Proposición no de Ley relativa a la digitalización y el mantenimiento de los centros de examen desplazados para las pruebas de obtención del permiso de conducir.

Muchas gracias, presidente. Señorías, el infierno es estar solo y encerrado en una habitación forrada de espejos, condenado a contemplar únicamente el reflejo de uno mismo. Esa imagen que escuché de labios del profesor José María Valverde, esa soledad amplificada por espejos que devuelven solo y siempre la propia figura, ese aislamiento que impide descubrir al otro ilustra con dolorosa precisión la deriva de un Gobierno que no gobierna, un Gobierno que desdeña el Parlamento, un Gobierno empeñado en diluir la separación de poderes, un Gobierno instalado en su encierro narcisista que le incapacita para comprender a su país, a nuestro país, nuestras necesidades urgentes, nuestros desafíos cotidianos, las dificultades que condicionan la vida de millones de familias y las posibilidades reales que siguen abiertas para una nación, España, de ciudadanos libres e iguales. (Aplausos). España no necesita un Gobierno ensimismado y cercado por la corrupción. España necesita un Gobierno capaz de reconocer y de atender las necesidades reales de los ciudadanos; España necesita un Gobierno capaz de afrontar la fragilidad que hoy, por su inacción o por su empeño, presentan numerosos servicios públicos; España necesita un Gobierno estable, comprometido con el equilibrio territorial y una defensa inequívoca del bienestar de todos los españoles, vivan donde vivan y piensen lo que piensen. Señorías, la iniciativa que hoy debatimos no es nueva. Esta proposición no de ley se aprobó ya en la Comisión de Seguridad Vial el pasado mes de octubre. Algunas de sus señorías quizás podrían sentirse desconcertados o incluso censurar la decisión de mi grupo parlamentario de traerla al Pleno de la Cámara para su debate. La decisión obedece a que, lamentablemente, el Gobierno no ha movido un solo dedo para cumplir el mandato de esta Cámara (aplausos), ni una medida ni una instrucción ni un gesto. El 1 de enero entrarán en vigor los nuevos requisitos que la DGT impone a los ayuntamientos para mantener la condición de centros examinadores. La inacción del Gobierno, su ensimismamiento y su desconexión con la realidad nos obligan a traer este debate al Pleno para recordarles, una vez más, que tienen ustedes la responsabilidad de resolver esta situación.

Señorías, los centros de examen desplazados nacieron para acercar las pruebas del permiso de conducir a quienes viven lejos de las capitales. Los ayuntamientos ceden las aulas y los circuitos, y la Dirección General de Tráfico desplaza los examinadores. Con esa sinergia institucional, miles de personas pueden examinarse cerca de su casa. Ese modelo funciona, y funciona porque respeta el equilibrio entre Administraciones; funciona porque cada esfera institucional asume su responsabilidad. A partir del 1 de enero de 2026, la DGT impondrá la digitalización total de las pruebas teóricas y una serie de requisitos técnicos muy precisos con respecto al mobiliario, la climatización, los equipos informáticos y el nivel de conectividad, requisitos difíciles de asumir para muchos municipios pequeños, y todo ello sin una sola línea de financiación, sin apoyo técnico y sin mecanismos de acompañamiento. La digitalización es necesaria, nadie lo discute, pero no puede convertirse en un obstáculo ni en una exigencia que acabe recayendo sobre los ayuntamientos que sostienen ―ustedes lo saben, con presupuestos modestos y muy ajustados― un acceso al permiso de conducir muy bien valorado en las zonas rurales. Si un ayuntamiento no llega a tiempo, su centro desaparecerá, y no será por falta de voluntad. No será por falta de compromiso, desaparecerá por falta de medios. Esa es la realidad que el Gobierno se niega a ver, atrapado en su autocomplacencia, en su aislamiento político, en ese desdén que muestra día tras día por el Poder Legislativo y por los acuerdos adoptados en esta Cámara. Por eso, señorías, traemos hoy esta proposición no de ley para su debate, y ojalá que para su posterior aprobación.

Pedimos que la DGT asuma el coste de la digitalización que exige. Pedimos que se financien las adaptaciones necesarias para mantener los centros operativos. Pedimos que ningún municipio pierda este servicio por falta de recursos. Pedimos que la modernización no agrande las brechas. Pedimos que la digitalización no se convierta en una frontera entre quienes pueden adaptarse y quienes no lo logran. Pedimos que la igualdad de oportunidades en el acceso al permiso de conducir no dependa del código postal. Abandonen ustedes la indiferencia ante lo que sucede fuera de los despachos. Abandonen ustedes el aislamiento político que les impide ver la realidad. Abandonen ustedes esa habitación forrada de espejos donde solo resuena la voz del propio Gobierno y a donde no llega la voz de los ciudadanos.

Señorías, mientras el Gobierno permanece paralizado, dividido, ensimismado y asediado por el calendario judicial de sus adláteres, el Grupo Popular trabaja. (Aplausos). Ahí está nuestra ley antiokupación, nuestro plan de vivienda, nuestro plan de inmigración ordenada, nuestro plan de apoyo a los autónomos; ahí está nuestro plan de conciliación y corresponsabilidad familiar; ahí está nuestra propuesta para preservar la continuidad de la energía nuclear, y ahí están nuestras iniciativas en agricultura, en pesca, en alimentación, en industria, en energía, en seguridad, en cultura, en patrimonio, en deporte, en digitalización, en seguridad vial ―como esta―, en fiscalidad y en cohesión territorial, iniciativas necesarias, sólidas y constructivas para los españoles. Mientras el Gobierno sigue paralizado y ensimismado, el Grupo Popular trabaja, responde y acompaña. Mientras el Gobierno se encierra en su habitación forrada de espejos, el Grupo Popular sale al encuentro, mira, escucha, da la cara, se compromete y alumbra soluciones. Señorías, España no puede esperar. España necesita avanzar.

Nuestros ciudadanos merecen instituciones que miren de frente la realidad y asuman su responsabilidad sin excusas. Alberto Núñez Feijóo y con él todo el Partido Popular estamos preparados para impulsar ese camino y para servir a España con la firmeza, la lucidez y el compromiso que nuestro tiempo exige. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente, por la generosidad en el uso del tiempo.

Bona tarda, diputats i diputades. Avui el Partit Popular ens porta una PNL que denuncia un problema real: la digitalització dels exàmens de conduir està creant obstacles enormes, sobretot als municipis petits i a les zones rurals. Però el que presenta avui, el que el PP presenta avui aquí és una tirita per tapar una hemorràgia. El problema de fons no és la digitalització, sinó el centralisme malaltís que la DGT governa un servei essencial. Ignora la realitat dels territoris, les distàncies, les necessitats de la gent i la capacitat dels ajuntaments. I diguem-ho clar, quan la DGT falla —‌i està fallant estrepitosament, i no només ara, ja fa anys que falla— no és només mala gestió, és una injustícia territorial, un sistema que tracta els territoris com perifèria. Catalunya, com molts altres territoris, pateix una gestió centralista i negligent. Es concentren exàmens, es tanquen centres desplaçats, com el de Vielha, o se’l vol deixar morir per manca de recursos, com pretenen fer a la Pobla. A més, es traslladen costos als ajuntaments que no tenen ni diners ni competències per assumir-los, i això colpeix especialment municipis petits, zones rurals o comarques de muntanya sense alternatives de transport públic. Obligar la gent a fer desenes de quilòmetres per examinar-se no és modernitzar, és un abandó institucional. Digitalitzar és modernitzar, sí; però modernitzar no vol dir recentralitzar ni empobrir l’accés a un servei bàsic. El problema, doncs, és estructural. La DGT governa com si tot passés a Madrid, les cues de mesos, els calendaris que s›anuncien, es cancel·len, els examinadors que no arriben, les llistes d’espera eternes, i aquesta digitalització improvisada i, a més a més, imposada. I tot això no és mala sort. Això és mala gestió. A Catalunya ho patim com ningú. 80 000 persones esperant fer un examen. Joves que no poden treballar, famílies que no poden moure’s, empreses que no poden contractar. És una situació insostenible i és senzillament una vergonya. El PP planteja mantenir centres desplaçats i que l’Estat n’assumeixi els costos. Ho compartim. Però això no resol el problema de fons, no transforma el model. Amb el sistema actual, d’aquí a dos anys estarem exactament igual, perquè el que falla no és una factura o una connexió. El que falla és un monopoli centralista que impedeix gestionar el servei amb eficàcia i proximitat. La solució és que les administracions autonòmiques, i en el nostre cas el Servei Català de Trànsit, gestioni aquests exàmens de conduir. Ells, juntament amb les federacions d’autoescoles i el món local, saben on cal posar centres, quants examinadors fan falta i com s’han d’evitar aquests col·lapses. En molts països ja funciona així. Aquí, en canvi, estem atrapats en un model que ni funciona ni deixa funcionar. Quan una persona del Pallars, del Baix Ebre, de la Terra Alta, de l’Empordà o del Moianès ha de fer 150 quilòmetres per a examinar-se, això és desigualtat. Quan un jove s’espera sis mesos per falta d’examinadors, això és desigualtat. I, senyories del PSOE, que aquest matí ho han dit a la Comissió de Seguretat Vial, que ja posen examinadors i vostès saben que no arriben a cobrir les jubilacions ni les baixes. Quan les autoescoles perden activitats per decisions que es prenen a 600 quilòmetres, és desigualtat. La digitalització hauria de corregir aquestes desigualtats, i el que fa és ampliar-les. I per això cal governar des del territori, no des d’un despatx. La PNL del PP encerta en detectar el problema, però és superficial, perquè no aborda el problema estructural. Sí, cal mantenir els centres desplaçats. Sí, cal que la DGT deixi de carregar costos als ajuntaments, evidentment. Sí, cal cohesió territorial. Però afegim el que el PP no diu: la DGT tal com funciona avui és un obstacle per a l’equitat territorial. L’única solució real i estable és territorialitzar la gestió dels exàmens. Fixi’s en l’esmena que ha presentat el PSOE. Senyories del PSOE, han posat una esmena en aquesta PNL que diu que la DGT continuï pagant les despeses del seu personal. Home, és que només faltaria. Que és que pretenien que les despeses del personal de la DGT les paguessin els ajuntaments dels pobles petits? És que només faltaria. I és que, senyories del PSOE, parlin amb els seus companys del PSC del Parlament, si és que no hi ha cap més opció que fer aquest traspàs de competències a la Generalitat de Catalunya. No hi ha més, la DGT no sap gestionar. La DGT l’únic que gestiona ara mateix és el col·lapse. I senyories del PP, els ho dic de veritat, mentre la DGT serà un centre centralista a l’Estat espanyol que només pensi en Madrid i les seves rodalies, a Catalunya tindrem un col·lapse, perquè ja el teníem quan governava el Partit Popular també. Gràcies.

Buenas tardes, diputados y diputadas. Hoy, el Grupo Popular nos trae una PNL que denuncia un problema real: la digitalización de los exámenes de conducir está creando obstáculos enormes, sobre todo en los municipios pequeños y en las zonas rurales. Pero lo que presenta hoy el Grupo Popular aquí es una tirita para tapar una hemorragia. El problema de fondo no es la digitalización, sino el centralismo enfermizo que la DGT aplica cuando gobierna un servicio esencial. Ignora la realidad de los territorios, las distancias, las necesidades de la gente y las capacidades de los ayuntamientos. Digámoslo claro, cuando la DGT falla ―y está fallando estrepitosamente, y no solo ahora, hace años que falla― no es solo mala gestión, es una injusticia territorial: un sistema que trata a los territorios como periferia. Cataluña, como tantos otros territorios, sufre una gestión centralizadora y negligente. Se concentran exámenes, se estancan centros desplazados como el de Vielha o se dejan morir por falta de recursos, como en La Popla. Además, se trasladan costes a los ayuntamientos, que no tienen dinero ni competencias para asumirlos, y eso agrava la situación de municipios pequeños, rurales, de montaña, sin alternativas de transporte público. Obliga a la gente a hacer decenas de kilómetros para examinarse. Y eso no es modernizar, es un abandono institucional. Digitalizar es modernizar, sí, pero modernizar no quiere decir recentralizar ni empobrecer el acceso a un servicio básico. El problema, por tanto, es estructural. La DGT gobierna como si todo ocurriera en Madrid. Las colas de meses, los calendarios que se anuncian y se cancelan, los examinadores que no llegan, las listas de espera eternas y esta digitalización improvisada y además impuesta, todo eso no es mala suerte, todo eso es mala gestión. En Cataluña lo sufrimos como nadie: 80 000 personas esperando ir a examen, jóvenes que no pueden trabajar, familias que no pueden moverse, empresas que no pueden contratar. Es una situación insostenible y es sencillamente una vergüenza.

El Grupo Popular plantea mantener los centros de desplazados y que el Estado asuma los costes. Lo compartimos, pero eso no resuelve el problema de fondo, no transforma el modelo. Con el sistema actual, de aquí a dos años estaremos exactamente igual porque lo que falla no es una conexión, sino un monopolio centralista, que impide gestionar el servicio con eficacia y proximidad. La solución es que las Administraciones autonómicas y, en nuestro caso, el Servicio Catalán de Tráfico, gestionen estos exámenes de conducir. Los ayuntamientos junto con las federaciones de autoescuelas y el mundo local saben lo que hay que hacer, cuántos examinadores hacen falta y cómo son estos colapsos. En otros países ya funciona así; en cambio, aquí estamos atrapados en un modelo que ni funciona ni deja funcionar. Una persona de Pagè, del Bajo Ebro, de la Terra Alta, de la Empordaà o de Moianès tiene que hacer 150 kilómetros para examinarse; eso es desigualdad. Cuando un joven tiene que esperar seis meses por falta de examinadores, es desigualdad.

Señorías del PSOE, ya lo dijeron en la Comisión de Seguridad Vial, hay que poner examinadores y ustedes saben que no cubren las jubilaciones. Las autoescuelas pierden actividades por las decisiones que se toman a 600 kilómetros, y eso es desigualdad. La digitalización tendría que corregir estas desigualdades y lo que hace es agravarlas. Por eso hay que gobernar desde el territorio y no desde un despacho. La PNL del Grupo Popular acierta en detectar el problema, pero es superficial porque no aborda el problema estructural. Sí, hay que mantener centros desplazados; sí, la DGT tiene que dejar de pasar costes a los ayuntamientos, por supuesto, y sí, hace falta cohesión territorial. Pero añadamos lo que no dice el Grupo Popular: la DGT, tal y como funciona ahora, es un obstáculo para la equidad territorial. La única solución real y estable es territorializar la gestión de los exámenes.

Fíjense en la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista. Ustedes, los del Grupo Socialista, han hecho una enmienda a esta PNL que dice que la DGT siga pagando los gastos de su personal. ¡Solo faltaría! ¿Acaso pretendían que los gastos del personal de la DGT los pagaran los ayuntamientos de pueblos pequeños? Solo faltaría eso, señorías del Grupo Socialista. Hablen con sus compañeros del PSC en el Parlament, no hay otra opción que hacer este traspaso de competencias a la Generalitat de Catalunya. No hay nada más. La DGT no sabe gestionar, la DGT lo único que gestiona ahora mismo es el colapso.

Y señorías del Grupo Popular, se lo digo de verdad, mientras la DGT sea un órgano centralista en el Estado español, que solo piense en Madrid y en su periferia, en Cataluña tendremos un colapso; ya lo teníamos también cuando gobernaba el Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

El VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Almirón Ruiz.

Gracias, presidente. Señorías, es 25 de noviembre. Hoy el Grupo Popular podía traer al Pleno una proposición no de ley, la que ellos escogieran. Hoy, 25 de noviembre, solo el Grupo Popular podía elegir traer una iniciativa que nada tiene que ver con lo que se reivindica hoy en todo el mundo: erradicar la violencia contra la mujer. Esto es el PP, un partido preocupado por cómo pactar con su socio de extrema derecha. (Protestas). Pregunta, ¿el Grupo Popular no tenía proposiciones no de ley registradas para combatir la violencia de género? Respuesta: sí, las tiene. Lo que no tiene es valentía (aplausos), tiene miedo a enfadar a su socio negacionista, con el que se va a repartir la Generalitat de Valencia. Dice la portavoz del Grupo Popular que están más comprometidos que nunca, un 25 de noviembre. Su compromiso es con VOX y su negación a la violencia de género. (La señora Acedo Reyes: No es verdad). Esto es el PP.

¿Qué es lo que han decidido traer a cambio? Una iniciativa copiada, porque ―lo ha dicho su portavoz― ¡atención a la proposición no de ley que presentaron hace un mes en la comisión!: para el mantenimiento de los centros de examen desplazados para el permiso de conducir. Y hoy traen exactamente la misma. No han tenido la vergüenza ni de cambiarle el título. Ustedes, señorías del Grupo Popular, no trabajan por este país, repiten textos, repiten discursos y ahora repiten iniciativas. (Aplausos.―La señora Acedo Reyes: Eso, vosotros). Lo que ocurre es que se está completando la OPA de VOX al Partido Popular, porque el PP ya tiene a exmiembros en las filas de VOX, el PP ya copia los discursos de VOX y ahora el PP hace lo mismo que VOX: dinamitar el trabajo parlamentario replicando iniciativas. Esto no es casualidad, es lo que ocurre cuando no tienes nada que ofrecer a los españoles. No quieren hablar de violencia de género, pero podrían hablar de cómo reforzar el escudo social, de cómo mejorar la financiación de las Administraciones, de vivienda o de políticas para jóvenes. Nada, nada, porque al PP tampoco le interesa. Desde el Grupo Socialista lo decimos claro: sí, defendemos el acceso equitativo a los servicios públicos en el medio rural y, sí, defendemos que nadie se quede atrás, pero sin alarmismos y sin ruido innecesario. No se va a cerrar ningún centro de examen desplazado. No se trata, señorías, de venir aquí a hacer postureo político, se trata de ofrecer soluciones reales, eficaces y basadas en la verdad. (Aplausos).

Sobre su iniciativa, quiero decirles que la digitalización no es un invento arbitrario del Gobierno, es una obligación legal. Gracias a ella podemos incorporar pruebas, mejorar la accesibilidad y adaptar exámenes. Esto es inclusión real. Y sobre la inversión que usted decía, señorías del Grupo Popular, es voluntaria y compartida entre Estado y ayuntamientos. Quien quiere colaborar, colabora. ¿A qué dedican ustedes, por ejemplo, todo el dinero que reciben del Estado? Porque desde 2018, se lo debo recordar, las entidades locales han recibido un 60 % más de financiación del Estado. Eso son más de 10 000 millones de euros adicionales. ¿Qué hacen ustedes con el dinero? Esto es lo que nos estamos preguntando. Todos sabemos que la financiación local no solo depende del Estado ―y lo sé muy bien porque soy concejal―, están los tributos municipales y también los tributos de las comunidades autónomas, que parece que se les olvida. Ustedes también están gobernando en esas comunidades autónomas ¿o acaso están abandonando a sus ayuntamientos? (La señora Acedo Reyes: El Estado). ¿Es eso lo que nos están diciendo?

Señorías del Grupo Popular, lo peor es que la propuesta de hoy ni siquiera es nueva, y lo han reconocido; lo peor es que ocupan el tiempo en una iniciativa ya debatida en este Congreso. Este trabajo burdo, que es marca del PP, no es lo que nos pide la ciudadanía. El Grupo Socialista, desde luego, no va a participar en este juego, porque nosotros defendemos la mejora continua de los servicios públicos, defendemos la igualdad territorial, defendemos la cooperación entre Administraciones y defendemos que el Congreso esté al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas y no para su estrategia extremista y mezquina.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Esta es una magnífica oportunidad ―y por lo tanto tengo que agradecer la iniciativa del Grupo Popular― para denunciar una vez más algo que hemos venido denunciando a lo largo de estos meses y de estos años por parte de Unión del Pueblo Navarro, y recientemente también en las Cortes Generales, tanto en el Senado como en el Congreso. Me refiero a la lamentable situación que está padeciendo la Comunidad Foral de Navarra con las pruebas para la obtención del carné de conducir. Las propias asociaciones de autoescuelas de Navarra han denunciado que son miles y miles los navarros que tienen que esperar meses y meses para realizar la prueba teórica y más meses todavía para realizar la prueba práctica. Las autoescuelas de Navarra denuncian la falta de planificación y de previsión del ministerio a la hora de dotar de examinadores en número adecuado y correcto a las necesidades que se plantean en la Comunidad Foral de Navarra. La situación de la Jefatura de Tráfico en Navarra es escandalosa. Son años de denuncia e inacción por parte del Ministerio del Interior. Ya en el año 2018, el Parlamento de Navarra aprobó una iniciativa en la que se denunciaba el agravio comparativo que se estaba dando en la Comunidad Foral de Navarra al no contar con el número adecuado y necesario de examinadores para cubrir las necesidades de la comunidad y se denunció su número escaso. Pero la situación, en lugar de corregirse, ha empeorado, incluso con las medidas que se pusieron en marcha ―o se intentaron poner en marcha, mejor dicho― este verano por parte de la Jefatura de Tráfico la situación ha ido a peor.

Estos días, hemos podido comprobar en los medios de comunicación cómo este país, cómo España necesita mayor número de profesionales a la hora de conducir camiones de transporte a través de la carretera. Pues bien, en Navarra, una persona ―fundamentalmente la gente joven―, a la hora de buscar un puesto de trabajo y de sacarse el carné de camión, está tardando un año si aprueba los tres exámenes a los que tiene que hacer frente; siempre y cuando los apruebe. Si suspende alguno de ellos, se dilata todavía más la obtención de este carné y, por lo tanto, la posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. Pero es que, además, señorías, hace unos años el tiempo era la mitad y, por lo tanto, como digo, se ha ido a peor y el único responsable es el ministerio.

Con los cambios en la digitalización introducidos en las pruebas teóricas también han surgido problemas, y más concretamente en la ciudad de Tudela, que da servicio a todas las localidades de la Ribera de Navarra, donde el ministerio y también el Gobierno de Navarra se han lavado las manos ante las necesidades económicas y logísticas a las que se tiene que hacer frente.

Como recoge la moción, no se pueden traspasar las responsabilidades a los ayuntamientos, no es competencia suya, es el ministerio el que tiene que hacerles frente. Y no se puede legislar, establecer una normativa y que luego la factura la paguen otros. Los ayuntamientos no están para eso. Pagamos más impuestos, los Gobiernos tienen más recaudación y los servicios que nos están prestando son peores. Sorprende que se hable de la España rural, de la España vaciada, y se quieran cargar más gastos a dichos ayuntamientos. ¿Dónde está, señorías, la apuesta del Gobierno por garantizar los servicios en la España rural? ¿Dónde? ¿Dónde su apuesta por la equidad y la igualdad de oportunidades? El carné de conducir, como decimos, es una oportunidad para los jóvenes para encontrar un puesto de trabajo, más aún si viven en el medio rural y necesitan desplazarse a otras localidades y luego regresar a la suya.

Señorías, ¿cómo no se va a vaciar la España rural si el propio Gobierno es el que está castigando a sus ciudadanos y a sus ayuntamientos?

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Señorías, intervenimos hoy para valorar la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre la continuidad y el adecuado funcionamiento de los centros de exámenes desplazados para la obtención del permiso de conducir. Y lo hacemos con un espíritu constructivo, como es habitual en este Grupo Parlamentario, porque compartimos una preocupación real: garantizar que la ciudadanía, viva donde viva, disponga de servicios accesibles, ágiles y de calidad. Hablamos de algo muy concreto, de la igualdad de oportunidades en el acceso a la movilidad y, por tanto, al empleo y a la vida diaria. El PNV siempre ha defendido la importancia de los servicios públicos de proximidad. Sabemos que cuando un centro de exámenes se elimina, se suspende temporalmente o se aleja decenas de kilómetros, quienes pagan las consecuencias son las autoescuelas, los jóvenes, las personas trabajadoras y, en general, aquellos colectivos que más dependen de estos servicios para acceder a un empleo o para ejercer su movilidad cotidiana. Además, no podemos olvidar el impacto económico que esto genera en comarcas enteras: retrasos, costes añadidos y pérdida de actividad local. Por tanto, compartimos la necesidad de que estos centros se mantengan, de que se les dote de recursos suficientes y de que no se cargue sobre los ayuntamientos un coste que no les corresponde. Si se pretende un servicio homogéneo, la responsabilidad debe ser también homogénea y estable. Ahora bien, señorías, conviene recordar que, en lo que afecta a la Comunidad Autónoma vasca, esta cuestión tiene un encaje institucional muy claro: la evaluación, el control y la gestión de los exámenes para la obtención de permisos de conducir figuran en el listado de transferencias pendientes recogido en el acuerdo de traspasos entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco. Es decir, estamos hablando de una competencia que debe ser transferida de conformidad con el Estatuto de Gernika. Y no lo decimos por una cuestión identitaria, sino por eficacia y corresponsabilidad institucional. Por eso, cuando en esta PNL se pide al Gobierno que impulse mejoras, garantice la continuidad del servicio y establezca mecanismos de financiación y coordinación, en el PNV queremos subrayar algo fundamental: la mejor garantía de que el servicio funcione adecuadamente en Euskadi es culminar la transferencia de esta competencia. No es una reivindicación simbólica. Euskadi tiene una larga experiencia en gestión administrativa y en prestación de servicios públicos con altos estándares de eficiencia y proximidad. Contamos con capacidad organizativa contrastada, redes territoriales orientadas a la ciudadanía, sistemas avanzados de digitalización en trámites públicos y un modelo de colaboración interinstitucional sólido entre Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos. Esta transferencia permitirá diseñar un servicio adaptado a la realidad vasca, reducir desplazamientos, mejorar la dotación de personal examinador y ofrecer una planificación más estable y previsible. Facilitaría innovaciones útiles, calendarios coordinados con autoescuelas, refuerzos en picos de demanda o unidades móviles mejor organizadas. Y esto, señorías, es precisamente lo que demandan autoescuelas y ciudadanía.

Por todo esto, queremos dejar muy claro que la mejora real y duradera pasa por completar la transferencia. Cualquier compromiso presupuestario o de reorganización debe respetar este horizonte. Y cualquier mecanismo de diálogo o coordinación institucional debe incluir al Gobierno vasco como actor plenamente competente en ciernes. Lo coherente, lo pactado y lo estatutariamente previsto es que esta competencia se ejercite desde Euskadi, y cuanto antes se concrete el traspaso, antes podrán resolverse los problemas estructurales que esta PNL intenta paliar, evitando parches temporales que vuelvan a aparecer legislatura tras legislatura.

En conclusión, señorías, el PNV apuesta por un servicio de exámenes de conducción cercano, eficaz y homogéneo, que no discrimine a ningún territorio y que responda a las realidades de quienes dependen de él. Y, como he dicho anteriormente y repito, queremos dejar muy claro que la vía más sólida, al menos en Euskadi, es cumplir con el estatuto y efectuar la transferencia pendiente.

Guk argi daukagu hurbiltasuna eta eraginkortasuna eskutik doaz, eta horretarako beharrezkoa da eskumena dagokion tokira ekartzea.

Eskerrik asko.

Nosotros lo tenemos claro: la cercanía, la precisión y la calidad van de la mano. Por lo tanto, esta es nuestra postura. Muchas gracias.

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, efectivament, avui venim a discutir una iniciativa del Partit Popular —‌ja s’ha dit— sobre el manteniment de les proves d’examen desplaçats per a proves d’obtenció del carnet de conduir. La proposta va en la línia de propostes que el nostre mateix grup hem presentat en altres ocasions sobre altres qüestions semblants. És a dir, tot allò que faci referència a ajudar a facilitar la vida de la gent que viu en zones de poca densitat de població o molt allunyades de les capitals, vostè també ho ha dit d’aquesta manera. Lleida és un cas paradigmàtic. Jo soc de Lleida. La demarcació de Lleida és un terç de la superfície de Catalunya i té una població que no arriba al 6 % de la població. Té, a més a més, una forma molt allargada al nostre territori. La capital concentra una part molt important d’aquesta població, gairebé el 50 %, i tenim tota la zona del Pirineu amb una densitat molt baixa. Allà, al Pirineu, és on hi ha els centres on en aquest moment es poden fer aquests exàmens desplaçats. Bé, sorprèn que, quan sembla que hi ha un consens social a afavorir la població d’aquests territoris, i aquí tothom, més o menys, fa el discurs en aquest mateix sentit, i en relació amb aquesta matèria i d’altres que després faré referència, avui dia, la DGT faci això que vostès han explicat: inicia un procés de digitalització, imposa uns requeriments tècnics i físics i, en canvi, la despesa la centrifuga als ajuntaments que recepcionen aquests exàmens. És realment vergonyós. Senyors del Govern, Junts per Catalunya hem trencat el diàleg i les negociacions amb vostès per incomplir acords i per enganyar, però els agrada tant enganyar, els agrada tant enganyar la ciutadania, que vostès diuen que fan aquestes polítiques i que estan d’acord a ajudar aquests ciutadans, però quan governen fan exactament el contrari. I ho sento molt pels aplaudiments, però fins i tot el mateix ponent socialista, d’alguna manera, ha reconegut…, venia dient: «Escolti, els ajuntaments també ingressen altres impostos d’altres coses». Com volent dir, doncs que ho paguin ells. Ho trobo vergonyós. No diguin mai més que vostès estan per fer aquestes polítiques. No ho diguin. O rectifiquin, que és el que han de fer, rectificar. Miri, dels dos centres que queden a Lleida, a la meva demarcació, perquè el de Viella, com ha dit la diputada d’Esquerra, ja s’ha tancat, hi ha el de la Pobla de Segur i el de la Seu d’Urgell. Al de la Pobla de

Segur, s’examinen 800 alumnes cada any, a base del desplaçament dels examinadors tres vegades al mes durant tot l’any. Vostès s’imaginen…? Perquè l’Ajuntament de la Pobla clarament diu: «Jo no tinc els recursos per a fer això». Vostès s’imaginen 800 persones de diferents comarques del Pirineu baixant innecessàriament a fer aquests exàmens? I tants altres centres que hi ha a Catalunya i, òbviament, a altres llocs de l’Estat.

Però no vull desaprofitar l’ocasió, ja que es parla d’aquesta qüestió, per parlar del problema greu que té això dels exàmens del carnet de conduir. I és aquesta desastrosa i mala gestió centralitzada marca Espanya que tant els agrada als governs espanyols. Mirin, a Catalunya fa molt temps que manquen examinadors. I, ja que ha intervingut abans el diputat català del Grup navarrès, a Catalunya, entre que s’aprova l’examen teòric i que pots fer l’examen pràctic, han arribat a passar fins a 9 mesos, 9 mesos. I, a més a més, desplaçaments. Els ciutadans de Catalunya van a examinar-se a Conca, van a examinar-se a Albacete, van a examinar-se a Terol. I això no és turisme d’interior. Això és el turisme del despropòsit. És el turisme de la ineficiència en la gestió. I és el fracàs d’un model centralitzat que combatem. No hi ha prou examinadors, però, com l’Estat no vol cedir les competències, és incapaç de resoldre aquest problema, perquè fins i tot creant noves places d’examinadors, el problema no es resol. A Catalunya no es fa formació d’examinadors, només es fa a Madrid, com tantes coses. Igual com passa amb maquinistes de trens, amb inspectors als punts de control de fronterers, amb examinadors de carnet o amb personal de la Direcció General de la Marina Mercant. La majoria dels funcionaris que fan cap a Catalunya, on el cost de la vida és molt més alt, el que fan és tornar cap a casa seva de seguida que poden. Hi ha el cas d’un examinador que va examinar un dia, va agafar una baixa de gairebé dos anys i, quina casualitat, la baixa es va acabar quan va aconseguir una plaça en un altre territori.

Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, efectivamente, hoy venimos a discutir una iniciativa del Partido Popular ―ya se ha dicho― sobre el mantenimiento de las pruebas de examen desplazadas para la obtención del carné de conducir. La proposición es igual a otras que ha propuesto nuestro grupo en materias parecidas, sobre todo aquello que haga referencia a ayudar, a facilitar la vida de las personas que viven en zonas de poca densidad de población o muy alejadas de las capitales, usted ya lo ha dicho. Lleida es un caso paradigmático. Yo soy de Lleida y es un tercio de la superficie de Cataluña y tiene una población que no llega al 6 % del total. Tiene además una forma muy alargada. La capital concentra una parte muy importante de esta población, casi el 50 %. Y tenemos toda la zona del Pirineo con una densidad muy baja. Es allí, en el Pirineo, donde están estos centros donde se pueden hacer estos exámenes desplazados. Bien, sorprende que cuando parece que hay un consenso social en ayudar a esta población ―veo que más o menos todo el mundo hace este discurso en el mismo sentido, y en relación con esta materia y otras a las que después haré referencia―, hoy en día la DGT haga esto que hoy ustedes han explicado, inicie un proceso de digitalización, imponga unos requisitos técnicos y físicos y, sin embargo, el gasto lo centrifugue a los ayuntamientos que hacen estos exámenes. Es realmente vergonzoso. Señores del Gobierno, Junts per Catalunya ha roto el diálogo y las negociaciones con ustedes por incumplir acuerdos y por engañar. Pero les gusta tanto engañar a la ciudadanía que ustedes dicen que hacen estas políticas y que están de acuerdo con estos ciudadanos, pero cuando gobiernan hacen justamente lo contrario. Y lo siento mucho por los aplausos, pero incluso el mismo ponente socialista de alguna manera ha reconocido o venía diciendo que los ayuntamientos también ingresan otros impuestos de otras cosas, como queriendo decir: pues que lo paguen ellos. Lo encuentro vergonzoso. No digan nunca más que ustedes están por hacer estas políticas; o rectifiquen, que es lo que tienen que hacer, rectificar. Miren, de los dos centros que quedan en Lleida, en mi demarcación ―porque el de Vielha, como bien ha dicho la diputada de Esquerra, ya se ha cerrado―, el de la Pobla de Segur y el de La Seu d’Urgell, en el de la Pobla de Segur se examinan ochocientos alumnos cada año a base del desplazamiento de los examinadores tres veces al mes durante todo el año. ¿Ustedes se imaginan ―porque claro, el Ayuntamiento de la Pobla dice que no tiene los recursos para hacer eso― a ochocientas personas de distintas comarcas del Pirineo bajando innecesariamente a hacer estos exámenes? Y tantos otros centros que hay en Cataluña y, evidentemente, en otros sitios del Estado. Pero no quiero desaprovechar la ocasión ―ya que se habla de esta cuestión― de hablar de un problema grave que tiene este tema de los exámenes del carné de conducir, y es esta desastrosa y mala gestión centralizada marca España que tanto les gusta a los Gobiernos españoles. Cataluña hace mucho que necesita de examinadores ―ya que antes ha intervenido el diputado Catalán, del grupo navarro―, y en Cataluña, entre que se aprueba el examen teórico y que puedes hacer el examen práctico, han llegado a pasar hasta nueve meses; nueve meses. Además, están los desplazamientos. Los ciudadanos de Cataluña van a examinarse a Cuenca, van a examinarse a Albacete, van a examinarse a Teruel. Y esto no es turismo de interior; esto es el turismo del despropósito, es el turismo de la ineficiencia en la gestión y es el fracaso de un modelo centralizado que combatimos. No hay suficientes examinadores, pero como el Estado no quiere ceder las competencias, es incapaz de resolver este problema. Porque incluso creando nuevas plazas de examinadores, el problema no se resuelve. En Cataluña no se hace formación de examinadores; solo se hace en Madrid, como tantas otras cosas. Igual que pasa con maquinistas de trenes, con inspectores del punto de control fronterizo, examinadores de carné o personal de la marina mercante. La mayoría de los funcionarios que trabajan en Cataluña, donde el coste de vida es mucho más alto, lo que hacen es volver a casa tan pronto como pueden. Y hay un caso de un examinador que examinó una vez, examinó un día y cogió una baja de casi dos años, y, qué casualidad, esta baja se acabó cuando consiguió una plaza en otro territorio.

Els examinadors no volen venir a Cataluny perquè o bé volen tornar als seus territoris, o bé volen anar a un territori on el cost de la vida no és tan alt. Hem demanat manta vegades un salari mínim i una pensió adequada a Catalunya al seu cost de la vida, que és diferent, i no arreglen ni això ni arreglen el problema dels serveis que depenen de l’Estat, que són un autèntic caos.

I acabo.

Los examinadores no quieren venir a Cataluña porque o bien quieren volver a sus territorios o bien quieren ir a un territorio donde el coste de vida no sea tan alto. Hemos pedido muchas veces un sueldo mínimo y una pensión adecuada a Cataluña en su coste de la vida, que es distinto, y no arreglan ni esto ni arreglan el problema de los servicios que dependen del Estado, que son un auténtico caos.

Y termino.

Sí, president. Tenim molts motius per ser independentistes, els catalans. Molts. Però un d’ells és que la dependència d’Espanya és equivalent a ineficiència, centralisme, manca de competitivitat, un tracte injust i no equitatiu en exàmens de conduir, en Rodalies i en tantíssimes altres coses. Amb nosaltres no comptin, no mirarem cap a una altra banda. I el que em sorprèn…

Sí, presidente. Tenemos muchos motivos para ser independentistas los catalanes, muchos, pero uno de ellos es que la dependencia de España es equivalente a ineficiencia, centralismo, falta de competitividad y un contacto justo y no equitativo en exámenes de conducir, en cercanías y en muchas otras cosas. Con nosotros no cuenten, no vamos a mirar hacia otro lado. Y lo que me sorprende…

… és que tants diputats catalans estiguin tan entusiasmats amb aquest Govern que fa aquestes polítiques.

Gràcies.

… es que tantos diputados catalanes estén tan entusiasmados con este Gobierno que hace estas políticas.

Gracias.

Gracias, presidente. Señorías, hoy el Grupo Popular nos ha dejado un poquito descolocados al poner en el debate la eficiencia de los exámenes de conducir, un asunto que cualquiera consideraría de consenso. Todos queremos trámites ágiles, servicios modernos y Administración cercana; nadie discute eso. Pero ya conocemos el manual de la derecha: lo que empieza como un debate inocente por la puerta de atrás, esa puerta que dicen controlar y que tantas sentencias nos arrojan desde el Supremo, termina en una sentencia política. Porque es su método: no gobiernan porque no quieren y bloquean cuando no deberían, y siempre buscan arreglarlo todo por la puerta de atrás, con ruido y, a veces, fango. Porque no les interesa el fondo; lo que buscan es un falso debate para enfrentar a los grupos de la investidura. Juegan al conflicto, no a la solución. Se llenan la boca hoy pidiendo recursos para los ayuntamientos, pero cuando en el Grupo Plurinacional SUMAR planteamos dotar de capacidad económica real a los municipios, ellos siempre siempre votan en contra. Y pronto lo veremos otra vez con el techo de gasto, otra vez de la mano de las derechas ―la negacionista y la catalana― votarán juntos en contra de los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

La medida de la DGT de llevar los exámenes a los municipios rurales es estratégica, es positiva, y es, sobre todo, justicia territorial. Es una herramienta concreta contra la despoblación; es facilitar que un joven de un pueblo no tenga que gastarse 100 euros en ir a la capital para hacer un trámite que es esencial para encontrar trabajo; es acercar la Administración al ciudadano. Punto.

Ahora, el PP se queja del coste. Hablan de 10 000, 15 000 o 20 000 euros. De repente, que un ayuntamiento invierta en un escáner o un lector de DNI también les parece una tragedia. Es inversión, es modernizar el ayuntamiento para hoy y para mañana y es beneficio. Ese rédito de dar un servicio directo a la gente se lo lleva el pueblo, se lo llevan los vecinos. Palabra de alcalde. Y no me lo invento yo; escuchemos a sus alcaldes, como al del Partido Popular de Huércal-Overa, que dijo ―y cito textualmente, abro comillas―: «La prioridad es facilitar la vida de nuestros vecinos» ―cierro comillas―. Asumió la inversión, a pesar de su coste, para evitarles el desplazamiento, y destacó que cerca de mil personas que van a examinarse dinamizan el comercio local. Es gobernar para la ciudadanía, a diferencia de lo que ustedes hacen aquí, en este hemiciclo. Entonces, uno se pregunta cómo es que para esto les parece caro 15 000 euros, pero no dudan en reformar una plaza de toros en la misma Huércal por 1,6 millones de euros de dinero público y subvenciones XL de la Diputación de Almería. (Aplausos). Y si hablamos de Tomelloso, otro ejemplo de manual. Allí les cuesta desembolsar 20 000 euros facilitar la vida de sus 36 000 vecinos, pero no reparan en gastos cuando se trata de la feria; 300 000 euros. ¡Ahí es na! ¡Olé! Son 300 000 euros para unos días de fiesta, frente a invertir 20 000 euros en un servicio público esencial que da movilidad y futuro.

Señorías, ahí tienen sus prioridades, lo han dejado clarísimo. Para el servicio público, la tijera; para el espectáculo, la talla, cuanto más grande, mejor; circo, cerveza y mascarilla. Seamos honestos. El problema principal de los exámenes de conducir hoy en España no es este; el problema de raíz, el que de verdad estrangula el sistema, es la falta brutal de examinadores. Miren las cifras, las han comentado antes: siete meses de espera en Girona, cuatro en Tarragona, con más de siete mil candidatos en lista. Islas Baleares y Barcelona son desiertos de funcionarios, porque el Estado no puede fijarlos donde el coste de la vida es una losa y el precio de la vivienda inasumible. En el Grupo Plurinacional SUMAR ya actuamos sobre esto. En diciembre presentamos una iniciativa que logró el compromiso del ministro Marlaska de quinientos nuevos administrativos y plazas de examinadores itinerantes, medidas que se implementaron y que aliviaron, pero no solucionaron el problema. Por eso nosotros seguimos pensando que hay que ir más allá; hay que ser valientes e imaginativos y plantear soluciones reales, aunque rompan con lo establecido. Nosotros lo propusimos entonces y lo reafirmamos ahora. Es hora de estudiar la posibilidad de que profesores de autoescuela debidamente acreditados por el ministerio puedan colaborar de forma puntual, generalizando el modelo de algunas provincias para realizar exámenes prácticos los sábados y así aliviar esta situación de colapso.

Señorías del Partido Popular, quiero acabar con la frase de su presidente ―de nuestro presidente en aquel momento―, el señor Rajoy, que resume su forma de hacer: Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.

Dejen de marear, por favor. Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Miren, (muestra un folio en el que aparece escrito en rojo el número 40), ¿qué les dice este número? Yo sé que por aquí piensan que es por Alí Babá Sánchez y los 40 ladrones (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), pero no, porque ustedes tienen muchos más ladrones en sus filas.

(Aplausos.―Rumores). Sí, sí, tienen más, los que han tenido, los que están teniendo y los que quedan por entrar. (Continúan los rumores).

Señorías (muestra un folio con una fotografía de una cartera con billetes y un texto a pie de foto), 40 son los 40 000 millones de euros que recaudan ustedes vía impuestos directos e indirectos del sector del automóvil. Son 40 000 millones de euros. Y otros 40 millones. (vuelve a mostrar el folio en el que aparece escrito en rojo el número 40). Otros 40 millones, ¿saben de qué? (Muestra un folio con una fotografía de una señal de tráfico en una carretera y un texto a pie de foto). Del incremento de las multas de tráfico que impusieron ustedes el año pasado, que han superado un récord histórico: más de 500 millones de euros. Y con estas cifras insultantes vienen ustedes aquí a racanear a la España rural, a la España vaciada, para que esos jóvenes no puedan realizar los exámenes. Una España vaciada con la que a ustedes se les llena la boca, pero lo único que hacen es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos. (Aplausos). Lo hacen vía impuestos y lo hacen vía multas, baten récord de recaudación y ustedes abandonan a esa España rural, y ahora también a los jóvenes que necesitan ese carné de conducir para buscar un futuro, ese futuro que ustedes les quitan. Les quitan la vivienda y les quitan el futuro. Por eso lideramos el paro en España. Como se ha dicho aquí, llevamos años denunciando el caos de las listas de espera por la falta de examinadores, y el Ministerio del Interior, con el ministro Marlaska, solo ofrece chapuzas. Sigue abandonando a quienes necesitan el carné de conducir para buscar un futuro.

Hablando de seguridad vial, no puedo dejar de aprovechar este tema para demostrar ante ustedes la mentalidad que siguen teniendo de saqueo del bolsillo de todos los ciudadanos. Miren, la V16 (muestra una baliza V16). Les dijimos en la Comisión de Seguridad Vial hace unos meses que esto iba a ser un problema y, efectivamente, así es: es un problema donde ustedes vuelven a meter la mano en el bolsillo de los españoles (aplausos.―Rumores) para saquearlos, porque ustedes no escuchan a los expertos. (Muestra un folio con una fotografía de una baliza V16 en un coche y un texto a pie de foto). Los expertos les dicen que esto es ―muy bien definido― una estafa. (Rumores). Los expertos ―y no creo que ustedes duden, aunque viniendo de ustedes me puedo creer cualquier cosa―, como la Guardia Civil de Tráfico (muestra un folio con una fotografía de un guardia civil en una carretera y un texto a pie de foto), dicen que se mantengan los triángulos y dudan de la efectividad de la baliza V16. (Aplausos). En VOX les pedimos y exigimos que se paralice la imposición de la baliza para todos los conductores el próximo 1 de enero. Empiecen a reunirse con los principales responsables de la seguridad vial en carretera, hablen con la Guardia Civil de Tráfico y luego traigan una idea decente. Y, además, no nos roben a todos los conductores. (Aplausos).

Arreglen los problemas de los exámenes en la España rural, arreglen los problemas de los examinadores y arreglen las carreteras abandonadas y destrozadas. Son 13 500 millones de euros de déficit en el arreglo de las carreteras. El fiscal de Seguridad Vial, su fiscal, dice que una de cada tres muertes en carretera se produce por el mal estado en el que están. Eso recae sobre sus conciencias. (Aplausos). ¿Pero saben qué es lo único que arreglan? Arreglan a Sánchez, a su familia, a sus amigos y a sus ministros. Eso es lo único que arreglan. (Continúan los aplausos). Estamos ante el Gobierno más corrupto, económica y moralmente, que ha tenido España. Convoquen elecciones, porque en VOX vamos a reconstruir todo lo que ustedes están destrozando.

En una de mis últimas intervenciones aseveré aquí algo que hoy se confirma (rumores): son el Gobierno de Otegi. Ustedes son el Gobierno de ETA y, por lo tanto, son el Gobierno de la muerte. (Protestas.―Varias señoras y señores diputados: ¡Hombre, ya está bien!).

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. (Número de expediente 173/000140).