Proposición de Ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos.

Presidente andrea, diputatuak, lehenik eta behin, arratsalde on. Creo estar convencido de que yo no soy el único diputado de esta Cámara al que muchas veces le inquieren en la calle sobre la utilidad que tiene este hemiciclo, cuando lo que ven son debates que o se alejan de sus preocupaciones o muestran probablemente la cara más tosca de la política, la del enfrentamiento directo, con pocos argumentos, pero con grandes epítetos. Y yo hoy quiero hablar de vivienda y creo que hablando de vivienda por lo menos justificamos un poco aquí nuestra presencia, dado que ―y en esto sé que no me equivoco― sabemos que estamos hablando del principal problema que afecta a los ciudadanos y las ciudadanas, tanto de Euskal Herria como del Estado español. Estamos hablando, cuando hablamos de vivienda en cualquiera de sus variables o vertientes ―y hoy lo haré de una en concreto―, de una dificultad objetiva para desarrollar un proyecto de vida digno. Estamos hablando del mayor factor de desigualdad que existe en nuestra sociedad. En esta Cámara, donde tantas veces se ha invocado la igualdad efectiva y real de todos los españoles, sería importante que fuésemos capaces también de entender que el principal factor de desigualdad en esta sociedad se da entre quien tiene vivienda o quien tiene garantizado que va a tener una vivienda, bien sea por herencia u otra cosa parecida, y quien no la va a tener nunca, porque por mucho que trabaje sus salarios nunca le alcanzarán para poder pagar una vivienda. En definitiva, cuando hablamos de cualquier elemento de vivienda ―y como he señalado hace un momento, yo lo haré hoy de uno muy concreto y muy limitado también en su acción―, estamos hablando de hacer frente a la mayor crisis habitacional que están teniendo nuestras sociedades desde hace décadas. La misma crisis habitacional que hace que día tras día nos amanezcamos con titulares como el que hoy, por ejemplo, lleva el periódico de mayor tirada en la Comunidad Autónoma vasca, que señala que el sinhogarismo, que las personas sin hogar, las que viven en la calle, ha crecido un 100 % en Vitoria en solo cinco meses. No es, seguramente, por una gestión ineficaz de las instituciones locales. Es fruto de una coyuntura mucho más compleja, mucho más endiablada, si se quiere. Tiene que ver con la falta de emancipación de las generaciones más jóvenes; tiene que ver con los procesos de gentrificación que expulsan a la gente de los lugares donde ha vivido siempre para convertirlos en escenarios turísticos al servicio o a demanda de quienes vienen de fuera; en definitiva, tiene que ver con todo aquel que antepone la posibilidad de obtener un beneficio a un bien frente a los que consideran que la vivienda tiene que ser un derecho y, por tanto, que cualquiera acción pública y política es poca hasta que no se garantice el derecho a la vivienda para todos y todas. Y, por eso, traemos hoy una iniciativa concreta, como digo ―y soy sincero―, de eficacia premeditadamente limitada porque no quiere en modo alguno legislar lo que no le corresponde, porque no quiere invadir competencias de ninguna Administración ni autonómica ni local, pero sí quiere que aquel que puede legislar en aquello que le es materia exclusiva ―y hablo de las grandes plataformas digitales― haga lo que pueda hacer y está en su mano. Y la traemos desde dos premisas argumentales, sabiendo y siendo conscientes de que habrá quien penalice esta iniciativa porque el proponente es Euskal Herria Bildu, y eso será razón o motivo más que suficiente para votarla en contra. Bien, están en su derecho, pero piensen siquiera un segundo en toda la gente a la que van a penalizar para penalizarnos a nosotros, en toda esa gente que se va a convertir en chivo expiatorio de sus odios atávicos hacia Euskal Herria Bildu. Como decía, solo hay dos premisas argumentales que nos han movido a traer esta iniciativa: una es el sentido común y la otra es el respeto competencial; el mismo respeto competencial que exhibimos en la ley de vivienda de 2003 cuando pedimos que esta materia de la que hoy vamos a debatir fuera excluida del texto de la ley porque correspondía a las comunidades autónomas, y hablo de las viviendas turísticas. La misma disposición al respeto al marco competencial que viene regulada a lo largo de las dieciocho páginas que contempla esta proposición de ley y que viene de manera expresa reflejada en la disposición adicional primera. Y es que esta Proposición de Ley sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos en las grandes plataformas digitales ―y esta es la parte más sustantiva de todo ese enunciado― pretende, precisamente, que ese espacio de impunidad en que se han convertido las plataformas digitales deje de serlo. No sobreabunda en la regulación, sino que pretende regular un espacio que está absolutamente desregulado y donde las instituciones, cuando hacen algo, lo hacen a posteriori, siempre para pedir que se deje de hacer y nunca previniendo que se pueda siquiera llegar a hacer.

Lo hacemos recogiendo los mandatos del Reglamento de la Unión Europea 2024/1028 y lo hacemos también recogiendo y desarrollando el Real Decreto 1312/2024, que se aprobó en este mismo hemiciclo en 2024. Y lo hacemos porque la realidad a día de hoy ―no la que nos gustaría que existiera, ni la que uno tergiversa para que exista, sino la que existe realmente― es que entre un 40 % y un 90 %, según el estudio al que nos acojamos, de las viviendas que se ofertan en esas grandes plataformas digitales, de las que a buen seguro sus señorías habrán hecho uso en alguna ocasión, son viviendas turísticas irregulares o ilegales, sin ningún tipo de licencia ni de permiso, que tienen que dar los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que en modo alguno planteamos que dejen de hacerlo. Eso está provocando una ruptura del equilibrio social e incluso del equilibrio ecológico. Y para ser más claro en lo que pretendemos, lo señalaré de manera taxativa y clara, para que nadie tenga que interpretarnos.

¿Qué pretendemos? Pretendemos que se regule y se controle la publicidad y la publicación de los anuncios en grandes plataformas digitales. Tan solo eso y nada más que eso, que no es poco, teniendo en cuenta los datos. No nos planteamos cuáles tienen que ser viviendas turísticas, no nos planteamos qué condiciones tienen que cumplir, porque sabemos que eso lo tienen que hacer los ayuntamientos y las comunidades autónomas, y queremos que siga siendo así en aras de la descentralización y de la democratización del Estado. Planteamos que ese segmento del mercado desregulado que accede a las plataformas digitales para obtener un beneficio, una remuneración, deje de hacerlo porque las plataformas digitales se vean obligadas a hacer a priori lo que ahora solo hacen a posteriori. Y es verdad que el Gobierno, el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Vivienda han conseguido retirar de las plataformas digitales cientos de miles de viviendas ilegales. Pero no es menos cierto que, de la misma manera que las han retirado, pueden volver a poblar las plataformas digitales. Y de lo que se trata, por tanto, es de que no puedan seguir haciendo eso y de que no estemos jugando continuamente al juego del gato y el ratón.

¿Y por qué queremos hacer eso? Para acabar con las irregularidades. No planteamos ya siquiera una situación absolutamente intervencionista de esta parte del mercado de la vivienda. Planteamos que no haya espacio para la impunidad. Y lo planteamos desde todas las vertientes ―por eso les he hablado del sentido común que puede dar sentido a una iniciativa así―, porque una vivienda irregular que obtiene una contraprestación económica por su alquiler de días o de temporadas cortas lo hace causando perjuicios a los vecinos, que viven soportando una vivienda turística que no ha pedido licencia, que no tiene registro de actividad, que puede no cumplir las condiciones de salubridad, pero que molesta a todos los vecinos por cuanto no es siquiera legal ni ha pasado por ningún filtro de ningún ayuntamiento ni de ninguna comunidad autónoma. Lo hacemos también pensando en los arrendadores legales, en todos aquellos que van a otra ciudad a pasar unos días y se encuentran con que aquello que han alquilado resulta ser un tugurio o un cuchitril, elijan la palabra que mejor les venga. Lo hacemos para acabar con la vulnerabilidad que tienen también aquellos que sí han pedido la licencia, se han registrado y pagan impuestos por su actividad económica. Lo hacemos, en definitiva, por todas y todos los ciudadanos, porque cada vivienda irregular que se alquila es un dinero que sigue alimentando la noria de la economía sumergida y del dinero negro por cuanto no tributa y, por consiguiente, no hay un dinero que tendría que ser del Estado para poder dedicarlo a otras cosas. Y en estos días estoy seguro y convencido de que a muchos y muchas de nosotros se le ocurren miles de cosas a las que podríamos dedicar más recursos públicos, desde las mamografías en Andalucía hasta otras muchas cuestiones.

Y lo hacemos también para acabar con la gentrificación de nuestros barrios. Y sé que la palabra gentrificación empieza a sonar cada vez más en nuestros oídos, pero sé que sigue siendo un término, un concepto, que a veces parece extraño para mucha gente. No es sino el fenómeno de expulsión de la gente que ha vivido siempre históricamente en una realidad para convertirla en otra porque no puede soportar ya vivir ahí. Quizás mejor que entender lo que yo estoy diciendo es hacer seguimiento a una serie, a una comedia con ribetes ácidos como Poquita fe en su segunda temporada, para entender qué es la gentrificación y qué provoca.

Como decía, ¿dónde pretendemos llevar a cabo esta iniciativa? En una acción decidida para controlar y regular la publicidad y publicación en las plataformas inmobiliarias, en las webs que seguramente todos y todas tenemos en la cabeza y que podríamos recitar tal cual fuera la alineación de nuestro equipo de referencia. ¿Y cómo pretendemos hacerlo? Complementando instrumentos que ya existen, no nos los estamos inventando. Pueden gustarnos más o menos, pero si existen, que tengan utilidad porque obedecen a una lectura de marco estatal, de una ley estatal en este caso, que es la que tiene que ver con el registro único de arrendamientos, vinculado de alguna manera al área de arrendamientos urbanos, y es la que tiene que ver con la Ventanilla Única Digital. Queremos que esto se haga desde el respeto a la protección de datos, porque se puede hacer. Y a esto le añadimos un régimen sancionador para que incumplir la ley no le salga barato a quienes sacan beneficios escandalosos de manera reiterada precisamente por eso, por incumplir la ley.

Esta proposición de ley consta de cuatro títulos, veinticinco artículos y nueve disposiciones. El título I habla de la publicidad, publicación y contratación, o ―lo que es más preciso― de su objeto y ámbito de aplicación, desde el respeto competencial, como así lo refiere en la propia página 2 de la ley. El título II hace referencia a las obligaciones que han de tener las empresas prestadoras, las grandes plataformas digitales ―nuevamente las señalo―, a la hora de ofertar esos servicios: lo que tiene que ver con el número de licencia, con el número de registro, con la naturaleza jurídica o con el número de bienes que ofertan dentro de una misma lógica de propiedad. El título III tiene que ver con el procedimiento de verificación. Son las propias plataformas las que tienen que verificar que aquello que ofertan es legal. ¿Se imaginan ustedes, señorías, que hubiera plataformas de cualquier tipo que ofertaran servicios absolutamente ilegales e irregulares y no pasara nada? Me da igual que fuera en el ámbito del intrusismo profesional, en el ámbito de la sanidad o en cualquier otro terreno que roza lo ilícito o directamente lo penal. Por último, termino con el título IV, que establece un régimen sancionador, con faltas muy graves, graves y leves, que van desde los 10 000 euros hasta el millón de euros, para que las plataformas tengan mucho cuidado a la hora de seguir ganando un pequeño porcentaje de cada vivienda irregular que cuelan dentro del sistema.

Termino ya. Votar en contra de esta proposición de ley hoy para alguna gente será solo cuestión de votar en contra de Euskal Herria Bildu. Para la mayoría de la gente será volver a poner un obstáculo para empezar a hacer cosas efectivas en materia de vivienda. Seguramente, a la mayoría de la gente le reconfortará entender que su realidad insoportable empieza a ser menos insoportable porque, aunque sea de manera lenta, de manera cuidada, de manera limitada para no invadir competencias, estamos intentando hacer cosas para subvertir una realidad que es de todo menos digna, que es la de la falta del derecho y acceso a una vivienda digna y asequible.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. No vamos a votar nunca en contra de una admisión a trámite sobre un asunto tan relevante como el que tenemos delante. Lamento la cantidad de escaños vacíos que se llenarán ―siempre se llenan― mañana en la sesión de control, cuando llegue el momento de los insultos y de los golpes, pero ahora hablamos de un tema que tiene a buena parte de los españoles hablando solos ―creo que no hay mejor forma de decirlo― y el interés vuelve a ser palpable en esta Cámara. Igual que digo eso, digo que hay cosas que no nos convencen, que hay cosas que ya están en marcha, que ya están funcionando. No queremos duplicidad de órganos, no queremos más burocracia, no queremos que se le complique más la vida a la gente. Simplifiquemos y tomemos decisiones. La ministra decía en una carta dirigida a las comunidades autónomas que el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, instrumentos destinados a recogida e intercambio y control de los servicios de alquiler, estaban funcionando, hasta el punto de que en su primer año de funcionamiento más de 53 000 pisos ilegales habían sido retirados. Y al tiempo, decía algo muy importante: Señores, ustedes son los competentes en la regulación y en la ordenación, las comunidades autónomas. Por tanto, somos nosotros en nuestros territorios los que tenemos que regular de una vez. Como decimos en Canarias, algunos no quieren enfrentar esta papa caliente, pero hay que enfrentarla y sin dilación. En Canarias estamos ya en ponencia para tener antes de final de año nuestra ley reguladora, porque es a nosotros a quien compete y porque nadie puede regular igual que quien conoce el territorio y cada una de sus islas, donde no hay una sola cama hotelera y donde hay sobrepoblación, donde hay despoblación y envejecimiento, donde tenemos un problema de exceso de camas hoteleras y de falta de camas para trabajadores, de falta de hogares para trabajadores. No ha sido fácil. Se ha prorrogado muchas veces el plazo de enmiendas. Ha sido difícil. Muchos de ustedes me preguntaron hace algunos meses, cuando recibían correos electrónicos de una plataforma en defensa del alquiler vacacional que les tupió los servidores, que qué estaba pasando. Pues estaba pasando eso: que cogimos la papa caliente, que estamos regulando, que nos toca a nosotros, que somos los que mejor podemos hacerlo por el conocimiento de nuestro territorio, por el derecho al autogobierno. Y aún con todo eso y con la preocupación que nos dan las leyes de talla única para todo el Estado, creemos que este debate hay que tenerlo. Apoyamos la admisión a trámite y creemos que nada malo puede salir de que hablemos con claridad de las medidas que deben tomarse de manera inmediata.

Termino. Respecto a la iniciativa anterior, he oído por ahí que Cataluña es pionera porque en 2010 prohibió los toros. Canarias los prohibió en el año 1991. Y por supuesto que vamos a apoyar esa iniciativa popular. Que los territorios decidan. Y no hablemos de cosas y barbaridades que se han considerado cultura tantos siglos atrás.

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A verdade é que ultimamente son numerosas aquí as propostas e os debates en relación co problema da vivenda. Claro, polo menos por parte daquelas forzas políticas que temos un interese real en resolver os problemas sociais, non das que veñen a falar doutras cousas. É normal porque hoxe hai unha crise habitacional que leva a que a vivenda sexa non só percibida, vista, vivida, sufrida como o principal problema da sociedade na Galiza. todos os inquéritos, todas as sondaxes de opinión realizadas nos últimos tempos sitúan a vivenda como o primeiro problema, pero só hai que falar con calquera rapaz, con calquera rapaza, para decatarse da dimensión que alcanza este problema, con un crecemento exponencial dos prezos da vivenda en compravenda, pero tamén con alugueres absolutamente imposíbeis, con prezos totalmente disparados que impiden, por exemplo, que un mozo, unha moza poida emanciparse, poida iniciar un proxecto de vida independente. Neste crecemento disparado dos prezos xoga un papel indiscutíbel, xogaron un papel indiscutíbel, os alugueres turísticos que proliferaron aproveitando unha regulación laxa ou insuficiente, a falta de regulación en moitos casos, que proliferaron sen control desde estar nun limbo até a irregularidade ou directamente, como dicía o propoñente, a ilegalidade. Unha falta de control da que son responsábeis as principais administracións públicas e do Estado, e tamén loxicamente das comunidades autónomas, que teñen a competencia. O goberno do Estado que se nega, por exemplo, a topar os prezos dos alugueres, adoptar tamén medidas máis contundentes en relación cos alugueres de temporada, cos alugueres turísticos, cos alugueres por cuartos. Hai que lembrar que nós trouxemos conxuntamente con outras forzas políticas aquí unha proposta no seu sentido ou dun partido, nese sentido, dun Partido Popular que polo menos desa Galiza, o único que fai é xogar contra aqueles concellos que tentan poñer solucións. O concello de Santiago de Compostela, por exemplo, foi o primeiro da Galiza que aprobou unha ordenanza que regula as vivendas de uso turístico, pero faino non só case en solitario, senón coa animadversión dun partido Popular que é forofo absoluto do mercado cando lle interesa e cando iso permite que os seus amigos, os fondos voitre, os grandes tenedores inmobiliarios, poidan facer negocio á conta da especulación, sacrificando, iso si, as vidas e os soños de millares de persoas. Nós estamos aquí para outra cousa, por tanto, agradecemos a iniciativa de Euskalerria Bildu e loxicamente votaremos a favor da toma en consideración. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La verdad es que últimamente son numerosos aquí las propuestas y debates en relación con el problema de la vivienda, por lo menos por parte de aquellas fuerzas políticas que tenemos un interés real en resolver los problemas sociales. Otros prefieren hablar de otras cosas. Bien, es normal porque hoy hay una crisis habitacional que lleva a que la vivienda sea no solo percibida, vista, vivida, sufrida como principal problema de la sociedad. En Galiza todos los sondeos de opinión realizados en los últimos meses sitúan a la vivienda como primer problema. Pero solo hay que hablar con cualquier chico o chica para darse cuenta de la dimensión que este problema alcanza, con un crecimiento exponencial de los precios de la vivienda en compra y venta, pero también con alquileres absolutamente imposibles y con precios totalmente disparados que impiden, por ejemplo, que una persona joven se pueda emancipar y que pueda iniciar un proyecto de vida independiente.

En este crecimiento disparado de los precios juegan y han jugado un papel indiscutible los alquileres turísticos, alquileres turísticos que han proliferado aprovechando una regulación laxa e insuficiente, a veces la falta de regulación, que han proliferado, como digo, sin control, desde estar en un limbo hasta la irregularidad o directamente, como decía el proponente, la ilegalidad. Una falta de control de la que son responsables las principales Administraciones públicas, también la del Estado, y, lógicamente, la de las comunidades autónomas, que tienen la competencia. Un Gobierno del Estado, por ejemplo, que se niega a topar los precios de los alquileres y a adoptar medidas también más contundentes en relación con los alquileres de temporada, alquileres turísticos, alquileres por habitación, etcétera. Hay que recordar que, junto con otras fuerzas políticas, nosotros ya hemos traído varias propuestas a este respecto, y está ahí la posición de un partido como el Popular, que por lo menos en Galicia lo que hace es ir en contra de aquellos ayuntamientos que intentan poner soluciones. El Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por ejemplo, fue el primero en aprobar una ordenanza que regula las viviendas de uso turístico y lo hace no solo en solitario, sino con la animadversión de un Partido Popular que es forofo absoluto del mercado cuando le interesa, cuando eso permite que sus amigos, los fondos buitre, los grandes tenedores inmobiliarios puedan hacer negocio a cuenta de la especulación, sacrificando, eso sí, las vidas y los sueños de miles de personas. Nosotros estamos aquí para otra cosa y, por lo tanto, agradecemos la iniciativa de Euskal Herria Bildu y, lógicamente, votaremos a favor de la toma en consideración.

Muchas gracias.

Gracias, señora presidenta. El debate en el día de hoy no va solo sobre los pisos turísticos, sino sobre el modelo de país que queremos construir, un país donde la vivienda sea un derecho y el territorio sea un bien común o uno donde todo sea susceptible de ser vendido al mejor postor. Cuando hablamos de esta cuestión, no estamos hablando del fenómeno de los pisos turísticos únicamente; eso es la punta del iceberg. A lo que verdaderamente nos estamos refiriendo es al modelo depredador que hoy está vigente, un modelo que lo devora todo: devora nuestros barrios, devora nuestros ecosistemas y nos devora hasta la propia vida. Eso en mi tierra lo sabemos bien. En Canarias, uno de los casos más sangrantes es el del Puertito de Adeje, un ejemplo absolutamente obsceno, donde se pone el interés privado por encima del interés general, del bien común, para salvaguardar los intereses de un complejo turístico de lujo, incluso poniendo a disposición de esos intereses privados todos los recursos del Estado, bien sea la policía, los tribunales o bien sea la respuesta a través del silencio institucional. Y no les basta con eso, sino que el otro día, en la última concentración que se hizo contra el Puertito de Adeje, se estaba tratando a los y a las activistas como auténticas criminales, con registros indiscriminados, con drones sobrevolando la concentración, con policía armada protegiendo la finca donde seguían y continuaban las obras privadas que destruyen y deterioran nuestro territorio. Esto me parece más que preocupante y por eso estamos a favor de esta propuesta que viene de la mano del Grupo EH Bildu. Creemos más que necesario poner fin a este tipo de especulación. Es importante regular la publicidad, también la contratación de pisos turísticos ilegales, y acabar con todo este desmadre que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos. Para ello necesitamos una ley efectiva y no solo un manual de buenas intenciones. Por eso nos parece muy correcto buscar sanciones que de verdad repercutan y que duelan a aquellas plataformas que cometen estas irregularidades, para que no lo vuelvan a hacer en el futuro. Y también que por parte de las Administraciones haya un mayor compromiso para que haya inspecciones que eviten que se sigan cometiendo este tipo de malas prácticas. En definitiva, en esta lucha nos van a encontrar a su lado. Gracias.

Gracias, presidenta. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, aunque dudamos de la oportunidad temporal, sobre la que volveré más tarde, además de las carencias en su formulación, sobre todo de ámbito competencial, que de admitirse a trámite deberían ser corregidas, para lo cual mi grupo presentaría enmiendas. En relación con la oportunidad, en los tres ámbitos ―Estado, Euskadi y Europa― se han dado pasos para abordar esta realidad, aunque con diferentes resultados. En el ámbito estatal, existe en la actualidad una gran cantidad de iniciativas legislativas que siguen sin tramitarse. Por su dispersión, es difícil realizar una evaluación integral, tal y como demanda el reto de la vivienda, lo cual, además, está impidiendo obtener los resultados deseados. En el Congreso son numerosas también las iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, entre ellas una proposición como la ley del suelo, que se echó atrás por intereses partidistas. En lo referente a Euskadi, aunque el grupo proponente obvia este dato, se está tramitando una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista para suspender nuevas declaraciones responsables para viviendas turísticas en zonas de mercado tensionado, con sanciones para los alquileres que incumplan las obligaciones en dichas zonas, sin olvidar, además, la ley de turismo y las ordenanzas municipales allí donde se han desarrollado, como en Donostia. Por dar un dato: en Donosti, en 2015, al inicio del mandato de Eneko Goia, había 2200 viviendas de uso turístico y gracias a las medidas adoptadas por el ayuntamiento esa cifra ha bajado a 1300. En Europa, en 2024, también se aprobó el reglamento de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ya establece la obligación de la obtención del número de registro para las viviendas de uso turístico y que entró en vigor en el Estado mediante real decreto en diciembre de ese mismo año. Con esta iniciativa que debatimos hoy se propone intensificar el control de las plataformas o empresas que presten servicios de alquiler de alojamientos de corta duración sin cumplir los requisitos legales. Sin embargo, se obvia que desde la entrada en vigor del registro único los controles han supuesto ya la retirada de más de 65 000 anuncios de viviendas turísticas por no incluir el número de licencia obligatorio. Además, son objeto de seguimiento más de 54 000 anuncios que no disponen de este número de registro oficial y se mantienen abiertos expedientes sancionadores contra gestoras de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares. Lo que nos lleva a preguntarnos si esta nueva iniciativa es necesaria y proporcional, ya que, sin haberla tramitado, la intensificación de los controles sobre los propios pisos turísticos ha hecho que se haya bloqueado la publicidad de buena parte de las viviendas que no cumplían los requisitos legales. Puede considerarse, sin embargo, que esta iniciativa aporta una mayor clarificación en cuanto a las obligaciones y a su incumplimiento por parte de las plataformas, no por parte de los arrendadores o anfitriones, a los que no se les sanciona con esta proposición, sino con la normativa ya existente; en el caso de Euskadi, con la ley de turismo y las ordenanzas municipales. Lo más significativo, sin embargo, es el régimen sancionador, desproporcionado, a nuestro entender, pero esto merece otro debate. En relación con el ámbito competencial, en Euskadi ya están reguladas las viviendas de uso turístico en la ley vasca de turismo y en su decreto de desarrollo. Los pisos turísticos deben inscribirse de acuerdo con esta normativa. El control de la información y la protección de los consumidores corresponde a la Administración autonómica, que puede sancionar, como ya lo está haciendo, a los operadores turísticos por publicidad engañosa o incumplimiento de la obligación de información. Y aunque esta proposición declara expresamente que no menoscaba estas competencias autonómicas y locales, limitando ―se dice― su actuación a la publicidad y contratación en plataformas como empresas prestadoras de servicios, no solo se habla de plataformas en línea, sino también de empresas prestadoras de servicios que publiciten, promocionen, publiquen o anuncien la contratación de viviendas turísticas y de corta duración mediante cualquier medio analógico o digital. Es decir, que una inmobiliaria de Hernani también entraría en este objeto, lo cual consideramos que correspondería a Euskadi. Se le da pie al Estado a entrar donde no le corresponde. ¿Va a ser la unidad especializada estatal la encargada de las labores de inspección en todo caso? Debería, por lo tanto, si esta proposición iniciara su trámite, plantear una relación más cuidadosa con el ámbito competencial. De hecho, en su lectura, he creído reconocer más una propuesta del Grupo Parlamentario SUMAR, de ámbito estatal, que de un grupo independentista. Casi pareciera una ley del Ministerio de Consumo, sobre todo porque se les ha colado terminología como «territorio nacional» en referencia al Estado; un poco contradictorio para quien reivindica a la nación vasca.

En nuestro grupo interpretamos esta proposición como una enmienda de corrección a la ley de vivienda de 2023. Tal y como denunciamos cuando se aprobó dicha ley, el alquiler temporal y los pisos turísticos en particular eran puntos que dejaban una vía de escape a los propietarios que quisieran huir de su aplicación. Y esto no lo decía el Partido Nacionalista Vasco, lo dicen las personas expertas que vinieron a la comisión y los informes de la OCU. Por eso en el Partido Nacionalista Vasco hemos defendido siempre la necesidad de tomar medidas, también restrictivas, como en Bilbao y en Donosti. Y vamos más allá. Los grupos que apoyan al Gobierno vasco ―el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista― han presentado una proposición de ley, que hoy está en tramitación en el Parlamento vasco, que articula medidas para contrarrestar la reducción de la oferta de vivienda habitual, como la suspensión de nuevas viviendas turísticas en zonas tensionadas, no solo su publicidad, como hace esta proposición, y lo hacemos tanto en el marco de la ley de vivienda como en el de la ley de turismo. Pero ahí donde tienen que colaborar, señor Matute, parece que tienen otros intereses.

Asimismo, la proposición de ley de medidas urgentes de Euskadi propone la aplicación de un régimen sancionador y de control que refuerza la función social de la vivienda frente a usos especulativos. Estas medidas son necesarias y alguna más, tanto de control como de incentivo en la oferta, también desde la colaboración público-privada, incentivando a los propietarios para que opten por el alquiler habitual, con medidas fiscales, ayudas a la rehabilitación que reduzcan el número de viviendas deshabitadas de manera permanente e igualmente con modificaciones legales que den seguridad. Y, evidentemente, se necesitan medios económicos que perduren en el tiempo. Dicho esto, voy terminando.

Egia esan, EH Bilduk aurkeztu duen lege proposamenak nolabaiteko emendakina jartzen dio 2023an onartu Zuten Etxebizitza legeari. Agerian uzten duelako dituen gabeziak eta bere hutsuneak betetzera dator proposamen honek bilatzen duenarekin. Bestalde, legearen erredakzioan topatu ditugun zenbait terminologiak ere harridura sortu digu. Estatuko alderdi batek erredaktatutako ekimena dirudi, eta ez alderdi independentista batek. Baina hau zuzendu daiteke emendakinen bitartez. Eta amaitzeko, lege proposamenaren alde egingo badugu ere, eremu konpetentziaren hanka-sartzeak zuzentzeaz aparte, beharrezkoa iruditzen zaigu legebiltzar honetan dauden lege egitasmo guztien analisi bat egitea, etxebizitzaren erronka modu integralean aztertu eta neurriak hartzeko. Bestela, partxe bat bestearen gainetik jarriko dugu eta aspektu batean zuzentzen duguna, beste batean hankaz gora jarriko dugu.

Mila esker.

La verdad es que la proposición de ley presentada por EH Bildu supone una cierta enmienda a la ley de vivienda aprobada en 2023, puesto que pone de manifiesto sus carencias y viene a reconocer sus deficiencias con lo que busca esta propuesta. Por otro lado, nos han sorprendido algunos de los términos que se han usado en la redacción de la ley. Parece una iniciativa redactada por un partido estatal y no por un partido independentista, pero esto se puede corregir con las enmiendas.

Y, para terminar, aunque vamos a apoyar la proposición de ley, además de corregir los errores en el ámbito competencial, nos parece necesario hacer un análisis de todos los proyectos de ley que existen en este Parlamento, en esta Cámara, para analizar de forma integral el reto de la vivienda y tomar medidas. De lo contrario, estaremos colocando un parche encima de otro y, si bien estaremos corrigiendo un aspecto, estaremos poniendo patas arriba otro.

Muchas gracias.

Moltes gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. A veure, primer de tot, el que voldria fer és reconèixer que aquesta és una proposta legislativa que es veu treballada i que és rigorosa i que parteix d’una preocupació legítima i compartida per nosaltres, és a dir, que tracta d’evitar el frau i de garantir que l’activitat publicitària amb habitatges d’ús turístic sigui més transparent i ordenada. Junts per Catalunya compartim aquesta inquietud i valorem l’esforç que s’hi ha dedicat, que es veu que ha estat molt ingent. Ara bé, també permeti’m que els digui, i ja ho dic a l’avançada i amb tot el respecte, que la invasió competencial —q‌ ue veig que nosaltres no som els únics que també la fem palesa en aquesta cambra— doncs que la invasió competencial que planteja aquesta proposició de llei, tot i que segur que no és en absolut la seva voluntat, doncs, pot acabar convertint aquesta proposició de llei en què hagi de superar una qüestió una mica insalvable. Però anem per passos.

Aquesta proposició estableix un règim bastant complet de publicitat, però també de contractació, de verificació prèvia de llicències i de sanció. Tots aquests àmbits a Catalunya ja estan regulats, amb normes pròpies, que funcionen —‌he de dir— amb certes distorsions o certs desajustos que han de ser solucionats pel mateix Parlament català i que, a més, han estat fins i tot convalidades quant a si eren competències pròpies i exclusives pròpies de Catalunya i no pel mateix Tribunal Constitucional. Per tant, no hi ha dubte que són competències exclusives. A Catalunya fa dècades, anava a dir anys, no, dècades, que estem legislant en matèria d’habitatge i en matèria de turisme, des del Decret 75/2020 de turisme, que ja defineix què és habitatge d’ús turístic, en regula els requisits, la inscripció en el Registre de Turisme i el règim sancionador. En matèria de publicitat, el codi de consum, que ja garanteix també la comprovació de la publicitat veraç i que permet sancionar a plataformes, per exemple, que és el que vostès cerquen amb aquesta proposició legislativa, o amb la llei 13/2002 de turisme de Catalunya, que ja establia l’obligatorietat de la llicència, el règim sancionador corresponent. Ens preocupa el règim sancionador.

Per tant, aquesta proposició, en el cas de Catalunya, directament duplica alguna normativa i envaeix competències parcialment, però que són exclusives de la Generalitat. Potser en d’altres comunitats autònomes, no és el cas de vostès, doncs segurament els hi pot semblar bé, fins i tot els hi pot anar molt bé si no volen assumir responsabilitats, que algunes no volen. Segurament prefereixen que es legisli des de Madrid, però a Catalunya no. A nosaltres ni ens sembla bé ni mai ens ha anat bé quan s’ha legislat des de Madrid. Només una legislació catalana sense ingerències centralitzadores poden garantir la nostra singularitat —s‌ ’hi referia la diputada Valido— ajustades a les necessitats reals dels catalans i les catalanes. Duplicar legislació i tràmits no només és innecessari, sinó que és absolutament contraproduent i, per tant, nosaltres, si aquesta proposició legislativa s’admet a tràmit, estarem absolutament amatents que això no succeeixi, perquè no volem més inseguretat jurídica, que ja anem bastant sobrats els darrers anys, de causar-ne més.

Un altre aspecte que volia comentar que el títol d’aquesta proposició és clar. És el que ha dit el senyor Matutes, no?, regular la publicitat. Però és que després només cal llegir el seu preàmbul ple de referències a l’habitatge, al seu accés assequible, a la gentrificació, l’ús social de l’habitatge. De fet, en la seva intervenció s’ha referit precisament gairebé de forma exclusiva només a aquests temes. Per tant, de fet, el que volen regular és l’habitatge, cosa que a nosaltres ens sembla que no pertocaria. Per tant, si les coses queden clares, si el que es vol regular és el que diuen que volen regular, doncs, el nostre sentit del vot pot ser un i si no, el nostre sentit del vot pot ser un altre.

I a més, sí, s’ha plantejat per part de la companya del PNB un dubte sobre fins on s’estén aquest text i jo hi coincideixo. És a dir, literalment parlen d’arrendaments de curta durada remunerats. Això son els lloguers temporals. Això no són els turístics, és a dir, també ho són, però també són els temporals. Aquí no hi entrarem de cap de les maneres. És a dir, ja n’hem parlat sobradament d’aquest tema. I aquí ho estan com col·locant com en una regulació una mica encoberta. I nosaltres, doncs òbviament, aquí no hi estaríem d’acord.

Aquesta proposició, al nostre entendre, envaeix competències catalanes —‌ja ho he dit— en matèria de turisme i de consum, però també, com estic dient ara, en matèria de dret civil català i d’habitatge. I és cert que ho fa de forma subtil, però, per exemple, dona més protagonisme a un registre sí, que ja existeix. Ja sé que òbviament no el creen vostès, ja existeix el registre únic estatal, però li donen més protagonisme perquè volen establir una verificació prèvia de llicències. No sé, més tràmits, més burocràcia? Un règim sancionador tancat i fins i tot una unitat d’inspecció estatal que substituiria les funcions executives de la Generalitat? No, no ens acaba d’agradar, perquè això no és coordinació, no? Sembla una mica de recentralització que venint de vostès, no, no és així, segur. Però se n’hauria de parlar molt.

Jo, permeti’m acabar perquè veig que se’ns està fent el temps curt, en què Catalunya ja té les eines, entenem nosaltres, i el criteri per regular aquesta matèria i el que cal sempre és més confiança i respecte a l’autogovern, no noves lleis estatals que recentralitzin allò que està legislat des de la proximitat. Altra cosa és si es regulen altres coses que no estan regulades i que corresponguin exclusivament a l’Estat, que aquí, doncs, òbviament s’ha de treballar aquí.

I acabo. I això segurament no va per vostès ni per tots els partits nacionalistes d’aquesta cambra, però em veig obligada a dir que cada vegada que el Congrés aprova una llei que envaeix les competències de Catalunya no és només una qüestió jurídica, òbviament. És una qüestió de respecte institucional i de dignitat política, al nostre entendre. I Catalunya mai pot ser vista com una delegació administrativa. Catalunya és una nació amb les seves institucions pròpies, amb un Parlament que legisla, amb un govern que actua i amb una ciutadania que vol decidir el seu futur. Per això, Junts per Catalunya se’ns han plantejat tants dubtes a l’hora de donar suport o no l’admissió a tràmit d’aquesta proposició de llei. No perquè no vulguem evitar el frau —‌que ho volem— ni perquè no ens preocupa profundament les dificultats per accedir a l’habitatge —‌que ens preocupen— sinó perquè no acceptarem mai que es faci a costa del nostre autogovern ni del respecte a les nostres competències.

Acabo dient: Catalunya sap legislar, sap regular, sap governar i el que cal és més respecte a la Generalitat de Catalunya i menys centralisme. Volem continuar construint el nostre país, fidels a la nostra manera de fer i la nostra manera de ser.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, lo que querría hacer es reconocer que esta es una propuesta legislativa que se ve trabajada, que es rigurosa y que parte de una preocupación legítima y compartida para nosotros, es decir, trata de evitar el fraude y de garantizar que la actividad publicitaria con la vivienda de uso turístico sea más transparente y ordenada. Nosotros, en Junts per Catalunya, compartimos esta inquietud y valoramos el esfuerzo que se ha dedicado a ello, que ha sido ingente. Ahora bien, permítanme que les diga ―lo digo de antemano y con todo el respeto― que la invasión competencial ―creo que no somos los únicos, también lo ponemos de manifiesto en esta Cámara― que plantea esta proposición de ley, que sin duda no es su voluntad en absoluto, puede acabar convirtiendo esta proposición de ley en que tenga que superar una cuestión un poco insalvable. Pero vayamos por pasos. Esta proposición establece un régimen bastante completo de publicidad, pero también de contratación, de verificación previa de licencias y de sanción. Todos estos ámbitos ya están regulados en Cataluña, con normas propias que funcionan ―debo decir― con algunos desajustes que tienen que ser solucionados por el propio Parlament català y que, además, se han visto convalidados, en cuanto a si eran competencias exclusivas propias o no de Cataluña, por el propio Tribunal Constitucional. Así que no hay duda de que son competencias exclusivas. En Cataluña, hace décadas ―iba a decir años, pero no, son décadas― que legislamos en materia de vivienda y de turismo, desde el Decreto 75/2020, de turismo, que ya define qué es vivienda de uso turístico, regular requisitos, la inscripción en el registro de turismo y el régimen sancionador. En materia de publicidad, el código de consumo, que ya garantiza también la comprobación de la publicidad veraz y que permite sancionar a plataformas, como buscan ustedes con esta propuesta legislativa. O la Ley 13/2002, de Turismo de Cataluña, que ya establecía la obligatoriedad de la licencia y el régimen sancionador correspondiente. Nos preocupa el régimen sancionador. Por lo tanto, esta proposición, en el caso de Cataluña, directamente duplica alguna normativa y, además, invade competencias parcialmente, pero que son exclusivas de la Generalitat. Quizás en otras comunidades autónomas ―no es el caso de ustedes― pueda parecer bien, incluso les pueda ir muy bien, si no quieren asumir responsabilidades, que algunas no quieren. Seguramente prefieren que se legisle desde Madrid, pero en Cataluña no. A nosotros ni nos parece bien ni nunca nos ha ido bien cuando se ha legislado desde Madrid. Solo una legislación catalana, sin injerencias centralizadoras, puede garantizar nuestra singularidad, como decía la diputada Valido, ajustada a las necesidades reales de los catalanes y las catalanas. Duplicar legislación y trámites no solo es innecesario, sino que es absolutamente contraproducente y, por lo tanto, nosotros, si esta proposición legislativa se admite a trámite, vamos a estar a tiempo de que eso no suceda, porque no queremos más inseguridad jurídica, que ya vamos muy sobrados en los últimos años como para ir causando más. Luego hay otro aspecto que quería comentar, que es el título de esta proposición. Claro, es lo que ha dicho el señor Matute: regular la publicidad. Pero es que después basta leer su preámbulo, que está lleno de referencias a la vivienda: su acceso asequible, la gentrificación, el uso social de la vivienda. De hecho, en su intervención se ha referido precisamente, casi de forma exclusiva, a estos temas y, por lo tanto, lo que quieren regular es la vivienda, cosa que a nosotros nos parece que no corresponde hacer. Así que, si las cosas quedan claras y lo que se quiere regular es lo que dicen que quieren regular, nuestro sentido del voto puede ser uno y, si no, nuestro sentido del voto puede ser otro. Además, se ha planteado por parte del PNV una duda sobre hasta dónde se extiende este texto, y yo coincido aquí. Estamos hablando, literalmente, de viviendas de corta duración remuneradas; de eso se habla. Esos son alquileres temporales, no son los turísticos. También lo son, pero son los temporales. Y aquí no vamos a entrar de ninguna de las maneras. Ya hemos hablado sobradamente de este tema y aquí lo están colocando con una regulación un poco encubierta y nosotros aquí no estaríamos de acuerdo.

Esta proposición, en nuestra opinión, invade competencias catalanas ―ya lo he dicho― en materia de turismo y consumo, pero, como estoy diciendo ahora, también en materia de derecho civil catalán y en materia de vivienda. Y es cierto, lo hace de forma sutil, pero, por ejemplo, da más protagonismo a un registro único estatal que sí, ya existe ―ya sé que no lo crean ustedes― porque quieren establecer una verificación previa de licencias. No sé, más trámites, más burocracia, un régimen sancionador cerrado e incluso una unidad de inspección estatal que sustituiría las funciones ejecutivas de la Generalitat. No nos acaba de gustar porque eso no es coordinación; parece una recentralización, que, viniendo de ustedes, no es así, sin duda, pero habría que hablar mucho.

Permítanme concluir, porque veo que se nos está haciendo el tiempo corto. En Cataluña ya tenemos las herramientas ―así lo entendemos nosotros― y el criterio para regular esta materia. Y lo que hace falta siempre es tener más confianza y respeto hacia el autogobierno, no nuevas leyes estatales que recentralicen aquello que ya está legislado desde la proximidad. Otra cosa es que se regulen otras cosas que no están reguladas y que sean competencia exclusiva del Estado. Y aquí, obviamente, sí que se puede trabajar.

Y acabo. Esto no va por ustedes ni por los partidos nacionalistas de esta Cámara, pero me veo obligada a decir que cada vez que el Congreso aprueba una ley que invade las competencias de Cataluña, no es solo una cuestión jurídica, obviamente, es una cuestión de respeto institucional y de dignidad política, en nuestra opinión. Cataluña nunca puede ser vista como una delegación administrativa. Cataluña es una nación con sus instituciones propias, con un Parlamento que legisla, con un Gobierno que actúa y con una ciudadanía que quiere decidir su futuro. Por eso a Junts per Catalunya se nos han planteado tantas dudas a la hora de dar apoyo a la admisión a trámite de esta proposición de ley, no porque no queramos evitar el fraude, que lo queremos, ni porque no nos preocupen profundamente las dificultades para acceder a la vivienda, que nos preocupan, sino porque no aceptaremos que eso se haga a costa de nuestro autogobierno ni del respeto a nuestras competencias.

Acabo diciendo que Cataluña sabe legislar, sabe regular y sabe gobernar, y lo que hace falta es que haya más respeto a la Generalitat de Catalunya y menos centralismo. Queremos continuar construyendo nuestro país siendo fieles a nuestra forma de hacer y a nuestra forma de ser.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. És una evidència que el mercat de l’habitatge està descontrolat. Ho veiem cada dia a les nostres ciutats i als nostres pobles: famílies que no poden pagar el lloguer, joves que no poden emancipar-se, els veïns expulsats dels seus barris. L’habitatge s’ha convertit en el principal problema de moltes llars. L’emergència social, jo diria, més important de la nostra societat i el Congrés té l’obligació d’afrontar-ho amb regulació i no amb debats estèrils que omplen hores i hores de diaris de sessions i que, al final, no acaben servint per canviar la vida de la gent. L’única manera d’afrontar el problema és actuar des de tots els costats que hi influeixen. No hi ha una solució única i miraculosa. Cal regulació, cal control públic, impostos a l’especulació, inversió i valentia per intervenir al mercat. La proposició de llei que avui presenta Bildu és una branca més d’aquest arbre, la regulació de la publicitat dels pisos turístics il·legals. Però siguem clars, avui a l’Estat espanyol qualsevol pot posar un anunci en una gran plataforma digital i oferir un pis com a allotjament turístic sense que ningú li demani una llicència, sense haver d’acreditar res. I això genera un doble problema. Primer, destrueix el mercat de l’habitatge habitual. Cada pis que passa al mercat turístic és un pis menys per a una família. La reducció d’oferta fa pujar els preus, genera tensió i converteix els barris en parcs temàtics, com es fa evident des de fa anys si mirem ciutats com Barcelona, amb més de deu mil pisos turístics, on fins i tot Collboni, a qui li ha costat moltíssim moure’s en aquest àmbit, ha promès no renovar llicències a partir del 2028. En segon lloc, perjudica aquells que compleixen, també ho deia el company de Bildu, perquè evidentment hi ha gent que té una llicència turística i fa l’activitat segons les normes, però les grans plataformes digitals de manera indiscriminada anuncien pisos sense preguntar res, cosa que al final acaba generant competència deslleial i frau. Aquesta no-regulació no beneficia a ningú més que les mateixes plataformes i gegants digitals. Aquestes empreses guanyen dinerals ingents amb les comissions de cada anunci i cada reserva, però no fan res per garantir que allò que ofereixen sigui legal i inclús que sigui real. No comproven les llicències ni els números de registre, ni exigeixen cap documentació. I no ho fan simplement perquè no els interessa, perquè ells l’únic objectiu que tenen és créixer, cobrar i ser més i més rics amb aquestes comissions de cada transacció. El resultat és un mercat paral·lel fora de qualsevol control. Segons dades de diverses administracions i com diu la pròpia proposició de llei, entre un 40 i un 90 % dels anuncis de pisos turístics que es publiquen a les principals ciutats de l’Estat espanyol son il·legals. Jo quan ho vaig llegir vaig quedar de pasta de moniato: entre un 40 i un 90 %! Dades que converteixen aquestes pràctiques en autèntiques bombes de rellotgeria.

Aquesta proposició de llei fixa condicions clares: Les plataformes només podran publicar un pis si comproven que té llicència, si el número de registre és visible i si les dades de l’anunci coincideixen amb el titular real, a més de posar de manifest quants pisos té aquest titular. Si no hi ha verificació, aquell pis no pot sortir anunciat i encara menys es pot contractar una estada, i punt. I si s’incompleix, hi ha un règim sancionador amb multes que poden arribar a un milió d’euros i que, per tant, castiguen els casos més greus. Aquesta regulació nosaltres entenem que no substitueix competències de comunitats ni ajuntaments. El que fa és posar ordre en un terreny on només l’Estat pot actuar, que és la publicitat i la contractació digitals. Només l’Estat té competència exclusiva per regular la publicitat, el mercat, el comerç electrònic i la protecció dels consumidors.

No oblidem que ja hi ha un marc europeu que obliga a recollir i intercanviar dades sobre els allotjaments de curta durada. I Espanya ha creat aquest registre únic i una finestreta digital per aquests arrendaments. Però tot això seria paper mullat si les plataformes poguessin continuar o poden continuar anunciant els pisos sense fer cap comprovació de les llicències. I entenem que aquesta llei és o pot ser el complement necessari per garantir que això que diu la norma es compleixi a la pràctica.

Hem fet un repàs i a altres països europeus ja s’ha actuat en aquest sentit. Per exemple, a Grècia una nova llei introdueix una moratòria d’un any per a noves llicències en barris saturats d’Atenes, exigeix condicions mínimes d’habitabilitat i imposa multes de fins a 20 000 euros. Els primers resultats d’aquesta llei mostren més oferta de lloguer residencial i preus més estables. A Budapest, els veïns del districte històric van aprovar en referèndum prohibir els lloguers turístics a partir del 2026. És la primera capital europea que adopta una mesura així per decisió ciutadana, un exemple de democràcia local en acció. Londres aplica des del 2017 un límit de 90 nits anuals per pis turístic i obliga les plataformes com Airbnb a bloquejar automàticament els anuncis que els superin. Amb això es van reduir més d’un 30 % els pisos il·legals en el primer any. Per tant, es demostra que sí que es poden fer coses.

Cal tenir-ho clar: La crisi de l’habitatge és complexa, ve de dècades de males polítiques, d’especulació, de falta d’inversió, inclús de vendre el parc públic. I sí, cal intervenir el mercat i el mercat dels pisos turístics també cal intervenir-lo, vetllar perquè no estiguin encara més engreixat en pisos il·legals dins d’aquestes grans plataformes. Aquesta llei, com deia, no ho resol tot, però és un graó més dins d’una estratègia que hauria de ser global i que ha de tenir un objectiu clar, que és aconseguir que l’habitatge torni a ser un dret com l’educació o la salut, i no un bé de mercat. Fa mesos que ho diem: l’habitatge no pot ser per fer-se ric ni amb l’habitatge ni amb els negocis paral·lels que se’n deriven, com les grans plataformes de lloguers, que no poden seguir essent intocables. Han de complir unes normes bàsiques, verificar els anuncis i garantir que el que publiquen sigui legal i, si no ho fan, hauran de pagar multes importants.

La gent no pot esperar més. Els veïns són expulsats dels seus barris i no poden esperar més. Els joves no troben pis i no poden esperar més, i nosaltres, com a representants polítics, tampoc podem perdre més el temps, com deia abans, amb molt debat i poca regulació. Per això el nostre grup donarà suport a la presa en consideració d’aquesta proposició de llei, perquè creiem que és una eina útil que ens pot acostar a un objectiu que hauria de ser compartit, que és que tothom tingui dret a un habitatge digne, com deia, igual que té dret a anar al metge o igual que tenim tots, dret a portar els nostres fills a l’escola pública.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Es una evidencia que el mercado de la vivienda está descontrolado, y lo vemos cada día en nuestras ciudades y en nuestros pueblos: familias que no pueden pagar el alquiler, jóvenes que no pueden emanciparse, vecinos expulsados de sus barrios… La vivienda se ha convertido en el principal problema de muchos hogares, la emergencia social más importante, diría yo, de nuestra sociedad, y el Congreso tiene la obligación de afrontarla con regulación y no con debates estériles que llenan horas y horas de diarios de sesiones y que al final no sirven para cambiar la vida de la gente.

La única manera de afrontar el problema es actuar desde todos los lados que influyen, no hay una solución única, milagrosa. Hace falta actuación pública, impuestos, regulación y valentía para intervenir el mercado. La proposición de ley que hoy presenta Bildu es una rama más de este árbol, la regulación de la publicidad de los pisos turísticos ilegales.

Pero seamos claros. Hoy en el Estado español cualquiera puede poner un anuncio en una gran plataforma digital y ofrecer un piso como alojamiento turístico sin que nadie le pida una licencia, sin tener que acreditar nada, y eso genera un doble problema. En primer lugar, destruye el mercado de la vivienda habitual. Cada piso que pasa al mercado turístico es un piso menos para una familia. La reducción de ofertas hace subir los precios, genera tensión y convierte a los barrios en parques temáticos, como se hace evidente desde hace años en ciudades como Barcelona, con más de diez mil pisos turísticos ―incluso a Collboni le ha costado mucho moverse en esta dirección, le ha costado mucho no renovar licencias a partir de 2028―. En segundo lugar, también perjudica a quienes cumplen ―lo decía el compañero de Bildu―, porque hay gente que tiene una licencia turística y se atiene a las normas, pero las grandes plataformas digitales de manera indiscriminada anuncian pisos sin preguntar nada, cosa que al final termina generando una competencia desleal y fraude.

Esta no regulación no beneficia a nadie más que a las propias plataformas y gigantes digitales. Estas empresas ganan dinerales ingentes con las comisiones de cada anuncio y de cada reserva, pero no hacen nada para garantizar que lo que ofrecen es legal, incluso real. No comprueban las licencias ni los números de registro ni exigen ninguna documentación, y no lo hacen simplemente porque no les interesa, porque lo único que tienen como objetivo es crecer, cobrar y ser cada vez más ricos con estas comisiones de cada transacción. El resultado es un mercado paralelo fuera de cualquier control. Según datos de diversas Administraciones y como dice la propia proposición de ley, entre un 40 y un 90 % de los anuncios de pisos turísticos que se publican en las principales ciudades del Estado español son ilegales. Yo cuando lo leí me quedé pasmada: ¡entre un 40 y un 90 %! Son datos que convierten estas prácticas en auténticas bombas de relojería.

Esta proposición de ley fija condiciones claras: las plataformas solo podrán publicar un piso si comprueban que tiene licencia, si el número de registro está visible y si los datos del anuncio coinciden con el titular real, además de poner de manifiesto cuántos pisos tiene ese titular. Si no hay verificación, este piso no podrá salir anunciado, y todavía menos se podrá contratar una estancia. Y punto. Y si se incumple, habrá un régimen sancionador con multas que podrán llegar al millón de euros, en los casos más graves. Creemos que estas cuestiones no sustituyen competencias de comunidades ni ayuntamientos, sino que ponen las cosas en un terreno en el que puede actuar el Estado únicamente, el de la contratación digital y la publicidad. Es una competencia exclusiva regular la publicidad, el comercio electrónico y la protección de los consumidores. No olvidemos que ya hay un marco europeo que obliga a recoger e intercambiar datos sobre los alojamientos de corta duración, y España ha creado este registro único centrado en estos alquileres. Pero todo esto sería papel mojado si las plataformas pudieran seguir anunciando los pisos sin comprobación de licencias, y creemos que esta reforma puede ser aquello que hace falta para que lo que dice la norma se cumpla en la práctica.

Hagamos un repaso de otros países europeos. En Grecia ya se ha actuado en este sentido con una nueva ley, con una moratoria de un año para barrios de Atenas que establecen condiciones mínimas de estabilidad, con multas de hasta 20 000 euros. Esto demuestra que hay más oferta de alquiler residencial y precios más estables. En Budapest los vecinos del centro histórico aprobaron que a partir de 2026 no habría pisos turísticos. Es la primera ciudad europea que adopta esta medida por iniciativa ciudadana. Londres, desde 2017, aplica un límite a los pisos turísticos, y a Airbnb la obliga a detener los anuncios que superan ese umbral. Se han reducido en más de un 80 % los pisos anunciados en un primer año. Así que se pueden hacer cosas, hay que tenerlo claro.

La crisis de la vivienda es compleja, viene de décadas de malas políticas, de falta de inversión, incluso de vender el parque de vivienda pública. Sí, hay que intervenir el mercado de los pisos turísticos para que no esté todavía más engrasado con pisos ilegales en estas plataformas. Esta ley no lo resuelve todo, ya lo decía yo, pero es un paso más dentro de una estrategia que debería ser global y que debería tener un objetivo claro: conseguir que la vivienda vuelva a ser un derecho, como la educación o la salud, y no un bien de mercado. Hace meses que lo decimos: la vivienda no puede ser para hacerse ricos, ni la vivienda ni los negocios paralelos que se derivan de ella, como las grandes plataformas de alquileres. No pueden seguir siendo intocables, tienen que cumplir unas normas básicas, comprobar anuncios y garantizar que lo que se publique sea legal y, si no lo hacen, tendrán que pagar multas importantes.

La gente no puede esperar más. Los vecinos se ven expulsados de sus barrios y no pueden esperar más. Los jóvenes no encuentran piso y no pueden esperar más. Y nosotros, como representantes políticos, no podemos perder más el tiempo, como decía antes, con mucho debate y poca regulación. Por eso, nuestro grupo dará apoyo a la toma en consideración de esta proposición no de ley. Creemos que es una herramienta útil que nos puede acercar a un objetivo que deberíamos compartir todos, el de que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, como el de ir al médico o el de llevar a nuestros hijos a la escuela pública.

Muchas gracias.

Agradecemos al Grupo EH Bildu la presentación de esta proposición de ley. Su contenido debe servir para abrir la puerta a una regulación más ambiciosa que ponga el derecho a la vivienda por delante de los intereses de los fondos y de las grandes plataformas. La proposición debe ser admitida a trámite, posibilitando las mejoras a lo largo del mismo. Esta proposición facilitará la importante labor que ya está desarrollando el ministro Bustinduy desde Consumo para combatir los pisos turísticos ilegales. El ministerio ha conseguido la retirada de 65 000 anuncios ilegales de la plataforma Airbnb y de 4000 de la plataforma Booking, lo cual es una muy buena noticia ―nos debemos alegrar todas y todos―. El ministerio también ha identificado 15 200 pisos turísticos que operaban sin licencia en Madrid y 14 960 en Santiago de Compostela. El alcalde de Madrid ha sido muy crítico con la actuación del ministerio. El de Santiago, en cambio, la ha agradecido. La verdad es que los madrileños lo tenemos crudo con el alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella anunció recientemente, en un evento organizado por el fondo buitre BlackRock, que no iba a intervenir en la vivienda, a pesar del grave problema de acceso a ella que se sufre en Madrid. Unos responsables públicos estamos a favor de cumplir la legalidad y nos importa la vida de nuestros conciudadanos; otros, en cambio, apoyan el desorden y a los especuladores.

La proposición de EH Bildu es pragmática, dadas las mayorías de esta Cámara, pero lo que habría que hacer en medio de esta grave crisis habitacional que padecemos es prohibir los pisos turísticos y los alquileres de temporada en las zonas tensionadas. Hemos llegado a tal extremo, señorías, en esta crisis que las personas que hacen funcionar nuestras ciudades no se pueden permitir vivir en ellas. Y esto ocurre porque se tolera la especulación sobre un bien básico para la vida como es la vivienda y se permite su uso espurio para el turismo o para el alquiler no permanente. A pocas calles de aquí, señorías, viven vecinos y vecinas que padecen directamente esta especulación y la codicia de unos pocos que quieren llenarse los bolsillos a costa de destruir sus vidas. Son los vecinos de la calle General Lacy número 22, de Mesón de Paredes 88 y de Modesto Lafuente número 8. SUMAR ha propuesto, en colaboración con el Sindicato de Inquilinas, una enmienda a la Ley de Arrendamientos Urbanos para que no se pueda expulsar a estos vecinos, que llevan décadas viviendo en bloques dedicados al alquiler y que pagan todos los meses religiosamente sus recibos. Queremos impedir que sean expulsados de sus hogares por Airbnb y alquileres de temporada que van a cubrir nómadas digitales que, al final, lo que hacen es inflar los precios de nuestras viviendas y que además pagan su IRPF en el extranjero. (Aplausos). Queremos poner coto a la codicia y defender el derecho a la vivienda de nuestros convecinos.

Señorías, hace tiempo que los precios de la vivienda dejaron de explicarse por la renta y la capacidad de endeudamiento de los hogares que demandan una vivienda para vivir en ella. Volvemos a padecer una burbuja de precios en la vivienda que, aunque no sea como la anterior, es decir, aunque no esté financiada por un endeudamiento insostenible, es igual de nociva. El Banco de España, las comunidades autónomas que tienen las competencias de vivienda y también esta Cámara somos responsables de pinchar esa burbuja de precio. Hemos permitido que la vivienda se convierta en un activo para la especulación, como el oro, el bitcóin o las acciones de Telefónica. Esta especulación la promueven extranjeros y nacionales ricos, no los inmigrantes que vienen a trabajar y a contribuir a la prosperidad de nuestro país. Además, una parte muy importante del dinero que financia esta burbuja procede del exterior y de la economía sumergida. Es dinero negro que se lava en nuestro país y que termina en la vivienda, inflando los precios. El Banco de España tiene la responsabilidad y los instrumentos para pinchar esta nueva burbuja especulativa. No nos puede volver a fallar, como ya nos falló en la anterior burbuja inmobiliaria, un error terrible equivalente a que el Ministerio de Sanidad hubiera negado la pandemia, como hizo el Banco de España con la anterior burbuja.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda es otra de las palancas para solucionar el problema de la vivienda. El borrador actual a nosotras no nos gusta. Los 7000 millones que se invertirán en los próximos cinco años de vigencia son claramente insuficientes y palidecen frente a los 32 000 millones que se quieren gastar al año en armamento, lo que tampoco nos gustan. Hay dinero público de sobra para invertir en vivienda. Disponemos de 83 000 millones en créditos blandos procedentes de Next Generation UE, que no se quieren usar y que, desafortunadamente, parece que vamos a tener que devolver a Europa. En SUMAR queremos invertirlos para acelerar la creación de un parque público de vivienda para alquiler social y asequible.

El plan también falla porque continúa dejando su desarrollo en manos de inmobiliarias y fondos privados, y esto, señorías, encarece el coste de crear el parque de viviendas y pone en riesgo su permanencia dentro del sector público. Estamos en contra de esta colaboración público-privada y del lucro ilimitado en la promoción o gestión de viviendas públicas. En suelo público y con financiación pública la promoción también tiene que ser pública. Por último, tampoco compartimos las ayudas a la compra o alquiler si estos no están topados. Si no están topados, señorías, al final estas ayudas solo hacen que contribuir más al alza de los precios de la vivienda. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. Hoy debatimos una nueva ocurrencia de Bildu, una ley contra la libertad, una ley contra los pisos y una ley contra la propiedad. Hoy debatimos una ley que nace muy lejos de las calles, muy lejos de los barrios, muy lejos de los jóvenes que viven con sus padres, muy lejos de las familias que pagan un alquiler imposible y muy lejos también de los trabajadores que, tras una larga jornada laboral, vuelven a una habitación compartida. (Aplausos). Empiezo con algo muy sencillo. Bildu no quiere solucionar el problema de la vivienda en España, Bildu lo que quiere es controlar la vida de los españoles, imponer su ideología y también avanzar en su proyecto de ruptura de la unidad nacional, pero lo más lamentable es que lo hacen con el apoyo del Gobierno, desde Zapatero a Sánchez. (Aplausos). Registros, ventanillas y multas hasta de un millón de euros. ¿Alguien se piensa que algún joven español va a poder acceder a una vivienda porque exista más papeleo o mayor burocracia? ¿Alguien se piensa que las familias españolas van a poder acceder a una vivienda porque ustedes ataquen la propiedad privada? Es que ustedes no quieren abaratar ningún tipo de vivienda en España, lo que quieren es mayor poder para los políticos y menos libertad para los españoles. (Aplausos). Señorías, Bildu solamente conoce tres tipos de vivienda: los pisos patera de la inmigración ilegal, que degradan nuestros barrios y hacen que avance así la inseguridad; los pisos francos, donde se escondían los etarras; y los zulos, donde escondían a los españoles que luego asesinaban. Esos son los tres modelos de vivienda que conoce esta gente. (Aplausos). Y, además, la norma calla deliberadamente los verdaderos problemas de la vivienda, como, por ejemplo, la paralización de la obra pública, es decir, de la vivienda social, también el secuestro del suelo por parte de las Administraciones públicas, los impuestos abusivos y confiscatorios que disparan el precio final de la vivienda hasta un 30 % y la inmigración masiva e incontrolada, y nada de esto se soluciona con registros digitales ni con un catálogo de sanciones. (Aplausos). Y no hablamos de teorías. Algunas ciudades ya han implementado medidas como esta y el resultado es más mercado negro, menos oferta y, por tanto, mayor disparo de la vivienda. Bildu lo que quiere es asfixiar lo legal y VOX lo que quiere es perseguir los pisos turísticos que no tienen una licencia, también el fraude, la violencia, es decir, también a sus señorías. (Aplausos). Hablan de crisis habitacional. Sí, existe, pero ¿quién la ha creado? Pues todas sus señorías, como, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista con años de abandono de la vivienda y con construcción de cero vivienda pública y social. Y ahora viene Bildu con más prohibiciones, más sanciones y, por tanto, con más ruina. ¿Saben a quiénes favorece esta ley? A las grandes plataformas internacionales, a las Administraciones públicas, que van a llenar las arcas con sanciones a los españoles, y a los burócratas, que se forran con el papeleo. (Aplausos). ¿Y a quiénes va a perjudicar? A los jóvenes, a las familias, a las clases medias y populares, es decir, a los que siempre cumplen. Porque, señorías, esto es lo que nunca quieren escuchar: el precio de la vivienda no se dispara por el joven que quiere alquilar una vivienda ni por el propietario que quiere disponer también de esa vivienda, sino que lo hace, realmente, por el bipartidismo. Por un lado, el bipartidismo que secuestra suelo, también por el bipartidismo que quiere llenar las arcas con impuestos abusivos y confiscatorios, con el bipartidismo que tarda años en conceder una licencia y, por otro lado, también porque todos ustedes, a excepción de VOX, han impulsado unas políticas de efecto llamada que han llenado nuestros barrios de delincuencia y de inmigración ilegal (aplausos), es decir, más millones de personas compitiendo por menos vivienda. Esto es una ley de hierro de la economía, y ninguna de sus teorías ni ninguna de sus leyes va a conseguir derogarla. Y todavía más, señorías: los impuestos abusivos que ustedes recaudan, expoliando directamente a los españoles, los destinan a una inmigración masiva que ha destruido nuestros barrios y que está asfixiando y empobreciendo nuestra nación. Y, además, el PNV y Bildu son corresponsables directos de que las tres provincias vascas se hayan llenado de una inmigración ilegal y masiva, sí, que está degradando nuestros barrios y transfigurando nuestras costumbres. Y eso lo vemos todos los días: del chacolí al té moruno, de la boina al velo islámico (aplausos) y de la fiesta de San Ignacio a la fiesta del cordero. Es lo que ustedes están importando y a lo que nosotros llamamos degradación y sustitución. Sí, señorías, ustedes están atacando las tradiciones españolas en el País Vasco precisamente importando las tradiciones del Magreb.

Frente a todo esto, VOX lo tiene claro. La vivienda no se defiende ni con ventanillas únicas ni con registros ni sabiendo el número de pisos que tiene cada propietario; se defiende facilitando la construcción, bajando impuestos y con la prioridad nacional; se defiende protegiendo a las familias que llevan trabajando esta tierra durante generaciones, y se defiende también protegiendo la propiedad privada, que es el espacio y el hogar de cada familia, y, por supuesto, también construyendo vivienda pública y social a disposición de los jóvenes y las familias españolas y no de la inmigración. (Aplausos).

Señorías, esta ley es un monumento a la incompetencia y a la ideología. Es una ideología que odia la propiedad, que odia la prosperidad, que odia la libertad y que odia España. Esta ley no construye ni una sola vivienda ni abarata ni un solo alquiler ni protege a las familia. Quieren ventanillas y nosotros queremos hogares; quieren sanciones y nosotros queremos familias. VOX está y estará siempre del lado donde late España, en la esperanza de cada joven que sueña con tener un hogar, en el esfuerzo de cada madre que paga un alquiler imposible y en el corazón de las familias que no se rinden, pese a ustedes.

Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Siempre es positivo que esta Cámara traiga a debate cuestiones relacionadas con el problema de acceso a la vivienda que está atravesando nuestro país, más aún si se trata de hablar de uno de los elementos que ha contribuido a agudizar esta crisis, porque, sí, el aumento descontrolado de viviendas turísticas en los últimos años es una realidad que explica en parte la subida de los precios de los alquileres y la reducción de la oferta de vivienda residencial en España; y porque, sí, existe un gran consenso social en este país acerca de la necesidad de acabar con los pisos turísticos ilegales, un gran consenso en que las viviendas tienen que ser, ante todo y en primer lugar, para vivir. Los socialistas tenemos la firme convicción de que se puede y se debe buscar un equilibrio entre el turismo, al que cualquiera legítimamente puede aspirar, y la vida de nuestros barrios. (Aplausos). En esa línea lleva tiempo trabajando el Gobierno de España. Por eso, nuestro grupo valoramos positivamente la propuesta y estamos en sintonía con iniciativas de este tipo que buscan impedir que esa proliferación descontrolada expulse a los vecinos de sus ciudades, de sus pueblos y de sus entornos sociales. No obstante, también es cierto que esta proposición de ley plantea cuestiones que aconsejan un examen más detenido y sosegado para garantizar su coherencia con el resto de nuestro ordenamiento jurídico, tanto nacional como europeo. Es algo en lo que, en cualquier caso, habrá que trabajar y algo que tendrá que ser acordado una vez sea admitida a trámite esta iniciativa. Consideramos importante destacar que el Gobierno de España ya ha implantado medidas que persiguen los mismos objetivos de esta proposición de ley. Por mencionar algunas, podríamos hablar de la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos den el visto bueno expreso a la instalación de nuevas viviendas turísticas en sus edificios, así como de la aprobación el pasado diciembre del Real Decreto 1312/2024, que ha puesto en marcha el Registro Único de Arrendamientos y ha creado la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos este año 2025 y, con ella, la notificación de pisos turísticos ilegales a las plataformas digitales para que puedan proceder a retirar sus anuncios.

España ha sido el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa referente a los alquileres de corta duración. Lejos de la imagen de España y de este Gobierno que intentan siempre dibujar algunos aquí, la realidad es que somos pioneros de nuevo también en esto. (Aplausos). La realidad es que España es, efectivamente, referente a nivel europeo en la regulación de esta cuestión y, por tanto ―va implícito― en la lucha contra la especulación, y lo es gracias al trabajo de un Gobierno progresista que nos ha convertido en el primer país en contar con este registro único conectado a las plataformas digitales. Es un sistema que se está demostrando eficaz, porque ya está teniendo efectos muy positivos. Gracias a este sistema, se han notificado casi 54 000 pisos a las plataformas digitales para que puedan retirar sus anuncios de ellas, al no haber sido registradas como viviendas turísticas legales. Es decir, casi 54 000 pisos que podrán volver así al mercado residencial, incorporando al alquiler viviendas que previamente se encontraban en una situación de fraude.

Porque la política de vivienda ―es muy importante recalcarlo― no puede basarse solo en construir más, también debe consistir en liberar viviendas de la especulación, en recuperar las ciudades para la gente, poniendo más vivienda ya construida en el mercado y, en definitiva, poniendo en el centro la concepción de la vivienda como un derecho y no como un negocio sin control, que es como lo concibe la derecha de este país. (Aplausos). Frente al descontrol, la especulación y la pasividad que defienden los Gobiernos del Partido Popular, este Gobierno progresista está marcando unas reglas claras para poner orden, aumentar la oferta de viviendas y proteger a las personas. Y, mientras tanto, los Gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular, sus Gobiernos, están boicoteando el desarrollo y la aplicación de la principal herramienta que tenemos para hacer frente a esto, la ley estatal de vivienda (aplausos), impidiendo que se desplieguen sus efectos y que se haga frente a este problema con las mejores garantías. Y, mientras la boicotean, son incapaces de proponer una sola medida eficaz para hacer frente a la crisis habitacional, empeñándose en volver una y otra vez a medidas que ya se ha demostrado ineficaces, cuando no directamente contraproducentes, para facilitar el acceso de los grupos más vulnerables a una vivienda digna.

Quiero detenerme especialmente en un sector de la sociedad que está pagando y sufriendo la política en materia de vivienda de la derecha o, casi mejor dicho, la antipolítica en materia de vivienda del Partido Popular. Me refiero a los jóvenes. No puede ser que un joven que quiera vivir solo en alquiler tenga que destinar más del 90 % de su salario a ello, como ocurre en tantas ciudades y regiones españolas. No puede ser que, incluso decidiendo compartir piso, tenga que destinar más del 40 % del salario a ello, por encima del 30 % que se recomienda a nivel internacional. Miren, no podemos seguir viviendo en la misma habitación en la que jugábamos, señorías, es importante que lo entendamos de una vez. (Aplausos). Por eso, los jóvenes de este país saben que pueden contar con el PSOE, que toma medidas y actúa y hace todo lo contrario a lo que hacen ustedes. Al impedir la aplicación de la ley de vivienda en las comunidades autónomas que ustedes gobiernan, lo que están impidiendo es el desarrollo pleno de miles de jóvenes que aspiran a emanciparse, a tener su propia vivienda y a desarrollar en plenitud su proyecto vital.

Señorías del Grupo Popular, ya es hora de que dejen de tomar como rehenes a los jóvenes de las comunidades autónomas que gobiernan solo para atacar al Gobierno de España. Dejen de tomarlos como rehenes y apliquen en su totalidad la ley de vivienda, esa ley que nos acerca a cumplir con el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna que está recogido en la Constitución. Si tan constitucionalistas son, como siempre dicen, apliquen esta ley que desarrolla ese derecho. Porque la ley de vivienda es una ley que funciona, pero, como suele decirse en mi grupo parlamentario, es como el deporte, para que funcione hay que practicarlo, que es lo que ustedes no están haciendo en esta materia. (Aplausos). Señorías del Grupo Parlamentario Popular, llegan tarde a esto como a casi todo. Pero aún están a tiempo de sumarse y de poner en marcha medidas útiles como las recogidas en la ley de vivienda. Están aún a tiempo de empezar a trabajar por el bienestar de la gente. Tienen en su mano, en definitiva, la capacidad de decidir si son ustedes parte del problema o parte de la solución.

Termino ya, señora presidenta. A un sindicalista y socialista vasco de los más relevantes que ha habido, Eduardo López Albizu, le bastaba con una frase, apenas cuatro palabras, para describir lo que es el socialismo, que él definía como un proyecto de felicidad. Cada una de las medidas en materia de vivienda que ha adoptado este Gobierno y que ha adoptado y adopta el Partido Socialista no tienen otro fin que todas las personas vulnerables de este país, que todos los jóvenes puedan acceder a una vivienda digna, puedan, en consecuencia, desarrollarse plenamente y puedan, en última instancia, ser un poco más felices. De eso se trata, de hacer a las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país un poco más felices. Ese es el objetivo del proyecto socialista. A eso responde nuestro proyecto, a eso responde el proyecto del Partido Socialista Obrero Español. Y ustedes, señorías del Grupo Popular, tendrán que aclarar aquí a qué responde el suyo.

Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).

Gracias, señorías. Quisiera, antes que nada, felicitar desde la tribuna del Congreso de los Diputados a todos mis paisanos de la ciudad de Cádiz porque hoy, 7 de octubre, es el día de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Día 7 de octubre que, desgraciadamente, por otros motivos, se ha convertido en una fecha de sufrimiento, para no olvidar, como hemos recordado hoy en nuestro grupo parlamentario. Ojalá llegue pronto la paz. Pero vamos al tema. Ironías de la vida, hoy debatimos una proposición de ley de un grupo familiarizado precisamente con quienes saben mucho de provocar sufrimiento: Bildu. Una reflexión: cuando les oímos hablar sobre vivienda, tienen para nosotros la misma autoridad moral que cuando dan lecciones en esta tribuna sobre derechos humanos. Esta bancada no olvida de dónde vienen ustedes, a quiénes siguen homenajeando y quiénes siguen siendo sus cabezas visibles. (Aplausos). Aunque el Gobierno los necesite para tapar sus escándalos, nosotros, por suerte, no les debemos nada. Y tal es la simbiosis que han creado entre ambos, entre el Gobierno y ustedes, que sus argumentos políticos cada vez se mimetizan más. En el caso de la vivienda, tenemos un ejemplo muy visible, y aquí sí que nos queremos detener. En esta legislatura en la que todo parece una locura, hay que usar a veces el psicoanálisis para entender lo que está pasando. En cada tema que la izquierda tiene responsabilidad, aplica lo que Freud llama proyecciones, es decir, atribuir a otros los errores propios más oscuros. Por eso, han culpado a todos de la situación de la vivienda menos a ustedes mismos. Hoy señalan con el dedo de nuevo, y yo sé que ustedes, los de Bildu, esa estrategia de señalar la conocen bien. Pero, ya que ustedes se empeñan en buscar culpables, vamos a hacer aquí brevemente de detectives, como si fuésemos Sherlock Holmes o como en una novela de Agatha Christie. Vamos a contar a los españoles las pistas, indicios y pruebas que hay en la escena del crimen. Número uno, en 2018, la vivienda no estaba ni entre los quince principales problemas de los españoles, ahora es el primero. ¿Quién llegó al Gobierno en 2018? La izquierda española. (Aplausos). Número dos, se crea un ministerio para este problema prioritario y resulta que es el ministerio que menos ejecuta de su presupuesto; se les cae la coartada. Número tres, la ley de vivienda que este Pleno ha aprobado que se derogue se basa en medidas usadas en otros lugares y que ya fracasaron, como el control de precios. Es decir, aparecen antecedentes. Y es que ese intervencionismo, junto a la inseguridad frente a la okupación, sus decretos y sus leyes hunden la oferta disponible de viviendas y dejan huella. Donde se aplica la ley en su totalidad, como en Barcelona, hay tal déficit que aparecen entre 300 y 400 demandantes por anuncio de vivienda en alquiler. Y, por último, un agravante: en el Gobierno se lo han llevado calentito mientras todo se deterioraba. Una pregunta: ¿ustedes, los de Bildu, también jugaban a eso de los soles, las chistorras y las lechugas? Porque eso suena a denominación de origen navarra y ustedes son socios también allí. (Aplausos). Y podríamos seguir aportando pruebas, pero con el tiempo limitado para demostrar lo más elemental, ya lo hemos hecho: son ustedes el problema. Aplican ideas erróneas y, cuando no funcionan, emplean sus fuerzas en dividir y enfrentar a grupos de personas. Eso que huele tanto a marxismo cultural, como en la historia, en vez de reparar las grietas, lo que hace es agrandarlas. Ahora los españoles necesitan urgentemente soluciones. Y, como otras veces, por ejemplo, con Zapatero, que está en todos los charcos, a ambos lados del Atlántico, y que dejó a este país hundido, tiene que ser el PP el que vuelva a arreglarlo. La solución pasa por más vivienda. El Banco de España dice que hacen falta 700 000, 100 000 más en un año, porque se crean más hogares que las nuevas viviendas que hay disponibles. Yo entiendo que no les gustan las matemáticas, porque representan la verdad, pero la conclusión es que hay que equilibrar la oferta y la demanda, con más construcción, desbloqueando y desarrollando suelo e impulsando de verdad la rehabilitación de las viviendas que ya existen; hay que bajar impuestos, eliminar burocracia y hace falta proteger al propietario con tolerancia cero contra la okupación en todas sus formas. Y hay que hacer todo eso más allá de las grandes capitales, porque la solución pasa también por dar oportunidades y conexiones de calidad —‌no lo que tenemos ahora— a las ciudades medias de España y al medio rural. Eso es lo que hace falta. No son inventos ni revanchas, sino lo que piden quienes saben de esto.

No son palabras huecas por nuestra parte, son hechos. Hemos presentado un plan de vivienda a toda España, con decenas de medidas consensuadas con la sociedad civil. Hay dos leyes nuestras aprobadas por el Senado, que ayudarían a impulsar más y mejor vivienda y que frenarían casos de okupación en horas, y las tienen secuestradas para no aprobarlas en esta Cámara. Las comunidades del PP están intentando, como pueden, darle la vuelta a esto, infrafinanciadas, como Andalucía y sufriendo zancadillas; Andalucía, a la que cuarenta años del PSOE dejaron arruinada y estancada. Precisamente es ella la que está impulsando leyes alternativas sobre vivienda y suelo que son un buen camino a seguir. Una tierra que está bajando impuestos sobre la vivienda, especialmente a los más jóvenes, y simplificando burocracia. La diferencia, señoras y señores, es evidente. (Aplausos).

Por eso, los españoles están cada vez más cansados de lo que todos ustedes representan. Y mi generación es especialmente la que está abriendo los ojos. Por ello, voy a terminar hablándole a ella, a quienes hemos crecido entre lo relativo, pero ahora necesitamos certezas. El reto de la vivienda en España tiene solución, como muchos otros retos que tenemos. Evidentemente, no con este Gobierno. No está todo perdido, pero hace falta reiniciar la política en España, abandonar este espectáculo bochornoso que vivimos cada día y volver a lo fundamental, pensar en las personas, resolver sus problemas y abrir nuevas oportunidades. Esa es la política de certezas que necesita mi generación, con personas valientes, capaces y responsables, que no solo se dediquen a comentar qué mal va todo, sino que se sacrifiquen para arreglarlo y propongan ideas.

En el último tiempo, cuando España ha estado en el alambre, ha sido el PP quien ha evitado la caída. Va a costar, pero volveremos a hacerlo con la vivienda y con todo lo que este Gobierno y sus socios hayan dejado destrozado.

Muchísimas gracias. (Aplausos).