Carmen Fúnez de Gregorio
Gracias, presidenta. Señorías, «no me da la vida». Eso dicen muchas mujeres. «Otro día más que no llego a recoger al niño al colegio». «He llamado a la abuela para que se quede con los niños porque no me daba tiempo, porque se me ha complicado el día, y la culpa es mía». «¿Y para esto me he jubilado? ¡Si ahora tengo menos tiempo que antes!». Estos son los comentarios habituales que hacen muchas familias españolas, especialmente las mujeres, en nuestro día a día en cualquier ciudad o pueblo de España. A veces, especialmente a las mujeres, les preguntan con admiración: pero ¿tú cuando duermes? Y a otras les dicen: «tú sí que puedes con todo», como si eso fuera una virtud, como si demostrar que se puede, dejándote la vida, fuera un objetivo, y como si terminar cada día agotada fuera un mérito. Y, al final, el precio que pagamos las mujeres y las familias por intentar llegar a todo es un precio altísimo. En la mayoría de las ocasiones salvamos la situación por nuestras redes de familiares y amigos, y aquí hay que hacer un reconocimiento a los abuelos que tanto sostienen la sociedad española en este momento. (Aplausos). Pero también lastramos con una culpa porque al final siempre le fallas a alguien: le fallas a tu familia, en una reunión, a tu pareja, a tus hijos, incluso a ti misma. Y renuncias. ¡Cuántas renuncias las de las mujeres ―especialmente en España― para promocionarse en el trabajo! Renuncias a salir, a tener un hijo más, a descansar. ¡Se renuncia a tanto! Y no es un problema de una mujer o de una familia aislada, sino que es estructural. Así lo han entendido Alberto Núñez Feijóo y el Grupo Popular. Consideramos que la conciliación y la corresponsabilidad es un problema estructural que tiene la sociedad española y que tenemos que afrontar cuanto antes. (Aplausos). Por eso es para mí un honor subir a esta tribuna esta tarde y defender la toma en consideración de la proposición de ley de conciliación y de corresponsabilidad, que es una de las primeras leyes Feijóo en esta Cámara, puesto que se registró en el año 2024. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento y felicitación a mi compañera Ana Alós y al equipo de personas que la acompañaron en la elaboración de esta ley (aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, dirigidos a Ana Alós), que comprende dieciocho artículos, once disposiciones adicionales y dieciséis disposiciones finales y que ha sido registrada por segunda vez en junio del año 2025, tras dejar claro el Tribunal Constitucional que el Gobierno no puede vetar leyes que contengan cláusulas de salvaguarda presupuestaria, como ocurría en esta proposición de ley. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!). Es una ley profundamente social, realista y valiente. Es una ley que no nace de un eslogan, sino de una convicción: de la convicción de que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es un derecho y no un privilegio. Y es que la conciliación es y debe ser la base de la política social del futuro, especialmente si atendemos a los cambios demográficos que se nos vienen encima. Esta proposición es una apuesta de fondo porque creemos en la familia; porque creemos en la libertad para elegir cómo cuidar, cómo trabajar y cómo vivir, y porque creemos que la corresponsabilidad es una condición esencial para la igualdad real entre mujeres y hombres.
Sobre conciliación y corresponsabilidad ha habido muchos discursos, pero pocas medidas efectivas. Señorías, hoy defendemos una ley útil y concreta porque España lo necesita, las familias lo piden y el mercado lo exige. Es una ley que pone tiempo donde hay prisas, derechos donde hay obstáculos e igualdad donde hay brechas, porque la conciliación debe ser una prioridad y no caben más excusas. (Aplausos). También la conciliación y la corresponsabilidad deben ser una oportunidad tanto para las mujeres y los hombres en el plano individual como para toda la sociedad. España es un país lleno de talento, y por eso no podemos permitirnos el lujo o la frivolidad de tener la tasa de desempleo femenino más alta de toda la Unión Europea; no podemos permitirnos que el 75 % de los empleos a tiempo parcial en España sean contratos firmados por mujeres; no podemos permitir que el 84 % de las excedencias para cuidar a mayores, menores y dependientes sean solicitadas por mujeres, y no podemos permitirnos que el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados actualmente en España sea de 2,4 horas más que los hombres. Hay que pensar y hay que tener en cuenta que detrás de cada excedencia por cuidados, que detrás de cada reducción de jornada no solo hay decisiones que afectan en el día de hoy a las mujeres en lo relativo a ingresos o a su situación laboral, sino que tiene unas consecuencias tremendas en su futuro y en su promoción profesional y también en su protección social de cara al futuro. Es una pérdida de talento y de productividad para toda la sociedad española, sin olvidar, señorías, que España es uno de los países de la Unión Europea y del mundo con una tasa de natalidad más baja. Tengan en cuenta que, en los últimos diez años, este país ha perdido 24 puntos de natalidad y que tiene un envejecimiento cada vez mayor, una mayor esperanza de vida y una tasa de fecundidad de 1,12 hijos por mujer. Se le ha preguntado a la sociedad española, y lo que nos dice es que a la mayoría de los hombres y mujeres en este país les gustaría tener más hijos pero que no pueden hacerlo por su situación económica o porque no tienen políticas de conciliación adecuadas.
Esta ley, señorías, quiere romper con las brechas y los obstáculos y apuesta por medidas concretas y medibles, y quiero trasladarles algunas de ellas que me parecen importantes. La primera es que ―como todo el mundo sabe porque hemos recorrido toda España defendiéndolo y porque ya se está haciendo en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular― apostamos por la gratuidad y la educación universal de 0 a 3 años. (Aplausos). La igualdad debe empezar desde la cuna, y queremos que esa educación de 0 a 3 años se pague al 50 % entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, y que, además, allí donde no haya una plaza en 0 a 3 años, haya ayuda directa a la familia.
En segundo lugar, extendemos los permisos de maternidad y paternidad a veinte semanas y en el caso de las familias monoparentales se ha acogido la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, ampliando estos permisos para que los menores no se vean perjudicados en caso de haber un solo progenitor. Esta última cuestión ya está resuelta por el real decreto que votamos hace unas semanas, pero no lo estaba cuando se registró nuestra proposición de ley. Buscamos, fundamentalmente, que todos los acuerdos que tengan que venir en los permisos de maternidad, paternidad o cuidados se hagan siempre dentro del diálogo social. Y vuelvo a repetirlo en esta tribuna ―como lo hice la última vez que tuve la oportunidad de subir―: el diálogo social es esencial para defender los derechos de los trabajadores y para mantener la productividad de las empresas españolas. (Aplausos).
La tercera de las medidas es que reconocemos el derecho a la flexibilidad y a la desconexión digital. Apostamos por crear un banco de horas para adaptar los horarios sin penalizaciones. Esta es una ley que respeta el equilibrio entre la productividad y el bienestar, y ese tipo de corresponsabilidad es esencial porque es la única que dará respuestas de verdad a los problemas que existen.
En cuarto lugar y en paralelo, estamos dispuestos a impulsar un plan nacional de conciliación y corresponsabilidad que tiene algo que es esencial en las políticas públicas, y es la evaluación. Se evaluará en sede parlamentaria si las medidas funcionan o no para hacer que nuestro presupuesto y nuestros impuestos sean lo más eficientes posible.
En quinto lugar, apoyamos a los autónomos, a ese sector tan importante en nuestra sociedad al que ustedes, señores del Grupo Socialista, señores y grupos que apoyan al Gobierno, han vuelto a dar en el día de ayer un sablazo. Apoyamos a los autónomos, a las pymes y a quienes crean empleo, porque la conciliación no se puede construir contra las empresas, sino que hay que trabajar con ellas siempre en el diálogo social y de la mano de empresarios, autónomos y pymes. Por eso apostamos por bonificaciones para sustituir a trabajadores durante bajas de maternidad o paternidad, apostamos por ventajas en contratación pública para empresas que tengan en marcha un plan de conciliación, y por una cuota cero de veinticuatro meses para las autónomas que se reincorporen tras una excedencia.
Apostamos por medidas que refuercen los derechos de las familias monoparentales, de quienes tienen hijos con discapacidad, de las familias numerosas y de quienes viven en el mundo rural. Posiblemente, el punto de salida no sea el mismo para todos, pero el punto de llegada debe serlo porque hay que darle más a quien lo tiene más difícil. (Aplausos).
Somos partidarios, por supuesto, de deducciones fiscales porque queremos una fiscalidad que reconozca también a quien cuida. Y, en definitiva, queremos menos teoría, menos discurso, que no se invadan las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, queremos más soluciones. Menos teoría, sin invadir competencias, y más soluciones, que es lo que los españoles quieren en este momento.
No puedo irme de la tribuna sin hacer referencia a algo que me parece esencial. Esta proposición de ley se registró aquí en el año 2024 y el Gobierno la vetó. Me gustaría preguntar en sede parlamentaria qué pretendía el Gobierno con ese veto. ¿Parar el reloj de las familias españolas? ¿Esconder que la conciliación, claramente, no es su prioridad? ¿Evitar retratar sus prioridades presupuestarias? ¿Dilatar el cumplimiento de la transposición de la directiva europea? ¿Qué pretendían exactamente el Grupo Socialista y el Gobierno con ese veto? Vetar esa ley en sí, ese hecho es un mensaje, y el mensaje es que el Gobierno tiene otras prioridades antes que las familias. La excusa fue presupuestaria, cuando sabemos que han sido capaces de encontrar partidas presupuestarias de miles de millones de euros para atender las exigencias de sus socios, para el cupo separatista o para intervenir empresas privadas. (Aplausos). Y esto de no buscar partidas presupuestarias a nadie le extraña, porque piensen que llevan un año sin encontrar 230 millones de euros en los presupuestos para atender las demandas y necesidades de los enfermos de ELA y de sus familias. (Aplausos).
La conciliación, señorías, no puede esperar. A las familias ya no les sirven estas respuestas, a la economía no le conviene y a Europa no le cuadra. Por eso, les pedimos que inviertan en conciliación, que nos ayuden a debatir esta ley y que la enriquezcamos entre todos, porque deben saber que si invertimos en conciliación y corresponsabilidad permitiremos que la igualdad sea una realidad en nuestro país, que se creen 2,9 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres y que el producto interior bruto crezca en 255 000 millones de euros.