria hagut de ser, perquè cada vegada que parlava d’allò que no era estrictament l’acord em donava motius per votar-hi en contra. Nosaltres donarem suport. Nosaltres donarem suport a l’increment que, a través d’aquesta tècnica decret llei, es fa perquè és evident que qualsevol benefici en favor dels treballadors públics li donarem suport, però hi ha un parell de coses a comentar. De fet, n’hi ha vàries. La primera, la cara o el sentiment amb què van rebre determinades entitats locals el fet que s’apugés un 11 % el seu capítol I sense que en fossin coneixedors, els va situar en una situació de dir: Com afrontarem un increment del capítol I de l’11 % fins al 2028, si no tenim ni tan sols ara mateix encara la disponibilitat dels romanents? A tothom li ha de quedar clar. Aquest reial decret no incorpora aquest 11 %, només es refereix als anys 2025 i 2026 i són, respectivament, d’un 2,5 % i d’un 1,5 %, amb un 0,5 % eventualment addicional. Per tant, diríem que, del que ha publicat la premsa al que efectivament ens ve en negre i blanc avui aquí hi ha una diferència substancial. Dit això, sap què passa? Que nosaltres, més enllà de la lloança dels serveis públics, més enllà de la lloança dels treballadors i les treballadores públiques, no compartim la visió de com està estructurada la funció pública en aquest Estat. En el seu moment ja vam votar en contra de l’EBEP i vam votar en contra de l’EBEP pels motius que s’han fet abans evidents. Hem de tenir la capacitat de fixar els preus en funció del nostre IPC, que és diferent a la resta de l’Estat. Hem de tenir la capacitat d’organitzar la nostra funció pública d’acord amb les necessitats del nostre país, que no són necessàriament les de la resta de l’Estat. En els àmbits de negociació, efectivament s’exclouen casos claríssims com el del País Basc, amb ELA i LAB, i casos claríssims com el de Galícia amb CIGA. Però nosaltres també tenim un univers sindical diferent i no representat en el que vostès pacten com a diàleg social. Per tant, ja de base, la manera que tenim d’entendre la funció pública està molt lluny de la manera que nosaltres la tenim d’entendre. Volem la llibertat d’organitzar la nostra funció pública com creiem que ho hem de fer, entre altres coses, perquè quan la ciutadania vota ha de poder votar un govern que pugui organitzar l’administració com li sembli. I això, ara mateix és impossible.

L’altre gran tema, més enllà de temes vinculats a l’idioma i demés en funció pública, també l’han tret els meus companys a col·lació, l’han portat a col·lació. Està bé. Està bé que plantegem aquests increments, tot i que són insuficients i no recuperen el poder adquisitiu perdut pel personal al servei de les administracions públiques. Però tenim els interins esperant i cada dia que passa hi ha un interí cessat més. Sé que estem esperant a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però mentrestant hem d’anar armant solucions que no necessàriament potser estiguin recollides a la legalitat vigent avui dia, però que hem d’imaginar que hem de crear i que hem de passar a llei perquè siguin justes. Perquè, de vegades, legals o previstes i justes no són el mateix. I aquí ens hem de posar tots d’acord per no deixar desemparades 800 o 900 o 400 000 persones, segons les fonts, però en qualsevol cas, un contingent de treballadors importantíssim que ha portat endavant els serveis públics fins ara.

Ara mateix, un dels grans problemes que tenim a les administracions públiques és l’envelliment progressiu de les plantilles. Això és una situació d’oportunitat i, en canvi, l’estem convertint en una situació de maltractament dels funcionaris i dels treballadors laborals que fins ara han estat donant la cara. Un govern que es diu «socialdemòcrata o barbàrie» ha de saber com reaccionar a aquesta situació i ha de saber que ho ha de fer a favor de l’Estat i a favor dels treballadors, que en aquest cas és el mateix.

I deixi’m acabar. Crec que no hauria costat gens incorporar en aquest Reial decret l’arranjament de l’error que es va fer amb els contractes de relleu. Ara mateix, les administracions públiques no poden utilitzar els contractes de relleu, amb la qual cosa les jubilacions parcials dels treballadors públics han quedat aturades. I no té cap sentit que no siguem capaços d’arreglar-ho amb un article amb un Reial Decret! Que li hauríem convalidat, un cop negociat. Si no ho fan avui, si us plau, presentin-ho al febrer. Urgentment necessitem que això torni a ser un dret dels treballadors del sector públic.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados. Buenos días, diputadas. Yo tengo la mala suerte de salir siempre después de Óscar Matute, de Bildu, y la única gracia que tengo es que lo hago en catalán. Él lo hace en castellano y yo en catalán. Porque ha explicado gran parte de lo que yo le iba a decir, señor ministro, y lo hablábamos antes con nuestros colegas en el escaño. Ha sido relativamente breve, y más breve hubiera tenido que ser, porque cada vez que hablaba de lo que no era estrictamente el acuerdo me daba motivos para votar en contra. Nosotros vamos a dar apoyo al incremento que se hace en esta ley a través de esta técnica, porque es evidente que a cualquier beneficio a favor de los sueldos públicos le vamos a dar apoyo. Pero hay un par de cosas que quiero comentar. Primero, el sentimiento con el que recibieron algunas entidades locales el hecho de que se subiera un 11 % en el capítulo 1 sin ser conocedores de ello, que les situó en una situación de ver cómo afrontar un incremento del capítulo 1 del 11 % hasta el 2028 si no tenemos ni siquiera ahora mismo la disponibilidad de los remanentes. A ver, yo creo que eso queda claro. Este real decreto no incorpora ese 11 %, solo se refiere a los años 2025 y 2026, y respectivamente son de un 2,5 % y de un 1,5 %, con, eventualmente, un 0,5 % adicional. Por lo tanto, diríamos que de lo que ha publicado la prensa a lo que efectivamente nos llega en negro y blanco hoy hay una diferencia sustancial. Dicho esto, ¿sabe qué pasa? Que nosotros, más allá de las alabanzas a los servicios públicos y de las alabanzas a las trabajadoras y trabajadores públicos, no compartimos la visión de cómo está estructurada la función pública en este Estado. En su momento ya votamos en contra, y votamos en contra de la ley por los motivos a los que ya se ha aludido. Debemos tener la capacidad de fijar los precios en función de nuestro IPC, que es diferente al del resto del Estado. Debemos tener la capacidad de organizar nuestra función pública de acuerdo con las necesidades de nuestro país, que no son necesariamente las del resto del Estado. En los ámbitos de negociación, efectivamente, se excluyen casos clarísimos, como el del País Vasco con ELA y LAB, y también casos clarísimos como el de Galicia con la CIGA. Pero nosotros también tenemos un universo sindical diferente y no representado en lo que ustedes pactan como diálogo social. Por lo tanto, ya de base, la forma que tienen de entender la función pública está muy lejos de la forma que tenemos nosotros de entenderla. Queremos la libertad para organizar nuestra función pública como creemos que tenemos que hacerlo, entre otras cosas porque cuando la ciudadanía vota tiene que poder votar a un Gobierno que pueda organizar la Administración como le parezca, y eso ahora mismo es imposible.

El otro gran tema, más allá de temas vinculados con el idioma en la función pública, también lo han sacado mis compañeros a colación. Está bien que planteemos esos incrementos, aunque son insuficientes y no se recupera el poder adquisitivo perdido por parte del personal de las Administraciones públicas, pero tenemos a los interinos esperando y cada día que pasa hay un interino cesado más. Sé que estamos esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero mientras tanto tenemos que ir encontrando soluciones que no necesariamente estén recogidas en la legalidad vigente de hoy día, pero que tenemos que imaginar, que tenemos que crear y que tenemos que pasar a leyes para que sean justas. Porque, a veces, legales o previstas o justas no es lo mismo. Aquí todos tenemos que ponernos de acuerdo para no dejar desamparadas a 800, 900 o 400 000 personas, según las fuentes; en todo caso, un contingente de trabajadores importantísimo que ha llevado hacia adelante los servicios públicos hasta ahora.

Ahora mismo, uno de los grandes problemas que tenemos en las Administraciones públicas es el envejecimiento progresivo de las plantillas. Esta es una situación de oportunidad y, en cambio, la estamos convirtiendo en una situación de maltrato a los funcionarios y a los trabajadores laborales, que hasta ahora han dado la cara. Un Gobierno que se llama socialdemócrata tiene que saber cómo reaccionar ante esta situación y tiene que saber cómo hacerlo a favor del Estado y a favor de los trabajadores, que en este caso es lo mismo.

Déjeme acabar. No creo que hubiera costado mucho incorporar en este real decreto el arreglo del error que se hizo con los contratos de relevo. Ahora mismo, las Administraciones públicas no pueden utilizar los contratos de relevo, por lo cual las jubilaciones parciales de los trabajadores públicos han quedado paradas. No tiene ningún sentido que no seamos capaces de arreglarlo con un artículo en un real decreto, que lo hubiéramos convalidado una vez negociado. Si no lo hacen hoy, por favor, preséntenlo en febrero; pero necesitamos urgentemente que esto vuelva a ser un derecho de los trabajadores del sector público.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenos días, señorías. Señor ministro, hoy venimos a convalidar un decreto ley sobre retribuciones en el sector público, pero en realidad hoy venimos a hablar de servicios públicos. Cuando hablamos de trabajadoras públicas, que son la columna vertebral que sostiene nuestro país, estamos hablando de servicios públicos. Este real decreto ley afecta a quienes abren los centros de salud cada día, a las que garantizan la atención social, la educación, la seguridad, la justicia, los cuidados y la gestión pública con profesionalidad y vocación; en definitiva, esto afecta a quienes contribuyen al sostenimiento del derecho a una vida digna, incluso cuando nadie mira. Por eso, cuando debatimos medidas que afectan a condiciones laborales y salariales no estamos discutiendo un detalle técnico o un ajuste contable, estamos tomando decisiones que determinan la calidad de nuestro estado social. Hay que decirlo con claridad: no habrá servicios públicos fuertes si no hay empleadas públicas con derechos, con condiciones dignas y con salarios que reconozcan su labor. (Aplausos). En este contexto llega el Real Decreto Ley 14/2025, que hoy estamos viendo, que regula esos incrementos salariales para 2025 y 2026. Son medidas que nacen de un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y que, ante este escenario de prórroga presupuestaria, permiten garantizar la mejora retributiva comprometida. Yo aquí, señor ministro, le quiero decir que hay que cumplir los acuerdos, es muy importante, y creo que vamos en la senda correcta. Hay que terminar de cumplir los acuerdos de 2022 y continuar cumpliendo los recién alcanzados, que, desde nuestro punto de vista, son muy importantes. Hoy debemos decir algo más importante aún, a nuestro parecer, y es que el debate sobre los salarios públicos no puede ser reducido a ese ajuste pendiente según haya o no presupuestos y que la mejora salarial debe ser el pilar estructural de la defensa de los servicios públicos, no una nota a pie de página en tiempos de estabilidad. Los servicios públicos funcionan gracias a plantillas que han soportado recortes, temporalidad, congelaciones salariales y sobrecargas estructurales. En 1983 nos inventamos los moscosos para no actualizar los salarios, dimos días de asuntos propios a la gente. En 1993 los salarios de los funcionarios y las funcionarias fueron congelados. En 1997 el señor Mariano Rajoy volvió a congelar los salarios públicos. En 2010 fueron reducidos. Es decir, las empleadas públicas han respondido siempre y han estado a la altura de las necesidades de nuestro país. Ya es hora de que se les reconozcan todos esos esfuerzos, esas sobrecargas que han padecido y esas pérdidas adquisitivas padecidas desde que entró la democracia en nuestro país, en 1978. Siempre lo han hecho con profesionalidad, también con un enorme coste. Ya lo he dicho, España todavía arrastra déficits crónicos en recursos humanos en sectores esenciales; tenemos centros educativos que sobreviven gracias al sobresfuerzo de los claustros, centros de salud donde la presión asistencial es insostenible y Administraciones con plantillas con medias de edad cercanas a la jubilación y sin capacidad de reposición suficiente. Por eso, cuando este real decreto ley plantea el calendario de abono de los atrasos, que se pueden distribuir hasta 2028 o abonarse íntegramente en diciembre de 2025, según cada Administración y su negociación con los representantes de las trabajadoras, también está señalando algo de fondo: no todas las Administraciones están igual de preparadas ni tienen el mismo músculo financiero y, por tanto, abre la puerta a una desigualdad que creemos que hay que corregir.

Defender a nuestras empleadas públicas significa algo muy simple, que el salario que cobren en una comunidad no dependa de la suerte presupuestaria o de la voluntad política del momento (aplausos), que las condiciones laborales deben ser justas y dignas para todas y que las mejoras salariales no se pueden convertir en una moneda de cambio, pues son un reconocimiento estable al valor de lo público, del servicio público.

Además del salario, también voy a mencionar un reto enorme que tiene la función pública en este país y que tiene el señor ministro por delante para torear ―hago un símil taurino, aunque sea antitaurina―: la estabilización y la reducción real de la temporalidad. Ninguna subida salarial va a compensar la incertidumbre que tienen cientos de miles de personas en este país que llevan años, incluso décadas, encadenando temporalidad. (Aplausos). Tampoco hay que olvidar otro reto que ya se ha dicho, el del relevo generacional. En los próximos cinco años una parte significativa de nuestras plantillas se jubilará. Si no actuamos ya, si no planificamos ya la reposición de efectivos, la formación, la digitalización y la atracción de talento público, estaremos poniendo en riesgo la continuidad misma del sistema y, por tanto, la calidad de los servicios públicos.

Cuando en algunos sectores se cuestiona el gasto público en empleo o cuando se presentan las mejoras salariales como un coste o como un privilegio, lo que en realidad están poniendo en cuestión es el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, a la atención social, a la seguridad, a la justicia, a las políticas de igualdad o a los cuidados. Desprestigiar a las empleadas públicas es el primer paso para debilitar nuestros servicios públicos. Frente a ese discurso, nuestra posición siempre va a ser firme. Invertir en empleo público no es un gasto, es una garantía de igualdad, cohesión y justicia social. (Aplausos). No hay transformación digital sin personal formado; no hay políticas de cuidados sin profesionales estables y pagadas dignamente; no hay transición ecológica sin equipos públicos que evalúen, planifiquen y regulen; no hay democracia sólida sin instituciones dotadas de recursos humanos suficientes. Por eso defendemos este real decreto ley hoy como un paso necesario e imprescindible en esa consolidación y defensa de los servicios públicos, porque para nosotras defender a las empleadas públicas es defender a la mayoría social, es defender a quienes garantizan que este país funcione incluso en los peores momentos; desgraciadamente, bien lo comprobamos en pandemia. También es enviar un mensaje claro a las nuevas generaciones: el servicio público es un espacio de dignidad, profesionalidad y derechos. Cada mejora laboral y salarial que conquistemos para las empleadas públicas no será solo una conquista para las trabajadoras y los trabajadores, sino para toda la ciudadanía, porque cuando fortalecemos al personal público, fortalecemos la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, el Gobierno, de nuevo, utilizando el real decreto ley como forma de legislar. El Gobierno vuelve a usar el viejo hábito de gobernar por urgencia, sin debate parlamentario real y sin planificación a medio plazo. Un Gobierno que transmite incertidumbre, improvisación y demuestra la ausencia de una política presupuestaria definida. Un Gobierno que deja para el final del año la subida de los salarios de los empleados públicos, demostrando así sus prioridades.

Nos habla el Gobierno de extraordinaria y urgente necesidad cuando existen más de cuarenta proyectos de ley pendientes de tramitar y cuando no son capaces de presentar a esta Cámara unos presupuestos generales del Estado. (Aplausos). Nos habla de extraordinaria y urgente necesidad un Gobierno que renuncia por sorpresa y sin previo aviso a unos 60 000 millones de euros de fondos europeos. Nos hablan del principio de buena regulación, mientras usan el mecanismo menos transparente y menos participativo: el real decreto ley. Nos habla del principio de seguridad jurídica un Gobierno ―y un presidente― rodeado de causas de corrupción y en el que su fiscal general ha sido condenado. Nos habla de transparencia un Gobierno que ha logrado que España retroceda diez posiciones en 2024 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional. Nos habla de transparencia un Gobierno que ha conseguido que España sea el país que, de acuerdo con un estudio del Instituto de Estudios Económicos, más ha empeorado en la OCDE en corrupción política desde el año 2019. Nos habla de una norma que genere las menores cargas administrativas para la ciudadanía, lo dice un Gobierno al que el 93 % de los autónomos reprochan que haya aumentado las cargas administrativas en los últimos tres años.

Señorías, este Gobierno nos propone aumentos que no compensan ni de lejos la pérdida de poder adquisitivo acumulada por los empleados públicos tras años de inflación. Empleados públicos a quienes queremos agradecer y reconocer su trabajo, su dedicación y su compromiso con el funcionamiento del Estado. (Aplausos). Esa pérdida de poder adquisitivo tiene como causa principal el recorte del sueldo de los empleados públicos llevado a cabo por el Partido Socialista en el año 2010. Recordemos que el Gobierno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un recorte salarial del 5 % de media a los empleados públicos a partir de junio de 2010 y congeló los sueldos en el año 2011. Recorte que quitó de los bolsillos de los funcionarios, según CSIF, nada menos que 4500 millones de euros y generó, por la subida del 3 % de los precios, una devaluación salarial de entre un 8 % y un 13 %. Y es que la pérdida de poder de compra de los trabajadores públicos se sitúa en torno a un 19 % desde el año 2010 y, desde el año 2022, en casi un 6 %. Pérdida de poder adquisitivo que volverán a sufrir en el año 2025, ya que la media anual de inflación para este año parece que va a superar el 2,5 % marcado en este real decreto. Pérdida de poder adquisitivo porque la realidad es que, en los últimos cuatro años, la cesta habitual de alimentación en España, según la OCU, se ha encarecido aproximadamente un 36 %, la vivienda se ha encarecido en un 25 % y el precio medio de los alquileres se ha incrementado entre un 28 % y un 30 %.

Señorías, por mucho que se empeñen, la realidad es que España sigue por debajo del promedio de la Unión Europea en PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. La realidad es que este Gobierno propone una subida para 2026 del 1,5 %, más un 0,5 % condicionado, cuando el techo de gasto aumenta un 8,5 %. La realidad es que este Gobierno demostró sus prioridades cuando aumentó un 16,5 % el presupuesto en publicidad institucional para 2025. Aumentó un 24,3 % el presupuesto del programa 231H, de acciones a favor de los inmigrantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (aplausos), con un incremento del 302 % de este programa desde el inicio del ejercicio 2018. Hablamos de un presupuesto de 1278 millones de euros para el año 2025. Aumentó la ayuda oficial al desarrollo un 12 % en 2024, una ayuda que superó los 4000 millones de euros en dicho ejercicio. Aumentó de urgencia un 52 % el presupuesto para acoger a inmigrantes que piden asilo. Hablamos de un importe de 713 millones de euros.

Señorías, tan solo un Gobierno irresponsable plantea medidas que impactan en el gasto público estructural sin presentar una memoria económica, sin cuantificar el impacto a corto, medio y largo plazo en las cuentas públicas. Tan solo un Gobierno irresponsable no indica la manera en que va a financiar la propuesta, no indica si piensa financiar la propuesta con mayores cargas fiscales, recortando otro tipo de gastos o aumentando la deuda pública. Señorías, una política fiscal responsable exige no incrementar la carga fiscal a los españoles. Exige no aumentar la deuda pública en su monto global. Exige la aprobación de presupuestos generales del Estado. Exige tener claras las prioridades de gasto. Exige retribuciones dignas a los empleados públicos. Exige reducir gasto superfluo e innecesario para que el gasto público total no se vea incrementado. Señorías, para poder llevar a cabo una política fiscal responsable es imprescindible que ustedes se vayan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señor ministro, señorías, buenos días. Voy a empezar con un previo, porque después de escuchar al señor Sáez Alonso le quiero agradecer lo que ha dicho en esta tribuna, ya que certifica claramente que VOX ya no va a ir a ninguna comunidad autónoma y a ningún ayuntamiento a defender lo público, porque ustedes defienden claramente que con lo público algunos saquen tajada. Muchas gracias por certificarlo, de verdad. (Aplausos). Por cierto, me ha extrañado que no acabara con su eslogan, pues siempre suelen acabar con lo de «solo queda VOX». Claro, es que hoy tendrían que decir «se lo lleva VOX», por lo de Revuelta. Muchas gracias también por su aportación. Debatimos el Real Decreto Ley 14/2025. ¿Quién va a votar en contra de este real decreto ley? ¿Quién está en contra de subir y dignificar el salario de los empleados públicos? ¿Alguien, de verdad, va a votar en contra de este real decreto ley? Díganlo claramente porque es bueno que lo sepamos. Yo quiero aprovechar, además ―porque esto proviene de un buen acuerdo, señorías, que ahora voy a explicar―, para agradecer el trabajo del equipo de la Secretaría de Estado de Función Pública, con el ministro López a la cabeza, porque ha llegado a un acuerdo con tres centrales sindicales: con UGT, con CSIF y con Comisiones Obreras. Por lo tanto, con los tres sindicatos que mayor representación tienen en nuestro país, respetando, por supuesto, a cualquier otro sindicato que pueda tener otro tipo de representación. Y digo, señorías, que vamos a convalidar la subida de 3,5 millones de empleadas y empleados públicos en nuestro país en todas las Administraciones: Administración General del Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y empresas del sector público. Y añado, señorías: los socialistas, siempre que se produce cualquier mejora de un trabajador del sector público o del privado lo aplaudimos, lo reconocemos y lo apoyamos. Por lo tanto, venir aquí a comparar este acuerdo del sector público con otros sectores, señorías, que quede claro, lo agradecemos y lo apoyamos siempre. Estamos, señorías, dignificando el trabajo de profesores, maestros, policías, bomberos, militares, personal penitenciario, médicos, resto de personal sanitario, profesionales de servicios sociales, científicos, agentes forestales, técnicos, servicios de limpieza municipal ―sería eterno enumerarlos a todos―; funcionarios que son la columna vertebral de nuestro estado de bienestar. Eso es lo que estamos debatiendo hoy. Vuelvo a las cifras. Ya se han dicho, pero quiero recalcar un par de ellas. Lo que vamos a convalidar es, con efecto retroactivo para 2025, un 2,5 % y para 2026 un 1,5 %, que puede ser con un 0,5 adicional si el IPC de 2026 sobrepasa el 1,5 %. Proviene de un acuerdo, señorías, que, cuando se cumpla, por primera vez en mucho tiempo conseguirá un aumento del poder adquisitivo para los empleados públicos. Pues claro, pero esto lo hace este Gobierno, señorías, y lo hace con el acuerdo de los sindicatos, y aquí lo tenemos que refrendar. Por eso digo que es un buen acuerdo en el global. Señorías, después de siete años de recortes, con el Partido Popular en el Gobierno, ahora estamos, en siete años, revirtiendo esos recortes, porque todo lo que nos encontramos cuando el presidente Sánchez llegó al Gobierno eran recortes en lo público. Ahora, durante estos años, estamos dignificando, con el apoyo en este Parlamento, a los servidores públicos, porque el mejor servicio público que presten será un mejor servicio a la ciudadanía. Para cualquier demócrata eso tendría que ser la parte fundamental de su acción política. Desde luego, para nosotros lo es. Y le voy a dar algunos datos que me parecen muy llamativos. Para comparar, porque esto de comparar siempre es bueno para la ciudadanía. Oferta de empleo público 20122017, con el Gobierno del Partido Popular, 63 394 plazas. Oferta de empleo público 20182025, con el Gobierno del Partido Socialista, de progreso, 260 177. Algún dato más. Subida salarial 20122017, con el Partido Popular: 3,7 %. Subida salarial 2018-2025, con Gobiernos de coalición de progreso: 17 %. ¿Hace falta alguna comparación más? Yo creo que ninguna. Pero sigo. Estabilización, que también ha salido: 400 000 personas estabilizadas desde la ley del año 2021; 400 000 personas estabilizadas. Y plantillas. Miren, total de plantilla de las Administraciones públicas 20122017: menos 124 454 personas. Eso lo hacía el Partido Popular. Gobierno actual 20182024: más 407 139. Demoledores los datos comparativos, señorías. (Aplausos). Pero les digo más. Decía antes que esto es un buen acuerdo, señorías. El global ―porque esto es solo una parte―, el acuerdo de 27 de noviembre es un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque supone, aparte del incremento salarial, una apuesta por el diálogo social. Aquí se traen cosas acordadas en el diálogo social. No se imponen políticas, se acuerda con los representantes de los trabajadores. Calidad en el empleo público. Esto da calidad. Lo ha dicho antes el ministro y algún otro compareciente. Ese acuerdo no es solo una subida salarial, supone un cambio digital transformador en la función pública. Pero es que, además, señorías, hay cosas que yo tengo que reflejar aquí. Por fin, ese acuerdo refleja una revisión del complemento de insularidad que tanto han demandado los trabajadores y las trabajadoras públicas de las islas. Eso también se resuelve con este acuerdo, al igual que una mejora de las indemnizaciones por razón de servicio tantas veces demandada. Así que, señorías, esto es posible, primero, por la voluntad del Gobierno, evidentemente, y por el acuerdo con los sindicatos, pero también porque vivimos un ciclo virtuoso en nuestra economía. Batimos récords de crecimiento económico, por eso nuestro país se puede permitir esa compensación y todo lo que decía antes es más fácil, si no sería más complicado.

Señorías, voy a poner un pequeño ejemplo de esos modelos que estamos debatiendo aquí, porque ahora seguramente saldrá el Partido Popular solo a buscar críticas, no a ver lo que realmente sucede con este real decreto ley. Hay un ejemplo palmario que en estos días ha demostrado lo que es el modelo de un Gobierno progresista y uno del Partido Popular. Mire, el modelo del Partido Popular, el del Hospital de Torrejón, en Madrid, es hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. Además, lo permiten y no se sonrojan. Debilitan lo público y lo privatizan, así pueden sacar tajada. Pero, ojo, el señor Feijóo lo hizo también en Galicia: privatizó tres hospitales públicos. Y en mi tierra, en Castilla y León, uno, el de Burgos; sea, es el modelo del Partido Popular en nuestro país en todos y cada uno de los lugares en los que tiene opciones. Y, señorías, los pacientes no somos clientes. No engañan a nadie con sus políticas. Y eso de que a las listas de espera hay que sacarles rentabilidad es tan injusto que los socialistas no lo vamos a permitir, lo combatiremos.

Termino, presidente. Miren, los socialistas lo tenemos claro: siempre defenderemos servicios públicos para toda la ciudadanía, para toda. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señor Aceves, me va a permitir, con todo el cariño: que suba aquí para criticar a otros grupos de querer sacar tajada de lo público con la que está cayendo en el Partido Socialista es poesía, ¿eh? Es poesía. (Aplausos). Señorías, el Gobierno aprueba por vía de real decreto ley incrementos salariales para los empleados públicos en los próximos dos años y lo hacen por la incapacidad para presentar presupuestos generales del Estado y también marcando incrementos salariales sin soporte presupuestario y trasladando esta tensión financiera a comunidades autónomas y ayuntamientos con una decisión unilateral que invade la autonomía financiera de estas entidades. No han dialogado con las comunidades autónomas, no han dialogado con la Federación Española de Municipios y Provincias y van a generar un impacto presupuestario inmediato en el conjunto de Administraciones públicas de nuestro país. Además, condicionan la política retributiva de sucesivos Gobiernos al considerarse los incrementos plurianuales. La aprobación por parte del Gobierno de esta norma también deja sin capacidad de reacción a las comunidades autónomas; muchas ya habían elaborado sus presupuestos en estas fechas desconociendo este incremento retributivo que ahora van a tener que asumir. Por eso, de nuevo, otra vez tarde, otra vez mal y otra vez sin diálogo con el resto de las Administraciones territoriales. En resumen, lamentable esta forma de hacer política, concebir esta forma de tomar acuerdos que afectan, además, al resto de Administraciones públicas. Desde la perspectiva puramente formal, cabe hacer una reflexión también: que este es el cuarto decreto ley retributivo consecutivo que utiliza el Gobierno en ausencia de presupuestos generales del Estado. Y la urgente necesidad se justifica porque acaban de llegar a un acuerdo con los sindicatos, algo que deja ver cómo todo es completamente improvisado. Lo que aquí abordamos no es otra cosa que el reflejo de lo que la función pública representa para el Gobierno de Sánchez. Los empleados públicos poco o nada le importan a Sánchez, y esto se refleja en varias cuestiones. Primero, que ya son cinco ministros los que han llevado esta cartera en siete años. Casualmente, todos lo hicieron bajo la figura conocida como «expectativa de destino». Fíjese, una se fue de presidenta al Congreso; otra, al Banco de España; otra, a la Alcaldía de Las Palmas; otra, a la embajada de la UNESCO; todos ellos buenos destinos.

(Aplausos). Creo que la pena la tiene usted, señor López, porque me temo, muy a su pesar, que el destino que le espera no es tan bueno como el de sus antecesores, sino la oposición en la Comunidad de Madrid. (Aplausos). Ese es su destino y los empleados públicos no lo van a echar de menos. No van a echarlo de menos por los antecedentes que tiene este Gobierno, como el Real Decreto 6/2023, que también se hizo de espaldas a los empleados públicos, solamente para recaudar fondos europeos. Por cierto, dos años después, pese a que la tramitación se hizo por el procedimiento de urgencia, sigue sin convocarse la ponencia, dando también la espalda al Legislativo.

Este es el ministerio que sigue instalado en la falsa promesa de la tasa de reposición y su supresión. Escrivá lo prometió a bombo y platillo y el Grupo Socialista llegó a presentar una proposición no de ley, pero luego llegó el ministerio, llamó y dijo: eso hay que dejarlo completamente parado. Una promesa más incumplida y una alternativa que no se concreta, ministro. Pero si hablamos de los directivos públicos, este es el ministerio que promueve que haya direcciones generales no ocupadas por funcionarios, sino por políticos. Hay hasta treinta y cinco direcciones generales ocupadas por políticos y no por funcionarios, lo cual representa un ataque a la profesionalidad de la función pública española. Y este es el ministerio que no se ha ocupado de resolver la situación límite de muchos empleados públicos interinos. Las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el informe del Abogado General también han generado una gran incertidumbre en estos empleados públicos, lo sabe perfectamente, pero no están tomando ni una sola medida para generar certeza a esos centenares de miles de empleados públicos que se encuentran en esta situación. No han hecho prácticamente nada por reducir la temporalidad y tienen 600 millones de euros congelados en Europa por su incompetencia, señor ministro; 600 millones congelados. Y una cosa más en este apartado, aprovechando que está el ministro de Política Territorial. Este es el ministerio que pretende usar a los funcionarios de Administración local habilitados nacionales como meros productos de un mercado persa. Siguen persistiendo en traspasar las competencias de estos funcionarios a petición de los grupos independentistas, un vergonzoso comportamiento que emplea a este cuerpo de funcionarios como una mera moneda de cambio, porque son profesionales acreditados, garantes de la legalidad en nuestro país, que ustedes venden a los peores postores: a quienes quieren controlar este cuerpo de funcionarios para amparar sus tropelías en esas comunidades. Les digo que van a tener al Partido Popular enfrente (aplausos), defendiendo a estos funcionarios, defendiendo su trabajo y acudiendo al Tribunal Constitucional cada vez que sea necesario y persistan en su intento.

Este es el triste resumen del ministerio que se ocupa de más de 3,5 millones de personas en España, que dice presentar la mayor oferta pública de empleo de la historia, pero que tiene casi 10 000 plazas no ejecutadas y que se han perdido por falta de planificación; que presume de tener la Presidencia española de la Alianza para el Gobierno Abierto, cuando tenemos ante nosotros al Gobierno más corrupto, más opaco y que más ha incumplido la ley de transparencia, tal como se puede comprobar en las evaluaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y que dice garantizar el futuro de MUFACE tras meses de incertidumbre, informes y anuncios para desmantelar el sistema del mutualismo para los empleados públicos. Pero, claro, ¿qué se puede esperar de un Gobierno que tiene un ministro que cuando se refería a unos trámites para acelerar el pago de mascarillas, en relación con la funcionaria que se encargaba de los pagos, decía: o lo soluciona de inmediato o la levanto por el aire? Lo recuerdan, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de un Gobierno así? (Aplausos). ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que ha utilizado la función pública para colocar amiguitas o sobrinas de ministros por ahí? ¿Qué se puede esperar de un partido que ha utilizado la función pública para inventarse plazas ficticias para el hermano del presidente y así conseguir ser candidato en unas elecciones autonómicas, aunque además esté imputado? ¿Qué vamos a esperar en la función pública en España de este Gobierno? Nada, absolutamente nada. (Aplausos).

El Partido Popular reitera su compromiso firme con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos, con la estabilidad en el empleo, con procesos selectivos ágiles y con una función pública que sea moderna, eficaz, formada, reconocida; una función pública de prestigio. Por eso, los millones de empleados públicos pueden confiar en que el futuro Gobierno del Partido Popular va a dedicar ―sí― todo su tiempo y esfuerzo a la ingente cantidad de tarea que todavía queda pendiente en la función pública. Lo vamos a hacer por respeto a esos 3,5 millones de empleados públicos, pero también por una España que sirva mejor a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).