Proposición no de Ley para instar al Gobierno a realizar una auditoría integral del sistema de control telemático de órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual.

Gracias, presidenta. Señorías, la política española alcanza niveles de escándalo tan desorbitados, tan continuados, tan normalizados que ya ni siquiera nos sorprende levantarnos cada día con una noticia más grave que la del día anterior. Hemos entrado en un bucle de estupor, de indignación, en el que un escándalo tapa al anterior y las responsabilidades ética y política por los errores cometidos han desaparecido por completo. ¿En qué momento hemos asumido por la fuerza del hastío que la mentira, la negligencia institucional y la indiferencia ante sus consecuencias son aceptables? (Aplausos). No podemos permitir que la gravedad de los hechos se diluya en la rutina de un estupor que nos anestesia. No podemos seguir normalizando que quienes ostentan responsabilidades públicas se escondan cuando tienen que rendir cuentas, que huyan cuando tienen que enfrentarse a la dura realidad de las consecuencias de sus decisiones. No podemos tolerar que los ministros de este Gobierno hayan sido reprobados hasta once veces sin dimitir: dos veces, Marlaska; una, Óscar Puente; una, Bolaños; una, Albares; una, Alegría; una, Montero y dos, la ministra Ana Redondo. (Aplausos). Señorías, la reprobación de un ministro no es la manifestación de una discrepancia política, sino una censura institucional que exige reflexión y rectificación. Seguir adelante de manera arrogante, como si nada, sin asumir errores, sin pedir perdón, sin ofrecer explicaciones detalladas es una afrenta al Parlamento y a los ciudadanos y revela una preocupante falta de ética y de responsabilidad. (Aplausos). En este contexto de degradación ética y política, un problema tan grave como el ocurrido con las pulseras de control telemático para maltratadores y de protección para sus víctimas, un sistema, recordemos, que se implanta por decisión judicial en casos de riesgo medio, alto o extremo, ha pasado ya a segundo plano, y no porque se haya resuelto, no porque se haya investigado, no porque se haya asumido responsabilidad alguna, la ministra responsable ni siquiera ha comparecido en esta Cámara para dar explicaciones, aunque se había anunciado su comparecencia en Pleno. Ni datos, ni disculpas, ni comparecencia (aplausos), dos reprobaciones y ni una respuesta. Escuchen estas frases de la propia ministra: «Se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras»; «Funcionan, estén tranquilas»; «Lo que se han producido son errores técnicos en la migración de la empresa adjudicataria»; «Reitero las disculpas por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud»; «No ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona». «La presidenta del Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial ha mentido y tengo pruebas». Y la última: «Ninguna mujer ha sido asesinada llevando este dispositivo». Estas son las explicaciones de la ministra de Igualdad sobre este tema. (Aplausos). Evasivas, negaciones, acusaciones muy graves a personas concretas, con nombres y apellidos, con un conocimiento mucho mayor que el de la propia ministra sobre lo delicado y complejo del procedimiento de las pulseras, personas que la avisaron de lo que iba a ocurrir con el cambio de empresa adjudicataria y, sobre todo, con la sustitución de los dispositivos por unos brazaletes y unos teléfonos móviles no diseñados específicamente para esta actividad y adquiribles en AliExpress. Sí, señorías, en AliExpress (aplausos), para, por ejemplo, la localización de personas dependientes o personas mayores que viven solas. (Muestra un cartel que dice AliExpress, con un dibujo de un brazalete y el precio de 14,50 euros). Se compraron, señorías, estos brazaletes y estos teléfonos (muestra un cartel que dice OUKITEL, con una fotografía de un teléfono y el precio de 130 euros) que hoy cuestan 14,5 euros los brazaletes y 130 euros los teléfonos rugerizados con GPS.

Estamos hablando de los dispositivos que deben proteger a las mujeres que, primero, han tomado la decisión de denunciar a su maltratador; una decisión que todos sabemos que es difícil de tomar, para la que se necesita una gran valentía, una gran fortaleza. Y, segundo, son las mujeres para las que los jueces consideran fundamental que recurran a este dispositivo por una necesidad urgente de protección. Desde el Ministerio de Igualdad se les dijo que denunciasen, que no estarían solas, que estarían protegidas, y lo que después encontraron, cuando siguieron el consejo de las Administraciones, fue la más absoluta desprotección. El ministerio perdió todos los datos de los casos previos a marzo de 2024, en la migración de un proveedor a otro, generándose por este error sobreseimientos provisionales, fallos absolutorios y la liberación de maltratadores que debían estar controlados. Ocultaron a la opinión pública no solo la pérdida de los datos en la migración, sino también todo lo que salta a la luz al hacerse pública la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024: que los dispositivos generan alertas continuamente, que no son capaces de proporcionar a la policía datos fehacientes porque el GPS de ese teléfono no es fiable, que congelan la posición, que se pueden manipular con gran facilidad, que muchas mujeres viven en un perpetuo estado de angustia por culpa de ese mal funcionamiento y que han llegado al punto de pedir en los juzgados que se les retire este dispositivo que en realidad se convierte en un instrumento de tortura. En esta Cámara, se estaba negociando en ese periodo la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Compareció primero la secretaria de Estado, que nos dijo a 19 de junio de 2024 que los dispositivos son eficaces al 99 %, es decir, mintió en sede parlamentaria. Vino la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género el 26 de junio pasado, con toda la Mesa trabajando en el tema del pacto de Estado y volvió a mentir; nos dijo que los dispositivos funcionaban y calló. Todo ello por negligencia, por ineptitud, por ocultación y por miedo. (Aplausos).

En el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición porque no permitiremos que esta grave negligencia se cierre en falso, porque cada pulsera que falló, cada alerta que no funcionó, cada mujer que vivió aterrorizada por un sistema que tiene que protegerla, que debía protegerla, merece respuestas y disculpas. No se puede liderar un ministerio tan sensible desde la opacidad, la ocultación y la mentira. No se puede fallar a las víctimas y pretender que no pase nada. No puede esconderse detrás de cifras incompletas y frases vergonzosas como «ninguna mujer ha sido asesinada», como si el sufrimiento no tuviese ninguna importancia. Queremos que el Gobierno ponga en marcha medidas de mejora después de la realización de una auditoría independiente sobre el sistema, evaluándolo en tiempo real a partir de ahora.

Termino, presidenta. Señorías, un ministerio no puede ser el refugio de la ineptitud y de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad política no puede estar incluida en el trabajo del ministerio. La responsabilidad política no es una opción, es una obligación, y la única salida digna en este caso es la dimisión. Por eso, hoy exigimos la dimisión de la ministra de Igualdad. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Muchas gracias, señora presidenta. Ante un escándalo de la envergadura como al que nos enfrentamos en este punto del orden del día ―el escándalo sobre las órdenes de alejamiento bajo controles telemáticos―, el Grupo Popular pide una auditoría y la dimisión de la ministra. Nosotros venimos a enmendar y, sobre todo, venimos a pedirles que sean valientes. Si lo que queremos es proteger verdaderamente a las víctimas, nos da igual que dimita la ministra. Lo que habrá que hacer es suprimir el Ministerio de Igualdad. (Aplausos). Lo que habrá que hacer es destinar esos 575 millones, que solo sirven para hacer anuncios contra el heteropatriarcado machista, a proteger a las que son las víctimas de verdad, no que sean la mercancía política de la bancada azul de turno en este Parlamento.

Las órdenes de alejamiento pueden ser susceptibles de ser controladas con un sistema telemático y es algo que se prevé ya en el propio Código Penal. El artículo 48.4 ya prevé que hay órganos judiciales que pueden acordar que penas que prohíban la aproximación a la víctima sean controladas por medios electrónicos. La cronología o el precedente de lo que ha sucedido, aunque es de sobra conocido por sus señorías, desde el año 2009 ha visto diferentes contratos públicos. El último de ellos es del año 2023, cuya licitación fue liderada por la señora ministra Irene Montero. Fue un concurso, por cierto, de nada más y nada menos que 42 millones de euros; 42 millones de euros que han desprotegido a las víctimas en este país. Es un sistema que, en definitiva, ha producido una serie de fallos; unos fallos que ya había adelantado el Ministerio Fiscal; unos fallos de los que ya habían alertado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; unos fallos que ya se vieron en el seno de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a puerta cerrada. Momento en el cual, por cierto, al Partido Popular, aun conociéndolos, le importaron bastante poco. (Aplausos). A nosotros, desde luego, nos importa que las víctimas estén protegidas y, desde luego, nos importa, incluso más que que estén protegidas, que no se haga política barata con las mujeres que sufren, como sucede con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Los fallos de los que adolecían estos sistemas telemáticos han ido desde la pérdida de datos históricos hasta los usuales fallos de geolocalización, cobertura o manipulación. Pero insistimos en que el Partido Popular lo que pide en esta iniciativa ―que sí, claro que es importante― es esclarecer los hechos. Lo que VOX quiere no es solo que se esclarezcan los hechos, es que protejamos a las víctimas. (Aplausos). Es que hay una serie de mujeres que han visto sobreseídos expedientes de sus maltratadores por el fallo de estos sistemas de geolocalización que pilotaba el Ministerio de Igualdad. ¿Pero en qué cabeza cabe que un sistema para proteger a víctimas esté pilotado por la colección de Charos del Ministerio de Igualdad? (Aplausos). Tendrá que ser gestionado por aquellas personas cualificadas para proteger a las mujeres, cualificadas para proteger a todos los españoles en general, por todas esas personas, que conocemos, que están en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A una mujer que es víctima, que se siente perseguida, no le sirve de nada que le haga una llamada la psicóloga de turno del Ministerio de Igualdad. Le sirve, si se siente en peligro y se encuentra en una situación de peligro, que se envíe a una persona para protegerla y preservar su integridad física. Y esto es del sentido común más elemental.

Por lo tanto, nosotros enmendamos esta iniciativa del Grupo Popular. No queremos solo conocer la verdad, queremos que se proteja a las víctimas. (Aplausos). Porque ustedes ya lo sabían, ya sabían que estos fallos estaban sucediendo, igual que sabían que se estaban excarcelando violadores con la ley del solo sí es sí, igual que sabían que los puntos violeta eran un mercadeo de millones y millones de euros del Ministerio de Igualdad a las amiguitas de turno. Y, como todos sabemos que las mujeres ni están protegidas por un punto violeta ni están protegidas por el sistema Cometa ni están protegidas por las políticas de fronteras abiertas de este país, sino que todos sabemos que las mujeres hoy, en España, vivimos mucho más inseguras, pensamos que hay que hacer política de verdad, que hay que ser honestos, que hay que decir la verdad. Porque las mujeres no somos el producto político de nadie, las mujeres no somos un negocio para nadie, las mujeres no nos creemos el cuento con el que ustedes han venido a manipular a la gente. (Aplausos). Las mujeres queremos honestidad, honestidad política y honestidad parlamentaria; queremos un país seguro con fronteras fuertes; no queremos ser utilizadas por una colección de señoras del Ministerio de Igualdad que nada saben sobre proteger vidas y mujeres. Pero, ante todo, que se acabe con la violencia, sin sectarismo, con sentido común, que parece, hoy más que nunca, el menos habitual de los sentidos.

La mejor manera de proteger a las mujeres no es solo cerrando las fronteras, es suprimiendo el infame Ministerio de Igualdad. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes. ¿Dónde está la ministra de Igualdad? ¿Por qué no da la cara y explicaciones ante el escándalo que se ha generado? Esta es la triste realidad. La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de

Navarra, hace una semana, recordaba en los medios de comunicación cómo se habían producido fallos en estas pulseras antimaltrato y que estos fallos se habían incrementado a partir del año 2023. Según los datos de la Policía Foral de Navarra ―solo de ellos; falta por conocer también los del resto de cuerpos policiales―, en los años 2024 y 2025, en Navarra, se habían dado 544 incidencias, 50 mujeres habían tenido problemas de conexión con el sistema Cometa. Esta es la cruda realidad, señorías. Esta es la realidad. Pero es que, además, el Gobierno es culpable de haber permitido esta exposición y esta indefensión de las mujeres maltratadas; es culpable de haber ocultado intencionadamente los fallos de las pulseras antimaltrato, y es también responsable de tomar las medidas pertinentes para garantizar el sistema y su funcionamiento. Además, debe asumir responsabilidades; la ministra debe dimitir. (Aplausos). Primero fue la ley del solo sí es sí, aquella ley que permitió que cientos y cientos de violadores viesen reducida su condena y que muchos de ellos saliesen a la calle, y ahora esto. Señorías, los españoles no se merecen un Gobierno que haya beneficiado a violadores y maltratadores. ¡Qué no hubiesen dicho muchos de ustedes si este escándalo hubiese ocurrido con otro Gobierno! (Aplausos).

Moi boa tarde. Grazas, señora presidenta. Para aquelas persoas e forzas políticas que tomamos en serio a loita contra a violencia machista, os fallos que o sistema cometa non só nos parecen preocupantes, senón extremadamente graves. Polo tanto, partimos de que é verdade que se poden esixir información completa sobre por que se produciron eses fallos, especialmente as vítimas poden esixir información de se actualmente este sistema está funcionando ben e tamén teñen dereito a esixir responsabilidades políticas. O Bloque Nacionalista Galego veuno facendo, nós rexistramos iniciativas xa desde o ano 2004, desde xullo de 2004, advertindo destes fallos. Que eu saiba, non o fixo o Partido Popular, a pesar de que agora sabemos que tiña coñecemento disto. A Xunta de Galicia comunicou algo ao Ministerio? O Partido Popular rexistrou algunha iniciativa? Non o fixo até que saltou a información da Fiscalía e viu a oportunidade de facer unha utilización política de un feito sumamente grave e as vítimas merecen respecto, non utilización política, como está facendo o Partido Popular, que fala agora da dor das vítimas. Ten tamén o seu. Imos ver, esa dor non lles preocupa cando se trata das mulleres andaluzas, cando se trata de ese inmenso escándalo e inmensa responsabilidade da Xunta de Andalucía no cribado de cáncer de mama? Agora sabemos ademais, como denuncian as vítimas, con manipulación dos informes para tentar ocultar a responsabilidade e esa dor non lle preocupa cando ocultou durante 4 meses e mantivo no goberno de Galiza un conselleiro denunciado por agresión sexual e ademais tería que explicar por que se fixo público e se coñeceu o nome da vítima? Pero evidentemente esa dor non lles preocupa cando ven que poden sacar tallada política, como fixeron no Senado cunha iniciativa que nos emendamos porque parecía máis preocupada por pedir a dimisión da ministra que por pedir que se esclarecesen as circunstancias e que se asegurase que todo funciona ben. Polo menos aquí presentan unha proposta que, na súa parte expositiva, é un pouquiño, un pouquiño máis coidadosa. Pero, evidentemente, a portavoz do Partido Popular non puido evitar deixar claro cal é a súa intención, dunha forza política que ademais pacta con esta ultradereita que sobe aquí para dicir que a mellor maneira de protexer as vítimas é suprimir o Ministerio e derrogar a Lei de Protección Integral ás Mulleres e a Lei de Liberdade Sexual. Ese lamentabelmente é o Partido Popular. Moito obrigado.

Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Para aquellas personas y fuerzas políticas que tomamos en serio la lucha contra la violencia machista, los fallos del sistema Cometa no solamente nos parecen preocupantes, sino también muy graves. Compartimos que es cierto, que se puede exigir información completa sobre por qué se produjeron estos fallos. En especial, las víctimas pueden exigir información sobre si actualmente este sistema está funcionando adecuadamente Y también tienen derecho a exigir responsabilidades políticas. El BNG lleva un tiempo haciéndolo; registramos iniciativas a este respecto desde julio de 2004, advirtiendo de estos fallos. Eso no lo hizo el Partido Popular, a pesar de que ahora sabemos que tenía conocimiento de esto. La Xunta de Galicia comunicó algo al ministerio y el Partido Popular registró alguna iniciativa. No lo hizo hasta que saltó la información de la Fiscalía y vio la oportunidad de hacer una utilización política de un hecho sumamente grave. Y las víctimas merecen respeto, no utilización política, como está haciendo el

Partido Popular; que hable ahora de las víctimas, sino también su… Bueno, vamos a ver, este dolor no les preocupa cuando se trata de las mujeres andaluzas, este inmenso escándalo e inmensa responsabilidad de la Junta de Andalucía en el cribado del cáncer de mamá. Ahora sabemos, además ―como denuncian las víctimas―, que con manipulación de los informes para intentar ocultar la responsabilidad. Ese dolor no le preocupaba cuando ocultó durante cuatro meses y mantuvo en el Gobierno de Galicia a un consejero denunciado por agresión sexual. Y, además, tendría que explicar por qué no se hizo público o no se conoció el nombre de la víctima. Pero evidentemente ese dolor no les preocupa cuando ven que pueden sacar tajada política, como lo hicieron en el Senado con una iniciativa que nosotros enmendamos, porque parecían más preocupados por pedir la dimisión de la ministra que por pedir que se esclarecieran las circunstancias y asegurarse de que todo funcionaba bien. Por lo menos aquí presentan una propuesta que, en su parte expositiva, es un poco más cuidadosa. Pero evidentemente la portavoz del Grupo Popular no ha podido evitar dejar claro cuál es su intención. Una fuerza política que además pacta con esta ultraderecha, que viene aquí para decir que la mejor manera de proteger a las víctimas es suprimir el ministerio y derogar la ley de protección integral a las mujeres y la ley de libertad sexual. Lamentablemente, ese es el Partido Popular.

Muchas gracias.

Estamos acostumbradas, pero ustedes mienten y mienten y mienten, y vuelven a faltar a la verdad. Estamos de nuevo ante un ataque organizado del Grupo Popular contra los recursos de protección de las mujeres víctimas de violencia machista, pero también en contra de las políticas feministas. Y no es casual su manera de poner los temas en agenda. Primero lo hicieron con la ley del solo sí es sí, y ahora también lo están haciendo con las pulseras. Pretenden ustedes vendernos inseguridad, porque quieren producirnos miedo para que nosotras les entreguemos nuestras libertades. Y, frente a los avances feministas, quieren convencer ustedes a las mujeres de que los recursos no funcionan, cuando la confianza en los recursos es absolutamente esencial para salir de la violencia machista.

Señorías del Grupo Popular, ¿saben qué mujeres estamos desprotegidas ahora mismo? Todas, absolutamente todas las mujeres que somos andaluzas, gracias a las políticas criminales del Partido Popular y del señor Moreno Bonilla. (Aplausos). Eso es lo que les tendría que preocupar ahora mismo. Y ya que vienen ustedes a pedir dimisiones, yo pido hoy desde aquí, desde esta tribuna, la dimisión del señor Moreno Bonilla. Porque no tienen ustedes vergüenza de que el cuarto consejero que llevan ya en Andalucía (aplausos) desprotegiendo a las mujeres y riéndose de nosotras en nuestra cara estuviese el otro día, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en los toros. Es el cuarto consejero que llevan ya, porque ninguno de los tres anteriores ha solucionado absolutamente nada. Así que para dimitir, que dimita el señor Moreno Bonilla, que sí que nos desprotege a las mujeres.

Dicen ustedes que hay desprotección y que hay fallos. Ustedes saben muy bien de desprotección y de fallos hacia las mujeres. Y dicen que no han funcionado las pulseras. Esto es absolutamente falso. Son ustedes la entidad del bulo. Ninguna pulsera ha fallado, ninguna víctima ha estado desprotegida. Señorías del Grupo Popular, las pulseras antimaltrato son eficaces, así hay que decirlo, y también salvan vidas. Prueba de ello es que ninguna mujer en uso de este sistema ha sido asesinada. El problema real ―se lo voy a decir― es que se aprovechan muy poco, porque hay once mil disponibles y solo cuatro mil están en uso. ¿Y eso de quién es culpa, señorías? ¿De quién es culpa? Pues resulta que son los jueces quienes deciden, son los jueces quienes deciden si se imponen o no las pulseras antimaltrato en lugar de ―habiendo tantas sin utilizar― facilitárselas a todas las víctimas posibles. Y la Fiscalía ya ha salido con una información oficial a decir que el fallo no fue el funcionamiento de las pulseras ni el control ni el alejamiento de los agresores, sino que el fallo fue la migración de datos del plan de transición de Telefónica a Vodafone. No obstante, los jueces y fiscales esperaron a tener los datos en los casos que lo necesitaban y continuaron con los juicios. Y es que, en 2023, acababa el contrato de Telefónica. Por eso, el antiguo equipo del Ministerio de Igualdad empezó a trabajar en 2022 en su renovación, introduciendo importantes cambios. Los dispositivos y el servicio tenían que ser actualizados ―ustedes lo saben― y mejorados, pero de eso ustedes no hablan. Telefónica no aceptó esas mejoras y no se presentó al concurso que finalmente ganó Vodafone. Ojalá el CSIC hubiese desarrollado un dispositivo con tecnología española y ojalá también con una Telefónica pública (aplausos), pero, claro, es que ustedes lo han privatizado absolutamente todo y por eso no era posible. Sus bulos se cortan muy rapidito. Los dispositivos de antes empezaron con 2G, eran ladrillos inmensos, no tenían cobertura, solo podían alejarte de una persona y no de varias, y encima no detectaban ―que ahora sí― la separación del agresor respecto al dispositivo.

Esas mejoras son también comodidad y seguridad para las mujeres; son notables, y eso creo que no hay bulo que lo invalide.

Por lo tanto ―y termino―, lo grave son las mentiras flagrantes, como que las nuevas pulseras se han comprado en AliExpress, como ha dicho aquí su señoría del Grupo Popular, que eso es un bulo y hay que tener muy poca vergüenza para subir aquí y enseñar ese cartelito y decir esos inventos.

El PP quiere conseguir sembrar miedo en las mujeres debilitando la confianza en un sistema que funciona y que salva vidas. Son ustedes unos absolutos y auténticos irresponsables, señorías del Grupo Popular. (Aplausos).

Arratsalde on guztioi. Debatimos una proposición no de ley del Grupo Popular a raíz de una situación que se ha dado en el contexto de los dispositivos y sistemas de control telemático para el cumplimiento de las órdenes de alejamiento, las llamadas pulseras antiagresores. Un contexto y unos hechos no coincidentes entre los proponentes de esta PNL y el Gobierno, claro está. Unos hechos y unas consecuencias que el Partido Popular parece que quiere que sean más graves que lo que realmente han sido, y unos hechos y unas consecuencias que el Gobierno y el PSOE quieren minimizar como si nada hubiera ocurrido. Y los demás, ¿qué debemos hacer ante este panorama? ¿Sentarnos a ver, cual partido de tenis, bola va, bola viene? Seguramente los clásicos nos aconsejarían aquello de in medio virtus ―una frase que se atribuye a Aristóteles y de la que no hay ninguna constatación de que fuera él quien lo dijera, pero queda muy bien decir que es de Aristóteles―, pero desgraciadamente parece que no corren buenos tiempos para la moderación, el equilibrio, la prudencia y, sobre todo, el sentido común. En consecuencia, el Grupo Popular nos propone una proposición no de ley con un relato de los hechos en su exposición de motivos que mezcla datos reales y objetivos con suposiciones, consecuencias verificables con hechos no constatados y conclusiones obvias con otras más intencionadas. Es decir, buscando un rédito preconcebido y contrario, evidentemente, a las explicaciones que ha dado el Gobierno, que ya las dio; y algunas cuestiones del petitum ya se ofrecieron. Otra cosa es ―legítima, por supuesto― que no convencieran o tuvieran la suficiente credibilidad para el proponente, cosa que hoy se ha demostrado que es así. En el Partido Nacionalista Vasco tenemos la costumbre de ceñirnos a lo que se propone en los textos. Por lo tanto, me voy a centrar en el petitum exactamente del Grupo Popular en esta proposición no de ley. Evidentemente, el PNV siempre defenderá la transparencia y la verdad, y nos parece bien la exigencia de responsabilidades y la obligación del Gobierno de comparecer y explicar todo lo concerniente al caso. ¡Faltaría más! Por ello, aunque algunos puntos nos parezcan innecesarios, no nos oponemos a que se informe sobre estos. Ahora bien, nuestra labor fiscalizadora, señores del Grupo Popular, es política. Nos importan las consecuencias y nos importan las decisiones de índole política. No somos una mesa de contratación ni el Tribunal de Cuentas, ni tenemos la capacitación técnica para valorar y juzgar ciertas decisiones que se proponen en su petitum. ¿Acaso pone el PP en duda la capacidad de los órganos contratantes de la Administración? ¿Por qué hay que fiscalizar esto y no otros miles de contratos que se han dado? Aquí se proponen ciertas cosas de las que yo digo, ¿y ante quién tienen que comparecer y decir si los dispositivos técnicamente son buenos o son peores?, ¿acaso tenemos esa capacitación? Por tanto, creo que hay cuestiones que ustedes hacen en este caso, pero no en otros miles de contratos, que tampoco funcionan siempre. Por consiguiente, pienso que tenemos que saber diferenciar claramente cuál es nuestro papel: la fiscalización y las exigencias al Gobierno de índole política y, sobre todo, en cuanto a las responsabilidades de las consecuencias de estas decisiones.

Ya que me queda poco tiempo. En cuanto a los puntos que ustedes proponen, hay tres con los que nosotros discrepamos. El punto dos dice: aportar a la Comisión los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas. Nosotros no estamos de acuerdo con este punto. La empresa contratada ya ha pasado el debido procedimiento en la adjudicación del contrato y ha pasado una evaluación, un estudio y una serie de solicitudes de información, y para las consecuencias de los incumplimientos correspondientes, etcétera, la Administración tiene sus mecanismos para solucionarlos, como se ha hecho en todas las Administraciones. En el punto sexto ustedes dicen: informar sobre los dispositivos actuales en relación con su fiabilidad de respuesta ―¿informar a quién?― y proceder a sustituirlos si no funcionan. Por supuesto, pero ¿en qué momento esto tiene que ser algo instable al Gobierno? Es decir, ¿quién determinará la solvencia técnica? ¿Es acaso consecuencia de la auditoría que se pide en el punto siguiente y que en una comisión nosotros decidamos si esto es bueno o esto es malo? Por último, en el punto noveno establecen un mecanismo de supervisión permanente con participación de las diferentes Administraciones concernidas para garantizar la fiabilidad. Es reiterativo el crear el mecanismo de supervisión. Es algo que debería hacerse, por supuesto. Los otros puntos nos parecen, por obvios, entendibles y aceptables. Todas las explicaciones que hagan falta, que nos las den, y nosotros las aceptaremos. Pero hay un punto once que no han incluido en el petitum. Que yo sepa, la dimisión de la ministra no está en el petitum. Y usted ha venido aquí y ha dicho que hoy pide la dimisión de la ministra. (La señora González Vázquez asiente). ¿Y en qué punto once está? (La señora González Vázquez: No está) ¿Por qué no lo han incluido? (La señora González Vázquez niega con la cabeza) ¿Por qué no lo han incluido? (El señor Agirretxea Urresti muestra un documento). Podrían haberlo incluido y así veríamos si se apoya o no se apoya. Pero no me parece limpio hacer eso. No me parece limpio. Por lo tanto… Gure jarrera beti kritikoa izango da. Eskatu beharreko esplikazio eta adierazpen guztiak eskatuko ditugu. Argibideak nahi ditugu, Gobernuak egia esan dezala honetan da gauza guztietan, baina guk erantzukizunak bai, baina dohaineko lintxamenduak ez, eta gezurrak ere ez. Eskerrik asko.

… nuestra posición siempre será crítica. Habrá que pedir todas las aclaraciones y todas las explicaciones. Necesitamos explicaciones, que el Gobierno diga la verdad en esto y en todos los asuntos. Sí, estamos a favor de pedir responsabilidades, pero no linchamientos gratuitos y tampoco estamos a favor de las mentiras.

Muchas gracias.

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Jaun andreok arratsalde on. Talde Popularreko batzarkideok, indarkeria matxistaren kasuetan, urruntze aginduen kontrol telematikoaren sistemaz ari gara. Sistema horrek akats tekniko larria izan zuen duela hilabete batzuk geolokalizazioaren transmisioari dagokionez. Eta, egia esan, zuen legez besteko proposamenaren zioen azalpena eta gaur hemen egin duzun aurkezpena alde batera utziko bagenitu, proposatzen dituzuen neurri guztiekin, edo ia guztiekin, ados egon gintezke, baina ezin dugu alde batera utzi. Izan ere, gai honetan Euskal Herria Bilduren lehentasuna indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako esku hartzeak hobetzea den bitartean, badirudi, zuen zioen azalpenen argitan eta gaurko azalpenen argitan, zuena beste behin ere dela gobernua ahultzea. Horretarako, gainera, biktimak erabiliz.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Las señorías del Grupo Popular nos traen una iniciativa sobre el sistema de control telemático de las órdenes de alejamiento de los casos de violencia de género y de agresiones sexuales. Este sistema tuvo un fallo técnico grave hace algunos meses, un fallo que afectó a la transmisión de la geolocalización. La verdad es que si dejáramos a un lado la exposición de motivos de esta proposición no de ley y la explicación que ha dado hoy en esta Cámara, podríamos estar de acuerdo con todas o casi todas las medidas que proponen. Pero no podemos ignorar todo esto. Y es que, mientras en este tema la prioridad de Euskal Herria Bildu es mejorar las intervenciones dirigidas a las víctimas de violencia machista, parece, a la vista de su exposición de motivos y de las explicaciones que han dado hoy aquí, que su intención es utilizar a las víctimas para seguir debilitando al Gobierno.

Y me explico utilizando como ejemplo cuatro de los argumentos que ustedes esgrimen. Empiezan con un recorrido cronológico desde la implantación del sistema del control telemático hasta los fallos de 2024, en el que, sin embargo, se les olvida que los informes de la Fiscalía han puesto de manifiesto, año tras año desde 2010, que todos los años ha habido deficiencias en la implementación del sistema de seguimiento telemático. Todos los años, con Gobiernos socialistas y con Gobiernos populares, señoría. Porque, desgraciadamente, en este caso, la tecnología no es infalible. Continúan ustedes su exposición de motivos poniendo en duda la fiabilidad de los dispositivos, hablando y enseñando fotos de pulseras de Aliexpress. (La señora González Vázquez asiente). ¡Por favor, señoría…! Después, hablan de consecuencias judiciales muy graves, como sobreseimientos provisionales y absoluciones. ¿Cuántos sobreseimientos provisionales y cuántas absoluciones se han producido? ¿Cuántas de ellas han sido erróneas y, por lo tanto, graves? ¿En qué medida han afectado a las víctimas? ¿A cuántas víctimas? ¿Lo saben? Hablan de absoluta desprotección de las víctimas. ¿En qué se basan? ¿En esas absoluciones que ni siquiera sabemos si se han producido? ¿En qué? Es decir, piden ustedes una auditoría integral del sistema del control telemático, pero ya adelantan las conclusiones de la auditoría antes de que se haga. Y, díganme, si ya conocen los resultados, ¿para qué la solicitan?

En definitiva, han elaborado ustedes un relato totalmente alarmista, sin aportar ni un solo dato, basándose únicamente en opiniones y en supuestas noticias mencionadas en medios. Muy riguroso todo. Un relato sin ningún tipo de base objetiva, que lo único que hace es crear alarma y más angustia a las víctimas de violencia machista. Da la sensación de que les importan bastante poco las repercusiones que todo esto pueda tener en la salud mental de esas víctimas. Porque, señorías del Grupo Popular, como ya les recordaba mi compañera Olaia Duarte en el Senado, si hay algo que supone violencia machista es precisamente instrumentalizar a las víctimas para sus objetivos políticos. Más aún cuando de la mano de sus socios de VOX, que niegan la violencia machista, han decidido suprimir los servicios de igualdad para mantener sus asientos en numerosas alcaldías y comunidades autónomas.

Euskal Herria Bildu, evidentemente, no quita ni un ápice de importancia a los fallos del sistema de control telemático, porque la tienen, y mucha. Por nuestra parte, consideramos―y así se lo hemos transmitido a la ministra responsable― que, ante el fallo de las pulseras y la instrumentalización política y mediática del tema, además de una autocrítica sincera y profunda del Gobierno, efectivamente, es imprescindible abrir una investigación rigurosa y transparente. Saber qué es exactamente lo que ha ocurrido, conocer a cuántas mujeres ha afectado y qué tipo de afecciones han sufrido. Y, en consecuencia, tomar las medidas pertinentes para prevenir, dentro de lo posible, que esto vuelva a ocurrir. Y, cómo no, poner en marcha esas medidas cuanto antes e incluirlas en el nuevo pliego de 2026.

Neurri-orri horrek, zalantzarik gabe, oso zorrotza izan beharko du, bai indarkeria matxistaren biktimentzako zerbitzuaren kalitateari dagokionez, bai biktimen babesak ahalik eta pitzadura gutxien izatea zaintzen duten langileen baldintzei dagokienez. Baina indarkeria matxistaren biktimei zuzendutako esku-hartzea hobetzeak benetan kezkatzen bagaitu, lehenik eta behin, dagoeneko indarkeria matxista jasan duten emakumeen segurtasuna bermatzeko neurriez gain, eztabaidatu beharko genuke nola lortzen dugun emakumeekiko indarkeriaren prebentzioa eta, horrekin batera, noski, nola borrokatu indarkeria matxistaren negazionismoa. Askotan gertatzen den indarkeria matxistaren txandako abokatuen funtzionamendu eskasa, nola hobetu. Salaketa bat aurkeztu ondoren epaitegietan itxaron beharreko denbora gehiegizkoa, nola murriztu. Biktimei arreta psikologikoa berandu ematearen afera, nola konpondu. Edo epaitegietan biktimari arreta emateko zerbitzuetan dauden giza-baliabide urriak, nondik eta nola gehitu.

Ese pliego, sin ninguna duda, deberá ser muy riguroso, tanto en cuanto a la calidad del servicio dirigido a las víctimas de violencia de género y en lo que se refiere a las condiciones de los trabajadores que velan por que la protección de las víctimas tenga las menos grietas posibles. Pero si de verdad nos preocupa la mejora de las intervenciones dirigidas a las víctimas de violencia de género, lo primero de todo, y aparte de hablar de las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres que ya han sufrido violencia machista, deberíamos debatir cómo podemos conseguir la prevención de la violencia contra las mujeres. Y, junto con todo esto, además, cómo hacer frente al negacionismo sobre la violencia machista, cómo mejorar el mal funcionamiento de los abogados de oficio en el ámbito de la violencia machista, cómo disminuir el excesivo tiempo de espera tras poner una denuncia en los juzgados, cómo resolver el tema de blindar a las víctimas una atención psicológica tardía o cómo aumentar el número de recursos humanos que trabajan en los tribunales en los servicios de atención a las víctimas.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Senyories. Bé, el PP porta avui la seva quarta, quarta, iniciativa sobre els problemes que hi ha hagut al voltant de les polseres per geolocalitzar els maltractadors. Podríem dir que hi ha un empat a dos entre les iniciatives presentades al Senat i les iniciatives presentades aquí al Congrés. I és una qüestió que vull dir que és molt evident. El PP sap perfectament que aquest tema és un tema que desgasta el Govern espanyol i li volen treure tot el rèdit polític. Però això té conseqüències. Perquè busquen la confrontació en un tema molt sensible que requereix autoresponsabilitat per no generar alarma social. Perquè hi ha el risc que el que acabin generant sigui desconfiança en el sistema de protecció de les víctimes, que tanta desconfiança acabi fent que rebutgi aquest sistema de protecció justament, quan, malgrat tot, segueix sent la millor mesura que hi ha a hores d’ara per protegir-les, per donar les víctimes de violència masclista una certa seguretat.

Estem d’acord, que quedi clar, estem d’acord en el fons de la qüestió. El Govern espanyol ha d’actuar amb transparència sempre, especialment si parlem de seguretat. I aquesta transparència, ja ho vam dir l’altre dia i ho tornem a dir, no ha existit. Per això Junts va registrar preguntes sobre un servei que afecta, recordem-ho, 4730 dones a tot l’Estat, 127 a Catalunya. Dones que necessiten saber si els seus maltractadors trenquen l’ordre d’allunyament. Dones que en molts casos viuen en neguit constant, a vegades per culpa, a vegades per culpa de les mateixes polseres, perquè els dispositius nous, segons ens explicaven l’altre dia, són molt més sensibles, i han estat generant moltes més activacions i també moltes més falses alarmes, amb la qual cosa això neguiteja molt les víctimes. Ens podem imaginar l’estrès i la por que això els suposa. La mateixa ministra Redondo ens va explicar que s’havien ajustat les polseres per evitar tants ensurts.

Però evidentment, si parlem de transparència, tenen, tenen des del Ministeri d’Igualtat deures pendents. Per exemple, aclarir si hi ha hagut o no sobreseguiments definitius en casos de trencament de l’ordre d’allunyament. El PP diu que sí i el PSOE diu que no, que quan es van recuperar les dades de geolocalització es van poder revisar les denúncies i acreditar els trencaments de les ordres d’allunyament. Qui diu la veritat? El PP o el PSOE? Doncs això només ho sap la Fiscalia. El Ministeri d’Igualtat ha demanat els informes i, per tant, entenem que seria prematur pronunciar-nos, treure conclusions, sense tenir més informació.

L’altra qüestió que ens podem fer: ha quedat sense càstig algun maltractador? Si la resposta és que sí, que el sistema Cometa ha fallat i la víctima no ha pogut demostrar que el maltractador ha trencat l’ordre d’allunyament, això seria molt greu. Però insistim, necessitem més informació.

Nosaltres també hem preguntat per què el Ministeri d’Igualtat ha decidit comprar els dispositius, en lloc de mantenir el sistema de seguir pagant pel lloguer, que potser seria més eficient tenint en compte l’evolució de la tecnologia i la certesa que la tecnologia queda obsoleta de manera ràpida. Ens preguntem si no és millor, per tant, aconseguir fer ús del millor model tecnològicament parlant possible que posi a disposició al mercat, en lloc de comprar uns dispositius que s’hauran d’amortitzar en un temps de potser dos o tres anys. Estem parlant d’evitar agressions, d’evitar morts i, per tant, estalviar diners no és, evidentment, l’objectiu.

També ens hem preguntat i hem preguntat al Govern espanyol si Vodafone-Securitas Seguridad és la que determina quin dispositiu s’ha de comprar per garantir el millor servei, i quin model han comprat i a quin preu. Una cosa que també es pregunten des del PP. I donat que la delegada del Govern espanyol contra la violència de gènere va dir en la seva compareixença que són dispositius que s’han modificat i adaptat per poder fer la funció de control dels maltractadors, perquè quan venen tal com venen de sèrie no serveixen, nosaltres també hem preguntat qui ha fet aquestes modificacions i adaptacions en els dispositius, i si són modificacions físiques o només de software.

Són moltes preguntes. Són totes preguntes que entenem pertinents i que evidentment estan alineades amb la petició d’auditoria i amb moltes de les qüestions que planteja el PP avui. Però també, com els deia abans, cal fer una reflexió, com els deia al principi, sobre quines són les conseqüències de presentar aquestes iniciatives. Sabem, tots ho sabem, la tecnologia no és infal·lible, però els diríem que prou ja de fer servir la violència de gènere com a arma llancívola entre les dretes i les esquerres, perquè acaben perjudicades totes les dones que són víctimes, pensin com pensin políticament. És igual si són de dretes o són d’esquerres. Totes acaben perjudicades. És important fer memòria de quin ha de ser l’objectiu de la política, i no és un altre que millorar la vida de totes les persones, especialment, per descomptat, la vida de les dones que pateixen agressions masclistes.

Gràcies.

Señorías, el PP trae hoy su cuarta ―cuarta― iniciativa sobre los problemas que ha habido alrededor de las pulseras para geolocalizar a los maltratadores. Podríamos decir que hay un empate a dos entre las iniciativas presentadas en el Senado y las iniciativas presentadas aquí, en el Congreso. Es una cuestión que es muy evidente. El PP sabe perfectamente que este es un tema que desgasta al Gobierno español y le quieren sustraer todo el rédito político. Pero esto tiene consecuencias, porque buscan la confrontación en un tema muy sensible que requiere autorresponsabilidad para no generar alarma social, porque existe el riesgo de que acaben generando desconfianza en el sistema de protección de las víctimas. Tanta desconfianza acaba haciendo que se rechace este sistema de protección precisamente cuando, a pesar de todo, sigue siendo la mejor medida que existe hoy en día para protegerlas, para dar a las víctimas de violencia machista una cierta seguridad.

Estamos de acuerdo, que quede claro, en el fondo de la cuestión. El Gobierno español debe actuar con transparencia siempre, especialmente si hablamos de seguridad. Esta transparencia, ya lo dijimos el otro día y lo repetimos, no ha existido. Por este motivo, Junts registró preguntas sobre un servicio que afecta a 4730 mujeres de todo el Estado, 127 de las cuales en Cataluña. Mujeres que necesitan saber si sus maltratadores rompen la orden de alejamiento. Mujeres que en muchos casos viven en un desasosiego constante, a veces por culpa de las mismas pulseras, porque los dispositivos nuevos, según nos explicaban el otro día, son mucho más sensibles y han generado muchas más activaciones y también muchas más falsas alarmas, con lo que eso inquieta mucho a las víctimas. Podemos imaginar el estrés y el miedo que esto les representa. La propia ministra Redondo nos explicó que se habían ajustado las pulseras para evitar esos sustos.

Evidentemente, si hablamos de transparencia, tienen desde el Ministerio de Igualdad deberes pendientes. Por ejemplo, aclarar si ha habido o no sobreseimiento definitivo en casos de que se rompa la orden de alejamiento. El PP dice que sí y el PSOE dice que no, que cuando se recuperaron los datos de geolocalización se pudieron localizar las denuncias y acreditar por qué se habían roto las órdenes de alejamiento. ¿Quién dice la verdad, el PP o el PSOE? Esto solamente lo sabe la Fiscalía. El Ministerio de Igualdad ha pedido los informes y, por lo tanto, entendemos que sería prematuro pronunciarnos, sacar conclusiones sin tener más información.

Otra cuestión que podemos preguntarnos: ¿ha quedado sin castigo algún maltratador? Si la respuesta es que sí, que el sistema Cometa ha fallado y la víctima no ha podido demostrar que su maltratador ha roto la orden de alejamiento, eso sería muy grave. Pero, insistimos, necesitamos más información.

Nosotros también hemos preguntado por qué el Ministerio de Igualdad ha decidido comprar los dispositivos en lugar de mantener el sistema de continuar pagando por su alquiler, que quizás sería más eficiente teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y la certeza de que la tecnología se vuelve obsoleta muy rápidamente. Nos preguntamos, por lo tanto, si no será mejor utilizar el mejor modelo posible del mercado tecnológicamente hablando en lugar de comprar unos dispositivos que se tendrán que amortizar en un periodo de quizás dos o tres años. Estamos hablando de evitar agresiones, de evitar muertes y, por lo tanto, ahorrar no es evidentemente la prioridad.

Nos hemos preguntado también y hemos preguntado al Gobierno español si Vodafone-Securitas Seguridad es quien determina qué dispositivos se han de comprar para garantizar el mejor servicio y qué modelo han comprado y a qué precio, algo que también se preguntan desde el PP. Como la delegada del Gobierno español contra la Violencia de Género dijo en su comparecencia que son dispositivos que se han modificado y adaptado para poder cumplir con la función de control de los maltratadores, porque tal como vienen de serie no sirven, nosotros también hemos preguntado quién ha hecho estas modificaciones y adaptaciones a los dispositivos, y si son modificaciones físicas o tan solo del software.

Son muchas preguntas. Preguntas que pensamos que son pertinentes y que, evidentemente, están alineadas con la petición de auditoría y con muchas de las cuestiones que plantea hoy el PP. Pero también, como decía antes, hay que hacer una reflexión, como decía al principio, acerca de cuáles son las consecuencias de presentar estas iniciativas. Sabemos, todos lo sabemos, que la tecnología no es infalible, pero basta de utilizar la violencia de género como arma entre derechas e izquierdas, porque acaban perjudicadas todas las mujeres víctimas; sea cual sea su ideología política, de derechas, de izquierdas, todas acaban perjudicadas. Es importante recordar cuál debe ser el objetivo de la política, que no es otro que mejorar la vida de todas las personas, especialmente, por supuesto, la vida de las mujeres que sufren agresiones machistas.

Gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda de nou, diputades i diputats. El parlamentarisme té una característica, i és que, si esperes a escoltar la substanciació de cadascuna de les iniciatives, igual fins i tot et fan canviar el sentit del vot. Jo venia aquesta tarda disposada a fer una abstenció i, per tant, a permetre que passés aquesta iniciativa, entre altres coses perquè fora important dir que en el cos de la iniciativa, si no accepten la modificació, l’esmena que presenta VOX, no parla de la dimissió de la ministra, parla de demanar moltes dades i de fer una sèrie d’elements prospectius, però en cap cas parla de dimissió. Que sí que en va parlar fa ara unes setmanes, on ens vam abstenir i vam permetre que passés la reprovació. I deia, és diferent quan llegeixes el que et plantegen en blanc i negre, en paper, i el que després diuen. Jo venia disposada a fer-ho. La veritat és que ho reconsideraré, perquè el to del discurs el trobo absolutament inadequat. El trobo inadequat perquè aquesta sol·licitud de dades, que comparteixo, que jo mateixa he dit en aquest faristol, no cal fer-les amb mentides que ja ens han dit que són mentides. Per exemple, la compra de dispositius a AliExpress. No cal, no cal. Si vostès tenen moltes raons per demanar tot això, si vostès tenen tota la raó de demanar una auditoria, d’avaluar l’impacte de les pèrdues de dades, de demanar què ha passat amb les empreses i amb aquesta migració de dades, d’informar concretament sobre la compra dels dispositius. Si tenen tota la raó, però en el moment en què agafen un problema de màxima importància, almenys al meu parer, i el converteixen en una arma llancívola que, a més a més, crea ansietat, por, preocupació, inseguretat en les dones i, per tant, es produeix una revictimització institucional, a mi em fan preguntar si és gaire bona idea deixar que aquesta proposició passi. I ho dic perquè ja és la tercera vegada que ho veiem i, pel que he vist a les intervencions i interpel·lacions que ens toquen demà, la setmana que ve serà una quarta. I, per tant, a veure si ens entenem, molt pocs problemes deuen tenir en el Govern, no? Molt bé ho deuen fer que aquest problema que hem tingut l’hagin de treure quatre setmanes consecutives de quatre maneres diferents, quan ja els hem donat la raó. És a dir, a què treu cap tornar a generar la por del que va passar quan la ministra ha comparegut —a‌ lmenys amb alguns grups— i ens ha explicat exactament el que havia passat? De tota aquesta història a mi m’interessen tres elements que vaig posar sobre la taula. Primer, l’activitat judicial. Deia ara la meva companya que 127 dones a Catalunya —‌si no he apuntat malament— i unes 3000 i escaig a tot l’Estat. Sap quin és el drama de veritat? Doncs que, per exemple, el jutjat de violència número 2 de Barcelona no determinava aquest tipus de protecció a les dones, perquè la jutgessa que hi havia —‌el que ens ha costat treure-la— d’alguna manera maltractava les víctimes de violència en seu judicial. Primer problema. Recordo que aquests dispositius es posen només per sentència judicial. Segon problema, molt vinculat a una cosa que és pròpia del Partit Popular, que és la privatització de serveis sistemàtica. Els canvis de licitació, és a dir, quan una empresa guanya una licitació que tenia un anterior, sigui per no presentació, sigui per haver fet un plec millor, les reticències de l’empresa anterior —‌que crec que és el que ha passat aquí, i d’això sí que vull que em donin dades— invaliden aquest procés. I això és gravíssim, perquè els serveis no són de les empreses que els gestionen, els serveis són públics. I, per tant, saludo la iniciativa que ha tingut el Ministeri de quedar-se amb una base de dades pròpia. El que sí que vull que em diguin era quin tipus de penalitzacions estaven en els contractes que permeti rescabalar el públic de la mala actuació de les companyies en el moment de fer la… —‌sí, no sé qui és, però moltes gràcies, perquè no em sento ni jo—. Deia, l’empresa que ha fet incorrectament la seva part de la migració de dades, que és el que ha posat en risc aquestes sentències i aquestes dades que tothom sap. S’ha dit per activa i per passiva que és temporal, acotat en el temps, que no va tenir altres conseqüències que alguns sobreseguiment, que a més a més està pendent de tornar-se a agafar, o alguna dilació en els tràmits de sentències, cuidado, no per maltractaments, por quebrantamiento de la orden de alojamiento, que és molt diferent, perquè aquí tampoc estem explicant a quins delictes exactament s’ha quebrantat.

Per tant, quan vostès facin proposicions raonables, que a vegades passa, els aconsellaria, per al bon funcionament parlamentari, que facin defenses també raonables. Perquè ens permet a la resta visualitzar i explicar que en allò que és raonable, en allò que està ben formulat, en aquelles demandes d’informació, d’avaluació, de dades i demés, hi estem tots d’acord. Però, francament, senyora Casanova, amb la defensa que ha fet vostè d’aquesta proposició, m’ho pensaré molt.

Per tant, no comprometo el sentit del nostre vot, que estava situat a l’abstenció, i ens esperarem fins demà per veure què finalment votem.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, diputadas, diputados. El parlamentarismo tiene una característica, y es que si esperas escuchar la sustentación de cada una de las iniciativas, a lo mejor incluso consiguen que cambies de voto. Esta tarde estaba dispuesta a abstenerme y permitir, por lo tanto, que pasara esta iniciativa, entre otras cosas porque es importante decir que en el cuerpo de la iniciativa, si no aceptan la modificación, la enmienda presentada por VOX, no hablan de la dimisión de la ministra; hablan de pedir muchos datos y de realizar una serie de elementos prospectivos, pero en ningún caso habla de dimisión, de lo que sí se habló hace unas semanas, cuando nos abstuvimos y permitimos que pasara la reprobación. Decía que es diferente cuando lees lo que plantean en blanco y negro, en papel, y lo que dicen después. Estaba dispuesta a hacerlo y la verdad es que lo reconsideraré, porque el tono del discurso me parece absolutamente inadecuado. Inadecuado porque esta solicitud de datos, que comparto, que yo misma he dicho desde este atril, no hay que hacerla con mentiras, que ya nos han dicho que son mentiras; por ejemplo, la compra de dispositivos en AliExpress. No hace falta, no hace falta, si ustedes tienen muchos motivos para pedir todo esto, si ustedes tienen razón para pedir una auditoría, evaluar el impacto de la pérdida de datos, pedir qué ha pasado con las empresas y la migración de datos, informar concretamente acerca de la compra de dispositivos... Si tienen ustedes toda la razón. Pero en el momento en que ustedes cogen un problema de máxima importancia, por lo menos en mi opinión, y lo convierten en una arma arrojadiza que, además, crea ansiedad, miedo, preocupación e inseguridad a las mujeres y, por lo tanto, se produce una revictimización institucional, a mí hacen que me pregunte si es buena idea dejar que se apruebe esta proposición. Lo digo porque es la tercera vez que lo vemos y, según lo que he podido observar de las intervenciones e interpelaciones, la semana que viene habrá una cuarta. Por lo tanto, a ver si nos entendemos. Muy pocos problemas deben tener en el Gobierno o muy bien deben hacerlo para tener que hablar de este problema cuatro semanas consecutivas de cuatro maneras distintas cuando ya les hemos dado la razón. ¿A qué viene ahora volver a generar miedo acerca de lo que pasó cuando la ministra ha comparecido por lo menos en algunos grupos y nos ha explicado exactamente lo que ha pasado? De toda esta historia a mí me interesan tres elementos que pondré ahora sobre la mesa. Primero, la actividad judicial. Mi compañera decía que 127 mujeres en Cataluña ―si no lo he apuntado mal― y unas 3000 y pico en todo el Estado. ¿Sabe cuál es el drama de verdad? El Juzgado de Violencia número 2 de Barcelona, por ejemplo, no determinaba este tipo de protección a las mujeres porque la jueza que había ―y nos ha costado mucho esfuerzo sacarla― de algún modo maltrataba a las víctimas de violencia en sede judicial. Primer problema. Recuerdo que estos dispositivos se colocan solamente por sentencia judicial. Segundo problema, muy vinculado a algo que es propio del Partido Popular, que es la privatización sistemática de los servicios. Los cambios de licitación, es decir, cuando una empresa gana una licitación que tenía alguien anteriormente, sea por haber hecho un pliego mejor, las reticencias de la empresa anterior ―que creo que es lo que ha pasado aquí, y de esto sí que quiero que me den ustedes datos― invalidan este proceso. Y esto es gravísimo, porque los servicios no son de las empresas que los gestionan, los servicios son públicos. Por lo tanto, saludo la iniciativa del ministerio de quedarse con una base de datos propia. Lo que sí quiero que me digan es qué tipo de penalizaciones estaban incluidas en los contratos que permitan separar lo público de la mala actuación de las compañías en el momento de escoger. (Un señor diputado chista pidiendo silencio). No sé quién es, pero muchas gracias porque no me escucho ni yo. Estaba diciendo que la empresa que ha hecho incorrectamente su parte de migración de datos, que ha puesto en riesgo esta sentencia y estos datos que todo el mundo sabe, se ha dicho por activa y por pasiva que es temporal, acotada en el tiempo, que no tuvo otra consecuencia que algún sobreseimiento que está a punto de repetirse o alguna dilación en el trámite de la sentencia. Cuidado, no por maltrato, por quebrantamiento de la orden de alejamiento, que es muy diferente. Porque aquí no estamos explicando tampoco a qué delitos nos estamos refiriendo.

Por lo tanto, cuando ustedes hacen proposiciones razonables ―cosa que a veces pasa―, les aconsejaría, por el buen funcionamiento parlamentario, que las defensas sean razonables también, porque eso nos permitirá al resto visualizar y explicar que con aquello que es razonable, aquello que está bien formulado, aquellas demandas de información, de evaluación de datos, etcétera, estamos todos de acuerdo. Pero, francamente, señora Casanova, con la defensa que usted ha hecho de esta proposición, me lo voy a pensar mucho.

Por lo tanto, no comprometo el sentido de nuestro voto, que estaba situado en la abstención, y esperaremos hasta mañana para ver qué votamos finalmente.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, señorías. Hoy volvemos a hablar de violencias machistas, y lo hacemos otra vez porque el Partido Popular ha decidido traer al Pleno una iniciativa sobre los fallos del sistema Cometa. Y lo hace con una doble moral de manual, porque es justamente el Partido Popular el que allá donde gobierna se dedica a dejarnos sin derechos y a poner en peligro la salud y la vida de miles de mujeres en este país. Les voy a refrescar la memoria, señorías, porque venir aquí a dar lecciones de cómo proteger a las mujeres es, cuando menos, una falta de respeto. Miren, señorías del PP, ¡en Andalucía han ejercido una violencia institucional contra las mujeres inaudita! (Aplausos). Mantienen una sanidad colapsada, veinte o treinta días para tener una cita con el médico de cabecera, con listas de espera infinitas y con hospitales públicos desangrados porque ustedes prefieren derivar sus recursos a la sanidad privada. Millones y millones de euros desviados mientras las mujeres esperan. Y todo eso ha estallado con su negligente gestión de los cribados del cáncer de mama. Hasta dos mil mujeres, según sus cifras, pero podrían ser aún más. Algunas, quizás, hasta hayan muerto. (Rumores). El partido de la gestión, se hacen llamar. Me daría la risa si no fuera esto tan grave, señorías. Y ahora vienen aquí a exigir transparencia y rendición de cuentas. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! (Rumores.―Varios diputados chistan pidiendo silencio). No pueden venir a dar lecciones cuando las mujeres andaluzas sufren retrasos inaceptables en pruebas diagnósticas porque ustedes han desmantelado la atención primaria, los especialistas y las intervenciones quirúrgicas. (Continúan los rumores.―Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Eso, señorías, es violencia institucional. Y voy a decirles más. ¿Saben ustedes lo que es Clicsalud+? Es una plataforma que tenemos en Andalucía donde las personas pueden ver los resultados de sus pruebas. Pues desde Andalucía me trasladan que las pruebas de los cribados y de los controles de oncología están desapareciendo de ese portal donde las pacientes las pueden consultar. Díganme ustedes si eso no es violencia institucional. Y, mientras tanto, su Gobierno… (Rumores.―Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). ¡Eso es verdad!, porque hay una paciente con cáncer metastásico que lo está consultando en el hospital Puerta del Mar. Y como ella, muchos. Así que, antes de hablar sobre este tema, límpiese la boca. (Rumores.―Aplausos). Mientras tanto, su Gobierno en Andalucía está siendo investigado por adjudicar a dedo más de 300 millones de euros en contratos al servicio del Servicio Andaluz de la Salud Pública. Y eso, díganme ustedes si también es mentira. (Rumores).

Los últimos tres gerentes del SAS están investigados por prevaricación administrativa; empresas como Asisa, Viamed o Quirón. Sí, la misma donde la pareja de una señora que se llama Ayuso hace negocios a costa de todos los madrileños. Se han beneficiado de esta trama, una red mafiosa en toda regla y a costa de nuestra salud. Así que no me vengan a presumir de compromiso con la igualdad cuando, además, en Madrid la señora Ayuso se niega a cumplir la ley del aborto, se rebela contra el registro de objetores y mantiene un sistema que impide a las mujeres ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo el 0,5 % de los abortos se practican en la sanidad pública madrileña. Esa es la libertad de la que ustedes hablan, ¿verdad? Las cañas en las terrazas, el ji, ji, ji, el ja, ja, ja… Esa es la libertad. Qué frivolidad, señorías. Eso no es libertad. Eso es negar derechos y poner en riesgo la salud y la autonomía de las mujeres. Si de verdad quieren demostrar compromiso, cuando llegue al Congreso voten a favor de incluir el derecho al aborto en la Constitución. Demuestren con hechos lo que dicen con palabras.

Ahora me dirijo al Partido Socialista y al Ministerio de Igualdad, y no lo hago para sumarme al ruido del PP, sino porque en la rendición de cuentas también es importante mantener y demostrar una forma de respeto a las víctimas. Valoramos los avances logrados estos años, pero la confianza pública se construye con transparencia. Lo ocurrido en el sistema Cometa es grave. Miles de mujeres confiaban en un dispositivo de seguridad que falló, y esos fallos se tradujeron en miedo, desprotección y desamparo. Queremos recordarles que la seguridad de las mujeres no puede depender de una lógica de mercado. En SUMAR lo tenemos claro: no podemos seguir privatizando lo que es un servicio público. La gestión directa necesita de transparencia, eficacia y de un control democrático. Cada vez que se privatiza un servicio esencial, pierde la ciudadanía. Pero, sobre todo, perdemos las mujeres, porque somos nosotras las que más lo sufrimos.

Por ir terminando, señorías, no vamos a entrar en el juego del Partido Popular. Ustedes buscan convertir el dolor de las víctimas en ruido político y no se lo vamos a permitir. Pero tampoco vamos a mirar hacia otro lado cuando algo falla, porque las mujeres merecemos instituciones que estén a la altura. El feminismo no es una pancarta ni es ningún tuit; es garantizar que ninguna mujer vuelva a tener miedo, que ninguna espere meses para obtener respuesta a una prueba diagnóstica, que ninguna se sienta sola. Y eso, señorías, no se promete: se cumple.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señorías del Grupo Popular, traen hoy una proposición cargada de imprecisiones y completamente desactualizada, (rumores) cuyo verdadero objetivo es el rédito que ustedes creen que les procura este tema. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia) Miren, tanto la delegada del Gobierno contra la violencia de género como la ministra de Igualdad han comparecido en las Cortes Generales para dar detalladas y cumplidas explicaciones sobre este asunto. Además, los pliegos de licitación con especificaciones técnicas a los que ustedes aluden son públicos y pueden consultarse. Igualmente, la incidencia que está relacionada con el proceso de migración de datos entre empresas fue una dificultad temporal en el acceso a la información, no una pérdida de datos, la cual quedó resuelta en diciembre de 2024 con el pleno acceso a la información de las bases de datos del servicio de la anterior adjudicataria. Además, este problema ha contado con un seguimiento exhaustivo desde que se originó. Tanto es así que el 11 de diciembre del año pasado, en una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria, que además tengo aquí por si quieren ustedes consultarla (muestra un documento), el Ministerio de Igualdad detalló todas las actualizaciones que estaba llevando a cabo. Según consta en la citada respuesta parlamentaria ―y leo textualmente― «desde septiembre de 2024, y tras el periodo de tres meses de transición y otros tres de ajuste de la nueva UTE al servicio, el Ministerio de Igualdad ha implementado un exhaustivo plan de seguimiento del servicio, con el objetivo de responder de forma inmediata a incidencias, identificar y poner en marcha posibles mejoras y garantizar así la máxima protección de las víctimas de cualquier forma de violencia de género». Y, a continuación, en esta misma pregunta, detalla todo el plan que pormenorizadamente desarrollaron. Es decir, señorías, el Gobierno ha trabajado desde el principio de manera seria, transparente y rigurosa. (Aplausos).

Y aquí vuelven a insistir, cómo no, señorías, en las pulseras de AliExpress. Esto es especialmente sangrante, señorías, por la inseguridad y el temor que este mensaje puede causar a las víctimas. Las pulseras telemáticas, señorías, están fabricadas expresamente para ofrecer este servicio. Y no solo eso, es que la ministra de Igualdad, señoría González, mostró la factura de estas pulseras, que están valoradas en 690 euros y están fabricadas por una empresa radicada en Barcelona, señorías. Es vergonzoso lo que ustedes hacen. Es vergonzoso. (Aplausos).

Pero hay más. Dicen ustedes que las pulseras dejan de instalarse porque generan desconfianza. Miren, el número de instalaciones de estos dispositivos no ha dejado de crecer: se ha cuadruplicado desde que existe el servicio. Además, mienten ustedes una vez más, porque la propia memoria de la Fiscalía General del Estado habla de la indiscutible utilidad de los dispositivos para proteger a las víctimas ―la propia memoria de la Fiscalía, señorías―.

Ustedes insisten en que se ha desprotegido a las víctimas. Miren, el fallo de migración pudo afectar puntualmente a algunos enjuiciamientos, porque una pequeña parte de esta información, como ya he dicho, no estuvo disponible temporalmente, pero nunca ha dejado de funcionar en cuanto a protección. Para que se entienda: las pulseras nunca han dejado de alertar si el maltratador rebasaba la orden de alejamiento ni de avisar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los juzgados. De hecho, el 90 % de las usuarias de Cometa dicen que recomendarían su instalación a otras víctimas de violencia de género, señoría.

Dicho esto, voy con lo que más debería avergonzarles. Después de toda la alarma social que ustedes han creado, después de haber afirmado que se ha producido una cascada de sobreseimientos, resulta que, hoy en día, señorías, no existe constancia de que se haya producido ni un solo sobreseimiento a causa de este problema técnico, señorías. (Aplausos). Ni uno solo. (Rumores.―La señora González Vázquez pronuncia palabras que no se perciben). No, no. Después del tiempo transcurrido hasta ahora, después de que se haya requerido al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, no se ha detectado ni una sola sentencia de sobreseimiento. ¿De verdad, señorías, les compensa a ustedes electoralmente todo esto?

Ustedes saben que, efectivamente, la tecnología no es infalible y por eso ha sido un asunto que ha ocupado gran parte de los trabajos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Esto es así porque es un servicio especialmente complejo que ha generado también errores en el pasado. Miren, esta noticia (muestra un recorte de prensa) es de 2018 y habla de fallos en las pulseras cuando ustedes gobernaban. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Que en aquel momento la oposición la ocupaba el Partido Socialista y decidió actuar con responsabilidad y siendo conscientes de la importancia que tiene este servicio, señorías. (Aplausos.―La señora González Vázquez pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí. Sin embargo, en contraposición, ustedes han utilizado esta cuestión de una forma lamentable. Han llegado ustedes a afirmar que ha habido víctimas mortales que llevaban la pulsera sin ninguna prueba. ¿Ustedes han pensado que supone esto para las familias de las víctimas? ¿A ustedes les parece que esta es una forma decente y ética de hacer política? Este tuit (muestra una fotocopia) sigue colgado en la cuenta del Partido Popular, en la cuenta de Twitter del Partido Popular, donde afirman que hay una víctima mortal que llevaba pulsera. Es indecente, señorías. (Aplausos).

Voy terminando. El problema generado por la migración de datos está solventado desde hace meses. Como ya he señalado, el Gobierno ha comparecido, ha dado explicaciones en las Cortes Generales, se ha sometido al control, a las preguntas y a las críticas de todos los grupos parlamentarios. Les digo que este Gobierno no tiene ningún problema con la transparencia ni con la rendición de cuentas. Ahora bien, en coherencia, les esperamos a ustedes en el Parlamento andaluz para que den cuenta de la crisis de las mamografías, que, esa sí, ha tenido víctimas fatales, señorías. Muchas gracias. (Aplausos).