Interpelación urgente relativa a la posición del Gobierno sobre la consolidación de sus puestos de trabajo como personal fijo de la Administración pública de los trabajadores y trabajadoras del sector público en situación de abuso de temporalidad o fraude, tanto aquellos en activo como los ya cesados.

Muchas gracias, señor presidente. Para comenzar, me gustaría dejar claro que en Podemos nos sumamos al parón de la huelga general por Palestina que tiene lugar hoy, porque no podemos permanecer impasibles ante un genocidio a tiempo real, con miles de víctimas, muchas de ellas niñas y niños, y ante la negación del derecho a existir para el pueblo palestino.

Señor ministro, para empezar, quiero trasladarle la responsabilidad con la cual hago esta interpelación, pero también la preocupación que tenemos por el asunto que vamos a abordar en la mañana de hoy, ya que el tema que vamos a tratar no es específicamente un tema técnico o un tema jurídico, sino que lo principal es que afecta a la vida de miles de personas, que es un tema de justicia social. Hoy vamos a hablar de miles de trabajadoras y trabajadores públicos, ya sea de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales o de la justicia, que durante años, a veces incluso durante décadas, han sostenido servicios esenciales de este país a costa de su precariedad. Y ha sido así por el abuso de la temporalidad dentro de la propia Administración, a la cual se le debería presumir ser ejemplo de legalidad y estabilidad laboral. España, nuestro país, lleva más de veinticinco años ―se dice pronto― incumpliendo la Directiva europea 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada; veinticinco años sin transponer el derecho europeo a una norma del derecho español, desde el año 1999. Esta directiva nos obliga a prevenir y a sancionar los abusos en la contratación temporal. Es decir, en nuestro país llevamos veinticinco años mirando hacia otro lado, mientras el abuso se convertía en la norma.

En el año 2021, tras el pronunciamiento de Europa, que nos exige resultados, se pone en marcha la Ley 20/2021. Es una ley que se presentó como una solución definitiva, pero la realidad es que no fue más que un parche ante una situación muy grave. Al final, es un parche que intenta evitar las sanciones. Es una ley que sí, se ocupa de las consecuencias, pero no aborda las causas. ¿Y qué ha pasado después de la aplicación de la Ley 20/2021? Que hoy la temporalidad en el empleo público sigue siendo altísima, más de un 32 %, y eso según los datos que nos han dado en enero de 2025; que más de 970 000 trabajadoras y trabajadores públicos son temporales, de los cuales 700 000 son trabajadores interinos o personal estatutario sanitario, y que, además, lejos de estabilizar, lo que ha ocurrido como consecuencia de la aplicación de esta ley es que se ha cesado a miles de trabajadores de una forma completamente injusta. Siguieron siendo víctimas del abuso y, además, prácticamente se les ha expulsado a coste cero, sin indemnización y sin ninguna alternativa. La Ley 20/2021 no ha reducido la precariedad, lo que ha hecho es simplemente redistribuir la injusticia, y lo más grave es que ha generado inseguridades jurídicas que, desde nuestro punto de vista, no tienen precedente. Cada Administración ha hecho su interpretación de la ley, los tribunales se han visto colapsados y, al final, los afectados siguen básicamente igual, en el limbo.

Mientras tanto, la Comisión Europea ha sancionado a nuestro país reteniendo 626 millones de euros del plan de recuperación por el incumplimiento del compromiso de España y mantiene dos procedimientos sancionadores a nuestro país. Pero es que, además, Europa ya se ha pronunciado, el Tribunal de Justicia Europeo, en sus sentencias tanto del 22 de febrero como del 13 de junio del año 2024, dejó claro que los procesos de estabilización contemplados en la Ley 20/2021 no son medidas adecuadas para sancionar el abuso. Y la semana pasada, por si quedaba algún tipo de duda, el Abogado General del TJUE fue muy claro en el asunto C481/24 Obadal y, yendo más allá incluso del pronunciamiento del propio TJUE, ha dicho textualmente: como España no ha adoptado ninguna medida efectiva para sancionar los abusos, la única opción conforme al derecho europeo es transformar la relación temporal abusiva en fija. Ha sido bastante claro; incluso ha dicho que hay que hacerlo aunque contradiga principios de rango constitucional como la igualdad, el mérito o la capacidad. O lo que es lo mismo: fijeza o indemnización. Señor ministro, no le han dejado tercera vía.

El Abogado General ha desmontado una por una las excusas que ha puesto nuestro país. Primero, ha dicho que el indefinido no fijo no es sanción porque sigue siendo trabajo temporal; ha dicho que las indemnizaciones actuales no son disuasorias ni tampoco proporcionales, y ha dicho que los procesos de estabilización no reparan el abuso porque ni garantizan la estabilidad ni son de justicia. Por lo tanto, señor ministro, España sigue incumpliendo con el derecho de la Unión y, si no hay sanción efectiva ante este abuso, lo que habrá será una condena a nuestro país. Mientras tanto, señor ministro, da la sensación de que ustedes van secando el piso mientras el grifo —o‌ el chorro, como decimos en mi tierra— sigue abierto. Cesan al personal que está en abuso de temporalidad y al día siguiente vuelven a contratar a más personal en situación de temporalidad. Por lo tanto, van repitiendo el ciclo día tras día, década tras década. Hay que poner punto final, señor ministro, a la temporalidad en lo público, igual que se ha hecho en el sector privado. En el sector privado, cuando uno trabaja tres años, si el puesto sigue, la persona se convierte en fija y punto, no hay más. Esto se debería trasladar al sector público. Si se encadenan varios nombramientos superando el plazo, la persona debería convertirse en fija. Se lo decimos para las personas que permanecen hoy en el puesto y también para aquellos que han sido cesados injustamente.

El problema, señor ministro, no es el trabajador temporal, el problema es el modelo de acceso a la Administración pública: procesos que se eternizan, plazas que tardan años y años en resolverse y una falta total y absoluta de planificación. Mientras tanto, las jubilaciones se nos van echando encima y la Administración, ¿cómo se queda? Se queda sin relevo, perdida, sin motivación y sin ningún tipo de rumbo. Y no me diga que el mérito y la capacidad están en riesgo, porque si algo han demostrado esos miles de trabajadores públicos, algunos de los cuales llevan más de veinte años trabajando en situación de temporalidad en la Administración pública, es su compromiso, su mérito y su capacidad. Porque no hay mayor mérito que haber sostenido durante años los derechos más esenciales de la ciudadanía de España en una situación de incertidumbre total, de precariedad y sin saber si mañana van a mantener o no su puesto de trabajo, y aun así haberlo hecho como grandes profesionales. Eso también se llama meritocracia, señor ministro.

Por eso, Podemos le pide claridad y valentía. Nosotras hemos presentado enmiendas a la ley de función pública que entendemos que traen una solución justa y necesaria a la situación de los trabajadores públicos en temporalidad, y en esto incluyo, como le decía antes, a los trabajadores y las trabajadoras que ya han sido cesados. Esperemos que opten por opciones como las que nosotras les ponemos sobre la mesa y que no opten por opciones como indemnizaciones millonarias, que van a salir del bolsillo del contribuyente, porque al final esto va a suponer gastar una millonada de euros, va a seguir colapsando tribunales y nadie se va a ver satisfecho. Pueden actuar ahora, señor ministro. Estoy segura de que la sentencia del TJUE les va a obligar más pronto que tarde a tomar medidas, y van a ser medidas, si no se toman desde ya, a un coste aún mayor del que tendrían si tomamos la decisión hoy. Así que, señor ministro, no espere. Señor ministro, actúe. No debemos esperar, como le decía, a que Europa nos vuelva a sacar los colores, porque esto ya no va de plazas. Esto va de personas, esto va de quienes han dedicado gran parte de su vida a prestar un servicio público de calidad y solo piden cosas muy sencillas: estabilidad, dignidad y su compromiso, señor ministro.

Buenos días, señorías.

Gracias, diputada, por traer este asunto a la Cámara. Es un asunto que nos interpela a todos, que nos interpela de verdad. Desde luego, nos interpela a las fuerzas parlamentarias que están representadas en este Congreso y nos interpela a todos los niveles de la Administración: a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y al Gobierno del Estado. A todos nos interpela. Es asunto muy importante en el que deberíamos encontrar consensos, porque es un problema compartido. Yo creo que compartimos con la portavoz de Podemos dos asuntos esenciales. En primer lugar, la defensa de lo público, la defensa de la calidad de los servicios públicos y la defensa de unos servicios públicos de calidad suficientes, después de haber sufrido una década de recortes ―luego daré algunos datos― Y, en segundo lugar, compartimos la necesidad y la voluntad de este Gobierno de avanzar en la calidad del empleo y, sobre todo, de reducir la temporalidad en la función pública, que es de lo que estamos hablando. En todo eso coincidimos. Y creo que también podemos coincidir en algo que dije al principio: que esa temporalidad, esa interinidad de miles de empleados públicos, constituye un problema estructural de todas las Administraciones, y luego daré algún dato. Es un problema estructural, agravado por años de recortes ―aquí está la causa― del anterior Gobierno del Partido Popular, si no, no se entendería lo que está pasando. Le voy a dar algunos datos. Entre los años 2012 y 2018, la plantilla de la Administración General del Estado se redujo en 70 000 puestos de trabajo entre policías, funcionarios de Justicia, guardias civiles; recortes del Partido Popular en torno a un 10 % de la plantilla de la AGE. Entre 2012 y 2018, cada año salían de media 7400 empleados públicos y entraban 2000. Al golpe que esto supuso en términos de inversión y en capacidades humanas, hay que sumar el estrés que provocaba tener una Administración cada vez más débil frente a una población cada vez más grande, una población creciendo, como se ha discutido antes en la interpelación sobre fiscalidad. Y el Partido Popular optó por una fórmula catastrófica: cuanto mayor era la demanda de servicios públicos, menor fue la oferta de empleo público. Usted lo sabe, señoría. De ahí el boom de las bolsas de temporalidad y las advertencias de la Comisión Europea, que exigió a España estándares europeos en las relaciones laborales de su Administración.

Pero en 2018 hubo un cambio, señoría: un nuevo Gobierno progresista del que ustedes formaban parte. Yo le pido que este debate lo aborde usted con corresponsabilidad. Ustedes formaban parte del Gobierno que aprobó las reformas que usted ha mencionado. Es más, señoría, usted fue consejera en una comunidad autónoma, por ello conoce perfectamente el problema, y no le voy a dar los datos de temporalidad de esa Administración; usted sabe lo que hizo y lo que no hizo. Por lo tanto, con espíritu constructivo, sin ninguna crítica concreta, sí le digo ―porque acabaré ahí― que tenemos una oportunidad de oro: aprobar las enmiendas que hemos traído a la ley de función pública para poder dar una solución definitiva a este problema.

Ese Gobierno nuevo, ese Gobierno de coalición del que ustedes formaban parte, lo primero que hizo fue firmar en 2021 un acuerdo con Comisiones Obreras, con la UGT y con el CSIF, y un plan de choque para reducir la temporalidad de las Administraciones públicas. Ahora daré los datos, porque es importante poder evaluar las políticas públicas. Pasamos de gestos a hechos y nos comprometimos con la Comisión Europea a poner en marcha reformas estructurales. Tiene usted razón en una cosa muy importante, y es que en los años de los recortes de la derecha se produjeron dos elementos: uno, una reforma laboral para el ámbito privado que rebajó salarios y recortó la capacidad de negociación de los sindicatos, es decir, intentar que España fuera más competitiva a base de reducir salarios ―eso es lo que llegó a reconocer un día el señor Rajoy en una rueda de prensa en Japón― y, dos, recortes en los servicios públicos ―le acabo de dar datos de cómo no se abrían plazas para fortalecer lo público―. Pero, como le digo, después de esos acuerdos sindicales se pusieron en marcha las medidas. En julio de 2021 convalidamos el Real Decreto de Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público. Lo impulsó el ministro Iceta, Podemos estaba en el Gobierno y se aprobó en esta Cámara. Lo recordará porque, como he dicho, estaban ustedes sentados en el Consejo de Ministros. Fue un texto apoyado no solo en esta Cámara, también por las comunidades autónomas en las conferencias sectoriales. ¡Ojo que esto es muy importante! En consecuencia, se desarrolló el componente 11 del PRTR, orientado a la creación de empleo público y la modernización de las Administraciones públicas, un objetivo de país que atravesaba todas estas iniciativas: reducir la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 % que exige la Comisión Europea. Hoy, día 15 de octubre de 2025, los datos hablan por sí solos y son contundentes.

Señoría, no lo he usado hasta ahora, pero hoy le voy a dar el dato; quiero que hablemos de datos oficiales y no sobre entelequias. A día de hoy, la temporalidad de las entidades locales está en el 35,8 % y la temporalidad de las comunidades autónomas está en el 40,3 %. ¿Sabe cuál es la tasa de temporalidad de la Administración General del Estado? Un 4,7 %. Repito: 4,7 %. (Aplausos). Señoría, casi diez veces menos que la tasa autonómica. Y es verdad y todos lo sabemos ―tratémonos como adultos los que estamos aquí; venía alguno a hacer Política para adultos― que gran parte del problema está precisamente en la sanidad y en la educación, servicios que prestan las comunidades autónomas. Por lo tanto, actuemos juntos todos; el problema es de todos, la cuestión es si se quiere mejorar o no el trabajo de estos empleados públicos y reducir la tasa de temporalidad. Esa es la clave. Pero este dato se ha de saber y no se sabe: en la Administración General del Estado, esa temporalidad está en el 4,7 %, muy por debajo del 8 % que hemos acordado y que exige la Unión Europea.

Ahora voy con el dato de los efectos que tuvo esa reforma, y quiero destacar y agradecer el esfuerzo colectivo de todas las Administraciones. Y es que, señoría, ¡ojo!, porque luego las cosas no se cuentan, hemos estabilizado 377 000 plazas. El compromiso con Bruselas era estabilizar 300 000 plazas a 31 de diciembre, y se superó. Hoy hay 377 000 plazas estabilizadas en la función pública, señoría. (Aplausos). Esto es así gracias precisamente a la reforma que presentó el ministro Iceta ―con el apoyo de Podemos, que estaba en el Consejo de Ministros― y que se aprobó con el apoyo de todas las comunidades autónomas y de este Parlamento. Pongamos en valor algo que es un hito sin precedentes: ¡se han estabilizado 377 000 plazas de empleo público, señoría! Además, los sectores en los que más ha impactado la estabilización, afortunadamente, han sido el docente y el sanitario, que suponen más del 60 % de las plazas estabilizadas. Por lo tanto, la reforma valió, señoría.

Podemos hacer muchas más cosas y hay que hacer más cosas. Este Parlamento tiene una ley de función pública encima de la mesa con unas enmiendas que tienen que ser la solución. Yo espero, de verdad, la corresponsabilidad de todos. Es más, este ministro no se quita de en medio, a pesar de que, insisto, la temporalidad está en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, no en la Administración General del Estado. Por eso, precisamente el otro día, en la reunión de la conferencia sectorial, con los consejeros de todo el territorio, planteé esta cuestión, y la plantee para que haya un acuerdo no solamente en este Parlamento, sino con las comunidades autónomas, que son quienes tienen el problema ― hablemos claro, señoría― y los ayuntamientos. Por lo tanto, por favor, apelo al espíritu de consenso. El problema es de todos y hay que ver si la voluntad de resolverlo también es de todos o no. Quiero verlo. (Aplausos).

Todo esto ha sido no solo gracias a esa reforma que promovió el ministro Iceta, también gracias a la coordinación del Estado, de la mano de los sindicatos, con la colaboración de las comunidades autónomas y complementado con una oferta de empleo público inédita, señoría. Fíjense, después de una década de recortes, ha habido más de medio millón de plazas ofertadas en todos los niveles. Desde la puesta en marcha del PRTR se han convocado 505 847 plazas, de un total de 543 206 ofertadas por todas las Administraciones públicas. Nunca en la historia se habían ofertado tantas plazas de empleo público en tan poco tiempo. Es contundente el dato, señoría. Este año, y por quinto año consecutivo, con las plazas de nuevo ingreso batimos un récord: 27 697 plazas, que van a generar empleo neto una vez más. Tras más de una década de pérdida neta de efectivos, las altas en la Administración del Estado en 2024 duplicaron las bajas. Esto impulsó un crecimiento neto de casi 9000 empleados públicos, señoría: más policías, más jueces, más personal de justicia y más guardias civiles. Eso es lo que está haciendo este Gobierno, fortalecer el estado del bienestar, fortalecer los servicios públicos, señoría. (Aplausos). Por eso, vuelvo a apelar a ese espíritu de consenso, para que en esta Cámara salga adelante la ley de función pública con esas enmiendas que son muy importantes, señoría. Además, quiero poner en valor que hay Administraciones ―porque siempre hablamos de lo malo― que lo hacen muy bien, y le voy a poner un solo ejemplo. El Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, con la misma norma que los demás, con las mismas capacidades que los demás, ha pasado de un 27,8 % de temporalidad a un 6 % en tres años. Eso es hacer las cosas bien, lo que han hecho este ayuntamiento y algunos otros. Es un ejemplo de buena gestión: con las mismas herramientas, reducir la temporalidad del 27 % al 6 %; se puede. Claro que hay que agilizar, como usted dice, las convocatorias, las ofertas públicas de empleo; hay que agilizar las oposiciones. Claro que hay que hacerlo. Estoy completamente de acuerdo. Hay quien lo hace bien, como el Ayuntamiento de Hospitalet.

Ahora trae la interpelación, evidentemente, después de las conclusiones del abogado general de la Unión Europea. Yo ahí solamente le voy a decir algunas cosas que dice el abogado general, porque, si no, no vamos a enfocar bien. En primer lugar, no dijo que hubiera que convertir en fijos directamente a los trabajadores en abuso de temporalidad para cumplir con la directiva europea. Usted sabe que, en este país, aunque usted haya intentado tirar por tierra el mérito en el acceso a la función pública, hay unas oposiciones. También reconoció que nuestro marco constitucional no permite convertir la relación laboral temporal en fija de forma automática ―usted lo ha reconocido―, iría contra la Constitución. Declaró que los procesos de estabilización son una medida complementaria para remediar la actual situación y afirmó que las reformas impulsadas por el Gobierno de España demuestran los esfuerzos para adecuar nuestras normas a la directiva europea.

Señoría, usted y yo coincidimos bastante en el objetivo. Es más, usted tiene incluso una experiencia que yo no he tenido porque ha sido consejera de una comunidad autónoma y conoce de cerca el problema, lo conoce de cerca muy bien. Pero compartimos, como digo, visión, diagnóstico, objetivo: queremos una función pública fuerte, de calidad; queremos calidad en el empleo público; queremos reducir la temporalidad, por supuesto que sí, pero no lo vamos a hacer a costa de la Constitución española, saltándonos la Constitución española. Eso también se lo digo. Y por eso…

… vuelvo a apelar a ese espíritu de consenso, para dar una solución a un problema que afecta a miles de trabajadores ―tiene usted razón, es verdad―, les viene afectando desde hace décadas y les afecta en todos los niveles de la Administración. Donde menos les afecta es en la Administración General del Estado, donde está en un 4 %, y donde más es en las comunidades autónomas. No quiero dar cifras comunidad por comunidad, pero estamos hablando del 40 %. Y, por lo tanto, yo solo le digo una cosa, señoría: como el problema es de todos, espero que la solución también lo sea.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor ministro, la verdad es que tengo un poco de decepción después de escuchar su intervención porque, desde mi punto de vista, usted sigue instalado en el ya veremos. Ya veremos y, mientras tanto, la precariedad sigue siendo una política de Estado y las trabajadoras y trabajadores que están en abuso de temporalidad siguen siendo quienes están pagando esos platos rotos de su lentitud a la hora de poder resolver este asunto. Sinceramente, nos emplaza a buscar soluciones a través de la ley de función pública, pero, cuando nosotras nos sentamos a abordar específicamente la cuestión de poner soluciones para el fin del abuso de la temporalidad, parece que no somos capaces de encontrarlas por mucha voluntad que haya por parte de nuestro grupo. Al fin y al cabo, lo que nos trasladan los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno es que hay que esperar a que el TJUE se pronuncie. Pero el TJUE ya se ha pronunciado y, además, se ha pronunciado varias veces. Y el abogado general del TJUE ha sido cristalino. Cada uno hace la interpretación que quiere, pero la realidad que emana de ese informe es que España no tiene medidas efectivas para sancionar el abuso. Y, cuando no las hay, la única salida conforme al derecho europeo ―se lo vuelvo a repetir, señor ministro― es la fijeza. Así que lo que falta, señor ministro, desde mi punto de vista, no es jurisprudencia. Lo que está faltando aquí, a día de hoy, es voluntad política de poder dar la solución esperada a esas trabajadoras y trabajadores públicos en abuso, que tanto tiempo llevan esperando.

Y, de verdad, se lo digo con el mayor de los respetos, pero también con firmeza: no se puede hablar de igualdad, mérito y capacidad cuando es la Administración la que lleva más de veinte años usando a las trabajadoras y trabajadores públicos en temporalidad como si fueran trabajadores desechables, como si fueran trabajadores de usar y tirar, señor ministro. No se puede pedir a la ciudadanía que confíe en un Estado si es el propio Estado el que está abusando de su gente. Podemos ha presentado enmiendas concretas a la ley y, además, las plataformas de trabajadores públicos en abuso de temporalidad y muchos de los sindicatos han dicho que las enmiendas de Podemos son una buena vía para solucionar la situación. Estúdienlas; si hay voluntad política, estúdienlas y saquémoslas adelante.

Sí, yo he tenido la suerte, el lujo y el orgullo de ser consejera de una comunidad autónoma, y por eso sé las dificultades que tienen las comunidades autónomas. Parece, además, que usted las apunta como culpables porque dice: Si nosotros tenemos un 4 % de temporalidad, son las comunidades autónomas las que tienen más de un 30 %. Claro, si tenemos transferidas las competencias de educación, de sanidad, de derechos sociales, es normal que, cuando el grueso de los trabajadores de la Administración pública está en las comunidades autónomas, haya más incidencias en las comunidades autónomas, señor ministro.

Nosotros no escurrimos el bulto; nosotros negociamos con ustedes ese parche ―sí, porque fue un parche― porque no logramos ir más allá, a pesar de nuestra insistencia, en la Ley 20/2021. Y algo se avanzó, sí; 300 000 personas se han estabilizado, pero, señor ministro, aún quedan 900 000 por obtener una solución. Así que déjeme ser clara, señor ministro, nosotros no vamos a votar a favor de la ley de función pública si no se les da una solución real a los trabajadores que están en temporalidad y están siendo abusados.

En resumen: fijeza o abuso, fijeza o condena europea, fijeza o ruina, fijeza o no hay ley de función pública, señor ministro. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías.

Señora portavoz de Podemos, ¿quiere que hablemos en serio de esto? Es verdad que las competencias de sanidad o de educación están transferidas a las comunidades autónomas; es verdad. Es verdad que, en los últimos siete años, han tenido más recursos que nunca en su historia ―que nunca es que nunca― en transferencias. Nunca, jamás. Por darle un solo ejemplo, a la Comunidad de Madrid, más de 100 000 millones de euros ―creo que son 107 000 o 108 000―. Son 46 000 más que en los años anteriores. Y la pregunta es: ¿se han destinado a crear plazas de sanidad pública? ¿Se han destinado a la sanidad pública o se han destinado a grupos privados como el Grupo Quirón? Esa es la pregunta, señoría. (Aplausos). ¿Dónde ha ido el dinero? ¿Quiere hablar en serio? ¿Quiere hablar en serio, de verdad?

¿Hablamos en serio? ¿Por qué no ha habido más servidores públicos en comunidades autónomas gobernadas por la derecha cuando han tenido más recursos que nunca? ¿Por qué? ¿Por qué no se han convocado esas plazas en la sanidad o en la educación? ¿No estaremos haciendo conciertos para derivar, con la libertad de elección? Ya sabe usted lo que es la libertad de elección: más dinero para el Grupo Quirón; hasta rima. Esa es la verdad, señoría. Le acabo de mostrar un ejemplo contundente de una Administración comprometida como es el Ayuntamiento de Hospitalet, que ha sido capaz, con esta normativa, con los recursos que había, de reducir del 37 % al 6 %. Hacer las cosas bien, se llama; convocar en tiempo y forma, crear plazas, sacar plazas. Porque no tenían una limitación presupuestaria, no tenían una limitación legal, podían hacerlo.

Yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo que el problema es de todos. Pero, para poder dar una receta, hay que saber los datos, y los datos dicen lo que dicen: que, en la AGE, en la Administración General del Estado, es el 4,7 % y hemos puesto el tope del 8 %. El problema está donde está. Por lo tanto, lo vuelvo a decir alto y claro, o se suman todos a la solución o serán parte del problema, empezando por las comunidades autónomas y por los grupos de esta Cámara. Lo digo bien clarito.

Señoría, hablando de decepción, para mí sería una gran decepción que Podemos tumbe una ley que reduce la temporalidad en el empleo de la función pública. (Aplausos). Sería una gran decepción, una grandísima decepción, ¡grandísima! Por supuesto, el Partido Popular es quien tiene el mayor índice de temporalidad, pero bueno. Para mí sería una grandísima decepción pensar que hay gente que pasa por la política, que forma parte de un Gobierno y que luego es incapaz de enorgullecerse y de poner en valor que ha estabilizado 337 000 mil plazas estando ellos en el Gobierno. Eso es lo que ha pasado en este país. Para mí sería una grandísima decepción que alguien se olvide de esto y que tenga la experiencia de haber sido consejero de una comunidad autónoma y, por lo tanto, conozca el problema de primera mano, como usted lo conoce. Para mí sería una decepción, en definitiva, que no se reconozca dónde está el problema. Y sería una decepción pero muy grande que, teniendo una oportunidad de oro como la que tenemos para dar un paso más y para acordar un texto para la ley de función pública, no se aproveche. Porque, además, usted sabe que es la vía más urgente. Tenemos la ley de función pública que está aquí ya, no hay que esperar a una ley que tarde no sé cuántos meses. Tenemos una solución justa, tenemos una solución que tiene que ser consensuada y que está en el Parlamento. También le digo que, desde luego, espero que nadie nos decepcione, ni a nosotros, ni a los interinos, ni a las personas que están en la función pública. (Aplausos). Lo espero porque, también le digo, aquel que nos decepcione a todos, a los que sí defienden la reducción de la temporalidad en la función pública y que defienden unos servicios públicos de calidad, tendrá que explicárselo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Ahora me dirijo a la bancada del Grupo Popular, que ha gobernado muchos años este país y que gobierna muchas comunidades autónomas y muchos ayuntamientos. Tendrán que explicarles a los interinos de este país por qué, pudiendo resolver un problema que arrastramos durante décadas, un problema que hemos empezado a resolver, insisto, porque no es moco de pavo haber estabilizado 337 000 plazas con todas las Administraciones públicas ―lo he reconocido―, que, teniendo ahora al alcance de la mano una solución, alguien se borre y quiera seguir siendo parte del problema. Yo seré el primer encargado de explicarles a los interinos quien tiene la culpa de que no avancemos.

Muchas gracias. (Aplausos).