Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Señora ministra, es impactante que se atreva usted a subir a esta tribuna a decir que todos tienen que contribuir. Sí, señora, todos, incluso el hermano del presidente, que estaba como residente fiscal en Portugal y, sin embargo, estaba viviendo en la Moncloa. (Aplausos.― La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, niega con la cabeza). Delante de sus ojos, en su cara. Usted lo sabía. ¿Y a él no le inspeccionan? ¡A él no le inspeccionan! O sea, tienen que contribuir todos los españoles, salvo él. Y lo mismo sucede con el señor Aldama, que obtuvo un aplazamiento de una deuda tributaria después de tener una reunión con su segundo de abordo, aquel segundo de abordo por el cual usted pone la mano en el fuego. Es decir, todos los contribuyentes, salvo los que sean amigos del PSOE; esos no, esos reciben un trato de privilegio, esos tienen un trato de favor. Y no solo en materia fiscal, porque aquellas personas que están cercanas al Partido Socialista en cualquier concepto obtienen cargos, obtienen enchufes, obtienen colocaciones, obtienen empleos públicos; obtiene un carguito en Badajoz creado ad hoc para él, por y para él, que ningún otro español habría obtenido. (Aplausos).

Esta es la realidad, que ustedes solo quieren sangrar a los españoles. Ustedes vinieron aquí a decir que venían a acabar con la corrupción, con todas aquellas historias, y esa fue la moción de censura de 2018, una moción de censura que defendió el señor Ábalos hablando de la corrupción. Esa moción de censura que se celebra en junio de 2018 hace que el Partido Socialista entre en el Gobierno. Pero es que el 13 de julio de 2018, es decir, un mes después de entrar en el Gobierno, el señor Ábalos ya estaba enchufando a su exmujer en un organismo público, en este caso en la Comunidad de Madrid, a través de Koldo, que es quien envía el currículum y la carta de incompatibilidad de la mujer de Ábalos. Es que esta es la situación que ustedes… (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace gestos negativos). No, no ponga caras. ¿Es que no lo sabe? ¿No sabe que el señor Ábalos enchufó a su exmujer…? (La señora vicepresidenta y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, niega con la cabeza.―El señor Azorín Salar: ¡Deja a la familia!). ¿Que no lo sabe? ¿Se va a hacer la tonta ahora? ¡Usted no lo sabía! No sabía nada. Usted no se enteró de nada. (Aplausos).

Precisamente ese es el problema, porque al final tenemos encima de la mesa dos alternativas. Hay una opción, y es que ustedes no supieran nada, en cuyo caso tendrían que ser ustedes descalificados ahora mismo por ineptos. Y está la otra opción, y es que ustedes estaban en el ajo. Evidentemente, esa es la realidad. Ustedes sabían absolutamente todo. (El señor Azorín Salar pronuncia palabras que no se perciben). Hay un señor que está gritándome cosas acerca de mi tío, metiéndose con mi familia, como si yo tuviese control o no tuviese control. (Protestas).

El presidente del Gobierno de España facilitó (El señor Azorín Salazar: ¡Era ministro!), con relaciones con los CEO del IBEX 35, que su mujer montase un negocio desde la nada, al que ningún español habría podido llegar. (Aplausos.―La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡Nooo!). El presidente del Gobierno consiguió que al hermanísimo le regalasen un puesto de trabajo en Badajoz, un puesto de trabajo al que nunca asistió, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal en Portugal, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal y, en realidad, estar viviendo en la Moncloa, cuando todos ustedes lo sabían, y con unos privilegios que ningún español habría podido obtener jamás. Esa es la realidad. Y ese señor que viene y me dice que mi tío y no sé qué… (Protestas). Ustedes están maniobrando para que todos sus familiares y todos sus amigos se beneficien de que ustedes estén en el cargo. (Aplausos.―El señor López Álvarez: Pero ¡¿qué estás diciendo?!). Porque ustedes han seguido, y, en cuanto descubrieron que tenían una investigación encima y que les habían pillado con el carrito del helado, lo que hicieron fue cesar a Ábalos. Y, a pesar de que ustedes lo sabían, se levantaron y, como focas, estuvieron aplaudiendo durante minutos interminables. (Aplausos.―Protestas.―La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, ríe). Usted, señora María Jesús, dijo que Santos Cerdán era uno de los mejores. ¡Uno de los mejores! Palabras literales. Eso fue lo que dijo. Y Santos Cerdán duerme en la cárcel, cuando usted sabía perfectamente todos los tejemanejes en los que Santos Cerdán estaba metido.

Y sigue la cuestión, porque ustedes lo que hicieron fue desmantelar todo el entorno del señor Ábalos y colocarlos en empresas públicas, con grandísimas retribuciones y remuneraciones, para comprar su silencio y que no hablasen; con unas retribuciones y unas remuneraciones que ningún español de a pie podrá conseguir jamás. Y viene usted aquí y dice que los socios de VOX quieren acabar con el orden multilateral y que no defendemos los intereses... Señora ministra, VOX defiende los intereses de los españoles. (Aplausos.―La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡No! ¡No!). De los españoles de a pie, de los españoles trabajadores, de los españoles que cada día levantan la persiana, de los españoles que no llegan a fin de mes. Porque mientras que usted nos dice esto con una mano, con la otra mano España tiene impagos por los arbitrajes de inversión, por incumplimientos de contratos con empresas extranjeras, con sentencias firmes condenatorias de más de 1500 millones de euros, y el Gobierno de España decide no pagar. Entonces, si ustedes están tan a favor del multilateralismo, tan a favor de la seguridad jurídica y tan a favor de los tratados internacionales, paguen las deudas de España, porque todo ese pufo que ustedes están impagando lo tendrán que pagar con intereses los Gobiernos que vengan detrás. Y viene usted y nos dice: claro, es fundamental la fiscalidad para que todos paguen. Sí. ¿Sabe cuál es la fiscalidad? De ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista) y de ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), del Partido Popular. Porque no me cabe ninguna duda de que al final, en cuestiones como la fiscal, ambos están en el mismo barco.

Pensemos en el IVA. El IVA pasó del 18 al 21 %, en una subida que iba a ser provisional ―lo subió el Partido Popular―, y hoy día el IVA sigue al 21 %. Crearon ustedes un impuesto de hidrocarburos, que en teoría era una parte provisional hasta que se creasen medidas específicas para paliar el cambio climático. Pues bien, el impuesto sobre hidrocarburos sigue hoy vigente, a pesar de que han creado otro impuesto que se llama derechos de emisión de CO2, que también es un impuesto que al final pagan todos los españoles. Ustedes crearon el impuesto a la electricidad. Y para que todo el mundo lo sepa, el impuesto a la electricidad determina cuál es el precio final de la factura eléctrica y sobre ese precio final se calcula el IVA. Es decir, han creado un impuesto que a su vez devenga impuestos para el bolsillo de los españoles. Esa es la forma fiscal del Estado que ustedes defienden. (Aplausos). Por cierto, IVA a la electricidad que han subido al 21 % a partir de enero de este año 2025 (aplausos.―La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace gestos negativos), para que luego venga aquí lloriqueando y nos diga: ¿en qué momento hemos subido los impuestos? Bueno, así lo han hecho. Ustedes establecen una rebaja provisional y cuando esa rebaja vence se produce la subida automática. De tal forma que esa falacia de cuándo hemos votado… Bueno, claro, no lo hemos votado porque sube de forma automática. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: No). Sí, porque ustedes establecen un mecanismo que tiene una fecha temporal límite, y cuando llega esa fecha temporal ustedes no hacen nada y la subida se produce de forma automática. Esa es la realidad. Esa es su España: todos, salvo los cercanos al PSOE; todos contribuyen, salvo los cercanos al PSOE.

Y ahora nos encontramos ante una norma que lo que pretende es establecer una fiscalidad específica para determinados activos financieros, para los criptoactivos, a los que ustedes ya les quieren meter el diente. Viene por la trasposición de una directiva europea y su no trasposición está generando ya una deuda para España, porque ustedes están trasponiendo tarde esa directiva. Esa, como tantas otras, señora Montero. ¿Sabe qué directiva tienen ustedes que trasponer también y qué normativa europea tienen que trasponer que no están trasponiendo? ¿Sabe cuál? La de la eliminación de los trabajadores temporales de la Administración pública. (Aplausos). Y con eso ustedes no hacen nada tampoco. Con eso ustedes se cruzan de brazos. O sea, ustedes se ponen estupendos con unas cuestiones, pero las otras prefieren pasarlas por alto.

Pues bien, nos encontramos con una norma que aparentemente solo regula la fiscalidad de los criptoactivos, pero la realidad, señora Montero, que han manifestado los portavoces del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, probablemente de forma muy indiscreta, es que el Grupo Socialista ya tiene preparadas las enmiendas para suplir la falta de aprobación de presupuestos generales del Estado. Ya tienen preparadas enmiendas espurias, que no tienen ninguna relación con la tramitación legislativa que aquí se va a celebrar, preparadas para presentarlas en tromba para ajustar todos aquellos impuestos que ustedes no van a poder ajustar precisamente por la no presentación de los presupuestos generales del Estado. Y esta información que dieron los portavoces del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda nos la han confirmado también personas dentro del Ministerio de Hacienda. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: No). Sí, señora Montero, que nos han dicho literalmente que ya les han puesto a trabajar en las enmiendas a esta reforma de la Ley General Tributaria para suplir precisamente la falta de presupuestos generales del Estado. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: No). Sí, señora Montero. Revise usted dentro del ministerio y verá que nos están dando a nosotros información, precisamente porque saben que la gestión que ustedes están llevando a cabo es un desastre. Porque la gestión que ha llevado a cabo el Grupo Socialista es básicamente la de fagocitar todas las instituciones con las que se ha encontrado.

Han tratado de tomar el control de absolutamente cada institución que podía mantener algún tipo de equilibrio en España y eso afecta, en primer lugar, a la tramitación legislativa en este Parlamento, porque ustedes tienen el control de la Mesa, el control de las comisiones, ustedes deciden qué se mete y qué no se mete. Es más, cuando de repente, por una votación fortuita, se introducen unas enmiendas que a ustedes no les interesan, como sucedió con la ley de derechos de emisión de CO2, lo que hacen es suspender la tramitación de esta ley, porque precisamente daría lugar a la aprobación de unas enmiendas que a ustedes no les interesan. Ese es el nivel de secuestro de las instituciones del Estado que ustedes han llevado a cabo. (Aplausos). Y esto aplica al Consejo General del Poder Judicial. Ese control lo tomaron gracias al apoyo del Grupo Popular. Y ese control afecta al Tribunal Constitucional, también con el apoyo del Grupo Popular. De hecho, Cándido Conde-Pumpido no sería presidente del Tribunal Constitucional si no hubiera sido por el apoyo del Grupo Popular. Y eso afecta a Radiotelevisión Española. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace gestos negativos). Sí, señora ministra. Ustedes llegaron a suspender una parte del Pleno por la riada de Valencia, pero mantuvieron viva otra parte del Pleno en la cual ustedes tomaron el control, al asalto, de Radiotelevisión Española. (Aplausos). Esa es la forma que ustedes tienen de proceder, que básicamente es asaltar cada institución del Estado con la que ustedes topan. Incluso ahora están maniobrando para tomar el control de la Real Academia de la Lengua. ¡Es que es surrealista! Ustedes no dejan un espacio de poder sin colonizar de forma absolutamente fraudulenta.

Pues bien, esta realidad, señora ministra, es la que tratamos de impedir con la presentación de esta enmienda. Estamos hasta las narices y los españoles están hasta las narices de que ustedes se dediquen a sangrarles a impuestos para beneficiar a los suyos y para colonizar cada institución y cada resquicio de poder de la Administración pública. Así que, señora ministra, dejen de tomar al asalto cada una de las instituciones de España, dejen el Gobierno y pónganse a disposición judicial de una puñetera vez.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Hoy debatimos, como ha dicho la ministra, la posibilidad de modernizar la Ley General Tributaria y no el apocalipsis fiscal que nos ha planteado aquí VOX en la enmienda a la totalidad. (Aplausos). Es, sencillamente, un paso necesario para llevar nuestra legislación, como ha dicho la ministra, al siglo XXI, un siglo en el que existen los criptoactivos, la evasión global y también, desgraciadamente, los discursos terraplanistas en el ámbito fiscal. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Como en otras ocasiones, hoy hemos escuchado, y escucharemos por parte del Grupo Popular, hablar de infierno fiscal, de sablazo tributario y de las falsas noventa y cuatro subidas de impuestos que ha hecho este Gobierno. Pero esta ley no es una subida de impuestos, es simplemente un cambio legal que adapta nuestra norma a la jurisprudencia del Supremo y a la modificación de la Directiva sobre Cooperación Administrativa. Es, por tanto, una obligación de la Unión Europea. La directiva exige algo tan elemental como que quienes trafican, intercambian y especulan con criptoactivos también rindan cuentas y paguen impuestos. (Aplausos). Porque si las personas trabajadoras pagan impuestos por su nómina, ¿por qué no iba a hacerlo también quien gana millones desde su sillón en Andorra moviendo y vendiendo tokens? ¿O acaso el Grupo Popular y VOX defienden que quiénes ganan millones con los bitcoines no tienen que pagar impuestos como los paga alguien que gane en nómina 1500 euros?

Esta ley va de tener un sistema tributario suficiente, equitativo y justo, porque sin un sistema tributario suficiente no hay cohesión, sin equidad no hay justicia y sin eficacia no hay progreso. Está demostrado que pagar impuestos compra civilización. Un ejemplo son los países nórdicos. Cuando tenían un nivel de renta per cápita como el que tenemos nosotros ahora, ya tenían un nivel de contribución fiscal, ya pagaban impuestos, más que los que pagamos nosotros ahora. Pues bien, con esta mayor aportación de ingresos los países nórdicos han financiado un estado del bienestar fuerte y equitativo que ha impulsado el progreso, porque un Estado que no recauda lo suficiente no puede invertir y un país que no invierte no progresa.

Seamos claros, señorías, el sector público español está permanentemente infrafinanciado debido al bajo nivel de contribución fiscal. Nuestra contribución fiscal está 3,6 puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona. Son 58 000 millones de euros que se dejan de recaudar todos los años y que se podrían emplear para aumentar la inversión pública, para rebajar la tasa de paro y para ampliar el estado del bienestar. Ese agujero lo provoca una estructura fiscal injusta, donde las grandes fortunas siguen pagando menos que los trabajadores y donde las grandes empresas tienen un tipo efectivo medio del 5 % en el impuesto sobre sociedades, mientras las pymes y los autónomos, sin abogados en las Islas Caimán, pagan un 16 %. (Aplausos). Las derechas llaman a esto libertad económica; nosotros, competencia desleal, gorroneo y fraude fiscal.

Pero no solo tenemos unos recursos públicos insuficientes; también hay despilfarro en su uso, aunque no de la manera que nos cuenta el Partido Popular. Un ejemplo: nunca se había gastado tanto en España por persona en el gasto sanitario; sin embargo, nunca habíamos tenido tantas listas de espera y tan largas. ¿Por qué? Porque cuando gobierna el Partido Popular deriva el dinero público a las clínicas privadas (aplausos) y esto encarece y devalúa los servicios sanitarios, como desgraciadamente han comprobado las pacientes de cribado de cáncer de mama en Andalucía. (Aplausos). Este es el verdadero despilfarro, la privatización de los servicios públicos. La eficiencia no está en privatizar, está en recaudar bien y en gestionar con rigor. El PP y VOX repiten constantemente el mantra de que el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente, pero con ese dinero público es con lo que pagamos los quirófanos, las universidades, las carreteras, las becas y también las vacunas que detuvieron la pandemia. Los impuestos, señorías, son el precio que pagamos por la democracia y quien presume de no pagar impuestos, en realidad está presumiendo de que no cree en ella. (Aplausos). El PP, en su deriva extremista, recientemente acaba de contraponer democracia a progreso, lo cual es muy preocupante.

Esta ley introduce mecanismos de control con racionalidad técnica, sin demonizar la innovación, pero impidiendo que los mercados digitales sean un agujero de dinero negro donde se acumula fraude. Las enmiendas en las que estamos trabajando en el Grupo Plurinacional SUMAR buscan incluir a todos los criptoactivos, también a los de emisión descentralizada, señora ministra, también al bitcoin, que de momento está fuera del texto. Además, queremos clasificar los criptoactivos en función de su nivel de riesgo y elaborar un semáforo que sea fácilmente entendible por los pequeños inversores con el fin de protegerlos. Y, señora ministra, queremos asimismo que las ganancias de los criptoactivos tributen, como lo hacen en Francia y en Suecia, al tipo general y no al tipo del ahorro, en el IRPF, como aparece actualmente en el texto. (Aplausos).

Las derechas llevan años confundiendo libertad económica con fraude, rebajas fiscales con crecimiento, recortes con eficiencia y patriotismo con egoísmo. En SUMAR decimos alto y claro: los impuestos no son el problema, el problema es la desigualdad. Esta ley, junto con las enmiendas que nuestro grupo va a presentar, da un paso firme hacia un Estado más justo, transparente y moderno. Por eso votaremos en contra de la enmienda a la totalidad de VOX y a favor de un país donde la Hacienda pública sea capaz de financiar los derechos de todas y de todos y de garantizar la igualdad de oportunidades. Porque no queremos un país donde los ricos vivan en libertad y el resto vivamos sin derecho. Queremos un país donde todas y todos vivamos dignamente. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señor Figaredo, con la enmienda que presenta se descalifica a sí mismo, pero es que su intervención lo que nos demuestra es que es el vocero de una fábrica de bulos. Ha hecho una intervención a la que nos tiene acostumbrados: faltona y grosera, porque la realidad es que usted no es una alternativa, es una provocación andante. No busca con su enmienda mejorar el texto de la ley; pretende impedirlo, convirtiendo el insulto en el argumento del que carecen. (Aplausos). No defienden una posición constructiva; lo único que pretenden es evitar que los grupos presenten enmiendas en la tramitación parlamentaria. ¡Menudos demócratas! No lo son. Así que ni hacen ni dejan hacer; son la nada más absoluta. Confunden oposición con obstrucción y presumen de una ejemplaridad que no practican, porque al intentar paralizar una ley que refuerza la trazabilidad, la transparencia y la cooperación internacional en materia tributaria se sitúan del lado de la opacidad y eso, señorías, no tiene nada ni de ejemplar ni de democrático. Una opacidad, por cierto, que permite estafas millonarias como la de$Libra, promovida por su referente ideológico, el señor Milei, y que acabó en fraude masivo el pasado febrero. Un espóiler, por cierto, de lo que serían ustedes gobernando: un fraude. Así que no, su enmienda ni es honesta ni es inocente, porque el proyecto de ley que pretenden devolver al Gobierno persigue poner luz donde hoy hay sombras, dar trazabilidad al dinero y cerrar las puertas al fraude. Pretenden frenar la ley y, al hacerlo, se convierten, quieran o no, en cómplices de quienes ocultan su patrimonio al fisco en el entorno digital. Y no es casualidad, señorías, no lo es; es un patrón. Cada vez que este Parlamento aprueba una norma que refuerza el control público, VOX vota en contra o pide su devolución. Lo hizo con la Ley 11/2021 contra el fraude fiscal, lo repitió con la trasposición de la DAC7 para obtener información de las plataformas digitales y ahora ―qué casualidad― lo hace con la DAC8, que amplía la cooperación fiscal europea para identificar a los titulares de criptoactivos y medios de pago electrónicos. Pero es que, además, la tramitación de esta ley responde a una exigencia europea, pero también a una necesidad nacional. Traspone una directiva y actualiza tres normas fundamentales, la Ley General Tributaria, la del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con un propósito común: reforzar la seguridad jurídica, modernizar la recaudación y mejorar la cooperación internacional frente al fraude.

Primero, reforzar la seguridad jurídica. La ley fija plazos claros y precisos sin dar más poder a la Administración ni restar derechos a la ciudadanía, cumpliendo con lo establecido por el Tribunal Supremo, y establece un plazo para declarar la responsabilidad tributaria y otro para exigir el pago y así evitar litigios.

Segundo. Vivimos en un mundo donde el dinero se mueve en segundos y los fraudes viajan a la velocidad de la luz. El proyecto de ley adapta la normativa para hacer frente a este entorno, garantizando la igualdad ante el fisco y una Hacienda preparada para el siglo XXI.

Y tercero, transparencia y cooperación internacional. Se trata de que quien deba, pague, y quien cumpla no cargue con el peso de los que se esconden tras las pantallas o seudomonedas. (Aplausos).

Por tanto, señor Figaredo, su enmienda no va contra el Gobierno, va contra la defensa y la seguridad de los españoles y de las españolas. Y con ello nos demuestran una vez más que son unos patriotas de escaparate, de esos que se envuelven en banderas mientras olvidan los principios e instituciones que dicen defender. Así que, señorías, no olviden de lo que estamos hablando, porque de lo que estamos hablando es de que Europa está construyendo un marco integral para la economía digital, donde el Reglamento MiCA regula los criptoactivos y habla de los inversores y el Reglamento DORA refuerza la ciberseguridad financiera. Y con la Directiva DAC8, que es la que trasponemos con esta ley, intentamos cerrar este triángulo desde la óptica fiscal.

Por tanto, señorías, no lo duden, España cumple, y lo hace con este proyecto de ley en plazo, demostrando solvencia y liderazgo. (Aplausos). Y mal que les pese a las señorías de VOX, España es hoy un referente económico y un referente político internacional. Y queremos continuar siéndolo a pesar de ustedes, que, como demuestra esta enmienda, lo único que intentan es que España no vaya bien. Y entérense de una vez: España va bien, porque los españoles y españolas son una gente extraordinaria que está haciendo todo lo posible y está consiguiendo unos resultados extraordinarios. El FMI esta semana elevaba la previsión de crecimiento para 2025 y para 2026, siendo España la economía avanzada con mayor crecimiento tanto para este año como para el próximo. Y solo por eso, solo por eso, señor Figaredo, ya se recauda más, porque si tienes más, pagas más; así de sencillo. Y no porque se suban los impuestos, ya está bien de tanto bulo. Tenemos más empleo, más inversión y salarios reales al alza, con déficit y deuda pública en descenso; datos que avalan la gestión eficaz del Gobierno. Y esta ley, señorías, nos sitúa entre los países que aplican con ambición el nuevo marco fiscal europeo, protegiendo mejor a los contribuyentes y reforzando la igualdad ante el fisco.

Por ello, no hay tiempo que perder. Este proyecto de ley debe continuar su tramitación sin demoras. No hacerlo sería renunciar a la transparencia y a la modernización del sistema tributario español. Y es que este debate no va solo de cumplir la directiva europea, va de algo mucho más profundo: de defender un sistema tributario justo y eficaz que garantice los recursos necesarios para sostener los servicios públicos que nos hacen iguales. Porque sin una Hacienda moderna y transparente no hay sanidad universal, no hay educación pública ni pensiones dignas. (Aplausos). Así que la justicia fiscal, señorías, no es un tecnicismo; es la base material de la democracia que defendemos los socialistas y la garantía del estado del bienestar.

Así que ―termino ya― frente a quienes degradan la política a golpe de difamar, nosotros elegimos avanzar en transparencia y rendir cuentas, porque cumplir los compromisos europeos, modernizar nuestro sistema tributario y reforzar la confianza ciudadana no es una opción, es una obligación democrática. Y no hay excusa que valga, con la ley a algunos se les acaba la fiesta. Por eso votaremos en contra de la enmienda de devolución. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, de forma sintética voy a empezar mi intervención explicando brevemente en qué consiste este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que tiene tres artículos, y es básicamente la modificación de la Ley General Tributaria en dos aspectos. El principal, efectivamente, como ya se ha dicho, es la trasposición de la última modificación de la Directiva europea de cooperación administrativa en fiscalidad, que supone la adaptación de la normativa tributaria a la aparición y auge de los criptoactivos. Vaya, para que todo el mundo me entienda, como las ‘chistorras’, pero virtuales. (Aplausos). El origen de estas modificaciones lo encontramos en la OCDE y pretende facilitar el intercambio de datos fiscales entre jurisdicciones para garantizar el cumplimiento fiscal, y también se prevé la embargabilidad de los criptoactivos. Se trata, efectivamente, de una adaptación legislativa a los nuevos productos financieros que han surgido del desarrollo de tecnologías digitales. Vaya, mayor transparencia en las operaciones, como los sobres transparentes del Partido Socialista, pero con los criptoactivos digitales.

El segundo aspecto que aborda este proyecto de ley es una adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con los plazos de prescripción aplicables a los responsables subsidiarios de obligados tributarios. Y un muy breve tercer artículo que incluye a la Comunidad de Extremadura entre aquellas en las que el impuesto sobre sucesiones se liquida mediante autoliquidación.

Me ha parecido relevante y necesario exponer el contenido del proyecto de ley porque, a diferencia de todo lo que suele pasar durante esta legislatura, es ―o como mínimo lo parece― inocuo. Y por inocuo entendemos que podría ser fácilmente compartido, pero también que ni suben impuestos ni crean nuevos ni es intervencionista ni contiene cesiones inasumibles a sus socios de Gobierno, que es a lo que nos tienen acostumbrados. Y es eso lo que nos hace sospechar. Por lo tanto, lo vamos a dejar en sospechosamente inocuo. Y esta situación nos sugiere al menos dos cosas. La primera es sobre el contenido del proyecto de ley. Son modificaciones en el ámbito tributario que son muy propias de una ley de medidas fiscales de acompañamiento a unos presupuestos generales del Estado. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, pronuncia palabras que no se perciben). Sí, a presupuestos generales del Estado, eso a que obliga la Constitución; eso que nos permite al Legislativo controlar el gasto público; eso que permite la planificación y la estabilidad; eso que permite ajustar gastos e ingresos a la inflación y a nuevas políticas; eso que permite impulsar las políticas públicas necesarias en cada momento; eso que representa transparencia; eso que permite conocer y debatir las prioridades del Gobierno y su fiscalización política; eso que los ciudadanos, representados en esta Cámara, tienen derecho a conocer, así como votar cómo se usan sus recursos públicos. (Aplausos). Porque los usos de los recursos públicos a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno no solo son los que ha relacionado el señor Martín, que se ha olvidado también de las mordidas que cobraban Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y vete a saber cuántos otros miembros amparados por este Gobierno y por el apoyo de SUMAR, que son cómplices de la corrupción de este Gobierno.

Me permitirán que les recuerde una cita del ciudadano Sánchez en marzo de 2018: Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada. Nada de presupuestos es lo que hay desde diciembre de 2022; nada de presupuestos durante esta legislatura. Con siete años de Gobierno de Sánchez, solo ha habido presupuestos tres años. Presupuestos, eso que sin convicción prometen, ministra, pero no llegan. Pues bien, este proyecto de ley permite visualizar la poca fe y las pocas ganas que tiene este Gobierno de presentar unos presupuestos generales del Estado, y menos aún una ley de acompañamiento; o, si los llegan a presentar, la poca fe en que se aprueben. Pero, en realidad, ¿para qué quieren unos presupuestos si la única prioridad de este Gobierno no es gobernar, sino mantenerse en el Gobierno? ¿Cómo decía Sánchez? Con o sin concurso del Poder Legislativo Pues eso. (Aplausos).

Pero la segunda cosa que nos sugiere este proyecto de ley no es lo que dice, sino lo que no dice, pero terminará diciendo. Y es que el trámite de este proyecto de ley se convertirá en un mercadillo. La ficticia mayoría de la que el Gobierno presume provocará que cada uno de sus socios imponga sus exigencias y ponga precio a sus votos, precio que acabaremos pagando todos los españoles. Lo más probable es que este proyecto de ley termine en una subasta, en un zoco nocturno, en el que la ministra Montero se comprometa a una cosa con unos y a la contraria con otros, y termine engañando a unos y a otros. No es nada nuevo, ministra, no es un ejercicio de imaginación, es exactamente lo que ya sucedió a finales del año pasado para mantener a Sánchez en la Moncloa unos días más. Bueno, a Sánchez y al Sánchez del móvil apagado, el que contribuye en Portugal, y a Begoña y la autocaravana. Volvemos a coincidir con el ciudadano Sánchez: gobernar no consiste en vivir en la Moncloa.

Si este proyecto de ley sigue su curso, tendremos la oportunidad de ver las dos cosas: no habrá presupuestos y se añadirán enmiendas para satisfacer a sus socios, y entonces es muy probable que les tengamos que decir que, si saben contar, con el Partido Popular no cuenten.

Y termino con una última cita del ciudadano Sánchez: Yo, en su lugar, anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país.

Gracias. (Aplausos).