Ángel Víctor Torres Pérez
GobiernoMinistro de Política Territorial y Memoria Democrática.Página 8Vídeo
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Buenos días a todas y todos. Comenzamos con esta propuesta de convalidación del Real Decreto Ley 13/2025. Este real decreto ley fue aprobado en el Consejo de Ministros el día 25 de noviembre y, por tanto, entra en vigor desde que se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero hoy procede su convalidación por el Congreso de los Diputados. Es un real decreto ley, el 13/2025, exclusivo para las islas Canarias y, más concretamente, para los afectados y las afectadas por el volcán en la isla de La Palma. Este real decreto contiene de manera clara aquello que precisaba de normativa legislativa para su aprobación antes de que acabara el año 2025. El Gobierno, por tanto, tras la investidura del presidente Sánchez y los acuerdos de legislatura con el apoyo de distintas fuerzas, cumple con lo firmado. En este caso, este real decreto ley también responde al compromiso firmado con el partido de Coalición Canaria, lo que se ha llamado y se llama agenda canaria. Hay que recordar que esta agenda canaria fue firmada antes de una investidura que no salió adelante por la responsable del Partido Popular, la señora Gamarra, y que prácticamente es el mismo texto que luego se ratifica por Coalición Canaria y el Partido Socialista y se firma, en este caso, por la vicesecretaria general, la señora Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta primera. El Gobierno de España está respetando las cuestiones contenidas en el texto, como digo, llevándolas a la práctica y cumpliéndolas.
Hay cuestiones que están en esa agenda canaria que precisan, como he dicho, una norma legislativa, una norma con rango de ley, y estos son los aspectos que hemos incluido antes de que acabe este ejercicio. Por tanto, la agenda está viva y sometida a las consideraciones, las aclaraciones, las reuniones y las interpretaciones que sean precisas. Nuestra voluntad en el Gobierno de España va a ser siempre una voluntad constructiva y de acuerdo y diálogo permanente al respecto. De hecho, el pasado 14 de octubre se produjo una reunión en la que estaban la vicepresidenta primera y el presidente de Canarias y donde se pusieron sobre la mesa y se repasaron cuestiones de la agenda canaria. Parte de esa agenda responde de dos maneras: a través de transferencias ordinarias, acuerdos o reales decretos que no precisan que sean luego llevados al Congreso de los Diputados, como agua de riego, desalación, lucha contra la pobreza, menores, y ya anuncio que en los próximos consejos de ministros llegarán nuevos acuerdos para Canarias respecto a esta agenda canaria; en otros casos se exige una aprobación por un instrumento normativo. Es lo que hoy traemos a este Pleno. Por tanto, este real decreto lo vamos a cumplir.
¿Qué es lo que trae este real decreto que hoy traemos a convalidación? Trae cuatro cuestiones fundamentales. La primera es la bonificación del 60 % del IRPF para todos los residentes en la isla de La Palma. La Agenda Canaria en su punto 10 establece —leo textualmente— asegurar la bonificación del 60 % en el IRPF para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027, y a partir de ahí, y sobre la base de la mejora de la economía de la isla y conforme a esta, proponer el porcentaje de bonificación para ejercicios futuros, determinando sobre qué colectivos debe actuar o si se debe hacer sobre todos los vecinos y, conforme a los informes de la AIReF, también realizar las medidas necesarias orientadas a la recuperación de la economía de la isla.
Por tanto, entre los acuerdos está, como digo, la bonificación en el IRPF del 60 % del año 2025 para todos los residentes, que es lo que traemos también a la convalidación de este Congreso de los Diputados. Eso significa, lógicamente, apostar por mayor renta disponible, inversión en la isla y mayor consumo y supondrá, según las previsiones del Ministerio de Hacienda, que la Administración General del Estado dejaría de ingresar unos 111 millones de euros, que se quedan para la recuperación necesaria de la isla de La Palma.
La segunda cuestión es una moratoria del pago del principal y de los intereses de los agricultores que adeuden préstamos y créditos con o sin garantía hipotecaria en los municipios que fueron afectados por el volcán, que son los de El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Esta es una moratoria que venía otorgando el Ministerio de Economía con prórrogas anteriores que ya habían decaído. Estaba inactiva, pero ante la necesidad que tiene el sector, fundamentalmente el primario, y los agricultores de dar respuesta a este ámbito fundamental, lo que hacemos es volver a otorgarla. ¿Qué significa? Que estamos apostando también por el sector agrícola. Los agricultores pueden suspender el pago principal y los intereses de los créditos para el periodo que va desde el 1 de enero al 30 de junio del año 2026. Tienen que hacer la solicitud antes del 15 de enero de ese año y deben estar, lógicamente, registrados como personas afectadas. Esta moratoria era necesaria y será necesaria toda aquella que sea precisa, y el Gobierno también responderá.
La tercera de las cuestiones que trae este real decreto ley es la prórroga de ayudas del Ministerio de Transición Ecológica. Son ayudas, subvenciones, que el Gobierno de España, a través de este ministerio, había concedido tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo insular de la isla de La Palma. Había un plazo comprometido. Tenían que justificarse antes de acabar el año 2024, a 31 de diciembre del 24, con posibilidad de un año de prórroga, y lo que hacemos es volver a prorrogarlo hasta marzo de 2026, porque, de no hacerlo, las Administraciones canarias estarían obligadas a devolver partidas no ejecutadas. Es decir, lo que hacemos es dar solución con estas subvenciones y facilitárselo a las Administraciones canarias. Estamos hablando del vivero en Puntallana, del edificio de PLOCAN en Tazacorte o incluso del Hotel Escuela Monterrey, en el municipio de El Paso. Además, respondemos a una petición necesaria que hacían las Administraciones canarias.
Por último, la cuarta cuestión es el uso del superávit del año 2024 por cuantía de 100 millones de euros. Fundamentalmente, y esto lo dice el real decreto ley en su apartado II de la exposición de motivos ―abro comillas― «para financiar ayudas destinadas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica de la isla de La Palma, principalmente destinados a los daños a las fincas agrarias y las compensaciones por la construcción de infraestructuras sobre fincas expropiadas o dañadas por las coladas volcánicas» ―cierro comillas―. Es decir, esto se hace para paliar los daños del sector más afectado. En estos momentos, todos los que han perdido su primera vivienda han recibido el cien por cien de las ayudas, y no lo dice el Gobierno de España, está en el acta de la comisión mixta celebrada recientemente con todas las Administraciones canarias y el Gobierno de España en esa misma mesa, pero hay un sector que precisa una actuación principal, y es el sector primario. Este es el motivo principal ―por eso está en la exposición de motivos― por el que se aprueban esos 100 millones de euros, que son, como digo, para ayudar básicamente al sector primario. Se permite así por el Ministerio de Hacienda una actuación específica y única al Gobierno de Canarias: el uso del superávit para una actuación ―quiero dejarlo bien claro― que no es una inversión financieramente sostenible, no cabe como IFS la ayuda al sector primario. Dicho de otro modo, no se podrían destinar estos 100 millones al sector primario si solo hubiésemos traído hoy el decreto que luego traeremos a convalidar de las IFS. De ahí lo relevante y lo importante que esté en este decreto específico y destinado exclusivamente para los afectados de la isla de La Palma.
Voy concluyendo, señorías. Como saben todos, en septiembre del año 2021 se produce la erupción en la isla de La Palma. Ha habido una colaboración interadministrativa que ha sido ejemplar, mejorable, sí, pero ejemplar. Fue muy importante que después de noventa días de erupción no hubiera ninguna víctima mortal a causa del volcán. Fue un éxito de la ciencia, un éxito de prevención, un éxito también de la sociedad palmera, que respondió a las normas y a las órdenes que daban protección civil y desde los ámbitos de la seguridad. Desde entonces, en estos años se ha avanzado en la recuperación de la isla de La Palma, pero hay que seguir trabajando para que esa recuperación sea absolutamente definitiva.
Por la obligación que tenemos todos los responsables públicos en cuanto a la transparencia y a la dación de cuentas, he de decir que, desde la erupción de la isla de La Palma hasta hoy, el Gobierno de España ha dado ayudas y desembolsado una cantidad de 1237,5 millones de euros, según un informe del comisionado de La Palma, hecho también con la intervención general de los ministerios, según las subvenciones publicadas y según los datos que pueden conocer quienes quieran. El 72 % del dinero público que se ha desembolsado para la isla de La Palma ha sido puesto por el Gobierno de España. Como digo, son datos oficiales.
Permítanme que los enumere, simplemente para que quede en la sesión de control o en el acta de esta sesión. Si hablamos de política territorial, 53,7 millones de euros, 50 % de infraestructuras municipales, también ayudas al cabildo en infraestructuras. Si hablamos del Ministerio del Interior, las ayudas para casas y enseres son 59,1 millones de euros. Sector primario, agricultura, pesca y alimentación, en infraestructuras y en ayudas, 33,5 millones de euros. Si hablamos del Ministerio para la Transición Ecológica, hablamos de biodiversidad, de geotermia, el buque cisterna, fueron 108,9 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tomando de cuatro planes extraordinarios de empleo para la isla de La Palma, 135 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Industria y Turismo, los suelos industriales, la activación de las rutas aéreas, conectividad, 30,7 millones de euros. Si hablamos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ayudas directas y también del consorcio de compensación, 240,7, para viviendas, para aspectos materiales diversos. Para políticas de igualdad y lucha contra la violencia machista, 0,5 millones de euros. Si hablamos de derechos sociales y ayudas a los sectores más vulnerables de la isla de La Palma, los ayuntamientos han recibido del Ministerio de Derechos Sociales 5 millones de euros y 2,6 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Del Ministerio de Hacienda, ayudas de fiscalidad, ayudas diversas que son también directas, 479,5 millones de euros. Se han destinado 200 000 euros para la movilización de la cultura. Si hablamos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, vías y carreteras hechas en la isla de La Palma o el estudio para luchar contra los gases, 56,2 millones de euros. Del Ministerio de Sanidad, para la salud mental, básicamente 1,5 millones de euros. Si hablamos de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ahí están los ERTE o el cese de actividad, 21 millones de euros. Por último, si hablamos del Fondo de Solidaridad solicitado a la Unión Europea, 9,5 millones de euros. Es decir, por parte de la Administración General del Estado, tanto del anterior Gobierno de España como del actual, del año 2021 al día de hoy, 1237,5 millones de euros.
Seguiremos trabajando por la isla de La Palma. También quiero reconocer el esfuerzo del resto de las Administraciones. Del Gobierno de Canarias, de la etapa anterior y la actual, más de 400 millones. Son datos del comisionado de La Palma, por supuesto sometido a actualización por esas Administraciones. Más de 50 millones del Cabildo de La Palma y más de 25 millones por parte de los ayuntamientos afectados. Es decir, ha sido un trabajo colectivo, un trabajo interadministrativo, un trabajo, creo que también ejemplar, en el que ―repito― no podemos ir a la autocomplacencia, sino seguir trabajando. Por tanto, como tenemos que seguir trabajando ―ya termino―, también me toca solicitar el voto unánime para este real decreto ley de ayuda a los afectados de la isla de La Palma.
Muchísimas gracias. (Aplausos).