Moción consecuencia de interpelación urgente para que el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes rinda cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular, tras la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado.

Buenas tardes, presidente. Don Luis Antonio Burón Barba, primer Fiscal General del Estado designado para el cargo y nombrado por el Gobierno socialista, dejó dicho: No es razonable temer que un Gobierno legítimo salido de las urnas utilice unas facultades de cese y nombramiento como armas para influir en el curso de los procesos en que intervenga el Ministerio Fiscal, ni que cualquier fiscal general se pliegue a una pretensión de tal índole. Cuarenta años después, los dos temores del Fiscal General Burón se han hecho realidad: primero, que un Gobierno pretenda influir en el Ministerio Fiscal; segundo, que el Fiscal General del Estado se pliegue a las indicaciones recibidas del Gobierno. Como consecuencia de ello, y como todas sus señorías saben, el fiscal general ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Ya tienen a su disposición los 184 folios de la sólida sentencia con sus fundamentos jurídicos que justifican debidamente la condena. En cuarenta y siete años de democracia, este Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, es el que más ha atacado la Constitución, afectando la separación de poderes, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos. El Gobierno de Sánchez ha violado de manera frontal y directa, entre otros muchos, el artículo 134.3 de la Constitución española, que establece el mandato imperativo ―digo imperativo― de presentar los presupuestos generales del Estado tres meses antes de la expiración de los anteriores. El artículo indica de manera expresa «deberá presentar». Este incumplimiento, señorías, es gravísimo. Como acertadamente indica el catedrático don Javier Tajadura Tejada, esto supone un falseamiento generalizado de la forma de gobierno prevista en la Constitución, derivando en lo que la doctrina, y en concreto don José Tudela Aranda, denomina parlamentarismo negativo. El Ejecutivo se legitima por la existencia de un programa de gobierno que cuenta con el respaldo de la mayoría de la Cámara, pero esto, desde hace años, no es así en España: no existe programa de gobierno que cuente con la mayoría de la Cámara; se ceden, como pago por el chantaje, competencias del Estado y se entrega dinero de todos los españoles a sus socios para lograr que voten a favor de un punto concreto en el Pleno, permitiendo así que continúe el Gobierno con respiración asistida. (Aplausos). La única razón de ser del Ejecutivo de Pedro Sánchez es impedir la alternancia política. Hay que decirlo claro y alto. Y esto, señorías, no es democrático. Se incumple, entre otros, el artículo 66 de la Constitución, que indica que las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Pues bien, en España no se cumplen ninguna de estas tres cuestiones. Se secuestra el Parlamento; se le vacía de contenido; se debilita el sistema de controles y contrapesos; se bloquean inconstitucionalmente las iniciativas del Senado; se reduce el debate público; se utilizan fraudulentamente las atribuciones de la Mesa y se gobierna desde el Consejo de Ministros, incumpliendo también el artículo 86 de la Constitución española, que establece meridianamente claro que solo se puede hacer en casos de extraordinaria y urgente necesidad. (Aplausos). ¿Sabían ustedes, señorías, que el Gobierno de Sánchez ha batido el récord de reales decretos, más de 160 hasta ahora, y que es el primero en toda la democracia que ha aprobado más decretos que leyes? El Gobierno de la gente, el Gobierno progresista, sí, ese. Se ha potenciado el guerracivilismo y la polarización: se enfrenta a hombres contra mujeres, a propietarios contra inquilinos, a empresarios contra trabajadores, a unas comunidades autónomas frente a otras comunidades autónomas, a pensionistas contra trabajadores activos, y ahora se enfrenta a los ciudadanos contra los jueces; esa es su última pretensión. (Aplausos).

Tras la condena al Fiscal General del Estado, y sin haber conocido aún la sentencia, que se publicó ayer, el presidente del Gobierno, sus ministros y sus socios de Gobierno y socios parlamentarios han atacado abiertamente al Tribunal Supremo, siguiendo el argumentario de Moncloa, claro. El presidente anticipó la inocencia del Fiscal General del Estado para presionar al Poder Judicial. Y esto es vergonzoso, señorías; esto no se puede hacer en un Estado de derecho. (Aplausos). Y, tras la condena, sigue defendiendo al fiscal y sigue hablando de que es una condena sin pruebas y que se acabará imponiendo la verdad. La ministra de Sanidad utilizó la televisión pagada por todos los españoles para afirmar que se condenaba sin pruebas y que el procedimiento era irregular. El ministro Óscar López declaró que el fiscal es inocente a pesar de lo que diga el Supremo. El ministro Puente ha llegado a afirmar que el Tribunal Supremo es la oposición real al Gobierno. En cuanto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, si hoy se hubiera dignado a venir al Congreso, le preguntaría con qué rostro iba a venir: ¿como abogado defensor del fiscal general, como ha estado haciendo durante muchos meses, o quizá como abogado defensor de la familia Sánchez-Gómez, o como el notario mayor del Reino, que es lo que debería hacer como ministro de Justicia de todos los españoles? (Aplausos).

A todo esto se suma su pretensión de modificar unilateralmente y sin consenso la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que organismos internacionales revisen procedimientos judiciales españoles firmes. Hablo del artículo 762.2 del proyecto. ¿Qué es esto, señorías del PSOE? ¿Otro intento de modificar la Constitución sin acudir al procedimiento establecido en esta? ¿Es otra mutación constitucional encubierta? ¿Se está externalizando la justicia en un relator de la ONU? Los españoles deben saber que los magistrados que han condenado al fiscal son los mismos que dictaron la sentencia del caso Gürtel o la condena a Iñaki Urdangarín. ¿Eran imparciales entonces y ahora son prevaricadores?

Nadie, por muy poderoso que sea, está por encima de la ley; se llama Estado de derecho y esta es la principal lección que sacamos de esta brillante sentencia del Tribunal Supremo. (Aplausos).

Para terminar, y por lo que respecta a Televisión Española, la degradación es absoluta. Lo que debería ser la televisión de todos se ha convertido en ‘Telepedro’, una máquina de propaganda que nos cuesta 1200 millones de euros al año. Nunca podremos olvidar que el día que España lloraba por las víctimas de la dana decidieron, señorías del PSOE, no suspender el Pleno del Congreso para asaltar el Consejo de Administración de Televisión Española (aplausos), una decisión, señorías, que pesará siempre sobre sus conciencias y la de sus socios.

Durante este último año ―ya acabo, señor presidente―, han contratado a dedo a productoras y a presentadores afines que manipulan abiertamente de la mañana a la noche y nos trasladan el argumentario diario enviado desde Moncloa.

Ya acabo. El propio Consejo de Informativos de Televisión Española ha denunciado la falta de cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, el incumplimiento del manual de estilo, el estatuto de información o la Ley General de Comunicación Audiovisual; incluso, han llevado esta denuncia ante el Parlamento Europeo. Hoy mismo, señorías, Televisión Española estaba absolutamente lanzada defendiendo al delincuente y atacando al Tribunal Supremo.

Es inadmisible, no lo vamos a consentir.

Merecemos una España mejor. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie)..

Muchas gracias, señor presidente. La moción consecuencia de interpelación urgente que hoy nos trae el Partido Popular versa, sobre todo, de la degradación institucional. Nosotros compartimos tal diagnóstico en tanto que lo llevamos denunciando en el momento mismo en que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa. Además, estamos convencidos de que es capaz de todo con tal de permanecer un segundo más en el poder para intentar garantizar su impunidad. Esta degradación institucional, señorías del Partido Popular, no es un accidente, es consecuencia de un proyecto político que necesita destruir todos los contrapesos y contrapoderes precisamente para garantizar o intentar garantizar su impunidad y también la de sus socios separatistas. Por eso, el Gobierno siempre encuentra un escalón más bajo de degradación institucional y Pedro Sánchez está a la vanguardia de este. A nosotros, señorías del Partido Popular, esta iniciativa nos parece correcta, si bien también nos parece cándida, ingenua e insuficiente. Y esta iniciativa nos parece ingenua y cándida porque ustedes solicitan que el Gobierno se abstenga de dar instrucciones e indicaciones políticas a la nueva Fiscal General del Estado; también, que el Gobierno se abstenga de presionar a los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Pero a estas alturas todavía ustedes piensan eso?, ¿se chupan el dedo? (Aplausos). Evidentemente, el Partido Socialista y el Gobierno van a presionar a la nueva Fiscal General del Estado, y por eso nosotros consideramos esta iniciativa sumamente insuficiente, porque rechazamos frontalmente dicha designación, entre otras cuestiones por la misma trayectoria política de la nueva Fiscal General del Estado. Nosotros lo que queremos es que se disuelvan las Cámaras y que se convoquen elecciones. Y, mientras tanto, evidentemente, que el Gobierno retire todos y cada uno de los proyectos de ley que están socavando la independencia del Poder Judicial, entre otros, por ejemplo, el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal o el proyecto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. Pero a nosotros, señorías del Partido Popular, no nos extraña que esta iniciativa sea cándida e ingenua, porque ustedes llevan décadas repartiéndose instituciones que deberían ser neutrales con el Partido Socialista (aplausos), todas y cada una de ellas, desde los magistrados del Tribunal Constitucional a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los consejeros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos, incluso han aceptado las migajas que les han dejado después del pacto de Partido Socialista, separatistas y comunistas con los consejeros de Radiotelevisión Española. Y más grave aún que estos pactos en instituciones que deberían ser neutrales es que ustedes han legitimado al Partido Socialista delante de los españoles y también delante de los líderes internacionales, porque mientras se estaba tramitando la ley de amnistía ustedes estaban pactando los vocales del Consejo General del Poder Judicial con este Gobierno y con los comunistas. (Aplausos). Creo que ustedes, señorías del Partido Popular, todavía no han entendido que la izquierda y los separatistas odian y detestan a los jueces y magistrados libres e independientes; es más, es que odian el mismo concepto de justicia profesional libre e independiente, porque ellos quieren una justicia revolucionaria y partidista. Por eso, cuando ellos hablan de lawfare, no dicen que se está judicializando la política. En el fondo lo que nos están diciendo es que quieren politizarla todavía más (aplausos), porque se creen por encima del imperio de la ley y no toleran que sus fechorías y sus actos criminales estén investigados por jueces libres e independientes. Señorías del Partido Popular, ustedes siguen buscando al PSOE bueno. De hecho, en la misma iniciativa lo dicen. Pues ya que se reúnen con el señor Page y dicen que es un hombre coherente y que no está conforme con las actitudes del Partido Socialista, presenten ustedes su moción de censura, que seguro que la votan los diputados del Partido Socialista electos por las provincias de Castilla-La Mancha. (Aplausos). Señorías del Partido Popular, les animamos a que se sumen a nuestra iniciativa de derogar cada norma y de suprimir cada organismo que no vele por el interés nacional, por el bien de todos los españoles y por la unidad nacional. Por eso, señorías del Partido Popular, termino diciendo que la verdadera libertad política está en el imperio de la ley, el castigo del delito y el orden; y eso, señorías, solo lo representamos nosotros. Muchísimas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Nos trae una vez más el Partido Popular, y también VOX, el asunto del ya dimitido Fiscal General del Estado, el señor don Álvaro García Ortiz, pidiendo de una manera u otra a la Cámara, a los grupos parlamentarios, su posicionamiento. En este sentido, quiero recordar muy brevemente, por una parte, lo que consideramos palmario y, por otra, reflejar nuestra opinión, la del Grupo Parlamentario Vasco, sobre la sentencia del Tribunal Supremo acerca del señor García Ortiz. En cuanto a lo palmario, quiero señalar, señorías, que no tiene nombre que personas como el señor don Alberto González Amador, en lo más duro de la pandemia del COVID, se lucraran de manera obscena con la venta de productos de carácter sanitario, en una situación de extrema necesidad que afectaba a la vida del conjunto de la ciudadanía y de las personas en particular. Y también en cuanto a lo palmario, quiero señalar que el señor don Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, difundió información falsa, un auténtico ejercicio de intoxicación informativa sobre la situación del señor don Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en relación con una propuesta de acuerdo de conformidad penal con la Fiscalía sobre la comisión de dos delitos contra la Hacienda pública. Y en lo relativo a lo opinable, y sin desviarnos de lo esencial, nos parece jurídicamente más atendible la valoración de la prueba contenida en el voto particular y que conducía a la absolución que la realizada en la sentencia del Tribunal Supremo, condenatoria del ahora dimitido fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, que consideramos ha vulnerado su presunción de inocencia. Sin dejar de señalar, señorías ―y voy finalizando, presidente― el a nuestro juicio grave daño que situaciones como la presente, en todas sus facetas, generan en las instituciones y en la confianza ciudadana sobre estas, entreabriendo la puerta a alternativas autoritarias que en nuestro ámbito político están rampantes. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

President, senyories. Bona tarda. El títol de la moció que ens ocupa és rendir comptes del deteriorament sense precedents del que aquest govern ha sotmès les institucions de l’Estat i, molt especialment, del Fiscal general de l’Estat. Senyories del PP, sense precedents? No, al contrari. Hi ha precedents. La instrumentalització de la Fiscalia amb finalitats polítiques ha estat la norma de tots els governs de tots i, especialment, dels del PP. Per exemple, recorden el nomenament del senyor Manuel Moix com a fiscal anticorrupció per part del Fiscal General de l’Estat, senyor José Manuel Maza, per frenar la instrucció de l’operació Lezo i altres casos de corrupció del PP? Ho recorden? Recorden les gravacions del senyor Ignacio González dient a Zaplana que el senyor Moix era collonut i que, per tant, se l’havia de nomenar fiscal anticorrupció? Recorden que després aquest fiscal va maniobrar per evitar el registre del domicili i la detenció del senyor Ignacio González? Això no són precedents? Totes les associacions, i fins i tot el Consell Fiscal, van demanar responsabilitat per aquelles ingerències. I el que no va ser deteriorament, sinó directament degradació total de la Fiscalia, va ser com va utilitzar aquesta institució el govern Rajoy per reprimir la demanda legítima del poble de Catalunya d’autodeterminar-se. Em refereixo a l’aberrant querella per rebel·lió que va presentar el senyor Maza contra el Govern de Catalunya, la presidenta del Parlament i els líders socials del procés. Amb la invenció d’una violència que mai va existir i la mentida del cop d’estat, quan el delicte de referèndum havia estat eliminat del Codi Penal. Una querella instrumental que l’únic que buscava era justificar la presó. Les ordres de detenció internacionals i suspendre els càrrecs electes, entre d’altres, els diputats d’aquesta cambra Junqueras, Rull, Turull i Sànchez. Amb la col·laboració, per cert, de la presidenta, senyora Meritxell Batet. Però el més fort, és que la querella era un disc sol·licitat pel ministre de Justícia del govern Rajoy, senyor Català. I la música del disc provenia directament, no dirien mai d’on, del Tribunal Suprem. El senyor Maza era massa recte per inventar-se el cuento de la rebel·lió. Per altre costat, anem al tema de més actualitat. Aquests dies hem viscut un aquelarre emocional per la condemna del fiscal general. Els que no fa tant deien: «traeré a Puigdemont de vuelta para que rinda cuentas ante la justícia» i van fer tot el possible per aconseguir-ho, són els mateixos que ara parlen de lawfare, de cop d’estat i pinten el senyor García Ortíz com un represaliat polític. Fins i tot una associació de fiscals progressistes ha requerit que intervinguin les Nacions Unides per greus anomalies en el procés judicial. És curiós perquè ni ara ni en el judici al procés, ni en la resta de judicis a independentistes, en els quals la fiscalia acusava a centenars de persones de delictes inexistents, de rebel·lió, de malversació, de terrorisme, de desordres. En cap d’aquests judicis, aquests mateixos fiscals que ara van a plorar a les Nacions Unides no van veure cap anomalia. És molt curiós.

Com deia l’altre dia a la compareixença de la senyora Peramato, des del PSOE s’ha volgut atribuir la repressió de l’independentisme al govern del PP, però la realitat és que ha estat des del 2018 que l’Estat espanyol ha actuat de forma més sofisticada i, sobretot, més sistemàtica contra l’independentisme i especialment en relació a la fiscalia. En lloc d’un òrgan independent i imparcial, el que hi ha hagut és un actor que fa política judicial a les ordres del govern, promou causes i les impulsa o les recupera segons els interessos polítics del moment per rebaixar o directament per anul·lar l’adversari polític. I més enllà de la sentència d’ahir, en la que no hi entro perquè hi ha entrat amb molt d’encert el diputat que m’ha precedit, el senyor Legarda, el fet és que aquest actor, la fiscalia, promou relats mediàtics coordinadament amb mitjans afins i desplega una activitat de comunicació intensa i sistemàtica. Una activitat, per cert, impròpia de les seves funcions. Un ús intencionat d’informació reservada que inclou, no dirien què, des de notes informatives a filtracions informals. I sabem del que parlem perquè nosaltres ho hem patit.

Acabo el procés al fiscal general és molt greu i denota, com deia, com deia abans la diputada a la lleugera, la putrefacció de l’Estat. Però no es pot comparar amb la brutal repressió penal, policial, tributària i mediàtica contra l’independentisme. No és el mateix. No intentin posar-ho tot al mateix sac. Amb nosaltres hi ha hagut persecució ideològica. En canvi, vostès dos estan en una guerra, una guerra entre els «¿de quién depende la fiscalia?» i els del «el que pueda hacer, que haga». I en aquesta guerra algú s›ha pensat que el que valia contra nosaltres també valia contra el PP. S›ha passat de frenada i no li han perdonat. Com sap tothom, el senyor García Ortiz no estaria condemnat si hagués filtrat contra nosaltres, però això no vol dir que les seves batalles, les batalles que tenen entre vostès, siguin les nostres,, ni tampoc que es puguin comparar les dues persecucions.

Moltes gràcies.

Presidente, señorías, buenas tardes. El título de la moción que nos ocupa es rendir cuentas del deterioro sin precedentes al que este Gobierno ha sometido a las instituciones del Estado, en particular tras la condena del Fiscal General del Estado. Señorías del PP, sin precedentes no, al revés, existen precedentes. La instrumentalización de la Fiscalía con motivos políticos ha sido la norma de todos los Gobiernos, sobre todo los del PP. Por ejemplo, ¿recuerdan el nombramiento del señor Manuel Moix como fiscal anticorrupción por parte del Fiscal General del Estado, el señor Maza, para frenar la instrucción de la operación Lezo y otros casos de corrupción del PP? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan las grabaciones del señor Ignacio González diciendo a Zaplana que el señor Moix era cojonudo y que, por tanto, se le debía nombrar fiscal anticorrupción? ¿Recuerdan que después este fiscal maniobró para evitar el registro del domicilio del señor Ignacio González? ¿Esto no son precedentes? Todas las asociaciones e incluso el Consejo Fiscal pidieron responsabilidad por esas injerencias. Y lo que no fue deterioro, sino directamente degradación total de la Fiscalía, fue cómo utilizó esta institución el Gobierno Rajoy para reprimir la demanda legítima del Gobierno de Cataluña de autolegitimarse. Me refiero a la aberrante querella por rebelión que presentó el señor Maza contra el Gobierno de Cataluña, la presidenta del Parlamento y los líderes sociales del procés, con la invención de una violencia que nunca existió y la mentira del golpe de Estado, cuando el delito de referendo había sido eliminado del Código Penal; una querella instrumental que quería justificar la prisión, las órdenes de prisión, de detención internacional y suspender los cargos electos, entre otros, de los diputados de esta Cámara Junqueras, Rull, Turull y Sànchez, con la concurrencia de la presidenta Meritxell Batet. Pero lo más fuerte es que la querella era algo solicitado por el ministro de Justicia del Gobierno del PP, el señor Catalá, y venía del Tribunal Supremo. El señor Maza era demasiado recto para inventarse el cuento de la rebelión. Vamos al tema de más actualidad. Estos días hemos vivido un aquelarre emocional por la condena del fiscal general. Los que no hace tanto decían «Traeré a Puigdemont para que rinda cuentas ante la justicia» e hicieron todo lo posible por conseguirlo, son los que ahora hablan de lawfare y de golpe de Estado y hablan del señor Ortiz como de un represaliado político. Incluso los fiscales progresistas han pedido que intervengan las Naciones Unidas por graves anomalías en el proceso. Pero es curioso, porque en el resto de juicios a los independentistas, en los que la Fiscalía acusaba a centenares de personas de delitos inexistentes de rebelión, malversación, terrorismo, desórdenes, en ninguno de esos juicios esos mismos fiscales que ahora van a llorar ante las Naciones Unidas vieron o detectaron ninguna anomalía. Es muy curioso.

Como decía el otro día en la comparecencia de la señora Peramato, desde el PSOE se ha atribuido la represión del independentismo al Gobierno del PP, pero desde 2018 el Estado español ha actuado de forma más sofisticada y sistemática contra el independentismo. En especial referencia a la Fiscalía, en lugar de un órgano independiente e imparcial, hemos tenido un actor que hace política judicial a las órdenes del Gobierno, que impulsa las causas o las recupera en función de los intereses políticos del momento para rebajar o anular al adversario político y, más allá de la sentencia de ayer, en la que no entro porque el diputado Legarda ha entrado en ella con acierto, la Fiscalía promueve relatos mediáticos coordinados con medios afines y despliega una actividad de comunicación intensa y sistemática, una actividad impropia de sus funciones, por cierto, y un uso intencionado de la información reservada, que incluye desde notas informativas hasta filtraciones informales. Sabemos de lo que hablamos porque lo hemos sufrido.

El proceso al fiscal general es muy grave y denota, como decía la diputada Vallugera, la putrefacción del Estado, pero no se puede comparar con la brutal represión penal, tributaria y mediática contra el independentismo. No es lo mismo, no intenten poner todo en el mismo saco. Con nosotros se ha producido una persecución ideológica. En cambio, ustedes dos están en una guerra; una guerra entre los de «¿De quién depende la Fiscalía» y los de «El que pueda hacer que haga». Y, en esta guerra, alguien se ha pensado que lo que valía contra nosotros también valía contra el PP. Se ha pasado de frenada y no se lo han perdonado. El señor García Ortiz no estaría condenado si hubiera filtrado algo contra nosotros, pero esto no significa que sus batallas, las batallas que tienen entre ustedes, sean nuestras batallas ni tampoco que se puedan comparar las dos persecuciones.

Gracias.

Gracias, presidente. En la línea de mi compañero Enrique Santiago, después de sus conocidos hits del verano Gobierno ilegítimo y Con Franco vivíamos mejor, el Partido Popular y VOX nos traen hoy su último villancico navideño: Asistimos a un deterioro sin precedentes de las instituciones. Más que una canción nueva, en realidad se trata de un remix, que difícilmente pasará a la historia como el famoso chachachá de Anotop el Faraón. Pero las derechas de esta Cámara son así, señorías. Y por eso, para apagar el fuego del deterioro sin precedentes de las instituciones, nos sugieren, como en el famoso cuento de Dickens, que invoquemos a los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. ¿Que los rojos y separatistas insisten en respirar y existir? Pues el fantasma de Jorge Fernández Díaz te asegura que Fiscalía te lo afina y el de Ignacio Cosidó, con un gorro de terciopelo y un pompón blanco, te recuerda que ya controlan la Sala del Supremo por la puerta de atrás. ¿Que el actual Tribunal Constitucional no les gusta porque no sirve a los intereses del Partido Popular? Bueno, siempre puedes invocar al fantasma de González Pons para que lo atosigue gritándole: ¡Son el cáncer de la democracia! ¿Que no tienes cómo probar que el Fiscal General del Estado ha cometido un delito? Pues las Navidades son un buen momento para la imaginación: lo condenas sin sentencia, se lo atribuyes a alguien de su entorno, lo inhabilitas por dos años y así, de un plumazo, te lo quitas de encima, como ya se hizo con Juan María Atutxa, con Otegi, con los jueces de la Gürtel, con líderes del procés, con Alberto Rodríguez y con tantísimos más. Y así pasan las horas y el villancico no deja de sonar: Pedro Sánchez tirano, Gobierno ilegítimo, inhabilitaciones a destajo, que viva a tope el faraón y boicot al cava catalán. Y mientras tanto, tenemos a la reina maga Isabel Díaz Ayuso practicando su truco preferido, liquidar el presupuesto de sanidad pública, liquidar el artículo 43 de la Constitución y enriquecer a los accionistas de Quirón y del hospital de Torrejón, además de a su hermano y a su propia pareja. (Aplausos). Y bueno, pues ahí tenemos al señor Feijóo, que no es el rey Melchor porque no quiere, pero que ha ido a Cataluña a ofrecerle al jefe de la gran patronal el regalo que más ilusión le hacía: liquidar el artículo 31 de la Constitución y ahorrarles impuestos a los que más patrimonio tienen. El problema es este, señorías, que a menudo estos reyes magos del Partido Popular vienen con regalitos en el zurrón y dispuestos a convertir lo sucio en oro, pero no solo no reparan las instituciones públicas, sino que las saquean, las privatizan o las convierten en negocios de pocos. Y llegado el caso, si quien puede hacer no hace, como pide el Santa Claus Mayor, José María Aznar, siempre habrá algunos sacrificados elfos al servicio del Partido Popular que crearán una policía patriótica. Y si al Tió catalán se le ocurre hablar su lengua, se le espía. Siempre se le espía, porque, como decía ayer el diputado Joseba Agirretxea, del Partido Nacionalista Vasco, el problema de los reyes magos de la «una, grande y libre» es que no te quieren dentro, pero tampoco te dejan salir fuera. Por lo tanto, llegados a este punto, es posible que muchas familias se nieguen a pasar la Nochebuena jugando al acertijo de quién es M. Rajoy o en qué reservado decidió Carlos Mazón regalar 62 millones de euros a empresas vinculadas a tramas corruptas del Partido Popular. Pero, cuidado, porque siempre puede haber un cuñado, deprimido por lo falso que suenan estos villancicos del Partido Popular, que piense que solo le queda entregarse a los brazos de Abascal, pero se equivocaría, porque Santiago Abascal, a quien si le hicieran una prueba genética tendría mucho en común con el rey Baltasar, fue un paje muy bien pagado durante los Gobiernos de Aznar, de Rajoy y de Esperanza Aguirre, que no solo no denunció su corrupción, sino que calló y cobró, como sigue haciendo con su fundación, y siguió cantando como si nada «Mira, mira cómo beben los peces en el río». Por eso, a quienes aún se ilusionan con las Navidades, no se fíen de los falsos reyes del Partido Popular y VOX, que habrían deportado al niño de Belén, y recuerden, como solía decir el gran Robe Iniesta de Extremoduro, que nos ha dejado hace unas horas, que la peor lucha es la que no se da. Así pues, por Robe y por tantas y tantos como él, a seguir luchando y a legislar con vocación republicana para que toda mujer y todo hombre en cualquier rincón del mundo tengan paz, salud, vivienda y puedan vivir dignamente y en paz, sin pedir permiso a ningún poderoso.

Zorionak eta Urte Berri On, Bon Nadal i Pròsper Any Nou, Bo Nadal e Feliz Aninovo, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Nos presenta el Grupo Parlamentario Popular una moción con una serie de advertencias de carácter moral. Sí, el Grupo Popular y de carácter moral. No se rían. Nos dicen: Ojo con las indicaciones que dan a la Fiscalía General del Estado. ¡Y me lo dicen a mí! Lo dicen ellos, que prohibieron expresamente al fiscal jefe de Madrid investigar el mayor robo de urnas de la historia de nuestra democracia en el ‘tamayazo’. (Aplausos). ¡Me lo dicen a mí! Y nos dicen también: Ojo con lo que emiten en la televisión pública. ¡Y lo dicen ellos, que emitieron corridas de toros mientras miles de valencianos se manifestaban pidiendo justicia para sus muertos! (Aplausos). ¡Justicia para sus muertos! Y emitieron corridas de toros. Pero esta es la mejor, nos dicen: Ojo con los motivos por los que se manifiestan. ¡Ellos, que organizaron manifestaciones contra el amor, contra el afecto, contra el cariño, contra la decisión de dos personas del mismo sexo de convivir y quererse! (Aplausos). Organizaron manifestaciones contra el amor bajo el lema de esa gran filósofa que es Ana Botella ―recordaréis―: «Las manzanas no son peras y las peras no son manzanas». (Risas.―Aplausos). Déjense de mocioncitas, señorías del Partido Popular, que tienen ustedes una historia demasiado truculenta como para dar lecciones de moralidad a nadie, y menos a este Gobierno. (Rumores). Hablan de corrupción, hablan de abuso de poder, hablan de separación de poderes. ¡Pero si tienen casos de corrupción para todo el abecedario, desde el caso Almería y el caso Bárcenas al caso Torrejón y el caso Zamora! (Rumores). En fin, nos dicen que respetemos el principio de separación de poderes cuando declararon ustedes para la portada de su diario de cabecera lo siguiente (muestra un recorte de prensa): El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial. Bueno, ¿y esto exactamente cómo se expresa? ¿Cómo la carrera judicial apoya al Partido Popular? En concreto, ¿últimamente tienen ustedes algún ejemplo del que hablarnos sobre el apoyo de la carrera judicial al Partido Popular? (Risas.―Grandes aplausos). ¡Nos hablan de abuso de poder cuando hicieron policía nacional a un chófer para que espiara al tesorero de su partido! No, ustedes han convivido perfectamente con la corrupción, con el abuso de poder y con la vulneración del principio de separación de poderes. Su problema es de otra naturaleza. Su problema tiene que ver con las convicciones democráticas. (Rumores). No asumen ustedes la legitimidad de quienes piensan diferente para hacer política o para gobernar. Ese es su problema. (Continúan los rumores). Es más, yo soy de los convencidos de que, si pudieran y estuviera en su mano, inhabilitarían y expulsarían de este hemiciclo a la mayoría de los diputados. A los del Gobierno, por sanchistas. A los de Junts y a los del PNV, por separatistas. A los de Esquerra, Bildu y BNG, por separatistas y por rojos. (Risas). A los de Podemos, por deslenguados e irreverentes. Los expulsarían a todos. Tienen ustedes que aprender una cosa: tenemos la mayoría tanta legitimidad como ustedes para defender nuestras ideas en libertad (aplausos), para hacer política, para presentarnos a las elecciones y para gobernar también. Asúmanlo de una vez, vamos a gobernar sin pedirles perdón y sin pedirles permiso. (Continúan los aplausos). Que ya han pasado cincuenta años desde que murió el dictador. ¡Ya está bien! (Continúan los aplausos). Tienen un problema de convicciones democráticas, por eso no aceptan el resultado de las elecciones, por eso patrimonializan el poder (protestas) como si les perteneciera por cuna, por derecho natural, por apellido, por eso criminalizan al adversario en vez de plantear alguna alternativa, por eso intentan tutelar por la puerta de atrás las instituciones que no controlan. Tienen un problema grave de convicciones democráticas. (Rumores.―El señor Pérez López: El problema lo tienen ustedes). Después se enfadan porque les asemejamos a sus socios ultras. ¡Si nacieron de la misma raíz, si crecieron en el mismo tronco y si les alimenta la misma ansia de poder! ¡Ansia viva, que diría el otro, de poder! (Risas.―Rumores). Señorías, buscar el poder no es ilícito. Nosotros buscamos el poder para servir a la gente; ustedes se sirven de la gente para buscar el poder. (Aplausos.―Protestas). Por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo criminal, el poder. Creen que solo ustedes lo detentan con legitimidad. En eso se parecen muchísimo a sus socios ultras, a la internacional ultra. (Rumores). Cada día es más evidente para más gente.

Y después vendrán los lloros, que si el CIS de Tezanos, que si los tertulianos de la televisión pública, que si la abuela fuma... (Risas.―Rumores.―El señor Pérez López pronuncia palabras que no se perciben).

En fin, señorías, como les pasó en la noche del 23 de julio. Van a tener ustedes en lo sucesivo muchas noches como la del 23 de julio y se lo tienen muy bien merecido.

Felices fiestas. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie.―Rumores y protestas).

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR REGO CANDAMIL), RELATIVA A LA MEJORA DE LA FINANCIACIÓN EN GALICIA. (Número de expediente 173/000144).