Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Gracias, presidenta.

Señorías, buenas tardes. Encabezo esta delegación del Parlamento de Cantabria para exponer los motivos y reflexiones que hemos compartido en nuestra Cámara autonómica para que sean conscientes de los motivos que nos han llevado a proponerlo y a trasladárselo a ustedes a la hora de tomar en consideración esta proposición de ley. Conocen ustedes el denominado Plan Bolonia o plan de homogenización del sistema universitario europeo, que ha creado así el Espacio Europeo de Educación Superior. A raíz de su implantación en España, las titulaciones universitarias ya no se dividen en las tradicionales licenciaturas de cinco años de duración o diplomaturas de tres años, sino que todas reciben la misma denominación de grado y una duración de cuatro años, o lo que es lo mismo, 240 créditos ECTS, a excepción de alguna titulación, como en el caso de Medicina, cuya duración es de seis años equivalentes a 360 créditos ECTS. Ello tiene una implicación en la Función pública, es innegable, dado que la diferencia entre el grupo A1 y el grupo A2 sobre la base de una mayor o menor responsabilidad ya no se puede hacer atendiendo solamente a esas funciones de dirección y gestión o solamente de gestión, sino que esa diferencia tampoco puede achacarse ya al tipo de titulación universitaria, sea licenciatura o diplomatura, al ser ahora, como digo, todo unificado. Esta situación ha generado un debate entre los diferentes grupos profesionales en la actualidad y, siendo ese grado universitario igual para ocupar puestos que son de categoría A1, actualmente hay profesionales que están desarrollando bajo el paraguas de la titulación o de la clasificación A2. En este caso, hay grupos que han sido más reivindicativos, como es el grupo de enfermería o de fisioterapia, que han hecho los deberes de trasladar estas reivindicaciones, en este caso, al Parlamento de Cantabria. Por ello, también hay que ser consecuentes y si se genera o se trata de una solución para diferenciar esa desigualdad que se está dando a día de hoy a raíz de esa inclusión del Plan Bolonia durante los últimos años, también habría que tener en consideración aquellas titulaciones de mayor grado. No puede ser una diferencia tal para ocupar un mismo puesto en la Administración cuando las titulaciones son las mismas o la misma complejidad o la misma duración, ocupando clasificaciones funcionariales distintas.

Pues bien, conociendo la reflexión sobre la situación, toca analizar el por qué estamos hoy aquí. Estamos hoy aquí porque Cantabria tiene un Gobierno, el de María José de Sáenz de Buruaga, que ha sido capaz en tan solo dos años de llegar a acuerdos ―además de con sectores como la justicia o la ganadería― con los médicos, con la enfermería o con fisioterapeutas, mejorando sus retribuciones, sus condiciones, modernizando las infraestructuras o reduciendo listas de espera. Sus señorías conocen cuál es el sistema competencial en nuestro país, por lo que, en este caso, no ha podido entrar a calificar ni a conocer esta reivindicación formulada por parte de los profesionales; y como, lamentablemente, en España tenemos un Gobierno que no gobierna, al recibir esta reivindicación en el Parlamento de Cantabria, los grupos entendimos necesaria la articulación de este artículo 87.2 de la Constitución que habilita esta remisión a las Cortes Generales. Al amparo de este artículo, como digo, los diferentes grupos del Parlamento de Cantabria entendimos que era necesario que ustedes conocieran esta problemática, esta reivindicación que a nosotros se nos ha trasladado, porque son ustedes, sus señorías, los competentes para tomar las medidas adecuadas. La proposición de ley contempla una posible solución a la situación expuesta, pero somos conocedores de que dentro de la ingeniería jurídica, la ingeniería normativa, a veces la modificación puntual de una norma sin mirar el todo, sin mirar el conjunto, puede generar problemas en otros ámbitos. Yo creo que prueba de ello son las mujeres de este país que ya han sufrido las consecuencias de esos cambios legislativos sin mirarlo como un todo. Por lo tanto, insisto, esta proposición de ley contempla una solución, pero son ustedes, sus señorías, los competentes para analizar esta problemática y, sobre todo, para proponer la solución. Nosotros se lo traemos desde el Parlamento de Cantabria, pero queda a su reflexión. No cabe ninguna duda de que lo harán siempre atendiendo al interés general de los españoles, al interés general de las Administraciones públicas para afrontar los retos de futuro, como siempre vienen haciendo desde este Poder Legislativo, con independencia del Ejecutivo. Por lo tanto, les trasladamos esta reivindicación, una situación que se ha creado desde hace unos años con la implantación de este modelo Bolonia: titulaciones de misma duración y misma complejidad ocupan grados distintos dentro de la clasificación funcionarial. Por lo tanto, es una cuestión que debemos plantear. Se nos traslada a nosotros y como órgano competente se lo trasladamos a ustedes. Espero que hoy, en esta toma de consideración, analicen, como siempre, lo que es mejor para solucionar los conflictos de acuerdo con el interés general.

Por todo ello, por Torrelavega, por Cantabria y por España, muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Muy buenas tardes a todos, señorías. Hoy me dirijo a ustedes por primera vez en esta Cámara, y lo hago con la emoción y el orgullo de hacerlo en nombre de una tierra que nunca ha esperado que otros decidan su destino, Cantabria. Pero permítanme que hoy me dirija especialmente a los enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas de toda España que llevan diez años esperando que se corrija una discriminación; diez años esperando que se ponga fin a un agravio comparativo entre profesionales de la misma titulación universitaria, pero sin el mismo reconocimiento dentro de la Función pública; profesionales que quedaron encuadrados en una escala inferior, ignorando el valor y la responsabilidad vital de las funciones que desempeñan. Vengo de una tierra pequeña en habitantes y en extensión, pero grande en carácter, Cantabria. Una tierra que hoy se convierte en la primera comunidad autónoma que, desde el consenso, el diálogo y la unidad, acude aquí al Congreso para pedirles justicia. Señorías, hace un año y ocho meses que el Partido Regionalista de Cantabria, mi partido, inició un camino que hoy culmina aquí. Y quiero decir con claridad algo que a veces se olvida: fueron ellos, las enfermeras y enfermeros de Cantabria, quienes entraron en mi despacho en marzo del año 2024, quienes se dirigieron al PRC, quienes me explicaron esta injusticia y ellos confiaron en mí. Y créanme que desde ese mismo día tuve claro que iba a pelear hasta hacerlo llegar aquí. Desde entonces hemos caminado juntos, creyendo que sería posible, y ellos hoy están aquí también con nosotros. Gracias por vuestro compromiso, por vuestra fuerza. Habéis sido fundamentales, fundamentales sobre todo en momentos de desaliento y de flaqueza, que sabéis que los hemos tenido. Lo hice desde la convicción de que la política debe servir para transformar la realidad, para unir voluntades y para reparar injusticias. Gracias a la responsabilidad de mis compañeros, los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista, porque hoy hemos demostrado que se puede trabajar juntos y unidos y que esa es la mejor manera para conseguir las cosas.

Señorías, permítanme compartir tres consideraciones esenciales. La primera de ellas: la enfermería ha sido injustamente percibida como secundaria o de apoyo en muchos momentos de la historia, pero la realidad demuestra que su papel es capital en la asistencia, en los cuidados y, sobre todo, en la prevención. No es comprensible ni aceptable que persista una interpretación legal que mantiene esta discriminación, considerando algunas profesiones como meras colaboradoras de otras supuestamente superiores y negándolas entidad propia. Y es especialmente grave si tenemos en cuenta que la enfermería y la fisioterapia son profesiones claramente feminizadas. Porque la pregunta es inevitable: ¿estaríamos así si fuese una profesión mayoritariamente masculina? En segundo lugar, a todos nos importa la salud, la de los cántabros y la de todos los españoles, y mejorar la salud es reconocer a quienes cuidan de ella y dignificarles. Y, en tercer lugar, es imprescindible reparar una injusticia. La clasificación profesional actual es obsoleta. No se ajusta a la realidad universitaria. Hoy Cantabria vive un día histórico. No puede haber graduados de primera y graduados de segunda. Utilizamos este artículo 87.2 de la Constitución para presentar ante esta Cámara una proposición no de ley que pide modificar el artículo 76 del EBEP y eliminar la discriminación. Pedimos suprimir esa división entre A1 y A2 sustituyéndola por un único grupo A para titulaciones de grado equivalente, estableciendo después los cuerpos y escalas según el nivel real de responsabilidad. Y para las titulaciones de seis años pedimos el reconocimiento correspondiente dentro de ese grupo A; un reconocimiento específico, como históricamente ha ocurrido. No se resta a unos para sumar a otros, se ordena lo que hoy está desordenado. Por eso, quiero dejar claro que esta iniciativa no va contra nadie, ni nunca la intención ha sido esa, sino ordenar, organizar y realmente poner a cada uno en su sitio.

Señorías, quiero terminar, como lo hice en el Parlamento de Cantabria, con una frase de Florence Nightingale: «Lo que importa no es lo que nos haga el destino, sino lo que nosotros hagamos con él». Y recuerden, cuando el cerebro de una enfermera colapsa, su corazón siempre siempre sigue de guardia.

Muchísimas gracias, presidenta. Gracias.

Señorías, presidenta, todas aquellas enfermeras que han venido de Cantabria y de otros lugares de España, bienvenidas esta tarde, que seguro que va a ser histórica. Muchas gracias a todos por escucharnos.

Como portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Cantabria, tengo el honor de cerrar este grupo y este turno de intervenciones. Fundamentalmente, no voy a decir nada adicional a lo que han comentado mis compañeros, pero sí quiero poner en valor que hay iniciativas como esta, como la que traemos aquí, que todos ustedes y todos los grupos parlamentarios pueden respaldar, y les proponemos que lo hagan, que lo hagan sin miedo, porque es una iniciativa buena para todos. Cantabria hoy pretende formar parte de la historia de este Congreso de los Diputados y propone una modificación sencilla de un único artículo, el 76 del EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público; una modificación que, como se ha dicho, es el fruto del consenso y del pacto de todos los grupos parlamentarios de nuestra Cámara, de nuestro Parlamento de Cantabria. De esta forma, queremos ser punta de lanza de todos los profesionales del sector de la salud y un ejemplo de compromiso político, altura de miras y cultura del pacto con toda la sociedad que nos lo está demandando. En este caso, estamos hablando de acabar con la discriminación profesional y salarial de todo el colectivo de enfermería y fisioterapia y también del resto de antiguos diplomados, algo que vienen demandando, por desgracia, muchos años. La idea es que se reconozca ser del grupo A. Ojo, todo ello respetando al resto de categorías y satisfaciendo a todas las partes. Ahora me refiero a los profesionales de la medicina, a los cuales proponemos que se les debe reconocer su singularidad con el A+. La explicación es clara. Mantenemos una clasificación de funcionarios y estatutarios en blanco y negro, hoy de completa actualidad, como ustedes saben, por las reclamaciones y la huelga médica, cuando hace ya más de quince años que pasamos al color y a cambiar nuestras escalas, nuestras formas de clasificarnos. Seguimos hablando de licenciados del grupo A1 y diplomados del grupo A2 cuando, desde la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y los Acuerdos de Bolonia ―les estoy hablando de 1999; en España se empezaron a iniciar estos grados en el 2003 y concluyeron en su totalidad en nuestra universidad en el 2010-2011―, llevamos dos décadas formando graduados en nuestras universidades. Les recuerdo, señorías, que estos acuerdos permiten la movilidad de profesionales y de estudiantes en más de cuarenta y cinco países de Europa y permiten que las titulaciones universitarias se agrupen en tres ciclos: primer ciclo, graduado; segundo ciclo, máster; tercer ciclo, doctor. A pesar del tiempo transcurrido y de estos cambios en las titulaciones, en el sector público tristemente seguimos igual. Se da la paradoja de que en nuestros servicios de salud y en nuestras plazas de funcionarios seguimos reconociendo como A1 a profesionales que antes fueron licenciados, pero ahora solo son graduados. Si pongo algún ejemplo, me refiero a todas las áreas de gestión: graduados en Derecho, graduados en Economía, que llevan el área administrativa de nuestros hospitales, de nuestros servicios de gestión. Lo mismo si voy a áreas tan específicas como la salud pública: graduados en Biología, en Veterinaria. Cuando antes eran licenciatura ahora son graduados y siguen considerándose en el grupo A1. Por contra, mantenemos a la Enfermería, a la Fisioterapia, al resto de diplomaturas de antaño en ese A2, cuando ahora ya son grado. La enfermería, señorías, supone el 30 % de los funcionarios que tenemos en nuestros servicios de salud. Es el grupo más numeroso, es el grupo que más nos cuida. Por lo tanto, debemos tenerlos en cuenta sí o sí y llevamos veinte años dando vueltas a esta situación. Es un agravio comparativo, limita sus expectativas no solo económicas, sino también profesionales ―me estoy refiriendo a todo el ámbito de la gestión― y es de justicia que demos un paso hacia adelante.

La propuesta que nosotros traemos supone hablar solo de grupo A, de que todos son graduados, diferenciar el A+ para la medicina, porque tiene dos años más, son 360 créditos ECTS. En definitiva, lo que estamos planteando es hacer justicia, supone un acercamiento entre las partes, no vamos contra nadie; y, por último y muy importante, si hemos sido capaces en Cantabria de ponernos de acuerdo los cuatro grupos ―Grupo Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Grupo Socialista y VOX― ¿cómo no vamos a ser capaces de hacerlo aquí? Díganmelo ustedes, yo no veo una razón mayor. Ténganlo en consideración y voten a favor de nuestra propuesta. Esta iniciativa es buena para la sanidad pública, es buena para la enfermería y es buena para el conjunto de la sociedad. La sanidad pública se defiende, se gestiona, no se delega y no se vende. Por favor, tengan en consideración nuestra propuesta y voten a favor.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

Muchas gracias. El tema que debatimos hoy va mucho más allá de un ajuste administrativo. Se trata de hacer justicia y reconocer a quienes sostienen nuestros servicios esenciales. Si lo traemos a lo concreto debemos pensar en las enfermeras o fisioterapeutas que nos atienden en nuestros hospitales públicos y que, como bien ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra, después de la entrada en vigor de Bolonia han visto cómo su titulación quedaba relegada a un subgrupo inferior. Esto ha hecho que se les impida acceder a puestos de responsabilidad o a carreras de investigación o docencia. La proposición que debatimos hoy aquí, impulsada por el Gobierno de Cantabria, busca modificar el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. El objetivo no es otro que eliminar los subgrupos A1 y A2 y encuadrar todos los grados universitarios en un solo grupo: el grupo A. Técnicamente, esta medida, que nos parece necesaria y justa, reconoce el valor de la formación de nuestros profesionales y abre la vía a promociones internas y, además, corrige desigualdades históricas entre generaciones que tienen una formación que, básicamente, es equivalente. Podemos valoramos positivamente esta iniciativa, pero en este apoyo no vamos a mirar hacia otro lado porque la medida por sí sola no garantiza mejoras retributivas ni reduce la precariedad ni tampoco asegura recursos suficientes para estos profesionales y para la dignificación de sus puestos. No podemos olvidar que esta proposición viene, entre otros, del Grupo Popular; puede parecernos un gesto positivo, pero también creemos que, por otro lado, se podría tratar de un marketing político. Por eso, Podemos vamos a exigir que cuando la medida esté aprobada y se implante sea de manera integral, justa y transparente. Por eso, nuestro apoyo viene acompañado de unas condiciones claras y unas propuestas concretas, entre otras, que contra la precariedad se utilice la reclasificación; que no se puedan generar desigualdades entre funcionarios de carrera, interinos y temporales; que todos puedan acceder a los procesos de promoción y estabilización; que se garantice la mejora salarial real, que la reclasificación deba ir acompañada de esos recursos económicos acordes a la responsabilidad del puesto que vayan a desarrollar, porque no queremos más carga de trabajo sin un reconocimiento económico. Por otro lado, transparencia y control público. Los procesos de acceso a puestos de responsabilidad deben ser objetivos, evaluables y sometidos a control. No queremos que se vuelvan a dar, como se han dado en el pasado, designaciones que sean arbitrarias. Además, un seguimiento anual, que el Gobierno deba informar cada año sobre el impacto de esta reclasificación en salarios, puestos de responsabilidad y condiciones laborales. Asimismo, la activación del grupo B también para otros técnicos superiores sanitarios, asegurando el reconocimiento profesional y retributivo efectivo. Aquí de lo que estamos hablando es del personal de Radiología, de Anatomía Patológica, de Laboratorio Clínico, quienes también desde hace años llevan desarrollando funciones esenciales y sin reconocimiento.

Señorías, hoy tenemos la oportunidad de reconocer a quienes de verdad sostienen nuestra sanidad y nuestros servicios públicos, de equiparar derechos y de abrir caminos a la promoción de nuestras profesionales más formadas y comprometidas. La iniciativa de Cantabria lo que nos demuestra es que es posible corregir las injusticias históricas y avanzar en la dignificación del empleo público. (Rumores). Pero no podemos conformarnos con gestos simbólicos. La igualdad debe ser real, debe ser efectiva, debe llevar a cabo medidas estructurales, inversión y mejoras en las plantillas. (Rumores).

Gracias, presidente. Podemos vamos a apoyar esta medida para que se aplique con transparencia, igualdad y reconocimiento económico de esta plantilla, como les decía. Creemos que ya es hora de que las enfermeras, los fisioterapeutas, los técnicos sanitarios de todo el país tengan reconocida su formación, su responsabilidad y su compromiso con lo público, que sepan que aquí en esta Cámara sus derechos nos importan. Y me parece muy bien que hayamos empezado por Cantabria, pero esto se debe expandir, por supuesto, al resto del territorio del Estado. Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías. Presenta el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria una reforma parcial del texto refundido del la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, más conocido como EBEP. En concreto, reforma su artículo 76 para eliminar dentro de los cuerpos y escalas de los grupos de clasificación de los funcionarios públicos la existencia de los actuales subgrupos A1 y A2, al entender que si para el acceso al Grupo A de la función pública se exige el título universitario de grado, no cabe hacer diferencia de algunos grados universitarios respecto a otros con iguales años lectivos y créditos y que se les acabe considerando con menores competencias, posibilidades de promoción y retribuciones básicas. Esta cuestión de diferente trato, señorías, solo puede entenderse, aunque no justificarse, al no haberse adaptado el EBEP a la ya plena implantación hoy en día del plan de estudios de Bolonia de 1999, recogido en la Ley Orgánica 4/2007, así como en el Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias, que desde el curso académico 2010-2011 ya no permitía ofertar plazas de nuevo ingreso en el primer curso de la universidad para las, en aquel año, titulaciones de licenciado, arquitecto e ingeniero, pues desde ese año solo podían iniciarse estudios universitarios de grado en las distintas áreas de conocimiento, la mayoría de cuatro años y 240 créditos, de máster o de doctorado. Señorías, esta nueva estructura de las enseñanzas universitarias no se ha trasladado debida y plenamente al EBEP ni a la clasificación profesional del personal funcionario de carrera de las Administraciones públicas, en concreto, del Grupo A de titulación. Se sigue con la inercia de la anterior estructura de titulaciones universitarias, desconociendo que las antiguas licenciaturas de cinco años ahora son grados de cuatro años y que las antiguas diplomaturas de tres años ahora también son grados y tienen iguales años lectivos, cuatro, e igual número de créditos, 240, y que teniendo la misma titulación universitaria con iguales años y créditos en 2025 ya no cabe diferenciar subgrupos dentro del Grupo A en la clasificación del personal funcionario cuando, como les decía, tienen el mismo nivel de titulación, al que han accedido con igual número de años y de créditos. En definitiva, no vemos razón, prima facie, para no tratar igual a lo que es igual dentro de la función pública y tratar de manera distinta a lo que es distinto; o, lo que es lo mismo, tratar distinto a aquellos grados que se alejan de la pauta general de cuatro años y 240 créditos por necesitar para la misma titulación universitaria de grado en ocasiones cinco o seis años lectivos y 300 o 360 créditos, según el caso, tal y como también se pone de manifiesto parcialmente en la iniciativa que debatimos.

En este sentido, señorías, quiero manifestar que votaremos a favor de la toma en consideración de la iniciativa del Parlamento de Cantabria, a fin de que la Cámara pueda iniciar el estudio y trabajos precisos para la clasificación del personal al servicio de las Administraciones públicas previsto en el artículo 76 del EBEP ―por cierto, no solo del Grupo A de titulación― tras la implantación ―ya culminada― de las nuevas titulaciones universitarias del llamado, como les decía, plan de Bolonia en los procesos de acceso a la función pública y también tal y como recoge la disposición transitoria tercera del EBEP. Estudios, señorías, para conocer y planificar también el fuerte impacto económico y presupuestario que a buen seguro ha de suponer la reordenación de la clasificación de la función pública en servicios tan importantes ―ya se ha dicho― como el sanitario, aunque tampoco debemos desconocer el educativo.

En definitiva, señorías, el voto favorable de nuestro grupo parlamentario a la iniciativa no ha de entenderse como un alineamiento sin matices con la misma, sino como el no rechazo al estudio en comisión de una posible mejor correspondencia del artículo 76 con la nueva estructura de las enseñanzas universitarias tras el llamado plan Bolonia, así como para llegar a alcanzar a ver el impacto presupuestario que esa adecuación habrá de suponer.

Nada más y muchas gracias.

Buenas tardes, presidente, señorías. Representantes del Parlamento Cántabro, bienvenidos. Un saludo a los colectivos de enfermeras: de enfermera a enfermera, bienvenidas al Congreso de los Diputados. Cuando vi que venía hoy este tema estudié bien qué era, de dónde venía y por qué ahora. Es una proposición que viene de una propuesta no de ley de Cantabria para cambiar la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que modifica solo un artículo para que las enfermeras y los fisioterapeutas pasemos a A1, según nos corresponde, e introduce que los médicos sean A+; esto último lo ha introducido el Grupo Popular. Han hablado mucho de enfermeras y se lo agradezco infinitamente, mucho. De repente hay mucho interés en esto y me he puesto a buscar información. Hoy querían hablar todos de enfermeras; de acuerdo. Esta propuesta se introdujo en diciembre de 2024 y nosotras, las enfermeras, llevamos más de veinticinco años reivindicando todas estas cosas. Me he preguntado por qué ahora, por qué hoy. Debe ser que están superinteresados en mejorar las condiciones de los sanitarios, aunque sean solo las de enfermeras, fisios y médicos, pero yo encantadísima de hablar de este tema. He estado pensando y me he acordado de que hay un proyecto de ley de función pública, que corresponde a la Comisión de Función Pública, donde se tratan muchos de estos temas. Me he dicho: oye, a ver qué enmiendas han metido el Grupo Popular y el Grupo Socialista; cero y cero, no hemos visto nada. Igual que tampoco han aplicado el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, que firmaron ambos partidos con los sindicatos; pero, claro, el momento justo era hoy y no diré el porqué. Pero estamos a tiempo. Si esto es algo más que oportunismo, lo veremos muy pronto, así que es más que bienvenido. Volvamos a la proposición que tenemos entre manos. Enhorabuena, señora Fernández, por su propuesta. Escuchándola en el Parlamento de Cantabria me emocioné. Nombró a mi profesora, María Ángeles Matesanz, así que fue un placer escucharla. Sin embargo, ahí tuvo un pequeño desliz. ¿Por qué? Porque el EBEP no se cambia a través del Ministerio de Sanidad, sino a través del Ministerio de Función

Pública, pero hoy lo ha subsanado perfectamente. Esto podría quedar, al igual que todo lo que dijeron en su intervención, como un homenaje a las enfermeras. Pero ¿saben una cosa? Esto lleva pasando mucho, muchísimo tiempo. Las enfermeras llevamos muchísimos años denunciando que esto no puede pasar. Y no puedo dejar de destacar que parte de la culpa de todo esto la tienen nuestros representantes, que muchas veces se han dedicado a hacer otras cosas ―espero que esas cosas les lleven a la cárcel pronto―, y es que ya estamos más allá de los homenajes. Llevamos demasiados años esperando, siendo manipuladas, y hoy no se lo voy a permitir. Una pregunta: si tan interesados están en esto, supongo que en las comunidades autónomas donde gobiernan habrá visibilidad de las enfermeras, directoras de cuidados, puestos específicos para enfermeras especialistas, no habrá guardias de veinticuatro horas, habrá salarios competitivos y estrategias de fidelización del talento, ¿no? Pues ya les digo yo que no.

Vamos a hablar como si lo que nos pasa a las enfermeras, que somos 320 000, fuese una enfermedad, y además que fuese crónica. ¿Qué síntomas tenemos? No acceso a los puestos de decisión y de gestión, un infrarreconocimiento, bajos salarios. Las pruebas clínicas son claras: test de visibilidad negativo, no reconocimiento, salarios por debajo de los valores esperados, condiciones laborales no acordes con las responsabilidades y unos determinantes sociales que han provocado que esta enfermedad sea más grave, que son el género ―casi el 86 % de las enfermeras somos mujeres dirigidas por hombres― y el poco compromiso político. Pero, claro, hay tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, oportunismo, prohibido por prescripción de todos los sanitarios y, segundo, compromiso real. Y hay muchos más tratamientos: buenos salarios cada mes, reconocimiento, estabilidad, formación e investigación y, sobre todo, una pastilla de respeto para toda la vida hacia los sanitarios por y para todos.

Desde el Ministerio de Sanidad se han dado pasos firmes. Se ha creado por primera vez un comité de cuidados dirigido por enfermeras, con más de treinta asesoras, que justo están trabajando por lo que llevamos demandando tantos, tantos y tantos años. Se ha conseguido consensuar con las comunidades autónomas y las sociedades científicas un marco estratégico de cuidados justo para estos temas. Pero hay un tratamiento mucho más innovador que tenemos entre manos y que solucionará mucho de lo que estamos hablando aquí. Como les gustan los juegos, a ver si lo adivinan. Se trata de una ley que lleva veinte años sin actualizarse. Esta sí afecta a la inmensa mayoría de los sanitarios, porque el EBEP, del que estamos hablando aquí, afecta a una parte pequeña, que es importante, pero la gran mayoría, un 95 % de los sanitarios, somos estatutarios y nos regimos por otra norma. El Ministerio de Sanidad ha tomado la decisión de abrir ese melón ―para mí demasiado maduro― y trabajar en él para, entre otras cosas, clasificar a los profesionales, a todos. Así, se clasificará según créditos de formación: las TCAE estarán en un grupo; los técnicos superiores, en otro; las enfermeras, en otro (aplausos); enfermeras especialistas, en otro; grados largos, en otro; y los médicos, en el grupo 8, que es el grupo que está más arriba, porque tienen más créditos de formación. Según te formas, así te clasifican, y eso es lo más justo que existe. Además, podrá acceder a puestos de gestión y dirección cualquier persona que tenga la formación necesaria.

¿De qué tratamiento innovador creen que estoy hablando? Pues es nada más y nada menos que la modificación del estatuto marco. Pronto llegará el Congreso y espero ver ahí este interés por mejorar la vida, no solo de las enfermeras, fisios y médicos, sino de todos los sanitarios.

Siguiendo con las adivinanzas, ¿saben quiénes pueden mejorar la vida de los sanitarios desde ya? Las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. Inviertan en sanidad, mejoren las condiciones laborales, cuiden a quienes nos cuidan, coloquen a las enfermeras en puestos de decisión. Es su responsabilidad. Dígaselo a su consejero de Cantabria, a César Pascual. Aún nos acordamos en Madrid de César Pascual y supongo que él también se estará acordando de su etapa en la capital con el Partido Popular, ahora que empiezan a salir todas las pruebas de lo que muchos llevamos denunciando años: la privatización y los modelos privatizadores de la señora Ayuso y el PP a través de Ribera Salud y de Quirón son malos para la salud de la ciudadanía. (Aplausos).

Para terminar, como exponía, hay dos trenes y dos vías para mejorar la vida de los sanitarios; estas vías son paralelas y complementarias. Una es el EBEP, que hoy traen aquí, que siempre nos han dicho que era superdifícil de cambiar en la función pública. Lo comprobaremos. Si esto pasa, no será por nosotros, pasará. Ahora veremos cuál es el siguiente camino. Y otra vía de ese tren es el estatuto marco, que cambiará la vida a la inmensa mayoría de los sanitarios, al 95 % aproximadamente. Esta norma, que depende de Sanidad, está llenando los vagones de ese tren de mejoras. ¿Se suben al tren, a los dos trenes, o seguimos haciendo homenajes vacíos?

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia. No puedo ocultar mi asombro después de oír a los ponentes designados por el Parlamento Regional de Cantabria para defender hoy esta proposición de ley de reforma del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. Después de escucharlos a los tres, que han venido aquí en comandita ―PP, Partido Regionalista y PSOE―, yo me pregunto y les pregunto: ¿ustedes han leído el texto que han defendido? No, no es posible que lo hayan leído; es posible que lo hayan escrito, a lo mejor en sueños, o que lo hayan escrito sus asesores, pero leído no, porque lo que ustedes han expuesto hoy no corresponde al texto. ¿Lo saben o no lo saben? Si lo saben, no vengan ustedes aquí a hacernos perder el tiempo o a tomarnos el pelo o acaso las dos cosas; y si no lo saben, no son ustedes dignos de comparecer en esta Cámara para decir cosas que no guardan ninguna relación con lo que se dispone en esta reforma. Este problema ya se advierte en el propio texto, en el que hay una incoherencia insalvable entre la exposición de motivos, que se refiere exclusivamente a enfermeros y fisioterapeutas, y lo que es la parte propiamente de reforma del texto articulado del estatuto básico, que se refiere a todos los subgrupos A1 y A2 de cuerpos y escalas de las Administraciones, subgrupos sobre los que ustedes postulan una refundición en un solo grupo, el Grupo A. No se dice nada de que sea una norma especial para enfermeras y fisioterapeutas, y como no se dice nada, es de aplicación general, y esa aplicación general es indefendible. Es indefendible porque daría lugar a una antinomia dentro del propio Estatuto Básico del Empleado Público y además sería inconstitucional. Pero ustedes aquí esto parece que lo ignoran, como si nada. Vamos a ver, yo no sé si este texto se lo ha inspirado a ustedes el ministro ‘Trolaños’ (risas y aplausos), conocido por su impericia legal, o acaso al PP se lo ha inspirado ese genio que tienen por Extremadura que es la señora Guardiola. No lo sé, pero desde luego es impropio que un texto como este se presente ante esta Cámara. Esta forma de proceder es totalmente inaceptable. No sé, ¿ustedes quieren engañarnos?, ¿se engañan a sí mismos? Yo no sabía que ser diputado consistía en venir aquí a hacer un jeroglífico, un jeroglífico planteado por el Parlamento de Cantabria. Esta es una cosa un poco de chiste. El resto de los oradores también han omitido esto. Yo creo que alguno de ellos ―me estoy refiriendo al señor Legarda― ha advertido este fallo, por eso dice que, bueno, que habrá que mejorar en comisión, etcétera. Y el resto de los oradores han hecho una loa a las enfermeras y a los fisioterapeutas. Nosotros no tenemos nada en contra de las enfermeras o enfermeros y los fisioterapeutas ―no creo que haga falta que diga ‘fisioterapeutos’, pero a lo mejor la Presidencia considera que es preciso (risas)― y tampoco tenemos nada en contra de que, efectivamente, después de la reforma de los grados académicos con motivo de la creación del espacio académico universitario europeo, y como quiera que unos y otros son titulares de un grado, puedan pertenecer al actual subgrupo A1. No tenemos nada en contra porque resulta de su propia titulación académica y de cómo esta a su vez fue objeto de una reforma con motivo de aquella reforma general europea en un decreto ya de hace muchos años que efectivamente atribuyó a esos estudios la categoría de grado. La razón por la que estamos en contra de esta proposición ―y no podemos no estar en contra porque entonces sería tanto como decir que estábamos en este momento ebrios, pero no de orgullo y poder, sino ebrios en sentido propio, es decir, borrachos― es porque sería aceptar que esta reforma de carácter general suponga que se integren en un Grupo A de funcionarios los miembros de cuerpos y escalas cuyas pruebas de selección para ingresar en tales cuerpos es muy distinta. Por ejemplo, he elegido al azar ―podría haber elegir otros― los cuerpos especiales de Diplomados Comerciales del Estado y Técnicos Comerciales del Estado. Según la resolución de convocatoria de procesos selectivos de ambos cuerpos de 22 y 23 de diciembre del año pasado, las últimas, publicadas en el BOE, yo observo que para ingresar en el cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado hay que superar cuatro ejercicios, todos eliminatorios, incluido el conocimiento oral y escrito de dos idiomas extranjeros, y un total de noventa y seis temas. Para el de Técnicos Comerciales del Estado es preciso superar cinco ejercicios, todos ellos obligatorios y eliminatorios, excepto el voluntario último, que es el quinto, de un tercer idioma extranjero o cuarto y sucesivos, a voluntad del opositor, y 177 temas. ¿Pero cómo pretenden ustedes igualar cuerpos cuyo acceso requiere aptitudes y aprobación de ejercicios de distinta exigencia, uno superior a otro? Es que, además de este despropósito, que no hace falta que me alargue mucho para entenderlo, ustedes ignoran que el artículo 76, que ustedes pretenden reformar, en su párrafo inicial dice que son también relevantes para la clasificación en grupos y subgrupos...

... las características de las pruebas de acceso. Párrafo tercero. Aquí se nos olvidan las pruebas de acceso, y entonces resulta que todos van a ser iguales. No, no, esto es contrario a lo que se llama el principio de carrera, que es un principio expresado en el propio estatuto básico, en el artículo 16: La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Esto solamente hubiera sido admisible pensando en funcionarios futuros, pero no refundiendo en un solo grupo a los funcionarios que ya lo son y haciendo iguales en derechos a quienes han accedido a cuerpos cuya selección requiere pruebas distintas. Eso no es posible porque es contrario al mérito y capacidad que debe regir la selección en la función pública con arreglo a la Constitución.

Nada más. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos el pie).

Gracias, presidente. Señorías, quiero dar la bienvenida a los enfermeros y enfermeras que han venido a este hemiciclo y también a los representantes del Colegio de Enfermería de Cantabria por haber impulsado esta medida que ha llegado hoy a las Cortes. Hoy subo a esta tribuna para hablar de algo que no es solo una mera cuestión administrativa ni una reivindicación sectorial. Lo que hoy abordamos en este hemiciclo toca una fibra mucho más profunda: cómo trata un país a los que cuidan de él, cómo reconoce el Estado a esas personas que sostienen día a día nuestra salud. Este debate no solo va de categorías profesionales, va de dignidad, va de justicia y va de salud pública. (Aplausos). Va de cómo tratamos a quienes nos cuidan, de cómo defendemos un sistema sanitario que es patrimonio común y orgullo colectivo. Y hablo de nuestras enfermeras y enfermeros, hablo de nuestras y nuestros fisioterapeutas, hablo de esas personas que frecuentemente son el primer rostro que un paciente ve cuando sufre, cuando tiene miedo, cuando se derrumba. Son profesionales que escuchan, que acompañan, que curan, que rehabilitan, profesionales en los que confiamos incluso mucho antes de conocer su nombre. Sin embargo, señorías, les estamos pidiendo responsabilidades de máxima complejidad sin darles las herramientas ni las condiciones ni el estatus que se merecen. Señorías, ¿qué mensaje enviamos a la sociedad cuando les pedimos a los enfermeros y enfermeras que gestionen unidades de alta complejidad, pero les negamos la categoría profesional correspondiente? El mensaje es claro: lo que haces importa, pero no lo suficiente; tu esfuerzo es enorme, pero el reconocimiento será pequeño; tu talento es valioso, pero te será más fácil ejercerlo fuera de España. Y ese no es el país que queremos construir, ese no es el país que defendemos, ese no es el país que queremos para nuestros profesionales ni nuestros pacientes. Y por eso estamos hoy aquí, porque reclasificar la enfermería y la fisioterapia no es un capricho, no es un premio, no es un gesto de política fácil: es una deuda de justicia profesional, es una inversión en la calidad de nuestro sistema sanitario. Y aquí lo tengo que decir con toda claridad: este Gobierno de España y el PSOE estaremos siempre ― siempre lo hemos Estado― del lado de quienes trabajan por mejorar sus condiciones laborales. (Aplausos). Porque defender a la clase trabajadora no es para nosotros y nosotras un eslogan, es un compromiso, es un principio político y moral, es parte de nuestra identidad como organización, que nació para ensanchar derechos. Señorías, el colectivo reclama algo que le corresponde. Porque no solo estamos hablando de salarios, estamos hablando de poder acceder a puestos de gestión y dirección, que es donde se toman decisiones del modelo de cuidados, para liderar equipos en investigación sin ninguna traba administrativa, para retener talento en nuestro país, donde demasiados sanitarios se marchan fuera por falta de reconocimiento, y también por darle coherencia al sistema.

Señorías, no podemos exigir excelencia sin ofrecer reconocimiento, y por eso este debate de hoy no es un debate corporativo, es un debate del futuro del sistema sanitario. Y aquí llega el punto en el que debemos hablar con claridad, porque no todos los modelos sanitarios son iguales y porque donde algunos Gobiernos se esfuerzan por defender nuestra sanidad pública, otros optan por debilitarla, privatizarla y convertirla en un negocio. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, llámenlo como quieran, pero los hechos están ahí. Allí donde ustedes gobiernan, la hoja de ruta es conocida: infrafinanciación, externalización, derivaciones masivas y deterioro de la atención. Lo estamos viendo en Andalucía, donde dos mil mujeres han sufrido los fallos consecutivos en el cribado de cáncer de mama (aplausos), dos mil mujeres que habían confiado en un sistema que ustedes han debilitado; lo hemos visto en Madrid con los audios de directivos de Ribera Salud sugiriendo con una frialdad que estremecía que había que alargar las listas de espera; o con los trabajadores del hospital de Torrejón, denunciando presiones por priorizar a los pacientes más rentables; y lo acabamos de comprobar en mi tierra, en Cantabria, donde el Gobierno del Partido Popular, por la puerta de atrás, quería darle 250 millones a un hospital privado para hacer las detecciones del cáncer de colon y el cáncer de mama. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, ¿pero tienen ustedes un manual? ¿Les entregan un libro de buenas prácticas cuando hacen sus cursos de formación? Miren, señorías, la sanidad pública no puede dirigirse con los criterios de una empresa con ánimo de lucro, porque la salud no es una mercancía, los pacientes no son clientes.

Sean sinceros por una vez, señorías del PP, ustedes no creen en lo público, ustedes no creen en lo común, ustedes no creen en la sanidad como un derecho. Creen en un modelo privatizador que están aplicando lenta, silenciosa y constantemente, adelgazando lo público hasta dejarlo irreconocible. Y cuando eso ocurre ya sabemos lo que pasa, lo estamos viendo, no hace falta teorizarlo. Pero déjenme decirles una cosa: no lo vamos a permitir, no mientras haya una mayoría social que defienda lo público, no mientras haya profesionales que sostengan día a día el sistema sanitario con un compromiso civil ejemplar, no mientras haya ciudadanos y ciudadanas que tengan claro que la salud no es un negocio, es un derecho (aplausos), y no mientras en el área quirúrgica de mi hospital de referencia, en Laredo, haya enfermeros y enfermeras manifestándose por el mal trato al que les está sometiendo el Gobierno del Partido Popular simplemente por exigir que haya una enfermera más en el turno de noche. (Aplausos).

Miren, señorías, la grandeza de un país se mide por cómo trata a sus profesionales. Y el mensaje que les tenemos que decir es claro: queremos que lideréis, queremos que investiguéis y queremos que os quedéis con nosotros. Por eso, esta reclasificación de profesionales no es solo una cuestión profesional, es una defensa del modelo sanitario, es una resistencia ante quienes pretenden convertir hospitales en empresas y a pacientes en clientes.

Término, señor presidente. Es una manera de decir que este país cuida de quienes les cuidan. Hoy, señorías, tenemos la oportunidad de avanzar hacia un sistema más coherente, más justo, más fuerte. Hagámoslo por nuestros profesionales, hagámoslo por nuestros pacientes, hagámoslo por un país que reconoce a quienes nos sostienen con su trabajo diario. Muchas gracias. (Aplausos).

Presidente, diputados. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al Congreso en nombre de mi grupo a la delegación del Parlamento cántabro, que hoy nos trae la propuesta de reforma del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Esta propuesta que hoy debatimos debería haber sido abordada por el Gobierno de la nación tanto por la materia ―ya que afecta a todos los cuerpos y escalas de los subgrupos A1 y A2― como por razón del territorio ―ya que afecta a toda España―. Por tanto, no debería haber sido planteada por una comunidad autónoma, aunque hayan querido resolver un problema y suplir de esta manera la ineficacia, la dejación y la ineptitud del Gobierno de Sánchez.

El propio TREBEP, en la disposición final cuarta, preceptúa que la ordenación, planificación y gestión de los recursos humanos contenidos en este texto se han de mantener hasta que se dicten leyes de función pública y sus normas o sus reglamentos de desarrollo. Es decir, que la reforma que ustedes nos proponen debería abordarse en la ley de función pública, una ley que está paralizada en la Comisión de Hacienda y Función Pública desde hace más de año y medio. ¿Por qué está paralizada? Pues se debe fundamentalmente a dos razones. Una, que este Gobierno agonizante no tiene los votos de sus socios de investidura para poder aprobarla, y lo que hace es paralizar su trámite y su debate, con lo cual está impidiendo y le está hurtando la competencia legislativa a esta Cámara (aplausos), lo cual es una grave injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, es un ataque frontal a la separación de poderes y, por tanto, a uno de los principios fundamentales de nuestra democracia. La otra razón es el inexistente interés del Gobierno por el sector público, al que han asaltado para convertirlo en un mero instrumento de colocación, bien sea para amigos, familiares, fontaneras o acosadores sexuales como Salazar, lo cual me repugna como mujer, como funcionaria y como política. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!). El ministro de Función Pública, el señor López, es el quinto en asumir esta competencia desde que llegó Sánchez, que ha convertido el sector público y a sus empleados en una suerte de comodín que se puede intercambiar, y de relleno, para otras competencias ministeriales; eso es lo que han hecho con esta materia. El señor Óscar López se dedica más a ser candidato de la Comunidad Autónoma de Madrid y de hacer oposición a la señora Ayuso que a los problemas de los empleados públicos.

La propuesta de Cantabria surgió como consecuencia de unas reivindicaciones de enfermeros y fisioterapeutas de esta comunidad, pero estos profesionales ―como todo el personal sanitario― necesitan un régimen jurídico que se adapte a las características del ejercicio de las profesiones sanitarias y del servicio sanitario asistencial, así como a sus peculiaridades organizativas, de ahí la necesidad de negociar un nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud que reordene y reclasifique los distintos grupos acorde a las nuevas titulaciones o a la nueva formación actual, apartándolos del TREBEP. Pero esto tiene que verse en el estatuto marco del personal estatutario.

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos han estado negociando un texto para actualizar este estatuto marco, que es de 2003, pero han elaborado un mal documento porque no han contado ni con las comunidades autónomas ―que son las prestadoras y las gestoras de la asistencia sanitaria― ni con dos ministerios fundamentales como son el de Función Pública y el de Hacienda, porque hay una cuestión económica de fondo en todo este tema, así como la clasificación de los distintos funcionarios. Este texto no ha gustado a nadie y no da respuesta a las necesidades actuales, e incluso los sindicatos médicos lo han llegado a calificar de auténtico insulto.

La ministra, la señora García, ya acumula un gran número de manifestaciones y de huelgas en el sector: tuvo una en octubre del personal no médico, han anunciado una huelga general para el día 27 de enero, y, por lo que respecta al personal médico, ya llevan tres huelgas, y, además también han convocado una huelga de cuatro días esta semana. Es una ministra que está tan acostumbrada al activismo agitador detrás de una pancarta que, ahora que está enfrente de la pancarta, es absolutamente ineficaz para solucionar cualquiera de los problemas que ella tanto denunció. (Aplausos). Es una ministra que, en vez de ocuparse del personal estatutario de los servicios de salud, dedica más tiempo a hacerle oposición y a criticar a la señora Ayuso, con la que tiene una auténtica fijación obsesiva. El presidente del Gobierno ha transformado el Consejo de Ministros ―al señor Óscar López junto a la señora García les sumamos la señora Montero, la señora Alegría y la señora Morán― en un consejo de candidatos para hacer oposición a los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. (Aplausos).

En el Partido Popular creemos en una Administración pública de prestigio en la que su personal tenga la preparación, la cualificación y la excelencia de la que siempre ha hecho gala y en la que el acceso sea por mérito y capacidad y no por el dedazo de quien los nombra. Señorías, les puedo asegurar que, cuando el Partido Popular gobierne, se tomará muy en serio la gestión de sus empleados, porque los empleados públicos son los que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos en nuestro país. (Aplausos). Nosotros apostaremos y defenderemos una Administración pública que sirva al interés general, siempre bajo los principios de imparcialidad, de objetividad y de neutralidad.

Muchas gracias. (Aplausos).