Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Gracias, presidenta. Señorías, ya lo avisó Pedro Sánchez en esta misma tribuna: «Vamos a por todas». Y va con todo para mantenerse en el poder, va con todo para tapar su corrupción, va con todo para destruir la independencia judicial. En definitiva, no hay línea roja que no esté dispuesto a saltarse, con un único objetivo, que es aferrarse al poder, porque el ejercicio de poder se ha convertido para Pedro Sánchez en una estrategia procesal, en su línea de defensa frente a la acción de la justicia. Pedro Sánchez ha dado orden de limpiar, sin límites, las evidencias de su corrupción, y la única forma de hacerlo es mediante el poder, es decir, desde el BOE. Un poder sin mayoría es el que le permite aprobar hoy el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal desde el Consejo de Ministros, un proyecto que atribuye la instrucción de los procedimientos penales a un Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno y que solo acuse ese Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno. Este es un paso crucial en una estrategia de asalto a la justicia. Los fiscales, como todos sabemos, están sometidos a una jerarquía, de la que se pretende aprovechar mediante fiscales generales tan serviciales como el que actualmente se encuentra en el cargo. Cuanto más acorralados están por la corrupción, más peligrosos son porque más decididos están a ir con todo para intentar salvarse. Por ello traemos hoy al Pleno una iniciativa que es una defensa directa de la independencia del Ministerio Fiscal. Con esta proposición de ley lo que quiere garantizar el Partido Popular es la separación de poderes, la independencia del Ministerio Fiscal, y con ello, el sometimiento del Gobierno a la ley. (Aplausos). Cuando la Fiscalía deja de ser independiente, deja de servir a la ley y empieza a servir al poder. La Fiscalía al servicio del sanchismo no es una hipótesis, no es una opinión, es la realidad que hoy vive España. Señorías, estamos a una semana de que, por primera vez en nuestra democracia, un fiscal general del Estado en ejercicio se siente en el banquillo del Tribunal Supremo acusado de un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general del Estado ha pasado de perseguir delitos a sentarse en el banquillo por, presuntamente, cometerlos. En definitiva, nunca antes el Ministerio Fiscal había estado en una situación tan delicada.

Y, señorías, la independencia del Ministerio Fiscal respecto al Ejecutivo está consagrada en la Constitución del 78, concretamente en el artículo 124. Este artículo al que acabo de referirme atribuye al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, pero con sujeción al principio de imparcialidad. Por más que este Gobierno, sin mayoría, sin presupuestos y sin proyecto, quiera hacer creer que el Estado en su totalidad le pertenece, esto no es así. Por eso, en los últimos siete años hemos visto cómo el Gobierno ha ido erosionando gravemente la independencia del Ministerio Fiscal. «¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso». Era toda una declaración de intenciones de lo que estaba por venir y de lo que ha venido. Primero, puertas giratorias entre el Gobierno y la Fiscalía; Dolores Delgado ―seguro que la recuerdan―, del banco azul directamente a la Fiscalía General del Estado. Después intercambio de favores: fue nombrado como fiscal general su propio colaborador ―un nombramiento, por cierto, rechazado por el Consejo General del Poder Judicial―, y poco después ese colaborador devolvía el favor a su antigua jefa apañándole una fiscalía específica, en un ejercicio calificado por el Tribunal Supremo como desviación de poder.

Pero vayamos a su actividad. El procesamiento del fiscal general del Estado señala todavía más el daño institucional que el Gobierno está provocando a la Fiscalía; y no es una anécdota, es una alerta muy preocupante de su capacidad para servirse de las instituciones, que deberían ser de todos. La sumisión del fiscal general llega al punto de incurrir en la presunta comisión de delitos para perjudicar a una rival política de apropiarse de todos los recursos del Estado en beneficio personal. Y, por cierto, ¿creen acaso los grupos que votaron a favor de la investidura del señor Sánchez que si lo hace con unos no lo puede hacer con otros? Si es necesario, lo hará también con ustedes.

Y vayamos a las reformas legales. Todas las leyes, desde la ley Begoña a las leyes Bolaños, tienen un objetivo único: someter a la justicia. Todas y cada una de ellas buscan asegurar la impunidad del presidente, cuya familia, partido y Gobierno están manchados por la corrupción. Y de ahí el interés por atar todavía más la Fiscalía al control del Gobierno, de ahí el interés por eliminar la acusación popular y dejar que tanto la acusación como la investigación queden en manos de la Fiscalía, de ahí el sometimiento del fiscal general del Estado en el cargo, de su sostenimiento; Sánchez y los suyos lo necesitan, es una pieza clave, una pieza angular en el enjuague permanente para resistir en la Moncloa.

Hoy el Gobierno ha dado un paso más en ese proceso. Acabamos de conocer el proyecto de ley que deja la investigación penal en manos de un Ministerio Fiscal bajo tutela del Ejecutivo, un proyecto de ley que quiere acabar también con la acusación popular. ¿Alguien cree, por ejemplo, que el fiscal general habría permitido que la investigación de su propio caso llegase a juicio si dependiese de la Fiscalía la investigación judicial? Evidentemente, no. (Aplausos). De la misma manera que sin acusación popular el hermano del presidente no estaría procesado ni la mujer del presidente estaría imputada por cinco delitos ni avanzarían las investigaciones sobre corrupción del Gobierno y del partido del Gobierno. Su proyecto de ley presentado hoy es el del sometimiento de la acción de la justicia al interés del poder, de su poder, de Pedro Sánchez. En las actuales circunstancias, que toda investigación penal en nuestro país pueda quedar a criterio último de Pedro Sánchez es un auténtico peligro democrático, porque, señorías, ladrillo a ladrillo, reforma a reforma, este Gobierno quiere deconstruir nuestra arquitectura constitucional, todas sus garantías y contrapesos, todos los límites que el poder para ser democrático no solo necesita, sino que debe respetar.

El caso que nos trae hoy aquí es la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia; sí, la que aprobamos en el año 2024, una ley que, con el falso pretexto de modernizar la justicia ―seguro que les suena, siempre este es el falso pretexto―, colaba en su disposición final quinta una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. ¿Qué hizo exactamente esa reforma? Desmanteló el modelo de independencia previsto para la unidad de supervisión y control de protección de datos del Ministerio Fiscal. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, el Estatuto del Ministerio Fiscal establecía que esa unidad debía estar dirigida por juristas independientes, elegidos por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal y que contasen con experiencia acreditada en la materia. ¿Qué es lo que hace la ley de eficiencia? Cambia radicalmente este esquema: elimina la exigencia de que el responsable sea un jurista externo, establece que el cargo debe recaer en un fiscal en servicio activo y dispone que su nombramiento se haga a propuesta del fiscal general del Estado, es decir, del propio órgano al que debe controlar, tal vez además con la intención de nombrar a alguien cercano con altos conocimientos en borrado de delitos en dispositivos móviles. (Aplausos).

Señorías, esto es una aberración democrática. Es convertir una autoridad de supervisión en una oficina de confianza subordinada. Vamos, es como si Sánchez nombra a Bolaños para controlar su propia actuación. Es una burla política, máxime cuando ha sido la presunta filtración de datos de carácter personal de un particular lo que ha llevado al fiscal general del Estado al banquillo. Esta reforma, por tanto, vulnera el artículo 18 de la Constitución, que protege el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales. Es contraria al derecho europeo: contradice el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que exige que toda autoridad de control sea independiente, imparcial y libre de instrucciones externas.

Por eso, esta proposición de ley que defendemos busca revertir esta modificación. Nuestra propuesta devuelve la independencia que el Gobierno eliminó, propone que el responsable de la unidad sea nombrado por mayoría absoluta del Pleno del Consejo Fiscal entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia en protección de datos, establece un mandato de cinco años, no renovables, es decir, garantiza su neutralidad, y fija, como no puede ser de otra manera, un régimen de incompatibilidades y cese objetivo, para evitar cualquier influencia política. En definitiva, reestablece la independencia, la transparencia y la profesionalidad que Europa exige y la Constitución reclama.

Señorías, cuando el Gobierno aprueba leyes para controlar la Fiscalía, cuando sostiene en el cargo a un fiscal general procesado, cuando elimina los contrapesos que garantizan su independencia, lo que está en juego no es una persona, es la integridad del Estado de derecho. Esto es lo que nos jugamos, no una mera cuestión técnica. Es cuestión de calidad democrática. El objetivo del sanchismo es la degradación total de la democracia española. Cuanto menos legisle el Parlamento, cuanto más sometidas estén las instituciones, cuanto más débil sea la justicia, mejor para Pedro Sánchez. Por tanto, vamos a revertir esta degradación. Vamos a legislar a favor de las instituciones. Vamos a proteger la independencia de la justicia desde un poder legislativo independiente. En definitiva, vamos a regenerar nuestra democracia, ejerciendo, sí, el poder legislativo, que es lo que somos y Pedro Sánchez intenta eliminar y controlar. Esta proposición de ley supone una garantía decisiva en esa dirección. Es una rectificación institucional, un acto de higiene democrática y una reivindicación del equilibrio constitucional. La independencia del Ministerio Fiscal no es de derechas ni de izquierdas, es una exigencia constitucional, un compromiso europeo y una necesidad democrática.

Señorías, nuestro país necesita instituciones fuertes, no instituciones dóciles. Necesita una Fiscalía que investigue, no que obedezca. Y necesita un fiscal general al servicio de la ley, no al servicio del poder. Nuestra propuesta no es de parte, es de país, para que todos y cada uno de los ciudadanos tengan asegurado algo tan básico como la independencia del poder judicial, con la imparcialidad del Ministerio Fiscal. ¿Con qué razones puede un demócrata oponerse a ello? Por eso, les pedimos que la apoyen. Hoy podemos enviar a los españoles un mensaje claro: que la mayoría de sus representantes defienden las instituciones frente al poder, la independencia frente al control y la legalidad frente al abuso, un mensaje de salvaguarda democrática y de regeneración institucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Señorías, el presidente del Gobierno no solo hace una utilización soez de la Fiscalía, sino que también, lamentándolo mucho, y así lo debemos manifestar, prostituye su propia independencia. Y esto hace un gran daño no solo a la justicia, sino también a la división de poderes y al Estado de derecho, del que disfrutamos todos los españoles. Y el único responsable, el Gobierno; el Gobierno, con el presidente del Gobierno a la cabeza y, lamentablemente, el ministro de Justicia detrás. Es inaudito en cualquier país democrático que el fiscal general del Estado se siente nada más y nada menos que en el banquillo de los acusados, y, además, no dimita. Sabemos que el Gobierno no tiene la posibilidad de cesarlo, pero, evidentemente, lo que no debería hacer en ningún caso ―insisto, en ningún caso― es respaldar, como viene haciendo, este comportamiento, totalmente indigno. Y esto es así, señorías, porque la utilización sectaria, y también la podríamos calificar de descarada, que hace el Gobierno de la Fiscalía se ha venido demostrando, y de manera especial cuando se nombró fiscal general del Estado nada más y nada menos que a la que era ministra de Justicia.

Pero, además, que el fiscal general del Estado y otros fiscales sean motivo de portada y titulares en los medios de comunicación con relación a la comisión de determinados delitos viene a evidenciar la putrefacción que este Gobierno quiere para la justicia. ¿Y por qué, señorías? Porque es esperpéntico ―y, seguramente, también puede ser motivo de delito― que los fontaneros del Partido Socialista presionen, chantajeen a fiscales, y que lo hagan con total impunidad, y que además ello suponga obstaculizar la persecución del delito.

Señorías, es vergonzoso que el Gobierno critique y desprecie tanto a jueces como a fiscales y que, además de esta estrategia y de este comportamiento totalmente lamentable en un Estado de derecho y en un sistema democrático como el que disfrutamos los españoles, de este aquelarre forme parte también el propio ministro de Justicia. Señorías, es evidente la obsesión enfermiza que tiene este Gobierno por colonizar todas las instituciones, y el Poder Judicial y también la Fiscalía no lo han dejado al margen. Y esto, señorías, lo que viene a evidenciar al final es la obscenidad con la que este Gobierno entiende la justicia, la Administración de justicia, el Estado de derecho, la división de poderes y la propia democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Popular, señora Cuca Gamarra, se me ocurren dos opciones: la primera es que se hayan quedado sin ideas y la segunda es que nunca tuvieron ninguna idea. Y lo voy a explicar. La Fiscalía General del Estado tiene la unidad de protección de datos, creada, por cierto, mediante la Ley Orgánica 7/2021, y no por ninguna propuesta de ustedes ni por ninguna mayoría suya, y hoy proponen también cambiar su nombre, que ya se modificó en enero de 2025, y, sin embargo, no la dan más competencias, más recursos ni más potestades, aunque sí plantean que la persona que está al frente no tenga que pertenecer al Ministerio Fiscal, es decir, que no tenga las salvaguardas y las protecciones que justamente le da ese estatuto. Ustedes se oponen, por ejemplo, a que juristas de reconocido prestigio estén abiertos a entrar en la judicatura, no sea que al final se amplíe su pluralidad ideológica y social. Sin embargo, sí están de acuerdo y les interesa proponer una figura absolutamente dependiente del Consejo Fiscal, pero sin protección ni potestades. Y, sinceramente, ustedes no hacen esto porque les parezca que es mejor así, sino porque quieren subir a esta tribuna a reforzar esa operación bomba de humo que llevan años intentando para convertir, por ejemplo, el caso de fraude fiscal de la pareja de la señora Díaz Ayuso, que es muy grave, en un caso sin base contra el fiscal general del Estado. Y no han tenido una idea mejor que esta, que, en definitiva, es ninguna, y así hay que decirlo. Y al señor Feijóo me gustaría darle un consejo, y es que, respecto a quien le dice que hay que traer cosas como la que han traído hoy aquí o que, cuando tenga un problema grave, en lugar de aplicar la transparencia se dedique a echar bombas de humo contra todo el mundo, ese que se lo dice, el que lleva un vaso de whisky en la mano cuando se lo está aconsejando, señor Feijóo, ese es el traidor. Cuanto más se parezca a Isabel Díaz Ayuso, menos le quedará a la señora Díaz Ayuso para sentarse en su silla, aunque igual en ese momento el señor Feijóo también nos sale con que no es presidente del Partido Popular porque no quiere. Señorías del Grupo Popular, evidentemente, vamos a votar en contra de su propuesta. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on, señorías. Nos presenta el Grupo Parlamentario Popular una iniciativa para retrotraer la reforma que de la unidad de protección de datos del Ministerio Fiscal se realizó con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 1/2025, sobre la eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya que, según el grupo parlamentario proponente y según se dice literalmente en la exposición de motivos de la iniciativa, «esta nueva regulación sería contraria al contenido del derecho a la protección de datos y a la normativa aplicable tanto del derecho de la Unión como del derecho interno derivado, e incluso sería también inconstitucional por no respetar la independencia requerida a la autoridad de control» ―cierre de la cita―. Ciertamente, señorías, consideramos que estas afirmaciones pecan de exageradas, aunque no es menos cierto que el cambio operado en la unidad de protección del Ministerio Fiscal a través de la Ley

Orgánica 1/2025 se aleja del modelo contenido en la primera redacción de la Ley Orgánica 7/2021, cuando se crea la autoridad de protección de datos de carácter personal del Ministerio Fiscal con ocasión de la tramitación por las fiscalías de actuaciones y procesos de los que sean competentes y de las actuaciones de gestión de las oficinas fiscales. En esa primera configuración de la unidad de protección de datos quedaba perfilada de una manera más cercana ―aunque, ciertamente, sin acercársele― al modelo de referencia de la Agencia Española de Protección de Datos, que cuenta con personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada y capacidad de actuación independiente de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones, necesitando su responsable y su adjunto ser ratificados por la Comisión de Justicia de este Congreso por tres quintos en la primera votación y por mayoría absoluta en la segunda. Así, y sin acercarse a esta formulación, el nombramiento por mayoría absoluta del titular de la unidad de protección se atribuía al Consejo Fiscal, que es el órgano colegiado del Ministerio Fiscal para la unidad de actuación del ministerio, y el cese también era a cargo del Consejo Fiscal y por mayoría absoluta, frente a la nueva redacción, por la que lo hace el Gobierno, a propuesta del fiscal general del Estado, en referencia tanto al nombramiento como al cese. Y, por su parte, el nombramiento había de recaer entre juristas de reconocida competencia en protección de datos, al menos con quince años de experiencia y durante cinco años, no renovables, mientras que ahora no se habla de las características requeridas al candidato porque implícitamente se encuentra reservado a fiscales en activo y en el ámbito de las unidades de la Fiscalía General del Estado, aunque se mantiene la característica de la independencia e imparcialidad.

En fin, señorías, a nuestro juicio, un modelo, ciertamente, menos virtuoso que el precedente, pero que no consideramos contrario ni a la Constitución ni al derecho comunitario, ya que a las unidades de protección de datos no hay referencia alguna en la Constitución. Y en la directiva de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, se deja un amplio margen para el legislador secundario de cada Estado, pues solo se indica que las condiciones generales aplicables al miembro o miembros de la autoridad de control deben establecerse por ley en cada Estado miembro y han de ser nombrados por un procedimiento transparente por el Parlamento, el Gobierno, el Jefe de Estado, en su caso, y a propuesta de un miembro del Gobierno o del Parlamento o de una de las Cámaras o por un organismo independiente en virtud del derecho interno. Disposiciones, señorías, que, a nuestro juicio, en modo alguno consideramos se contravienen con la nueva formulación de la Unidad de Protección de Datos Personales de procedencia jurisdiccional recabados por el Ministerio Fiscal, no obstante las alegaciones del Partido Popular; alegaciones, señorías, que, por otra parte, no sorprenden, pues si tan clara ve el Partido Popular la inconstitucionalidad de la nueva formulación de la Unidad de Protección de Datos, no entendemos por qué no la recurrió ante el Tribunal Constitucional, como sí lo hizo con la disposición final séptima de la Ley Orgánica 1/2025, único precepto recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular, atacando lo que consideramos el núcleo intangible de la foralidad vasca en el ámbito local. Ahí sí se apresuró a ver el Partido Popular inconstitucionalidad y a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Y ahora nos exhorta a que la veamos donde antes no la vio, en la Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal; más, a nuestro juicio, por su campaña contra el fiscal general del Estado que por cualquier otra cosa.

Señorías del Grupo Popular, aunque consideramos menos virtuoso el nuevo modelo de Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal implantado por la Ley Orgánica 1/2025 que el precedente, no podemos olvidar la agresión a la foralidad vasca, recurriendo, como les decía, ante el Tribunal Constitucional la final séptima de la misma ley orgánica.

Nada más y muchas gracias.

Senyora presidenta, senyories, molt bona tarda. L’autoritat de control de les dades de caràcter personal del Ministeri Fiscal, d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, es va regular a l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal del 2018 com una unitat de supervisió i control de protecció de dades el titular de la qual era nomenat pel Consell Fiscal entre juristes de reconeguda experiència, experiència, i amb el coneixement en matèria de protecció de dades assegurat. La Llei d’eficiència del Servei Públic de Justícia, la Llei Orgànica 1/2025 va modificar aquesta previsió fent dependre aquesta figura, aquesta autoritat, del fiscal general de l’Estat, i donant-li un caràcter tècnic i dependent. Ja no calia que el titular fos un jurista especialitzat en protecció de dades, passava a ser un fiscal nomenat com la resta de càrrecs discrecionals pel Govern, a proposta del fiscal general de l’Estat. Sincerament, no sabem quin nom hi havia darrere d’aquesta disposició final cinquena, perquè segur que hi havia un nom. En qualsevol cas, aquesta disposició va suposar un retrocés per als principis d’independència i transparència que exigeix el reglament europeu per a aquests òrgans, encarregats de la supervisió i control de les dades protegides en la Fiscalia. Si es tracta de tenir una autoritat independent, una autoritat que pugui fer la seva funció, els fiscals per naturalesa són dependents i difícilment faran aquesta funció, si a qui han de controlar són aquells que els han nomenat. Per tot això, ens sembla raonable la reversió de la disposició final cinquena de la Llei d’eficiència a la justícia.

Dit això, dit això, com hem dit més d’una vegada, jo ja no sé com agafar-me les iniciatives del Partit Popular en matèria de justícia, que en teoria defensen els més variats aspectes de l’Estat de dret, perquè vostès, vostès són els responsables de la instrumentalització partidista de totes, absolutament totes les institucions democràtiques de l’Estat, i, evidentment, també del Ministeri Fiscal. No ens creiem la seva gesticulació i pensem que són uns impostors quan presenten aquest tipus de propostes. Com aquesta que ara ens ocupa, que suposadament són en defensa de la separació de poders i de l’Estat de dret, però, en canvi, per exemple, si vostès fossin els beneficiats, estem convençuts que els semblaria perfecte que el responsable de protecció de dades del Ministeri Fiscal es nomenés directament des de Gènova. Que tot és gesticulació ho demostra el fet que comentava ara mateix el diputat Legarda, que vostès no han recorregut al Constitucional aquesta disposició final. Si tan inconstitucional la consideren, per què no l’han recorregut al Tribunal Constitucional, així com han recorregut, per exemple, la gestió de secretaris i interventors al País Basc?

Però això, tot això, tota aquesta crítica al Partit Popular, ja l’hem feta moltes vegades i avui voldria parlar de l’altre costat de la bancada. Aquesta disposició final cinquena em remet a la disposició final 33a que fa referència a resoldre el problema de la temporalitat a la justícia. Doncs bé, resulta que en el projecte de llei resultant, el projecte de llei d’accés a la judicatura i la Fiscalia, que modifica la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’Estatut Fiscal, el de menys és la temporalitat a la justícia, perquè en realitat és una proposta per a reconfigurar la Justícia que el ministre Bolaños, amb la seva habitual modèstia, va arribar a definir com «la mayor transformación de la justicia en décadas». En canvi, en canvi, per a nosaltres, el projecte de la llei Bolaños és l’exemple màxim de partidisme en la Justícia i demostra com de curta de cames era la regeneració democràtica que es va treure de la màniga el senyor Sánchez, després d’aquells famosos cinc dies de reflexió i de retir espiritual.

La llei Bolaños no enganya. Molta retòrica tecnocràtica i modernitzadora, però no surt d’una concepció funcional i administrativista del sistema judicial, inclosa la Fiscalia, on casa molt bé, per cert, aquesta disposició final cinquena que ara discutim. La proposta del ministre Bolaños eludeix qualsevol reflexió estructural sobre els dèficits democràtics i les garanties que arrossega el sistema judicial espanyol des del franquisme, perpetua un model aliè a la pluralitat social, a la diversitat nacional i lingüística, i, sobretot, perpetua la instrumentalització política de la judicatura i la Fiscalia, estalviant els contrapesos, controls i mecanismes d’avaluació independents i la rendició de comptes dels jutges fiscals que pot. Encara més, la proposta del PSOE incrementa la capacitat operativa dels òrgans que, com la Fiscalia, actuen a les ordres del Govern de torn; en cap cas s’aborda el problema de fons: la dependència jeràrquica de la Fiscalia del Govern. I això és clau, perquè aquesta subordinació —‌i ho hem viscut, creguin-me, en la nostra pell— ha estat clau en l’activació i la coordinació de la repressió judicial contra l’independentisme. Molta retòrica reformista, però també en l’àmbit de la Fiscalia el PSOE aposta clarament per mantenir intacta una eina de control polític sobre la justícia com és la Fiscalia. Qualsevol reforma de la justícia ha de passar per una Fiscalia independent, professionalitzada i desconnectada del poder executiu. En canvi, el projecte que vostès van presentar, que el senyor Bolaños…, el projecte del senyor Bolaños, blinda i perpetua la Fiscalia com a braç executor de l’executiu. Ja ho ha estat contra nosaltres, amb la criminalització de l’exercici de drets fonamentals de tipus polític, ja ho ha estat en els casos relacionats amb l’1 d’octubre, ja ho ha estat amb la persecució dels CDR, amb la persecució de la Mesa del Parlament, amb la persecució dels exiliats i els seus entorns, o reinterpretant de forma prevaricadora l’amnistia. I ara també veiem com és utilitzada en les causes de corrupció que assetgen el senyor Sánchez. Però no només això, la Fiscalia, si em permeten, es pretén que sigui una mena d’agència d’intel·ligència judicial de l’Estat que elabora, que fins i tot arriba a elaborar estratègies amb finalitats polítiques, promou causes d’acord amb aquesta estratègia, i les impulsa o les deixa d’impulsar, o les recupera i les torna a la vida, segons els interessos polítics del Govern en aquell determinat moment.

Acabo amb unes mostres de l’ús de la Fiscalia per a la batalla política i fins i tot per a la guerra bruta, amb una evident intencionalitat de rebaixar, amansir o directament anul·lar l’adversari polític. Unes mostres que, per cert, amb nosaltres han resultat un fracàs absolut. Primera mostra: el paper de la Fiscalia en la demencial instrucció del jutge Aguirre sobre la causa de la suposada trama russa del procés, on hem vist com la Fiscalia ha acompanyat i protegit fins al final un jutge clarament prevaricador com el jutge Aguirre. Segona mostra: la utilització de delinqüents confessos de les clavegueres de l’Estat com a falsos confidents i testimonis per sostenir acusacions contra el cap de l’oficina i l’advocat del president Puigdemont, amb una finalitat clarament persecutòria que busca uns resultats polítics. Una pràctica, per cert, en què la fiscalia sembla estar abonada. Tercera: el paper de la Fiscalia en l’acusació contra la Sindicatura Electoral. Primer, van muntar una causa falsa. Segon, va operar la Fiscalia per anul·lar un judici que ens absolia, i ara la Fiscalia prevarica a obstruir l’aplicació de la Llei d’amnistia. I quarta mostra d’aquesta utilització instrumental de la Fiscalia per part del Govern: doncs, l’hem vista en la persecució de l’exili polític, ho hem vist aquesta setmana passada amb l’escrit de la Fiscalia del Tribunal Constitucional contra l’aplicació de les mesures cautelars que preveu la Llei d’amnistia al president Puigdemont. Escudant-se en legalismes formalistes, com si fos un jutjat del Contenciós, ignorant el paper de garantia dels drets del Ministeri Públic que ha de tenir especialment davant un òrgan com el Tribunal Constitucional i servint els interessos partidistes d’aquells de qui depèn. Davant d’això, la pregunta és òbvia: ¿de quién depende la Fiscalía?

Moltes gràcies.

Señora presidenta, señorías, buenas tardes. La autoridad de control de los datos del Ministerio Fiscal, de acuerdo con el reglamento europeo, se reguló en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 2018 como una unidad de supervisión y control de protección de datos, el titular de la cual era nombrado por el Consejo Fiscal entre juristas de reconocida experiencia y con el conocimiento en materia de protección de datos asegurado. La ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, la Ley Orgánica 1/2025, modificó esta previsión, haciendo depender esta figura del fiscal general del Estado y dándole un carácter técnico y dependiente. Ya no hacía falta que el titular fuese un jurista especializado en protección de datos; pasaba a ser un fiscal nombrado, como el resto de cargos discrecionales, por el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado. Sinceramente, no sabemos qué nombre estaba tras esta disposición final quinta, porque seguro que estaba ahí un nombre. En cualquier caso, esta disposición supuso un retroceso para los principios de independencia y transparencia que exige el reglamento europeo para estos órganos encargados de la supervisión y control de los datos protegidos en la Fiscalía. Si se trata de tener una autoridad independiente, una autoridad que pueda hacer su función, los fiscales, por naturaleza, son dependientes y difícilmente van a hacer esta función si a quienes tienen que controlar es a quienes les han nombrado. Por todo esto, es razonable la reversión de la disposición quinta de la ley de justicia. Dicho esto, yo ya no sé cómo tomarme las iniciativas del Grupo Popular en materia de justicia, que en teoría defienden los más variados aspectos del Estado de derecho, porque ustedes son los responsables de la instrumentalización partidista de todas las instituciones democráticas del Estado y, evidentemente, también del Ministerio Fiscal. No nos creemos su gesticulación y pensamos que son unos impostores cuando presentan este tipo de propuestas, como esta que nos ocupa, que supuestamente sale en defensa de la separación de poderes y del Estado de derecho; en cambio, por ejemplo, si ustedes fueran los beneficiarios, estamos convencidos de que les parecería perfecto que el responsable de protección de datos del Ministerio Fiscal fuera nombrado directamente desde Génova. Que todo es gesticulación lo demuestra el hecho que comentaba ahora mismo el diputado Legarda, que ustedes no han recurrido al Constitucional esta disposición final. Si tan inconstitucional la consideran, ¿por qué no la han recurrido al Constitucional, así como lo han hecho con la gestión de secretarios interventores en el País Vasco? Pero todo esto, toda esta crítica al Partido Popular ya la hemos hecho muchas veces, y hoy quisiera hablar aquí de otro lado de la bancada. Esta disposición final quinta me remite a la final trigésimo tercera, que hace referencia a resolver el problema de la temporalidad en la justicia. Pues bien, resulta que en el proyecto de ley resultante, el proyecto de ley de acceso a la judicatura, que modifica la ley consecuente, lo de menos es la temporalidad en la justicia porque es una propuesta para reconfigurar la justicia. El ministro Bolaños, con su habitual modestia, llegó a definirlo como la mayor transformación de la justicia en décadas. En cambio, para nosotros, el proyecto de la ley Bolaños es el ejemplo máximo de partidismo en la justicia y muestra cómo de corta de piernas era la regeneración democrática del señor Sánchez después de esos cinco días de reflexión y de retiro espiritual.

La ley Bolaños no nos engaña. Mucha retórica tecnocrática y modernizadora, pero no sale de una concepción funcional y administrativista del sistema judicial, incluyendo la Fiscalía, donde casa muy bien esta disposición final quinta que ahora discutimos. La propuesta del ministro Bolaños agudiza cualquier reforma estructural sobre déficits del sistema judicial español desde el franquismo, perpetúa un modelo ajeno a la pluralidad social, a la diversidad nacional y lingüística y, sobre todo, perpetúa también la instrumentalización política de la judicatura y la Fiscalía, ahorrando así los contrapesos, los mecanismos de evaluación independientes y la rendición de cuentas de los jueces y fiscales que puede. Aún más, la propuesta del PSOE incrementa la capacidad cooperativa de los órganos que, como la Fiscalía, actúan a las órdenes del Gobierno de turno, pero no se aborda el problema de fondo, la dependencia jerárquica de la fiscalía del Gobierno. Y esto es clave, porque esta subordinación ―y lo hemos vivido en nuestras propias pieles― ha sido clave en la activación y coordinación de la represión contra el independentismo. Mucha retórica reformista, pero también en el ámbito de la fiscalía el PSOE apuesta por mantener una herramienta de control político sobre la justicia, como es la Fiscalía. Cualquier reforma de la justicia tiene que pasar por una Fiscalía independiente profesionalizada y desconectada del Poder Ejecutivo. En cambio, el proyecto que ustedes presentaron, el proyecto del señor Bolaños, blinda y perpetúa la Fiscalía como brazo ejecutor del Ejecutivo. Ya lo ha sido contra nosotros con la criminalización del ejercicio de derechos fundamentales de tipo político; lo ha sido también en casos relacionados con el 1-O, también con la persecución de los CDR, con la persecución de la Mesa del Parlamento, con la persecución de los exiliados y sus entornos, o bien reinterpretando de forma prevaricadora la amnistía, y ahora también vemos cómo se utilizan las causas de corrupción que acechan al señor Sánchez. Pero no solo esto, también se pretende que la Fiscalía, si me permiten, sea una especie de agencia judicial del Estado, que llega a elaborar estrategias con finalidades políticas, promueve causas de acuerdo con esta estrategia y las impulsa o las deja de impulsar o las recupera y las vuelve a la vida según los intereses políticos del Gobierno en ese determinado momento.

Termino con unas muestras del uso de la Fiscalía para la batalla política e incluso para la guerra sucia con la evidente intencionalidad de rebajar o anular al adversario político, unas muestras que con nosotros han resultado un fracaso absoluto. Primera muestra: el papel de la Fiscalía en la demencial instrucción del juez Aguirre sobre la causa de la trama rusa del proceso, donde hemos visto cómo la Fiscalía ha acompañado y protegido hasta el final a un juez claramente prevaricador como el juez Aguirre. Segunda muestra: la utilización de delincuentes confesos de las cloacas del Estado como falsos confidentes y testigos para sostener acusaciones contra el jefe de la oficina y el abogado del presidente Puigdemont, con una finalidad persecutoria que busca unos resultados políticos, una práctica, por cierto, a la que la Fiscalía parece estar abonada. Tercera muestra: el papel de la Fiscalía en la acusación contra la sindicatura electoral. En primer lugar, montaron una causa falsa; en segundo lugar, operó la Fiscalía para anular un juicio que nos absolvía, y ahora prevarica para obstruir la aplicación de la ley de amnistía. Y la cuarta muestra de esta utilización instrumental de la Fiscalía por parte del Gobierno la hemos visto en la persecución del exilio político o, la semana pasada, en el escrito de la Fiscalía del Tribunal Constitucional contra la aplicación de las medidas cautelares que prevé la ley de amnistía al presidente Puigdemont, escudándose en legalismos fiscalistas como si fuera un juzgado de lo Contencioso, ignorando el papel de garantía de los derechos del Ministerio Público que tiene que tener ante un órgano como el Tribunal Constitucional y sirviendo a los intereses partidistas de aquellos de los que dependen. Ante esto, la pregunta es obvia: ¿de quién depende la Fiscalía?

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, bona tarda. Aquesta és la meva primera intervenció aquesta tarda i, per tant, voldria començar recordant, perquè no sé si ho podré tornar a fer, les víctimes de la dana, ara que fa just un any que es va produir aquella terrible desgràcia. Són els germans del País Valencià i les germanes. I voldria saber..., voldria que sabessin que estem amb ells i que no hem oblidat res del que va passar. Un cop dit això, permetin-me fer un comentari. I és que els anteriors oradors i oradores han fixat molt bé jo crec el tema d’aquesta proposició de llei. I, per tant, per la cinquena o sisena oradora que soc jo, se’m fa difícil intervenir sense reiterar arguments, la qual cosa em fa fer un exercici d’imaginació per veure com ho explico, perquè la gent que ens està veient, que ens està seguint o que ens està escoltant puguin pensar que hi ha alguna aportació de més.

Mirin, més enllà de si vostès han recorregut al Tribunal Constitucional, com han fet amb altres elements de la Llei 1/2025, d’eficiència del sistema judicial de l’Administració de Justícia; més enllà que aquesta modificació de la manera de tria de la persona titular de la Unitat de Protecció de Dades del Ministeri Fiscal sigui una o sigui l›altra —‌que en això jo crec que fins i tot ens podríem arribar a posar d’acord—, el que vostès presenten avui no té entitat per ser una proposició de llei. Tenint en compte tot el que estem tramitant, vinculats a l’Administració de Justícia i al model de Justícia d’aquest Estat, el més fàcil seria que ho haguessin convertit en una esmena de modificació o a la Llei de la carrera judicial o a la Llei que inclou també, per cert, l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, o bé a alguna de les altres lleis que per congruència podrien ser-hi. Però no ho fan així. A una setmana de l’obertura del judici oral al fiscal general de l’Estat, vostès han buscat la manera d’intentar parlar sobre el Ministeri Fiscal amb alguna base de tipus legislativa. Per tant, diríem que aquesta proposició és gairebé un frau de tècnica parlamentària. En realitat, el que volien fer era o una moció o una interpel·lació o qualsevol altra cosa, una pregunta; però no fer-nos fer el debat sobre aspectes més tangencials que es poden incloure tranquil·lament com a esmena a qualsevol altra tramitació. Esmena que, si porten, mirin, ens plantejarem de votar-hi a favor, però com a proposició de llei, avui, aquesta setmana, per descomptat, no ho farem. Perquè és un ús espuri del debat en seu parlamentària, almenys des de la nostra perspectiva.

Dit això, el cas del fiscal general de l’Estat li he de dir que els que som independentistes de tota la vida ens l’estem mirant amb un pot així de palomitas, palomitas, crispetes, diguin-li com vulguin, perquè és la destrucció sistemàtica de les entitats de l’Estat per dos dels grans grups que es van alternant i que volen que l’Estat sigui seu. Diríem que, si això fos Salomon i l’Estat fos un nen, acabaria mort i partit per la meitat, perquè estan destrossant qualsevol credibilitat respecte de les estructures mínimes d’un Estat de dret. I ho fan amb l’actuació de la Fiscalia, amb l’actuació de la UCO, amb l’actuació judicial dia darrere dia, i ho fan també portant-ho aquí en el Congrés. Ja s’arreglaran, vostès saben que la nostra previsió no passa precisament per arreglar aquest Estat que tenen vostès, que és una mica de xiste, sinó que passa per crear-ne un altre, i allà ja posarem les garanties necessàries. Però, mentrestant ens toqui estar aquí, comprendran que és lamentable, és lamentable aquesta destrucció dels fonaments en què s’ha de basar la confiança de la ciutadania en un Estat que funcioni. I els ho dic perquè tothom sap que és mentida la filtració del correu del fiscal general de l’Estat per al qual ha anat a parar als tribunals. Tothom ho va veure abans a la televisió que es fes el filtratge. Tothom sap que aquesta tramitació i aquest assetjament judicial del juez Hurtado és una pantomima i és un ús polític del Ministeri Fiscal i de tota la judicatura. Tothom espera que això acabi en no res, perquè si acaba en alguna cosa ja és que, vaja, riuran fins i tot la gent que no sap res de Dret. Tothom ho sap. I vostès ara venen aquí a fer-nos canviar no sé quin procediment de nomenament del Ministeri Fiscal? De veritat insulten així la nostra intel·ligència? El que està passant és vergonyós. Però sap què passa? Que d’aquí a un temps la Fiscalia General de l’Estat serà de vostès. I, al cap de deu anys, serà d’ells. I l’únic que tenen en comú és que sigui Fiscalia, siguin jutges, sigui la UCO, sigui la Policia Nacional, als independentistes ens seguiran perseguint, i als dissidents també. I si vostès, senyors que ara tenen la bancada del Govern, són considerats dissidents, també. I portem anys advertint-los, em faig tan pesada que fins i tot em canso a mi mateixa de sentir-ho dir una altra vegada. Però és que els ho vam dir per activa i per passiva, amb dades, amb interlocutòries, amb sentències. La justícia en aquest Estat, entesa com un poder que restableix drets de la ciutadania i que sanciona conductes inapropiades, no existeix. I aquest Congrés té el gran risc de deixar de viure a la realitat i posar-se a viure en els relats partidistes de les dues grans forces. I bé, ja no parlo de la tercera, que és VOX, perquè ja és un món de ciència-ficció absolut. Però també els dic: la desconnexió amb la realitat fa malbé aquesta espècie de democràcia i d’Estat de dret que vostès diuen que existeix i que cada dia és més com l’emperador, va despullat, vesteixin-lo, perquè al final es refredarà i morirà. I estem molt a prop.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, buenas tardes. Esta es mi primera intervención esta tarde, con lo cual quisiera empezar recordando ―porque no sé si lo podré volver a hacer― a las víctimas de la dana, ahora que hace justo un año que se produjo esa terrible desgracia de los hermanos y hermanas del país valencià. Quisiera que supieran que estamos con ellos y que no hemos olvidado nada de lo que ocurrió. (Aplausos).

Dicho esto, voy a hacer un comentario. Los anteriores oradores y oradoras han fijado muy bien ―yo creo― el tema de esta proposición de ley, con lo cual a la quinta o sexta oradora, que soy yo, se le hace difícil intervenir sin repetir argumentos, lo que me hace hacer un ejercicio de imaginación para ver cómo lo explico, para que quien nos esté viendo y escuchando pueda pensar que hay alguna aportación más.

Más allá de si ustedes han recurrido al Tribunal Constitucional ―como han hecho con otros elementos de la Ley de 1/2025, de eficiencia del sistema judicial, de la Administración de Justicia―, más allá de que esta modificación de la forma de escoger a la persona titular de la Unidad de Protección de Datos del Ministerio Fiscal sea una u otra ―que en esto yo creo que incluso nos podríamos llegar a poner de acuerdo―, lo que ustedes presentan hoy no tiene entidad para ser una proposición de ley. Teniendo en cuenta todo lo que estamos tramitando, vinculado a la Administración de Justicia, al modelo de justicia de este Estado, lo más fácil sería que lo hubieran convertido en una enmienda de modificación a la ley de la carrera judicial o a la ley que incluye también, por cierto, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, o bien a alguna de las otras leyes que por congruencia podrían estar, pero no lo hacen así. A una semana de la apertura del juicio oral al fiscal general del Estado, ustedes han buscado la forma de intentar hablar sobre el Ministerio Fiscal con alguna base de tipo legislativo. Por lo tanto, diríamos que esta proposición es casi un fraude de técnica parlamentaria. Lo que deberían haber hecho ustedes es una moción, una interpelación o cualquier otra cosa ―una pregunta―, pero no hacernos tener aquí el debate sobre aspectos más tangenciales que se pueden incluir tranquilamente como enmienda en otra tramitación, una enmienda a la que, si la traen aquí, casi nos plantearemos votar a favor, pero como proposición de ley hoy, esta semana, no lo vamos a hacer, porque esto es un uso espurio del debate en sede parlamentaria, por lo menos desde nuestra perspectiva.

Dicho esto, le tengo que decir que los que somos independentistas de toda la vida vemos el caso del fiscal general del Estado con un bote de palomitas, porque es la destrucción sistemática de las entidades del Estado por parte de los dos grandes grupos, que se van a alternando y que quieren que el Estado sea suyo. Diríamos que, si esto fuera Salomón y el Estado fuera un niño, acabaría muerto y partido en dos, porque están destrozando cualquier credibilidad respecto a las estructuras mínimas de un Estado de derecho, y lo hacen con la actuación de la Fiscalía, con la actuación de la UCO, con la actuación judicial día tras día, y lo hacen también trayéndolo aquí al Congreso. Ya se van a arreglar, porque ustedes saben que nuestra previsión no pasa precisamente por arreglar este Estado que tienen ustedes, que es de chiste, sino por crear otro, y ahí vamos a poner las garantías necesarias. Pero mientras tanto, mientras tengamos que estar aquí, van a comprender que es lamentable esta destrucción de los fundamentos en los que se tiene que basar la confianza de la ciudadanía en un Estado que funcione, porque todo el mundo sabe que es mentira la filtración del correo del fiscal general del Estado, que es por lo que ha ido a parar a los tribunales. Todo el mundo lo vio antes en televisión, antes de que se hiciera el filtraje. Todo el mundo sabe que esta tramitación y esta situación del juez Hurtado es una pantomima y es un uso político del Ministerio Fiscal y de toda la judicatura. Todo el mundo espera que esto termine en nada, porque si termina en algo, van a reírse incluso aquellos que no saben nada de derecho, todos lo sabemos. ¿Y ustedes ahora vienen aquí a hacer cambiar no sé qué procedimiento de nombramiento del Ministerio fiscal? ¿De verdad que insultan así a nuestra inteligencia? Lo que está pasando es vergonzoso. Pero ¿sabe qué ocurre? Que dentro de un tiempo la Fiscalía General del Estado será de ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y al cabo de diez años será de ellos (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), y lo único que tienen en común es que, sea Fiscalía, sean jueces, sea la OCU o sea Policía Nacional, a los independentistas nos van a seguir persiguiendo y a los disidentes también. Y si ustedes, señores que ahora tienen la bancada del Gobierno, son considerados disidentes, también. Llevamos años advirtiendo de esto. La verdad es que me hago tan pesada que incluso me canso a mí misma de decirlo otra vez, pero se lo dijimos por activa y por pasiva, con datos, con interlocutorias y con sentencias: la justicia en este Estado entendida como un poder que restablece derechos de la ciudadanía y que sanciona conductas inapropiadas no existe, y este Congreso tiene el gran riesgo de dejar de vivir la realidad y ponerse a vivir en los relatos partidistas de las dos grandes fuerzas, y ya no hablo de la tercera, que es VOX, porque ya es un mundo de ciencia ficción absoluto. Pero también les digo que la desconexión con la realidad malmete esta especie de democracia y de Estado de derecho que ustedes dicen que existe y que cada día es más como el emperador que va desnudo. Por favor, vístanlo, porque al final va a morir, y estamos muy cerca de ello.

Muchas Gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, el Partido Popular calienta motores para el vergonzoso juicio al fiscal general del Estado, el primer fiscal general que se sienta en el banquillo por hacer su trabajo, por perseguir las prácticas corruptas de la pareja de la jefa de facto del Partido Popular, la señora Ayuso. El mismo Tribunal Supremo que autorizó retransmitir en directo el juicio del procés ahora no quiere lo mismo en el juicio del fiscal general del Estado. No quieren que España contemple en directo un juicio sin fundamento alguno.

La Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales en procedimientos penales, creó la Unidad de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado para garantizar la protección de datos de particulares que utiliza el Ministerio Fiscal. La designación de un fiscal al frente de la unidad a propuesta del fiscal general se acordó en la ley orgánica de eficiencia de la justicia. El Grupo Popular nos propone que alguien extraño maneje los datos personales de los justiciables, una especie de externalización del control de datos personales en la Fiscalía. Además, nos lo traen al Congreso por duplicado. Una iniciativa similar ya se encuentra en tramitación en el Congreso, tras ser impulsada por el Grupo Popular en el Senado en marzo. No es serio que el Partido Popular quiera tramitar dos leyes iguales. Estamos ante una nueva operación propagandística del Partido Popular, continuación de su estrategia de control e interferencia en la justicia, eliminando todo control democrático de la sociedad sobre esta institución (aplausos) y reforzando la toma de decisiones corporativas a través de un Consejo Fiscal que la derecha utiliza demasiadas veces con fines políticos. Y esto mientras que el Partido Popular refuerza su control de las cúpulas de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de Justicia y del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, decía el senador Cosidó.

El consejo fue renovado hace un año, tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, del que resultaba un teórico equilibrio entre las distintas sensibilidades existentes en la justicia. Desde septiembre del año pasado se han realizado 161 nombramientos en el nuevo consejo de plazas pendientes de nombrar debido a ese secuestro de la institución que el Partido Popular mantuvo cinco años. Sorprendentemente, la estrategia del Partido Popular consigue que, a julio de 2025, un 68 % de los nombramientos recaigan en jueces conservadores, frente a un reducido 32 % de nombramientos que recaen entre jueces y juezas progresistas. Es una desproporción que llama la atención porque, sobre todo, no responde a la realidad social de este país. Y estos cuestionables métodos, consensos, que no unanimidades, han llegado a su cenit en los plenos de junio de este año 2025, en los que, de los veintiocho nombramientos efectuados, solo cinco han recaído en jueces progresistas. Un escaso 15 % frente a un 85 %. Y se ha dicho que estos desequilibrios se deben a la ausencia de candidaturas progresistas. Sin embargo, desde mayo de 2025, cuando era patente la desproporción en los nombramientos ya efectuados, al menos en veinte ocasiones había alternativas progresistas solventes que podían haber equilibrado la situación, pero que no recibieron más que un voto, continuando los nombramientos de conservadores casi por unanimidad de los vocales del consejo. Y es positivo que el 41 % de los nombramientos hayan recaído en mujeres. Y se ha logrado el incremento de la cifra de magistradas en todos los ámbitos, pero la paridad de sexos en los nombramientos no se ha logrado en cinco de los once ámbitos de la justicia: en las altas responsabilidades, en las presidencias y en las salas del Tribunal Supremo, de los tribunales superiores de Justicia, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional. La derecha ha puesto en marcha una estrategia que le ha llevado a reforzar su hegemonía política y de control del Poder Judicial, mientras los denominados progresistas han concurrido a votaciones, divididos hasta con tres posiciones diferenciadas en algunas votaciones. Y, a la vista de estos datos, creemos que estos consensos alcanzados no han sido ni razonables ni equilibrados cuando han servido para reforzar el control del Partido Popular sobre la justicia, a la vista de que los candidatos de los vocales propuestos por el Partido Popular han sido nombrados mayoritariamente. No entendemos las amplias mayorías que consigue la derecha para, por ejemplo, denegar el amparo solicitado por el juez De Prada frente a la campaña de desprestigio de Jiménez Losantos, que solo tuvo un voto a favor; o para denegar el reingreso del magistrado Baltasar Garzón tras un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (aplausos) que condenó a España por inhabilitarlo, que solo contó con tres votos a favor de entre veinte posibles votos; o para denegar, con un solo voto a favor, la incoación del expediente disciplinario al juez que vilipendió en una diligencia la memoria de nuestro querido y recordado Pedro Zerolo en un proceso contra el humorista Quequé.

Este mal comienzo de un Consejo General del Poder Judicial, que se pretendía equilibrado, puede y debe ser corregido de inmediato. Son necesarios resultados más equilibrados, como los que en octubre han permitido renovar comisiones y grupos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. La comisión permanente ha sido renovada, manteniéndose el mismo equilibrio entre progresistas y conservadores que venía teniendo en el último año. Era posible otro tipo de mecanismo. Se han renovado quince comisiones y grupos de trabajo, con un resultado de ocho y siete presidencias respectivamente para cada una de las sensibilidades del Consejo General del Poder Judicial y 50-50 es más equilibrado que 68-32 %. Nos felicitamos porque haya sido posible crear por primera vez en el Consejo General del Poder Judicial un grupo de trabajo sobre derechos humanos. Es posible una justicia más cercana a la sociedad y para ello tenemos que reconducir esta situación, porque lo principal es que los y las demócratas impidamos que continúen las maniobras del Partido Popular para controlar la justicia. Y por eso vamos a votar no a esta propagandística proposición de ley, igual que consideramos imprescindible acabar con la excepción española en la instrucción de los procedimientos judiciales, una rémora de una ley, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en vigor desde 1882 y que por fin se corrige en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia. Gracias a los oradores de los grupos separatistas e independentistas y también a los comunistas SUMAR, Podemos y otros, porque con sus palabras me descargan a mí no de la obligación, sino de la ocurrencia de tener que explicar que ustedes no saben lo que es la democracia ni creen en ella, y que no solamente no saben lo que es la democracia ni creen en ella, sino que no saben lo que es el derecho ni creen en él. Y como sus palabras se explican por sí mismas, por eso les doy las gracias, porque yo ya no tengo que alargarme en ulterior explanación. (Aplausos). A doña Cuca, oradora en el día de hoy del Grupo Popular, que defiende su proposición de ley, le voy a dar una satisfacción. No le pido que me lo agradezca, simplemente es un acto mío de liberalidad. (Risas). Si en la legislatura pasada dije que me gustaba usted menos que doña Cayetana, en esta puedo decirle que me gusta usted más que doña Ester. Porque doña Ester, la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es una señora ―o señorita, que no lo sé ni me importa― que dice cosas como la siguiente. El día 24 de octubre pasado al periódico de su camarilla, El Mundo ―desde que El Mundo se desentendió de Ciudadanos―, declaró: VOX no está preparado para gobernar. Dijo esto respirando por la herida de las encuestas más recientes en las que VOX sigue subiendo y el PP está a la baja después de dar en eso que se llama el techo, que se sitúa entre el 34 y el 35, pero ustedes ahora están a la baja. No se atreve en esta circunstancia a enfatizar sobre la doctrina llamada del voto útil, porque hoy las encuestas arrojan por resultado que la no izquierda de los partidos nacionales, por primera vez desde las elecciones democráticas de 1977, reúne más del 50 % del voto popular. Es la primera vez en democracia que esto sucede, luego esto indica, sin necesidad de mayor explanación, que la teoría del voto útil es más bien una inútil teoría sobre el voto útil. (Aplausos). Ni siquiera hubo ese porcentaje de voto de no izquierda entre partidos nacionales en las mayorías absolutas del señor Aznar en 2000 y del señor Rajoy en 2011. Se lo recuerdo a ustedes, a los diputados del Grupo Popular, para que vean cuán equivocados están. Además, esta señora, doña Ester, la señora…

Señora presidente ―o presidenta, como usted prefiera―, yo he hablado del señor Aznar y del señor Rajoy porque me consta que no son señoritos. (Risas). De la señora Muñoz no sé nada y por lo tanto he dicho…

Señora presidenta, creo que me estoy ciñendo al decoro. Creo que usted ignora que es tan respetuoso llamar a un señor señor Rajoy o don Mariano como llamar a una señora o señorita por su apellido o llamarla doña Ester. Si usted no lo sabe, lo lamento, pero me parece que yo no he actuado indecorosamente. (Aplausos). Si usted discrepa, es un problema suyo de ignorancia, y seguirá en el error si no rectifica.

No tiene usted ninguna razón, aunque dirija usted el debate. (Rumores). Que no la tenga no significa que usted no dirija el debate. Lo dirige sin tenerla, nada más. (Aplausos).

La señora Muñoz o la señorita doña Ester, como usted quiera ―me da exactamente igual―, es la menos indicada para decir que VOX no tiene capacidad de gobernar, porque su única reputación, la conocida al menos, es la de su inexperiencia profesional y ejecutiva, salvo cargos menores. Eso sí, conocemos que fue lectora de El capital, de Carlos Marx ―no sabemos de cuántos volúmenes―, cuando era pequeña, según manifestó a El Mundo en enero de este mismo año.

Y ahora voy a hablar de esta iniciativa del Grupo Popular, que ha tenido mala suerte porque coincide ―¡qué desgracia!― con el día en el que el Consejo de Ministros aprueba el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que se atribuye la instrucción al Ministerio Fiscal y se excluye del ejercicio de la acción penal a los sindicatos y a los partidos políticos. Podrían ustedes haber tenido el sentido de la oportunidad de retirar esta proposición de ley, que es paupérrima y se refiere exclusivamente al régimen de nombramiento del fiscal jefe de la unidad de protección de datos. Esto es de broma, esto es de broma.

Ustedes lo que tienen que hacer si quieren contribuir verdaderamente al Estado de derecho, como dicen siempre ―que lo dudo, y ahora explicaré por qué―, es proponer una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal esencialmente para que los nombramientos de los altos cargos de la carrera fiscal no sean nombramientos discrecionales del fiscal general del Estado. (Aplausos). Porque el régimen de nombramiento del fiscal general del Estado no puede ser modificado, salvo reforma del artículo 124 de la Constitución. El estatuto orgánico sí puede ser reformado mediante una ley ordinaria; ni siquiera es necesaria una ley orgánica, lo cual es discutible. Pero ustedes esto no lo quieren, como no quieren tampoco reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y otras altas magistraturas judiciales. No quieren reformarla porque quieren que siga siendo el Consejo General del Poder Judicial quien los nombre, con arreglo a una potestad discrecional ―es decir, política―, porque a los vocales del Consejo los eligen los partidos políticos, Y ustedes quieren hacer lo mismo con la Fiscalía para cuando gobiernen.

Esto no es aceptable. Porque ustedes, con este tipo de proposición, que ignora lo principal y se atiene a un detalle accidental y accesorio, lo que hacen es reunirse intelectual y políticamente con aquellos que ni creen en la democracia ni creen en el derecho. (Aplausos). Y todo lo demás son pamplinas, doña Cuca. Lo lamento, doña Cuca o señora Gamarra. Me da igual, señora presidenta, como usted prefiera llamarla. Y yo la llamo de los dos modos y soy igualmente respetuoso con ella haciéndolo así. Las omisiones del Grupo Parlamentario Popular en esta iniciativa hacen que esta sea deplorable. Y deplorable es esta prosecución de su actitud de falta de respeto a la independencia del Poder Judicial. Porque les recuerdo a ustedes que, con arreglo al artículo 2.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el Ministerio Fiscal se integra en el Poder Judicial con autonomía, pero es Poder Judicial. Este régimen de nombramientos que ustedes no pretenden reformar es un régimen lesivo de la independencia del Poder Judicial en cuanto atinente al Ministerio Fiscal y, por lo tanto, contrario a la división de poderes. Ustedes quieren que los nombramientos procedan de la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo a través del fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno de turno. ¿Esto qué le parece a usted, doña Cuca? Impresentable.

Impresentable de todo punto, política y jurídicamente. Resígnense a su papel ya de un partido que constituye parte del bipartidismo caduco y agotado. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Vamos a intentar devolver el Congreso al siglo XXI, si es posible. (Rumores.―Aplausos). Señora Gamarra, le ha salido una intervención bien afinada, como hacía su Fiscalía. Ustedes traen aquí una proposición de ley instrumental, un mero instrumento en su cruzada obsesiva contra el fiscal general del Estado. Porque, una vez más, insisto ―no me cansaré de repetirlo― esto nunca ha ido ni va de un supuesto interés por la justicia. Si lo fuera ―como ha dicho la portavoz de Esquerra― habría una enmienda, y no una proposición de ley a destiempo. Esto va, como siempre les digo, de poder y de mensaje. Va de poder cuando no lo tienen, se impacientan y quieren correr. Ven que su líder no llega, miran de reojo a Ayuso y a VOX, y el tiempo pasa, la legislatura no acaba, ven las encuestas ―las publicadas y las que no publican―, siguen corriendo, pero su líder no tiene aliento ni da la talla. Entonces, ven la agenda judicial ―esa que siempre sucede en días de Pleno―, le dan la palabra en el Congreso a un diputado, a poder ser ultra, y pasan las cosas que pasan. Y lo que pasa es una estrategia deliberada de atacar al Gobierno progresista surgido de las urnas y de este Congreso (aplausos que continúan mientras el orador está en el uso de la palabra), y a cualquiera que tenga una mínima sensibilidad progresista. Y aquí, señorías, viene el mensaje: no importa quien seas, nadie está a salvo de ustedes y de sus terminales, nadie está a salvo de ser objetivo del plan de la derecha y de la ultraderecha. Les está quedando, señorías, una democracia y una oposición muy curiosa. Sobre la proposición, en la memoria de 2021 la Fiscalía ―la de entonces, no la de ahora― ya solicitaba que la Unidad Central de Protección de Datos se destinase a la Fiscalía General del Estado y que su composición, organización y funcionamiento se regularan reglamentariamente. Estas modificaciones fueron recogidas en la ley de eficiencia, que aprobamos sin su ayuda, como todo en esta legislatura. Por cierto, que yo recuerde hubo un total de cero menciones a este problema durante la tramitación de la ley, no recuerdo ningún comentario de su partido sobre este tema. Una ley, que ―aunque a usted no le guste, señora Gamarra― está en vigor, transformando la justicia en nuestro país. Ustedes, al más puro estilo VOX, nos traen parches en formato de leyes para enmendar leyes en las que decidieron ausentarse, con lo cual no digo ya que sea alucinante, sino que es inconcebible tener este debate tan poco tiempo después y que pretende deshacer la reforma llevada a cabo en ese punto. Como también se ha dicho aquí, es un insulto al trabajo parlamentario. Eso nos lleva al meollo del asunto, para qué nos vamos a engañar. ¿Qué hacemos aquí? Su proposición, la elección del ponente, su intervención, la fecha elegida para traerla aquí, a pocos días de que comparezca el fiscal en el Supremo…, todo huele a lo que huele. Huele a maniobra política para seguir en su carrera enfermiza contra el fiscal general del Estado. (Aplausos). Señorías y aquellos que nos sigan y nos escuchen, la justicia funciona y va bien, pero aquí lo que ocurre es que un abogado reconoce a la Fiscalía que su cliente comete un delito fiscal, y pasan todos por el juzgado menos el que hace la broma. Como mínimo es difícilmente comprensible, ya de naturaleza bastante complicada. A no ser que usted vea luego sus propuestas y empiece a atar cabos. Es una función muy bien guionizada en la que ustedes ―en un cinismo que roza lo insoportable― aparecen como defensores de la democracia, la transparencia y la separación de poderes cuando son los instigadores de una estrategia que socava la confianza en las instituciones. Ponen una alfombra roja a la ultraderecha para luego recoger unos frutos que vendrán envenenados. Que, por cierto, ya veremos quién los recoge y cómo acaban recogiéndolos. (Aplausos).

Su objetivo siempre ha sido traer aquí a debate y al enfrentamiento político a órganos que deberían guiarse estrictamente por criterios técnico-jurídicos. Ustedes hablan ―y eso sería un poco de risa si no diera miedo― de independencia judicial. Ustedes le hacen un flaco favor a la Fiscalía y a la independencia judicial. ¿O es que alguien se sorprende de que esta iniciativa que permite hablar del fiscal aquí hoy en el Pleno se alinee por casualidad con hitos de procedimiento judicial en curso? ¡Hombre, venga! A ustedes, señores del PP, les importa cero el control de datos, la unidad de supervisión les es igual. Les es igual la ley de eficiencia, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que sea. Ustedes, una vez más, politizan la justicia, es lo que hacen. Su bagaje parlamentario en esta legislatura en materia de justicia es entre cero y nada. En cambio, su obsesión con el fiscal roza lo patológico. Y les haré un pequeño repaso. Diputación Permanente en enero de 2025: fiscal general del Estado; Diputación de agosto de 2025: fiscal general del Estado; PNL en comisión, en abril: fiscal general del Estado, y ―esta es buena― PNL en Pleno, aquí, el 29 de octubre de 2024, hace un año justo mañana ―cada año una cosita―: fiscal general del Estado. Señorías, yo no quiero ser ingenuo, pero no hay nada casual en su proceder, es todo causal. Ustedes, señorías, han creado una UTE de la manipulación, el fango y la mentira.

Por cierto, hoy ―se ha dicho aquí― se ha aprobado por el Gobierno la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga la instrucción penal a la Fiscalía. Y es legítimo preguntarse qué PP va a estar aquí tramitando. ¿Qué PP vendrá, el que arrima el hombro o el PP ultra? ¿Una jurista o una hooligan? Porque estaría bien saberlo. Es más, el Supremo puso fin al disparatado intento de imputar al ministro de Justicia. Y poco a poco se irá desmadejando este embrollo judicial con tantos frentes, donde la causa contra el fiscal es un eslabón más que acabará como el resto, en nada. Y cuando eso pase, uno podría esperar de ustedes algún acto de contrición, de perdón cristiano, pero mucho me temo que solo será un paréntesis hasta encontrar a la siguiente víctima.

Muchas gracias. (Aplausos).