Andrea Canelo Matito
Gracias, presidente. Señorías, déjenme que les cuente una historia, en este caso es personal. Como habrán notado, me cuesta un poco subir y bajar escaleras y camino con cierta dificultad. Justo hace un año sufrí un accidente que me obligó a pasar por quirófano y permanecer varios meses en silla de ruedas. En aquel momento, con el dolor, la incertidumbre y también el miedo ante una intervención, ¿saben qué era lo único que tenía esta diputada en la cabeza? En aquel momento llevaba poco tiempo en el Congreso y les aseguro que las contingencias por las cuales un diputado o una diputada puede ejercer su derecho al voto telemático nunca habían pasado por mi cabeza, pero ocurrió. Necesitaba utilizar el voto telemático para ejercer mi derecho, también para ejercer mi obligación y, sobre todo, para no perjudicar a mi grupo con su ausencia y, por supuesto, esta Cámara estaba preparada ―hoy aún lo está más― para responder a estas situaciones. En tiempo récord, antes incluso de entrar en el quirófano, ya habíamos podido resolverlo y pude votar sin ninguna dificultad. Sin embargo, el verdadero problema vino después. Como muchos de ustedes, yo también vengo de lo local. He sido concejala en Granollers, una ciudad mediana, de 65 000 habitantes, en la segunda corona metropolitana de Barcelona. Después de dieciocho años de servicio público en mi ciudad, un accidente me impidió por primera vez desplazarme por mí misma. Conozco de primera mano la entrega y la dedicación de miles de cargos locales que vivimos la política municipal como un servicio público en estado puro. (Aplausos). Así nace esta proposición de ley, para garantizar que ningún representante local tenga que elegir entre salud y familia o su compromiso con la ciudadanía. Se trata de una modificación del artículo 46 de la Ley de Bases del Régimen Local que parte, en realidad, de una percepción muy sencilla: el ayuntamiento es la Administración más cercana a la ciudadanía y su funcionamiento no debe verse limitado por circunstancias excepcionales que impidan la presencia física de sus cargos electos. ¿Se acuerdan de cómo el país entero tuvo que adaptarse durante la pandemia? De un día para otro todos cambiamos nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, de reunirnos, de seguir adelante, también lo hicieron las instituciones, y en aquel momento se permitió que los ayuntamientos pudieran celebrar sus plenos de forma telemática para garantizar que todo siguiese funcionando. Fue una medida excepcional para una situación excepcional, pero demostró algo verdaderamente importante, y es que la tecnología puede ser también una aliada de la democracia. A partir de esa experiencia, esta proposición de ley plantea dar un paso más. Queremos que el voto telemático no dependa solo de una crisis colectiva, sino que pueda usarse también en determinados casos personales, como la paternidad, la maternidad, una baja médica o un cuidado familiar ―por cierto, en la mayoría de los casos recae siempre en las mujeres―. Pensemos en una concejala que atraviesa un embarazo de riesgo y debe guardar reposo o en un alcalde que se recupera de una operación pero continúa con su trabajo desde casa; pensemos en alguien que cuida de su madre dependiente o de un hijo enfermo o en quien acaba de sufrir una pérdida y, aun así, quiere cumplir con su deber. Todas esas situaciones, humanas y cotidianas, merecen una respuesta institucional y los socialistas y las socialistas se la vamos a dar. (Una diputada del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!―Aplausos). Por eso, proponemos esta ley, para que los concejales y las concejalas y los alcaldes y las alcaldesas tengan este nuevo derecho que beneficiará directamente a la ciudadanía que representan. Vamos a universalizar el voto telemático para que hoy, desde el Congreso, le digamos al mundo local que no es menos que ninguna institución, ni autonómica ni nacional, y que la dignidad y la igualdad de nuestros pueblos pasa por los ayuntamientos. (Aplausos). Pero, señorías, que no haya ningún malentendido. Estamos hablando de causas excepcionales. Somos servidores públicos, nos han escogido y representamos a miles de ciudadanos y ciudadanas. Unas vacaciones, un descanso o una luna de miel no son situaciones excepcionales, no están entre los supuestos, señorías del Partido Popular. (Aplausos). Somos cargos públicos, con la responsabilidad que eso conlleva.
Esta ley no es para quienes confunden el deber con el descanso. Decía que se trata de un nuevo derecho para poder ejercer la representación pública cuando las circunstancias a veces no lo permiten, garantizando que nadie pierda su voz política. Es un derecho que alcanza a más de ocho mil municipios en España y que beneficiará a 67 000 concejales y concejalas de todos los grupos y colores políticos, que son los que cada día sostienen con su trabajo la base misma de nuestra democracia local.
Por este motivo, este grupo parlamentario considera que debería contar con el apoyo del resto de la Cámara, al menos con el de todos los grupos que de verdad valoran la política municipal de proximidad, porque es un gesto de responsabilidad, porque ningún concejal ni ninguna alcaldesa debe verse obligado a elegir entre cuidar y servir. Es el momento de reivindicar esa política municipal, la más cercana a la ciudadanía, la que antes escucha, la que antes llega, sin gabinetes, sin fotos, con compromiso, con vecindad y con muchísimo trabajo y ―¡ojo!― en muchas ocasiones de manera voluntaria, como saben bien miles de alcaldes y alcaldesas sin sueldos de este país que compaginan su empleo con el servicio público, que sacrifican tiempo personal y tiempo en familia porque su vocación con sus vecinos es, a veces, más importante.
La verdad es que aquí arriba se nota. Algunos diputados y algunas diputadas cuando intervienen desde esta tribuna demuestran que no han pisado un ayuntamiento en su vida, que no han conocido a los hombres y las mujeres que se dedican en cuerpo y alma a sus vecinos y sus vecinas cada día y sin excepción. (Aplausos). Por eso, cuando hablamos de facilitar su tarea, no hablamos de privilegios, hablamos de justicia, de permitir que quienes se dedican a sus municipios puedan ejercer sus funciones con las mismas garantías que cualquier otro representante público de nuestro país.
Esta reforma dignifica la política local (aplausos), reconoce el esfuerzo silencioso de quienes hacen posible que esa democracia funcione, también a pequeña escala, en las calles, en los barrios, en las plazas, en los pueblos y las ciudades de España. Porque cuando el país sufre, quienes están al frente, sin cámaras ni titulares, son los alcaldes y las alcaldesas. Estuvieron en verano, en los pueblos arrasados por los incendios de Castilla y León y Galicia, organizando la evacuación, atendiendo a sus vecinos o buscando agua donde no la había. Estuvieron durante la dana, justo hace un año, en la Comunidad Valenciana, achicando agua, con las botas puestas, con el teléfono en la mano, tomando decisiones mientras otros abandonaban a sus vecinos. Una comida en El Ventorro no es un caso excepcional, es una negligencia. Estar en una feria mientras los pueblos de Castilla y León ardían es una inmoralidad. (Aplausos). Esa es la diferencia entre los que sirven a la política y los que vienen a servirse de ella.
Por eso, cuando hoy hablamos de política municipal, hablamos de los que están en el barro, de los que están con sus vecinos dando la cara y tomando decisiones. Ellos y ellas son el verdadero rostro del servicio público y merecen todo el reconocimiento. Porque, señorías, un Estado que cuida de su Administración local se cuida a sí mismo. Los ayuntamientos no son una Administración menor, son Estado y forman parte del mismo engranaje institucional que el Congreso, que el Senado o que los parlamentos autonómicos. Y si aquí podemos votar telemáticamente, ¿por qué no puede hacerlo una alcaldesa con un embarazo de riesgo o un concejal que está enfermo?
Señorías de la derecha, me adelanto a sus argumentos: modernizar no es romper; ayudar a quienes sirven a su pueblo no es un privilegio, es democracia, y cuidar la política local no es una cuestión ideológica, es una cuestión de decencia institucional. Esta ley corrige esa desigualdad, coloca a la Administración local en el mismo plano de respeto y de derechos que las Administraciones territoriales y que el propio Estado. Soy consciente de que se trata de una ley pequeña en lo jurídico, pero les aseguro que es muy grande por lo que representa. Es un texto breve que encierra una idea profunda, la de una democracia que incluye a todos los niveles institucionales, la de una democracia que reconoce que servir a la ciudadanía no puede depender siempre de la salud o de las circunstancias de un familiar. Por eso, hoy proponemos modernizar la democracia local, fortalecer la igualdad entre instituciones y, sobre todo, dignificar el ejercicio del servicio público.
Termino. Hace un año aprendí que la política, igual que la vida, se sostiene en las redes que vamos tejiendo. Esta ley es una de esas redes, una mano tendida a quienes sirven a sus vecinos y vecinas desde la proximidad de la política, desde el municipalismo, porque cuando cuidamos de quienes nos cuidan, estamos, sin duda, fortaleciendo la democracia.
Gracias. (Aplausos).