Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a la posición del Gobierno sobre la consolidación de sus puestos de trabajo como personal fijo de la Administración pública de los trabajadores y trabajadoras del sector público en situación de abuso de temporalidad o fraude, tanto aquellos en activo como los ya cesados.

Muchas gracias, señor presidente. Hoy vamos a hablar de un asunto que debería dar mucha vergüenza al Estado: las Administraciones públicas llevan años y años cometiendo fraude laboral. Sí, han escuchado bien, fraude laboral a víctimas, que tienen nombres y apellidos. Esas víctimas son las trabajadoras públicas que están en situación de temporalidad. Más de novecientas mil personas llevan años, incluso décadas, con contratos, nombramientos y promesas completamente incumplidas. Son personas que sostienen nuestras escuelas, nuestros hospitales, nuestros servicios sociales, personas que, sí, han pasado por procesos públicos, que cumplen con todos los requisitos, pero que, sin embargo, hoy en día siguen viviendo con el miedo en el cuerpo. Y digo bien: tienen miedo en el cuerpo porque no hay más que hablar con ellas ―la mayoría son mujeres― para comprobar que tienen una gran incertidumbre sobre su futuro. No saben si el mes que viene van a seguir en su puesto de trabajo o no van a seguir. Son mujeres que cuidan, mujeres que enseñan, mujeres que atienden. Son mujeres que lo han dado todo por el servicio público mientras la Administración incumplía la ley de forma flagrante, a veces durante más de veinte años. Señorías, lo peor de todo es que de esto tiene conocimiento todo el mundo, incluso Europa. El abogado general de la Unión Europea ha sido muy claro en esta materia. Las indemnizaciones actuales no sirven, las oposiciones exprés no quitan el problema del abuso y la única solución justa, eficaz y legal hoy en día no es otra sino consolidar esas plazas. Aun así, aquí seguimos debatiendo algo que es completamente evidente, porque algunos prefieren hablar de reducir la temporalidad mientras siguen despidiendo a trabajadores en situación de temporalidad. Señorías, eso no es cumplir con el mandato de Europa, eso es seguir abusando de los trabajadores y las trabajadoras públicos. Hace unos días interpelé al ministro Óscar López. Le dije algo que hoy voy a repetir: no basta solo con reconocer que tenemos un problema, hay que poner voluntad política para solucionar de una vez esta situación y hay que ponerse de una vez por todas del lado de las trabajadoras y los trabajadores. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y yo siento que no han entendido nada de lo que intentamos trasladarles y comunicarles el pasado Pleno. La realidad es que la enmienda que ustedes presentan no soluciona el problema, al contrario; es una enmienda que perpetúa el problema, que sigue disfrazando el abuso en el trabajo temporal. Así que ya basta de vender avances cuando solo nos proponen parches. Después de dos décadas, ya va siendo hora de buscar una solución. Nosotras vamos a seguir empujando para que esta solución se consiga lo antes posible, en el tiempo más breve posible. Ustedes nos presentan una enmienda que viene a decir algo así como que vamos a seguir trabajando para la búsqueda de una solución. No, lo que toca después de veinte años es solucionarlo ya, señores del Grupo Socialista, porque hoy en día son miles las trabajadoras que siguen sufriendo el fraude. Mientras ustedes estudian el asunto y siguen trabajando de la misma manera ―supongo― que han hecho hasta ahora, ellas están perdiendo su empleo; de hecho, cientos y cientos de trabajadoras públicas abusadas han perdido su empleo, su antigüedad y también lamentablemente, por qué no decirlo, han perdido su futuro. En Podemos, nosotras no vamos a mirar hacia otro lado. Las trabajadoras y los trabajadores en situación de temporalidad van a encontrar en nosotras un aliado, porque no vamos a sostener este abuso un minuto más en el tiempo. Hay que reconocer a estas trabajadoras. Nosotras no estamos pidiendo ningún privilegio para ellas y ellos, lo que estamos pidiendo es la reparación del daño que les ha hecho la propia Administración, del abuso al que han sido sometidos, que se cumpla con la propia ley. Pedimos que se haga lo mismo que se pide al sector privado. En el sector privado, cuando hay un abuso a un trabajador o una trabajadora, se le sanciona. En el sector privado, si un trabajador está en su puesto de trabajo años, años y años nadie cuestiona que ese puesto de trabajo sea suyo para siempre. Eso también se debería hacer en la Administración pública, en el sector público. Si el Estado es el primero que precariza, ¿cómo vamos a pedirle al sector privado que no lo haga? Van a ver la precariedad como algo completamente natural, y eso sí sería toda una desgracia. Nosotras vamos a decir alto y claro que basta ya de precariedad, basta ya de tratar a quienes sostienen nuestros servicios públicos como si fueran trabajadores completamente reemplazables.

Nuestra moción es de justicia y, por eso, vamos a pedir que voten en consecuencia, que voten protegiendo a las trabajadoras y los trabajadores que han visto vulnerados sus derechos durante todos estos años. Nosotros tenemos claro de qué lado estamos. Ahora hay que ver de qué lado está cada una de sus señorías. Nosotras tenemos claro que vamos a estar del lado de aquellas personas que atienden, que cuidan, que enseñan y, sobre todo, que sostienen nuestro estado de bienestar y nuestros servicios públicos.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Quiero comenzar mi intervención mostrando nuestro reconocimiento a la labor fundamental que desempeñan todos los empleados públicos de nuestro país, a todos y todas, al personal estatutario, a los laborales, a los funcionarios y también a los interinos e interinas. (Aplausos). Señorías de Podemos, coincidimos en la defensa de lo público, de la calidad de los servicios públicos y en que debemos dar solución definitiva al problema del abuso de temporalidad en el empleo público, pero también deberíamos reconocer que no ha habido un Gobierno que haya hecho más por solucionar el problema de la temporalidad en la función pública que los Gobiernos de Pedro Sánchez. (Aplausos). Ustedes ―no otros, ustedes―, señorías de Podemos, también formaron parte de este Gobierno que aprobó el Real Decreto Ley 14/2021 que tan buenos resultados ha dado ya. La gestión de los Gobiernos del Partido Popular fue catastrófica: recortes, reducción de la plantillas y no convocatoria de plazas públicas. Ejemplo: solo en la Administración General del Estado, con el Partido Popular se redujo la plantilla en setenta mil puestos de trabajo. El deterioro de los servicios públicos fue patente y aún seguimos pagando las consecuencias. Frente a las consecuencias de esas políticas restrictivas, el Gobierno progresista actuó, señorías de Podemos, y sigue actuando, y los datos son contundentes: gracias al Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, se han hecho fijas a más de 377 000 personas en todas las Administraciones. Debemos reconocer lo conseguido. Son 400 000 las familias que viven y trabajan habiendo asegurado su futuro y reconociendo sus derechos. (Aplausos). Desde la aprobación del plan de recuperación se han convocado más de quinientas mil plazas. Nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo. A diferencia de lo que hizo el Partido Popular, que solo ofertó un promedio de 10 000 plazas anuales, el Gobierno progresista ha convocado estos años más de 32 000 plazas al año, una diferencia radical en la gestión. Coincidimos, señoría de Podemos, en que debemos seguir avanzando. Por eso, hemos presentado una enmienda a su moción, y tenemos una buena oportunidad con el proyecto de ley de función pública que se está tramitando en esta Cámara. Es una buena oportunidad para avanzar, reduciendo la situación de interinidad a situaciones de urgente y extraordinaria necesidad, implantando un sistema de control y alerta, vinculando las compensaciones al abuso de la temporalidad o completando el régimen sancionador. Es un proyecto de ley en el que estamos trabajando intensamente con todos los grupos políticos para dar garantía y seguridad, garantía para el futuro y seguridad jurídica que nos permita dar pasos firmes cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en nuestra Constitución. El Gobierno ha hecho su trabajo. La tasa de temporalidad en la Administración General del Estado se ha reducido hasta el 4,74 %. Sabemos que el mayor problema radica en las comunidades autónomas, responsables de sanidad, educación y los servicios sociales, la gran mayoría gobernadas por el Partido Popular, y no han hecho su trabajo, no han cumplido, porque las derechas no creen en lo público. (Aplausos). Esa es la diferencia: ustedes, señores del PP y de VOX, donde gobiernan, como en Andalucía, no creen en los servicios públicos. El escándalo de los cribados de cáncer de mama es, para nuestra desgracia, una muestra de lo que llevamos diciendo hace varios años: su apuesta por lo privado en detrimento del sistema público nos lleva al desastre. Ahora nos dicen que van a remediar lo irremediable. No echen la culpa a los demás, no busquen culpables en los demás, no culpen a los médicos ni a los enfermeros, no culpen a los Gobiernos anteriores. Llevan ya casi siete años gobernando en Andalucía. El señor Moreno Bonilla es el culpable. (Aplausos). El problema de los cribados de cáncer de mama es su responsabilidad y consecuencia de sus políticas. Su gestión de la sanidad pública andaluza es un desastre al que nos ha llevado su modelo de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública: se han perdido nueve mil profesionales sanitarios; empleos precarios; baja estabilización; salarios peores que en otras comunidades. Andalucía cuenta con más dinero que nunca gracias al Gobierno de Pedro Sánchez (aplausos), pero ese dinero ustedes lo destinan a la sanidad privada, y, claro, hay menos empleados públicos y peor calidad de los servicios públicos. Porque para la derecha la sanidad no es un derecho, es un negocio.

Termino citando a Alfredo Pérez Rubalcaba: «El otro día escuché en la radio a un empresario que dijo que venía a los concursos de privatización de la sanidad porque venía a hacer negocio. Olé su sinceridad. Pero, sinceridad por sinceridad, en el PSOE le decimos: Ten cuidado, lo que se privatiza se desprivatiza y cuando lleguemos los socialistas te quitaremos el negocio». En Andalucía, pronto, los andaluces y, sobre todo, las andaluzas le quitarán el negocio.

Gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Intervengo muy brevemente.

Podemos nos propone que se otorgue la condición de empleados públicos fijos a quienes estén contratados temporalmente en situación de abuso o a quienes lo hayan estado y hayan sido cesados. Sin embargo, señorías, la cuestión reclama un debate previo y la búsqueda de consensos, que deben tener en cuenta como referentes el marco y finalidad de la normativa de la Unión Europea, es decir, la Directiva 1999/70, relativa al acuerdo marco sobre trabajo de duración determinada y, singularmente, su cláusula quinta, la jurisprudencia del TJUE y lo que este llama el derecho nacional de cada Estado miembro, sobre todo el Constitucional, con respecto a que manifiesta que la interpretación de la directiva cuando se aplica en el derecho interno no puede servir como una interpretación contra el eje del susodicho derecho nacional.

Sobre estos tres ejes hemos reflexionado en esta Cámara y logrado consensos en el pasado, singularmente con la Ley 20/2021, cuya aplicación ha logrado y sigue logrando la estabilización de un número relevante de empleados públicos en situación de temporalidad. Sin embargo, el abordaje de esta Ley 20/2021 para reducir la temporalidad en el empleo público está siendo cuestionada ante el Tribunal de Justicia Europeo, el TJUE, por órganos jurisdiccionales internos y también por la misma Comisión con procedimientos sancionadores y retención de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Señorías, estando pendientes no solo algunas cuestiones prejudiciales que pudieran dar pautas definitivas al Tribunal Supremo para unificar doctrina, estando también pendientes negociaciones con la Comisión para una nueva modificación del EBEP más acorde con la cláusula quinta del acuerdo marco al que me he referido y estando también pendiente la negociación entre los distintos grupos parlamentarios en el marco del Proyecto de ley de funcionarios de la Administración General del Estado, también en busca de un nuevo consenso, no nos parece adecuado en este momento degollar la cuestión al modo y manera que nos propone Podemos en su moción. Su conclusión nos parece, cuando menos, prematura.

Nada más y muchas gracias.

Senyora Santana. Des de Junts per Catalunya compartim al 100 % la seva descripció dels antecedents, la mateixa que fan els col·lectius d’interins i que respon a la realitat de centenars de milers de treballadors públics temporals que veuen els seus drets vulnerats per unes administracions públiques que s’aprofiten d’ells, en frau de llei i en contra del dret europeu.

L’Estat espanyol porta vint i cinc anys sense transposar la Directiva 1999/70, incomplint el dret europeu que l’obliga a prevenir i sancionar els abusos en la contractació temporal. La llei 20/2021 només pretenia evitar les sancions a Espanya sense abordar les causes del problema, i el resultat és que a data d’avui no només la taxa de temporalitat no ha baixat, sinó que, com a conseqüència d’aquella llei 20/2021, s’ha cessat milers de treballadors a cost zero, sense indemnitzacions i, paradoxalment, també sense tenir en compte les necessitats del propi servei públic. I, si no, vegin el caos generat pel senyor Dalmau a la Generalitat de Catalunya.

La Unió Europea ha deixat clar que Espanya està en fora de joc. A banda dels milionaris procediments sancionadors, el TJUE ja ha dit que els processos d’estabilització de la llei 20/2021 no són la sanció a l’abús dels treballadors interins que exigeix el dret europeu, i l’advocat de la Unió Europea ha fet un pas més, i encara que les seves conclusions no determinen el que acabi decidint el TJUE, tot indica que les institucions europees han dit prou i volen acabar amb la bombolla de l’abús en la temporalitat del treball de les administracions públiques espanyoles.

Davant d’això, Junts per Catalunya va presentar el febrer passat quatre esmenes a la Llei de funció pública de l›Administració General de l›Estat, que ja recollien el que proposa la moció que ens ocupa. És a dir, la consolidació dels treballadors públics abusats i cessats, passant-los a treballadors públics fixos. I, en el mateix sentit, són les esmenes que hem presentat a la Llei d’accés a la judicatura, per als funcionaris interins de l’Administració de Justícia i els jutges i fiscals substituts.

Nosaltres assumim aquesta demanda d’estabilització perquè és justa i perquè és un mandat del dret europeu. I si la nostra lluita és estendre els estàndards europeus en tots els àmbits, com no l’hem d’estendre en aquest? Aquesta és també la nostra lluita. Això és precisament el que el president Puigdemont va traslladar als representants dels treballadors abusats quan es van reunir amb ell fa uns mesos a l’exili a Bèlgica.

Nosaltres no busquem protagonisme ni avantposar als nostres interessos als del col·lectiu afectat, i esperem, esperem que els promotors de la moció facin el mateix, que no siguin més papistes que el Papa i que amb la seva gesticulació, amb els seus eslògans de fixesa o res, no posin en risc una solució al problema de centenars de milers de treballadors públics abusats.

El Regne d’Espanya continua incomplint amb el dret europeu, i centenars de milers de persones amb noms i cognoms continuen en situació d’abús de temporalitat. I davant d’això, la setmana passada vam veure com el ministre senyor López es va limitar a donar arguments infantils de vergonya aliena, del tipus l’Administració socialista de l’Estat sí que compleix i, en canvi, les comunitats autònomes i els municipis en mans d’altres partits polítics no compleixen. Un argument inconsistent, un argument poc responsable, un argument fins i tot ridícul, que oblida el pes de les administracions territorials en els serveis públics. Però el que no va fer el senyor López és assumir la responsabilitat que li pertoca com a ministre d’Administracions Públiques. I assumint aquesta responsabilitat, el que havia de fer el senyor López era proposar una sortida legal. Nosaltres proposem transformar la relació laboral abusiva en fixa. Més enllà d›apel·lar al consens o donar la culpa als altres, quina és l›alternativa que proposa el senyor López i el seu Govern? Estem oberts a parlar, que ens digui com pensa complir el dret europeu. El que no acceptarem és que una vegada més ens donin gat per llebre, amb l’excusa de la Constitució i de la jurisprudència europea. Perdó, de la Constitució i de la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Per acabar, em permeto recomanar al Govern espanyol dues qüestions. En primer lloc, que superi el temor reverencial que té pel Tribunal Suprem. L’ordenament europeu és dret intern a tots els efectes. Admetre la primacia del dret europeu no és desafiar el Tribunal Constitucional o el Tribunal Suprem. No és una qüestió de sobirania la que ens afecta. No és una qüestió d’autoritat. És una qüestió de dret. I ara mateix l’Estat espanyol està subjecte, està supeditat a l’estat de dret europeu. No s’acovardeixin, deixin de ser provincians i surtin del marc mental del Tribunal Suprem. La segona qüestió que els volia recomanar és que la justícia europea no entén la sacralització de la funció pública a Espanya. Els principis constitucionals de mèrit i capacitat no poden ser un obstacle per resoldre el problema real de l’abús de temporalitat en el sector públic. Si els treballadors del sector privat tenen dret a l’estabilitat laboral, també el tenen els funcionaris públics. Obrin la ment.

Moltes gràcies.

Señora Santana, en Junts per Catalunya compartimos al 100 % la descripción de antecedentes, la misma que hacen los colectivos de interinos, que responde a la realidad de centenares de miles de trabajadores públicos temporales que ven sus derechos vulnerados por unas Administraciones que hacen fraude de ley en contra del derecho europeo.

Hace veinticinco años que el Estado no transpone la directiva que le obliga a sancionar precisamente los abusos de la contratación temporal. La Ley 20/2021 solo pretendía evitar las sanciones sin atacar las causas del problema. Resultado: las tasas de temporalidad no solo no han bajado, sino que como consecuencia de esa Ley 20/2021 se ha cesado a miles de trabajadores sin indemnizaciones y, paradójicamente, también sin tener en cuenta las necesidades del propio servicio público. Y, si no, vean ustedes el caos generado por el señor Dalmau en la Generalitat de Catalunya.

La Unión Europea ha dejado claro que España está fuera de juego. Aparte de los millonarios procedimientos sancionadores, el tribunal ya ha dicho que los procesos de la Ley 20/2021 no solo la sanción a los abusos a los derechos de interinos que exige el derecho europeo, y el abogado ha dado un paso más, y, si bien las conclusiones no determinan lo que acabe decidiendo el TJUE, las instituciones europeas han dicho basta y quieren terminar con el abuso de la temporalidad en la Administración pública española.

Ante esto, Junts per Cataluña presentó en febrero pasado cuatro enmiendas a la Ley de la Función Pública de la Administración del Estado que ya recogían lo que recoge precisamente la moción que nos propone, es decir, la situación para que los temporales pasen a fijos. Y en el mismo sentido van las enmiendas presentadas para los funcionarios interinos y los fiscales y sustitutos.

Asumimos esta demanda de estabilización porque es justa y porque es un mandato del derecho europeo. Y si nuestra lucha es extender los estándares europeos en todos los ámbitos, ¿cómo no lo vamos a hacer en este caso? Esta es también nuestra lucha, y esto es precisamente lo que el presidente Puigdemont trasladó a representantes de los trabajadores abusados cuando se reunieron con él hace unos meses en el exilio en Bélgica.

Nosotros no buscamos protagonismo ni anteponer nuestros intereses a los del colectivo afectado, y esperamos que los promotores de la moción hagan lo mismo, que no sean más papistas que el papa y que con su gesticulación, con sus eslóganes de «o fijo o nada» no pongan en riesgo una solución al problema de centenares de miles de trabajadores públicos abusados.

El Reino de España sigue incumpliendo el derecho europeo y centenares de miles de personas con nombres y apellidos siguen estando en situación de abuso de temporalidad. Y, ante esto, la semana pasada vimos cómo el ministro señor López se limitó a dar argumentos infantiles de vergüenza ajena, argumentos de este tipo: la Administración Socialista del Estado sí cumple, y, en cambio, las comunidades autónomas y los municipios en manos de otros partidos políticos no cumplen. Es un argumento inconsistente, poco responsable, incluso ridículo, que olvida el peso de las Administraciones territoriales en el sector público. Lo que no hizo el señor López fue asumir la responsabilidad que le corresponde como ministro de Administraciones públicas, y, asumiendo esta responsabilidad, lo que debería haber hecho el señor López era proponer una salida legal. Nosotros proponemos transformar esta relación abusiva dando fijeza a los trabajadores. ¿Cuál es la alternativa del señor López y su Gobierno? Nosotros estamos abiertos a hablar, que nos diga cómo va a cumplir el derecho europeo. Lo que no aceptamos es que, una vez más, nos den gato por liebre con la excusa de la Constitución y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Para terminar, me permito recomendar al Gobierno español dos puntos. Primero, que supere el temor reverencial que tiene por el Tribunal Supremo. El ordenamiento europeo es clave a todos los defectos y admitir su supremacía no es desafiar al Tribunal Constitucional o al Supremo. No es una cuestión de soberanía la que nos afecta, no es una cuestión de autoridad, es una cuestión de derecho, y, ahora mismo, el Estado español está sujeto o supeditado al Estado de derecho europeo. No se acobarden, dejen de ser provincianos y salgan del marco mental del Tribunal Supremo. Segundo punto que quería recomendar: la justicia europea no entiende la sacralización de la función pública en España. Los principios constitucionales de mérito y capacidad no pueden ser un obstáculo para resolver el problema real del abuso de temporalidad en el sector público. Si los trabajadores del sector privado tienen derecho a la estabilidad laboral, también lo tienen los funcionarios públicos. Abran la mente.

Gracias.

Gràcies, president, de nou. Bona tarda de nou, diputats i diputades.

Deixin-me fer una primera confessió. És una confessió personal. El tema dels interins i les interines és un tema que m’ocupa i em preocupa des de fa quatre anys i segurament és el tema amb el qual m’he tornat més obsessiva de tots els que he tractat en aquest congrés.

Ja fa molts anys, molts anys, que nosaltres estem mantenint una posició de defensa del qual creiem que són els drets dels interins i les interines, i en contra del frau de llei que estem absolutament convençuts i que, a més a més, ja s’ha reconegut o es comença a reconèixer pels tribunals i per l’Estat que s’està produint amb aquestes persones, que ens porta a fer una feina política de reunir-nos i d’analitzar jurisprudència del Suprem i jurisprudència, en aquest cas també, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amb molta…, diríem que és una de les coses que més ens ocupa. Estic contenta també de veure que determinades forces polítiques, amb el temps, han anat canviant de posició i han vingut a les nostres.

I vaig a recordar un parell de coses perquè em semblen fonamentals. Recordin que tot això ens assalta amb el icetazo, perquè aquest és un dels ministeris… Funció Pública ha anat passant ara d’aquest ministeri, ara d’aquell ministeri, ara al Ministeri de Transició Digital, ara al Ministeri d’Hisenda. Bé, doncs deia, recordin que Iceta el breve —‌perquè va ser un ministre que va durar molt poc, però déu-n’hi-do la petjada que ens va deixar— va fer un desastre, un desastre de decret. En aquell moment, a través de la convalidació i de la negociació que vam fer, vam aconseguir la llei 20/2021. I en aquella llei no vull que s’oblidi que hi havia inclòs el concurs de mèrits 61.9 de l’EBEP com a sistema per a l’estabilització per a totes les administracions que volguessin fer-ho, juntament amb unes oposicions d’estabilització que tenien unes proves que podien no ser, que podien no ser eliminatòries; juntament amb la importància que es donava als anys anteriors de feina per tal d’aconseguir les places. I aquí hi ha alguns problemes. Els uns parlaven de persones i els altres parlaven de places, per exemple. I hi havia un altre problema, i va ser el Tribunal Suprem, que jo comparteixo l’opinió que es va manifestar amb rebel·lia amb el que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea anava fallant contínuament.

Vaig a tota velocitat perquè hi ha moltes coses per explicar i em sembla que totes elles són rellevants. Per tant, ens situem en aquell moment. Gran part de les administracions territorials, aquelles que els diuen comunitats autònomes, i alguns ajuntaments van fer la feina i van estabilitzar part del seu personal. Recordo la Generalitat de Catalunya, en concret, amb una gran quantitat per damunt percentualment del que havien fet la resta d’administracions. Però aquest és el primer problema. Algú em podria donar dades concretes de cadascuna de les administracions i de cadascun dels ajuntaments? Quina temporalitat tenen? Quin tipus de treballadors són? Si són dones o són homes? Jo sostinc que són dones. De quines edats són? Jo sostinc que estan entorn dels 55-58. I, per tant, que aquests contractes d’alguna manera desapareguin ens porta a un problema social de primer ordre de primera magnitud. No ens ho ha donat ningú. Per tant, primera cosa que s’ha de tenir: dades certes.

Segon element que vull posar damunt de la taula. El posicionament de l’advocat general de l’Estat la veritat és que a mi m’ha deixat una mica perplexa, entre moltes altres coses, perquè voldria que algun dia algun diputat del PSOE pugés aquí i digués: «Señora Vallugera, tenía usted razón. Los concursos debían ser restringidos y no nos dio la gana, y nos llevó por mil vericuetos». Però insistíem des del primer moment que els concursos havien de ser restringits. Si ho haguessin sigut, otro gallo nos cantara amb el posicionament de l’advocat general de l’Estat, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Efectivament, la sacralització de la Constitució no els permet veure que gran part d’aquests interins ja han passat processos selectius i que, per tant, el que es diu que no compleixen els requisits de mèrit, publicitat i lliure concurrència i capacitat és completament fals. I què estan fent? Estan derivant la solució a una solució de litigiositat als tribunals. És a dir, les administracions acabaran pagant. Trauran la gent al carrer, els deixaran sense futur, els deixaran sense feina, però acabaran pagant. I suposo que una de les idees és que acabin pagant les administracions de les comunitats autònomes o dels ajuntaments, i que l’Estat es renti les mans. Però permetin-me que els digui el que està fet el Ministeri de Justícia, per exemple, que no ens ha permès regularitzar i estabilitzar la gent del Ministeri de Justícia a Catalunya no ho podrem pagar nosaltres, i faran un mal favor al qual és purament l’administració de justícia. I el que ha passat amb els docents, tres quarts del mateix: administracions que ho han utilitzat per fer concursos de canvi de trasllat, en lloc de fer esterilitzacions. Administracions que ja amb la legislació que tenim ara han acumulat una nova tanda d’interins en frau de llei, després de saber el que estaven fent. I, per tant, la seva esmena és gairebé un insult a la intel·ligència.

Acabo amb una pregunta molt ràpida. Avui he llegit que el Govern ha decidit canviar la secretària d’Estat de Funció Pública. Espero que sigui perquè volen canviar la manera de resoldre aquest problema, perquè, si no, no hi haurà llei de funció pública. I vostès ho saben.

Acabo dient que votarem a favor de la iniciativa i que saludem el fet que l’hagin portat a aquest faristol.

Gracias, presidente, de nuevo. Buenas tardes de nuevo, diputadas y diputados. Permítanme hacer una primera confesión personal. El tema de los interinos y las interinas es un tema que me ocupa y me preocupa desde hace cuatro años y, seguramente, es el tema con el que me he vuelto más obsesiva de todos los que he tratado en este Congreso. Hace ya muchos años —m‌ uchos años— que nosotros estamos manteniendo una posición de defensa de lo que creemos que son los derechos de los interinos y las interinas y nos posicionamos contra el fraude de ley; además, ya se ha reconocido por parte de los tribunales y del Estado que esto se ha estado produciendo en estas personas, lo que nos lleva a hacer una labor política de reunirnos y de analizar jurisprudencia del Supremo y, también, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta una de las cosas que más nos ocupa. Además, estoy contenta de ver que determinadas fuerzas políticas han ido cambiando de posición con el tiempo y se han acercado a nuestra posición. Voy a recordar un par de puntos que me parecen fundamentales. Recuerden que todo esto nos llega con los cambios ―iba pasando de un ministerio a otro, al ministerio de Transición Digital; luego, al Ministerio de Hacienda―. Recuerden a Iceta el breve, un ministro que duró poco, pero vaya con la huella que dejó, fue un desastre total. En ese momento, a través de la convalidación y la negociación que hicimos, conseguimos la Ley 20/2021, y en esa ley ―no quiero que se olvide― se había incluido el conjunto de méritos 69.1 como sistema para la estabilización en todas las Administraciones que quisieran hacerlo con unas oposiciones de estabilización, que tenían unas pruebas que podían no ser eliminatorias, juntamente con la importancia que se brindaba a los años anteriores de trabajo para conseguir las plazas. Y aquí se plantean algunos problemas: por ejemplo, unos hablaban de personas y otros de plazas. Había otro problema: fue el Tribunal Supremo ―que yo comparto la opinión― el que se manifestó en rebeldía ante lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba fallando. Voy a toda velocidad porque hay muchas cosas que explicar y me parece que todas son pertinentes. Por tanto, nos situamos en ese punto, en ese momento. Hablamos de gran parte de las Administraciones territoriales, aquellas que llaman Administraciones autónomas y otras. Recuerdo, por ejemplo, la Generalitat, que estabilizó a mucho más trabajadores que otras Administraciones. Este es el primer problema. ¿Alguien me puede dar datos concretos de cada una de las Administraciones, de cada uno de los ayuntamientos? ¿Qué temporalidad tienen? ¿Qué tipo de trabajadores son, si son mujeres u hombres? Yo sostengo que son mujeres. ¿De qué edades? Yo diría que entorno a 55 y 58 años. Por tanto, que estos contratos desaparezcan nos lleva a un problema social de primer orden y magnitud, y nadie nos da estos datos. Por tanto, lo primero que hay que tener en cuenta son unos datos fiables. El segundo elemento que pongo sobre el tapete es el posicionamiento del abogado general del Estado, que a mí me ha dejado bastante perpleja, entre otras cosas porque quisiera que algún día algún diputado del PSOE subiera aquí al estrado y dijera: señora Vallugera, usted tenía razón, los concursos tenían que ser restringidos, no nos dio la gana y nos llevó por mil vericuetos. Pero insisto desde el primer momento en que los concursos tenían que ser restringidos. Si lo hubieran sido, otro gallo cantaría con el posicionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Efectivamente, la sacralización de la Constitución no nos permite ver que buena parte de estos interinos ya han pasado procesos selectivos y que, por consiguiente, lo que se dice de que no cumplen los requisitos de mérito, capacidad, etcétera, es completamente falso. ¿Y qué están haciendo? Están derivando la solución a un tema de litigio en los tribunales. Es decir, las Administraciones acabarán pagando, llevarán a la gente a la calle, los dejarán sin futuro y sin trabajo, pero acabarán pagando. Supongo que una de las ideas es que acaben pagando las Administraciones de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, y que el Estado se lave las manos. Pero permítanme que les diga lo que se ha hecho en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que no nos ha permitido regularizar y estabilizar a las personas del Ministerio de Justicia de Cataluña y no vamos a poder pagarlo nosotros, y van a hacer un flaco favor a la Administración de Justicia. Y lo que ha pasado con los docentes, tres cuartos de lo mismo: Administraciones que los han utilizado para hacer concursos de cambio, de traslado, en lugar de hacer estabilizaciones; Administraciones que ya con la legislación que tenemos ahora han acumulado una nueva tanda de interinos con fraude de ley y, por consiguiente, su enmienda es prácticamente un insulto a la inteligencia. Y termino rápidamente con una pregunta. Hoy he leído que el Gobierno ha decidido cambiar la Secretaría de Estado de Función Pública. Espero que sea porque quieren cambiar la forma de resolver este problema, porque si no, no habrá ley de función pública y ustedes lo saben.

Acabo diciendo que vamos a votar a favor de la iniciativa y que celebramos que se haya traído a esta tribuna.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señorías. La semana pasada nosotras escuchamos atentamente tanto al ministro como a Noemí Santana debatir en la interpelación urgente sobre un asunto que consideramos un problema de gran importancia, que es la temporalidad y la precariedad en la función pública. Y que es un problema, no es una percepción subjetiva, sino que es producto de una realidad objetiva. Casi un tercio de las empleadas públicas de nuestras Administraciones son temporales, y este problema que nos ocupa se retrata fácilmente. Las entidades que tienen que dar ejemplo en cuanto a estabilidad en el empleo son las que siguen generando temporalidad y, por tanto, precariedad. Como dice el refrán: En casa del herrero, cucharón de palo. Y los números no engañan: 40,3 % de temporalidad en las comunidades autónomas y 35,8 % en las entidades locales. El límite a cumplir era del 8 %; solo lo ha cumplido la AGE, la Administración General del Estado. (Aplausos). El ministro desglosó los datos por Administraciones y, aunque la Administración General del Estado estaba por debajo de la temporalidad exigida, las comunidades autónomas y una parte de las entidades locales no han conseguido controlar ni un poco esa temporalidad. Hablaba el ministro de más de trescientas mil plazas estabilizadas por la Ley 20/2021; ley que se ha demostrado claramente poco útil para resolver el problema de la temporalidad, porque, aun habiendo estabilizado a más de trescientas mil personas, sigue habiendo casi un millón de personas precarias y temporales en nuestra función pública. (Aplausos). Y digo que es una herramienta poco útil porque desde el inicio se ha enfocado el problema, que afecta a personas, como un problema que afectaba a plazas, como si estas últimas fueran susceptibles de sufrir precariedad o sufrir fraudes de ley, o porque algunas Administraciones han realizado interpretaciones torticeras o directamente han incumplido lo establecido en la norma. Solo eso puede explicar que muchas ofertas de empleo público sigan judicializadas. Son Administraciones que han estado incumpliendo la legislación en materia de personal durante décadas, el mismo tiempo que llevan abusando de trabajadoras públicas al negarles la estabilidad. Y ahora invocan la Constitución de forma interesada, pretendiendo que las consecuencias de los fraudes de ley cometidos sean asumidas por las trabajadoras que son víctimas de abuso y de precariedad. El mundo al revés. Tenemos una ley de función pública sobre la mesa, y lo está porque, entre otros motivos, a fecha de hoy, no existe una propuesta que, desde nuestro punto de vista, solucione el problema de la temporalidad en las Administraciones públicas ni el abuso al que se ha sometido al personal interino y temporal, algunas hoy cesadas después de años de servicio en la misma Administración pública. El ministro nos pedía la semana pasada vocación para negociar. Nosotras estamos dispuestas a negociar, nuestra posición al respecto siempre ha sido la misma: no estamos esperando que llegue una solución milagrosa del TJUE, simplemente no estamos dispuestas a dejar atrás a ninguna trabajadora pública, y menos si existe una situación de abuso. (Aplausos). Porque, aunque no existiera la Directiva 1999/70, nosotras seguiríamos oponiéndonos al abuso de la temporalidad en el empleo público, porque llevamos años trabajando en defensa de los derechos de las trabajadoras en abuso de temporalidad. En parlamentos como el de Aragón o La Rioja hemos presentado iniciativas con medidas para combatir la temporalidad, siempre defendiendo a las personas abusadas y la calidad de los servicios públicos, y, en Sevilla, gracias al empuje de nuestro concejal, el Ayuntamiento estabilizó setecientas plazas. (Aplausos). Y, como él, muchas concejalas en todo el Estado han defendido la necesidad de eliminar la precariedad en el empleo público. Es hora de que el Partido Socialista y el Ministerio de Función Pública acepten que su propuesta no concita el consenso suficiente, porque no ataca la raíz del problema y deja atrás a miles y miles de trabajadoras públicas abusadas. Si alguien debe asumir las consecuencias de esta situación, no son las trabajadoras afectadas por la mala praxis de las Administraciones; deben ser estas y quienes las dirigen quienes deben responder, máximo cuando siguen generando precariedad. Si queremos una Administración del siglo XXI, hay que superar esta impunidad, que al final erosiona los derechos de todas las empleadas públicas de este país y, por ende, los servicios públicos que estas prestan a la ciudadanía.

En Izquierda Unida y en SUMAR, siempre vamos a defender que ninguna trabajadora abusada se quede atrás, esté en activo o haya sido cesada. La lucha contra la precariedad y el abuso es una causa justa y las afectadas siempre nos van a tener a su lado.

Muchas gracias. Votaremos a favor de la moción. (Aplausos).

Gracias, señor vicepresidente. En primer lugar, quiero manifestar el apoyo de mi grupo parlamentario a todos los empleados públicos, fijos o temporales, de todas las Administraciones públicas de España, porque sin ellos la Administración no funcionaría. Señorías, como ya he dicho en alguna otra ocasión, todos somos conscientes de que al autócrata Sánchez le importa muy poco la función pública. En los algo más de siete años que lleva de presidente, ha nombrado seis ministros responsables de esta materia. Cada vez que empiezan a enterarse, son cesados. Hemos salido a una media de casi un ministro por año. Pero también es cierto que el Grupo Parlamentario Mixto, Podemos —q‌ ue es quien presenta la moción—, no ha tenido ninguna preocupación por la temporalidad hasta ahora, porque estuvo más de tres años en el Gobierno y ¿qué hicieron durante esos tres años? Nada, absolutamente nada. (Aplausos). Señorías, la temporalidad en el empleo público no tiene la misma incidencia, como ya se ha dicho, en las distintas Administraciones, pero aquí se han manejado datos, que son los que dio el ministro la semana pasada, que no son correctos. En la página web del ministerio, está el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas y, de ese boletín, se desprende que, en la Administración del Estado en este momento, la incidencia de la temporalidad es del 6 %, mientras que en las comunidades autónomas es del 34 % y en las administraciones locales ha bajado ya al 15 %. Son cifras, como digo, distintas de las que dio el señor López la semana pasada. Yo no sé si es que no se entera o si da cifras erróneas a sabiendas de que lo son. Dentro de las comunidades autónomas, el problema de la temporalidad se concreta mucho en dos ámbitos del sector: la educación y la sanidad. En el ámbito de la educación, en algunas universidades públicas, la tasa supera el 44 %. El mayor problema lo encontramos en el sector sanitario. De acuerdo con el estatuto del personal al servicio de la sanidad pública, hay tres tipos de personal temporal: el interino, el eventual y el personal para sustituciones. Pues bien, las altas cuotas de temporalidad en la sanidad se dan por el personal eventual, personal que se contrata por necesidades en los centros médicos, pero que no ocupan puestos de plantilla. No existen sus puestos de trabajo y, como no existen esos puestos, no salen a oferta pública y, por tanto, van sumando contrato tras contrato, uno detrás de otro, sin haber tenido oportunidad de consolidar su plaza. Como ya dijimos hace cinco años, con motivo de una proposición no de ley del PNV, no cabe una solución general y genérica al problema de la temporalidad, como ha quedado demostrado con la aplicación de la Ley 20/2021. En VOX, proponemos que, tras los estudios de las distintas situaciones de los distintos colectivos y de los distintos ámbitos del sector público afectados, se tramite con el mayor consenso posible un proyecto de ley de regularización y consolidación del empleo público, en el que, con carácter de norma básica, se recojan al menos las distintas soluciones al problema de la temporalidad, determinando los procedimientos de consolidación que, de forma extraordinaria y por una sola vez, procedan, distinguiendo entre personal contratado laboral, personal estatutario de los servicios de salud y personal funcionario interino. Lo que no puede ser es lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Cartes, municipio de Cantabria, cuyo exalcalde, actual número dos del PSOE en Cantabria, siendo todavía alcalde, convocó un concurso público para cubrir dos puestos de trabajo con el carácter de empleado fijo de plantilla, nombró al tribunal y fijó los criterios de valoración del referido concurso, al que se presentaron el propio alcalde y su hermana, obteniendo ambos la máxima puntuación en el concurso y adquiriendo en propiedad los dos puestos de trabajo ofertados. Y encima, el delegado del Gobierno en Cantabria y número uno del PSOE en la provincia dice que es totalmente legal y moralmente intachable, dado que el entonces alcalde había desempeñado temporalmente el puesto obtenido.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias. Presidente, diputados, la estabilización del empleo público ha sido siempre una preocupación para mi grupo parlamentario y también para el Gobierno del Partido Popular. Fue precisamente el Gobierno del Partido Popular el que en marzo de 2017 y de 2018 llegó a dos grandes acuerdos ―el primero y el segundo― con los sindicatos mayoritarios de la Administración pública para la estabilización y consolidación del empleo público. Esos sindicatos mayoritarios, como saben, eran CSIF, UGT y Comisiones Obreras. La finalidad era rebajar la tasa de temporalidad por debajo del 8 % y también dotar de estabilidad a las plantillas. Por ello nos alegramos de que el ministro, el señor López, presumiera la semana pasada aquí en el hemiciclo de que en la Administración General del Estado la tasa de temporalidad estaba por debajo del 8 %, y verdaderamente nos alegramos ya que esto fue un logro de los Gobiernos del Partido Popular, como acabo de decir hace un momento. (Aplausos). También nos alegramos de que hiciera una defensa numantina de la Constitución cuando dijo ―y cito textualmente al ministro―: «Queremos reducir la temporalidad, por supuesto que sí, pero no lo vamos a hacer a costa de la Constitución española, saltándonos la Constitución española, eso también se lo digo». Aseveración que nos sorprende, ya que el cumplimiento de la Constitución para el Gobierno de Sánchez debe ser algo opcional, selectivo, ya que también obliga a presentar cada año los presupuestos generales del Estado y seguimos con los presupuestos de 2023, que, como sabe, fueron aprobados por los diputados de otra legislatura. (Aplausos). El Gobierno de Sánchez ha asaltado todas las instituciones, entre ellas la Administración pública, que la ha desprofesionalizado con la cantidad de cargos a dedo y ha puesto en riesgo la excelencia y la alta preparación de la que siempre ha gozado el personal de la función pública. Ha convertido al sector público en su conjunto en una agencia de colocación, en donde los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad han sido sustituidos por el amiguismo, por la afinidad política o por el parentesco, bien sean esposas, hermanos o incluso sobrinas. (Aplausos). El Gobierno ha hecho de la corrupción su seña de identidad; una corrupción que no tiene límites y que abarca desde el entorno más íntimo del presidente hasta la caja B de su partido. Corrupción a la que también ha hecho mención esta tarde, hace un rato, la vicepresidenta en el Senado, cuando ha dicho que «quedaba Gobierno de corrupción para rato». (Aplausos). El ministro también mencionó en su intervención la reciente reunión de la conferencia sectorial que había tenido con los consejeros de distintas comunidades autónomas, diciendo que de esta forma daba cumplimiento al diálogo y al acuerdo con las comunidades autónomas. Pero la palabra cumplimiento, como ustedes saben, consta de cumplo y miento. Y fue así, ya que no existió ni diálogo ni acuerdo, sino una serie de obligaciones impuestas y, además, como es costumbre, sin ningún tipo de dotación presupuestaria. (Aplausos). Las comunidades han aplicado los procesos de estabilización que les impone la ley con los procedimientos que establecía la Ley 20/2021, y lo han hecho con rigor y dentro de sus posibilidades presupuestarias, ya que no han tenido ni la ayuda ni la financiación que el ministerio les prometió y que jamás cumplió. El señor ministro, el miércoles pasado, también finalizó su intervención diciendo que el proyecto de ley de la función pública ―que se halla en trámite en esta Cámara, paralizado porque no tienen los apoyos de sus socios de investidura― contenía las soluciones para estabilizar el empleo público y acabar con la temporalidad. Y he de señalar que no hay ni en el cuerpo legal de ese proyecto de ley ni en ninguna enmienda que se haya registrado ni una sola solución para este grave problema de la temporalidad. Por ello, le recomiendo al señor López que se documente y que, si le preocupan la función pública y sus empleados, se dedique mucho más a sus responsabilidades como ministro en vez de ocupar gran parte de su tiempo ―como además aprovechó también el miércoles pasado― en atacar a la presidenta de la Comunidad autónoma de Madrid, la señora Ayuso. Deje de ser candidato a la comunidad y céntrese en sus responsabilidades de ministro. (Aplausos).