La verdad es que nos alegra oír que van a estar del lado de la ciudadanía, de los movimientos sociales y de todas aquellas personas, que se cuentan por millones, que claman por la paz, la justicia y por la existencia del Estado de Palestina. Permítame, entonces, que traiga las reflexiones y las peticiones de dos voces, que creo que son autorizadas, dentro de esa ola de indignación por lo que está sucediendo en Palestina y por el genocidio en Gaza. La primera es la de Olga Rodríguez, periodista, experta en temas de Palestina. Ella pide que se cumpla con la Convención sobre el Genocidio, que no tiene que hacer otra cosa que prevenir y sancionar a quien lo comete, y a la Corte Internacional de Justicia que impida las relaciones comerciales que contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos. La otra voz es la de Francesca Albanese. Ella decía que hay que cortar las relaciones estratégicas, militares y económicas con el Estado de Israel. Sinceramente ―no se lo oculto―, para nosotros y para nosotras la conclusión es evidente desde hace mucho tiempo: Israel no merece otra respuesta internacional diferente a la que tuvo Sudáfrica durante la época del apartheid, un bloqueo absoluto y total para hacer caer una realidad absolutamente indigna a los ojos de la dignidad de la humanidad. Pero, en cualquier caso, y por aterrizar en lo concreto, hoy, en este momento, otra flotilla, en este caso Thousand Madleens, está siendo intervenida por el Estado de Israel. En ella también viajan ciudadanos europeos y, más concretamente, ciudadanos del Estado español, al menos dos. Desde esa flotilla, desde la Flotilla Thousand Madleens, que ha sido intervenida anoche por el Estado de Israel ―podríamos decir que secuestrados y detenidos sus integrantes como lo fueron los de la Global Sumud―, le piden tres cosas. Le solicitan una declaración pública y diplomática de advertencia al Gobierno de Israel. Le piden que lleve a cabo acciones coordinadas con otros Estados europeos por su seguridad. Y, finalmente, le piden que se reafirme el compromiso del Estado español con el derecho internacional, con la protección de civiles y con la defensa de misiones humanitarias. Peticiones muy explícitas y claras sobre las que creemos que, sumado como está el Gobierno a esa ola de indignación, bien podrían pronunciarse.