Ignacio Gil Lázaro
VoxDiputado.Página 100Vídeo
Gracias, señor presidente. Señorías, el Gobierno prosigue en su acoso a la justicia. La condena al fiscal general trae causa en el hecho de que Sánchez haya convertido a la Fiscalía en un instrumento a su servicio. Y, desde luego, nada hace suponer que la nueva Fiscal General del Estado vaya a tratar de corregir este hecho, como es un hecho también el control político del Gobierno sobre el Consejo General del Poder Judicial y sobre el Tribunal Constitucional, control favorecido por el Partido Popular, que pactó con Sánchez en su momento la renovación de dichos órganos. Y ese control político, además, es especialmente grosero en lo que concierne al Tribunal Constitucional, un tribunal que, sin ser un tribunal de casación, anuló la condena dictada por el Tribunal Supremo contra los señores Chaves y Griñán con ocasión del caso de los ERE de Andalucía y al que ahora ya Sánchez ha puesto sobre aviso para hacer lo mismo con la condena correspondiente al señor García Ortiz. Pero no solamente esto, sino que, además, este Tribunal Constitucional ha venido sistemáticamente avalando todas las más radicales y extremistas leyes del sanchismo: eutanasia, aborto, educación, amnistía... Y no solamente las ha avalado, sino que, en determinados casos, ha tratado de blindar la imposibilidad de que esas sentencias puedan ser revisadas en el futuro. (Aplausos). Este intento de control político de la justicia se manifiesta igualmente en el proceso de reformas legislativas que el Gobierno trata de impulsar, fundamentalmente a través del proyecto de ley de ampliación y funcionamiento de la carrera judicial y fiscal y del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Mediante el primero, el Gobierno pretende facilitar el acceso a ambas carreras a personas afines en detrimento de aquellas que han accedido a ellas por la vía de oposición. En cuanto al segundo, el Gobierno pretende conceder la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, de modo que de ellas dependerán las correspondientes unidades investigadoras de policía judicial ―es decir, la UCO― y, al mismo tiempo, limitar la presencia de la acción popular en dicho proceso penal. En definitiva, todo este intento de control manifiesto de la justicia por parte del Gobierno no tiende sino a pretender reforzar el poder omnímodo de Sánchez, que desde hace años viene acreditando que se siente por encima de la ley e impune ante ella, y, como consecuencia de esta realidad, los múltiples casos de corrupción familiar, política y gubernamental que afectan a Sánchez. Así que, señorías, conviene situar esto también en el contexto debido, porque esa corrupción que hoy afecta a Sánchez lo es desde el origen mismo, porque Sánchez no tuvo ningún inconveniente en pactar con los peores enemigos de la nación para ser presidente; para continuar siéndolo, en indultar y amnistiar a políticos separatistas que se habían alzado en Cataluña contra la unidad nacional y contra la Constitución, y, hoy, continúa, día a día, atendiendo las demandas de comunistas, separatistas y herederos políticos de ETA no porque ―como algunos erróneamente digan― sea víctima del chantaje de estos, sino, exactamente, porque con ellos comparte el mismo proceso que estos asumen de desmembración de la unidad nacional y de liquidación del modelo constitucional vigente. (Aplausos). Así que, señorías, hoy, tanto por ese control político de la justicia como por su falta de respeto a la separación de poderes, al Estado de derecho y a la pluralidad ideológica natural de la sociedad española, Sánchez es una auténtica amenaza para nuestra democracia. Y un punto especial hay que hacer en cuanto a esa falta de respeto hacia la pluralidad que se manifiesta, evidentemente, en la situación actual de Televisión Española, porque, mediante real decreto, en octubre de 2024, Sánchez y sus socios modificaron el sistema de elección del Consejo de Administración de Televisión Española, de modo que eso les ha permitido disponer hoy de once del total de quince vocales que integran ese consejo y, por tanto, convertir a Televisión Española en un elemento de adoctrinamiento y propaganda al servicio de la ideología oficial, dedicado, además, a falsificar sistemáticamente la historia de España y, lo que es peor, a ofender cotidianamente las convicciones políticas y religiosas de millones de españoles. (Aplausos).
Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario VOX, a través de esta moción, plantea cuatro exigencias fundamentales. Primero, instar al Gobierno a que promueva con carácter urgente todas aquellas reformas necesarias en las leyes que regulan las grandes instituciones del Estado para garantizar la neutralidad de las personas que tienen que desempeñar en ellas puestos de dirección. En segundo lugar, garantizar, adoptando todas las medidas legales precisas, la imparcialidad, la independencia y, desde luego, la competencia profesional de las personas llamadas a ejercer la Fiscalía General del Estado. En tercer lugar, proceder de inmediato a la retirada de los proyectos de ley de ampliación y funcionamiento de la carrera fiscal y judicial e, igualmente, del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal y renunciar en el futuro a cualquier iniciativa que pretenda atribuir la instrucción del proceso al Ministerio Fiscal o que pretenda limitar en dicho proceso el ejercicio de la acción popular. Y, finalmente, proceder a una reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar y establecer que los doce vocales de origen judicial que forman parte del consejo general lo sean por elección directa, personal y secreta de todos los miembros de la carrera. (Aplausos). Y, además, establecer que el criterio de antigüedad en el escalafón sea el único criterio válido para la provisión de plazas en el Tribunal Supremo y para la presidencia de todos los demás tribunales.
En definitiva, señorías, estas son reformas urgentes, pero mucho más urgente que esto, para garantizar la independencia de la justicia y la salvaguarda de nuestra democracia, es darle ya la palabra al pueblo español para que el pueblo español decida libremente sobre una disyuntiva clara, expresa y taxativa: o continuar moribundos en manos de Sánchez o abrir un camino de esperanza al futuro de España.