Proposición de Ley para la modificación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Moltes gràcies, presidenta. La semana pasada conocíamos que los precios de la vivienda por primera vez superaban los precios de la burbuja. ¿Se acuerdan? ¿No les da escalofríos? Porque a nosotros el 2008 nos recuerda el dolor, los suicidios, los desahucios, las familias rotas, el paro, los recortes. En cambio, hoy, señorías, tenemos una oportunidad de no fallarles, de no sucumbir a los poderosos y pensar en la gente normal. Pero tenemos que salir del shock, de la negación, del inmovilismo y, en el peor de los casos, de la autocomplacencia. Hoy tenemos enfermeras viviendo en caravanas, jóvenes viviendo con sus padres con más de 35 años, mujeres que no se separan de sus agresores porque no tienen adónde ir y personas con 70 años compartiendo piso porque sus modestas pensiones no les permiten otra cuestión. Señorías, no es un problema demográfico; si lo fuera, los precios no subirían en poblaciones que pierden población año tras año. El conflicto no es demográfico; es de inversión y especulación. El conflicto es que, mientras hay gente que no puede dormir porque no sabe cómo pagará el alquiler, hay quien gana dinero durmiendo, sin hacer nada. (Aplausos). Así que, por favor, no hablen de meritocracia en un país donde se aplaude el rentismo. De 2008 a 2024, la gente que solo tiene una casa ha decrecido un 4 %, mientras que la gente que tiene entre seis y diez ha incrementado un 53 %. El problema es que podemos empatizar mucho con la enfermera que vive en una caravana, con el joven que con 35 años vive con sus padres o con la persona de 70 años que comparte piso, pero si no nos atrevemos a tocar a los de arriba, a los que acaparan, no va a servir absolutamente para nada. Hoy, señorías, no vamos a hablar de política de vivienda, entre otras cosas porque comparto con la mayoría de ustedes que esta es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas y, también, porque demasiadas veces se ha confundido la política de vivienda con política inmobiliaria. Hoy, señorías, vamos a hablar de la transformación de las viviendas en activos financieros y de cómo un derecho básico, como es un techo, un refugio o un hogar, se ha convertido en la principal fuente de especulación y de rentabilidad de los mercados. Hoy, la compraventa por parte de empresas, sociedades y fondos buitre es más del doble que en el mejor momento de la burbuja del 2008. Si no me creen, solo tienen que coger su teléfono móvil, entrar en Idealista y verán que la mayor parte de anuncios son de empresas y de fondos buitre. Una gran acumulación en pocas manos que obedece a un cambio radical, sin debate previo, por imposición de la troika como contraprestación al rescate europeo a la banca española. Una revolución legislativa que supuso que hoy seamos el segundo país del mundo en socimis, con una capitalización media de 116 millones de euros. Insisto, 116 millones de euros, porque luego vendrán a decir que son pequeñas empresas hermanitas de la caridad. La aprobación de las golden visa permitió la entrada de ―ojo― 5000 millones de euros extranjeros entre el año 2018 y 2022 para comprar casas a cambio del permiso de residencia. Por no hablar de que entre el paquete para el rescate estaba la precarización de los derechos de los inquilinos en la modificación de la LAU en el 2013. Y por no decir que dejaron que hoy, según el INE, 350 000 pisos sean apartamentos turísticos legales. No vamos a entrar en los ilegales. Esto supone haber detraído del mercado el 10 % de los pisos que deberían estar en alquiler. Y la guinda en el pastel fue que diferentes Administraciones ―la mayoría del Partido Popular― vendieron de forma masiva el parque público de vivienda a grandes fondos como Goldman Sachs y Blackstone. (Aplausos). Una jugada redonda. Por tanto, señorías, cuando hoy empiece el debate, por respeto a la inteligencia, espero que nadie diga que está en contra de la intervención del Estado, porque, como hemos visto, hubo intervención del Estado. Y tengan al menos el coraje de decir que de lo que están en contra es de que ahora, humildemente, el Estado quiera intervenir a favor de la mayoría social (aplausos) y no de fondos buitre, socimis y empresas. Efectivamente, es una propuesta de ley clara, ajustada al derecho europeo, pero, sobre todo, es tan revolucionaria que solamente cumple con dos artículos de la Constitución. No diré el artículo 47, que sé que para la ministra es un teléfono donde llamar para decir que las cosas no van bien, sino el artículo 128, tan revolucionario como decir que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. ¿Y qué hacemos con esta proposición de ley? Sencillamente, cumplir con el artículo 131, que viene a decir que el Estado podrá planificar la actividad económica general para atender necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el crecimiento de la renta y de la riqueza y que esta tenga una distribución justa. Esto es lo que hoy venimos aquí a hacer. ¿Saben ustedes qué no es constitucional? Que mientras hay quien vive en una furgoneta y mientras hay quien vive en una caseta sin luz o con el miedo en el cuerpo de no saber si la ministra renovará la moratoria para que 300 000 familias no paguen más su alquiler (aplausos), hay empresas y multinacionales que están forrándose como nunca. Señorías, esto no es constitucional.

Señorías, sé que a muchos de ustedes ―probablemente, a los grupos parlamentarios más cercanos ideológicamente― les parecerá una ley poco ambiciosa. Estoy de acuerdo. Ideológicamente, estoy de acuerdo en que habría que prohibir la compra especulativa a cualquiera, sea una persona física o jurídica, sea una propietaria de cinco viviendas o una multinacional que compra 50 000 en un barrio; pero, señorías, vengo de una tradición donde la ideología no puede impedir hacer política y el parlamentarismo también es ser consciente de la aritmética parlamentaria. Por eso creo que es importante decir que, efectivamente, las casas son para vivir y no para hacer negocio. Pero ha llegado el momento de dejar los monólogos y de atreverse a salir de la zona de confort. Nosotros lo hacemos y nos conformamos con que se prohíba solamente la compra a socimis, empresas multipropietarias, fondos buitre y multinacionales. Nos dejamos fuera mucho. Espero que otros grupos se atrevan a salir de su zona de confort, pero no por nada, sino porque ahí fuera en la calle nos piden que hagamos algo, que aliviemos el dolor y que mejoremos la vida de la gente, porque si no nos van a echar a gorrazos a los 350. Dejemos de alimentar el monstruo de la antipolítica y del fascismo. Y eso empieza con la seguridad material a las familias, señorías. (Aplausos). Eso empieza dando un te-cho; un te-cho.

¿Ustedes creen que en un país donde hay 564 casas por cada mil habitantes ―por ejemplo, en mi casa somos cuatro y, por tanto, no necesitamos dos viviendas más― no hay casas suficientes para que todo el mundo tenga una vivienda? ¿O será que hemos normalizado que las empresas puedan comprar un derecho? ¿Entenderíamos que las empresas compren derechos tan básicos como nuestro derecho a la salud o nuestro derecho a la educación? ¿Por qué no? Y cuando insisto en el por qué no es porque, a diferencia de otros momentos, a priori, en esta legislatura sí existe un espacio, con una mayoría que dice que la vivienda no puede ser un bien de mercado. Pues empecemos desmercantilizando, empecemos aquí. Por eso creo que es importante que la mayoría parlamentaria sustente este sencillo acuerdo, que es que entendemos que la vivienda es un derecho. No vamos a entrar en si usted, como familia, tiene dos, cinco o siete viviendas. A mí me parece mal y creo que hay que, como mínimo, achicharrarle a impuestos, pero, al menos, atrevámonos a que no haya empresas ―la mayoría extranjeras, por cierto― que compren casas y bloques enteros en nuestros barrios. Aquí se habla mucho de la seguridad en los barrios. ¿Saben ustedes qué no da seguridad en los barrios? Cuando llega un fondo buitre. Un fondo buitre compra un edificio entero. Probablemente, hay gente que nunca pensó que fuera vulnerable en este país. Es gente que con su salario y su pensión podía llegar a pagar su alquiler, pero, de repente, deciden subirle el alquiler a un precio que es inalcanzable y le hacen cambiar del barrio de siempre. Ya no tiene con quién hablar, porque sus amigas se quedan en ese barrio. Ya cambia de médico de familia, con lo grave que esto es para la trazabilidad de muchas enfermedades. O tiene que sacar a sus hijos del colegio. Pero es que hay veces que, incluso pagando el alquiler, les echan, porque estos fondos buitres se llevan muy bien con los escuadristas, que lo que hacen es expulsar a las familias por vías violentas que todavía no hemos prohibido en este país. Como decía, es el momento de salir de la zona de confort y de no quedarse solamente en las posiciones cómodas de cada uno.

Particularment per a aquells que diuen que només els preocupa i ocupa Catalunya. I és que, si hi ha un territori i un país, senyora Madrenas, on les empreses compren habitatge, aquest és Catalunya, on el 16 % de la compravenda d’habitatges les fan empreses multipropietàries. Per tant, no hi ha res més per estimar un país que no deixar que el comprin empreses estrangeres. No hi ha res més que siga estimar un país que fer que les famílies puguin arrelar-se als seus barris, als de sempre, aquells que tant els preocupen per a algunes coses i sembla que per a aquestes els fa exactament igual. Catalunya, igual que la resta dels països de la Mediterrània, patim un model depredador del turisme que fa que les nostres cases siguen negocis, hotels que fan competència deslleial a altres per aquells que els preocupa açò.

I, finalment, acabe, senyora presidenta.

En particular, para aquellos que dicen que solo nos preocupa y ocupa Cataluña, es que, señora Madrenas, si hay un territorio de un país en que las empresas compran vivienda este es Cataluña, donde el 16 % de la venta de viviendas la hacen empresas multipropietarias. Por tanto, no hay nada más para querer a un país que no dejar que lo compren empresas extranjeras. (Aplausos). No hay más que hacer que las familias puedan quedarse en sus propios barrios para siempre. Parece que a los que se preocupan tanto por algunas cosas esto les da igual. Cataluña, como el resto de países del Mediterráneo, sufre un modelo depredador del turismo, que hace que nuestras casas sean negocios, hoteles que hacen competencia desleal a otros. ¿Pero a quiénes les preocupa esto?

Y acabo, señora presidenta.

Señorías del Partido Socialista, esta semana hemos visto cómo la democracia en nuestro país está en una situación muy compleja, y lo está, entre otras cosas, porque 120 horas después todavía no conocemos por qué se ha inhabilitado al fiscal general del Estado. Esto no hay democracia que lo aguante. (Rumores.― La señora Acedo Reyes: ¡Ay, madre!). Sí, sí, madre, ¿usted conoce la sentencia? (Varios señores diputados: Usted tampoco). No, yo tampoco. ¿Les parece normal no conocer la sentencia? (Protestas). Entiendo que ustedes la conocen; quizá, la han redactado. (Aplausos.―Protestas.―El señor Sayas López: ¡Hombre, por favor!). Lo que el resto sabemos es que la democracia no se la va a llevar solo la inhabilitación del fiscal general del Estado. La democracia se la va a llevar por delante, también, el no tener ilusión ni esperanza, y que haya generaciones completas que confíen más en aquellos que hablan de los barrios de toldos verdes, a pesar de que hoy no se van a atrever. Porque si el Partido Socialista tiene que atreverse luchando contra la especulación y poniendo freno a los fondos buitre, también tiene una oportunidad hoy aquí la extrema derecha ―que tan valiente es― de decirnos si, efectivamente, está en contra de que las empresas, mayoritariamente extranjeras, malvendan su patria.

Nosotros tenemos muy clara nuestra posición, tenemos muy claro al lado de quién estamos. Efectivamente, somos herederos generacionalmente de unas familias que lo pasaron muy mal en la crisis del 2008: vieron cómo sus padres perdían el trabajo, vieron cómo sus primos eran desahuciados de sus casas. Y esta vez no queremos ser cómplices de ello. Estamos a tiempo. Salgan de su zona de confort. Habrá tiempo en la tramitación parlamentaria de matizar lo que consideren matizable, pero, sin duda alguna, si hoy creen que tener una casa es un derecho, empiecen por cerrar la puerta a los fondos buitre. Ahí, la democracia estará más segura.

Moltes gràcies. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. Nos últimos dous meses —‌no mes de outubro e no mes de novembro— esta é a terceira proposición de lei que ven aquí sobre a cuestión da vivenda, para alén, pois, dunha PNL recente en relación co uso do algoritmo por parte das inmobiliarias e o seu efecto na escalada de prezos. No mes de outubro, unha proposición de Bildu para prohibir as plataformas dixitais, perdón, que as plataformas dixitais puidesen anunciar pisos turísticos ilegais ou sacar a contratación pisos turísticos ilegais. Posteriormente, unha da Esquerra Republicana para eliminar o beneficio fiscais á Socimis e a creación dun novo imposto sobre a acumulación de bens inmóbeis a aplicar a partir do terceiro co obxectivo de desincentivar a especulación e xerar recursos para aplicar a política efectiva de vivenda pública. E agora esta que prohibe a compra por persoas xurídicas con afán especulativo, unha medida coa que loxicamente nós concordamos. Estas proposicións de lei veñen precedidas doutras, entre elas algunhas asinadas polo Bloque Nacionalista Galego, conxuntamente con outras forzas políticas, como a que pretendía regular o aluguer de temporada e por cuartos. Mais o feito de que en pouco tempo sexan tres, catro proposicións de lei e con carácter parcial, creo que nos leva polo menos a tres conclusións. Unha, o grave problema social que é hoxe o acceso a unha vivenda digna. Isto xa é incuestionábel. Ninguén o nega. A cuestión, en todo caso, é pórlle solucións. Dúas, o fracaso da Lei de vivenda de 2023, unha lei que nós xa advertimos que non ía ser eficaz. Unha lei que nós, en todo caso, non impedimos que saíse adiante, mais tampouco apoiamos activamente, xustamente porque tiñamos reservas sobre a súa eficacia. Eu creo que hoxe isto está máis que evidenciado. E a terceira, que ten que ver coas dúas anteriores —‌e probablemente máis grave— e é que temos unha forza de goberno maioritaria, o Partido Socialista, que non está disposto a adoptar medidas efectivas en materia de vivenda, precisamente aquelas medidas que poden ser eficaces, mais que chocan cos grandes intereses inmobiliarios e dos fondos voitre. Polo tanto, é aí onde temos que actuar.

A nosa proposta é que en vez de medidas parciais vaiamos a unha completa reforma da lei para avanzar non só nestes aspectos aos que xa fixen referencia, senón noutros como o tope eficaz ao aluguer e ás hipotecas; unha política de vivenda pública, especialmente en réxime de aluguer, políticas de fomento das cooperativas de vivenda en cesión de uso; mobilizar realmente as vivendas da SAREB aos terreos de defensa ou como esta de hoxe para que a vivenda sexa realmente un dereito e non un negocio, para pór freo á especulación.

Eu quero facer referencia a un caso que coñecemos todos, en todas partes. Na Coruña, por exemplo, na cidade vella da Coruña, está habendo empresas que sistematicamente compran edificios enteiros para acabar desaloxando as persoas que están en aluguer e converténdoos en vivendas turísticas. Sorprendentemente a normativa nin sequera permite que esas persoas, mesmo que se puxeran de acordo entre todas elas, poidan exercer o dereito de retracto porque estamos falando da compra de todo o edificio e non só da súa vivenda. Evidentemente con isto —a‌ cabo— non reclamamos que o escudo social para a vivenda, que inclúe a suspensión dos desafiuzamentos, sexa prorrogado. É absolutamente necesario, pero máis que iso tamén é necesario convertelo en política permanente que non estea suxeito a unha decisión que se adopte cada ano. É o mínimo que esperan as persoas máis directamente afectadas.

Moito obrigado. Loxicamente votaremos a favor.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. En los últimos dos meses ―en los meses de octubre y noviembre― esta es la tercera proposición de ley que llega aquí sobre el asunto de la vivienda, además de una PNL reciente relacionada con el uso del algoritmo por parte de las inmobiliarias y su efecto en la escalada de los precios. En el mes de octubre, una proposición de Bildu, para prohibir que las plataformas digitales pudieran anunciar pisos turísticos ilegales, sacar de la contratación los pisos turísticos ilegales. Posteriormente, una del Grupo Republicano, para eliminar los beneficios fiscales de las socimis y la creación de impuestos sobre la acumulación de bienes inmuebles a partir del tercero, con el objetivo de desincentivar la especulación y generar recursos para aplicar políticas efectivas de vivienda pública. Ahora, esta, que prohíbe la compra por parte de personas jurídicas con un afán especulativo, una medida con la que nosotros lógicamente estamos de acuerdo. Todas estas proposiciones de ley vienen precedidas de otras. Entre ellas, algunas firmadas por el BNG junto con otras fuerzas políticas, como la que pretendía regular el alquiler de temporada y poner dinero. Pero el hecho de que en poco tiempo sean tres o cuatro proposiciones de ley y con carácter parcial, creo que nos lleva por lo menos a tres conclusiones. La primera, el grave problema social que es hoy en día el acceso a una vivienda digna. Esto ya es incuestionable. Nadie lo niega. La cuestión, en todo caso, es poner la solución. La segunda, el fracaso de la ley de vivienda de 2023; una ley que nosotros ya advertimos que no sería eficaz. En todo caso, no impedimos que saliera adelante, pero que no apoyamos activamente, justamente porque teníamos reservas sobre su eficacia. Creo que ahora esto está más que evidenciado. La tercera tiene que ver con las dos anteriores y probablemente es la más grave, y es que tenemos una fuerza de gobierno mayoritaria ―el Partido Socialista― que no está dispuesta a adoptar medidas efectivas en materia de vivienda, precisamente aquellas medidas que pueden ser eficaces, pero que chocan con los grandes intereses inmobiliarios de los fondos buitre. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que actuar. Nuestra propuesta es que, en lugar de medidas parciales, vayamos a una completa reforma de la ley para avanzar no solo en estos aspectos a los que acabo de referirme, sino en otros, como el tope eficaz del alquiler y de las hipotecas; una política de vivienda pública, sobre todo en régimen de alquiler; la política de fomento de las cooperativas de viviendas en cesión de uso; movilizar las viviendas de la Sareb, o, como esta de hoy, para que la vivienda sea realmente un derecho y no un negocio para que se ponga freno a la especulación. Quiero hacer referencia a un caso que todos conocemos en todas partes. En la ciudad antigua de La Coruña, por ejemplo, está habiendo empresas que sistemáticamente compran edificios completos para acabar desalojando a las personas que están de alquiler y convertirlos en viviendas turísticas. Sorprendentemente, la normativa ni siquiera permite que esas personas, aunque se pusieran todas de acuerdo, puedan ejercer su derecho de retracto, porque estamos hablando de la compra de todo el edificio, no solo de su vivienda. Evidentemente ―con esto acabo―, nosotros reclamamos que el escudo social para la vivienda, que incluye la suspensión de los desahucios, sea prorrogado. Esto es absolutamente necesario. Pero más que eso, también es necesario convertirlo en una política permanente, que no esté sujeto a una decisión que se cambia cada año. Es lo mínimo que esperan las personas que están más directamente afectadas.

Lógicamente, votaremos a favor. Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. La proposición de ley que nos presenta el Grupo SUMAR, desde luego, no es revolucionaria, más bien tiene un carácter conservador. No lo digo como algo peyorativo ni como un reproche, es algo que usted mismo ha dicho en rueda de prensa. Supongo que buscan con ese formato más conservador un pacto de mínimos para intentar llegar a una suerte de consenso en esta Cámara sobre las políticas de vivienda. De hecho, señor Ibáñez, usted decía que veía posibilidades de que esta proposición saliera adelante. Decía textualmente que hay una mayoría social, desde la extrema derecha a la izquierda parlamentaria, que quiere poner freno a la especulación que hacen las empresas o los fondos de inversión con la vivienda. A mí me gustaría preguntarle esta tarde si usted se cree esto que dice. ¿Ustedes creen que la extrema derecha de VOX y la derecha extrema del Partido Popular tienen algún interés en acabar con la especulación de los fondos de inversión? ¿Ustedes creen de verdad que el diputado Rodríguez Almeida, de VOX, que tiene doce locales comerciales y cinco plazas de aparcamiento, quiere limitar la especulación? ¿Ustedes creen que el diputado de VOX González-Robatto, que declara poseer 33 308 acciones de una sicav, va a votar algo contra sus propios intereses? ¿Ustedes de verdad piensan que el señor Manuel Cobo, del Partido Popular, accionista de Grucoca Inmobiliaria y propietario de cinco viviendas, cuatro fincas urbanas, veintiséis fincas rústicas, tres naves industriales y seis locales, va a votar a favor de su proposición de ley? De verdad, me cuesta creer que ustedes digan estas cosas. (Protestas). Se han puesto nerviosos en la bancada de la derecha por si digo alguno más y cuento sus propiedades inmobiliarias, pero, vamos, es una información pública. Ustedes eran el partido de los rentistas. (Protestas). Cuando quieran, continúo. (El señor Hernando Fraile: Sigue, sigue). Está muy bien que se impida que empresas y fondos de inversión acaparen el derecho de transmisión de propiedad a partir de ahora, pero, a nuestro juicio, eso no resuelve el problema fundamental, no resuelve el acaparamiento que ya existe hoy, con más de un millón de viviendas en manos de 27 000 grandes tenedores; no resuelve las 3,8 millones de viviendas vacías que tenemos en España; tampoco resuelve el problema de la vivienda turística ni la inmensa presión que ejercen sobre el mercado inmobiliario decenas de miles de extranjeros que no viven ni trabajan en España y que quieren tener aquí una segunda residencia. Todo eso es parte del problema sustancial, y ustedes no dicen nada. Y no se va a resolver de la mano del Partido Popular, o de una extrema derecha vendeobreros que aquí, en la tribuna, dice que hay que prohibir la venta de viviendas a extranjeros, pero que después pide la misma deducción para la compra de viviendas para los nacionales que la que tienen los especuladores extranjeros. Eso lo sabe muy bien el diputado Carlos Quero. Además, hay que hacerlo bien para evitar problemas. Entre las excepciones que incluye su proposición de ley, y a las que sí se les permitiría adquisición de viviendas, se encuentran entidades religiosas, pero no cooperativas de viviendas en cesión de uso. Su principal fallo, señorías de SUMAR, es casi filosófico: cuando hablamos de especulación, no todas las personas físicas son buenas ―lo vemos aquí, en el Congreso, con especuladores de carne y hueso―, pero tampoco todas son malas. Y, por supuesto, en Podemos seguimos creyendo que la persona jurídica más importante para abordar el problema de la vivienda es el Estado, que es el primero que tiene que intervenir para solucionar el problema de la vivienda: limitando los precios del alquiler, prohibiendo la compra de viviendas para acaparar por parte de empresas y de particulares, y expropiando también ―hay que decirlo― a los acaparadores. Esto es muy sencillo: ellos llevan años utilizando la vivienda como principal mecanismo con el que extraer plusvalía a la clase trabajadora. Es hora de darle la vuelta y, quizá, en lugar de buscar aquí consensos imposibles, sea el momento de plantear la expropiación de todos aquellos que, mediante el negocio de la vivienda, están expropiando los frutos del trabajo de la clase trabajadora.

Nada más y muchas gracias.

Arratsalde on, jaun-andreok. Gaur, bi gobernukide diren taldeek, PSOEk eta SUMARek bi lege proposamen aurkezten dituzte, bakoitzak bere aldetik eta bestearen gidaritzapean dagoen Ministerioari eragiten diona. Hau da, alderdi sozialistak osasun gaiei buruzkoa dakar, eta, aldiz, SUMARek etxebizitzari heltzen dio. SUMARek Etxebizitza Legea onartu zenetik ia bi urtetara, apirilean, erroldatu baitzuen bere aldaketari bidea irekitzen dion lege proposamen honekin. Zehazki, hamargarren artikuluari egiten dio erreferentzia, eta planteatzen duena, nahiz eta lerro gutxitan laburbiltzen den, ez da aldaketa txikia, jabetzari eragiten baitio zuzen zuzenean. Hamargarren artikuluari gehitzen diona hiru puntu berri besterik ez badira ere, debate handia behar duen gaia da. Ez da planteatzen dena, gure ustetan behintzat, aldaketa puntual bat bezala eztabaidatzeko proposamen hutsa. Eta honela izanik, gure harridura gobernukideek elkarrekin ez ekarri izana da, ez planteatu izana.

Buenas tardes, señorías. Hoy, los partidos que conforman el Gobierno nos traen cada uno una proposición de ley, cada uno por su lado, que afecta a ministros de otros partidos. SUMAR habla de vivienda y el Partido Socialista de salud. Han pasado ya dos años desde que se aprobó la ley de vivienda, y nos trae una proposición de ley para su modificación sobre el artículo 10; y lo que plantea, precisamente, no es una modificación pequeña, habla sobre la propiedad. Al artículo 10 lo que le suma son tres puntos nuevos, pero es algo que se debe debatir ampliamente; y nosotros no creemos que sea solo una propuesta para una modificación puntual; por eso, nos extraña que no lo hayan traído a la vez los dos partidos del Gobierno.

SUMAR plantea una medida que tiene por objeto, según la exposición de motivos de la proposición de ley, impedir la compra de inmuebles destinados a vivienda por las personas jurídicas, por entender que en el mandato constitucional, al hablar del uso y disfrute de la vivienda, se predica en relación con personas físicas y no con personas jurídicas, que entienden la vivienda como un bien de inversión para obtener beneficios económicos. Para ello, se propone añadir tres nuevos apartados al artículo 10 de la ley de vivienda, en los que se limita la transmisión de la propiedad de vivienda a personas físicas y se exceptúan determinadas entidades, siempre y cuando su destino o finalidad sea social.

Consideramos que la medida que se propone necesita un mayor debate y estudio de una ley que apenas hace dos años ha entrado en vigor; y que, puestos a pedir modificaciones de esta, entraríamos en un debate que no se puede despachar en los siete minutos de una toma en consideración. Nosotros incidiríamos también ―sin ir más lejos, hablando del artículo 10― en su modificación, ya que en su apartado segundo es el Estado el que habilita a las comunidades autónomas, a Euskadi en este caso, en la competencia de vivienda que ya ostenta.

En nuestro grupo llevamos tiempo señalando la necesidad de hacer una lectura integral del gran reto del acceso a una vivienda digna y asequible, realizando una valoración objetiva, no de parte, de las consecuencias de esta ley de vivienda, de sus lagunas y del alcance de sus medidas. No nos parece lo más acertado plantear medidas que, aunque sus objetivos sean socialmente deseables, no tengan en cuenta las consecuencias que van a generar, muchas veces contrarias al objeto que se pretende, es decir, al acceso a una vivienda digna y asequible, bien en propiedad, bien en alquiler.

Es cierto que en diferentes países se ha prohibido temporalmente la compra o se ha limitado: en Suiza o en Dinamarca existen restricciones para la compra de vivienda por parte de extranjeros, tanto personas físicas como jurídicas. Sin embargo, no conocemos que haya países que prohíban totalmente la compra de viviendas a personas jurídicas nacionales. Debemos tener en cuenta, además, que la propuesta que se plantea no supone una limitación excepcional en el tiempo y en un ámbito territorial, con el objetivo de lograr el fin social que pretende, sino que es una medida ilimitada, lo que dificulta, a nuestro entender, su encaje en el ordenamiento jurídico actual. Entendemos, por lo tanto, que esta limitación, que es en sí una restricción al derecho de la propiedad y a la libertad de empresa, debe analizarse desde la perspectiva de su proporcionalidad. Requiere, además, un debate político y social sobre el derecho a la propiedad y a la disponibilidad de un bien, un debate sereno.

Además, la propuesta plantea excepciones en las que se permitiría la adquisición y transmisión por personas jurídicas, lo que suscita inseguridad jurídica, ya que algunos sectores pueden considerar que estas son insuficientes o discriminatorias de otras formas de organización empresarial, como lo es en el caso de las cooperativas, que no son incluidas en la propuesta. Se tendría que valorar igualmente que limitar la compra de viviendas por personas jurídicas puede resultar una intervención excesiva, que además podría reducir la inversión y la oferta de vivienda. Asimismo, esta medida podría reducir la inversión en el sector inmobiliario, afectando a la construcción de nuevas viviendas y a la dinamización del mercado; podría reducirse la oferta de alquiler gestionada por empresas, dificultando aún más el acceso a la vivienda en zonas tensionadas.

Consideramos que las medidas contra la especulación o penalizar la compra masiva por parte de fondos extranjeros son adecuadas, así como medidas quirúrgicas y excepcionales, acotadas en el tiempo y a un ámbito territorial determinado. Sin embargo, una restricción total a las personas jurídicas nacionales presenta aristas desde la perspectiva de la proporcionalidad, ya que podría tener efectos colaterales imprevistos y contrarios al objeto de la iniciativa, tal y como he señalado antes. No vistamos a un santo para desvestir a otro, que es lo que ocurre muchas veces con las medidas quirúrgicas de vivienda que vamos tomando. Estas medidas son loables y pueden ser loables en cuanto a lo que persiguen, pero pueden tener más contraindicaciones que beneficios.

En el Partido Nacionalista Vasco no nos negamos a estudiar medidas de intervención en el mercado de la vivienda. Lo estamos haciendo en Euskadi con medidas excepcionales y acotadas en el tiempo y espacio; y, como siempre repetimos, adoptadas por el Gobierno y el Parlamento competente ―en eso vamos a estar de acuerdo―. Así, en el Parlamento Vasco en estos momentos se está debatiendo una propuesta de ley de medidas urgentes para agilizar la construcción de vivienda, flexibilizar la normativa urbanística, crear una reserva estratégica de suelo para vivienda de protección oficial y proteger el mercado de alquiler.

Abogamos por buscar el acuerdo en relación con el reto de la vivienda, que nos interpela a todos y a todas, con una perspectiva integral, para que las medidas que se planteen sean verdaderamente eficientes, teniendo en cuenta la realidad a la que nos enfrentamos.

Mila esker.

Presidente andrea, diputatuak, arratsalde on. Creo que no hace ni dos semanas que también subimos a esta tribuna para hablar de vivienda, y probablemente las palabras que voy a pronunciar ahora, al menos al inicio, no sean diferentes de las que pronuncié en ese momento. A nosotros nos parece bien cualquier paso que se pueda dar, por tímido que sea ―y lo es, como ha señalado el proponente―, para intentar hacer cosas. Nos gustaría que este espíritu propositivo que mantiene Euskal Herria Bildu en esta Cámara y en todas las Cámaras donde está presente, se recibiera en esas Cámaras. Porque es verdad que hay planes en el Parlamento de Gasteiz y en el de Nafarroa, y también es verdad que Euskal Herria Bildu ha hecho cuarenta y cuatro aportaciones, y que en este caso el Gobierno vasco, formado por el PNV y el PSOE, ha decidido que no tenían interés o que no servían para hacer esa lectura integral tan necesaria de intervención en el mercado de la vivienda. Como digo, creemos que hace falta hacer más, porque textos legales sobran y lo que falta es voluntad política. Sería algo así como «el que pueda hacer, que haga», pero para fortalecer la democracia y no para erosionarla, que es lo que el proponente de tan célebre frase seguramente concluía cuando la pronunció. Hoy en día ya nadie se plantea que no estemos en una situación de emergencia habitacional para millones de personas. Han invocado aquí los artículos 47, 128 y 131 de la Constitución; se podría invocar también el 33 para aquellos que tienen dudas sobre la propiedad privada y sobre los límites de la propiedad privada. Y lo decimos sin temor. En Euskal Herria Bildu hemos defendido siempre la intervención pública en el mercado de la vivienda, como defendemos la intervención pública en cualquier mercado, porque creemos en la regulación de los mercados y porque los mercados que no están regulados son mercados que profundizan en la desigualdad. Y tan es así que no es un axioma o un dogma, sino que la propia realidad nos está diciendo que el mercado más desregulado que había, el mercado de la vivienda, es hoy en día en el Estado español, y también en Euskal Herria, el mayor factor de desigualdad que existe entre las mujeres y los hombres de cada territorio. Esa es la realidad. No es, por tanto, una lectura de parte.

A nosotros nos gustaría que la vivienda se pusiera en el mismo rango en el que se pone a los otros elementos fundantes de lo que se viene a llamar el estado del bienestar: nadie se plantea las prestaciones públicas, nadie se plantea la sanidad, nadie se plantea la educación y el papel que debe tener el poder público para garantizar que esta sea accesible y esté al alcance de todos y de todas. ¿Por qué no se hace esto con la vivienda, si este es el mayor factor de desigualdad? Derecho a la vivienda por encima de todos y de todas, por encima del derecho al beneficio de unos pocos y de unas pocas. Lo hacemos sobre una realidad que es muy concreta: el suelo no se puede reproducir donde uno quiera y por esporas; el suelo es finito y está donde está, no donde nos gustaría que estuviese. Además, la vivienda se ha convertido en un valor refugio, como lo es el oro o incluso las criptomonedas, si me permiten la expresión, pero no tiene un interés productivo en términos de generación de riqueza social colectiva.

También sabemos que más construcción no lleva, per se, al abaratamiento de la vivienda, y lo hemos visto desde el año 1990 hasta la actualidad. No hay más que ver el ciclo especulativo para entender que cuanta más vivienda se ha construido, no se ha abaratado la vivienda necesariamente. Además, en el caso de construir más vivienda y que esta fuera la única solución, se tardarían años en responder a las necesidades que hoy, aquí y ahora, tienen millones de personas. Incluso, si se construyera más vivienda pública ―y no digo que no haya que hacerlo― esto tampoco per se la abarata si se descalifica, y esa es una práctica que se ha venido haciendo y se viene manteniendo en muchos lugares del actual Estado español, que es: con dinero de todos y todas, construir viviendas a precios asequibles para que luego, una vez descalificadas, puedan pasar al mercado libre, cuando no a venderlas a fondos buitre de manera generosa, por no decir regalada.

Para nosotros y nosotras, esta iniciativa tiene importancia en tres elementos, con matizaciones. El primero es el que tiene que ver con prohibir a las personas jurídicas que sigan acaparando viviendas. Está bien, pero usted y yo ―y probablemente toda esta Cámara― sabemos que el rentismo no vive solo o no anida solo en los fondos buitre. Por desgracia, el rentismo también se ha convertido en un leitmotiv, en una forma de vida para muchos pequeños propietarios.

El segundo elemento tiene que ver con determinadas excepcionalidades que se plantean para la compra de viviendas por aquellos que no son personas físicas; por ejemplo, la Iglesia. Plantea una serie de excepcionalidades con las que podemos tener poca objeción ―las que tienen que ver con aquellas que tengan una labor asistencial, residencias, etcétera―, pero en otras se plantea abrir nuevos centros de culto. ¡Si con los bienes inmatriculados y con la exención del IBI tienen para hacer lo que les dé la gana! No sé yo si tiene mucho sentido esa exención.

Y el tercero elemento está bien, que es la intervención del poder público en la recepción de viviendas. Eso se viene haciendo en el Gobierno vasco, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, desde hace mucho tiempo, desde el 2004, si no me equivoco, a colación del derecho de tanteo y retracto. ¿Por qué no se plantea el derecho de tanteo y retracto para todas las promociones que hay en todos los lugares? Probablemente así se conseguiría incorporar mucha más vivienda.

En cualquier caso, como decía, apoyaremos la iniciativa por una cuestión muy básica: un Estado, cuando únicamente es extractivo y no es útil para resolver los problemas de la ciudadanía, se convierte en un problema para los ciudadanos y las ciudadanas; un Estado que se dice social y democrático, como recuerda la iniciativa, cuando no reduce la desigualdad, se convierte en un factor de reproducción de la perpetua desigualdad, y eso es probablemente el mayor caldo de cultivo para que ahora alguna gente, cincuenta años después, entienda que en escenarios no democráticos, en dictadura, se hacían las cosas mejor. Y eso no es cierto, porque el falangismo, que inspiró la dictadura, decía cosas en nombre de la «unidad de destino en lo universal» ―que no era otra, por si no lo recuerdan algunas señorías, que España―, como que un Estado tiene que estar al servicio de esa idea ―la unidad de destino era universal―, y asignar a cada hombre, clase o grupo sus tareas, derechos y sacrificios. Yo no sé si hay gente que, ante la antipolítica, quiere abrazarse al falangismo, pero no hay nada más injusto, más desigual y perpetuador de la desigualdad desde la cuna que abrazar teorías que nos llevan al feudalismo.

Y termino ya con una reflexión. Esta mañana, en una de las preguntas formuladas en la Comisión de Vivienda, una diputada del Partido Popular decía que estábamos a meses de una efervescencia social por la situación que atraviesan millones de personas afectadas por la vivienda. No sé si ha dicho efervescencia social o estallido social. Probablemente tenga razón, probablemente estamos haciendo tan pocas cosas que es necesario hacer mucho más y hacerlo rápido, porque podríamos enfrentarnos a una realidad de estallido social. Lo que sí sé es que no hay banderas que puedan tapar las necesidades de la gente, que no hay himnos que puedan acallar las voces y los llantos de la gente que busca vivienda y no la encuentra. Y ahora que a algunos les ha dado por prohibir canciones en estadios de fútbol, como El Sadar, pues igual conviene traer una parte de esa letra prohibida en El Sadar de un grupo de la Txantrea, Barricada, que dice algo así como: pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo.

Eskerrik asko. Mila esker. (Aplausos).

Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, presidenta. Avui debatem una nova proposta sobre habitatge, una més. Una nova capa reguladora que s’afegeix a totes les que ja hem vist tots aquests darrers mesos i anys. I, sincerament, cada cop més gent de fora d’aquest hemicicle pensa exactament el mateix que pensem a Junts per Catalunya aquí dins: ja n’hi ha prou d’invents, ja n’hi ha prou de canviar lleis cada dos mesos, mentre el problema real continua empitjorant. Cada dia veiem nous projectes normatius, noves idees que prometen solucions fàcils com la de fregir a impostos els propietaris que tenen dues cases de la setmana passada, o la de fa 15 dies de reduir un 40 % el preu de tots els lloguers per llei. Vol dir que encara no ho veuen que els seus remeis són pitjors que la malaltia? I que l’oferta de lloguer és cada vegada més escassa i cada vegada més cara? Perquè, per culpa de les darreres polítiques aquí i a Catalunya, aquesta és la realitat quotidiana de milers de joves i de famílies. I avui SUMAR, membre del Govern espanyol, ens porta una proposta per impedir que persones jurídiques comprin habitatges. Una restricció més, un límit més, un pedaç més. Però no és una solució, no ho és pas. Tots estem comprovant què passa quan en un mercat ja tensat s’encadenen regulacions restrictives, baixa l’oferta i pugen els preus. Ho hem vist per la llei estatal de l’habitatge, ho hem vist amb les zones tensionades, ho hem vist amb els límits als preus, i ho tornaríem a veure amb aquesta prohibició massiva de transmissions. Res d’això no ha frenat la pujada dels preus. Al contrari. La realitat és tossuda i, si redueixes l’oferta, el preu puja. I en els darrers dos anys els contractes de lloguer s’han reduït a la ciutat de Barcelona un 28 %. I, si continues restringint la iniciativa privada sense tenir un parc públic potent, només aconsegueixes expulsar més oferta encara del mercat. I per això Junts tornem a repetir que el que cal és ampliar a marxes forçades el parc públic d’habitatge. Sense això, és fer-nos perdre el temps a tots, serà inútil. I el que és pitjor, s’està frustrant profundament la gent. De promeses tantes com vulguin, però de resultat cap ni un. Tant el Govern d’Espanya com el Govern Illa han fet grans anuncis i titulars sobre centenars de milers d’habitatges. La ciutadania recorda perfectament la pluja d’habitatges. Però la pregunta és molt simple: on són? On són aquests habitatges? On són les promocions o algunes grues? On és l’increment real del parc públic de lloguer? Si no es construeix o no es rehabilita, si no es posa sòl, si no es compra, si no s’executa pressupost, l’emergència habitacional no es resoldrà mai. I per això encara sorprèn més que SUMAR, que forma part del Govern, torno a repetir, vingui avui no pas amb habitatges, sinó amb una nova llei per tornar a limitar compres. El que toca són resultats, no més regulació, perquè aquesta proposició no resol cap problema. Impedir que persones jurídiques comprin habitatges no garanteix preus més accessibles ni més oferta de lloguer, si no s’està generant, com he dit, habitatge públic. En un mercat ja tensat, una restricció addicional frenarà inversors que avui estan col·laborant en promocions assequibles i pot fer inviables noves construccions. Falta el pilar fonamental: una ofensiva pública real d’habitatge. Construir, comprar i rehabilitar. Sense això, qualsevol normativa és només maquillatge davant d’un forat que és estructural. Que tothom ho veu menys vostès. La gent està cansada de titulars, de compromisos i d’anuncis. Ells mateixos constaten que cada cop el problema és molt més gran. Però saben què és el pitjor? Que aquesta llei no aporta habitatges, però sí que pot destruir-ne. Aquesta proposició no crea ni un sol pis, cap, ni un, zero. I, en canvi, posarà en risc promocions en curs, farà inviables projectes de lloguer assequible, distorsionarà encara més el mercat amb excepcions arbitràries i reduirà professionalització i rotació. La gran paradoxa és que parlem d’incrementar l’habitatge protegit, però la immensa majoria no el construeix l’administració sola, necessita promotors, cooperatives, fundacions, gestors. I aquesta llei, lluny d’ajudar-los, els posa més i més traves. El que necessitem no són més BOE, són més claus en mà.

La ciutadania està farta de gesticulacions. Cada vegada que surt un nou titular sobre habitatge la gent s’ho creu i pensa «A veure si ara sí». I després mira els portals immobiliaris i veu que cada vegada són més cars, cada vegada hi ha menys pisos i cada vegada és més difícil accedir a un habitatge. La gent està cansada, i amb raó, perquè mentre els governs anuncien habitatges que no arriben i plans que no s’executen, el problema creix i creix. Si fins i tot el traspàs d’immobles de la Sareb cap a la Generalitat està absolutament encallat.

Mirin, és molt fàcil criminalitzar la propietat privada. És molt fàcil assenyalar els altres. Però el que no fa el Govern és mirar-se al mirall. El que cal és actuar ara, amb pressupost, amb sòl, amb calendari, amb seguiment. Això és el que SUMAR com a membre del Govern espanyol hauria d’estar impulsant avui, en lloc de presentar més regulacions que no construeixen cap habitatge. Nosaltres estem molt cansats, farts de fet, d’aquest festival permanent d’invents, d’ocurrències i propostes estrafolàries que no resolen res en habitatge. Cada setmana en surt una de nova i cada setmana el problema empitjora.

El Govern pot seguir buscant titulars, pot seguir inventant noves restriccions i noves figures d’intervenció, però el que no pot fer és seguir esquivant la seva responsabilitat, perquè és seva. La gent no necessita més invents en habitatge. La gent no necessita més anuncis. La gent necessita un Govern que faci la feina. I, fins que això no passi, fins que no construeixin, fins que no omplin el parc públic, fins que no executin tot el que han anunciat, no ens trobaran avalant ni una, ni una sola mesura més de les seves, que només serveixen per distreure la gent que pateix, mentre la crisi de l’habitatge continua creixent i creixent i creixent.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Hoy debatimos una nueva propuesta sobre vivienda, una más, una nueva capa reguladora que se añade a todas las que ya hemos visto en estos últimos meses y años. Y, sinceramente, cada vez más gente de fuera de este hemiciclo piensa exactamente lo mismo que pensamos en Junts per Catalunya aquí dentro: ya basta de inventos, ya basta de cambiar leyes cada dos meses mientras el problema real continúa empeorando. Cada día vemos nuevos proyectos normativos, nuevas ideas que prometen soluciones fáciles, como la de freír a impuestos a los propietarios que tienen dos casas, de la semana pasada, o la de hace quince días de reducir por ley un 40 % el precio de todos los alquileres. ¿Quiere decir que todavía no ven que sus remedios son peores que la enfermedad y que la oferta de alquiler es cada vez más escasa y más cara? Porque por culpa de las últimas políticas, aquí y en Cataluña, esta es la realidad cotidiana de miles de jóvenes y familias. Y hoy, SUMAR, miembro del Gobierno español, nos trae una propuesta para impedir que las personas jurídicas compren viviendas; una restricción más, un límite más, un pedazo más… Pero no es una solución, no lo es. Todos estamos comprobando lo que ocurre cuando en un mercado ya tensado se encadenan regulaciones restrictivas: baja la oferta y suben los precios. Lo hemos visto con la ley estatal de la vivienda, lo hemos visto con las zonas tensionadas, también con los límites de precios, y lo volveríamos a ver con esta prohibición masiva de transmisiones. Nada de eso ha frenado la subida de los precios; al contrario, la realidad es tozuda: si reduces la oferta, el precio sube; y en los últimos dos años los contratos de alquiler se han reducido en Barcelona un 28 %. Y si sigues restringiendo la iniciativa privada sin tener un parque público potente, solo consigues expulsar más oferta todavía del mercado. Por eso, en Junts volvemos a repetirlo: lo que hace falta es ampliar a marchas forzadas el parque público de vivienda. Sin eso, nos hacen perder el tiempo a todos, será absolutamente inútil, y es peor todavía estar frustrando profundamente a la gente. Tantas promesas como quieran, pero resultados ni uno. Tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Illa han hecho grandes anuncios y titulares sobre cientos de miles de viviendas; la ciudadanía lo recuerda perfectamente: la lluvia de viviendas. La pregunta es muy simple: ¿dónde están? ¿Dónde están esas viviendas? ¿Dónde están las promociones o las grúas? ¿Dónde está el incremento real del parque público de alquiler? Si no se construye o no se rehabilita, si no se pone suelo, si no se compra, si no se ejecuta presupuesto, la emergencia habitacional no se resolverá nunca. Y por eso, todavía nos sorprende más que SUMAR, que forma parte del Gobierno responsable de construirlos, venga no con dichos o con viviendas, sino con una ley para limitar las compras. Lo que hace falta, lo que toca son resultados, no más regulación, porque esta proposición no resuelve ningún problema. Impedir que personas jurídicas compren viviendas no garantiza precios más accesibles ni una oferta de alquiler si no se está generando vivienda pública. En un mercado ya tensado, una restricción adicional frenará a inversores que ya colaboran con promociones asequibles, y puede hacer inviables nuevas construcciones. Hace falta el primer pilar fundamental, una ofensiva pública real de vivienda: construir, comprar y rehabilitar. Sin eso, cualquier normativa es solo maquillaje.

Ante un agujero estructural ―es estructural, todo el mundo lo ve, salvo ustedes―, la gente está cansada de titulares, de compromisos, de anuncios. Ellos mismos constatan que el problema cada vez es más grande. Pero ¿saben qué es lo peor? Que esta ley no trae viviendas, sino que puede destruirlas. Esta proposición no crea ni un solo piso, ninguno; ni uno, cero. En cambio, pondrá en riesgo promociones que están en curso, hará inviables proyectos de alquiler asequible, distorsionará todavía más el mercado con excepciones arbitrarias y reducirá la profesionalización y la rotación.

La gran paradoja es que hablamos de aumentar la vivienda producida, pero la inmensa mayoría no la construye la Administración sola. Necesita promotores, cooperativas, fundaciones, gestores… Esta ley, lejos de ayudarlos, les pone más y más trabas. Lo que necesitamos no son más publicaciones del BOE, sino más llaves en la mano.

La ciudadanía está harta de gestos. Cada vez que sale un nuevo titular sobre vivienda, la gente piensa, creyéndoselo, a ver si ahora sí es la buena. Pero, después, mira los portales inmobiliarios y ve que cada vez son más caros, que cada vez hay menos pisos y cada vez es más difícil acceder a una vivienda. La gente está cansada, y con razón, porque mientras los Gobiernos anuncian viviendas que no llegan y planes que no se ejecutan, el problema crece y crece. Si ni siquiera el traspaso de los inmuebles de la Sareb a la Generalitat se ha completado totalmente.

Miren, es muy fácil criminalizar a la propiedad privada, es muy fácil señalar a los demás, pero lo que no hace el Gobierno español ―el Gobierno― es mirarse al espejo. Lo que hay que hacer es actuar ahora, con presupuesto, con suelo, con calendario, con seguimiento. Eso es lo que SUMAR, como miembro del Gobierno español, debería estar impulsando hoy, en lugar de presentar más regulaciones que no construyen ninguna vivienda. Nosotros estamos muy cansados ―hartos, de hecho― de este festival permanente de inventos, de ocurrencias y propuestas estrafalarias que no resuelven nada en materia de vivienda. Cada semana sale una nueva, y cada semana el problema empeora.

El Gobierno puede seguir buscando titulares, puede seguir inventando nuevas restricciones y figuras de intervención, pero lo que no puede hacer es seguir esquivando su responsabilidad, porque es suya. La gente no necesita más inventos en vivienda, la gente no necesita más anuncios, la gente lo que necesita es un Gobierno que haga su trabajo. Mientras eso no pase, mientras no construyan, hasta que no amplíen el parque público y ejecuten todo lo que han anunciado, no nos van a encontrar avalando ni una sola medida más de las que presentan, que solo sirven para distraer a la gente que sufre, mientras la crisis de la vivienda sigue creciendo y creciendo.

Muchas gracias.

Bé, moltes gràcies, presidenta. Vagi per endavant que nosaltres tenim una posició similar a la dels companys de Bildu, és a dir, nosaltres mai votarem en contra de cap proposta que vingui a pretendre frenar l’especulació immobiliària, vingui del lloc on vingui, diguéssim. I és evident, com comentava abans el proposant de la llei, que per a nosaltres aquesta proposició de llei es queda curta. És cert que fa dues setmanes vam venir nosaltres aquí amb una proposta de fiscalitat en l’habitatge que, per cert, no deia que fregirem a impostos a la gent que té dues cases. Deia que cada vegada, a partir del tercer habitatge, s’aniria posant una mica més d’impostos a la gent que tingués acumulació d’habitatges. Ho dic perquè la senyora Madrenas ha dit aquí una cosa que no era certa. I la van tombar les dretes, totes, van tombar la presa en consideració, igual que avui, tinc la sensació, que passarà amb aquesta proposició de llei. Això vol dir que no van avenir-se ni a parlar-ne, ni a parlar-ne. No a votar una regulació final, ni tan sols a parlar-ne. És a dir, no podem parlar que els rics que es volen fer encara més rics amb pisos, en comptes d’amb or, amb criptomonedes o amb Rolex, paguin més impostos. Aquest és el model de la dreta d’aquest país i del nostre país. I amb això és molt difícil lluitar. Però bé, en tot cas, com deia, no serem nosaltres qui freni una presa en consideració que després, evidentment, si cau el miracle, esmenarem. Perquè sí que és cert que tenim algunes consideracions tècniques. Ho hem comentat off the record, i creiem que es podria millorar la proposició de llei. Hi ha dues coses importants per a nosaltres. La limitació de la transmissió d’habitatges en estat d’ús a persones jurídiques, sí que d›entrada sona bé, la música sona bé. Però el concepte d’estat d’ús tampoc està ben definit. Llavors, què vol dir estat d’ús? Vol dir que si aquell pis el tenim considerat buit perquè fa dos anys que no hi viu ningú no entraria en aquesta raó? És a dir, hauríem de definir molt bé quin és aquest concepte d’estat d’ús, perquè, si no, ens podem trobar que deixi una escletxa oberta, com va passar amb la LAU, que ja vam avisar i que allò que volia ser una bona regulació acabi sent una porta perquè els especuladors puguin seguir especulant.

Dit això, tampoc tenim clar que només sigui en estat d’ús. És veritat que, com deia vostè, és molt justeta per intentar convèncer aquells que és difícil de convèncer, però no tenim clar que només sigui estat d’ús, perquè llavors és com que traspassem tota… Estic gesticulant molt avui, eh. És com que traspassem tota la part especulativa a l’obra nova. Perquè, si només gravem la vivenda en estat d’ús, què passa amb totes les promocions urbanístiques que també són un centre d’atracció dels fons voltor d’obra nova, d’anem a fer grans pisos per fer turístics o el que sigui, que quedarien fora d’aquesta regulació. Per tant, aquí també crec que hauríem de millorar això.

I llavors, això és el que hem comentat, també hi ha una qüestió de les exempcions que vostès plantegen. A nosaltres ens preocupa, per exemple, organismes com l’Incasòl o l’Agència Catalana de l’Habitatge, que són organismes públics que treballen des dels ens públics per oferir més parc d’habitatge i que no queden explícitament recollits en aquesta llei que creiem que hauria d’especificar-ho molt més, encara que estiguin exonerats per altres qüestions. Ja sabem que una llei és interpretable i que, segons en quin lloc posi la coma, pot venir algú i interpretar-la diferent. I tenint en compte quina és la deriva dels tribunals en aquest Estat, doncs és millor que ho deixem tot clar i que no hi hagi aquest problema.

Dit això, jo voldria fer una reflexió més ideològica ara. Quina és la proposta de la dreta? Ja veig que se’n va la senyora Madrenas. Quina és la proposta de Junts? Quina és? Perquè venir aquí i dir que cal més parc públic em sembla molt pobret. Em sembla molt pobret. A més a més, d’algú que ha estat alcaldessa d’una ciutat com Girona, que és dels llocs on costa més accedir a un habitatge. Ja està? Això és tota la feina que fan en habitatge des de Junts per Catalunya? Dir que cal més parc públic? Això ho diem tots. No fa falta ser un gran jurista per saber que cal més parc públic. Però i fins que arribi? Quin és el model? És a dir, quin és el terra? Perquè, si aquesta proposició de llei que no ens agrada ni als de l’esquerra i no els agrada als de la dreta —‌ja ha quedat clar— tampoc, quin és el terra? En quin moment frenem l’especulació? O és que no és un problema l’especulació?

Jo crec que això és clar que és un problema, i que, com deia fa un moment, la gent del carrer entén que l’especulació és un problema. Quan s’excusen en el petit propietari, que ho fan molt això, al petit propietari, que és aquell que té una casa on viu i una altra que ha heretat vostès el volen fregir a impostos. És mentida. Estan fent fake news des del faristol. És mentida. Nosaltres no volem fregir a impostos a aquell que viu a Barcelona i té una casa per estiuejar a l’Escala, ens encanta, de fet. El que volem és que tothom tingui l’oportunitat de tenir com a mínim una casa. Tant de bo tothom en pogués tenir dues. Però és que hi ha moltíssima gent que no pot accedir ni a la primera. I l’única manera de frenar això és que la gent deixi d’invertir en habitatge com si fos or. És l’única manera. I a mi m’agradaria saber quin és el límit per sota. És a dir, és que jo crec que ja més per sota d›això no hi ha límit.

Ara, és millorable tècnicament? Sí. Es pot fer molt millor perquè no hi hagi consideracions estranyes que s’escapin o perquè les cooperatives estiguin a dintre? Sí. Jo crec que tenim marge per treballar-ho, que per això existeix la feina parlamentària. Però fa menys que molts dels que estan aquí que jo estic aquí. I crec que ja he entès que la feina parlamentària correspon a aquesta, que és millorar els textos que presenta un grup per si sol des de la resta de grups que els acompanyem, ideològicament parlant.

A mi de veritat em sorprèn moltíssim que dir que els fons voltor estrangers, que no són patriotes de cap pàtria ni de la seva ni de la meva. Els estrangers. Fons voltor estrangers que compren 50, 80, 100, 200 milers de pisos per revendre’ls, que normalment només els poden comprar els altres estrangers que tenen molt de líquid i els compren sense hipoteca. A aquests tampoc els hem de prohibir comprar? Llavors, com ho hem de fer?

Bé, dit això, evidentment nosaltres votarem a favor, i tant de bo algun dia ens expliquin quin és el terra, com deia, i a partir d’aquí puguem començar a construir alguna cosa.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Quiero decir que nosotros tenemos una posición similar a la de los compañeros de Bildu: nunca votaremos en contra de ninguna propuesta que venga a pretender frenar la especulación inmobiliaria, venga de donde venga. Es evidente, como comentaba antes quien ha propuesto la ley, que esta ley se queda corta. Es cierto que hace dos semanas trajimos una propuesta de fiscalidad de la vivienda que, por cierto, no decía que freiríamos a impuestos a las personas que tienen dos casas, decía que cada vez, a partir de la tercera vivienda, se subirían un poco más los impuestos a las personas que tuvieran acumulación de viviendas. Lo digo porque la señora Madrenas ha dicho algo aquí que no era cierto. Toda la derecha la tumbó en la toma de consideración. Hoy tengo la sensación de que pasará lo mismo con esta proposición de ley. Esto quiere decir que no quieren ni estar de acuerdo ni hablar del tema, y que no votarán una regulación final. No, no quieren ni discutirlo. Es decir, no podemos hablar de que los ricos, que se quieren hacer aún más ricos con pisos, en vez de criptomonedas o Rolex, paguen más impuestos.

Este es el modelo de la derecha de este país y de nuestro país. Con esto es muy difícil luchar. Pero, en cualquier caso, como decía, no seremos nosotros quien frene una toma en consideración porque después, evidentemente, si se da el milagro, vamos a presentar una enmienda. Además, sí es cierto que tenemos algunas consideraciones técnicas, como han comentado off the record, y creemos que se podría mejorar la proposición de ley.

Hay dos cosas importantes para nosotros. La transmisión de viviendas a personas jurídica, de entrada, suena muy bien; la música suena estupendamente, pero el concepto de estado de uso tampoco ha sido bien definido. Entonces, ¿qué quiere decir el estado de uso? ¿Quiere decir que si ese piso se considera vacío porque hace dos años que no vive nadie no entraría en esta rueda? Se tendría que definir muy bien cuál es este concepto, porque, si no, nos podemos encontrar con una grieta abierta, como ya pasó con la LAU, y que eso que quería ser una buena regulación, acabe siendo una puerta para que los especuladores puedan seguir especulando.

Dicho esto, tampoco tenemos claro que sea solo estado de uso. Usted lo ha dicho: muy justo para intentar convencer a aquellos que son difíciles de convencer. Hablamos de estado de uso, y es como si traspasáramos toda la parte especulativa de obra nueva, porque si solo gravamos la vivienda en estado de uso, ¿qué pasa con las promociones urbanísticas, que también son el centro de atracción de fondos buitre, de obras nuevas, grandes pisos para hacerlos turísticos, etcétera? Pues que quedarían entonces fuera de esta regulación. Creo, entonces, que también tendríamos que mejorar esto.

También tenemos en mente las exenciones que ustedes mencionan. Por ejemplo, organismos como Incasol ―el organismo de vivienda catalana― que trabajan con entes públicos para ofrecer más parque de vivienda y que no quedan explícitamente recogidos en esta ley. Creemos que tendría que especificarse mucho más, aunque estén exentas por otros motivos. Ya sabemos que una ley es interpretable y que, según en qué lugar se ponga la coma, puede venir alguien a interpretarlo de distinto modo; y teniendo en cuenta cuál es el camino de los tribunales en este Estado, es mejor que quede todo muy claro y que no haya este problema.

Dicho esto, quisiera hacer una reflexión más ideológica ahora. ¿Cuál es la proposición de la derecha? Veo que la señora Madrenas se va. ¿Cuál es la propuesta de Junts?, ¿cuál es la proposición? Porque venir aquí y decir que necesitamos más parque público me parece un poco pobre. Me parece muy pobre viniendo, además, de alguien que ha sido alcaldesa de una ciudad como Girona, que es uno de los sitios donde cuesta más acceder a una vivienda. ¿Esto es todo lo que hacen para la vivienda en Junts per Catalunya, que hace falta más parque público? Esto lo decimos todos. No hace falta ser un gran jurista para ver que se necesita más parque público. Pero hasta que llegue, ¿cuál es el modelo? Porque si esta proposición de ley no nos gusta a los de la izquierda, y no gusta tampoco a los de la derecha, ¿cuál es el punto de partida cuando frenamos la especulación? ¿O es que la especulación no es un problema?

Yo creo que está claro que es un problema y que, como decía hace un momento, la gente de la calle entiende que la especulación es un problema. Cuando se excusan con el pequeño propietario ―esto lo hacen mucho―, aquel que tiene una casa donde vive y otra que ha heredado, ustedes quieren freírlo a impuestos. Es mentira; están haciendo fake news desde el atril. Es mentira: nosotros no queremos freír a impuestos a aquel que vive en Barcelona y tiene una casa para veranear en L’Escala. De hecho, nos encanta. Lo que queremos es que todo el mundo tenga la oportunidad de tener por lo menos una casa. Ojalá todo el mundo pudiera tener dos, pero hay muchísima gente que no puede ni acceder a la primera. La única manera de frenarlo es que las personas dejen de invertir en vivienda como si fuera oro, es la única manera. A mí me gustaría saber cuál es el límite por debajo. Yo creo que ya más por debajo de esto no hay límite.

Ahora bien, ¿es mejorable técnicamente? Sí. ¿Se puede hacer mejor para que no haya consideraciones extrañas o que se escapen o para que las cooperativas estén dentro? Sí. Yo creo que tenemos margen para trabajarlo y que por ello existe el trabajo parlamentario. Hace poco tiempo que llegué ―pero menos que muchos de los que están hoy aquí― y creo que al trabajo parlamentario le corresponde mejorar los textos que presenta un grupo por sí solo con el resto de los grupos que los acompañamos, ideológicamente hablando.

A mí, de verdad me sorprende muchísimo que los fondos buitre extranjeros ―que no son patriotas de ninguna patria, ni de la suya ni de la mía―, compren cincuenta, ochenta, cien, doscientos o miles de pisos para revenderlos. Normalmente, solo los extranjeros que tienen mucho dinero líquido pueden comprarlos, y sin hipoteca. ¿A esos tampoco les tenemos que prohibir comprar? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer?

Dicho esto, evidentemente, nosotros votaremos a favor y ojalá algún día nos expliquen cuál es el primer paso, cuál es el suelo y a partir de allí empecemos a construir algo.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, las políticas públicas no van de eslóganes, van de resultados. Van de experiencia, de evidencia, de realidad, no de proclamas ni de dogmatismos; tampoco de buenas intenciones, señor Ibáñez, que yo sé que usted las tiene. En política lo que funciona se mantiene, se mejora, se adapta, se refuerza, se reforma, y lo que fracasa se deroga, se aparta, se relega, se descarta, pero también se aprende de ello y se recuerda para no repetirlo. ¿Cómo se traduce todo esto en materia de vivienda? Muy sencillo: la legislación que permite que haya más pisos en el mercado, que favorece la emancipación de los jóvenes, la que relaja los precios de los alquileres, la que facilita que la gente corriente pueda adquirir una vivienda y la que alivia el bolsillo de los que menos tienen es una legislación benigna, útil y que sirve al bien común. Por el contrario, la legislación que reduce la oferta, que genera escasez, que acorrala a los que peor lo pasan, que ataca la dignidad material de las personas, que presiona al alza los precios es una legislación antisocial, antipopular y que destruye el tuétano de nuestra sociedad, que es el bienestar y la autonomía de las familias. Pues bien, dos años y medio es tiempo suficiente para poder evaluar la tan jaleada Ley por el Derecho a la Vivienda que hoy se viene a modificar, y lo cierto es que los datos son tan crudos y descarnados que asustan al miedo. ¿Qué tenemos? En toda España, la oferta por los suelos, un 22 % menos que hace solamente dos años un mínimo histórico, tanto que más que un mercado parece la evacuación en avalancha y a trompicones de un edificio en llamas, un sálvese quien pueda en el que pierden los de siempre: las personas sin casa, los jóvenes que buscan emanciparse, las familias con pocos recursos o que tienen menores o dependientes a cargo; toda una gama de potenciales inquilinos a los que se ha forzado a entrar en una rueda interminable de castings inmobiliarios, desembolsos arbitrarios y requisitos leoninos, capaz de llevarse por delante la salud mental de cualquiera. Lo cierto es que no ha pasado por casualidad. Han vaciado ustedes los portales inmobiliarios de anuncios mientras la población crecía a ritmo de 500 000 personas al año y el resultado es el único resultado aritméticamente posible y esperable: precios más altos que nunca y cada vez menos metros cuadrados por cada ciudadano. (Aplausos). Hacinamiento, ¡vaya!, hacinamiento. Señor Ibáñez, algunos andan obsesionados con las viviendas vacías cuando el drama en los barrios de menos renta no son las viviendas vacías, son los realquilados, son los subarriendos, son que tenemos a tres familias viviendo en un piso de sesenta metros cuadrados. Ese es el drama de los barrios populares y no las viviendas vacías. Ante esto, ustedes dirán: No, es que la ley de vivienda no se aplica, es que la ley de vivienda no está en vigor. Lo primero de todo: una ley no genera efectos exclusivamente en los lugares concretos donde se aplica; creo que esta es una cuestión que todo el mundo puede comprender. Pero, además, una ley, y más una tan cacareada como esta, genera expectativas y la gente se mueve por percepciones, por temores, por anhelos, por sensaciones y por expectativas. Todo el ruido que ustedes han hecho con los controles del precio ha generado una expectativa de inseguridad jurídica en los arrendadores, que han movido sus viviendas, cuando antes alquilaban a largo plazo, a otros usos no residenciales, contrayéndose de forma dramática la oferta residencial de larga duración, que es la que necesitan las familias y nadie más que las familias. Segundo, la ley de vivienda no surge de la nada. Se inserta en una trayectoria, en una dinámica de regulaciones anteriores: el Decreto Ley 11/2020 y todas sus prórrogas, y las posteriores, el Decreto Ley 1/2025 y las prórrogas que vengan, que aquí ya se ha empezado a cocinar alguna. Todo esto ha provocado una salida masiva de unidades del mercado que quien lo paga es, precisamente, el más perjudicado, aquel que necesita una casa, que la está buscando y que no la va a encontrar; y no la va a encontrar porque hoy una persona que entra en un portal inmobiliario encuentra la mitad de los anuncios que hace solamente cinco años, cuando empezaron las regulaciones. Cinco años después, la mitad de los anuncios; si esto no es un drama, que venga Dios y lo vea. (Aplausos).

Pero hablemos exclusivamente de Cataluña, que es el campo de pruebas por excelencia en materia de regulaciones, el lugar en el que se aplica el cien por cien de la ley de vivienda. En Cataluña, primero, llegó la hora de la magia y con un chasquido de dedos hicieron desaparecer las mejores unidades del mercado, que se fueron directitas al alquiler de temporada, que marca ya máximos históricos gracias a ustedes. En Barcelona no es que se firme solamente un 10 % menos de contratos de alquiler cada año y se deposite un 10 % menos de fianzas en Incasol año tras año, es que más de la mitad de la oferta en Barcelona es de temporada. Es decir, gracias a la ley de vivienda, algunos han redescubierto el nomadismo; es para tomar nota, la verdad. Luego vino el milagro de la multiplicación de los precios. Con las mejores viviendas fuera de juego, las unidades más pequeñas, las más antiguas y las peor situadas se pegaron rápidamente al tope, dificultando aún más las cosas para las rentas más bajas, que tienen que destinar un porcentaje mayor de su sueldo para una casa cada vez más antigua y también más pequeña. Y, finalmente, como consecuencia de todo esto, vino el viaje en el tiempo. Gracias a ustedes, los más precarios vivirán como vivieron sus bisabuelos hace cien años, esto sí que es memoria histórica y de la buena (aplausos): escasez, familias amontonadas, pisos colmena, vidas apretadas y una clase trabajadora que ya no tendrá acceso a una vivienda, solamente a una habitación; la miseria monda y lironda de toda la vida, vaya, una vuelta a Dickens, a Cela, a los cuartos subdivididos y a la falta de privacidad e intimidad.

Les cuento un secreto: esto es exactamente lo que había sucedido en todos los lugares donde se habían tomado medidas similares a los controles de precio, exactamente lo mismo, y no es un arcano ni un saber oculto, lo dice toda la literatura científica al respecto, basta con abrirla y ponerse a ojearla. (Aplausos). Si el principal fruto de la ley de vivienda fue la retirada masiva de unidades del parque existente, la reforma que hoy debatimos implicaría el fin del parque imaginado, el fin del parque futuro, el fin del parque que necesitamos, pues las cláusulas que impone de facto llevarán al fin de la inversión en vivienda, de la construcción para alquilar, de la gestión profesional de los alquileres y, sobre todo, de la rehabilitación, algo así como prohibir por decreto el futuro para enfrentarnos a un urbanismo apocalíptico.

Visto lo visto, y viendo los resultados de dos años de ley de vivienda, lo cierto es que la única modificación que cabría esperar de esta ley es aquella que rece en su artículo único: supresión de la ley de vivienda. Cuando el edificio está en ruinas, no puede reformarse, se demuele, se derruye y se construye uno mejor encima. Eso es lo que haremos con su ley de vivienda. Exactamente, eso es lo que haremos, porque, de lo contrario, tendremos una España encogida, metida en ratoneras habitacionales y en cajas de zapatos. Cuando un país se encoge, quien paga la factura son sus clases populares; lo pagan tanto que terminaremos viviendo tan apretados y midiendo nuestra decadencia, precisamente, en centímetros.

En esta sesión se han hecho muchas alusiones a la especulación, y para poder hablar de especulación, lo primero de todo es entender las condiciones y los requisitos que pueden llevar a que alguien pueda especular. Si cada vez hay más gente, porque así lo quiere el grupo proponente, y cada vez hay menos viviendas, porque así lo quiere también el grupo proponente, se aumenta la cuota de mercado de los grandes, que pueden decidir a placer fijar los precios como quieran.

¿El interés de esta iniciativa es acabar con la especulación? Si así fuera, habrían votado favorablemente iniciativas que mi grupo ha traído para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes y establecer una fiscalía diferenciada y benigna, es decir, una fiscalía mínima para los compradores nacionales. (Aplausos). Mucho me temo que el interés real de esta iniciativa no es acabar con la especulación, sino precisamente seguir sentando las bases para que siga habiendo cada vez menos casas y cada vez más personas y, por tanto, cada vez más dolor. Una utopía decrecentista que tal vez suene muy bien desde los áticos luminosos, pero que suena realmente fastidiosa y desagradable desde los sótanos lóbregos a los que han condenado a cada vez más españoles.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar diciendo que nuestro grupo parlamentario va a estar siempre abierto a debatir y a trabajar sobre cualquier medida dirigida a combatir la especulación inmobiliaria, siempre y cuando se haga con rigor y respeto a la seguridad jurídica. Es en ese marco en el que el Gobierno de España no ha dejado de trabajar de manera incansable estos últimos siete años para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda que afronta nuestro país. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la presidencia). Nosotros tenemos claro cuál es nuestro modelo. Es un modelo que apuesta por desplegar todas las medidas y todos los recursos disponibles para garantizar el derecho a la vivienda frente a la especulación. Es un modelo que ha incrementado de forma espectacular el presupuesto destinado a vivienda, que multiplica por tres los recursos destinados a esta cuestión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda. Un modelo que elimina las Golden Visa, que tensionaban el mercado residencial en nuestras ciudades; que combate el fraude en los alquileres de corta duración; que aprueba líneas de préstamos y avales para la construcción de vivienda asequible, o que apuesta por crear un paquete de medidas de fiscalidad para impulsar el alquiler asequible. Nuestro modelo es el del presidente del Gobierno solicitando por primera vez en el Consejo Europeo que desde Europa se articulen medidas legales para frenar la compra de vivienda para uso no residencial. (Aplausos). Por todo eso, no nos opondremos a debatir otras medidas que, orbitando sobre el eje de la lucha contra la especulación y respetando esos criterios mencionados de rigor y de seguridad jurídica, busquen contribuir a poner solución a este problema. Pero lo vamos a hacer siempre con el reconocimiento más profundo al trabajo que está desarrollando el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un trabajo incansable, valiente y ambicioso; un trabajo que daría, desde luego, muchos más frutos si las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular aplicasen estas medidas. (Aplausos). Siempre se empeñan ustedes en ser más el problema que la solución. El Gobierno progresista de España y otras Administraciones de ámbito inferior gobernadas o cogobernadas por fuerzas progresistas están haciendo un esfuerzo inmenso por poner fin a la crisis habitacional que está atravesando este país, y eso hay que ponerlo en valor. Por eso, sería conveniente que, desde el espacio progresista, especialmente aquellos actores que forman parte de este Gobierno, se respete ese trabajo y no se incida en desgastarlo, tal y como buscan, precisamente, quienes quieren tumbar este Gobierno. Nosotros, desde luego, vamos a reconocer ese trabajo donde haga falta y frente a quien haga falta. Que no le quepa la menor duda a nadie. Por otro lado, señorías de VOX y señor Hernández Quero, es imperativo responderles y es imperativo desenmascararles, porque están ustedes jugando a ser un lobo con piel de cordero, aunque siguen, desde luego, siendo un lobo. (Aplausos). Ahora, quieren ustedes vender la España de la sonrisa forzada del nodo, la España de los toldos verdes, ¿verdad? Mire, señor Hernández Quero, la verdadera historia de la vivienda en el franquismo (el señor Hernández Quero señalando a la tribuna de oradores: La tuya) no es la de sus toldos verdes, que tanto reivindica, es la de las chabolas que se levantaban de noche porque sus moradores no tenían licencia para construir vivienda; es la de los niños de los barrios con los pies manchados de barro porque sus calles no estaban asfaltadas (aplausos); es la de las mujeres y hombres que iban a por agua con un cubo porque no tenían agua corriente en esas chabolas; la de las familias que lucharon por tener luz, por tener alcantarillado, por tener un transporte y una escuela decente. (Aplausos.―Un señor diputado: Bravo). Esa es la verdadera historia de la vivienda en el franquismo, señor Quero, no sus toldos verdes. Es el caso muy cerca de aquí, de Vallecas, de Usera o de Villaverde, pero que también ocurrió en todas las ciudades españolas. Ocurrió en mi tierra, en Vizcaya, en los barrios de Uretamendi, de Betolaza, de Masustegi, Monte Caramelo, de El Peñascal y de tantos otros. Incluso en Otxarkoaga, donde sí que se construyeron viviendas durante el franquismo. Pero ¿sabe lo que cuentan las personas más mayores de ese barrio, que lo vivieron? Que aquella operación se definía con una frase, desde luego, irónica, pero de lo más ilustrativa, decían que gracias al franquismo habían pasado del chabolismo horizontal al chabolismo vertical, porque aquellos bloques construidos eran de una calidad pésima porque los habían construido las empresas amigas del régimen gastando lo mínimo y porque en ellas vivían siete, ocho, nueve o diez personas hacinadas en pisos de menos de cincuenta metros cuadrados. Eso fue el franquismo, señor Quero. Eso fue el franquismo. (Aplausos). Todo lo que hoy consideramos básico: un piso digno, un barrio habitable o un mínimo de derechos no lo trajo el franquismo, señorías de VOX, lo conquistaron los vecinos, lo conquistó el estado social y lo conquistó, por tanto, la democracia. Esa es la realidad. (Aplausos). Por eso surgieron las asociaciones vecinales clandestinas en los años sesenta y setenta, muchas de ellas vinculadas, por supuesto, al movimiento obrero, pero también a la Iglesia de base, a los movimientos católicos de base. Fueron ellas, y no su régimen, quienes organizaron alfabetización, limpieza, autobuses improvisados y protestas para conseguir agua, luz y escuelas. Pero ustedes, señor Quero, no saben nada de esto, porque a ustedes no les importan los barrios ni los escuchan, ni los conocen y ni respetan su historia. Esa era la verdadera España del régimen franquista que usted añora. Le digo más, la clase obrera de este país no le debe ni le ha debido nunca nada al franquismo, más bien al contrario. (Aplausos).

Ahora vienen ustedes aquí y se erigen, o lo pretenden al menos, en defensores de la clase trabajadora que no puede acceder a una vivienda digna, y se autoproclaman los únicos capaces de ponerle solución. Pero aquí, lamento decirles, les conocemos todos y ustedes no tienen la solución para nada, tampoco para esto. De hecho, no solo no son la solución, es que ustedes y su ideología son el problema, porque ustedes defienden la misma política de apoyo a la especulación y al descontrol en materia de vivienda que el Partido Popular. Lo llevan demostrando desde 2023, cuando pactaron con el PP en tantas comunidades sin corregir ni cambiar una sola de las políticas de fomento, de la especulación tan marca de la casa del PP y que dejan sin hogar a la gente trabajadora de los barrios, esa a la que, supuestamente, ustedes pretenden defender.

¿Sabe dónde han puesto ustedes todo su esfuerzo legislativo en esta legislatura? En derogar leyes cargadas de dignidad, como las de memoria histórica, que no le han impedido a nadie el acceso a la vivienda; en borrar las políticas contra la violencia machista en todos los ámbitos, algo que no le ha dado una casa a ningún ciudadano, y en reducir derechos de los colectivos minoritarios. Han demostrado cuáles son sus prioridades y, entre ellas, desde luego, no está garantizar a la ciudadanía el acceso digno a una vivienda.

Señorías, en este país hay dos modelos para hacer frente a esta situación terrible que atravesamos en materia de vivienda: un modelo que apuesta por la especulación, por el descontrol y por la desigualdad, que es el modelo de la derecha, del PP, por supuesto, pero también y sin duda de VOX; o un modelo que apuesta por la dignidad, por la justicia social y por no dejar a nadie atrás, que es el modelo del Partido Socialista. Un modelo que se preocupa especialmente por las personas jóvenes, por garantizar su derecho a emanciparse y porque puedan vivir como les dé la gana y no como les ordene un poder autoritario, como era seña de identidad de ese franquismo que tanto añoran algunas personas aquí.

En cuanto a nosotros, no vamos a cambiar el rumbo, no vamos a retroceder ni un solo paso en la garantía del derecho a la vivienda ni vamos a permitir que se reabran los espacios de especulación y de desigualdad a los que nos llevaron tiempos pasados.

Acabo ya, señor presidente. Ustedes pueden seguir con su matraca nostálgica y franquista de la España amordazada y de los toldos verdes, que nosotros vamos a seguir construyendo la España de las viviendas dignas y la de los barrios justos, la España de la esperanza. Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista).

Gracias, presidente. Buenas tardes. Señor Ibáñez, a nosotros, no nos corresponde redactar sentencias. A ustedes, sí que les corresponde presentar propuestas sensatas y créanme que lo practican más bien poco. Pero no puedo dejar pasar esta ocasión sin felicitarles por ser capaces de presentar una proposición que empeora, y aún más, una de las leyes más nocivas de este Gobierno. Y debo hacerlo en justicia porque no era tarea fácil y, a pesar de ello, ustedes lo han vuelto a hacer. Voy a ser rápido y directo en nuestro posicionamiento a su propuesta. Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir vivienda no es una solución, es un disparate. (Aplausos). Es una medida diseñada para poder señalar culpables porque siempre necesitan un enemigo para justificar que nada de lo que hacen funciona. La ley de vivienda que proponen ha demostrado ser más intervencionista que eficaz, más enfocada en castigar al propietario que en incentivar el alquiler y completamente ajena a cómo funciona el mercado de la vivienda. Por eso, este Congreso aprobó una moción para su derogación el pasado mes de septiembre, a la que ustedes no han hecho ni caso. Lo que estaba mal, sigue mal; y, lo que estaba bien, también lo están dejando mal. Es la tónica dominante en la gestión de este Gobierno. Da igual que hablemos de transportes, de energía, de economía doméstica o de vivienda. No hay nada que se les resista. Desde su Gobierno repiten que quieren proteger al ciudadano, pero eso ya no se lo cree nadie. Sus políticas solo conducen a menos oferta, menos inversión, menos rehabilitación, más deterioro y más encarecimiento, justo lo contrario de lo que los españoles necesitan. Y nos pregunta usted si sentimos escalofríos. Le pregunto yo, ¿los tiene usted, que está dando apoyo al Gobierno? (El señor Hernando Fraile: Ahí, ahí). Reconozca que han convertido uno de los mayores retos sociales en uno de los mayores fracasos políticos. Y la factura de todo esto la pagan quienes no pueden elegir, los jóvenes, las familias y todos los españoles que buscan un hogar.

Ustedes se despiertan por la mañana y ven especuladores por todas partes. ¿Realmente se creen que todos los inversores están pensando en el 2 %? Conviene recordarles que muchas de las viviendas que hoy existen y muchos de los bloques que hoy están en alquiler son posibles precisamente porque alguien asumió riesgos, puso en juego su capital y generó un producto que luego llegó a las familias. (Aplausos). Detrás de esas personas jurídicas que ustedes demonizan, no hay monstruos financieros ni caricaturas ideológicas. Hay empresas que crean empleo y que llevan décadas construyendo los pisos en los que viven millones de españoles. Tres de cada diez viviendas nuevas se promueven a través de personas jurídicas. ¿De verdad piensan que podemos expulsar del mercado a quienes construyen un tercio del parque residencial? ¿De verdad no se dan cuenta de que así van a encarecer aún más los precios? ¿En qué manual de economía han leído eso? No me conteste, que me lo estoy imaginando. (Aplausos). Ustedes no están regulando, están mutilando el mercado. Y, cuando eso pasa, no son los grandes fondos internacionales los que pierden, son los jóvenes, son las familias trabajadoras, son los pequeños inversores, que ven cómo se paralizan sus proyectos, cómo se frenan las obras y cómo disminuye la oferta.

Pero ni una línea de su texto vale para crear vivienda. Ni una sola medida impulsa la construcción. No hay un solo incentivo que atraiga la inversión. Ni una sola medida para facilitar la emancipación de los jóvenes vía fiscalidad, a las que, por cierto, votaron ustedes en contra en la moción que debatimos en el mes de septiembre. Aquí, no necesitamos levantar muros ideológicos. Aquí, levantamos paredes y techos habitables. España ha perdido 120 000 viviendas en alquiler y las rentas se han disparado un 25 % desde la entrada en vigor de la ley. El déficit acumulado alcanzará las 700 000 viviendas nuevas a finales del 2025. Por mucho que diga el portavoz socialista de cuánto ha aumentado el presupuesto de vivienda, solo había ejecutado un 5,3 % a mitad de año. ¿Para qué tanto aumento? Es el penúltimo de los veintidós ministerios en ejecución. Es el ministerio que debería resolver, y han conseguido que pase de ser el decimosexto problema para los españoles al primero. Supongo que estos eran los motivos por los que hace unas semanas pedían la dimisión de la ministra. ¿Y ahora? ¿Ya les vuelve a gustar? ¿O es que los han llamado al orden desde Moncloa?

Hablar de vivienda en España sin hablar de okupación es sencillamente mirar hacia otro lado. Tenemos un Gobierno que protege más a quien okupa una vivienda que al propietario al que le han arrebatado su derecho. (Aplausos). Han convertido a los ciudadanos cumplidores en sospechosos y a los okupas en víctimas. ¿Qué creen que va a pasar con los pisos vacíos y deteriorados en zonas vulnerables si ahora expulsamos del mercado a las personas jurídicas? Cualquier ciudadano normal, cualquier agente de policía y los ayuntamientos que lidiamos todos los días con este problema sabemos que acabarán siendo objetivo de las redes que viven de la ocupación ilegal. Pero ustedes prefieren seguir criminalizando al propietario, blanqueando a los okupas y seguir diciendo que todo es un invento de la derecha. Han repetido en no pocas ocasiones que la okupación es un problema menor. No tengo duda de que ustedes lo piensan así. Nosotros no. Y cada uno de los propietarios de los casi 100 000 inmuebles okupados e inquiokupados les aseguro que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan cada día. Pueden poner solución a este problema que atormenta a miles de españoles. La tienen guardada en la cartera de proposiciones perdidas. Llegó desde el Senado hace más de un año y medio, proposición de ley contra la ocupación ilegal para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. (Muestra un documento).

Señorías, gobernar no es prohibir. Prohibir no construye viviendas. Prohibir no reduce los precios. Prohibir no crea oportunidades. Prohibir solo crea más problemas, más incertidumbre y más bloqueos.

(Aplausos). Gobernar no es prohibir, señorías. Gobernar es legislar. Es no bloquear proposiciones de ley porque no atiendan a sus dogmas. Proposición de ley de modificación de la ley sobre propiedad horizontal; proposición de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda. (Muestra varios documentos). Las tienen, y las tienen bloqueadas. Vinieron del Senado y las tienen bloqueadas. (Aplausos). No necesitamos más ideología, necesitamos más soluciones y ustedes ya han demostrado que no saben darlas.

Esta Cámara no está para aprobar experimentos. Estamos para legislar con responsabilidad. Y esta propuesta que hoy nos traen es sencillamente irresponsable. Aporten marcos estables y no leyes improvisadas y restrictivas. No vamos a apoyar que conviertan la vivienda en un campo de ensayo intervencionista. Necesitamos más políticas eficaces y menos prohibiciones. Necesitamos libertad, vivienda asequible, seguridad jurídica y un Gobierno que no legisle contra su propio país.

Muchas gracias. (Aplausos).