Proposición de Ley para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a los municipios rurales de pequeño tamaño en situaciones de emergencia de interés nacional.

Señor presidente, muchas gracias. Creo que lo que acaba de pasar en esta Cámara es lo suficientemente grave como para que el presidente hubiera llamado al orden al señor diputado que acaba de llamar matón a un compañero que estaba en el uso de la palabra. (Aplausos). Creo, señor presidente, que debería haberle llamado al orden y que no es de recibo que se pronuncien estas palabras en sede parlamentaria. (Continúan los aplausos). Si me permiten, comienzo con la intervención. Hoy intervengo como diputado del Grupo Parlamentario Popular, sí, pero también como alcalde de un pueblo de la provincia de Soria de cuarenta y un habitantes: Castilfrío de la Sierra. Allí no se gobierna desde un cómodo despacho; se gobierna en la calle, en la plaza o en la puerta del vecino, y se gobierna desde la cercanía y la responsabilidad real. Cuando un vecino tiene un problema, no te manda un correo electrónico; lo que te dice, te lo dice a la cara, y eso obliga a ser claro, honesto y valiente. Quiero dedicar hoy mis palabras a hacer un homenaje a los alcaldes de los pueblos pequeños de todos los colores políticos (aplausos), a los que gobiernan sin asesores, sin gabinete, sin chófer y sin estructura; a los que son psicólogos, asistentes sociales, enfermeros improvisados y conductores cuando hace falta (aplausos); a los que abren el bar del pueblo para que no se pierda un lugar de encuentro; a los que llevan medicinas cuando no hay farmacia; a los que quitan la nieve a las seis de la mañana para que el niño del pueblo pueda ir al colegio; a los que saben cada día quién está solo, quién necesita ayuda y quién pasa por un mal momento, y a los que también combaten la soledad no deseada de la manera más humana que existe: mirando si una chimenea echa humo porque saben que, si no echa, tienen que intervenir. Esos alcaldes fuimos quienes en la pandemia repartíamos comida, medicinas y ánimos casa por casa, quienes llamábamos a cada vecino todos los días para saber si necesitaban algo y quienes llevábamos bombonas de butano, mascarillas y compañía cuando nadie más aparecía. Con los pueblos cerrados a cal y canto, los alcaldes seguíamos al lado de los vecinos, y somos también quienes tenemos que ayudar y escuchar a los ganaderos que pierden su ganado por los ataques de los lobos mientras el gobierno y Teresa Ribera miran a otro lado y no cumplen. Me refiero a ataques como los de esta semana en las Tierras Altas de Soria, que han matado ovejas en Villartoso y terneros en Vizmanos, o los que hemos vivido en Asturias, León, Valencia o Ávila meses atrás. Mientras el Gobierno de España da la espalda a los ganaderos, nosotros seguiremos insistiendo en sacar al lobo del listado de especies silvestres de protección especial. (Aplausos).

Somos los alcaldes de los pequeños municipios los que sufrimos una filomena sin medios; los que abríamos los caminos con tractores prestados o con lo que podíamos; los que vivimos apagones de semanas que nos dejan sin teléfono, sin internet y sin forma de pedir ayuda; los que vieron cómo una dana se llevaba a sus vecinos y arrasaba pueblos enteros de la Comunidad Valenciana, de Castilla-La Mancha y de Andalucía, y los que, como en el caso de Montalbán, en Teruel, vieron cómo las lluvias destruían infraestructuras básicas con daños que superaban tres veces el presupuesto íntegro anual de su municipio y cómo el Gobierno ha tardado más de un año en contestarlos para decirles en qué iba a ayudarlos. Un año, sí, señorías, un año. Así trata Sánchez a la España rural. Esa es la España que seguramente no sale en los discursos del Gobierno, pero es la España que alimenta al resto de España, la que produce alimentos, la que cuida los montes, la que produce energía, la que sostiene el paisaje, la que mantiene las tradiciones y la vida de este país, aunque muchos la ignoren.

Hoy, presentamos esta proposición de ley que nace de esa realidad. Una proposición de ley que no sale de un laboratorio ideológico, sino de la experiencia de quienes sabemos lo que es vivir una incidencia sin que nadie de Moncloa responda. Cuando falla la luz, nadie viene. Cuando falla el agua, no hay refuerzo. Cuando falla el teléfono, desaparecemos del mapa. Cuando Internet se cae ―y créanme que lo sé bien porque estuve una semana entera en mi municipio sin Internet―, nos convertimos en ciudadanos sin Estado. Pero no solo eso, también sin teleasistencia, sin Administración electrónica, sin banco, en definitiva, sin nada. Esta proposición de ley nace para que ningún pueblo vuelva a quedar tirado en una emergencia. Y va al grano, establece la prioridad en la protección de los municipios rurales de pequeño tamaño cuando fallan los servicios esenciales. Obliga a actuar al Estado ―no a valorar si actúa, sino a actuar―. Se nos dijo aquella frase vergonzosa que retumbará para siempre en nuestras memorias: «si quieren ayuda, que la pidan». (Aplausos). Esta proposición de ley fija criterios concretos y financiación. (Protestas de la señora Mínguez García). Sí, señora Mínguez, sí: «si quieren ayuda, que la pidan». Eso es lo que nos dijo Sánchez a toda la sociedad española. También fija criterios concretos y financiación en el caso de emergencias de interés nacional, con especial impacto en los municipios pequeños. Busca movilizar prioritariamente los recursos esenciales para asegurar la continuidad de suministro, la conectividad y el normal funcionamiento de los servicios básicos. Busca defender de manera real y con más protección jurídica a los ciudadanos y sus ayuntamientos. Una ley seria y necesaria para que el Estado y también las grandes compañías respondan donde más falta hace. Cuando el fuego, la lava, la nieve, el agua asolan un municipio, señores socialistas, los vecinos no deben pedir ayuda si la quieren. Les aseguramos que la quieren, y el Gobierno debe darla desde el primer minuto, sin cálculos políticos, sin ver de qué partido es el alcalde y sin pensar cómo aprovechar políticamente las terribles desgracias de los vecinos. (Aplausos).

Esta iniciativa persigue justamente eso, que los municipios no tengan que pedir la generosidad política y tacticista del PSOE cuando el fuego calcina a tu casa o tu ganado. Prioriza inversiones como el agua, la luz y las comunicaciones en los municipios más vulnerables. Da protección jurídica a los ayuntamientos que hoy están solos ante problemas imposibles de resolver por ellos mismos. Respalda la labor de los alcaldes como primera línea del Estado y quiere que ningún pueblo pequeño vuelva a quedar abandonado. Y lo hace fijando un mínimo común de servicios que deben estar garantizados y coordinados entre Administraciones.

Y una vez explicado lo que proponemos, toca explicar por qué lo proponemos. Y aquí tenemos la respuesta, que creo que todos ustedes conocerán (muestra un documento). Este es el excelente informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas y que ha sido muy contundente. Es el informe sobre las 130 medidas contra la despoblación, que es un claro retrato del abandono del Gobierno de Sánchez y sus veintidós ministerios hacia la España rural. Este informe demuestra que el plan de este Gobierno es un fracaso monumental; que solo un tercio del presupuesto se dedicó realmente al medio rural; que la vivienda rural recibió solo un 0,8 % y la movilidad rural un 1,2 %, el emprendimiento un 5,3 %; que no se creó el observatorio de reto demográfico; que no se aplicó la Ley 45/2007, que obliga a evaluar el impacto territorial de todas las políticas del Estado; que no se activó el mecanismo rural de garantía, y que no pudieron evaluar gran parte de los resultados porque no tenían indicadores, ninguno. En definitiva, había ministerio, había vicepresidenta, había notas de prensa, pero no había estrategia ni gestión ni compromiso del Gobierno de Sánchez. Mucho PowerPoint, mucho titular, pero muy poca acción para los municipios.

Repasemos algunos de los compromisos del Gobierno en materia de reto demográfico. Prometieron la España a 30 minutos, es decir, que en 30 minutos tendríamos todos los servicios cualquier vecino de España. Si hay que esperar días para que nos respondan solo a una sola llamada, imagínese para cumplir este compromiso. Prometieron el estatuto básico del pequeño municipio, cuatro ministros lo anunciaron ―el señor Iceta, la señora Darias, el señor López y el señor Torres, el ministro rodeado de corrupción, pero que se parapeta en que parecía no usar a mujeres explotadas―, cuatro ministros, cuatro anuncios y el estatuto guardado en un cajón. Prometieron convocar regularmente las ayudas de innovación territorial, y hoy, 18 de noviembre, siguen sin convocarse. ¿Les parece serio, señores socialistas? Prometieron aprovechar el teletrabajo para atraer a jóvenes y llevan cuatro años sin aplicar su propia ley de teletrabajo. Prometieron el despliegue de banda ancha, pero no solo hay municipios esperando, sino que los municipios estamos recibiendo que esas ayudas y ese despliegue no se va a realizar. Y se lo digo de primera mano. Fuimos el otro día a una reunión con el subdelegado del Gobierno porque en toda mi comarca han decaído todos los proyectos y, como siempre, el Gobierno escondido. Prometieron una estrategia nacional, y llevan siete años gobernando, pero aún la están elaborando. Prometieron transporte, y su plan inicial eliminaba más de mil paradas; si no llega a ser por la enmienda del Grupo Popular, a todos los vecinos de la España rural nos dejarían tirados. (Aplausos). Prometieron desbloquear regadíos, y siguen atascados. Prometieron prevenir incendios, pero la señora Armengol tiene congelada la ley de montes de socios, imprescindible para ordenar miles de hectáreas cuyos propietarios ni siquiera se conocen. (Muestra un documento). Y prometieron financiación justa, y han creado una financiación a la carta para unos ―para los de siempre― y migajas para el resto. Y, por supuesto, prometieron aprovechar las ayudas al funcionamiento que Europa nos posibilitó. Autorizó un 20 % para Soria, Cuenca y Teruel, y era la oportunidad histórica para atraer empresas, aliviar costes laborales, incentivar contratos y favorecer el emprendimiento. ¿Y qué hizo el Gobierno? Pues aplicar el 1 %. El 1 %, han oído bien. Convertir una oportunidad histórica en una broma. Con el 20 %, hoy estaríamos hablando de centenares de empleos nuevos y decenas de empresas con capacidad de instalarse en nuestras provincias. Pero prefirieron perder la oportunidad que reconocer que el Partido Popular llevaba razón. (Aplausos). Prometieron vivienda rural, y el contraste es igual de claro: no hay plan, ni incentivos, ni estrategia de retorno, no hay ayudas para adaptar viviendas para jóvenes, no hay bonificaciones fiscales y, sin vivienda, no hay jóvenes, no hay familias y no hay futuro en el medio rural. Si me permiten, yo creo que, después de tanto prometer, se me viene a la cabeza un refrán muy popular: prometer y prometer... Y ahí lo dejo, señores socialistas. (Aplausos).

Mientras tanto, el Gobierno sí que se acuerda de los pueblos para lo que le interesa: la transición energética. (Rumores). Por favor, señor presidente... Como decía, el Gobierno se acuerda de los pueblos para colocar aerogeneradores, plantas fotovoltaicas o líneas de evacuación. Y ahí sí que somos estratégicos, pero esa transición tiene que ir acompañada de industria, de empleo y de oportunidades para el medio rural. Créanme que soy un convencido de la transición energética, pero no es de recibo que la energía se produzca en los pueblos y el empleo se quede en otros lugares.

Y ya que hablamos de territorios, a veces da la sensación de que algunos dirigentes del PSOE solo conocen Teruel por el parador y porque Ábalos llevaba allí a sus mujeres prostituidas. (Aplausos). Navarra, por el túnel de Belate y las mordidas de Cerdán, y de Soria solo se acuerdan para colocar un candidato a dirigir el PSOE de Castilla y León que sube impuestos en su ciudad...

Ya concluyo, señor presidente. … y ni siquiera dice bien el nombre de nuestra comunidad, Castilla y León. ¿Verdad, señor Cerdán, que tiene miedo a que lo vean por allí? (Aplausos). La gente está cansada de discursos vacíos, cansada de que se hable y que no se haga, cansados de ver cómo algunos se dedican a sus negocios, mientras nuestros pueblos siguen esperando servicios básicos.

Mientras algunos acudíamos a foros y reuniones sobre despoblación buscando soluciones, la mujer de Sánchez hacía negocio con la despoblación.

Fondos públicos para cátedras y eventos para conseguir que el Gobierno haga algo útil para la España rural.

Pero, eso sí, eso ya para otro día. Y concluyo, señor presidente… (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Muy bien! ¡Bravo!).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, señorías. Presenta el Grupo Popular una iniciativa para modificar la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, para que se incluya como emergencia de interés nacional aquella que afecte a municipios rurales de pequeño tamaño, según la definición de la Ley 45/2007. Es una iniciativa, señorías, que desde ahora tenemos que manifestar que no compartimos, pues parece dar a entender que los municipios rurales de pequeño tamaño se encuentran inermes y solos ante emergencias de protección civil, cuando lo cierto es que en la preservación de personas y bienes en situación de emergencia han de concurrir todas las Administraciones públicas en función de la intensidad de la emergencia ―las municipales, las supramunicipales o insulares, las provinciales, las autonómicas y también las estatales―, y no solo en las emergencias declaradas de interés nacional, tal y como se explicita en el artículo 3.2 de la ley de protección civil, cuando entre los principios que rigen las actuaciones del sistema señala, entre otras, los de colaboración, cooperación, solidaridad interterritorial y subsidiariedad. Por ello, señorías, no tiene sentido, a partir del principio de subsidiariedad, saltar desde el más pequeño de los ámbitos ―los municipios rurales de pequeño tamaño― al más amplio ―el de la emergencia de interés nacional―, donde son el Gobierno central y la Administración General del Estado los que asumen el control directo de la emergencia si la gestión de esta emergencia en esos municipios no precisa la declaración del estado de alarma, excepción o sitio, o si por la dimensión y alcance del evento de emergencia no se requiere una aportación de recursos supraautonómicos y una dirección y gestión de emergencia centralizada. Señorías, lo que proponen en la iniciativa no solo rompe los fundamentos del sistema de protección civil, que es un sistema concebido en escalera ―sin perjuicio de que para hacer frente a una emergencia deban concurrir todas las Administraciones públicas en la medida en que se reclame su cooperación por quien dirija la emergencia―, sino que también se pone materialmente en duda la capacidad de los ámbitos territoriales superiores en los que se incardinan los municipios rurales de pequeño tamaño para hacer frente a emergencias no declaradas de interés natural. ¿O es que Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia o sus diputaciones ―por citar algunas comunidades a boleo― no tienen capacidad para atender ninguna emergencia que afecte a sus municipios rurales de pequeño tamaño? Es incomprensible, señorías. Además, señorías, lo que se propone en la iniciativa debatida vulnera el bloque de constitucionalidad en cuanto al reparto de competencias en materia de protección civil entre el Estado y las comunidades autónomas. Al Estado, en virtud de las competencias de seguridad pública, que es donde se incardinan las de protección civil, le corresponde según el Tribunal Constitucional, dependiendo del alcance y dimensión del evento y de los recursos y medios a movilizar, declarar el interés nacional de la emergencia asumiendo su control directo. También le corresponde la determinación de un modelo único mínimo con las directrices básicas que permitan una coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y Administraciones públicas. Por último, también se le permite intervenir por las acciones a movilizar el socorro inmediato, consecuencia de situaciones catastróficas de cierta importancia y que requieran respuesta inmediata para zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil, según el artículo 23, aunque sin llegar a interés nacional de emergencia, actuación orientada a la respuesta inmediata para recuperar servicios esenciales como el abastecimiento y el saneamiento de aguas, la electricidad, las telecomunicaciones, etcétera. En todo lo demás, que incluye la respuesta a las emergencias ordinarias dentro del ámbito de una comunidad autónoma y la declaración y dirección de sus propios servicios, las competencias son autonómicas o locales, incluidas las que afectan a municipios rurales de pequeño tamaño.

Señorías, ante eventos de emergencia, los municipios rurales de pequeño tamaño no se encuentran solos y desamparados. El sistema de protección civil no admite compartimentos estancos. Las distintas funciones atribuidas a las Administraciones competentes se integran en un sistema único y coordinado. Y el sistema articulado facilita el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribuidas entre las distintas Administraciones públicas, tal y como señala el preámbulo de la ley, que también añade que el Estado no se desentiende de ninguna situación de riesgo que afecte a una parte de la población, aunque sea de competencia de una comunidad autónoma afrontarlo. Por ello, el artículo 19 de la ley de protección civil establece que el Estado colaborará con las comunidades autónomas y entes locales facilitando los recursos humanos y medios materiales disponibles en casos de emergencias que no hayan sido declaradas de interés nacional. A su vez, como les citaba, el artículo 23, sin llegar a la declaración de interés nacional, permite declarar al Gobierno del Estado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil y asegurar, aportando medios humanos y materiales, una respuesta inmediata para las reparaciones de emergencia de los servicios esenciales para la comunidad.

Señorías y presidente, finalizo. No apoyaremos la iniciativa porque rompe el sistema de protección civil vigente; porque desconoce el entramado coordinado cooperativo de solidaridad interterritorial y subsidiaridad entre las distintas Administraciones públicas competentes; porque ningunea y desacredita las competencias de las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales respecto a sus municipios rurales de pequeño tamaño, y porque objetivamente supone una centralización. En definitiva, es una iniciativa que en todos los órdenes genera más problemas que los que pretende solventar.

Muchas gracias.

Eskerrik asko, mahaiburo andrea. Arratsalde on, guztioi. Señor Cabezón Casas, usted puede hablar lo que quiera de las dificultades del mundo rural, pero lo que presenta aquí hoy es una modificación de la ley de protección civil, aunque veo que no era más que un pretexto. En cualquier caso, ya que usted no ha querido hablar de su propio libro, lo haré yo. Cuando leí a propuesta, me vinieron tres ideas a la cabeza. La primera es que, por lo que se ve, está dura la pelea por el voto rural y parece que hay que presentar lo que sea. La segunda era un interrogante, ¿quién lo habrá escrito?, porque tengo el convencimiento de que quien lo ha hecho no sabe cómo funciona el sistema de emergencias ni la protección civil ni el sector energético ni cuáles son los niveles de emergencia ni quién ni cómo las activa ni lo que supone. Se mezclan emergencias en las que se ha declarado interés nacional ―como el apagón― con otras en las que no ―como la dana― y se aplica a todo el mismo rasero. En fin, he pasado un poco de vergüenza leyéndolo, se lo digo honestamente. Del mundo rural tal vez usted sabe algo, pero, por lo que parece, de protección civil, muy poco. Y la tercera idea es que ustedes, con esta propuesta, se reconocen incapaces de gestionar emergencias allí donde gobiernan porque pretenden centralizarlo todo. Con estos mimbres, lo que nos han traído es un churro infumable desde la exposición de motivos, desde el primer párrafo. Ustedes dicen: El 28 de abril se desconectó repentinamente el 60 % de la demanda energética del país. Mentira, empezamos mal, porque no distinguen la energía eléctrica de la energía. En el segundo párrafo, ustedes dicen: Ante la magnitud de la caída y la pérdida de interconexión internacional, el Gobierno activó el nivel 3 de emergencia nacional que, de conformidad con el artículo 29 de la ley de protección civil, puede ser solicitado por el ministro del Interior o, en su defecto, por los presidentes autonómicos. Hay tantas cosas mal aquí que no puedo dejarlo pasar. Primero, no existe el nivel 3 de emergencia nacional. No existe. ¡Como si hubiera emergencias nacionales de diferentes niveles! El nivel 3 es una situación operativa que se corresponde con la emergencia de interés nacional, no con una emergencia nacional. Muy poco rigor.

Segundo, dice que ese supuesto nivel 3 de emergencia nacional puede ser solicitado por el Ministerio del Interior o por los presidentes autonómicos. Pues tampoco. El ministro del Interior no solicita nada, sino que declara el interés nacional ―artículo 29 de la ley que usted quiere modificar―, y lo hace a iniciativa propia, de un presidente autonómico o del delegado del Gobierno. Así que no solicita nada, sino que declara y asume el mando único.

Y tercero, la emergencia de interés nacional no se activó por la magnitud de la caída, sino porque lo solicitaron algunos presidentes autonómicos y allí donde lo pidieron, porque en otras comunidades autónomas no se activó la emergencia de interés nacional. Está todo mal, pero sigue mal. Después, hablan en el apagón de situación asimétrica (hace el gesto de comillas con las manos). Dicen que algunas zonas llegaron a alcanzar el 94 % de la recuperación y otras el 20 %. ¿Recuperación de qué? ¿En qué periodo temporal? ¿En qué margen temporal? Si ustedes hablan de suministro eléctrico, se recuperó el 100 % en veinticuatro horas, pero ni siquiera aclaran si se refieren a esto.

Después, pasan a hacer una comparación con la dana y lo equiparan, pero allí no se declaró el interés nacional, nadie lo pidió. ¡Pero qué más da! Según ustedes, los pueblos del entorno rural tuvieron desatención de la Administración General del Estado. Es decir, estamos en situación operativa 2 en la dana, los medios del Estado se ponen a disposición del mando único, que es autonómico, pero la desatención es del Estado. ¿En qué planeta es esto así? Si el mando de la emergencia está en la Generalitat, en la Conselleria del Interior, en concreto en la dana, la desatención de la emergencia será de la Generalitat. O sea, es que es todo al revés. Y a partir de ahí se pierden explicándonos lo que es el medio rural, dicen que el Estado debe dar cobertura en la emergencia, explicándolo todo fatal, como si el Estado solo fuera la Administración General del Estado, lo cual, por otra parte, revela con claridad la concepción centralista.

Y después de todo el barullo, ustedes proponen modificar la Ley de Protección Civil. ¿Y cómo lo hacen? Proponiendo una soberana majadería: básicamente, modificando el artículo 28 de la Ley de Protección Civil, donde se concretan los supuestos en los que se declara la emergencia de interés nacional. Hoy esos supuestos son tres: uno, que se declare el estado de excepción, alarma o sitio; dos, que la magnitud de la emergencia exija medios y coordinación supraautonómica, o tres, que la situación, por su dimensión, exija una dirección nacional.

Y ahora ustedes quieren añadir un supuesto más. Según ustedes, una situación de emergencia que afecte a ocho pueblos rurales ―o cinco, si pertenecen a dos comunidades autónomas― debe considerarse una emergencia de interés nacional. ¿Pero han pensado siquiera cinco minutos lo que significa esto? Vamos a ver, lo intento explicar con un ejemplo, a ver si les queda claro. En la Comunidad Autónoma del País Vasco las nevadas están en el catálogo de riesgos de protección civil. Pues bien, para este fin de semana han anunciado nevadas. Si, por ejemplo, en Álava cae una tormenta de nieve fuerte en el entorno rural, según ustedes ―y si se aprobara esta ley en los términos que proponen―, en lugar de activarse el plan foral de nevadas, que es lo que se activa y con lo que se soluciona este problema, habría que activar la emergencia de interés nacional. (Risas). ¿Y qué supone esto? Supone que la dirección de la emergencia pasaría directamente a manos del ministro Marlaska. Supone que se despliega la Unidad Militar de Emergencias, que está en Zaragoza, y que la dirección operativa, por el artículo 37.4 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, recaería directamente en el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, que está en Madrid. Y supone que todos los medios de todas las Administraciones, desde los bomberos hasta las quitanieves, pasarían a estar bajo el mando operativo del general jefe de la UME. Y si les parece poco, la reposición de los servicios básicos ―salud, bienestar social, conectividad, etcétera―, si fallan, pasarían a estar ―con el segundo cambio que quieren introducir― bajo la responsabilidad del delegado del Gobierno español.

O sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que están proponiendo para una nevada de un valle de Álava este fin de semana, por ejemplo? Es que no es que esté todo planteado chapuceramente ―y ya solo por eso sería inaceptable―, es que, además, con estas propuestas ustedes se declaran insolventes para atender las emergencias. Y para lavarse las manos de las responsabilidades que tienen allí donde gobiernan, no solo vienen con un esquema centralizador que desmantela todo el autogobierno, sino que proponen medidas que tendrían cero efectividad y serían un atraso enorme. Vamos, que esto no se puede apoyar, de ninguna de las maneras, ni como broma. De verdad, les doy un consejo: respétense cuando traigan una propuesta para cambiar una ley. Hagan el favor de no hacer el ridículo y de no hacernos perder el tiempo.

Besterik ez. Eskerrik asko. (Aplausos).

Gràcies, president. Bona tarda, senyories. Avui, a l’empara de l’apagada de l’abril d’aquest any i de la dana de l’octubre del 2024, el Grup Popular ens proposa una iniciativa per reforçar la protecció dels municipis rurals. Ho volen fer modificant la Llei 17/2015, de Protecció Civil, afegint un nou supòsit al capítol d’Emergències d’interès nacional. Ens diuen que ho volen fer perquè els pobles petits no quedin desprotegits quan hi ha grans emergències. Senyories del PP, de sortida, els hem de dir que ni rebregant el títol competencial de la seva constitució, amb què aixopluguen aquesta iniciativa, creiem que hi tingui cabuda. I feta aquesta observació, és evident que a Junts per Catalunya ens preocupa que en el nostre país, Catalunya, sigui capaç i estigui preparat per respondre a qualsevol situació d’emergència i en qualsevol lloc, també en els petits municipis rurals. I per això fa dècades que des de la Generalitat es treballa per disposar d’estructures per respondre a qualsevol problemàtica arreu del territori. I ho fem sota el paraigua de l’article 132 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que en el seu punt 2 estableix que la Generalitat té la competència exclusiva en Protecció Civil. I això és evident que xoca frontalment amb aquesta proposta del grup popular, que introdueix, un cop més, una via de recentralització encoberta i sota el pretext de protegir els municipis rurals, els populars, un cop més, obren la porta a Madrid per a intervenir directament en l’àmbit local i en l’àmbit autonòmic. Ho fan carregant-se els mecanismes de coordinació entre administracions previstos per la mateixa Llei 17/2015, trencant l’equilibri existent i consolidant un mecanisme de jerarquia estatal del tot innecessari. Perquè una cosa és que l’Estat doni suport tècnic o logístic en emergències excepcionals i una altra molt diferent, i com pretén aquesta reforma, és atorgar-li a través de les delegaciones del Gobierno, la capacitat directa d’actuació i de declaració de l’emergència amb una mera comunicació a la resta d’administracions. Mirin, no insistirem en la inversemblança de la seva proposta, perquè el diputat que m’ha precedit ho ha deixat meridianament clar, però sí que els haig de dir que, entre altres coses, Junts per Catalunya som aquí per vetllar pel model català de Protecció civil i Emergències. Som aquí per evitar les ingerències estatals i per plantar cara als continuats intents uniformitzadors i recentralitzadors d’uns i altres, també en l’àmbit de la Protecció civil i les Emergències. I també som aquí per revertir aquelles que ja s’han produït, per exemple, per revertir i tornar a situar el Servei Meteorològic de Catalunya com a institut de referència pel que fa a les preses de decisions davant situacions de risc meteorològic o d’activació de plans d’emergència, fent que això només depengui de la Generalitat de Catalunya i no, com passa ara, de l’AEMET. Perquè a Catalunya nosaltres, avui, però molts governs catalans durant dècades no han posat límit. No hem posat límit a l’autogovern i hem legislat i creat estructures pensant en gran, pensant amb mentalitat d’estat. I el Servei Meteorològic de Catalunya fou una d’aquestes estructures. I nosaltres, Junts per Catalunya, en això estem, senyories. Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hoy, al amparo del apagón de abril de este año y la dana de octubre de 2024, el Grupo Popular nos propone una iniciativa para reforzar la proyección de los municipios rurales. Lo quieren hacer modificando la Ley 17/2015, de protección civil, para añadir un nuevo supuesto en el capítulo de emergencias de interés nacional. Y nos dicen que lo quieren hacer para que los pueblos pequeños no queden desprotegidos cuando haya grandes emergencias. Señorías del PP, de entrada, les tenemos que decir que ni dando la vuelta al título competencial de su Constitución en el que amparan esta iniciativa creemos que tenga cabida. Y haciendo esta observación, es evidente que a Junts per Catalunya nos preocupa que en nuestro país, en Cataluña, el Gobierno esté preparado para responder a cualquier situación de emergencia y sea capaz de hacerlo, y que lo pueda hacer en cualquier lugar, también en los pequeños municipios rurales. Y, por ello, hace décadas que desde la Generalitat se trabaja para disponer de estructuras que permitan responder a cualquier problemática en el conjunto del territorio. Lo hacemos bajo el paraguas del artículo 132 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en su punto 2, establece que la Generalitat tiene la competencia exclusiva en materia de protección civil. Y eso, evidentemente, choca frontalmente con la propuesta del Grupo Popular. Una propuesta que, de nuevo, introduce una vía de recentralización encubierta bajo el pretexto de proteger a los municipios rurales. En realidad, una vez más, se abre la puerta para que Madrid intervenga directamente en el ámbito local y autonómico. Y lo hacen cargándose los mecanismos de coordinación entre Administraciones previstos por la misma Ley 17/2015, rompiendo el equilibrio existente y consolidando un mecanismo de jerarquía estatal completamente innecesario. Porque una cosa es que el Estado dé apoyo técnico-logístico en emergencias excepcionales y otra cosa muy distinta ―y lo que pretende esta reforma― es otorgarle, a través de las delegaciones del Gobierno, la capacidad de actuar directamente y de declarar la emergencia con una mera comunicación al resto de Administraciones.

Miren, nosotros no vamos a insistir en la inverosimilitud de su propuesta, porque el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra lo ha dejado meridianamente claro. Ahora bien, sí tengo que decirles que, entre otras cosas, Junts per Catalunya está aquí para velar por el modelo catalán de protección civil y emergencias. Estamos aquí para evitar las injerencias estatales y para plantar cara a los intentos uniformadores y recentralizadores continuos de unos y otros, también en el ámbito de la protección civil y de las emergencias.

También estamos aquí para revertir estas injerencias que ya se han producido. Por ejemplo, para revertir y volver a situar al Servicio Meteorológico de Cataluña como instituto de referencia para la toma de decisiones ante situaciones de riesgo meteorológico y de activación de planes de emergencia. Esto dependerá únicamente de la Generalitat de Catalunya y no, como ocurre ahora, de la AEMET.

Hoy, en Cataluña, nosotros, pero también muchos Gobiernos catalanes durante décadas, no hemos puesto límite al autogobierno. Han legislado los Gobiernos y han creado estructuras pensando en grande, con una mentalidad de Estado. Y el Servicio Meteorológico de Cataluña fue una de esas estructuras. Y nosotros, en Junts per Catalunya, estamos en ello.

Muchas gracias, señorías.

Gràcies, president. Molt bona tarda, diputades i diputats. Aquesta proposició de llei, a priori té dues vessants: la vessant del món rural i els petits municipis i la vessant d’emergència. Jo, senyor Cabezón, que no l’ubico, només tocaré la part de municipis petits i de municipis rurals, perquè el senyor Otero li ha destrossat de dalt a baix, del dret, del revés la part d’emergències i comparteixo de la primera fins a l’última paraula. Li parlaré, doncs, de la preocupació pels municipis petits i rurals, que compartim la preocupació. Fixin-se si compartim la preocupació que des del govern republicà, des del govern de Pere Aragonès, vam elaborar l’Estatut dels municipis rurals, aquell que reclamava el PSOE, i si tiro una mica més enrere, que també ho hauria de reclamar en el seus. Doncs a Catalunya, aquest Estatut ja el tenim. És una eina clau per a l’impuls territorial, per a l’impuls social, per a l’impuls econòmic del país. I avui aquesta eina s’està desplegant. I sí, Catalunya és un país de pobles, és un país de viles, és un país de micropobles i sabem perfectament què implica gestionar Emergències amb equips locals minsos. Sabem què vol dir fer-ho amb poc personal i, sobretot, amb pocs recursos. I justament perquè coneixem aquesta realitat, votarem que no a aquesta proposició de llei. De fet, ho farem per quatre raons; en podrien ser 40, però ho farem per quatre. La primera, per un tema competencial, també s’ha dit. L’àmbit local és una competència pròpia dels ajuntaments i de les comunitats autònomes. Per nosaltres és imprescindible, és una línia vermella. L’autogovern sí o sí s’ha de respectar. Hem explicat per activa i per passiva que la seva dèria —‌la seva dèria, m’atreveixo a dir malaltissa, per recentralitzar amb qualsevol excusa, avui toca les Emergències— és una molt mala idea. És delirant, de fet, confondre coordinació i planificació, important, amb recentralització. No té res a veure una cosa amb l’altra. Mirin, cada vegada que vostès ens parlen d’interès nacional, ja sabem que tot plegat es tradueix en més poder per Madrid i menys capacitat de decisió per als territoris. La segona o el segon motiu per als quals avui no donarem suport a aquesta presa de consideració és perquè només hi ha una manera de millorar i reforçar i muscular els municipis petits i els municipis rurals, que és millorar-ne el seu finançament. Sense recursos, ho hem dit també manta vegades, no hi ha serveis públics. Sense ingressos suficients, no hi ha cap tipus de capacitat de resposta davant de res, tampoc de les emergències. I això no s’arregla amb una proposició de llei o amb una suposada llei buida d’estructura i plena d’intervencionisme. El que necessitem, sens dubte, és la modificació urgent de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

I mirin, avui estem generosos i els hi posarem fàcil; de fet, molt fàcil. Esquerra Republicana justament hem presentat una proposició de llei per trencar amb l’austeritat imposada des de Madrid i per retornar la sobirania econòmica al món local, que el món local —v‌ ostès també tenen ajuntaments— podria fer moltes coses, moltes de les què també vostès demanen. Si realment es creuen el que prediquen, ho tenen fàcil: Han de prémer el botó verd el dia que es tramiti a la cambra alta, que deurà ser molt aviat. Perquè mirin, els ajuntaments no han de ser simples gestors del que l’Estat els permet gastar, sinó que han de poder decidir com invertir els seus recursos per millorar la vida dels seus veïns i veïnes. El que s’ha d’aconseguir és que els diners públics serveixin justament per cuidar la gent. Això també són les Emergències. El que s’hauria d’aconseguir és que els recursos públics no serveixin en cap cas per —‌que és el cas actual— per obeir regles d’austeritat absolutament injustes.

La tercera raó, formulada amb dos preguntes: Com és possible que parlant d’emergències i després de viure els incendis d’aquest estiu en diferents territoris o la gota freda de justament fa un any al País Valencià, el Partit Popular, que avui es presenta com a garant dels serveis públics en matèria d’emergències, quan governa en els territoris, es dediqui a retallar, es dediqui a desmantellar i es dediqui a abandonar aquests serveis? Com és possible? Com poden venir avui aquí a parlar de municipis rurals i d’emergències quan fa gairebé 400 dies la dana al País Valencià va deixar desenes de pobles abandonats a la seva sort i 229 persones mortes? On era Mazón? On era el PP? Quan les alcaldies petites, petites demanaven reforços, quan hi havia infinitat de municipis incomunicats, on era el Partit Popular? Quan la gent reclamava informació i només rebia silenci i només rebia improvisació. Si volen, parlem en aquest minut i mig que em queda de les retallades del 2023, perdonin, executades pels governs del Partit Popular, evidentment amb la inestimable ajuda de VOX. Em sembla que no cal, oi?

I la quarta raó, i última, que per ser l’última no és menys important. ¿Com es pot pretendre millorar la resposta davant episodis extrems si ni tan sols reconeixen la causa que els multiplica, que és la causa científica de l’existència del canvi climàtic? Com poden presentar-se com a garants del futur dels municipis rurals si el que fan és empitjorar-ne el seu present?

Acabo. Mirin, els municipis petits i rurals —‌d’arreu, no només els catalans— d’arreu no necessiten la tutela del Partit Popular. El que necessiten és finançament, que es respectin les seves competències i, sobretot, el que necessiten és tenir mitjans, mitjans per planificar, mitjans per prevenir, mitjans per donar respostes a la ciutadania, a la seva gent. I aquesta PL no garanteix ni un euro ni un mecanisme de reforç estable. Aquesta PL només és fum, propaganda i intervencionisme. Res més.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Esta proposición de ley, a priori, tiene dos vertientes: la vertiente del mundo rural y de los pequeños municipios, y la vertiente de emergencias. Yo, señor Cabezón, ahora no le ubico, no le veo. Solo voy a centrarme en la parte de municipios pequeños y rurales, porque el señor Otero le ha destrozado de arriba abajo, del derecho y del revés, toda la parte relativa a las emergencias. Y comparto todas sus palabras, de la primera a la última. Voy a hablar, por lo tanto, de la preocupación por los municipios pequeños y rurales. Compartimos esa preocupación. Fíjense si la compartimos, que, desde el Gobierno republicano, desde el Gobierno de Pere Aragonès, elaboramos el Estatuto de los Municipios Rurales, ese que reclamábamos al PSOE y, un poco más atrás, también tendríamos que haber reclamado a los suyos. En Cataluña ya tenemos este estatuto, que es una herramienta clave para el impulso territorial, para el impulso social y para el impulso económico del país. Y esta es una herramienta que se está desplegando a día de hoy. Cataluña, sí, es un país de pueblos, de villas, un país de micropueblos, y sabemos perfectamente lo que implica gestionar emergencias con equipos locales escasos. Sabemos qué significa hacerlo con poco personal y, sobre todo, con pocos recursos. Y, justamente porque conocemos esta realidad, vamos a votar que no a esta proposición de ley. Y lo haremos por cuatro motivos. Podrían ser cuarenta, pero vamos a centrarnos en cuatro. El primer motivo es por un tema competencial, y se ha dicho ya. El ámbito local es una competencia propia de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y, para nosotros, es imprescindible el autogobierno; sí o sí debe respetarse, es una línea roja. Hemos explicado por activa y por pasiva que su manía, incluso, enfermiza por recentralizar con cualquier excusa ―hoy toca emergencias― es una muy mala idea. De hecho, es delirante confundir coordinación y planificación con recentralización. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Es mezclar churras con merinas. Cada vez que nos hablan ustedes de interés nacional, ya sabemos que, al final, lo que quieren es más poder para Madrid y menos capacidad de decisión para los territorios.

El segundo motivo por el que hoy no vamos a dar apoyo a esta toma en consideración es porque solo hay una forma de mejorar, reforzar y muscular los municipios pequeños y rurales, y es mejorando su financiación. Sin recursos ―lo hemos dicho muchísimas veces― no hay servicios públicos. Sin suficientes ingresos no hay ningún tipo de capacidad de respuesta ante nada, tampoco de las emergencias. Y esto no se arregla con una proposición de ley, con una supuesta ley vacía de estructura y llena de intervencionismo. Lo que necesitamos, sin lugar a duda, es que se modifique urgentemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Fíjense, hoy estamos generosos. Se lo vamos a poner fácil; de hecho, muy fácil. Esquerra Republicana ha presentado una proposición de ley para romper la austeridad impuesta desde Madrid y devolver la soberanía económica al mundo local. El mundo local ―ustedes también tienen ayuntamientos― podría hacer muchas cosas, muchas de las que ustedes piden también. Si realmente se creen lo que predican, lo tienen muy fácil: tienen que darle al botón verde el día que se tramite en la Cámara Alta esta iniciativa, que será muy pronto. Los ayuntamientos no tienen que ser meros gestores de lo que el Estado les permite gastar, sino que tienen que poder decidir cómo invertir sus recursos para mejorar la vida de los vecinos y las vecinas. Lo que hay que conseguir es que el dinero público sirva, precisamente, para cuidar a la gente. Eso también son las emergencias. Lo que se tendría que conseguir es que los recursos públicos no sirvan en caso alguno ―y, precisamente, es el caso actual― para obedecer normas de austeridad completamente injustas.

El tercer motivo lo formulo en forma de preguntas. ¿Cómo es posible que hablemos de emergencias si, tras vivir los incendios de este verano en distintos territorios o la gota fría de hace justamente un año en el país valenciano, el Partido Popular, que hoy se presenta como garante de los servicios públicos en materia de emergencias, cuando gobierna en los territorios se dedica a recortar, se dedica a desmantelar y se dedica a abandonar estos servicios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden venir hoy aquí a hablar de municipios rurales y de emergencias, cuando hace prácticamente cuatrocientos días la dana en el país valenciano dejó decenas de pueblos abandonados a su suerte y 229 personas fallecidas? ¿Dónde estaba Mazón? ¿Dónde estaba el PP? ¿Dónde estaba el PP de las alcaldías pequeñas que pedían refuerzos? ¿Dónde estaban cuando había infinidad de municipios incomunicados? ¿Dónde estaba el Partido Popular cuando la gente reclamaba información y solo recibía silencio, solo recibía improvisación? Si quieren, en este minuto y medio que me queda hablamos de los recortes de 2023, ejecutados por los Gobiernos del Partido Popular, evidentemente, con la inestimable ayuda de VOX. Bueno, me parece que no hará falta, ¿verdad?

El cuarto y último motivo, que no por ello es menos importante, es cómo se puede pretender mejorar la respuesta ante episodios extremos si ni siquiera se reconoce la causa que los multiplica, que es la causa científica: la existencia del cambio climático. ¿Cómo pueden presentarse como garantes del futuro de los municipios rurales si lo que hacen es empeorar su presente?

Termino. Los municipios pequeños y rurales en todas partes, en Cataluña y fuera, no necesitan la tutela del Partido Popular. Lo que necesitan es que se respeten sus competencias. Y, sobre todo, lo que necesitan es contar con medios, recursos para planificar, recursos para prevenir, para dar respuestas a la ciudadanía, a su gente. Y esta PL no garantiza ni un euro ni un mecanismo de refuerzo estable. Esta PL es solo humo, propaganda e intervencionismo.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señor Cabezón, ¡menuda majadería de iniciativa! Uno lee el título de la iniciativa y piensa que, por una vez, el Partido Popular se va a preocupar por el mundo rural y que, por fin, va a traer alguna iniciativa. Habla usted de vivienda, habla usted de Montalbán, y habla usted de un montón de cosas. Por cierto, lo de Montalbán lo aprobamos nosotros, el Grupo Plurinacional SUMAR, en la Comisión de Política Territorial. Así que, gracias. (Aplausos). Habla de vivienda, y son ustedes los que votan continuamente en contra de cualquier medida de vivienda. Pero la auténtica majadería de todo esto es que es un ejercicio de torpeza absoluto. El PP está tan confuso que, con esto, se acaba de herir a sí mismo. Con esta proposición de ley, el PP acaba de confirmar que es absolutamente incapaz de gestionar cualquier situación de emergencia. (Aplausos). Con este apartado 4 del artículo 28, lo que propone el PP es ampliar la definición de emergencia nacional y que intervenga directamente el Gobierno central en los casos que afecten a más de siete municipios rurales de pequeño tamaño de una misma comunidad autónoma o a cinco de dos comunidades autónomas. Lo ponen a la misma altura que el estado de sitio. Repito: ¡qué majadería!

Después de la intervención del señor Otero, ya no tengo nada más que decir. (Risas). Simplemente, ¿por qué han presentado esta proposición de ley? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues yo creo que porque el Partido Popular nos da la razón y lo reconoce: sus presidentes autonómicos Mazón, Azcón y Mañueco, son unos inútiles, están siempre ausentes y necesitan ser tutelados porque son incapaces de gestionar una emergencia. (Aplausos.―Protestas.―El señor Beamonte Mesa: ¡Tú sí que eres un inútil!). Y por eso les quitan las competencias. Y es normal darnos la razón después de ver al señor Mazón desmoronado gracias a las intervenciones de Micó, de Belarra, de Matute, de Rufián, de González, de Ibáñez, diciéndole a la cara que son unos psicópatas, unos mentirosos y, repito, unos inútiles. Así que sois un orgullo, compañeras. (Aplausos).

Feijóo hoy lanza un salvavidas desde su lancha para salvar al soldado Mazón y reforzar su relato para escapar de la justicia, pero son tan torpes que, repito, nos dan la razón y dicen que a partir de ahora quien tiene que intervenir es el Gobierno central. Lo que significa que las anteriores veces quien tenía la responsabilidad eran las comunidades autónomas. Por supuesto que sí. Nos dan la razón. Y, además, el PP dice que basta con añadir un artículo a una ley y que todos los problemas están resueltos, todo solucionado. Además de que es falso, esto, como le han dicho otros compañeros, es inconstitucional. Ya vale de engañar a la gente.

Les pongo otro ejemplo, señorías del Grupo Popular. Imagínense que un tren de tormentas desborda el río Aguasvivas y afecta a más de siete municipios rurales de una comunidad autónoma como, por ejemplo, Aragón. En concreto, imagínense que afecta a diecinueve localidades, como, por ejemplo, Aguilón, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lagata, Letux, Moyuela, Villar, Herrera de los Navarros, La Zaida, Quinto, Híjar, Azaila, La Puebla de Híjar, Vinaceite, Bádenas, Noguera y Santa Cruz de Nogueras. ¿De quién hubiera sido la responsabilidad? Esta ley lo reconoce: de Azcón. Porque esto es lo que pasó el 13 de junio. ¿Y dónde estaba el señor Azcón? ¿Dónde estaba el presidente de Aragón? ¿En El Ventorro? No, ojalá; hubiera estado más cerca. Estaba en Galicia, estaba en una boda. Y no tardó una tarde, tardó setenta y dos horas, tres días, en convocar a la UME; 72 horas. Encima, tiene la cara dura de decir que no volvió porque no tiene un Falcon, cuando a la boda acudió en un coche oficial y no tuvo el valor de volver a su pueblo con el coche que le habíamos pagado entre todos. (Aplausos). Un tipo serio, Azcón; un negligente que, si hubiera habido muertos ―por suerte, no los hubo―, estaría igual que Mazón. (El señor Beamonte Mesa pronuncia palabras que no se perciben). Azcón y Mazón no son ninguna excepción: es el PP gestionando, y ustedes lo han demostrado con esta proposición de ley que no tiene ningún sentido. Y lo que quiere decir esta proposición es: dejad que Azcón y Mazón sigan de fiesta, que no hay ningún problema, que ya les pondremos un títere desde Madrid. Y desde Madrid quitan y ponen presidentes de comunidades autónomas, y ahora lo que quieren es, efectivamente, tener solo títeres de presidentes de las comunidades.

Otra genialidad que dice esta proposición de ley del Grupo Popular ―esto no lo han comentado antes, pero es curioso―: exigiremos a los ciudadanos que hagan cursos de formación en emergencias. Bien, yo les hago una contrapropuesta, señorías del Partido Popular, y la tengo aquí escrita. Donde pone dar «cursos a los ciudadanos», que ponga «les daremos primero un curso a Azcón y Mazón, que no saben ni que existen los protocolos de emergencia; y, asimismo, en clases de refuerzo, estará la consellera de Emergencias Valencianas, Salomé Pradas, porque en su última prueba o examen dijo que no sabía nada de emergencias y que no sabía que se podían enviar los mensajes de ES-Alert». Con la riada del río Aguasvivas, lo que hacía falta era, precisamente, que Azcón activase la UME rápidamente, y lo que hizo fue utilizar a los bomberos forestales como peones para todo, pero cobrando como si solo fueran bomberos forestales. Pedimos que cobren como merecen los bomberos de SARGA.

Cuando visité la zona de Azuara, la gente se preguntaba, además de dónde estaba Azcón, que por qué los pontoneros no habían planteado puentes logísticos en Belchite y en Azaila. Esta gente ha tenido que aguantar medio año de carreteras cortadas. Medio año. La intervención de la UME puede solicitarse, como saben, sin llegar a la intervención del Gobierno central, si se hace bien. Es más rápido. Esto es matar moscas a cañonazos y, además, una majadería. Pero para eso, para poder convocar a la UME y que intervenga, hay que estar a los mandos de la nave, no a los mandos de un cubata. Pero en el PP, que realmente están preocupados y se les nota que están preocupados, hacen esta ley porque saben que la emergencia climática es real, que tendremos más incendios forestales, más danas, más trenes de tormentas; y lo que quieren es lavarse las manos. Señorías del PP, si no quieren gobernar, no se presenten a las elecciones. (Aplausos). De hecho, el PP propone que las emergencias sean competencia estatal porque sus gobiernos autonómicos han demostrado que son un peligro para la vida.

Señorías del PP, si creen que el barco del señor Feijóo se hunde electoralmente por la inutilidad de sus presidentes autonómicos ―que es cierto, en parte―, igual no se han dado cuenta de que la culpa de todos es de un presidente autonómico: de Feijóo. Y si quieren gobernar la emergencia climática, quizás sería buena idea alejarse de los negacionistas del cambio climático como VOX y dejar de cambiar bomberos por toreros, porque de nada sirve esto si luego viene el señor Abascal ―que estaba por aquí― y les dice que les va a hacer pasar por el aro en Extremadura. (El señor García Gomis: Pues sí). Y aún siguen preguntándose por qué VOX les quita votos. Señorías, ustedes han puesto a negacionistas al frente de parlamentos autonómicos, ustedes los metieron a ellos en los Gobiernos autonómicos, ustedes alimentan a la bestia y a sus pseudomedios y sus bulos con publicidad institucional, y ahora es la bestia la que le dice al domador que pase por el aro. Ustedes, señorías del PP, son los culpables de la inestabilidad política, del crecimiento de la ultraderecha y han condenado a su partido a ser ‘sorpasado’ por VOX, como ha sucedido en Alemania o en Francia, y si no, al tiempo.

Termino, presidente. Ahora lo importante es centrarse en las comunidades autónomas y que ustedes se tomen en serio sus competencias en Protección Civil y que atiendan de una vez por todas a los municipios rurales. Por supuesto que en el mundo rural sentimos indefensión ante gobernantes como ustedes, porque, hoy en día, hay una emergencia en el mundo rural que se llama despoblación. A ver cuándo traen medidas para solucionarlo. (Aplausos).

Fíjese, señor Pueyo, ha llamado usted a la bestia y acaba de llegar. Estoy de acuerdo, por lo menos, en su última afirmación. Efectivamente, tiempo, muy poco tiempo es el que necesitará usted para ver lo que acaba de augurar. El Grupo Popular trae hoy a esta Cámara una iniciativa interesante, llamada a abrir un debate necesario sobre una cuestión sensible. Sensible es todo lo que afecte a la España rural, a esos casi 8 millones de españoles ―el 16 % de nuestra población― que habitan esos 6664 municipios que se reparten sobre ese 84 % de la superficie de nuestra piel de toro que tiene la conceptualización oficial de medio rural. Y más si cabe, todo lo que afecte a esos 4,5 millones de españoles que tienen su hogar en municipios de menos de 5000 habitantes; aquellos que no solo padecen un mayor riesgo de aislamiento como consecuencia de su situación geográfica, sino mayores y más serias carencias como consecuencia de unos servicios, comunicaciones y suministros que les regatea una Administración General del Estado que sigue sin tratar igual a todos los españoles. La auténtica España rural, la España vaciada, y desde que el Partido Socialista gobierna este país, la España ‘vacilada’. (Aplausos). Necesario es todo lo que se encamine a abordar las urgencias vitales de esta parte de nuestra nación tan desproporcionadamente castigada por la torpeza, por la desidia y por el dogmatismo de nuestro Gobierno y, en especial, por ese Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que es incapaz de garantizar lo primero y ni siquiera se atreve a acometer lo segundo, y cuya anterior responsable, la infame Teresa Ribera, recibió una cartera de Transición Limpia, Justa y Competitiva en Bruselas, como premio a su penosa labor atendiendo las necesidades en materia de infraestructuras hídricas de los valencianos. Lleva más de un año sin pisar nuestra tierra asolada y encima ha tenido la desfachatez de negarse a comparecer en sede parlamentaria para dar explicaciones de su indolencia. (Aplausos). Interesante es lo que el Grupo Popular propone, que no es otra cosa que modificar la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, para poder calificar como emergencia de interés nacional no solo las que requieran, para la protección de personas y bienes, la aplicación de un estado de alarma de excepción o de sitio; no solo las que demanden la coordinación de diversas Administraciones por afectar al territorio de varias comunidades autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico, y no solo las que, por sus dimensiones efectivas o previsibles, requieran una dirección de carácter nacional, sino también, como se ha señalado, aquellas que afecten a más de siete municipios rurales de pequeño tamaño de una comunidad autónoma o a más de cinco de dos comunidades y que no puedan garantizar con sus propios medios ―léanse la letra pequeña de las proposiciones, señores de

SUMAR y del Grupo Socialista― la prestación de los servicios públicos necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, la continuidad del suministro, la conectividad y el bienestar social y económico de los ciudadanos.

La cuestión está lejos de ser baladí. Una catástrofe natural como, por ejemplo, la que asoló Valencia el 29 de octubre del año pasado, no se sufre de igual manera en municipios grandes y bien comunicados, dotados de infraestructuras ―Paiporta, Picaña, Chirivella―, que en municipios pequeños, alejados de las grandes vías de comunicación y con escasas dotaciones de personal ―Gestalgar, Bugarra, Pedralba―, porque, cuando los recursos son ajenos ―y no propios―, cuando están lejos ―y no a la vuelta de la esquina―, las horas corren mucho más deprisa. Y eso lo saben bien todos los que un año atrás compartieron el mismo infortunio, el infortunio que relató de manera escalofriante y en primerísima persona nuestro escritor Santiago Posteguillo: «Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que al amanecer estaría la Guardia Civil, que estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china, y al lado su madre, velando el cadáver, pero no había policía ni ejército. No vino nadie en todo un día. Todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie, hay saqueos. Pero al segundo día vendrán. Amanece, no viene nadie. No hay nadie, solo han retirado el cadáver un poquito.» ¿Cómo puede ser que en cuarenta y ocho horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar, en la España del siglo XXI? «Al tercer amanecer no había nadie; nadie institucional, porque empezaron a llegar voluntarios. Era un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagine: cadáveres que todavía no han podido retirarse, coches volcados, edificios destrozados. Ha sido muy cruel no avisar.» Pero aún fue más cruel no ayudar con la energía que hacía falta. (Aplausos). ¿Cómo se puede ser desde las instituciones tan miserable? ¿Cómo se puede ser desde las instituciones tan miserable?, se preguntaba Santiago Posteguillo. Miserable, qué palabra tan gruesa, ¿no creen? Aunque con la semana que llevamos en esta Cámara, miserable es casi un halago.

Pero alguien debería explicar a este impaciente vecino de Paiporta que la noche del 29, que la mañana del 30, que la mañana del 31 del pasado año las autoridades competentes no estaban ni mucho menos de brazos cruzados. Por el contrario, estaban debatiendo, con el lógico acaloramiento, cuál de todas ellas era competente, decidiendo quién debía estar o no en el CECOPI, a quién le tocaba pulsar el botón del Es-Alert, calibrando si la emergencia era de la suficiente entidad como para justificar la declaración del estado de alarma, contabilizando si estaba afectada más de una comunidad, si se precisaba una dirección de carácter nacional, si era menester que el ministro del Interior levantara su culo de la poltrona, si era necesario que el presidente del Gobierno interrumpiera su cena para dos en El Ventorro de Bombay.

VOX votará que sí a la toma en consideración de esta proposición de ley, y, si prospera, participará activamente en su redacción. Pero que nadie se haga ilusiones acerca de su resultado, porque, aun con la que está cayendo, lo que a sus promotores les quita el sueño, y así lo consignan, es que la actuación del Estado se dirija respetando escrupulosamente las competencias de las demás Administraciones públicas y que la misma ―sobre eso se callan― no se escape del estricto marco de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, única norma que pretenden reformar.

No es este el parecer de este grupo. En cuanto a lo primero, si la consideración que el Gobierno tiene hacia las competencias autonómicas es la que deja entrever la ministra García Gómez cuando amenaza con emplumar a la presidenta de la Comunidad de Madrid ―que creo que tiene competencias en materia de sanidad― por no poner en marcha un registro de objetores de conciencia, o la que baraja el presidente del Gobierno cuando dice que mirará con lupa las decisiones que tome el futuro Gobierno valenciano; repito, si la visión que tienen de la autonomía y del autogobierno de las comunidades es esa, que no nos miren a nosotros para tener más autonomismo que ellos. Nosotros no votamos el Título VIII de la Constitución. Nosotros no somos más autonomistas que Jordi Pujol. Y, en cuanto a lo segundo, porque a VOX nunca le temblará el pulso si llega la ocasión de aplicar no esa, sino esa otra, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, y declarar una situación de interés para la seguridad nacional, encomendar el mando único a una autoridad funcional, obligar a las autoridades competentes a poner a su servicio todos los medios humanos y materiales de que dispongan y convocar de manera inmediata a esta Cámara, pero no para repartirse otro pastel, como el que se repartieron sus señorías del lado izquierdo del hemiciclo en la mañana del 30 de octubre, sino para asumir las funciones que la ley les confiere y la decencia les exige que ejerzan, porque, señores del Grupo Popular, déjenme que les diga una cosa: gobernar no es gestionar, gobernar es decidir. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señor presidente. Señor Cabezón, no mienta y reconozca que, si todavía no tienen el dinero en Montalbán, en la provincia de Huesca, es porque no han presentado los proyectos. No mienta. (Aplausos). El Gobierno de España cumple, y cumplirá con Montalbán, en la provincia de Teruel. No venga aquí a hablarnos de reto demográfico y medio rural porque sabe que, cuando llegamos al Gobierno reto demográfico no existía en las políticas del Partido Popular y tuvimos que empezar nosotros desde el propio principio; absolutamente cierto. En fin, vamos a lo que nos trae a esta tribuna, que es ni más ni menos que una proposición de ley sobre la que una se pregunta si realmente ustedes, como le han dicho ya mis predecesores en el uso de la palabra, desconocen cómo funciona el Sistema Nacional de Protección Civil o si, por el contrario, lo saben perfectamente, porque esta propuesta es un auténtico despropósito. En el mejor de los casos, plantea cosas que ya se están haciendo, desde luego está recogido en la legislación vigente, no viene al caso o, lo que es peor, directamente supone un choque competencial con otras Administraciones. Por si acaso es ignorancia, señor Cabezón y señorías del Grupo Popular, les voy a recordar cómo funciona y en qué dos premisas básicas se basa el Sistema Nacional de Protección Civil en nuestro país. El primer pilar es que corresponde a las comunidades autónomas organizar y coordinar los medios necesarios para responder a una emergencia ―medios que previamente habrán tenido que planificar y financiar las comunidades autónomas, conforme a sus propios planes territoriales de protección civil―, y el segundo pilar en el que se basa nuestro Sistema de Protección Civil es que la intervención operativa del Gobierno central, cuando el Gobierno toma el mando, se reserva para los casos de emergencia de interés nacional, aunque eso no es óbice para que desde el principio todos los medios estén a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales, según los soliciten. Y así lo ha hecho este Gobierno en todas aquellas situaciones de crisis que ha vivido nuestro país, con la diligencia debida y tomándose en serio las emergencias. Por eso la UME empezó a desplegarse en Valencia cuando Mazón no había pedido ni el segundo plato. (Aplausos). Por eso la UME ya estaba en León combatiendo los incendios mientras Mañueco seguía en la playa. Por eso el delegado del Gobierno en Galicia se hizo cargo de la situación tras el apagón mientras Rueda se iba a dormir. Y yo me pregunto, si cada vez que pasa cualquier cosa se van a quitar ustedes de en medio, ¿para qué quieren gobernar? ¿Para qué se presentan ustedes a gobernar? ¿No será que ustedes son conscientes de que sus presidentes autonómicos están reduciendo y recortando los recursos para prevenir emergencias? ¿No será, como ya le han dicho mis antecesores en el uso de la palabra, que ustedes son conscientes de la manifiesta incapacidad de sus presidentes autonómicos? En la exposición de motivos de esta proposición de ley, donde se dedican básicamente a enumerar porcentajes de población por tamaño de municipio, deberían recordar que detrás de esos porcentajes, señorías, hay personas, personas de carne y hueso (aplausos); personas de las que ustedes solo se acuerdan en las emergencias, pero que viven y residen en el medio rural todos los días del año. Me van a permitir recordarles, señorías del Grupo Popular, que esos ciudadanos residentes en el medio rural tienen necesidades que han de ser cubiertas de manera responsable, adecuada y digna, según el marco competencial que hemos aprobado en este país, por las comunidades autónomas; sí, señor, por las comunidades autónomas. Se acuerdan ahora de lo rural en las emergencias, pero no del bienestar cotidiano de quienes viven en esos municipios. No se preocupan del transporte diario que tiene que llevar a trabajar, a estudiar o a ir al médico a esos habitantes. No se preocupan de que los vecinos del mundo rural puedan pedir una cita médica antes de una semana. No se preocupan de la dependencia cuando la necesitan. Y tampoco parece importarles si la pensión de esos mayores se revaloriza o si los jóvenes disponen o no de un trabajo digno y una vivienda donde residir. En definitiva, pretenden acordarse ahora del mundo rural en lo extraordinario, cuando no saben ni gestionar lo ordinario, ni siquiera recibiendo una inyección, como la que han recibido del Gobierno de Pedro Sánchez, de más de 300 000 millones de euros en los últimos años. (Aplausos). Pero aquí hay un Gobierno y un Partido Socialista que, tanto si llueve como si no, se preocupa y se ocupa de los ciudadanos, de los que viven en el medio rural y de los que viven también en las ciudades, de los trabajadores y de los desempleados, de los jóvenes y de los mayores, de los enfermos y de los que aspiran a seguir estando sanos.

Por eso, ante esta realidad, ustedes están aquí ensimismados, en la estulticia de proposiciones de ley sin contenido. Y, si es ignorancia, tienen remedio: estudien más, lean mejor las leyes. (Aplausos). Si es porque este es su modelo, entonces es preocupante, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Si supieran gestionar lo ordinario, ahora no habría miles de mujeres en este país temiendo por los datos de sus cribados de cáncer. Si supieran gestionar lo extraordinario, no habrían recortado en un 90 % los gastos en extinción de incendios en Castilla y León.

Y todo esto ocurre mientras ustedes están en una carrera frenética con VOX para ver quién propone más rápido la ocurrencia del día. Se quejan de falta de financiación en las comunidades autónomas donde gobiernan y luego devuelven fondos que no son capaces de gastar, como los 20 millones de euros que ha devuelto la Xunta de Galicia, que estaban dedicados a escuelas infantiles (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular: ¡Mentira!). De eso, nada. Hablan de infrafinanciación, y luego no aceptan la quita de la deuda cuando se les pone encima de la mesa. ¿Es también mentira? Hablan de presión fiscal, y luego bajan impuestos a los más ricos. Les voy a poner otro ejemplo de mi tierra. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El señor Rueda se vanagloria de que se ha ahorrado 800 millones en los presupuestos de este año. ¿Saben a cuántos gallegos y gallegas va a favorecer esa reducción de impuestos? Al 4 %, señorías del Grupo Parlamentario Popular, al 4 % de los gallegos. (Aplausos). El resto, el 96 % de gallegos y gallegas, veremos cómo nuestros servicios públicos se van deteriorando, por la inacción y la falta de financiación de la Xunta del Gobierno del Partido Popular.

Por eso, cuando acusan al presidente Sánchez de querer seguir gobernando este país, les decimos desde este grupo parlamentario: Pues sí, a mucha honra y ojalá que durante mucho tiempo. Continuaremos trabajando sin descanso para que los ciudadanos nos sigan dando su confianza, con el objetivo de construir un país mejor, más justo y más decente para quienes viven en el rural y también para quienes viven en las ciudades, para todas y para todos los ciudadanos. Y mientras en frente seguiremos teniendo la nada, voces sin proyecto, cacareo hueco de las mismas consignas que la ultraderecha, a la que aspiran a parecerse cada día un poco más. Y remato, señora presidenta, en na miña lingua para dicirlles que VOX e PP a mesma cousa é.

Muchas gracias. (Aplausos).