Carlos Flores Juberías
Señorías, abordamos hoy la moción consecuencia de la interpelación urgente que la pasada semana dirigió este grupo al señor ministro del Interior en torno a su estrategia para garantizar la plena operatividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En aquella ocasión fueron ustedes testigos de cómo mi compañero, el señor Gil Lázaro, le cantó las cuarenta al señor Marlaska. Las cuarenta pruebas de cargo, los cuarenta inapelables datos, los cuarenta estremecedores testimonios que acreditan su desacierto y, lo que es peor, su desidia, y que justifican su condición de ministro más reprobado del actual Gobierno. Una vez, por ocultar información y por mentir en sede parlamentaria. Y otras dos, por racanear con los recursos humanos y materiales que precisan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para combatir el narcotráfico. (Aplausos).
En esta ocasión, en la que me ha correspondido a mí proponer las soluciones para tanto desatino, el señor ministro ha preferido, en cambio, no obsequiarnos con su presencia. No sé si teme abandonar el hemiciclo convertido en el ministro más reprobado de la historia reciente de España, o si es que a él le molesta mirarme a la cara tanto como a mí mirar la suya, pero, sea lo que sea, déjenme decirles que aplaudo su decisión.
Lo que yo vengo a proponer aquí podrá leerlo el señor ministro mañana en el Diario de Sesiones, pero el abordaje de las carencias que afrontan día a día los hombres y las mujeres que con tanto sacrificio y tan poca recompensa conforman nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no admite ni siete minutos de tardanza en ser abordado. ¿Dije sacrificio? Según datos de la Confederación Española de Policía, el pasado año se contabilizaron 17 000 agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no contabilizo ni las policías autonómicas ni las policías municipales, lo que supone un crecimiento del 28 % respecto al año 2019, con Madrid, Barcelona, Valencia y el Campo de Gibraltar como puntos negros. En los últimos diez años han muerto veintiocho agentes en acto de servicio, y el problema no deja de agravarse. Solo en lo que llevamos de mes, un agente fuera de servicio fue golpeado por seis individuos hasta quedar inconsciente en Puente de Vallecas. En Alcalá de Henares, dos policías nacionales fueron atacados por la espalda al grito de «¡Ahora no estáis de servicio, putas ratas!», con el resultado de que uno perdió la vista en un ojo y el otro agente sufrió una rotura de clavícula. En Entrevías, otro agente fue agredido a la salida de un kebab por siete individuos al grito de «¡Madero de mierda, teníais que estar todos muertos!». En Vinalesa, Valencia, un policía nacional sufrió otra agresión que le mantiene en coma inducido, y la noticia no confirmada es que ha podido fallecer. En Isla Mayor, Sevilla, un tiroteo dejó a tres agentes heridos. Y, de nuevo, en Vallecas, un yihadista trató de apuñalar a dos policías que se disponían a detenerle. Los propios sindicatos policiales explican esa situación en cuatro palabras: la situación es insoportable. ¿Y qué hace el Gobierno? Déjeme que se lo explique también en cuatro palabras. Una, desprotección. Porque, mientras las organizaciones criminales multiplican sus efectivos y se dotan de armamento cada vez más sofisticado ―incluso de material de guerra―, el Gobierno sigue racaneando los medios que nuestras fuerzas precisan para combatirlos; sordo ante las denuncias de falta de cascos, de chalecos antibalas, de material antidisturbios, de material de escucha, de transmisiones o de embarcaciones y vehículos capaces de competir con los de los delincuentes.
Dos, desarticulación. Porque, mientras los cárteles colombianos, los clanes marroquíes y las mafias asentadas en España hacen gala de conexiones cada vez más sólidas, el Gobierno no hace sino desarticular las unidades con un mayor historial de éxitos frente a ellos (aplausos), como es el caso del OCON-Sur, que tan exitosa labor llevó a cabo en la lucha contra el narcotráfico y que de manera tan inexplicable disolvió Marlaska.
Tres, desmotivación. Porque, mientras el Gobierno estrecha la mano de quienes no hace tanto finiquitaban a los policías y a los guardias civiles con un tiro en la nuca o con una bomba bajo los pies; cuando amnistía a los que, hace todavía menos, los acosaban a la puerta de sus hoteles o los llamaban «piolines»; o cuando gobierna con partidos que llevan en sus filas o traen a esta Cámara condenados por agredir y lesionar a policías; o cuando indulta a quienes, con la excusa de luchar contra el fascismo, apedrean a agentes en acto de servicio, ¿qué mensaje cree este Gobierno que transmite a los agentes?
Veo que no están en el hemiciclo ninguno de los cuatro diputados de Podemos. Tal vez se hayan ido al aeropuerto de Barajas a dar la bienvenida a Martiño Ramos, su antiguo camarada de filas, condenado por violar salvajemente a una menor de 12 años. (Aplausos).
Y, cuatro, deslegitimación, que es lo que sucede cuando se priva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los instrumentos legales necesarios para llevar a cabo sus tareas, enviando el mensaje de que la ley va a proteger más a los delincuentes que a quienes los persiguen, que se deteriora el principio de autoridad y que se mina la moral de los efectivos. Esto es justo lo que este Gobierno viene haciendo desde que, para complacer a sus aliados, puso sobre la mesa la derogación de la ley de seguridad ciudadana.
Ante todo eso, ¿qué propone VOX? Utilizaré más de cuatro palabras. Primero, adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para poner fin al grave incremento de agresiones que se vienen produciendo contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo aquellas reformas legales que sean precisas para endurecer las penas por este tipo de agresiones.
Segundo, impulsar campañas institucionales orientadas a reforzar el respeto de los ciudadanos al principio de autoridad y a la labor policial.
Tercero, promover el reconocimiento de la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, llevar a cabo una revisión inmediata del catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional y elaborar un plan de refuerzo de la operatividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incluya un aumento significativo de sus efectivos.
Cuarto, acometer la efectiva modernización de los equipos y medios materiales para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea el narcotráfico y el crimen organizado, siempre con la vista puesta en garantizar ―de la manera más completa posible― la integridad y la seguridad de los agentes.
Quinto, restablecer de inmediato OCON-Sur, que tan exitosa labor llevó a cabo en la lucha contra el narco, y garantizar la absoluta independencia y profesionalidad de unidades como la UDEF de la Policía Nacional o la UCO de la Guardia Civil, protagonistas de éxitos tan importantes en la lucha contra los delitos que más importan a la clase política.
Y, sexto, hacer bueno el dicho de que no hay dos sin tres y demandar del Congreso una nueva reprobación del ministro del Interior por su nefasta gestión al frente de su cartera, de la que constituye último y definitivo botón de muestra la obstrucción a las investigaciones del Parlamento Europeo en torno al asesinato a manos del narcotráfico de los dos guardias civiles de Barbate, cuya memoria, como la de todos los demás héroes caídos en acto de servicio…