Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios.

Muchas gracias, señor presidente. El pasado mes de junio, en nombre del Grupo Parlamentario VOX, me opuse a la toma en consideración de esta proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el fin de reformar el Reglamento de la Cámara para regular en él la figura de los lobbies o grupos de interés. Aduje entonces una serie de consideraciones de índole jurídico, pero hice también una mención expresa que hoy quiero reiterar aquí, porque en la exposición de motivos de esta iniciativa se dice literalmente que el objeto principal es reforzar la transparencia y luchar contra la corrupción, y esto lo dice el principal grupo que apoya en esta Cámara al Gobierno, un Gobierno opaco y rodeado de corrupción. Opaco, señorías, porque sistemáticamente se niega a rendir la información que se le solicita; por ejemplo, negándose a decirle a la Cámara cuánto cuesta anualmente al erario público, es decir, al bolsillo de todos los españoles, el mantenimiento de las consecuencias de esa invasión migratoria ilegal que el propio Gobierno fomenta; o, por ejemplo, negándose a decirle a la Cámara el número de vuelos realizados por los aviones oficiales Falcon a la República Dominicana y la identidad de las personas que han volado en dichos aviones; o, por ejemplo, negándose el propio Sánchez ante el Pleno de la Cámara a decir con qué altos directivos de empresas del IBEX habló personalmente en favor de los negocios de su esposa. (Aplausos). Y, desde luego, un Gobierno rodeado por la corrupción, por más que el señor presidente del Gobierno ayer mismo, en la sesión de control, tuviera la inmensa desfachatez de decir que su Gobierno es el Gobierno más decente de Europa. Un Gobierno rodeado de corrupción que empieza por el círculo familiar del propio presidente del Gobierno —‌su esposa y su hermano—, continúa con quienes fueron su círculo máximo de confianza política — Ábalos, Cerdán y Koldo— y sigue pendiente, con la espada de Damocles sobre él, de importantes investigaciones judiciales en curso, como las que afectan a la trama de las mascarillas o a la trama de los hidrocarburos y que, desde luego, pueden terminar salpicando a importantes personalidades socialistas. Y no es solo corrupción económica, señorías, porque corrupción es también trapichear con un delincuente prófugo de la justicia para ser investido presidente del Gobierno; o es mantener en su cargo al fiscal general del Estado cuando está a punto de ser juzgado por el Tribunal Supremo; o es lanzar a una fontanera socialista a urdir maniobras contra jueces, fiscales y miembros de la UCO que investigan la corrupción del sanchismo. Y, por supuesto, corrupción es también tratar de sojuzgar a la justicia, acallar a la prensa, invadir instituciones, quebrar la separación de poderes, pisotear el Estado de derecho o pasarse por el forro la Constitución, por ejemplo, llevando ya dos años sin presentar en esta Cámara el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, cuando la Constitución determina que esa presentación es imperativa, con independencia de si se tiene o no la mayoría para aprobarlos. Y, por cierto, ya que el Grupo Parlamentario Socialista muestra tanto interés por la figura de los lobbies, podría comenzar por esclarecer las andanzas de ese lobby que tiene montado Zapatero con el régimen criminal de Maduro o con China, o las andanzas también de ese otro lobby que tiene montado un exministro y ex secretario de Organización del Partido Socialista, el señor Blanco, acompañado, por cierto, en esas tareas por algún otro exministro del Partido Popular. (Aplausos). Así que, señorías, frente a esta iniciativa original del Grupo Socialista que nos parece puro postureo, mi grupo, a través de esta enmienda a la totalidad, propone a la Cámara seis reformas concretas.

Primera reforma: limitar a doce el número de comisiones permanentes legislativas frente a la hiperinflación actual, fruto, a su vez, de la hiperinflación ministerial creada por Sánchez de veintidós ministerios. (Aplausos). Con esta reforma, sin lugar a duda, el trabajo de la Cámara ganaría en cohesión y supondría, evidentemente, un monumental ahorro para su presupuesto.

Segunda reforma: garantizar la publicidad de los informes emitidos por los letrados de las Cortes a requerimiento de la Mesa de la Cámara o de la Mesa de cualquier otra comisión, tanto si afectan al procedimiento legislativo como a cualquier otra cuestión. Y, a tales efectos, señalamos que esos informes deberán ser distribuidos automáticamente a todos los grupos sin necesidad de petición previa, como ahora ocurre, y, para su mayor publicidad, recogidos en el Boletín Oficial de las Cortes.

Tercera reforma: acabar con el fraude que supone el uso de las proposiciones de ley por parte de los grupos que conforman el Gobierno. Es un fraude manifiesto que se utiliza por el propio Gobierno para evitar tener que solicitar los informes previos preceptivos, según la ley, que la materia objeto de la iniciativa debería llevar si hubiere sido objeto a su vez de proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros. (Aplausos). Y por eso señalamos que, una vez calificada la iniciativa por la Mesa de la Cámara y previo al debate de su toma en consideración, bastará que un solo diputado, señorías, que un solo diputado se dirija a la Presidencia de la Cámara solicitando que se remitan esos informes para que la Presidencia de la Cámara, imperativamente, tenga que cursar esa solicitud al Gobierno y el procedimiento legislativo no se inicie hasta que esos informes sean recibidos.

Cuarta reforma: recuperar el uso exclusivo de la lengua española en la actividad oral y escrita de esta Cámara (aplausos) frente al desafuero actual que supone el uso de las lenguas que son cooficiales solo en sus respectivas comunidades autónomas, según dictamina la Constitución, y, sin embargo, se sitúan aquí en pleno nivel de igualdad con la lengua española, lo que supone manifiestamente un ataque a esta, como símbolo de unidad política y territorial del Estado, y solamente responde por parte del Gobierno a satisfacer los intereses espurios de las fuerzas separatistas. (Aplausos). Esta reforma, a su vez, no solamente supondrá acomodar la práctica oral y escrita de esta Cámara a lo establecido en la Constitución, sino también un sensible ahorro al bolsillo de los ciudadanos, evitándonos el dispendio actual en sistemas técnicos de traducción y en traductores.

Quinta reforma: incorporar expresamente al Reglamento de la Cámara la fórmula de acatamiento a la Constitución a través de un explícito «sí, juro» o «sí, prometo», para evitar la suma de excentricidades que venimos oyendo en las últimas legislaturas en el momento de constituirse esta Cámara, teniendo en cuenta que la doctrina del Tribunal Constitucional señala que no podrán darse como válidas todas aquellas fórmulas que supongan una contradicción con el espíritu de lo que es el acatamiento, o condicionen o desnaturalicen lo que este acatamiento significa como respeto al ordenamiento jurídico y como compromiso del diputado de ajustar su actuación a las leyes (aplausos), y teniendo en cuenta también que sigue vigente la resolución de la Presidencia del Congreso, de fecha 30 de noviembre de 1989, que señala que esa fórmula ritual de acatamiento tiene que ser simple, explícita e igual para todos.

Sexta reforma: acabar definitivamente con lo que supone un manifiesto fraude en la constitución de los grupos parlamentarios; un fraude normativo grosero por el cual se permite la constitución de grupos parlamentarios que no alcanzan el porcentaje de representación establecido en el propio Reglamento, mediante la cesión temporal de diputados de un grupo a otro. (Aplausos). De modo y manera, señorías, que incorporamos al texto del Reglamento de la Cámara una mención expresa de que esa cesión de diputados estará prohibida y solamente se podrán constituir grupos que representen efectivamente el porcentaje obtenido en las urnas que señala el texto vigente, para respetar también así la representatividad que los ciudadanos han querido otorgar a cada cual a través del resultado electoral.

Por último, señorías, señalamos que, en el plazo más breve posible, el Reglamento de la Cámara debe someterse en su redacción a las recomendaciones de la Real Academia Española, esa que ahora quiere también asaltar el Gobierno, para limpiar de él todos los excesos del llamado lenguaje inclusivo.

En definitiva, somos conscientes de que, después de las próximas elecciones, la futura Presidencia de la Cámara deberá impulsar otras reformas en orden a la racionalización del procedimiento legislativo, la mejora de la función de control y la configuración de los órdenes del día, pero las reformas que hoy proponemos para que esta Cámara las adopte, dotan, sin lugar a duda, a la práctica parlamentaria de mayor austeridad, de mayor eficacia, de mayor transparencia y de mayor respeto a las leyes, todo ello en beneficio de la propia institución, para que esta pueda recuperar cuanto antes el prestigio de los ciudadanos y el papel central que le corresponde en la vida política española. Ustedes tienen la palabra.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Obrigado, señor presidente. Moi bo día. Como ficou en evidencia na intervención e emenda á totalidade de Vox, non ten nada a ver coa proposta que viña aquí, que era a regulación, di o título dos grupos de interese, nós xa dixemos no seu día que este é un eufemismo que pode resultar moi ben, pero o que está falando son dos lobbies, dos grupos de presión económica sobre as decisións políticas e, por tanto, eu comezo por falar disto reiterando a posición do BNG e falarei despois tamén da emenda á totalidade. O BNG é evidente que está a favor da máxima transparencia nas políticas públicas porque concibimos esas políticas públicas como un servizo ás maiorías sociais e nunca, nunca, como o resultado dos intereses de grupos restritos, das elites dos que teñen o poder económico e que manexan tamén, infelizmente en moitos casos, os poderes públicos. Por tanto, rexeitamos calquera tipo de presión, pero dubidamos moito que a vía sexa precisamente legalizar os lobbies, legalizar aqueles grupos de presión que xa veñen actuando e temos exemplos moi claros de como o fan. Temos casos de empresas que especificamente se constituíron para este fin e que recollen excargos públicos, exministros tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, porque desa maneira abranguen pois todo o arco de forzas políticas que teñen a opción de facer parte do goberno. Como se estivésemos nun filme americano e a verdade é que non creo que haxa que copiar nada de Norteamérica, pero aquí do que se trata é de copiar o peor dos peores. Por tanto, para nós resúltanos claramente problemático. Cremos que pode haber outras fórmulas de favorecer a transparencia que non sexan precisamente estas. Por exemplo, non se prohiben as portas xiratorias e temos expresidentes do goberno nos consellos de administración das grandes eléctricas e despois sorpréndenos o poder, a capacidade de decisión ou a capacidade de presión que teñen as eléctricas nas decisións deste Congreso ou nas decisións do goberno. Pois ao noso xuízo era bastante máis urxente regular e prohibir as portas xiratorias. E parécenos tamén inaceptable que se lle dea o mesmo tratamento a grandes empresas enerxéticas, por exemplo, a Repsol, que a unha asociación de veciños dun barrio ou que a unha plataforma de xubilados que o que defende o interese común e, por tanto, cremos que tamén isto hai que modificalo, para alén de que tal e como está regulado supón unha burocracia excesiva, especialmente para os grupos máis pequenos desta cámara. En calquera caso, de todo isto abordarémolo na fase de emendas parciais. Tanto foi a emenda á totalidade, que como digo, non ten nada que ver. Aquí están as obsesións permanentes de imposición política, ideolóxica e lingüística da ultra dereita, isto é ao que viñeron os que viñeron aquí. O primeiro que queren facer é prohibirnos que poidamos utilizar a nosa lingua neste Congreso. Os que permanentemente falan de imposición lingüística non se cortan en absoluto á hora de traer aquí un texto de clarísima imposición lingüística do español. O problema é que como levan 500 anos practicándose a imposición lingüística do español, polo menos galegos e galegas, parécelle que o poden seguir facendo de maneira eterna, de maneira permanente. Pois non, gañamos porque o conquistamos o dereito a utilizar aquí a nosa lingua e vamos seguir utilizando aquí a nosa lingua pense o que pensar e faga o que fixer a dereita ultra e a ultra dereita. A fórmula de acatamento. Ben, pois, pois, mire, se vostedes, o que pretenden é que todos comuniquemos coa Constitución están moi equivocados. Hai forzas políticas que rexeitamos a Constitución no seu día e que seguimos facendo, porque entendemos que é un corsé político a dereitos, tanto individuais como colectivos, que para nós son esenciais. Por exemplo, o dereito das nacións que facemos parte deste Estado á autodeterminación e poder decidir libremente. Pero queren coartar mesmo a capacidade que podemos ter de expresar esa discordancia coa Constitución, aínda que a renglón seguido se diga que imos acatar, como non pode ser doutra maneira por outra parte, o que di. Pois non, señores e señoras da ultradereita, tampouco aquí imos pasar por iso.

Redución do número de comisións e en fin, reducir a capacidade, por tanto, tamén de intervención parlamentar. Informes para os grupos din que sosteñen o Goberno, portavoz da ultradereita, dixo aquí que conforman o goberno. Ben, xa é un pouquiño diferente, en todo caso, os que os que sosteñen o goberno nesa fórmula que é tan ambigua como inconcreta e de uso fundamentalmente xornalístico, levaría a unha inseguranza xurídica terríbel. Cales son as forzas que sosteñen o goberno? No caso do Bloque Nacionalista Galego unhas veces vota a favor e outras votan contra. Non sei se tamén teriamos a obriga de traer informes a calquera proposición de lei que trouxésemos aquí, pero efectivamente parécenos que é un intento máis de limitación da capacidade de actuación parlamentaria das forzas que aquí estamos representadas.

O mesmo que aquela das limitacións á hora de constituír grupos parlamentares. Miren, señores da ultradereita, se o que se fixo ate agora fose ilegal, vostedes só tiñan recorrido e terían gañado. Non é así e por tanto, déixense de historias.

E a linguaxe inclusiva é a traslación aquí da súa obsesión, con unha actitude absolutamente misóxina machista que non recoñece que existe aínda discriminación para as mulleres e que esa loita contra a discriminación debe reflectirse en todos os ámbitos, tamén na lingua que utilizamos.

En todo caso, eu téñolle que dicir —‌vostede non o mencionou—, pero é que se hai unha cuestión en que si podemos estar de acordo co que vostede di é que o diario de sesións teña que recoller todo o que aconteza aquí, incluídos os incidentes. Si, a nós parécenos ben. Iso de que se retira do diario de sesións non deixa de ser un anacronismo, é bastante decimonónico, pero non ten ningún sentido nun momento en que isto se está transmitindo en directo en que hai unha testemuña videográfica do que acontece nesta tribuna e, polo tanto, pois parece que non ten nin pés nin cabeza que se retire. E por que estamos, ademais, en contra de que se retire? Porque nos parece ben que quede constancia do que di barbaridades, por exemplo, que di aquí a dereita e a ultradereita, como tamén...

Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Como ha quedado en evidencia en la enmienda a la totalidad de VOX, no tiene nada que ver con la propuesta que se traía aquí, que era la regulación sobre los grupos de interés. Ya se dijo en su día que esto era un eufemismo, que está muy bien, pero que de lo que se habla en realidad es de los lobbies, de los grupos de presión económica, sobre las decisiones políticas. Por eso yo voy a empezar a hablar de eso, reiterando la posición del BNG, y luego también quiero hablar de la enmienda a la totalidad. El BNG está a favor de la máxima transparencia en las políticas públicas, porque consideramos que esas políticas públicas son un servicio a la mayoría social y nunca deben ser el resultado de los grupos de interés, de las élites que tienen el poder económico y que, por desgracia, también manejan en muchos casos los poderes públicos. Por tanto, rechazamos cualquier tipo de presión, pero tenemos dudas acerca de legalizar los lobbies, aquellos grupos de presión que ya vienen actuando. Y queremos ser muy claros sobre cómo actúan empresas que específicamente se crearon para ese fin y donde acaban cargos públicos, cargos que han estado en el PP y en el PSOE, y que al final afectan a todo el arco de fuerzas políticas que tienen esa opción de ser parte del Gobierno, como si estuviésemos en una película americana. Lo cierto es que no creo que haya que copiar nada de Estados Unidos. Aquí de lo que se trata es de copiar lo peor de los peores. Por tanto, nos resulta claramente problemático. Creemos que puede haber otras fórmulas para favorecer la transparencia que no sean justo estas. Por ejemplo, que se prohíban las puertas giratorias. Tenemos expresidentes del Gobierno en los consejos de administración de grandes eléctricas y después nos sorprende el poder y la capacidad de decisión que tienen las eléctricas en las decisiones de este Congreso o en las decisiones del Gobierno. Pero es que, a nuestro juicio, era bastante más urgente prohibir esas puertas giratorias. También nos parece inaceptable que se les dé el mismo tratamiento a las grandes empresas energéticas, como Repsol, que a una asociación de vecinos de un barrio o a una plataforma de jubilados que lo que defienden es un interés común. Por eso creemos que ahí también hay un espacio para la modificación y que, tal y como está regulado, es una burocracia excesiva para los grupos más pequeños de esta Cámara. En cualquier caso, todo esto lo vamos a tratar en la fase de enmiendas parciales. La enmienda a la totalidad, como digo, no tiene nada que ver. Aquí se habla de esa imposición política, lingüística… Esto es de lo que ha venido a hablar aquí este grupo, VOX. Nos quieren prohibir usar nuestra lengua en este Congreso. Aquellos que permanentemente hablan de imposición lingüística, no se cortan para nada a la hora de traer aquí un texto de clarísima imposición lingüística del español. El problema es que, como llevan quinientos años imponiendo el español a los gallegos y gallegas, parece que pueden seguir haciéndolo para siempre, de forma permanente. Pues no. Hemos conquistado el derecho a utilizar aquí nuestra lengua y la vamos a seguir utilizando, pese a quien le pese, y hagan ustedes lo que hagan, tanto la derecha ultra como la ultraderecha.

Fórmula de acatamiento. Mire, si ustedes pretenden que todos comulguemos con la Constitución, están muy equivocados. Hay fuerzas políticas que rechazamos la Constitución en su día y lo seguimos haciendo, porque es un encorsetamiento político a algunos derechos, tanto individuales como colectivos, que para nosotros son fundamentales, como, por ejemplo, los derechos de las naciones que forman parte de este Estado a la autodeterminación y a decidir libremente; incluso también la capacidad que tenemos de expresar la discrepancia con la Constitución en nuestro idioma. Por tanto, no acatamos eso que dice.

Y, señoras y señores de la derecha ultra y la ultraderecha, tampoco aquí vamos a pasar por reducir el número de comisiones, por reducir la capacidad también de intervención parlamentaria e informes para los grupos que sostienen al Gobierno. El portavoz de la ultraderecha dice que conforman el Gobierno. Los que sostienen el Gobierno, en esa fórmula tan ambigua como poco concreta y de uso periodístico, generan una seguridad jurídica poco clara. En el caso del BNG, a veces votamos a favor y a veces en contra. No sé si tenemos que traer informes para cualquier propuesta de ley que se presente, pero, efectivamente, nos parece que este es un intento más de limitar la capacidad de actuación parlamentaria de las fuerzas que estamos aquí representadas. Lo mismo que las limitaciones de constituir grupos parlamentarios. Señores de la ultraderecha, si lo que se hizo hasta ahora fuese ilegal, ustedes habrían ganado ya. O sea, que déjense de historias. Y en cuanto al lenguaje inclusivo, es traer aquí su obsesión con una actitud totalmente misógina, machista, que no reconoce que existe todavía discriminación para las mujeres y que esa lucha contra la discriminación debe reflejarse en todos los ámbitos, también en la lengua que usamos.

En cualquier caso, yo tengo que decir ―usted no lo ha dicho― que si hay una cuestión en la que sí que podemos estar de acuerdo con usted es en que el Diario de Sesiones tiene que recoger todo lo que pase aquí, incluso los incidentes. Eso nos parece bien. Que se diga que se retire algo es decimonónico, es antiguo. En un momento en el que esto se está transmitiendo en directo, hay un testimonio videográfico de lo que está pasando en esta tribuna, parece que no tiene ni pies ni cabeza que se retire. Bueno, nos parece bien que quede constancia, por ejemplo, de las barbaridades que dicen aquí la derecha y la ultraderecha.

Acabo. Como tamén queremos que consten cousas que dicimos aquí e que ás veces se retiran porque se usou aquí para dicir unha evidencia como que os Borbóns son uns ladróns, quero que conste en acta. Quero que conste en acta, porque ademais resulta que hai xente no cárcere por dicir xustamente iso. Por tanto, temos que dicir que niso estamos de acordo, en todo o resto non e por tanto, votaremos en contra.

Moito obrigado.

Termino. Como también queremos que consten cosas que decimos y que se retiran, porque si yo subo aquí evidencias y digo evidencias como que los Borbones son unos ladrones, quiero que conste en acta, porque hay gente en la cárcel por decir justamente esto. Por tanto, tenemos que decir que en eso justamente estamos de acuerdo y con el resto estamos en contra. Por eso votaremos en contra.

Eskerrik asko, presidente. Egun on guztioi. Buenos días, señorías. Debatimos una enmienda de totalidad de VOX con texto alternativo frente a una iniciativa de reforma del Reglamento de la Cámara para regular y dar transparencia a la actividad e influencia de los llamados lobbies en las iniciativas que se tramiten en la Cámara. Señorías, ya desde este momento inicial manifestamos que no votaremos a favor de la enmienda de totalidad de VOX. Consideramos, con carácter general, que la regulación de los lobbies en la Cámara es un paso en la buena dirección, sin perjuicio, eso sí, de una reflexión sosegada, con el fin de lograr la mayoría más extensa posible y que, en todo caso, concite el apoyo de las sensibilidades mayoritarias de la Cámara.

Por el contrario, señorías, VOX, ya desde el debate de toma en consideración, se mostró en contra de esta iniciativa, señalando, entre otras cosas, que carecía de encaje en el ordenamiento jurídico al no estar aún la figura de los lobbies regulada en relación con la Administración ni con el Gobierno, desconociendo VOX con este planteamiento el significado de la separación de poderes y que el Ejecutivo, el Legislativo y sus Cámaras son poderes distintos, con sus propias regulaciones separadas entre sí. Tampoco tenía fundamento alguno, a nuestro juicio, haber dicho, también por parte de VOX, que esta regulación de los lobbies debiera ser para ambas Cámaras, añadiendo que se llevaban cuarenta años esperando un reglamento de Cortes Generales, desconociendo lo que señala el artículo 72.1 de la Constitución, cuando establece que cada Cámara de las Cortes dispondrá de su propio reglamento.

Ahora, señorías, con este voto particular nos proponen abandonar la regulación de lo mismo en el Reglamento de la Cámara y centrarnos en otras cuestiones que consideran más relevantes para lo que entienden la regeneración democrática del sistema parlamentario. Así, nos proponen de un modo particular reducir desde ahora el número de comisiones permanentes legislativas para adecuarlo anticipadamente al número máximo de ministerios con que contarán una vez alcancen el Gobierno. Señorías de VOX, primero lleguen al Gobierno y luego hablaremos. También se nos propone, sin que lo podamos ni siquiera considerar, eliminar de facto la capacidad de iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios que den apoyo al Gobierno, al obligarles a procedimientos de tramitación de sus iniciativas idénticos a los del Gobierno, pero que, por su complejidad y medios humanos y materiales requeridos, solo son accesibles al Gobierno y a la Administración que dirigen.

Igual de rotundo rechazo nos suscita la propuesta de eliminar el uso de las lenguas propias de las comunidades autónomas en la actividad parlamentaria de la Cámara. Señorías, consideramos sinceramente un sinsentido por parte de VOX sostener que esto supone un ataque al castellano y a la unidad de España, y al derecho constitucional de usar el castellano. ¿Es que, acaso, señorías, a alguien se le impide el uso del castellano en esta Cámara? Además, ¿no significan nada para las señorías de VOX ni el preámbulo, ni el artículo 3 de la Constitución, que reclama la protección y respeto de las culturas, tradiciones y lenguas de los pueblos del Estado?

Por último ―y voy finalizando, presidente―, también se nos propone una fórmula rigorista del cumplimiento del requisito reglamentario de acatamiento de la Constitución para la adquisición de la plena condición del cargo de diputado, cosa que tampoco compartimos, pues, ya lo dijimos en alguna otra sesión, supondría el desconocimiento de otros valores y principios constitucionales, siempre que en su formulación no se desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo. Sin embargo, por nuestra parte consideramos que la forma más eficaz y eficiente de acabar con esta política sería la supresión reglamentaria del requisito del acatamiento. Señorías de VOX, en la Sentencia 119/1990, el Tribunal Constitucional ya ha manifestado que no es necesario constitucionalmente establecer una sujeción a esta, más allá de lo que dispone el artículo 9.1 de la propia Constitución, que establece que todos los ciudadanos y poderes públicos se encuentran sujetos a la Constitución, quieran o no los particulares o los diputados de esta Cámara. En definitiva, señorías, según el Tribunal Constitucional, el acatamiento de los diputados a la Constitución durante su toma de posesión ―lo dice literalmente― es irrelevante.

En definitiva, en atención a lo manifestado, no daremos nuestro apoyo a la enmienda a la totalidad con texto alternativo por parte de VOX.

Nada más y muchas gracias.

Sí, bon dia. Gràcies, president. Diputades, diputats.

La veritat és que m’ha donat l’alegria del dia, senyor diputat de VOX, quan ha dit allò de que cada vegada que parlem en català contribuïm a la desaparició d’Espanya. Jo no pensava que tingués tanta importància, però ja té algun sentit que estigui fent això. Per tant, moltes gràcies.

A part d’això, és curiós veure aquesta esmena a la totalitat perquè vindria a ser: «Anem a regular l’activitat de diputats i diputades, algun membre del govern perquè intentem parar la seva capacitat d’influència un cop han acabat la seva feina legislativa en els grups». I ens responen: «¡España!». I dius: «Bueno, vale, vale, vale. Pero los lobbys, bé, els hem de tractar d’alguna manera, perquè no pot ser que no se sàpiga la feina d’influència que fan els lobbys». I ens contesten «¡España, la Constitución!» i dius: «Oiga, muy bien. Però hauríem de parlar de quina manera aconseguim que la petjada legislativa dels grups d’interès sobre els grups parlamentaris quedi reflectida perquè tota la ciutadania sàpiga a qui respon que els grups de cadascun dels grups parlamentaris en quant a interessos. Repsol, per exemple». I ens contesten: «Sí, sí, por España y en espanyol», què dius: «Oiga, muy bien. Ja ho he entès, ja ho he entès». Però saben què passa? Que podrien haver fet una esmena de devolució que incorporés tot el que hi ha i, a més a més, Espanya i l’espanyol. Llavors, des de la meva humil perspectiva, el que s’està fent amb aquesta proposició de reforma del reglament, no només és important, sinó que és urgent. És urgent perquè una de les coses que es transmet a la ciutadania és que això és opac, que aquí determinats grups d’interès manen la legislació que fem i que contribuïm als grups parlamentaris. I això en el nostre cas, per exemple, no és cert. Estaria molt bé explicar abans de que es fixin els impostos abans de que parlem dels impostos a les energètiques, amb qui es reuneix cadascun dels grups parlamentaris. Estaria molt bé perquè explicaria el servei de quins interessos està cadascun d’aquests grups parlamentaris i, per tant, i ho comentàvem fa un moment amb el diputat Néstor Rego del BNG, potser sí que hem d’adaptar algunes coses que fan els grups petits, com podem fer tècnicament aquesta feina o quin tracte diferencial hem de donar a les petites associacions enfront de les grans empreses. En tot cas, si jo trobo a faltar alguna cosa a la proposta de reglament i ho ha dit també és la prohibició de les portes giratòries, perquè vostès no sé fins a quin punt són conscients de com debilita la credibilitat del que en diuen la seva democràcia, el fet que en acabar una feina legislativa o de govern, les persones que les han encapçalat se’n vagin als consells d’administració de les grans empreses. Ja els hi diré jo: ho debilita del tot. I, per tant, la prohibició de portes giratòries, però la prohibició també als diputats i diputades d’aquesta cambra de feines, d’impuls legislatiu quan hagin acabat, és essencial que quedi reflectit.

És obvi que el nostre vot serà negatiu a l›esmena a la totalitat. És obvi també que demanem al Grup Socialista que això es tramiti amb una certa rapidesa i que acabi tenint també una certa translació, perquè ara per ara, si alguna cosa no té aquest Estat, és credibilitat democràtica. Els ho hem dit moltes vegades i té a veure amb molts dels aspectes de l’Estat, però també en l’exercici del que vostès en diuen la sobirania popular. Entendran que per a mi la sobirania popular no correspon a l’Estat, correspon a la meva nació. Però, malgrat tot, mentre encara hi siguem, intentarem que aquest Congrés representi els interessos de les classes populars i treballadores de tot l’Estat, perquè en això podem ser solidaris. Hem de ser solidaris, som solidaris i mentre no estigui clar amb qui i sobre què es reuneix cadascun dels grups parlamentaris no ens en sortirem. Per tant, com sempre, en les nostres intervencions, menos Espanya i més democràcia.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, diputados y diputadas. La verdad es que me ha dado la alegría del día, señor diputado de VOX, cuando ha dicho lo de que cada vez que hablamos en catalán contribuimos a la desaparición de España. Yo no pensaba que tuviera tanta importancia, pero ya tiene algún sentido que esté aquí haciendo eso. Por lo tanto, muchas gracias. (Aplausos). Aparte de eso, es curioso ver esta enmienda a la totalidad, porque vendría a ser: vamos a regular la actividad de diputados, diputadas, algún miembro del Gobierno, porque intentamos detener su capacidad de influencia con los grupos una vez han terminado el trabajo legislativo. Y responden: ¡España! Y dices: bueno, vale, vale, vale. Pero los lobbies los tenemos que tratar de alguna manera, porque no puede ser que no se sepa el trabajo de influencia que tienen los lobbies. Y nos contestan: ¡España!, ¡la Constitución! Y decimos: muy bien, pero tendríamos que hablar de qué forma conseguimos que la huella legislativa de los grupos de interés sobre los grupos parlamentarios quede reflejada para que toda la ciudadanía sepa a quién responde cada uno de los grupos parlamentarios en cuanto a intereses; Repsol, por ejemplo. Y ellos contestan: sí, sí, pero ¡España!, ¡y en español! Y dices: oigan, muy bien, ya lo he entendido, ¿eh? Pero ¿saben qué pasa? Que podrían haber hecho una enmienda de devolución que incorporase todo lo que hay y, además, España y el español. Entonces, desde mi humilde perspectiva, lo que se está haciendo con esta proposición de reforma del Reglamento no solo es importante sino urgente. Es urgente porque una de las cosas que se transmite a la ciudadanía es que esto es opaco, que aquí determinados grupos de interés avalan la legislación que hacemos y contribuyen a los grupos parlamentarios, y eso, en nuestro caso, no es cierto. Estaría muy bien explicar, antes de que se fijen los impuestos, antes de que hablemos de los impuestos a las energéticas, con quién se reúne cada uno de los grupos parlamentarios. Estaría muy bien porque explicaría al servicio de qué intereses está cada uno de estos grupos parlamentarios. Por lo tanto ―lo comentábamos hace un momento con el diputado Néstor Rego, del BNG―, quizás sí que habría que adaptar algunas cosas: cómo los grupos pequeños podemos hacer técnicamente este trabajo o qué trato diferencial tenemos que dar a las pequeñas asociaciones frente a las grandes empresas. En cualquier caso, yo, si extraño algo en la propuesta de reforma del Reglamento, es la prohibición de las puertas giratorias, porque ustedes no sé hasta qué punto son conscientes de cómo debilitan la credibilidad de lo que dice su democracia el hecho de que al terminar un trabajo legislativo o de gobierno las personas que lo han encabezado se vayan a los consejos de administración de las grandes empresas. Ya se lo diré yo: la debilita del todo. Por lo tanto, la prohibición de puertas giratorias, pero también la prohibición de los diputados y diputadas de esta Cámara a trabajos de impulso legislativo cuando hayan terminado es esencial que quede reflejada.

Es obvio que nuestro voto será negativo a la enmienda a la totalidad. Es obvio también que pidamos al Grupo Socialista que eso se tramite con cierta rapidez y que termine teniendo también una cierta traslación, porque, por ahora, si algo no tiene este Estado es credibilidad democrática. Se lo hemos dicho muchas veces y tiene que ver con muchos de los aspectos del Estado, pero también con el del ejercicio de lo que ustedes dicen «la soberanía popular». Entenderán que para mí la soberanía popular no corresponde al Estado, corresponde a mi nación. Pero a pesar de todo, mientras todavía estemos aquí, intentaremos que este Congreso represente los intereses de las clases populares y trabajadoras de todo el Estado, porque en eso sí que podemos ser solidarios. Tenemos que ser solidarios, somos solidarios. Y mientras no esté claro con quién y sobre qué se reúne cada uno de los grupos parlamentarios, no saldremos adelante. Por lo tanto, como siempre, en nuestras intervenciones: menos España y más democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, quisiera empezar mi intervención felicitando al servicio de Taquigrafía, a los profesionales que hacen posible el principio publicístico de la democracia: ya saben, luz y taquígrafos, y no solo porque hacen un trabajo excelente, sino porque en los últimos tiempos de algarabía y rectificación de las transmisiones de actas por insultos y mala praxis de los diputados ultramontanos, su trabajo es especialmente más difícil de lo habitual. Así que muchas gracias por los servicios prestados. (Aplausos). Señor Gil Lázaro, mejor juramento, Dios, patria y plus ultra. En fin, sin comentarios. La obligación de dar publicidad es el alfa y omega de la democracia. El pasado 16 de enero se inició la consulta para el I Plan de Parlamento Abierto centrado en cuatro ejes. Tres de ellos conciernen a esta reforma del Reglamento: Uno, transparencia y acceso a la información para mejorar los procesos y decisiones del Congreso desde el punto de vista de la ciudadanía; dos, integridad y rendición de cuentas, procurando el cumplimiento total de las normas de las que nos hemos dotado y que los diputados de las derechas ―por cierto, quizá por eso la enmienda a la totalidad― no suelen cumplir; y, tres, la auditoría de la calidad democrática mediante la huella legislativa, que permite la fiscalización de la sociedad civil. En definitiva, estamos hablando de modernización y adecuación de esta Cámara a los tiempos de la era de la información, una demanda expresada por la Alianza por la Calidad Democrática y el Estado Abierto y también por la coalición Ampliando Democracia, que las medidas urgentes para la regeneración democrática demandaron: primero, reforzar el mecanismo de lucha contra la corrupción, en línea con las propuestas que presentó Izquierda Unida de acuerdo con las exigencias del Grupo GRECO contra los delitos de cuello blanco; segundo, blindar el derecho de acceso a la información y, tercero, la reforma del Reglamento del Congreso, un primer paso en esta dirección. En un tiempo de bulos y desinformación, en un mundo donde en todos los niveles se generaliza la razón cínica, atender a las prácticas que se acompañan a los discursos se torna urgente, más aún cuando se observa una premeditada política de opio entontecedor, contrario siempre a la frónesis, contrario a la contemplación del bien como forma de conducta, conocimiento y acción moral. Parece ser que VOX, a tenor del escrito, es más de pedagogía del escombro, más bien de la lógica del lanzallamas, borrar todas las huellas legislativas, borrar todos los restos, borrar los cadáveres, pero no van a poder. La democracia justamente se impone siempre a cierta lógica del secretismo, lo quieran o no sus señorías. (Aplausos). Vindicamos por ello coherencia con el sistema político que rige el dominio público en democracia a partir del cuidado de las formas. Sabemos que la libertad política resulta sin duda de la situación y del contexto histórico; si se adultera, la libertad es inmediatamente socavada. Por ello, necesitamos más democracia y normas sancionadoras frente a los abusos de hecho, responsabilidad y sanción, como garantía contra los liberticidas que minan la confianza de la población. Se trata, en fin, de decir lo que se hace, de hacer lo que se dice y de cultivar el principio de diálogo público ―subrayo, público―, como nos legó Julio Anguita, con coherencia y rigor, con método. Decía el bueno de Juan de Mairena que el problema de España es la fragilidad de la cultura oficial. Por ello, precisamos fortalecer esta institución ante aquellos que están enrocados en la lógica destituyente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Permitan explicar cinco razones básicas para descartar la enmienda que presenta VOX. En primer lugar, la ley Montoro o la relación inversamente proporcional entre riqueza y transparencia, esto es, la oligarquía económica en este país se beneficia del despojo y la acumulación por desposesión, siempre ocultando sus intereses. Son más del singular en primera persona, de la hermandad de la saca, que hablan de infierno fiscal mientras viajan a Ginebra o trabajan para los grupos del IBEX 35 de espaldas al escrutinio público. Hipótesis Montoro, señorías del Grupo Popular, tomen buena nota de ello.

En segundo lugar, hay igualmente una relación directamente proporcional entre la violencia del discurso contra toda regulación y la corrupción, sea del partido de la Gürtel o de los amigos de Milei, en los aprendices de la libertad retrocede. Se observa una clara y decidida voluntad de ocultación al anular todo control democrático. Lo hemos visto en Baleares y lo sufrimos en Andalucía. Señorías de VOX, sí, ustedes, los de la última fila, que se comportan como adolescentes revirados; ustedes, que hablan de patria, ignoran que el Estado se construye con sistemas de información y con organización; con registros, como el de los medios de comunicación o el de los grupos de interés. Así que no confundan ser integristas con ser integrales en la vida pública y, si pueden, aprendan y cumplan con la norma, rellenando, por ejemplo, la declaración de bienes y patrimonio. (Aplausos). De esto no hablan. De esta parte no hay referencia alguna. (Un señor diputado: ¡Mentira!) Díganselo al señor Abascal, que sigue como Mazón en el bar, probablemente hablando de otras cosas más importantes que de transparencia.

Además, en tercer lugar, más allá de sus fines de la escuela austríaca, contraria a la democracia, estas son exigencias de la Unión Europea y recomendaciones de la OCDE. Si resulta que son incapaces de declarar su patrimonio y bienes como servidores públicos, quizás sería necesario, antes de 2027, hacer otra reforma del Reglamento para que vuelvan a repasar la cartilla Rubio, a ver si aprenden a juntar palabras con algo de concordancia y de veracidad.

En cuarto lugar, la estulticia es el arte de la avaricia, pero la teología política de la imbecilidad no se sostiene en el tiempo. La verdad del ser humano la sentenció Juan de Mairena en la tontería inagotable y, en algunos casos, como la derecha ultramontana ha demostrado hoy, es agotadora. (Aplausos). Pero, señorías de la ilustración oscura, la mayoría del Congreso sabemos que no es posible la democracia deliberativa sin dominio público y el debido respeto o cuidado del ámbito de lo común, más aún considerando el eco de esta Cámara en la calle. Para ello es preciso reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses, hacer efectivo el acceso ciudadano a los informes, que en lo sucesivo deberán ser públicos, universales y gratuitos, y fortalecer la iniciativa legislativa popular.

Señorías del Grupo Socialista, ¿pueden explicarnos el sentido del voto contra la ILP «No es mi cultura»? La sociedad civil nos demanda consolidar mecanismos de participación del gobierno abierto, convertir la iniciativa legislativa popular en una herramienta útil de participación, como el derecho de petición, adecuando el Congreso a una forma institucional ágil, moderna y abierta. Hablamos de democracia deliberativa y de participación ciudadana. Es preciso flexibilizar la admisión a trámite de las iniciativas ciudadanas, reducir las materias excluidas, facilitar la recogida y concurso de la gente, eliminar barreras, promover paneles y auditorías ciudadanas sobre la actividad parlamentaria, como vienen haciendo Alemania o Reino Unido y la propia Unión Europea.

En definitiva, somos conscientes de que la consulta pública ―termino presidenta― debe ser accesible como requisito de la democracia, contraria a la involución ultraderechista. Por ello, apoyaremos desplegar herramientas normativas en defensa del control social democrático, por conciencia, porque todo debate contrario al registro y a los sistemas de información compartida no tiene otro cometido que validar el dominio restringido de los intereses dominantes creados. Es hora de avanzar con firmeza y convicción. La gente quiere más democracia, mayor transparencia, garantías del cumplimiento de las obligaciones, seguridad jurídica y fiscalización social; calidad democrática, en definitiva. Es decir, Parlamento abierto, transparencia, contundencia y acción legislativa. Lo demás, señorías de VOX, es pura farfolla.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, la relación entre el Parlamento y los grupos de interés es crucial para un mejor funcionamiento de la democracia, pero necesita un marco que garantice su transparencia y la igualdad de oportunidades. En este ámbito, existe un vacío normativo que el Reglamento del Congreso necesita cubrir. Y, en este punto de la ecuación, entra VOX con esta enmienda a la totalidad con texto de sustitución. Introducen una propuesta provocadora sobre varios puntos y se cargan de un plumazo y sin más explicación el Título XIV que tratamos de introducir. Una vez más, la ultraderecha nos tiende su famosa trampa del pollo, como los adolescentes, cuando no les interesa debatir algo y quieren desviar la atención, montan un pollo, vociferan, sobreactúan y todos terminamos olvidando qué nos había traído aquí. (Aplausos). Señorías de VOX, yo no voy a entrar a debatir su propuesta de sustitución; una propuesta que busca la provocación, que tiene aspectos de dudosa legalidad ―yo diría que de dudosa constitucionalidad― y que se apoya en noticias de pseudomedios. No tenían ustedes bastante con generar demandas y juicios mediáticos a partir de noticias falsas, que ahora quieren legislar basándose en ellas. ¡Es lo que faltaba! Señorías, si ustedes quieren una reforma del Reglamento como la que proponen, aunque sea tan delirante, tan obscena, pues propónganla formalmente, pero no traten de evitar el verdadero objeto de esta reforma: la regulación de la relación del Congreso con los grupos de interés, que es precisamente lo único sobre lo que no se pronuncian. ¿De qué tienen miedo? ¿Por qué tanta maniobra de distracción? ¿Por qué votan en contra de cualquier ley que refuerza la transparencia? ¿Qué les reporta la opacidad? Vamos a revisar la propuesta y encontraremos rápidamente la respuesta. Una de las grandes aportaciones de esta modificación del Reglamento es la introducción de un régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de los diputados de hacer pública su agenda y su declaración de bienes y de actividades. Esto les saca de sus casillas. Normal, claro. Los diputados de VOX, con Santiago Abascal a la cabeza, se resistieron reiteradamente a presentar sus declaraciones de bienes y de actividades. (El señor Robles López: ¡Mentira! ¡Bulo!―Protestas). Aún hoy en día, muchos de ustedes, con el señor diputado Gil Lázaro a la cabeza (rumores)…

… las tienen presentadas en blanco o con fórmulas genéricas, sin declarar importes o incompletas. Esto es muy fácilmente comprobable en la web del Congreso. (Rumores.―Aplausos). Lo hacen así porque el incumplimiento de estas obligaciones no acarreaba sanción hasta ahora.

Señorías, en derecho se dice que quien puede lo más puede lo menos. Si la derecha extrema y la extrema derecha se saben impunes para mentir, enfangar e insultar incluso aquí, en sede parlamentaria; si el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid se siente impune para levantar falso testimonio contra el fiscal general del Estado ante el Tribunal Supremo y el PP es capaz de decir que mentir no es ilegal (aplausos); si el PP, que ha sido condenado tres veces por corrupción como partícipe a título lucrativo, sigue ocultando cuánto paga y cómo paga a su comité de dirección, muchos de ellos diputados en esta Cámara; si VOX ha sido condenado y multado tres veces por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular y no le afecta en lo más mínimo; si pueden ustedes lo más, ¿cómo no van a poder lo menos? ¿Cómo no se van a sentir ustedes impunes por mentir en sus currículums, por declarar títulos que no tienen, por presentar declaraciones de bienes en blanco o por mantener opacas sus agendas? (Aplausos). Quizás a ustedes les parezca correcta esta ley del embudo, pero a la ciudadanía española le parece inaceptable, porque es inaceptable. El incumplimiento de esta obligación tiene que acarrear sanción. Y con todo, revisando esta propuesta de modificación del Reglamento que tanto incomoda a VOX, aparecen varios puntos que son todavía más trascendentales. Se trata de la creación de la huella legislativa, del registro para grupos de interés y de un código de conducta para los grupos de interés y de sus representantes, con su correspondiente capítulo de infracciones y de sanciones. Señorías, cualquier persona o cualquier colectivo puede tener interés en influir en la actividad legislativa y es, en general, legítimo y beneficioso escuchar a las personas con discapacidad, a los bomberos forestales, a las artistas o a las expertas en violencia de género. Todo ayuda a que la norma salga mejor. Es el principio básico de la participación, pero la participación debe ir unida a la transparencia porque, si no existe, puede suceder ―caso hipotético― que un ministro de Hacienda y su círculo de confianza mantengan una consultora económica que actúe como grupo de interés opaco y que, previo cobro de jugosas comisiones, se asegure de que la legislación que se aprueba en el Congreso beneficie, ¿qué diría yo?, se me ocurre, a las grandes eléctricas, a las casas de apuestas o a las gasistas. (Aplausos). Beneficiar significaría, por ejemplo, que esas grandes empresas tuvieran ahorros fiscales de miles de millones de euros mientras los ciudadanos, los ayuntamientos y las Administraciones públicas se vieran ahogados por recortes salvajes y un austericidio forzado por ese mismo ministro. Señorías de VOX, tómense en serio la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas. No tiene ningún sentido que los contactos con los lobbies y los parlamentarios no sean absolutamente transparentes y que, si se ocultan, esa conducta no tenga su sanción correspondiente. Porque quien oculta lo que tiene y con quién se reúne no defiende a España, se defiende a sí mismo.

Señorías de la extrema derecha y de la derecha extrema, hablan de patriotismo, se envuelven en banderas con esa oratoria impostada y sobreactuada mientras expolian al país y esconden su propio patrimonio. Eso, señorías, no es servir a España, eso es servirse de España, y eso los socialistas no lo vamos a consentir.

Muchas gracias. (Aplausos.―El señor Gil Lázaro pide la palabra).

Muchas gracias, señora presidenta. En virtud del artículo 71, ya que se ha producido en la intervención de la portavoz socialista una manifestación profundamente injuriosa hacia mi grupo, amén de falsa.

Muchas gracias, señora presidenta. Se puede mentir. Por desgracia, es común mentir. Pero lo que no se puede, además, es hacer el ridículo. Tanto el portavoz de SUMAR como la señora portavoz del Grupo Socialista han dicho, literalmente, que los diputados de este grupo parlamentario no han entregado por escrito sus declaraciones de bienes y de actividades. Una soberana memez, señores diputados, porque si no las hubiéramos entregado por escrito no estaríamos sentados aquí. (Aplausos). No hubiéramos cumplido una de las tres condiciones básicas para adquirir la condición plena de diputado. A ver si, por tanto, son ustedes más rigurosos, incluso a la hora de mentir. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!―El señor Robles López: ¡Mentiroso!).

Muchas gracias, presidenta. La importancia de los grupos de interés y del sector se pone de manifiesto con algunos datos. Se calcula que en España hay más de 30 000 lobbies, 6000 solo en el registro que, al efecto, se puso en marcha en Cataluña, y su incidencia es muy evidente en todos los procesos de decisión. Está suficientemente estudiado desde el famoso libro de Mancur Olson, que establecía que influían más aquellos grupos que tenían un interés económico muy fuerte y, además, eran pocos los miembros que formaban parte de él, lo cual produce sesgos en bienestar porque tienen más capacidad de influir que los grupos extensos en donde el interés económico se diluye. Desde que sabemos que los grupos de presión, los grupos de interés tienen una cara bifronte, son una especie de Jano, el dios romano de las puertas, que por un lado contribuyen a mejorar los procesos de participación en la adopción de decisiones públicas, pero por otro lado pueden permitir que haya ventajas comparativas por distintas capacidades de influencia en el poder político y, por lo tanto, generar costes de bienestar, también sabemos que el peor de los costes es el vinculado con la corrupción. De ahí que el Gobierno incluya su regulación en un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Combatir la corrupción es fundamental, es la base del deterioro de la democracia y de la legitimidad de los representantes. Cuando los ciudadanos perciben que las instituciones públicas no se comportan de forma equitativa cuando hay intereses grupales o individuales en conflicto, la democracia se desmorona, porque se basa en la igualdad de participación y en la primacía del interés general. Porque la corrupción no es solo, ni tan solo, constatar comportamientos delictivos. Y así lo dicen todos los informes internacionales, que ponen de manifiesto que en España se está deteriorando la percepción de la corrupción. Hay un aumento significativo en los últimos cinco años. Ocupamos el lugar decimosexto en la Unión Europea en percepción de la corrupción, y el Eurobarómetro Especial de la Corrupción dice que el 89 % de los españoles consideran que está extendida y, en el ámbito de las empresas, consideran que en el 53 % de las empresas es un problema para su actividad cuando en la Unión Europea es solo del 35. Insisto, la corrupción no es solo el delito, es usar un cargo público, ―como dicen autores como Mendilow, o de los nuestros como Jiménez o Miralles― para subvertir las fronteras que separan el poder social y económico de la autoridad política con el fin de promover beneficios parciales, ya sean individuales, grupales o institucionales. (Aplausos). Desgraciadamente, estamos viendo muchas ocasiones en las que esos límites entre el poder social y económico y las autoridades políticas se subvierten. Hemos visto favorecimientos insoportables desde despachos del Congreso ―caso Tito Berni―, algunos conocidos solo por las actuaciones del Poder Judicial, y los vemos en otras instancias y dependencias públicas, como incluso desde la propia Moncloa. Para evitarlo, los organismos internacionales especializados insisten en dos aspectos para regular la relación entre el poder político y los grupos de interés: la transparencia y la independencia del mecanismo de control del cumplimiento de las normas de comportamiento ético y de las obligaciones de los actores, tanto de los lobbies como del propio actor político. Los dos más recientes, el Informe sobre el Estado de Derecho de España, que se hizo público en julio de 2025, dice que, pese a los avances que se han hecho en relación con el tema que nos ocupa, la Oficina de Conflictos de Intereses sigue integrada en la estructura del Gobierno a efectos organizativos y presupuestarios, por lo que consideran que no se cumple la recomendación dada en su día sobre la regulación de los grupos de interés. O en la quinta ronda de evaluación de GRECO, que se hizo pública en junio de este año, se dice expresamente, y cito literal, que GRECO lamenta que las autoridades hayan optado por mantener la subordinación de la Oficina de Conflictos de Intereses al Ejecutivo, ya que permanece bajo la estructura jerárquica del ministerio y carece de su propio presupuesto. Por tanto, GRECO requiere mejores medidas dirigidas a garantizar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses.

Es evidente, señorías, que España llega tarde. La primera recomendación al respecto de GRECO es del año 2018. Y ello, pese a que este Gobierno y el grupo que lo apoya basaron la moción de censura que los llevó a ocupar el Ejecutivo en el objetivo de combatir la corrupción. Podríamos establecer vínculos con quien defendió en la Cámara en aquella ocasión la moción de censura, que ayer estuvo declarando en el Supremo para explicar el inexplicable retraso en la tramitación de la regulación de la actividad de los grupos de presión, para explicar por qué es ahora, cuando surgen nuevos casos próximos a la Presidencia del Gobierno y del Partido Socialista, cuando se agiliza la tramitación de esta norma o la que afecta a la relación de los grupos de interés con la Administración Pública.

Lo importante, en cualquier caso, es regularlo y hacerlo bien. Y hacerlo bien no es hacerlo por vía exprés ni con un trágala, sino con diálogo y acuerdo sobre unas normas que nos van a afectar a todos y a través de un debate, como dijo el señor Legarda, sosegado. Somos conscientes de la necesidad de mejorar esta propuesta de reforma del Reglamento; de que hay que presentar enmiendas para cohonestarlo con la ley tanto en la definición de lo que es un grupo de interés como en las obligaciones de las partes implicadas; de que hay que garantizar la ausencia de arbitrariedad en las sanciones y garantizar la independencia de los órganos actuantes. (Rumores).

Y somos muy conscientes de que el propio grupo y Gobierno que impulsan la proposición de ley de reforma del Reglamento, en su Plan Estatal de Lucha contra La corrupción, ya hablan de modificar la ley que estamos tramitando junto con otras, como la ley de altos cargos, la ley de transparencia, la Ley de Contratos del Sector Público, por cierto, aprobadas por el Grupo Popular, así como la Ley de Protección del Informante, y que eso va a requerir un esfuerzo añadido.

Creemos en la necesidad de avanzar en la transparencia en la actividad de los grupos de interés, por eso, no podemos entender la enmienda a la totalidad de VOX, que, extrañamente, es una enmienda intrusa, porque habla de todo menos de la regulación de los grupos de interés, cuando en el debate justamente anterior presentaban una enmienda de totalidad justificando que pudiese haber enmiendas intrusas en el texto que se quería tramitar en la Cámara. No entendemos esa enmienda y solo nos la explicamos porque ese grupo se mueve bien en la opacidad y, lógicamente, en el populismo. (Aplausos).

Concluyo. Señorías, el Grupo Popular cree necesario regular la actividad de los grupos de interés y las actividades de influencia en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero en serio, no para lavar la cara del Gobierno para que parezca que se hace algo cuando no se hace nada y todo siga igual mientras los procesos judiciales siguen avanzando. Por el contrario, si se trata de avanzar en el cumplimiento completo y real de las recomendaciones de la Comisión Europea y de GRECO, el Grupo Popular actuará responsablemente en coherencia con lo que ya es, desgraciadamente, tras ocho años de Gobierno sanchista, una prioridad para España: reforzar nuestras instituciones democráticas ante el evidente deterioro que están sufriendo.

Muchas gracias. (Aplausos).