Interpelación urgente relativa a los planes del Gobierno para facilitar la jubilación de trabajadores y trabajadoras con más de 40 años cotizados sin penalización.

Gracias, presidente. Ministra, señorías, comparezco ante esta Cámara como diputada de Podemos para denunciar la profunda e inaceptable injusticia social, bajo nuestro punto de vista, que afecta a novecientos mil pensionistas de nuestro país, es decir, a casi uno de cada diez pensionistas. Hablo de la labor que ha traído al Congreso la asociación ASJUBI40, que lleva diez años luchando contra la penalización de por vida a quienes se jubilaron anticipadamente, ya fuese de forma voluntaria o forzosa, tras haber cotizado más de cuarenta años a la Seguridad Social. Desde siempre nuestro grupo ha recogido el guante de estas justas reivindicaciones; presentamos ya en el año 2017 una proposición de ley que fue tumbada por el Gobierno de turno, también hemos presentado otra en 2024 y, además, más recientemente, ya en el año 2025, hemos incluido a favor de ASJUBI40 una enmienda a la ley de mutualidades. Tengo que decir, además, que durante este verano la asociación ASJUBI40 ha estado manteniendo contacto con distintos europarlamentarios de diferentes grupos políticos, informándoles sobre estas reivindicaciones para eliminar los coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas, tanto forzosas como voluntarias, a personas que, como digo, han cotizado más de cuarenta años y que actualmente están jubilados. Comenzaron a hacer este trabajo en el Parlamento Europeo en el año 2023, y ha culminado con una queja ante la Comisión de Peticiones el 17 de marzo de 2025. El 24 de septiembre, hace poco tiempo, miembros de la asociación ASJUBI40 se presentaron en el Parlamento Europeo para asistir a la votación del trámite en la Comisión de Peticiones. El presidente de la comisión dio voz al presidente de ASJUBI40, a su representante legal, Juan Ignacio Navas, siguiendo después con las intervenciones de cada representante de los diferentes grupos políticos. Sin embargo, tengo que decir que la representante del Partido Socialista en la comisión no asistió a esa votación, después de haber dado la razón a ASJUBI40 en una reunión mantenida justamente el día anterior. Pero el resultado final fueron los votos a favor de los grupos que estaban presentes en esa comisión, y lo que se decidió es que esa queja siguiese su curso bajo tres vías: una, que se pasase esa queja a la Comisión de Empleo; otra, que se mandase una carta al Gobierno de España para que se pronunciara justamente sobre esta queja planteada; y una última, que se hiciese un estudio en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Parlamento Europeo. Por eso quería hacerle la pregunta, ministra, de si ha recibido el Gobierno esta notificación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo; si la han recibido y si han contestado ya a la Comisión de Peticiones. Y si lo han hecho, nos gustaría saber también en qué sentido lo han hecho. Por otro lado, también quiero decir que esta asociación ha conseguido muchísimos avances en estos diez años. Han presentado proposiciones no de ley en los diecisiete parlamentos autonómicos de este país, muchas de las cuales han sido presentadas también por el Grupo Socialista ―‌lo tengo que recordar― y por otros grupos parlamentarios que están aquí hoy, y han conseguido que se aprueben en dieciséis de ellos, en todos menos en el de La Rioja. Se han presentado y aprobado dos PNL aquí, en el Congreso de los Diputados; se ha presentado una moción también en el Senado; y se han presentado mociones en más de cincuenta ayuntamientos del Estado español y más de una decena también en diputaciones provinciales. Señora ministra, todas esas instituciones han aprobado esas mociones. Además, se han presentado por parte de ASJUBI40 quejas en los defensores del Pueblo de Andalucía, Castilla y León y País Vasco, pero también aquí, en la defensoría del pueblo estatal. Queremos saber si ustedes saben y se imaginan el brutal trabajo que esto conlleva para una asociación que lleva diez años luchando por unos derechos justos y por unas pensiones dignas. Lo peor de todo esto que acabo de decir ―‌que se han presentado en los diecisiete parlamentos autonómicos, en el Congreso, en ayuntamientos, en diputaciones provinciales― es que los Gobiernos de turno han hecho caso omiso a lo que los propios partidos han votado en los parlamentos autonómicos y en el resto de las instituciones. Entonces, queremos preguntarle cómo al final se puede gobernar de espaldas a lo que está dictando el 99 % de los españoles a través de sus parlamentarios autonómicos. Esto también supone una discriminación ―‌y así hay que decirlo―, porque ahora, con la jubilación demorada, una persona que tiene cotizados treinta y seis o treinta y siete años y decide trabajar uno o dos años más a partir de su edad legal de jubilación recibe como premio un 4 % más por cada año; en cambio, una persona que tiene cotizados cuarenta años, cuarenta y cinco y hasta cuarenta y siete, como pasa con muchas personas con las que nos hemos reunido de la asociación ASJUBI40, si adelanta su jubilación, ya sea de manera voluntaria o por motivos involuntarios, se le aplica un castigo de por vida con unos coeficientes que a todas luces son injustos y también excesivos. Por eso queríamos preguntarle por qué se penaliza con una cadena perpetua a personas que han cotizado muchos más años de lo exigido para tener el cien por cien de su pensión y, sin embargo, se beneficia en estos momentos con un plus a personas que deciden aplazar su jubilación durante un año o varios años más con bastantes menos cotizados. También quería preguntarle si consideran que es un trato discriminatorio o no y qué van a hacer para solucionar esta injusticia social. Entendemos que no se puede penalizar a las personas que más han cotizado en sus largas carreras profesionales.

Pero aún hay más, y es que vamos a hablar también de la discriminación que sufre el colectivo en comparación con las clases pasivas del Estado y otros colectivos. Yo sé, señora ministra, que esto les molesta especialmente a usted y al secretario de Estado, pero hay que decirlo también alto y claro. Llevamos años escuchando que las clases pasivas del Estado es un régimen a extinguir ―‌hoy hay aproximadamente setecientas mil personas en este régimen―, pero es que el colectivo ASJUBI40 también es un colectivo a extinguir. Porque yo les pregunto: con el índice de paro juvenil que tenemos en España, uno de los mayores de toda Europa, con jóvenes que llegan al mercado laboral ya con 25 o 30 años, y con la política de empleo de las grandes empresas, que empiezan a mandar a la cuneta del mercado laboral a las personas de 50 y 55 años, ¿quién va a llegar al año 2030 o al año 2040 habiendo cotizado más de cuarenta años o más de cuarenta y cinco? Sinceramente, creemos que casi nadie. Una persona de clases pasivas se puede jubilar a los 60 años si tiene treinta y cinco o más cotizados ―s‌ on casi siete años menos de los que necesita un trabajador del régimen general para acceder a la jubilación ordinaria, siete años de diferencia―, pero en ASJUBI40 hay personas que tienen cuarenta, cuarenta y dos, cuarenta y cinco y cuarenta y siete años cotizados y algunos están penalizados hasta con un 30 % de su pensión para toda la vida. Creemos que esto es una discriminación y que no es justo. Y al colectivo de clases pasivas se le unen otros colectivos que también dilucidan que existe esa discriminación, que con 59 o 60 años se pueden jubilar con el cien por cien de la pensión: policías locales, mossos, conductores de trenes, personal de vuelo, artistas, etcétera. La pregunta es muy simple, pero también es demoledora: ¿por qué esta discriminación entre estos colectivos?

Nuestro grupo, para ahondar en este tema, volvió a presentar una vez más, el día 23 de mayo de 2024, una proposición de ley que todavía no se ha tramitado. Si el Gobierno apoya estas reivindicaciones, ¿por qué no se presenta desde el propio Gobierno esta proposición? ¿Por qué el Grupo Parlamentario Socialista no ha firmado esta proposición para que se pueda traer y debatir con su cupo, que nosotros estamos en el Grupo Mixto? ¿Y por qué no la impulsan desde el Partido Socialista, desde SUMAR o desde el Gobierno? Queríamos preguntarle si es que realmente este Gobierno tiene la intención de mantener la penalización en la pensión, como he dicho antes, equiparándola a una cadena perpetua para quienes iniciaron su vida laboral a los 14 años, que no se nos olvide, muchas veces con jornadas de diez horas diarias, de lunes a sábado, algunas veces sin ni siquiera descansar ni un día, y que, además, se vieron forzados a una jubilación anticipada debido a circunstancias muy adversas y también empresariales, acumulando, como digo, más de cuarenta años de cotización.

Señora ministra ―y‌ también aludo a los grupos parlamentarios de esta Cámara―, esta situación es injusta. Y, además de todas estas preguntas, me gustaría que dejase claro aquí si de verdad el Gobierno tiene alguna alternativa y alguna propuesta para solucionar este problema que nos parece de especial gravedad y también, cómo no, injusto y discriminatorio.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención, señora Velarde, afirmando que la normativa que tenemos en materia de jubilación es el resultado de consensos muy amplios que tuvieron lugar fundamentalmente en la pasada legislatura, consensos en el marco del diálogo social con agentes sociales, en las Cortes Generales, a través de distintas votaciones que obtuvieron el respaldo mayoritario y transversal entre los distintos grupos de esta Cámara y también con el aval de la Comisión Europea. Entre todos conseguimos crear un marco de certidumbre que tanto demandaba la sociedad española, particularmente los trabajadores y trabajadoras y los pensionistas. Este gran acuerdo se consiguió sobre la base de dos aspectos que creo que es muy importante destacar esta mañana. En primer lugar, garantizamos por ley el poder adquisitivo de los pensionistas, incrementando aún más las pensiones más bajas. Y, en segundo lugar, recuperamos el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones, que tan mermado dejó el último Gobierno del Partido Popular. El fortalecimiento de los ingresos al sistema, gracias a la reforma laboral y a las reformas emprendidas en la Seguridad Social, ha hecho que hoy acumule más de 11 000 millones de euros y nuestra meta es que alcance los 27 000 millones de euros a finales de esta legislatura, impulsado por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Sobre el mantenimiento del poder adquisitivo le pongo dos ejemplos. Imagínese una pensión que en el año 2018 fuera de 1090 euros al mes. Hoy esa pensión es de 1360 euros al mes. Se ha incrementado 270 euros, un 24,7 % desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. (Aplausos). Sin embargo, si desde 2018 se hubiera aplicado el índice de revalorización de las pensiones aprobado unilateralmente ―‌insisto, unilateralmente― por el Partido Popular, es decir, un 0,25 anual, que todos los pensionistas recuerdan bien, esos 1090 euros de 2018 hoy serían 1109 euros, es decir, 19 euros más, apenas un 1,7 % en siete años. Frente a los 270 euros al mes de Pedro Sánchez, 19 euros al mes del Partido Popular. En cómputo anual, 3780 euros frente a 266. Esto es una diferencia de 3514 euros que este pensionista no tendría en su cuenta corriente si hubiera seguido gobernando el Partido Popular. Y si hablamos de pensiones mínimas, la situación es aún más clara. La pensión mínima en 2018, con cónyuge no a cargo, fue 624 euros al mes; hoy es 830 euros al mes, es decir, 206 euros más, un 33 % más desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. (Aplausos). Sin embargo, si desde 2018 se hubiera aplicado el índice de revalorización de pensiones del Partido Popular, es decir, 0,25 euros al mes, 624 euros, esos 624 serían 635, esto es, 11 euros más, un 1,7 % en siete años. Frente a los 206 euros al mes de Pedro Sánchez en pensiones mínimas, 11 euros al mes del Partido Popular; y en un año, 2884 euros frente a 154 euros, una diferencia de 2730 euros al año que los pensionistas que cobran una pensión mínima sin cónyuge a cargo no tendrían en su cuenta corriente si hubiera seguido gobernando el Partido Popular. Hago esta introducción porque me parece muy relevante fijar el punto de partida del que veníamos y lo que hemos hecho por los pensionistas de este país, también, por supuesto, señora Velarde, con el apoyo de su formación política. La cuestión que usted plantea ya fue objeto de debate en la Comisión del Pacto de Toledo, una comisión que acabó elevando unas recomendaciones a este Pleno que este Pleno aprobó con una mayoría bastante amplia, con solo dos votos en contra. En cumplimiento de la recomendación 12 del Pacto de Toledo, en julio del año 2021, se entregó a esta comisión el informe que elaboró la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre el acceso a la pensión de jubilación anticipada para trabajadores con carreras de cotización largas. En este informe, entre otras cosas, se pone en valor que nuestro sistema de reparto se basa en dos elementos fundamentales: la edad de jubilación y el tiempo de cotización. Son dos aspectos que se combinan en nuestro sistema de manera equilibrada, con equidad y sostenibilidad. La jubilación anticipada ha tenido diferentes modificaciones en el diseño original a consecuencia de las reformas. Estos cambios se han ido haciendo en consonancia con las directrices que mandan las recomendaciones del Pacto de Toledo referentes a la prolongación de la vida laboral de los trabajadores. La Ley 21/2021 es especialmente importante porque garantiza revalorizar las pensiones conforme al IPC, en la consideración de que es la única renta que van a tener los pensionistas el resto de su vida y que esta medida además beneficia particularmente a quienes han salido antes del mercado de trabajo. Una segunda consideración que introduce esta ley es la reorganización de los coeficientes reductores, mejorando las condiciones de acceso y el cálculo de la pensión en el caso de una jubilación anticipada involuntaria. Y un tercer aspecto tiene que ver con la corrección de casos en los que hay una mayor vulnerabilidad. En la disposición adicional primera de la Ley 21 se estableció una compensación económica para quienes hubieran accedido a una jubilación de forma anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, en determinados supuestos de largos periodos de cotización ―‌cuarenta y cuatro años y seis meses― y, en su caso, baja cuantía, si se acreditaban cuarenta años de cotización y pensión inferior a 900 euros a 1 de enero de 2022. La Seguridad Social, el INSS, reconoció de oficio a los jubilados que se beneficiaron de estos complementos. Le informo que el número de complementos reconocidos ascendió a 104 000.

Señorías, somos también plenamente conscientes de la necesidad de establecer excepciones a la edad ordinaria mínima de retiro para permitir que, por ejemplo, a determinados sectores de actividad caracterizados por la penosidad, la peligrosidad o la insalubridad se les posibilite adelantar la edad de jubilación sin penalizar las pensiones. Por eso aprobamos en mayo de este año el decreto por el que se regula el procedimiento para determinar estos supuestos en los que se procede a permitir anticipar la edad de jubilación antes de la edad legal.

Señoría, para ahondar en el debate que plantea su interpelación es necesario disponer de una mirada, como hacemos siempre en el ministerio, con perspectiva de género. Digo esto porque la jubilación anticipada es una modalidad a la que recurren mayoritariamente los hombres. Menos del 23 % corresponde a mujeres con carreras de cotización de cuarenta o más años, lo que pone de manifiesto las persistentes dificultades de acceso y de permanencia en el mercado de trabajo que han tenido las mujeres. Para afrontar esta realidad pusimos en marcha el complemento para reducir la brecha de género en pensiones, haciendo más generoso y progresivo el complemento que había implantado el Partido Popular. Conseguimos que tres de cada cuatro mujeres con hijos que se incorporan al colectivo de pensionistas tengan un mayor beneficio económico que con la normativa anterior de la derecha. La modificación fue negociada y acordada con los interlocutores sociales, plasmada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y aprobada también en esta Cámara, haciendo que el complemento de brecha de género sea hoy una herramienta más justa y eficiente.

Si miramos lo que ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea, tengo que decirle que es posible jubilarse anticipadamente, pero también es habitual que a dicha modalidad de jubilación se le aplique una corrección. Son pocos los países que han decidido implantar una jubilación anticipada sin penalizar los casos de largos periodos de cotización y, además, también le digo que los requisitos de acceso son muy exigentes. Por ejemplo, en Alemania es posible acceder a una jubilación anticipada a partir de los 63 años, pero con una penalización del 0,3 % por cada mes de anticipación, es decir, un 3,6 % anual. Esta penalización no se aplica para carreras de más de cuarenta y cinco años cotizados si la edad de jubilación es superior a 64 años y dos meses en el año pasado, lo cual se irá incrementando hasta alcanzar los 65 años en 2028. En el sistema de pensiones portugués, las pensiones se reducen un 0,5 % por cada mes de anticipación, pero no se aplica en caso de que haya periodos de cotización superiores a cuarenta y ocho años o haber cotizado cuarenta y seis años e iniciado una carrera laboral antes de los 17 años. Le podría dar más ejemplos, si bien le informo que en ningún país ―‌en ningún país― se eliminan los coeficientes reductores en los términos de su interpelación. Incluso le indico que la configuración en el acceso a la jubilación anticipada en España es similar a los países de nuestro entorno. Señoría, en todos los países los coeficientes mejoran la equidad del sistema al prevenir la desigualdad en las condiciones de acceso que se produciría si a dos trabajadores que han cotizado lo mismo se les concediera el mismo importe de pensión aunque uno de ellos se haya jubilado antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

Por último, señora Velarde, sabe que en todo caso cualquier iniciativa tendente a modificar el régimen jurídico del sistema público de la Seguridad Social deberá ser analizada y dialogada en la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, el diálogo social, las Cortes Generales y la Comisión Europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señora ministra, aunque agradezco su intervención y su exposición, tengo que decir que me sorprende que no haya contestado a ninguna de las preguntas concretas que le he hecho durante mi intervención respecto a si se ha trasladado al Gobierno, por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la queja y, si es así, qué le han contestado. Tampoco me ha respondido a si se va a buscar alguna solución por parte de este Gobierno.

Ha hablado usted también de la Comisión permanente del Pacto de Toledo y de las bondades de este Gobierno. Solamente quiero recordarle que he sido vicepresidenta de la Comisión permanente del Pacto de Toledo durante cuatro años la legislatura pasada, cuando Podemos estaba en el Gobierno, por tanto, conozco perfectamente qué se aprobó ahí y los adelantos que tuvimos en esta materia, y también la presión que ha ejercido mi grupo parlamentario, Podemos, siempre dentro del Gobierno, para que por fin se hiciese justicia con los pensionistas y se subieran las pensiones, y para que a las personas que se vayan a jubilar no se les penalice su pensión. Todas esas luchas las hemos llevado a cabo por parte de Podemos, lo mismo que la subida del salario mínimo interprofesional, el ingreso mínimo vital u otras tantísimas luchas. Pero usted no me está respondiendo realmente al problema que hay. Estamos hablando de un colectivo que, como digo, está en vías de extinción. Dentro de unos años ―e‌ n 2030, en 2040―, debido a la edad en la que se empieza a ejercer la carrera profesional por parte de la juventud y también, como he dicho antes, por las empresas, que a los 50 o 55 años, directamente, no quieren a los trabajadores y les dejan en esa cuneta laboral, no va a haber carrera de cotización. Tendremos que hacer algo, tendremos que buscar alguna solución para ello.

Y ya que me he hablado del Pacto de Toledo, me gustaría decirle que hace meses que ASJUBI40, a través del Registro del Congreso, envió una carta dirigida a la presidenta de la Comisión permanente del Pacto de Toledo solicitando poder comparecer en dicha comisión. Hoy siguen esperando esa respuesta, nadie les ha respondido. ¿Va a responder a esta petición? Creo que no se puede dar la callada por respuesta cuando quieren comparecer ante esa comisión y explicar los pormenores de sus reivindicaciones. Como ya he comentado, el 30 de julio de este año, representantes del comité de ASJUBI40 se reunieron con el secretario de Estado de Seguridad Social, el señor Borja Suárez. Al final de esa reunión quedaron en volverse a ver porque había muchas preguntas en las conversaciones que tuvieron que, por falta de tiempo, se quedaron sin contestar, sin embargo, todavía no se les ha vuelto a emplazar. ¿Va a recibir el señor Borja Suárez a los representantes de ASJUBI40 para dar respuesta a los temas que quedaron pendientes? También se lo pregunto.

Termino diciendo que esto va también para toda la Cámara. Todos y todas sabemos que los representantes de ASJUBI40 se han reunido con las y los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y también con miembros del Pacto de Toledo, incluida su actual presidenta. Y siempre en cada una de las reuniones se les ha dado la razón, tanto dentro del Pacto de Toledo como también por parte de los grupos parlamentarios, a esa justa reivindicación. Pero, señorías, señores diputados, señoras diputadas, creo que es el momento ya por fin de mojarse y dar un paso adelante. Es el momento de participar de forma activa para solucionar esta injusticia de este colectivo que, como todos saben, afecta a más de 900 000 personas y es lo suficientemente importante como para que dejen de actuar, sinceramente, de forma pasiva y comiencen todos y todas a intentar solucionar esta injusticia. ASJUBI40 les necesita y por eso también hemos presentado una enmienda a la proposición de ley que presentó el Grupo Socialista para el tema de las mutualidades. Tanto nosotras como todo el colectivo les pedimos que voten a favor, estaremos muy pendientes también de ese voto. Asimismo, tengo el dosier de ASJUBI40, lo tienen todos los grupos parlamentarios, y estoy a disposición por si alguno o alguna no lo tiene para entregárselo. Entendemos que es el momento de actuar sí o sí, porque está en la mano de todos los grupos parlamentarios solucionar esto. Esto no puede ser una cuestión de dinero —y‌ aquí termino—, como dijo el secretario de Estado Borja Suárez, que es lo que le dijo a ASJUBI40 cuando se reunieron el 30 de julio, que era muy costoso solucionar este tema. Esto es una injusticia y hay que solucionarlo cueste lo que cueste. Es un tema de justicia social y a la justicia social no se le pone precio, y si se le pone precio, desde luego, es que no se está gobernando bien.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente.

Señora Velarde, nuestro sistema dispone de mecanismos de justicia social para evitar tratar igual lo que no es igual. Creo que en mi primera intervención le he dado datos que así lo avalan. La reforma de las pensiones que estamos desplegando, en la que su partido participó activamente, es un hito histórico, cimentando un sistema de protección social más robusto, más equitativo y protector para el conjunto de la ciudadanía. Hemos conseguido devolver la tranquilidad a millones de pensionistas que veían año a año cómo sus ingresos se erosionaban cuando gobernaba el Partido Popular, los mismos, por cierto, que ahora votan en contra de cualquier medida del Gobierno, aun cuando estas medidas son positivas para la ciudadanía. La reforma de las pensiones no solo ha mirado por los jubilados actuales, sino que también ha fortalecido el sistema pensando en las futuras generaciones. Hemos mejorado la equidad del sistema para aquellos con carreras laborales irregulares. Se ha introducido la opción de elegir el periodo de cómputo más beneficioso, dando mayor flexibilidad y justicia en el cálculo de sus futuras pensiones. También se han implementado mejoras en las pensiones mínimas, asegurando prestaciones dignas para colectivos más vulnerables y demostrando nuestro compromiso social firme e inquebrantable. Además de la revalorización, las reformas han abordado con inteligencia el desafío demográfico mediante la introducción del mecanismo de equidad intergeneracional. Este mecanismo, junto con el resto de las medidas, aseguran que el sistema sea viable a largo plazo sin debilitar el estado de bienestar para los jóvenes, porque también miramos hacia los jóvenes. La reforma de pensiones, señora Velarde, ha sido un éxito por su capacidad para generar consensos con los agentes sociales, con esta Cámara y también con Europa. Este enfoque progresista y solidario demuestra que es posible abordar desafíos futuros como lo estamos haciendo, con responsabilidad y sin sacrificar derechos. Frente a las narrativas que presentan las pensiones como una carga insostenible para la economía, los hechos, los datos y las leyes impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez ahí están para garantizar, además, una cohesión social y una cohesión territorial. La reforma que hicimos ha modernizado y fortalecido el sistema de pensiones español, devolviendo la confianza en el futuro del sistema público de la Seguridad Social. Señoría, cuidémoslo.

Muchas gracias. (Aplausos).