Proposición de Ley sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad.

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías, quiero comenzar con una palabra que lo resume todo: respeto. Respeto viene del sustantivo en latín respectus y del verbo respectare, que significa mirar de nuevo, volver a observar; se trata de no quedarnos con la primera impresión, sino detenernos y mirar con empatía. (Rumores). Y antes de entrar en el fondo de la cuestión, señorías, déjenme decirles que lamentablemente hace tiempo que en esta Cámara hemos dejado de respetarnos. Hemos dejado de escuchar, de empatizar y de considerar al otro. (Aplausos). La derecha y la ultraderecha se han acostumbrado a usar esta Cámara para traernos debates vacíos, para insultar, faltar el respeto ―como hemos visto hace un momento― y buscar titulares fáciles. Pero allá afuera, en la calle, la ciudadanía está abriendo los ojos. Ha dicho: ¡basta ya! Y lo hemos visto este fin de semana en Sevilla, en Valencia. Fuera de aquí hay una sociedad que nos observa y que ya no se reconoce en este espejo. Somos el reflejo de la gente y cuando la gente nos mira, no espera insultos ni descalificaciones, espera respeto, altura política y soluciones a sus problemas. (Aplausos). El pasado miércoles, mi compañera diputada y secretaria general del Grupo Socialista, Monse Mínguez, se tuvo que dirigir a la Presidencia del Congreso para quejarse ante la continua falta de respeto, de insultos y mentiras que provenían de la derecha y la ultraderecha en esta Cámara. Y se han presentado, como saben ustedes, dos quejas formales a la Mesa del Congreso por parte del Grupo Socialista.

Yo vengo de un pueblo de Granada, Cúllar Vega, donde el respeto no se predicaba, se practicaba. Nuestros padres nos enseñaron a respetar a la maestra, al médico, al alcalde, a los vecinos y a las vecinas, y también al que piensa distinto. Nos enseñaron que el respeto se demuestra con hechos y no solo con palabras. Por eso, hoy traemos a esta Cámara una proposición de ley sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad, porque el respeto, la dignidad y la empatía también se practican con hechos concretos. (Aplausos). Señorías, no ocupar una plaza de estacionamiento reservado a personas con discapacidad también es una forma de respeto.

Permítanme que hoy les hable de José Miguel y de su padre, vecinos de mi municipio. José Miguel tiene una enfermedad neuromuscular, la distrofia muscular de Duchenne. Desde los cinco años, utiliza una silla de ruedas debido a su pérdida de musculatura. Viven en un piso y tienen una plaza de aparcamiento reservada cerca de su casa, pero, si su padre no logra aparcar en ella porque otro vehículo sin tarjeta ha ocupado ese espacio, la vuelta a casa se convierte en una carrera de obstáculos. Cuando José Miguel va a su centro escolar en Granada, de las nueve plazas reservadas que hay cerca de su colegio, la mayoría están ocupadas por vehículos sin tarjeta de discapacidad. Imaginen la impotencia de ver cómo tu hijo llora porque no puede bajarse del coche, de ver cómo diariamente tienes que estar llamando la atención a la gente, discutiendo y exigiendo que se cumpla la ley. Así llevan más de catorce años, soportando esta falta de respeto. El de José Miguel no es un caso aislado, miles de personas con discapacidad en toda España sufren cada día el egoísmo y la indiferencia de quienes anteponen su comodidad por encima de los derechos de las personas con discapacidad. Eso, señorías, también es una forma de discriminación que nos ha hecho llegar el CERMI, al que aprovecho desde aquí para darle las gracias por seguir influyendo para que avancemos en igualdad. (Aplausos). Por ello, esta proposición de ley pretende modificar la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial para que ocupar indebidamente una plaza reservada a personas con discapacidad sea considerada una falta muy grave.

Esta proposición de ley que hoy debatimos no es solo una norma de tráfico, es un recordatorio de humanidad. Queremos que sea considerado como una falta muy grave ocupar indebidamente una plaza para personas con discapacidad, porque cuando las palabras no bastan a veces solo las sanciones hacen que algunas personas lo entiendan y se pongan en el lugar del otro. Señorías, sabemos que una multa no cambia el mundo por sí sola. Por eso necesitamos más educación, más conciencia, más empatía, más sensibilización y, también, más plazas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad. Necesitamos más educación para que cuando alguien vea una plaza reservada para personas con discapacidad piense en José Miguel y en su padre y en tantas familias y personas con discapacidad que solo piden algo tan sencillo como poder vivir con dignidad. (Aplausos). Aunque sabemos que esto no bastará, será un paso más para concienciar y hacer justicia.

Hoy, como socialista, me siento profundamente orgullosa del trabajo que han hecho ―y siguen haciendo― este Gobierno progresista y este grupo parlamentario para conseguir la plena igualdad de las personas con discapacidad y sus familias. Este Gobierno ha triplicado la financiación de la ley de dependencia, puesto que ha alcanzado los 4000 millones de euros, frente a la inversión que nos dejó Rajoy en 2018 que no llegaba a los 1350 millones. Junto con otras fuerzas políticas, hemos aprobado la ley ELA, que el Gobierno ha dotado económicamente y la ha desarrollado. También hemos conseguido aprobar la reforma del artículo 49 de la Constitución, para eliminar de una vez por todas la palabra ‘disminuido’ y sustituirla por el reconocimiento de «la plena autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad». En esta etapa se ha garantizado el derecho al voto de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual. Se ha reformado la legislación civil y procesal para que cuenten con los apoyos necesarios y puedan tomar sus propias decisiones. Hemos hecho posible una educación inclusiva para que un niño o niña con discapacidad pueda estudiar en su pueblo, con sus compañeros y sin barreras. Se ha modificado el Código Penal para erradicar la esterilización forzosa no consentida de mujeres con discapacidad. Se ha aprobado una ley para regular la accesibilidad cognitiva, acercándonos a una accesibilidad universal real. Esta es un Gobierno que trabaja en un nuevo modelo de cuidado en la comunidad para avanzar en la desinstitucionalización y garantizar que todas las personas puedan vivir en espacios dignos y humanos. Además, este Gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto de ley para reformar la ley general de los derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia y dotarlas con más derechos y mejores prestaciones. Espero que lo hagamos realidad entre todos y todas. También es un Gobierno que está trabajando en la cooperación internacional para las personas con discapacidad que necesitan nuestra ayuda puedan mejorar su vida, como los miles de niños y niñas palestinos que han perdido algún miembro de su cuerpo en este genocidio que se ha cometido en

Gaza. (Aplausos). Señorías, eso es hacer política útil; eso es mirar dos veces, pensar en el otro y actuar con justicia y con respeto.

Pero hay que decir alto y claro que mientras este Gobierno trabaja por la igualdad y la dignidad de las personas con discapacidad, hay otros gobiernos que recortan, degradan y privatizan los servicios públicos y miran hacia otro lado. En Andalucía, mi tierra, a pesar de recibir 7000 millones de euros más por parte del Estado ―lo repito, 7000 millones más―, tenemos la sanidad pública con los peores índices de su historia. Ya llevamos cuatro consejeros de sanidad, pero aún puede cesar alguno más, porque más bajo no se puede caer cuando se ningunea, se engaña y se juega con la vida de las mujeres enfermas de cáncer de mamá. (Aplausos). Señorías, cuando el señor Antonio Sanz, consejero de Sanidad, les dice a estas mujeres que mienten, mientras ellas siguen sin saber qué ha sido de sus pruebas y está en juego sus vidas, eso no es gestión, eso es crueldad.

Hay muchos más ejemplos de este desastre de gestión. En mi provincia, en Granada, hay retrasos de hasta cuatro años en la valoración de la discapacidad. Deberían trabajar veintitrés personas en ese centro de valoración y orientación, pero hay solo seis personas trabajando. Eso no es eficiencia, señorías del Grupo Popular, eso es abandono. Abandono a los centros que atienden a las personas con discapacidad, que han tenido que asumir subidas salariales del 10 %, mientras la Junta solo ha aumentado las plazas concertadas un 4 %; abandono a las personas en situación de dependencia, que tienen que esperar 559 días a que valoren su situación; abandono a la atención primaria, con retrasos en la cita con su médico de familia de más de quince días; abandono porque tiene las listas de espera más altas para ver al especialista, y abandono en definitiva de todo lo que es público para seguir con su plan de privatización de nuestros servicios públicos, que son de todos los andaluces y las andaluzas. No lo olviden, son los que nos igualan.

Como siempre, señorías del Grupo Popular, ponen en marcha su estrategia: en lugar de asumir sus competencias, se dedican continuamente a echar balones fuera. Son ustedes expertos en echar balones fuera y culpar al Gobierno de España de todos sus males. Pero hay que recordarles que son sus competencias y que tienen que ejercerlas. El señor Moreno Bonilla podrá gastar millones de euros en publicidad y en comunicación para intentar vender una cara amable, pero los andaluces y las andaluzas están despertando. Como ya hicieron otras veces, se han levantado para reclamar lo que es suyo: una sanidad pública digna, una educación pública y de calidad y unos servicios sociales que lleguen a todos. Lo harán de nuevo, porque la bandera de Andalucía es blanca y verde, igual que lo son las batas blancas y verdes de los profesionales que sostienen nuestros servicios públicos. Ellos son la verdadera dignidad de nuestra tierra. (Aplausos). Esa Andalucía que queremos; esa Andalucía que fue envidia en materia sanitaria (rumores); esa Andalucía solidaria y humana, que no deja a nadie atrás, la vamos a recuperar. Lo haremos de la mano de María Jesús Montero (Risas.―El señor Requena Ruiz: Sí, ya. Sí, sí), con esperanza, con respeto y, sobre todo, con el compromiso de fortalecer nuestros servicios públicos, que son parte de nuestro ADN como socialistas, que son nuestro sello. (Aplausos).

Voy terminando. Hoy, señorías, tenemos la oportunidad de aprobar una proposición de ley justa, humana, sencilla, pero profundamente necesaria; una proposición de ley que permitirá a las personas con discapacidad y a sus familias vivir con más dignidad. Así que, les pido que votemos con la cabeza, sí, pero, sobre todo, que votemos con el corazón, porque cuando esta Cámara aprueba leyes que cambian la vida de la gente, recuperamos algo que nunca deberíamos perder, el respeto.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, algunos de ellos puestos en pie).

Buenas tardes, presidenta; buenas tardes, señorías. Confieso que en la intervención anterior me he perdido durante minutos, porque pensé que íbamos a hablar de discapacidad y hemos estado escuchando mucho más tiempo hablar sobre lo mal que funciona la sanidad en Andalucía y del señor Moreno Bonilla que de los problemas de movilidad que tienen las personas con movilidad reducida o discapacidad. (Aplausos). Yo lo lamento. Lo lamento porque era una oportunidad para profundizar en los problemas que tienen unos cuantos millones de personas. Quiero hablar también de aquellas que no tienen una discapacidad permanente, porque cualquiera de ustedes mañana puede ser discapacitada, discapacitado y encontrarse en una silla de ruedas, aunque sea por unos pocos meses.

Me parece que es un tema lo suficientemente importante como para que no te dé con siete minutos. Ahora entiendo también la poca ambición del texto. Traemos una modificación de una ley para incrementar una sanción, para pasar de cobrar 200 euros a cobrar 500 euros a quienes aparquen en una plaza reservada a personas con discapacidad. Nosotros lo vamos a apoyar porque puede que tenga algún efecto disuasorio, aunque tengo dudas de que a las personas impresentables que ocupan estas plazas y a las que les da igual pagar 200 euros las vayamos a convencer subiéndoles la sanción, pero puede que tenga algún efecto disuasorio.

Lo que quería decir cuando hablaba de ser más ambicioso es que tenemos que ir un paso más allá y que la recaudación de estas sanciones tenga objeto finalista. Hoy no hablamos de esto, hoy es una admisión a trámite, pero cuando se lleve a debate ―si se lleva a debate alguna vez y no acaba como muchos de los proyectos de ley que hemos admitido en esta Cámara―, volveremos con este asunto. En el Estado español hay tantísimas obras que hacer para poder hablar de accesibilidad universal que, sin duda alguna, es necesaria una inyección económica que puede venir perfectamente de las sanciones que se apliquen a quienes no cumplen la ley. Esto es algo que los colectivos del mundo de la discapacidad vienen pidiendo hace muchos años. De nada sirve que tengan disponibles los espacios reservados para el aparcamiento si luego las aceras son impracticables, si no sirven los bordillos o están mal ejecutados, si no hay rebajes donde hay pasos de peatones o semáforos o si hay instaladas amplias terrazas con mesas y sillas que no dejan pasar. ¿De qué les sirve aparcar justo al lado si no pueden moverse, si llegan a los espacios públicos y no pueden acceder con una silla de ruedas? Hablamos también de puertas, hablamos de altura de los mostradores, hablamos de rutas de emergencia. ¿Ustedes se han fijado cuántas rutas de evacuación de emergencia no son accesibles? Muchísimas. Igual que los espacios públicos.

Ahora les hago otra pregunta. Subamos la sanción a quienes aparquen donde está reservado para las personas con discapacidad, pero ¿cuándo vamos a subir las sanciones a las Administraciones públicas que no cumplen la ley? No es posible la autonomía personal ni la inclusión social en un mundo inaccesible, en un mundo en el que todos y todas no tienen las mismas oportunidades. Yo pensé que hoy íbamos a hablar de eso, de todo esto. Teníamos tiempo, siete minutos. Qué pena que ha sido muy poco el tiempo en el que se ha hablado de esto para poder profundizar. ¿Cuándo vamos a sancionar proyectos que no entienden las accesibilidades del diseño?, ¿hasta cuándo vamos a seguir viendo parches en obras nuevas recién terminadas porque los proyectos se han visado y se han autorizado sin pensar en que eran inaccesibles? y ¿cuánto dinero público más nos cuesta esto?

Señorías, yo creo que en materia de discapacidad hay tanto que avanzar y hay tanto que hablar, que hoy admitir a trámite una proposición de ley que habla únicamente de pasar una multa de 200 euros a 500 y que ni siquiera plantea el debate de si los fondos de esa recaudación deben ser finalistas, insisto, es muy poco ambicioso y resuelve muy pocas cosas. En cualquier caso, nunca vamos a votar en contra de una medida que tenga el fin que tiene esta, el fin de disuadir, el fin de obligar a la gente a cumplir la ley. Pero me parece que para eso también nos hace falta invertir más en educación y en sensibilización.

Hay tanto que hacer, que es una pena que hoy vayamos a votar la toma en consideración de una proposición de ley tan simple que podría ir acompañada de tantísimas cosas que la gente está esperando. No es una cuestión de justicia y respeto, como se decía aquí, es una cuestión de derechos, derechos universales. Es una cuestión de legalidad, porque nos hemos dotado de normas y de leyes para que esos derechos se cumplan. Las personas con discapacidad ya no quieren que se las respete, quieren que se cumpla la ley; quieren tener derechos como todos los demás.

Yo espero que tengamos oportunidad de seguir hablando de discapacidad y de profundizar en algunas de las cosas que he dicho, y se me quedan muchísimas detrás porque no hay tiempo. Pero, desde luego, que millones de personas con discapacidad temporal o definitiva merecen que les dediquemos tiempo. Ya tendrán ustedes minutos y minutos y minutos para mítines y para guerras políticas. Apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley.

Eskerrik asko. Señora presidenta, señorías, el Grupo Vasco quiere comenzar reconociendo la intención positiva y necesaria que motiva esta proposición de ley. Toda iniciativa que contribuya a reforzar los derechos de las personas con discapacidad y a mejorar su autonomía personal y su movilidad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía merece nuestro respeto y una valoración constructiva.

Las personas con discapacidad, especialmente aquellas con movilidad reducida, se enfrentan todavía hoy a numerosas barreras físicas y sociales que dificultan su participación plena en la vida cotidiana. Una de esas barreras es la falta de accesibilidad en los entornos urbanos y, de manera muy visible, el uso indebido de las plazas de estacionamiento reservadas. Se trata, sin duda, de un comportamiento incívico e insolidario que vulnera los derechos fundamentales y que refleja en parte una carencia de conciencia social. Por eso, compartimos el diagnóstico de la proposición.

Las sanciones actuales no son suficientemente disuasorias. La multa de 200 euros, reducida a 100 por pronto pago, no refleja la gravedad del daño que se causa a quienes necesitan esas plazas para su vida diaria. Por ello, consideramos razonable la propuesta de elevar esta infracción de grave a muy grave, con una sanción de 500 euros. Esta modificación puede ser un ejemplo y contribuir a reducir los comportamientos irrespetuosos. Ahora bien, señorías, el PNV manifiesta su apoyo crítico a esta iniciativa. Y lo hacemos porque, aunque compartimos el espíritu de la norma, creemos que el texto se queda corto: se centra únicamente en la vertiente punitiva, en la sanción, sin abordar la otra cara del problema, que es el déficit estructural de plazas reservadas y la falta de control sobre su cumplimiento en muchos municipios. De poco sirve endurecer las multas si no existen suficientes plazas accesibles correctamente ubicadas y señalizadas. No se trata solo de castigar al infractor, sino de garantizar que las personas con discapacidad dispongan de un número adecuado de plazas cerca de sus lugares de trabajo, de estudio o de servicios esenciales. En Euskadi contamos con un marco normativo propio que lleva años trabajando en esta línea. La Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad y su desarrollo reglamentario mediante el Decreto 50/2016 establecen que en los principales núcleos urbanos o centros de actividad deben existir al menos una plaza reservada por cada cuarenta plazas o fracción. Es una norma que asume la accesibilidad como un derecho ciudadano básico, no como un privilegio o como una concesión. Además, el decreto especifica que estas plazas deben estar debidamente señalizadas, ubicadas en lugares accesibles y supervisadas por los ayuntamientos, que son quienes mejor conocen las necesidades de su entorno. Este modelo, que combina la norma sancionadora con la planificación de la accesibilidad, ha demostrado ser eficaz en muchos municipios vascos, y eso demuestra que el reto no es solo aumentar las multas, sino asegurar medios, coordinación y compromiso institucional. Por el contrario, la normativa estatal ―y esto conviene subrayarlo― no fija ninguna ratio mínima obligatoria. El Real Decreto 1056/2014, que regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, se limita a señalar que las Administraciones promoverán la existencia de un número suficiente de plazas, pero sin concretar cuántas, ni dónde, ni con qué criterios deben establecerse. Y la ley de seguridad vial tampoco aporta ninguna referencia en este sentido.

Esto genera una situación desigual en todo el territorio: hay municipios que disponen de una buena red de plazas y otros donde la disponibilidad es claramente insuficiente. Por tanto, endurecer las sanciones sin garantizar primero un mínimo común y verificable de plazas puede generar injusticias y desigualdades territoriales. No todos los ayuntamientos cuentan con los mismos recursos ni con la misma sensibilidad hacia la accesibilidad universal. Por eso, creemos que esta proposición de ley debería ir más allá del aspecto sancionador y contemplar mecanismos de coordinación, evaluación y apoyo a las Administraciones locales.

En el Grupo Vasco defendemos una visión integral de la accesibilidad, que combine el respeto a las normas con la promoción de entornos inclusivos y la corresponsabilidad en toda la sociedad. Creemos firmemente que las personas con discapacidad no piden privilegios, sino igualdad y justicia, y esa igualdad y esa justicia pasa por garantizar que puedan aparcar, moverse y participar en la vida pública sin obstáculos. Por ello, nuestro grupo apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley, porque compartimos su finalidad, pero trabajaremos durante su tramitación para mejorar su redacción y su alcance. Propondremos enmiendas para incluir las ratios mínimas de plazas, para reforzar la cooperación institucional y para promover campañas de concienciación ciudadana que acompañen el endurecimiento de las sanciones. Queremos una norma que no sea solo más punitiva, sino también más eficaz, más justa y más humana, porque la accesibilidad no se garantiza únicamente con multas, sino con compromiso, recursos y empatía.

Horrela bakarrik lortuko dugu erreserbatutako aparkalekuak errespetatuak izatea eta desgaitasuna duten pertsonek mugikortasunerako, autonomiarako eta berdintasunerako eskubide osoa izatea.

Eskerrik asko.

Y solo de esta manera lograremos que las plazas reservadas sean respetadas y que las personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de su derecho a la movilidad, a la autonomía y a la igualdad.

Muchísimas gracias.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bona tarda a tothom. Aquesta iniciativa parteix d’una realitat massa recurrent als nostres carrers: l’ús indegut de les places reservades a persones amb discapacitat. Parlem d’un problema de civisme i de drets, però sobretot d’una qüestió de dignitat. Una plaça reservada per a una persona amb mobilitat reduïda no és un privilegi, és una condició mínima perquè moltes persones puguin viure amb autonomia. I, quan algú l’ocupa sense autorització, no només incompleix una norma, sinó que nega un dret fonamental a qui la necessita. El text que avui debatem proposa endurir la sanció per aquest comportament, perquè la sanció actual no està tenint efecte prou dissuasori. Si bé és evident que cal abordar aquest problema, el que es presenta avui és una mesura profundament incompleta que no resoldrà les mancances estructurals en matèria d’accessibilitat ni de mobilitat inclusiva. Aquesta qüestió s’hauria d’abordar en coherència amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i amb la Llei catalana 13/2014 d’Accessibilitat, que ja estableix els principis d’accessibilitat universal i autonomia personal. I, en canvi, el que avui proposen ho veiem com una mesura estètica puntual i absolutament insuficient que no pot substituir la necessitat de dissenyar una política integral d’accessibilitat i mobilitat inclusiva que l’actual Govern espanyol està evitant. Mirin, a Catalunya hi ha més de 720 000 persones amb el reconeixement legal de discapacitat, moltes d’elles amb mobilitat reduïda, que pateixen enormes dificultats diàries que no es resolen únicament amb una multa més alta. Al nostre entendre, el principal problema no és l’import de la sanció, és la manca de places adaptades, la falta de coordinació entre Administracions i, sobretot, l’enorme dificultat dels ajuntaments per poder controlar i garantir el compliment de la norma per culpa de la històrica manca de recursos que pateixen. Perquè, al final, els que han de fer complir aquesta llei són els municipis. Són els ajuntaments els que senyalitzen, controlen i sancionen. Són les policies locals les que s’enfronten cada dia a conductes incíviques i són els governs locals els que sovint no disposen dels recursos humans ni materials per fer-ho de forma eficaç. Cal que Junts els tornem a recordar que es van comprometre amb nosaltres que els ajuntaments podrien utilitzar els seus romanents de tresoreria per millorar els serveis públics? I que el seu Govern, PSOE-SUMAR, ho està incomplint flagrantment? Cal que ho tornem a repetir? Des de Junts no ens cansarem de reivindicar el paper dels ajuntaments com a primera línia de servei públic, i ens preocupa que aquesta llei no vingui acompanyada d’un suport real ni d’un reconeixement a aquesta realitat municipal. Per altra banda, creiem que és necessari afrontar alhora l’ús fraudulent de les targetes de discapacitat. Cada vegada hi ha més casos d’ús indegut de targetes falses o prestades. És un comportament especialment reprovable, perquè és aprofitar-se d’un dret pensat per a qui realment ho necessiti. I des de Junts considerem que caldria una sanció específica més severa per a aquests casos, i fins i tot la retirada del distintiu. I això també és protegir el col·lectiu i és fer justícia. I, si parlem de justícia, no podem ignorar que el Regne d’Espanya té moltes assignatures pendents en aquesta matèria. I miri que acaben de fer autobombo ara mateix del que estan fent, la qual cosa resulta una mica indecent, si m’ho permeten, quan el Comitè de Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, en les seves observacions de Ginebra 2023, ja els advertia de la manca d’avenç real en accessibilitat universal i el compliment insuficient de la Convenció. A més, el Govern espanyol, que presumeix de tanta sensibilitat social, encara no ha desenvolupat el Pla Estatal d’Accessibilitat Universal previst de fa anys. És a dir, parlem de molt bones paraules, però sense cap full de ruta mínimament efectiu. Això no és només una qüestió tècnica, és una mancança política i moral envers milions de persones amb discapacitat que esperen solucions concretes. Pel que fa a les competències, cal recordar que Catalunya exerceix les seves competències, les executives en matèria de trànsit, a través del Servei Català de Trànsit; que pateix una dependència estructural, com en gairebé tot, de l’Estat, que és qui legisla i fixa les sancions. I des de Junts defensem que Catalunya hauria de poder adaptar aquestes normes a la seva realitat social i territorial, i és una qüestió de respecte. Per això volem que es garanteixi la capacitat de decisió i d’adaptació des de Catalunya i des dels municipis, especialment. Tampoc podem ignorar el buit legal que afecta les zones privades d’ús públic, com aparcaments d’hospitals, equipaments esportius, equipaments comercials, on la llei actual no té cap efecte. Si realment es vol protegir els drets de les persones amb discapacitat, caldrà cooperar també amb el sector privat i amb els municipis, no pas limitar-se a modificar una sanció.

Junts sabem que defensar i ampliar els drets de les persones amb discapacitat ens dignifica com a societat. Que una societat que cuida, que fa accessibles els espais, els serveis i la mobilitat és una societat més justa, més democràtica i més humana. Que garantir l’autonomia d’una persona amb discapacitat no és només un acte de justícia individual, és una expressió de civilització col·lectiva. Perquè la manera com tractem els col·lectius més vulnerables defineix el nivell moral i polític d’una societat. Però també sabem que multar no és suficient, ni molt menys. La sanció és necessària, però, si volem que tingui efecte real, cal educació, sensibilització, presència policial. Cal formació específica per als agents municipals i campanyes sostingudes en el temps de conscienciació a la ciutadania. I cal fer-ho ampliant el suport als ajuntaments. És l’única manera, que són els que sostenen el dia a dia de les polítiques públiques, mentre esperen sovint que Madrid compleixi tot el que els promet. O sigui, que si el Govern espanyol vol continuar governant sense complir, sense escoltar Catalunya, i permeti’m dir-ho també, i sense el suport de Junts, potser haurà de començar a pensar com ho farà. Nosaltres, mentrestant, seguirem defensant el que sempre hem defensat: els drets, la dignitat i l’autonomia de les persones amb discapacitat. I, alhora, els drets, la dignitat i l’autogovern del meu país, de Catalunya.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos. Esta iniciativa parte de una realidad demasiado recurrente en nuestras calles: el uso indebido de las plazas reservadas a personas con discapacidad. Hablamos de un problema de civismo y de derechos, pero sobre todo de una cuestión de dignidad. Una plaza reservada para una persona con movilidad reducida no es un privilegio, es una condición mínima para que muchas personas puedan vivir con autonomía. Y cuando alguien la ocupa sin autorización no solo incumple una norma, sino que niega un derecho fundamental a quien la necesita. El texto que hoy debatimos propone endurecer la sanción por este comportamiento, porque la sanción actual no está teniendo un efecto suficientemente disuasorio. Hay que abordar este problema y lo que se presenta hoy es una medida profundamente incompleta que no resolverá las ausencias estructurales inclusivas. Esta cuestión tiene que abordarse en coherencia con las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y con la Ley catalana 13/2014 de Accesibilidad, que ya establece los principios de accesibilidad universal y autonomía personal. En cambio, lo que hoy proponen lo vemos como una medida estética puntual y absolutamente insuficiente que no puede sustituir la necesidad de diseñar una política integral de accesibilidad y movilidad inclusiva que el actual Gobierno español está evitando. En Cataluña hay más de 720 000 personas con el reconocimiento legal de discapacidad, muchas de ellas con movilidad reducida, que sufren enormes dificultades diarias que no se resuelven únicamente con una multa más alta. A nuestro entender, el principal problema no es el importe de la sanción, es la falta de plazas adaptadas, la falta de coordinación entre Administraciones y, sobre todo, la enorme dificultad de los ayuntamientos para poder controlar y garantizar el cumplimiento de la norma por culpa de la histórica falta de recursos que sufren. Al final, los que tienen que hacer cumplir estas leyes son los municipios: son los ayuntamientos los que señalizan, controlan y sancionan, son los policías locales los que afrontan cada día conductas incívicas y son los gobiernos locales los que a menudo no disponen de los recursos humanos ni materiales para hacerlo de forma eficaz. ¿Tenemos que recordarles que se comprometieron con nosotros, con Junts, para que los ayuntamientos pudieran utilizar los remanentes de tesorería para ello y que el PSOE y SUMAR lo están incumpliendo flagrantemente? En Junts no nos cansaremos de reivindicar a los ayuntamientos como primera línea de servicio público, y nos preocupa que esta ley no venga acompañada de un apoyo leal ni de un reconocimiento de esta realidad municipal. Por otro lado, creemos que es necesario afrontar a la vez el uso fraudulento de las tarjetas de discapacidad. Cada vez hay más casos de uso indebido de tarjetas falsas o prestadas. Es un comportamiento especialmente reprobable porque es aprovecharse de un derecho de quien realmente lo necesita. Creemos que hay que sancionar específicamente y de forma más severa estos casos, incluso con la retirada del distintivo. Eso es proteger al colectivo y hacer justicia.

Y si hablamos de justicia, no podemos ignorar que el Reino de España tiene muchas asignaturas pendientes en esta materia. Acaban de hacer autobombo ahora mismo de lo que están haciendo, lo cual resulta un poco indecente ―si me lo permiten― cuando el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en sus observaciones de Ginebra de 2023, ya les advertía de la falta de bienes reales en la accesibilidad universal y el cumplimiento insuficiente de la Convención. Además, el Gobierno español, que presume de tanta sensibilidad social, todavía no ha desarrollado el Plan Estatal de Accesibilidad Universal previsto desde hace años. Es decir, hablamos de muy buenas palabras, pero sin ninguna hoja de ruta efectiva. Eso no solo es una cuestión técnica, es una falta política y moral con los millones de personas con discapacidad que esperan soluciones concretas.

En cuanto a las competencias, hay que recordar que en Cataluña ejercen sus competencias las ejecutivas en materia de tránsito a través del Servicio Catalán de Tránsito, que sufre una dependencia estructural del Estado, que es quien legisla y fija las sanciones. Y desde Junts defendemos que Cataluña debería poder adaptar estas normas a su realidad social y territorial. Es una cuestión de respeto. Por eso queremos que se garantice la capacidad de decisión y de adaptación desde Cataluña y desde los municipios especialmente. Tampoco podemos ignorar el vacío legal que afecta a las zonas privadas de uso público, como aparcamientos de hospitales, equipamientos deportivos o equipamientos comerciales, donde la ley actual no tiene ningún efecto. Si realmente se quieren proteger los derechos de las personas con discapacidad, habrá que hablar con el sector privado y con los municipios.

En Junts sabemos que defender y ampliar los derechos de las personas con discapacidad nos dignifica como sociedad; que una sociedad que cuida y que hace accesibles los espacios, los servicios y la movilidad es una sociedad más justa, más democrática y más humana; que garantizar la autonomía de una persona con discapacidad no es solo un acto de justicia individual, sino una expresión de civilización colectiva, porque la manera en que tratamos a los colectivos más vulnerables define el nivel moral y político de una sociedad; pero también sabemos que multar no es suficiente ni mucho menos. La sanción es necesaria, pero si queremos que tenga efectos reales, hay que educar, sensibilizar y tener presencia policial. Presencia de los agentes municipales y campañas sostenidas. Y hay que hacerlo ampliando el apoyo a los ayuntamientos ―es la única manera―, que son los que sostienen el día a día de las políticas públicas mientras esperan que Madrid cumpla con lo que les promete. O sea, que si el Gobierno español quiere continuar gobernando sin cumplir, sin escuchar a Cataluña y ―permítanme decirlo― también sin el apoyo de Junts, quizá tendrá que empezar a pensar cómo lo hará. Nosotros, mientras tanto, seguiremos defendiendo lo que siempre hemos defendido, los derechos, la dignidad y la autonomía de las personas con discapacidad; y, a la vez, los derechos, la dignidad y el autogobierno de nuestro país, de Cataluña.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Abans de començar, i com que demà tampoc no podré intervenir, doncs demà, que farà un any de la terrible dana que va patir el País Valencià, doncs des d’aquí els volem enviar tot el suport. Mai oblidarem tot el que ha passat i per què ha passat al País Valencià. Per tant, doncs, aquest suport als nostres germans. Senyories del PSOE, els ho hauria de dir: tant de bo algun dia estiguin a Govern i puguin legislar amb una mica de sentit. Fer una proposició de llei amb cara i ulls, o bé una esmena a una llei en tràmit o fins i tot una modificació de Reglament. Senyora Olvido de la Rosa, sincerament, el que ens porten avui, el que ens porten avui aquí, ho podem resoldre aquesta mateixa setmana amb una simple esmena a la Llei de mobilitat que s’està debatent al Senat. De debò calia portar una proposició de llei per a això? De debò els sembla que un partit de Govern ha de portar una proposició de llei amb aquesta modificació? Perquè, si la intenció era fer feina legislativa, aquesta arriba tard, malament i totalment còmica. I, francament, s’ho han treballat tan poc que gairebé es mereixerien el vot en contra només per incompetència. Perquè imagino que posar-se al nivell de la DGT costa, perquè és molt incompetent la DGT. Però escoltin, tampoc calia arribar fins aquí. Perquè, perquè la gent ho sàpiga, avui el Grup Socialista ens presenta una proposició de llei, no una esmena, una proposició de llei sobre el bon ús de les zones d’estacionament reservades a les persones amb discapacitat. Una proposta que modifica dos articles. Primer, per considerar greu aturar-se o aparcar en llocs perillosos que obstaculitzin la circulació, especialment si posen en risc els vianants. I, segon, per considerar una infracció molt greu estacionar en un espai reservat per a persones amb discapacitat. Evidentment, evidentment, ningú amb dos dits de front votarà en contra d’això. Ningú ho votarà en contra. Suposo que devien voler portar una proposició de llei que avui la poguessin tirar endavant, perquè és que, si no, no s’entén. I els recordaré que en la legislatura passada, aquí en aquesta cambra, hi havia un diputat amb mobilitat reduïda i mai va poder pujar aquí. Mai va poder pujar aquí. Podien haver fet un projecte de llei també perquè el company hagués pogut pujar aquí a aquesta tribuna, perquè avui encara tampoc podria.

I quan parlem d’aparcar on no es pot, no parlem només d’una multa o d’una infracció administrativa. Clar que no. Parlem de drets i parlem de dignitat i parlem de seguretat. Parlem de com entenem la convivència i el respecte a l’espai públic. Però això no se soluciona només posant una multa. Perquè quan algú ocupa una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda, sense tenir-ne dret, no només ocupa un espai, està prenent una oportunitat a aquella persona. Pren la possibilitat que pugui arribar al seu lloc de treball, al metge o simplement pugui fer la seva vida amb autonomia. És un gest d’insolidaritat i que té unes conseqüències reals. L’accessibilitat no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que beneficia tota la societat, fomentant la convivència i la comprensió mútua. No es tracta només de poder-hi accedir físicament, sinó de poder-ho fer amb autonomia i sense dependre de l’ajuda dels altres. L’accessibilitat universal no és un privilegi, és un dret reconegut per la Convenció de l’ONU i també per la seva sacrosanta Constitució a l’article 49. Les Administracions tenen l’obligació d’assegurar que ningú es quedi enrere per una barrera, sigui arquitectònica o d’incivisme. I no parlem només de les persones amb discapacitat. Quan algú aparca en un carril bici, en un pas de vianants o en un espai reservat per a emergències, està posant en risc la vida dels altres. Un cotxe mal estacionat pot obligar un ciclista a envair la calçada, o una persona gran a baixar de la vorera. I això no és un problema menor. És una qüestió de seguretat viària i de convivència urbana.

Avui, per exemple, a la Comissió de Transports ha fet una pregunta perquè fa cinc anys que al Palau d’Anglesola s’estan esperant per fer una passarel·la que uneixi el Palau d’Anglesola amb Mollerussa. I el seu Govern, el Govern socialista que avui impulsa aquesta proposició de llei, fa cinc anys que està esperant fer aquesta licitació. Què passa? Que si ets del Pla d’Urgell no tens dret a poder creuar aquesta passarel·la sense tenir riscos?

Des d’Esquerra defensem una societat inclusiva, segura i solidària que no només parli de drets, sinó que els garanteixi també a la pràctica. Una societat que no permet que la comoditat d’uns passi per sobre les necessitats dels altres, i que tampoc que la incompetència d’un ministeri o de la Direcció General de Trànsit passi per damunt dels drets de l’altra gent. Una societat que no permet que la comoditat d’uns, ho repeteixo, passi per sobre de la necessitat dels altres. Ara bé, aquest canvi legal és senzill, i per això la pregunta és: de debò? De debò cal fer una llei nova? No els sembla que això ho podem resoldre a la Llei de mobilitat que està a punt d’aprovar-se al Senat? Quant de temps voldran tindre aquesta llei en període d’esmenes? Quant trigaran a fer el que podem fer demà mateix? Senyories del PSOE, volen fer avui aquesta tarda, quan acabem aquest debat, una esmena a la Llei de mobilitat, una transacció a la Llei de mobilitat per presentar-la al Senat? Estic convençuda que el Partit Popular, nosaltres, el Partit Socialista, estaria d’acord. Ho volen arreglar de veritat o l’únic que pretenen és avui poder aprovar un projecte de llei?

Vaja, que està molt bé, eh. Però, de veritat, si volen solucionar problemes posin-se a solucionar problemes.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Antes de empezar, como mañana tampoco podré intervenir, mañana hará un año de la terrible dana que sufrió el país valenciano, por lo que desde aquí queremos enviarles todo el apoyo. Nunca olvidaremos todo lo que ha pasado y por lo que ha pasado el país valenciano. Por lo tanto, este apoyo a nuestros hermanos. (Aplausos). Señorías del PSOE, tendría que decirles que ojalá algún día estén en el Gobierno y puedan legislar con un poco de sentido, hacer una proposición de ley completa o una enmienda a una ley en trámite o incluso una modificación del Reglamento. Señora Olvido de la Rosa, sinceramente, lo que nos traen hoy aquí lo podemos resolver esta misma semana con una simple enmienda a la ley de movilidad que se está debatiendo en el Senado. ¿De verdad hacía falta traer una proposición de ley para eso? ¿De verdad les parece que un partido de Gobierno tiene que traer una proposición de ley con esta modificación? Porque si la intención es legislar, llega tarde, mal y totalmente cómica. Francamente, se lo han trabajado tan poco que casi se merecerían el voto en contra, solo por incompetencia. Porque me imagino que ponerse al nivel de la DGT… es muy incompetente la DGT, pero no hacía falta llegar hasta aquí.

Para que la gente lo sepa, hoy el Grupo Socialista nos presenta una proposición de ley ―no una enmienda, eh, una proposición de ley― sobre el buen uso de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad. Una propuesta que modifica dos artículos: primero, por considerar grave detenerse o aparcar en lugares peligrosos que obstaculicen la circulación, especialmente si pone en riesgo a los peatones; y, segundo, por considerar una infracción muy grave estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad. Evidentemente, nadie con dos dedos de frente votará en contra de esto. Nadie votará en contra de ello. Supongo que querían traer una proposición de ley con la que hoy pudiéramos tirar adelante, porque, si no, no se entiende. Les recordaré que, en la legislatura pasada, aquí en esta Cámara, había un diputado con movilidad reducida y nunca pudo subir aquí. Nunca pudo subir aquí. Podrían haber hecho un proyecto de ley para que el compañero hubiese podido subir aquí a esta tribuna, porque hoy tampoco podría.

Por aparcar donde no se puede, no solo hay que multar. Hablamos de derechos y de dignidad. Hablamos de seguridad. Hablamos de cómo entendemos la convivencia y el respeto por el espacio público. Pero eso no se soluciona solo con una multa, porque, cuando alguien ocupa una plaza de personas con movilidad reducida, no solo ocupa un espacio, está quitando a esa persona una oportunidad, está quitándole la posibilidad de que pueda llegar a su lugar de trabajo o al médico o que simplemente pueda hacer su vida con autonomía. Es un gesto de insolidaridad que tiene unas consecuencias reales. La accesibilidad no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que beneficia a toda la sociedad, fomentando la convivencia y la comprensión mutua. No se trata solo de poder acceder físicamente, sino también de poder hacerlo con autonomía y sin depender de la ayuda de los demás. La accesibilidad universal no es un privilegio, sino un derecho reconocido por la ONU y, también, por su sacrosanta Constitución en su artículo 49. Las Administraciones tienen la obligación de asegurar que nadie se quede atrás por una barrera, sea arquitectónica o de civismo. Y no hablamos solo de las personas con discapacidad. Cuando alguien aparca en un carril bici, en un paso de peatones o en un espacio reservado para emergencias, está poniendo en peligro la vida de los demás. Un coche mal aparcado puede obligar a un ciclista a invadir la calzada, y ese no es un problema menor, es una cuestión de seguridad viaria y de convivencia urbana.

Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Transportes, he hecho una pregunta sobre por qué desde hace cinco años en el Palacio de Anglesola se está esperando para hacer una pasarela que una el palacio con Mollerusa. Su Gobierno, el Gobierno socialista que hoy impulsa esta proposición de ley, hace cinco años que está esperando a hacer esta licitación. ¿Qué pasa, que si eres del Pla d’Urgell no tienes derecho a poder cruzar esta pasarela sin tener riesgos?

En Esquerra defendemos una sociedad inclusiva y solidaria que no solo hable de derechos, sino que se garanticen también en la práctica. Una sociedad que no permita que la comodidad de unos pase por encima de las necesidades de los demás y que la incompetencia de un ministerio o de la DGT pase por encima de los derechos de los demás. Repito, una sociedad que no permita que la comodidad de unos pase por encima de las necesidades de los demás. Ahora bien, este cambio es sencillo. Por eso la pregunta es: ¿de verdad hay que hacer una ley nueva?, ¿no les parece que eso lo podemos resolver con la ley de movilidad, que está a punto de aprobarse en el Senado? ¿Cuánto tiempo querrán tener esta ley en periodo de enmiendas? ¿Cuánto tardarán en hacer lo que podemos hacer mañana mismo? Señorías del PSOE, ¿quieren hacer hoy, esta tarde, cuando terminemos el debate, una transaccional a la ley de movilidad para presentarla en el Senado? Estoy convencida de que el Partido Popular, nosotros y el Partido Socialista estaríamos de acuerdo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). ¿Lo quieren arreglar de verdad o lo único que pretenden hoy es aprobar la toma en consideración de una proposición de ley?

Vaya, que está muy bien, pero, de verdad, si quieren solucionar problemas, pónganse a solucionar problemas.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Una plaza reservada para personas con movilidad reducida no es un favor, no es un ratito, no es un «ahora vuelvo»; es la diferencia entre poder llegar a una consulta médica, recoger a un hijo o una hija o participar en la vida social con autonomía. Y cuando alguien ocupa esa plaza sin derecho, además de quitarle su derecho a otra persona, le está quitando su tiempo, su libertad y su dignidad. Por eso vamos a votar que sí la admisión a trámite de esta proposición del Grupo Socialista. La iniciativa eleva a muy grave la infracción de parar o estacionar en una zona reservada para personas con discapacidad y fija la sanción general en 500 euros frente a los 200 actuales, que, por experiencia, no disuaden. Además, incorpora expresamente esa conducta al artículo 77 de la Ley sobre Tráfico. Es una medida sencilla, clara, basada en obligaciones internacionales y constitucionales, la Convención de la ONU y el artículo 49 de la Constitución, que nos mandatan garantizar accesibilidad e inclusión. No crean ustedes tampoco que es nuestra medida favorita aumentar la sanción así sin más, porque entendemos que esto requiere mucha más profundidad y contexto. Pero, desde luego, de lo que no se trata es de abrir debates abstractos; se trata de cumplir la ley y proteger un derecho. Y se trata también de mandar un mensaje inequívoco: quien ocupa una plaza PMR sin autorización comete una conducta especialmente insolidaria que la sociedad ya no tolera. Y lo dice el sentido común, pero también lo piden las organizaciones que trabajan en la discapacidad y lo reconoce la propia exposición de motivos. Si alguien piensa que exageramos, les puedo poner un ejemplo rápido. Basta con que miremos lo ocurrido el 24 de octubre de 2025 en Palma. Allí, el Partido Popular y VOX votaron en contra de solicitar el abono de 200 euros al regidor de seguridad ciudadana, que llegó a un acto y dejó el coche oficial en una de las plazas para una persona con discapacidad. Luego se intentó justificar con un juego de palabras: que no aparcó, que estuvo estacionado ―decía el susodicho―, como si eso cambiara algo para la persona que necesitaba esa plaza y que se quedó sin ella. (Aplausos). Exactamente este tipo de excusas y ambigüedades son las que debemos cerrar de una vez. Esta proposición es cierto que va en la buena dirección, pero nosotros también queremos mejorarla ―y lo haremos cuando se admita a trámite y empiece el trámite parlamentario― con algunos ajustes que harán que esto funcione en la calle desde el primer día. Lo primero es definir con precisión lo que significa una parada en una plaza PMR. Lo segundo es la retirada inmediata cuando haya un obstáculo efectivo; esto es, que si un vehículo ocupa indebidamente una plaza de este tipo y está impidiendo su uso, grúa y protocolo claro. Las sanciones administrativas son necesarias, pero lo es mucho más la disponibilidad inmediata de la plaza. Y lo tercero ―que ya se ha comentado además aquí― es que la recaudación tenga un destino finalista; que haya un porcentaje de lo recaudado por estas infracciones que esté dedicado directamente a la accesibilidad universal: más plazas y mejor ubicadas, rebajes, señalización visible y mantenimiento permanente para garantizar la universalidad de estas medidas; que cada euro recaudado vuelva a las personas para las que existe y que necesitan este derecho. Porque esta propuesta va de garantizar un derecho positivo: llegar a tiempo, llegar con seguridad sin depender de la buena voluntad del de al lado. Lo sabemos porque está escrito negro sobre blanco; hoy estas conductas son graves y se sancionan con 200 euros, pero es verdad que la experiencia no resulta del todo disuasoria. Corresponde asimismo enviar un mensaje político muy claro, porque mientras unos se enredan ―que si he aparcado, que si he estacionado, pero al final ocupo la plaza de una persona que la necesita―, hay personas que pierden su cita de rehabilitación, que llegan tarde a trabajar o que evitan directamente salir porque no confían en encontrar libre la única plaza accesible que tienen cercana. Y ese es el coste real de mirar hacia otro lado o de infringir la ley en este caso. El caso de Palma no es una anécdota local, es un síntoma de una cultura laxa en el cumplimiento cuando conviene, incluso desde las instituciones que deberían dar ejemplo. Y precisamente por eso urge un estándar claro y exigible. Por último, subrayo algo más. Se cumple con nuestros compromisos. España ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución nos obliga a asegurar autonomía e inclusión. La accesibilidad no es solo un añadido, es la condición para que los derechos se puedan ejercer. Esta proposición lo entiende y lo convierte en política pública concreta. Y también tenemos un siguiente paso: la aprobación de la reforma de la ley de dependencia y discapacidad que el Ministerio de Derechos Sociales ha sacado adelante y ha traído a este Congreso. (Aplausos). Termino. Yo creo que hoy podemos mandar un mensaje nítido: quien ocupa una plaza reservada sin autorización le está quitando un derecho a una persona. No hay peros. Nosotros apoyamos la toma en consideración y el fondo de la propuesta y trabajamos para introducir mejoras, las que he señalado, y esperamos que esta Cámara alcance un acuerdo amplio. Ojalá dentro de uno o dos años los datos nos digan que hay menos abusos, más plazas utilizables y más autonomía para miles de ciudadanos.

Eskerrik asko. (Aplausos).

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿De verdad que de todas las demandas y de todas las necesidades que los diferentes colectivos de personas con discapacidad que hay en España reclaman esta es la que ustedes consideran prioritaria, precisamente esta, una cuyo objetivo es aumentar la cuantía de las multas por aparcar indebidamente en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida ―que, vaya por delante, nos parece de una insolidaridad y de un egoísmo inadmisible―? ¿Por qué en lugar de traer propuestas de mayor calado, de las que verdaderamente mejoran la vida de las personas con discapacidad y la de sus familias, propuestas, por ejemplo, para compensar con los recursos económicos del Estado el sobrecoste económico que supone la discapacidad, para corregir ese agravio económico y para ayudar a afrontar los gastos adicionales que las personas con discapacidad y sus familias tienen en asistencia, en transporte, en productos de apoyo, en sillas de ruedas motorizadas, audífonos, adaptaciones en el hogar; por qué en lugar de traer propuestas para corregir la ineficacia de los sistemas actuales de protección, o para aumentar las pensiones no contributivas por invalidez, o para conceder los bonos sociales energéticos que necesitan tantas familias con enfermos conectados de día y de noche a una máquina (aplausos), o para promover incentivos fiscales, que se puedan deducir y compensar los gastos asociados a la discapacidad; por qué en lugar de proponer cómo corregir los retrasos en la valoración de dependencia y discapacidad, que demoran y paralizan el acceso a las ayudas vinculadas, o de aumentar la escasa cuantía de ayudas, como el subsidio de movilidad y compensación de gastos de transporte, o el subsidio por ayuda a tercera persona, que actualmente es tan ridículo que da vergüenza, o de mejorar las prestaciones de hijo a cargo con discapacidad; por qué en lugar de todo esto, de lo que verdaderamente demostraría su compromiso con el colectivo que más ayuda necesita del Gobierno, optan ustedes por esta simple propuesta? Yo les diré por qué: porque es lo más fácil, lo que menos compromiso requiere, porque es una propuesta que no supone ningún esfuerzo para el Gobierno ni el destino de un solo euro; pero, sobre todo, porque es una propuesta que nadie se atrevería a votar en contra. Porque, no nos engañemos, señorías del Grupo Socialista, ustedes ya no están en disposición de hacer mucho más. De hecho, ya no tienen la capacidad de hacer nada decente ni por España ni por los españoles. (Aplausos). Y no pueden hacer nada porque tienen ustedes las manos atadas, porque viven bajo el chantaje permanente de sus socios separatistas y nacionalistas, sometidos al capricho de sus pretensiones, sin presupuestos, con las inversiones congeladas, arrastrando a las comunidades autónomas en su huida desesperada hacia delante. Señorías, la realidad es que ya no hay iniciativa legislativa que puedan traer al Pleno sin miedo a ser derrotados. Cada votación se ha convertido en una misión imposible, en una nueva humillación. Y, todo, porque para obtener el poder que las urnas no les dieron optaron por pactar con el diablo. Pero el diablo no perdona y jamás se cansa de reclamar lo suyo (aplausos), así que ahora tienen que sobrevivir a golpe de decretazo, alimentándose a duras penas de pequeñas victorias en asuntos como este que nos traen hoy aquí solo porque tienen la certeza de que será aprobado y para que parezca que aún son capaces de seguir gobernando. Cuánta indignidad, señorías. Qué manera tan patética de aferrarse al poder, rodeados de corrupción y escándalos, y solo por la supervivencia personal de un líder al que le importa nada el daño que está haciendo a España; de un líder al que no le importa ceder cobardemente al chantaje solo porque sabe que si se convocan elecciones las va a perder, y que perderlas significa perder sus privilegios y enfrentarse a la justicia sin el escudo que el poder le brinda. No, ya no es gobernar lo que ustedes hacen, ya no es el bien común de los españoles lo que persiguen, ya no es España lo que les mueve; es solo seguir ahí, como sea, apuntalados los unos contra los otros, sostenidos y sometidos por el chantaje de un prófugo de la justicia que ni siquiera puede pisar suelo español, haciendo encaje de bolillos con las exigencias de unos y de otros y ganando tiempo a la desesperada con sus trucos y sus tratos. La verdad es que resulta patético ver cómo estiran ustedes el chicle de una legislatura más que agotada, mientras en la calle cada vez son menos los españoles que les apoyan.

Si tuvieran decencia política, si pensaran mínimamente en el interés de España, convocarían ustedes elecciones porque saben muy bien que esta Cámara ya no representa la voluntad del pueblo, pero no lo hacen porque no es el interés de España lo que persiguen, sino el suyo propio; porque saben que fuera del Gobierno no podrán protegerse ni proteger a los suyos de las consecuencias de su propia corrupción. (Aplausos). No lo hacen porque si se marcharan, ya no tendrían a la Abogacía del Estado para utilizarla en su propio beneficio; porque si se marcharan, ya no tendrían influencia sobre el fiscal general del Estado, que dejaría de depender de ustedes para pasar a depender del nuevo Gobierno, y porque si se marcharan, ya no tendrían el escudo mediático regado con millones de euros que actualmente les protege. Tenemos un presidente del Gobierno capaz de arrastrar a su propio partido al abismo porque si se marchara, perdería su influencia política para librarse a sí mismo y a los suyos de posibles responsabilidades penales y porque sabe muy bien que, lejos del parapeto tras el que ahora se oculta, ya no habrá lugar donde pueda esconderse.

Así que, sí, pueden ustedes seguir haciéndose trampas al solitario y ganar algo de tiempo trayendo aquí este tipo de proposiciones fáciles de aprobar y difíciles de rechazar, pero que en muy poco mejoran la vida de los españoles. Pero eso no es gobernar, es solo alargar la agonía, la suya y la de una España que necesita urgentemente que ustedes se vayan para poder volver a ser el grandísimo país que nunca debió dejar de ser.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pérez Osma.

Gracias, señor presidente. Señorías, ya está bien; ya está bien de intentar apropiarse de algo que nos afecta a todos. Nos irá mejor cuando comiencen a comprender que la discapacidad no entiende de ideologías, entiende de humanidad. (Aplausos). Hoy debatimos una proposición de ley del Partido Socialista sobre las plazas reservadas para personas con discapacidad. Recuerdo una noticia que me marcó. Estaba en mi ayuntamiento cuando me comunicaron que a un joven de Las Valeras, mientras trabajaba, le había caído encima un paquete de puertas. Esta noticia enmudeció a todo el pueblo. Ocho años después, sigue reponiéndose, poco a poco, y va recuperando su movilidad, pero fue en ese momento, con un pueblo estremecido, con una familia destrozada, cuando me pregunté qué podía hacer como alcalde. Somos un municipio pequeño, con poco presupuesto y muchas barreras. Creamos las primeras plazas reservadas para personas con movilidad reducida ―que, en el medio rural, ya les adelanto, son escasas― e intentamos que todos los actos, actuaciones y edificios fueran lo más accesibles posible. Pero sin policía local, sin apenas medios y sin una normativa eficaz entendí que la accesibilidad no es solo una voluntad; es política útil y, sobre todo, empatía. Supe que no bastaban ni las palabras ni las sanciones, que hacían falta políticas reales que mirasen por igual a todos los pueblos, también a los pequeños. (Aplausos). Señorías, les pido que tengamos presente algo por solidaridad, o también porque la mayoría vamos a pasar por ello: todos vamos a cumplir años, y las barreras que hoy vemos para otros serán en el futuro las nuestras. Señorías del Grupo Socialista, legislen para todos y no por votos. Esta ley, aunque necesaria, es insuficiente, y habla de sanciones y no de soluciones. ¿Un solo párrafo (muestra un documento), siete años y medio de Gobierno y más de mil asesores para traernos esto? (Aplausos). Señorías del Grupo Socialista, esto sí que es una falta de respeto. Y es que lo que cambia la vida de todos son las medidas que previenen, que facilitan y que eliminan obstáculos. Endurecer la ley tiene un efecto disuasorio inicial, pero sin control, sin accesibilidad real y sin vigilancia efectiva todo seguirá igual. El problema de fondo es la falta de concienciación, la escasez y el deficiente diseño de muchas plazas, lo dice el informe de FAMDIF de este mismo año, en el cual se asegura que solamente el 31 % de las plazas analizadas cumplía los requisitos mínimos de accesibilidad; es decir, dos de cada tres plazas no sirven para nada. Cada ayuntamiento aplica normas distintas sobre señalización, diseño o uso de tarjetas PMR. El Real Decreto 1056/2014 ―al que aquí se ha hecho referencia― deja margen, pero no existe homogeneidad ni coordinación, y eso genera inseguridad jurídica, desigualdad entre municipios y fraude en el uso de tarjetas. Pero, sobre todo, lo que falta es concienciación y empatía, algo que a alguno de ustedes les falta. (Aplausos). Empatía es entender lo que siente una mujer trasladada al parador de

Teruel en plena pandemia para el divertimento de algún dirigente socialista. (Aplausos). Empatía no es mirar hacia otro lado cuando un enfermo de ELA suplica ayudas que nunca llegan mientras ustedes prometen, dan largas y no presupuestan; eso es falta de humanidad. Desde que se aprobó la ley ELA hace un año han fallecido 1128 personas. Sus familias les necesitaban y ustedes las han abandonado. (Aplausos). Empatía no es decirle a una víctima de violencia de género que no pasa nada porque no ha muerto ninguna mientras fallaban las pulseras de seguimiento (un señor diputado: ¡Muy bien!); eso es falta de humanidad. Empatía no es decirles a las víctimas de la dana que si necesitan ayuda, que la pidan; eso es falta de humanidad. (Aplausos). Y empatía no es que el número dos de Diana Morant acuse a una diputada del Partido Popular de la Comunidad Valenciana con síndrome de Down de tener la mente sucia; eso es falta de humanidad. (Aplausos). Empatía, señorías, es ponerse en la piel de una persona que tiene que aparcar a cientos de metros, en un entorno lleno de obstáculos, para poder llegar a su destino. Si fuesen empáticos, en vez de traer aquí una ley que modifica un solo párrafo, estaríamos aprobando un paquete de medidas. Pero no, no tienen empatía. Lo que tienen se llama oportunismo. (Aplausos).

Ustedes, señores del Partido Socialista, no han buscado nuestro apoyo. Poco les importan —‌parece— las personas con discapacidad. No han sido capaces de hablar con el principal partido de la oposición y el partido que más ayuntamientos gobierna. Somos nosotros la alternativa de Gobierno y pronto se lo demostraremos. Porque no, señores del Partido Socialista, esto no es suficiente. Esto es poner parches a reformas profundas que son necesarias, reformas que ―ya les adelanto― pondrá en marcha Núñez Feijóo una vez sea presidente de España. El Partido Popular demostrará que sí había otra forma de gobernar, la que ocupa y se preocupa por los ciudadanos y sus necesidades.

Concluyo, presidente. Quisiera acabar con este mensaje a las asociaciones y a todo el colectivo que ocupa y preocupa este debate. Estamos y estaremos a su lado, escuchándolos, proporcionándoles los medios necesarios para que puedan vivir como lo que son, uno más. Esa es la base de la libertad. Y aquí estaremos, tendiéndoles la mano en el Partido Popular.

Muchísimas gracias. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).