Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión.

Presidenta, señoras y señores diputados, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido a todo ser humano contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Europea y en la Constitución española. En nuestro país ya nos hemos acostumbrado a las represalias y condenas a personas por el ejercicio de esta libertad, ya sea en su vertiente artística, satírica o simplemente de opinión, una anomalía democrática provocada por la reforma del Código Penal del Partido Popular en el año 2015. Hoy proponemos recuperar derechos y seguridad jurídica.

El Partido Popular no debería desconfiar del ejercicio de la libertad de expresión, salvo que considere que esta libertad es incompatible con su modelo de sociedad. Igualmente, pedimos al Partido Socialista que, tras tres legislaturas, en esta ya lo consigamos y se impulse la reforma para volver a la situación existente durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pedimos a todas las fuerzas políticas que pierdan el miedo y que aprobemos una reforma para que España se sitúe en un escenario de protección y defensa del derecho a la libertad de expresión.

En la anterior legislatura el Partido Popular presentó propuestas para mantener la criminalización de la libertad de expresión y endurecer las penas de los delitos de opinión: más prisión y más multas. La monarquía, la nación o las víctimas del terrorismo no se defienden acabando con la libertad de expresión. En democracia no pueden ser delitos comportamientos que no tienen más finalidad que la cómica o que son simples críticas. Pueden llegar a ser groseros o pueden llegar a ser hirientes, pero una democracia siempre aplica el principio de mínima intervención del derecho penal. Existen otras vías legales para proteger el buen nombre o la dignidad de personas e instituciones: vías civiles de defensa del derecho al honor o del derecho a la rectificación, por ejemplo. Por eso, hay que expulsar del Código Penal los delitos que impiden la libertad de expresión. No pueden restringirse el debate y la participación política de la ciudadanía.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España reiteradamente por mantener delitos como el ultraje a la nación y el Consejo de Europa cuestiona el encaje democrático de las injurias a la Corona. Son normas penales absolutamente obsoletas, no ajustadas ni a la Constitución ni a los convenios internacionales ni a un Estado de derecho democrático. Y, además, son tipos penales imprecisos, cuya ambigüedad ha provocado una aplicación errática y ha generado alta inseguridad jurídica, impidiendo la precisión de las conductas sancionables que exige el principio de legalidad penal.

En cuanto a los delitos contra los sentimientos religiosos, desde que entraron en vigor con el artículo 525 en el año 1995 nadie se había sentado en el banquillo hasta mayo del año 2012. El cantautor Javier Krahe tuvo que soportar un calvario judicial de nueve años y acabó absuelto por una sentencia que planteó que el indudable sentido satírico, crítico y provocador de expresiones no es suficiente para dotarlas de relevancia criminal. En veintiocho años de vigencia ha habido una veintena de casos de aplicación de este artículo, y solo en uno de ellos ha habido una condena, el resto fueron absueltos o sobreseídos. La norma, en la práctica, se ha convertido en un arma propagandística del integrismo católico y es utilizada en fraude de ley para captar atención mediática y coaccionar a artistas o a cómicos mediante largos procedimientos y gastos para ellos y para la Administración de Justicia. Nunca los procedimientos se inician por una denuncia de la Iglesia, sino por asociaciones ultracatólicas manejadas por la ultraderecha. (Aplausos). En democracia, proteger el ejercicio de la libertad religiosa no es equivalente a sancionar la crítica o incluso la ofensa a otra religión. Reclamar castigo a la crítica u ofensa a una religión es propio de integristas religiosos y es la justificación de sus crímenes.

Respecto de los delitos de injurias contra la Corona, la justicia española condenó a dos jóvenes por quemar fotos del rey Juan Carlos. El recurso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenó a España, en el año 2018, por injerencia en la libertad de expresión, declarando que la pena aplicada en España no fue proporcional al fin perseguido ni necesaria en una sociedad democrática. Y han existido más condenas por este delito, como las de los humoristas de El Jueves, la condena del alcalde de Puerto Real por calificar de deleznable al rey emérito o la condena al coronel Martínez Inglés por calificar de corrupto al anterior jefe del Estado. Parece mucho más grave que militares en retiro amenacen con fusilar a veintiséis millones de españoles o reclamen al ejército que destituya al recién investido presidente del Gobierno y, sin embargo, ambas conductas son impunes a fecha de hoy. No hay mecanismo constitucional alguno para elegir, reprobar o cesar al rey, pero sí hay normas penales que castigan las críticas a la institución en el ejercicio de sus funciones; norma, por cierto, también aplicable para sancionar las críticas a los familiares hasta segundo grado colateral. En la antigüedad clásica, agraviar al rey era delito de lesa majestad, pero que 2500 años después en España siga estando castigado el agravio al rey no tiene justificación alguna en democracia. Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cada vez que se ha pronunciado ha calificado de injustificable esta norma penal.

En cuanto al delito de ultraje contra la patria, la crítica de los símbolos de un país es imposible de evitar en democracia. Penalizar esa crítica es, simplemente, reprimir la libertad de expresión. El Constitucional confirmó la condena a un sindicalista gallego por supuestamente ofender a la bandera en una sentencia con seis votos a favor y cinco votos particulares disidentes. Uno de esos votos disidentes ya cuestionaba la constitucionalidad de este artículo del Código Penal: era el voto particular del magistrado Andrés Ollero, diecisiete años diputado del Partido Popular en el Congreso. El magistrado disidente decía: «No hice más que tener en cuenta el artículo 10.2 de nuestra Constitución […]. Me creí, pues, obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma, […], y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo […]. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las que ya coleccionaba sobre cuestiones similares». El profesor Ollero se refería a las, al menos, tres sentencias del Tribunal Europeo que condenaban entonces a España por no garantizar el derecho a la libertad de expresión. Como dice el profesor Ollero, la protesta ciudadana crítica con el sistema, con su simbología, ha de quedar amparada por la libertad de expresión. Y qué razón tenía el señor Ollero, porque el 8 de junio de este año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón y ha condenado a España en este caso en el que presentó voto disidente.

Nuevamente, el Tribunal Europeo ha declarado que la libertad de expresión no se aplica solo a información o ideas que se perciben ofensivas, sino también a las que ofenden al Estado o a cualquier sector de la sociedad. Por eso, hay que derogar este artículo para acabar con la vergüenza que suponen las condenas permanentes a España. El delito de injurias a instituciones del Estado, que nunca se ha aplicado, es ineficaz por inaplicable, y lo que hay que hacer es derogarlo para evitar el riesgo de aplicación. Y el delito de enaltecimiento solo sirve para contestar a cantantes o raperos que nunca han provocado ningún acto de terrorismo. No puede haber condenas de prisión en una democracia por cantar. Doce cantantes del grupo La Insurgencia fueron condenados a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional y el rapero Hasél entró en prisión en febrero de 2021.

El Tribunal Supremo admite que el delito de enaltecimiento del terrorismo puede entrar en conflicto con el derecho constitucional de libertad de expresión. Es un delito que nació en el año 2004 en un momento de extrema violencia terrorista, pero en el año 2015, cuando ya ETA había anunciado el final de su actividad criminal, el Partido Popular lo endureció. Se produjeron entonces numerosas detenciones por operaciones policiales en Twitter, un claro contenido prospectivo de operaciones de dudosa legalidad que buscaban posibles delitos sin denuncia previa. El Ministerio de Interior era dirigido entonces por Jorge Fernández Díaz, quien utilizó este delito para tapar los desmanes de su ministerio, por los que, por cierto, ahora hace frente a una acusación de quince años de cárcel y treinta y tres de inhabilitación. Según nuestros tribunales, este delito consiste en incitar indirectamente a la comisión de actos terroristas. Nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras para reprimir estas conductas y proteger a las víctimas sin afectar a la libertad de expresión, como, por ejemplo, la provocación para cometer un delito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en materia de opinión el castigo nunca puede ser pena de prisión, y este contempla hasta tres años de prisión.

Democracias admiradas por las fuerzas políticas que se vienen oponiendo a esta reforma, como las de Reino Unido o Estados Unidos, no mantienen en su legislación delitos como estos que existen en nuestro Código Penal y que persiguen la crítica y la libertad de expresión. Por eso, esta proposición de ley incluye una reforma también para ampliar la protección de la libertad de expresión, limitando acciones restrictivas de derechos fundamentales que pueden derivarse de acciones de autoridades. Queremos así evitar lagunas jurídicas que puedan provocar otros daños a derechos fundamentales. Por ejemplo, las identificaciones realizadas por la autoridad sobre personas que participan en reuniones de carácter político o sindical no pueden hacerse de manera que disuadan la participación de la ciudadanía en la actividad política o social. Tampoco procede establecer un control sobre las personas que participan en movilizaciones sociales, porque son consustanciales a la vida democrática de nuestro país. Las autoridades no pueden restringir la libertad de expresión con actuaciones como, por ejemplo, la cancelación de espectáculos públicos, la retirada de obras de arte o la retirada de símbolos políticos plenamente constitucionales, como una bandera, porque se suponga que incomodan al jefe del Estado. Ninguna actuación gubernativa puede restringir derechos como el derecho a la libertad ideológica o de pensamiento.

El derecho de reunión, a la participación política o a la libertad de expresión son derechos que hay que proteger, y para conseguir esa adecuada protección del ejercicio de estos derechos fundamentales proponemos un artículo nuevo, un artículo 536 bis que sancione la identificación con propósito de controlar la participación en actividades de índole política, sindical o religiosa, así como la incorporación de un apartado segundo al artículo 538 para que la autoridad o funcionario público que impida el derecho a la libertad de expresión también vea castigada esa actuación.

Estas propuestas no son un antojo del Grupo Parlamentario de SUMAR, son una necesidad para reclamar nuestra democracia. Hoy mismo deben haber recibido todos y todas una carta de Amnistía Internacional pidiendo que se aprobara esta reforma. Por eso, son una necesidad para mejorar nuestra democracia y, por eso, se contienen expresamente en el acuerdo de Gobierno de coalición firmado en octubre del año 2023. Pedimos a todas las fuerzas políticas que por fin aprobemos esta reforma y que España se sitúe en el escenario de protección y defensa del derecho de libertad de expresión, en el que ya están desde hace décadas todos los países, los más democráticos de nuestro entorno.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muy buenas tardes a todos. Acabamos de recibir una especie de clase magistral de respeto, de tolerancia, de entendimiento por parte de un declarado comunista, colaborador de las FARC (aplausos), que ha defendido siempre que ha podido a todos los grupos terroristas que han sembrado el caos en Occidente e incluso en Oriente. Y sube usted aquí, señor Santiago, con cara de cordero degollado, a pedirnos, por favor, que aprobemos esta reforma. La hipocresía, señor Santiago, es fingir cualidades intencionadamente falsas o contrarias, incluso, a lo que se describen. Señor Santiago, ¿que está usted contándonos?, ¿qué está usted contándonos siendo herederos de una de las ideologías totalitarias que más daño han hecho a la humanidad? Ustedes no quieren la libertad de expresión. Ustedes lo que quieren es la ley del embudo. Ustedes quieren silenciar, amordazar, callar y arrodillar a la oposición, mientras que pretenden para ustedes mismos poder hacer todos los alardes de odio públicos y privados y cualquier tipo de declaración que se les ponga por delante con tal de hundir al adversario político. (Aplausos). Eso es lo que ustedes pretenden, y es importante que todos los españoles lo vean. Vienen aquí los señores de SUMAR y nos dicen, con cara de buenos: no hay que adaptar la legislación española. Claro, y quieren eliminar una serie de artículos del Código Penal. Entre esos artículos, los de ofensas por cuestión de la religión. Quieren ustedes eliminar un artículo tan sencillo que dice que será un delito quien lleve a cabo alguna acción con el objetivo de humillar, menospreciar o amenazar a quienes crean en una religión concreta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Eso es lo que quieren eliminar ustedes. Vienen ustedes aquí y nos dicen que quieren eliminar ese artículo que prohíbe humillar a las víctimas del terrorismo; es peor, porque el Código Penal no dice humillar, dice: quien con intención de humillar. Es decir, según ustedes, es positivo que alguien salga al foro público con la intención de humillar a las víctimas o con la intención de atacar a alguien por su religión. ¿Nos quieren decir ustedes que España será un país mejor si permitimos que se humille a las víctimas? ¿Eso es lo que ustedes nos quieren decir? (Aplausos). Porque eso es lo que dicen ustedes en su proposición de ley. Sin embargo, lo visten como si España fuese una especie de Estado totalitario que reprime a todos aquellos que por algún motivo miran mal a una bandera que pasa por allí, y no es así. España es una de las democracias de Europa que menos defiende sus símbolos. España es uno de los países que establece unas sanciones más bajas para aquellos que ataquen a los símbolos nacionales, al rey, que es el jefe del Estado, incluso a los cargos públicos. Por ejemplo, en Alemania existen delitos de cárcel para aquellos que mancillen los colores o el escudo de la bandera de Alemania, con un tipo agravado para quienes lo hagan ostentando un cargo público. Es decir, señor Santiago, el señor Pisarello, cuando era concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y atacó a la bandera española, en Alemania habría ido a la cárcel. Fíjese usted. Es decir, que esa España que usted describe como una dictadura oscura y nefasta es en realidad el país que menos protege sus símbolos nacionales. Es una cosa que, de hecho, deberíamos revertir, y deberíamos empezar a protegerlos y a defenderlos como es debido. (Aplausos).

Cuando ustedes vienen aquí y describen esa situación con esa carita de corderos degollados la realidad es que ustedes defienden los homenajes de terroristas etarras que salen de la cárcel. Eso es lo que ustedes defienden. Eso es lo que, según ustedes, es auténtica libertad de expresión. Desde el año 2018 que entraron ustedes al Gobierno ha habido setenta y siete homenajes públicos a etarras. Eso es lo que ustedes defienden. Ustedes dicen que libertad de expresión es patear a un policía en la calle, como hizo uno de sus diputados; de hecho, condenado por ello. Según ustedes, libertad de expresión es decir, como decía una de sus concejales al insultar a la policía, zorra, te follas a todos los policías. Eso, según ustedes, es libertad de expresión. (Aplausos). La realidad es que en España poco castigamos a quienes insultan y subvierten el orden público desde las instituciones, que es precisamente lo que ustedes quieren defender y proteger.

Mientras ustedes pretenden que para los suyos todo valga, todo esté permitido y todo quede amparado bajo la libertad de expresión, para los contrarios todo debe quedar prohibido. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Lo hemos visto estos días en Ferraz: manifestaciones pacíficas (rumores) en las que personas de avanzada edad fueron gaseadas por el mero hecho de deambular por las calles. Lo vemos cuando ustedes se rasgan las vestiduras porque, de repente, una persona está rezando un rosario por la calle; eso a ustedes les parece una gravísima ofensa. O cuando, por ejemplo, una persona decide rezar ante una clínica abortiva; eso a ustedes les parece un auténtico crimen y un delito digno de ser castigado con una ley específica para prohibirlo. (Rumores.—Aplausos). Y eso lo dicen ustedes.

Es decir, al adversario, la cárcel y a los míos, barra libre. Ese es el problema, señor Santiago, en el que se encuentra ahora mezclado el Partido Socialista. Porque están ustedes colaborando para convertir España en una democracia sesgada a la izquierda, incluso camino de una dictadura ideológica, en la cual solo se permitan las expresiones de uno de los bandos, de una de las ideologías, y a los contrarios se les tenga absolutamente proscritos, tanto en las calles como en los medios de comunicación. Están ustedes al final pactando y siguiendo la línea de aquellos cuyo único objetivo es subvertir el orden público, cambiar el régimen y crear uno nuevo en el cual ustedes tengan todo el poder omnímodo del Estado. Por eso, van poco a poco secuestrando cada una de las instituciones del Estado, precisamente para garantizar este fin, que no es otro, al final, que el de amordazar a la oposición.

Ustedes han conquistado ya el Tribunal Constitucional; han conquistado ustedes, por supuesto, la televisión pública; han conquistado, cómo no —‌pretenden terminarlo esta semana—, la Agencia EFE. Poco a poco, van colonizando ustedes todas las instituciones del Estado, y lo cierto es que podría haberles salido bien la jugada, salvo que la oposición en España se va a resistir. No vamos a tolerar que ustedes pisoteen los derechos de unos pocos españoles que todavía quieren disentir (aplausos), porque en el fondo ese es su objetivo: ¡amordazar a la disidencia, silenciar a todo aquel que pretenda dar una voz discordante al pensamiento único que ustedes pretenden imponer! Y si alguien critica al Gobierno, lo calificarán ustedes de delito. Sin embargo, si alguien pretende amenazar, incitar al odio, decapitar a un presidente del Partido Popular, hacerle un escrache, un auténtico acoso, a concejalas del Partido Popular —‌o a miembros del Partido Popular— embarazadas, les da a ustedes igual.

Ustedes arrojan piedras, queman contenedores, y para ustedes todo vale, mientras que para la oposición, para quienes disienten, nada es aceptable. (La señora Lastra Fernández hace signos negativos). No diga usted que no con la boca tan grande, señora Lastra, porque ha apoyado siempre todas las manifestaciones que se han hecho masiva y agresivamente contra las instituciones españolas, desde el ‘rodea al Congreso’ cuando ustedes estaban en la oposición (aplausos), hasta las quemas de contenedores en las calles de Barcelona o, incluso aquí, en Madrid, en la Castellana. (La señora Lastra Fernández: Sigue, sigue). Y todo eso lo han apoyado ustedes cuando estaban en la oposición y ahora pretenden convertirlo en una auténtica forma de represión desde el propio Gobierno, que es en lo que ustedes están trabajando, en dar un golpe de Estado desde el Gobierno, desde la Moncloa (protestas), para implementar e imprimir ese cambio de régimen y construir un Estado y una democracia a su medida, en la que no quepa nadie más. Pues nosotros aquí seguiremos dando la batalla y discutiendo cada una de las barbaridades que ustedes pretenden hacer.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Ahora voy a ser muy breve, porque los argumentos profundos jurídicos que ha esbozado el diputado me van a resultar muy difíciles de contestar. Gracias en todo caso, señor Figaredo, por reconocer la rigurosidad de mi intervención. No puedo decir lo mismo de la suya. (Aplausos). El ataque personal demuestra la falta de un solo argumento. Cuando usted empieza una intervención subiéndose a esta tribuna y dedicándose a los ataques personales, aparte de acreditar una solemne ignorancia, demuestra que carece de ningún tipo de argumento. Lo que le ruego, lo digo por los insultos, es un poquito más de educación, demuestre a su familia que el dinero que han pagado por su colegio privado ha servido para algo. (Aplausos). ¿Se imagina que yo salgo a esta tribuna y empiezo a hablar de cuando su antecesor Figaredo, por no pagar a los mineros, se tenía que enfrentar a graves protestas laborales durante meses? ¿Recuerda usted eso? (Aplausos). Aquí hay que venir estudiado. Ofende quien puede. No solamente es que yo tenga cara de bueno, sino que soy una buenísima persona, se lo aseguro. (Risas). Nuestro compromiso con la libertad de expresión es tan claro que hemos presentado ya tres veces esta proposición de ley. Y, fíjense, ustedes han acudido a la calle Ferraz con banderas franquistas, con banderas constitucionales con el escudo recortado, es decir, provocando ofensas a altas instituciones del Estado. (Aplausos). ¡Esta reforma les viene muy bien para que no les lleven a los tribunales! Han acudido insultando al jefe del Estado, también les viene muy bien esta reforma del Código Penal para que no les acusen de injurias y calumnias a la Monarquía. ¿Recuerda usted cuando gritaban ‘la Constitución destroza la nación’? A lo mejor usted no lo recuerda, pero su ocioso y pancartero vicepresidente de Castilla y León, al que nunca vemos en un despacho, pero vemos en todas las manifestaciones de negacionistas de España, sí lo debe recordar, porque era uno de los protagonistas de ese ejercicio conspiranoico. Cuando se reconocen libertades fundamentales, lo positivo es que se reconocen hasta a personas que no quieren reconocer esos derechos fundamentales para el resto de la sociedad. Por eso, yo les sugiero que si no van a votar, por lo menos se abstengan, para que personas como ustedes, que actúan como ustedes, no tengan problemas con el Código Penal. Todo lo que ha dicho ha quedado grabado y, mutatis mutandis, se deberá aplicar a Amnistía Internacional, que ya les digo que les ha mandado una carta, a usted también, pidiendo la derogación de todos estos artículos que hemos incluido; o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también debe ser un peligrosísimo e insurgente bolchevique, porque ya lleva dictadas como diez sentencias que condenan a España por estas cuestiones. En todo caso, también a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa que insistentemente dice que lo que ocurre en España no es normal. Sobre todo, no es normal, porque reiteradas veces se nos vuelve a condenar, se nos vuelve a condenar y se nos vuelve a condenar. Le digo más, tenemos una obligación de cumplir con el derecho internacional y con las obligaciones de España ante la Comunidad Europea y de cumplir el artículo 10 del convenio, y eso nos obliga a reformar nuestra legislación. Eso es lo que estamos trayendo. Nosotros somos gente de orden, no queremos alterar el orden, como están haciendo ustedes desde hace tiempo, con lo cual, la próxima vez, léase la proposición de ley, estúdiela, confronte argumentos que sean mínimamente académicos, que podamos debatir, y creo que toda la Cámara se enriquecerá mucho más que no haber escuchado este lamentable espectáculo.

Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Señor Santiago, España se enriquecería si ustedes y sus socios dejasen de manosear y resobar la legislación española y la Constitución para tratar de indultar a los golpistas, para tratar de perdonar a los criminales (aplausos), para tratar de poner en la calle precisamente a quienes delinquen contra el Estado, contra el dinero público y contra los españoles y, por el contrario, empezasen a hacer justicia y a perseguir y meter en la cárcel a aquellos que sí son efectivamente criminales y que han atentado y atentan contra los españoles y contra la vida de muchísimos de nosotros.

Señor Santiago, no es de recibo que usted venga aquí y defienda, como dice, la libertad y la igualdad y hable usted de ataques personales, cuando precisamente sus socios de JuntsXCat se dedicaron, desde esta misma tribuna, ¡a señalar a un listado de jueces! (El señor Santiago Romero hace signos negativos). ¿Dice usted que no? (El señor Santiago Romero: Yo no tengo nada que ver). Está grabado y salió, y son sus socios, ¡a los que usted va a poner en la calle, a los que usted va a amnistiar, esos son! (Aplausos). Se dedicaron aquí a recitar un listado con nombres y apellidos de jueces, de periodistas y de personas a las que consideraban subversivas y a las que consideraban que se debe perseguir; y han montado unas comisiones en este Congreso precisamente para estudiar y perseguir a esos jueces y a esos periodistas que, según ustedes, están teniendo un comportamiento crítico para con el régimen. ¡Esa es su libertad de expresión, eso es lo que ustedes quieren y lo que ustedes buscan!

Habla usted de argumentos jurídicos. Los argumentos jurídicos son que España es de los países de Europa que menos castiga las ofensas contra los símbolos nacionales y contra sus instituciones, porque en la propia Alemania, en el Reino Unido, incluso en Francia, están sancionados los ataques contra el primer ministro y el presidente de la República. Precisamente, es muy lógico que eso también se establezca aquí en España. Y, como le decía, el español es realmente uno de los sistemas más laxos para con todas estas ofensas y todos estos ataques. Ataques que, en definitiva, lo que hacen es subvertir el orden público, sirven para atacar las instituciones desde sus propios cimientos y, precisamente por ello, debemos defenderlos, para evitar que suceda en España lo que ha sucedido en algunos otros países, y que precisamente grupos terroristas como los que usted defendía, señor Santiago —‌porque eso no es un ataque, como dice usted, personal, esa es su trayectoria; usted era el abogado del grupo terrorista de las FARC en Colombia, usted justificaba la violencia de las FARC en Colombia— grupos como ese y esas ideas trasciendan y lleguen a España. (Aplausos). Y para eso debemos proteger y defender nuestras instituciones y los símbolos nacionales, para evitar precisamente que ustedes logren salirse con la suya y sigan desmantelando y destruyendo el Estado y la democracia en España. Para eso estamos nosotros aquí: para evitarlo y para defender, como le digo, la democracia, la justicia y el Estado.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados de Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Pido la palabra por el artículo 71 del Reglamento.

Le ruego simplemente que retire del Diario de Sesiones esa afirmación, que es falsa de toda falsedad. (Rumores). Voy a decir cuál es la afirmación falsa, si no les molesta. A pesar de que todo el mundo, por supuesto, hasta el más deleznable de los criminales, tiene derecho a la defensa, eso es una conquista… (Un señor diputado: ¿Por qué artículo?). Artículo 71, ya lo he dicho. (Rumores.—Varios señores diputados: ¡71!). Lo he dicho cuatro veces, hombre.

A pesar de que todo el mundo tiene derecho a la defensa, como no puede ser de otra forma, y que es bastante lógico que los abogados defiendan a personas que tienen problemas con la ley —‌eso es bastante lógico—, yo nunca he defendido a ninguna organización…

Sí. Nunca he defendido a esas organizaciones que han mencionado. Yo he tenido el privilegio de ser asesor jurídico en un proceso de paz que ganó un Premio Nobel de la Paz y de trabajar para el Gobierno de Noruega, que ganó un Premio Nobel de la Paz, cosa que ustedes nunca podrán esgrimir.

Nada más. Gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Segundo estabelece o Dereito Internacional, o exercicio da liberdade de expresión só pode limitarse de forma moi específica en aras de protexer fins lexítimos, cando é manifestamente necesario e con medidas proporcionais e o menos intrusivas posible. Nada disto tivo en conta o Partido Popular. En 2015, o PP aprobou o que podemos chamar de «Leis da mordaza», en plural, pois incorporaba ao seu ordenamento xurídico español dúas reformas do Código Penal xunto coa nova Lei de Seguranza Cidadá que directamente permitían perseguir opinións discrepantes e impor penas e sancións completamente desproporcionadas. Estamos falando dun ataque directo á liberdade de expresión precisamente co fin de tentar controlar e minimizar a contestación ou descontento e a contestación e a mobilización social. A proposta que hoxe debatemos propón derrogar parte dos artigos do Código Penal incorporados naquela altura, mais deixa fóra outras cuestións. Elimina, por exemplo, as inxurias á Coroa, mais mantén as inxurias ás Cortes Xerais do artigo 496 e as inxurias e calumnias con carácter xeral, ao tempo que derrogaría os referidos á reputación das institucións públicas. Tamén no referido ás ofensas á relixión fican a medias, referíndose só ao artigo 525 e tampouco entra a revisar o 510 sobre apoloxía do odio, entre outras cuestións. Para reverter os recortes da liberdade de expresión sería preciso facer unha reforma máis profunda do Código Penal, ao tempo que se procede a derrogar a chamada Lei da mordaza, que temos que lembrar que foi unha promesa electoral e compromiso do Goberno anterior do PSOE e de Unidas Podemos, aínda incumprido infelizmente nesta altura. Cabe destacar que na proposta se introduzan dous novos tipos referidos aos funcionarios públicos que, fóra dos casos permitidos pola lei, realicen identificación, censuren ou prohiban actos de protesta. Mais se se mantiver o resto da lexislación vixente, a pregunta é cando poderán aplicarse estes delitos, cando van ser identificacións improcedentes se continúan amparadas pola Lei mordaza. Por tanto, máis unha vez, hai que derrogar a Lei mordaza. Como dicía, é preciso facer unha reforma máis profunda do Código Penal para amparar a liberdade de expresión porque, señor Santiago, vostede sabe perfectamente que as limitacións democráticas e as limitacións á liberdade de expresión non arrancan dos Gobernos do Partido Popular e non arrancan do ano 2015. Son consubstanciais ao réxime de 78 e son consecuencia dunha transición, dunha mal chamada transición que pactou tanto o Partido Socialista como o Partido Comunista. Eu quero lembrar un dos primeiros casos no ano 1980 ao cantor galego Suso Vaamonde foi condenado por inxurias á nación a seis anos de prisión que pasou no exilio pola letra dunha canción. Por tanto, hai que actuar. Consideramos esta proposta un comezo, un primeiro paso que haberá que mellorar no trámite de emenda e, por tanto, o BNG vai votar a favor e vai traballar para que poida chegar a bo termo. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Según establece el derecho internacional, el ejercicio de la libertad de expresión solo se puede limitar de forma muy específica en aras de proteger fines legítimos cuando es manifiestamente necesario y con medidas proporcionales y lo menos intrusivas posible. Nada de esto ha tenido en cuenta el Partido Popular en el año 2015, en que aprobó lo que podemos llamar las leyes de la mordaza, en plural, pues se incorporaban al ordenamiento jurídico español dos reformas del Código Penal junto con la nueva ley de seguridad ciudadana, que directamente permitían perseguir opiniones discrepantes e imponer penas y sanciones completamente desproporcionadas. Estamos hablando de un ataque directo a la libertad de expresión precisamente con el fin de intentar controlar y minimizar el descontento, la contestación y la movilización social. La propuesta que hoy debatimos propone derogar parte de los artículos del Código Penal incorporados en aquel momento, pero deja fuera otras cuestiones. Elimina, por ejemplo, las injurias a la Corona, pero mantiene las injurias a las Cortes Generales del artículo 496 y las injurias y calumnias con carácter general, al tiempo que derogaría las referidas a la reputación de las instituciones públicas. También en lo referido a las ofensas a la religión se quedan a medias, pues se refiere solo al artículo 525, y tampoco entra a revisar el artículo 510 sobre la apología del odio, entre otras cuestiones. Para revertir los recortes de la libertad de expresión sería necesario hacer una reforma más profunda del Código Penal, al tiempo que se procede a derogar la llamada ley de la mordaza, que hay que recordar que fue una promesa electoral y un compromiso del Gobierno anterior del PSOE y de Unidas Podemos, aun incumplido infelizmente, desgraciadamente, en este momento.

Cabe destacar que en la propuesta se introducen dos nuevos tipos referidos a los funcionarios públicos, que, fuera de los casos permitidos por la ley, realicen identificaciones, censuren o prohíban actos de protesta, pero si se mantuviese el resto de la legislación vigente, la pregunta es: ¿cuándo podrán aplicarse estos delitos? ¿Cuándo van a ser identificaciones improcedentes si continúan amparadas por la ley mordaza? Por lo tanto, una vez más hay que derogar la ley mordaza.

Como decía, es necesario hacer una reforma más profunda del Código Penal para amparar la libertad de expresión porque, señor Santiago, usted sabe perfectamente que las limitaciones democráticas y las limitaciones a la libertad de expresión no arrancan de los Gobiernos del Partido Popular ni del año 2015. Son consustanciales al régimen del 78 y son consecuencia de una mal llamada Transición, que pactó tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista. Quiero recordar que uno de los primeros casos, en 1980, fue el del cantautor gallego Suso Vaamonde, que fue condenado, por injurias a la nación por la letra de una canción, a seis años de prisión que pasó en el exilio. Por lo tanto, hay que actuar. Consideramos esta propuesta un comienzo, un primer paso, que habrá que mejorar en el trámite de enmiendas. Por lo tanto, el BNG va a votar a favor y va a trabajar para que pueda llegar a buen término.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, no existe democracia plena cuando puedes acabar en la cárcel por rapear. Te puede gustar más o menos, pero rapear no puede ser un delito y ninguna creación artística o musical puede ser perseguida hasta el punto de dar con tus huesos en la cárcel. No existe tampoco democracia plena cuando se pena por injurias y calumnias a la Corona, cuando en la práctica y en la realidad, que es lo que hemos visto siempre, son críticas a la institución. Una institución que voy a recordar que fue impuesta por el franquismo y que, además, jamás se ha sometido a un refrendo popular en el que la ciudadanía pueda votar en libertad sobre la naturaleza monárquica o republicana de la jefatura del Estado. A menudo se ha confundido la crítica con las injurias y las calumnias. No se cuestiona tampoco la libertad de expresión si esa libertad se practica, por ejemplo, en las protestas de Ferraz que tanto les gustan a sus señorías de la derecha ultra y de la ultraderecha. Se ha llamado al rey felpudo IV; más recientemente, también cornudo VI; Felipe, masón, defiende tu nación, o los Borbones a los tiburones; eso sí, no lo hagas rapeando. Bueno, si eres de derechas, puedes hacerlo porque, evidentemente, los insultos salen gratis y, por supuesto, tienes libertad de expresión. El señor Figaredo hablaba de Alemania. Señor Figaredo, ojalá nos pareciésemos mucho más a Alemania, como le he dicho muchas veces aquí. ¿Sabe la diferencia que hay entre Alemania y España, señor Figaredo? No quiere escucharme, pero ¿sabe la diferencia que hay? Que en Alemania no utilizan los símbolos ni la bandera para ofender o ultrajar al resto de los ciudadanos, como hacen ustedes. Ustedes ofenden y ultrajan muchas veces con los símbolos, con nuestros símbolos, al resto de la población y los utilizan para hacer el mal. Esa es la diferencia entre España y Alemania; además de que no hay ninguna calle nombrada con el nombre de alguien nazi y, desde luego, no se puede hacer apología del nazismo, como hacen ustedes aquí en Ferraz del franquismo y no les pasa nada. Así que estaremos de acuerdo usted y yo en que tenemos que aprobar esta ley para que haya libertad de expresión para todos y para todas, también para nosotras, señor Figaredo. Fíjense si estamos de acuerdo en que hay que defender la libertad de expresión cuando muchos jueces españoles —‌tan progresistas ellos— nunca procesan a nadie por insultar o por injuriar a políticos progresistas, aunque ahora mismo tampoco se ha visto con esos insultos al rey o a la Corona. Así que creo que vamos a estar toda la Cámara de acuerdo. No existe democracia plena cuando la asociación de Abogados Cristianos puede interponer denuncias o querellas, saturando los juzgados y haciendo pasar por calvarios judiciales a señores como el señor Willy Toledo por cagarse en Dios, o contra la procesión —‌eso me toca en Andalucía— del coño insumiso o el chumino rebelde en Sevilla y en Málaga. Esta última —‌lo voy a recordar— saldada con una activista condenada en Málaga. Se denuncia por ofensa a los sentimientos religiosos a la vez que, sobre la base de esos sentimientos religiosos, acosan y coaccionan —‌disfrazándolo de rezo— a las mujeres que van a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Esa es su democracia.

Voy a terminar. No hay democracia plena cuando hoy mismo se quiere investigar a unos payasos porque son pro-ETA. Demencial. No existe democracia plena mientras se judicialice y se lleve a los tribunales a payasos, titiriteros, cantantes o a raperos.

Gracias, presidenta, termino. Vamos a apoyar esta ley porque la llevamos defendiendo desde 2018, porque son delitos que son arcaicos, que están obsoletos, que devienen del franquismo y que supone una vergüenza democrática que sigan permaneciendo en el Código Penal en 2023. Quiero señalar también la consideración de su insuficiencia. Hay que derogar también la Ley Orgánica 4/2015, la llamada ley mordaza, para cerrar el círculo. Y, por último, falta garantizar un comportamiento democrático en las instituciones del llamado Estado profundo; es decir, de aquellos organismos…

… estructuras y cuerpos que deben garantizar el cumplimiento y aplicación de leyes y la persecución del delito.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on jaun-andreok. Debatimos, como se ha dicho, una de las cuestiones claves del Estado democrático, cual es el derecho a la libertad de expresión y sus límites. Es un debate recurrente en las legislaturas pasadas alrededor de determinados tipos penales, cuyas iniciativas de reforma siempre fueron tomadas en consideración, pero que quedaban embalsadas en la Mesa de la Cámara al prorrogarse sine die los plazos de enmienda hasta que decaían llegado el final de la legislatura. Una historia que recuerda al mito de Sísifo, en cada legislatura hay que subir la iniciativa hasta la cima de la montaña, para que finalmente esta caiga —‌decaiga en este caso— y así tener que volver a considerar de nuevo la ascensión en la siguiente y así volver a repetir el ciclo una y otra vez. Porque, señorías, esta misma iniciativa fue presentada por Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, casi en los mismos términos que ahora, en las legislaturas XII y XIV, en las dos con la misma suerte: tomada en consideración y embarrancada en los plazos de enmiendas. Esquerra Republicana presentó otra proposición sobre parte de estos mismos artículos en 2021 con la misma suerte. Junts presentó otra también en 2021 con la misma suerte y también tomamos en consideración, la legislatura pasada, una iniciativa proveniente del Senado que tuvo la misma suerte. Señorías, confiemos en que ahora no vuelva a pasar la misma historia, porque en todas estas iniciativas el Grupo Parlamentario Vasco ha tenido siempre la misma postura: votar a favor de su toma en consideración, siempre hemos entendido que su contenido reclamaba un debate con el ánimo de considerar sosegadamente la propuesta que se nos hacía u otras que pudieran surgir a su hilo. Porque la iniciativa que debatimos —c‌ omo las del pasado— confronta el derecho a la libertad de expresión con los distintos tipos penales, sobre los cuales muchas veces se ha dado la voz de alarma por su desajuste con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Y, por su parte, también el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de la Unión, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y bastantes ONG —c‌ omo Amnistía Internacional— también han puesto en solfa en esta materia la redacción e interpretación excesivamente amplia de ciertos tipos penales y su interpretación por los tribunales, llegando a considerar la necesidad de despenalización de determinadas conductas, porque la libertad de expresión debe ser prevalente al ayudar a conformar el debate público político y la libre participación de la ciudadanía. Por ello, nuestro grupo parlamentario entiende que este es un debate que no debemos rehuir. Con él se afronta una de las cuestiones claves en una democracia liberal, de un sistema liberal de expresión. Con la libertad de expresión, señorías, se funda y a través de ella se identifica a los sistemas democráticos frente a los autoritarios, sin que, por supuesto, ello suponga desconocer los límites del derecho de la libertad de expresión del artículo 10.2 del convenio europeo, como todo derecho los tiene, y que en la Constitución se identifican en el apartado cuarto de su artículo 20; lo que, sin embargo, ha de interpretarse de forma restringida, pues así lo exige el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, que también se extiende a ideas y expresiones que pueden ofender, conmocionar o perturbar, y sin los cuales no se entiende una sociedad democrática.

Sin embargo, el debate y reflexión sobre el derecho de libertad de expresión y sus límites y los límites que establece hoy en día el Código Penal consideramos que requiere, como les decía, un examen técnicojurídico en profundidad y con todos los elementos de juicio, más allá de la voluntad de impulso jurídico que ahora manifestamos y manifiesta nuestro grupo. Porque nos encontramos ante una cuestión no exenta de aristas y ante una proposición huérfana de informes, como, por cierto, no podía ser de otra forma. Lo que demanda, a nuestro juicio, que se reclame al Gobierno informe de la sección de penal de la Comisión de Codificación sobre el objeto y propósito de esta iniciativa, que sin ese dictamen —‌u otros que se consideren oportunos— corre el riesgo, como vulgarmente se dice, de empedrar el infierno de buenas intenciones, este es un riesgo que estaría servido.

Voy finalizando, presidenta. Votaremos a favor de la iniciativa para impulsar políticamente el debate sobre la adecuación del Código Penal al derecho a la libertad de expresión, pero que reclama —‌como les decía—, con carácter preliminar, criterio experto para abordar el proceso legislativo con garantías en una cuestión no menor, como es la modificación del Código Penal y con la amplitud que se propone.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

Arratsalde on, mahaiburu andrea, jaun-andreok. Lege proposamen hau berriro datorkigu Kongresura., Gorte Orokorretara. Ez da lehen aldia eztabaidatzen duguna, eta berriro ere errepikatu dira beste legealdietan eman ziren argudioak. Eta ni, egia esanda, ez naiz originala izango eta gauza bera egingo dut: azkenengoetan emandako arrazoiak emango ditut gaur.

Lehenengoa da Espainiak Europar Batasunaren estatuen artean badaukan Kode Penala eta daukan zigor markoa gogorrenetarikoenen artean dagoela behin eta berriro esan dugu. Gero, bestaldetik, argi dago ere, eta beste bozeramaile batzuek esan dute, etxeko lanak egiteke daude. Hor daude Europako giza eskubideen auzitegiaren epai irmoak, eta era berean Nazio Batuen gomendioak eta ebazpenak. Eta oraindik ez da legedia, oraindik ez da Kode Penala aldatu. Eta, hirugarrenez, adierazpen askastasunaren kalitatea estatu batean ez da neurtzen bakoitzak dituen argudioak eta ideiak defendatzeko eskubidearekin, ezta gizarte baten amankomunezko ideiak defendatzeko eskubidearekin, ez. Kotoizko froga dago, hain justu, entzuten direnean, defendatzen direnean gogorrak, mingarriak, batzuetan nazkagarriak ere diren argudioak eta ideiak defendatzeko adierazpen askatasunean datza. Hortan datza adierazpen askatasuna. Hor dago kotoizko froga.

Estatu honetan, eta ez diot nik, arazo bat dago adierazpen askatasunarekin. Lehen esan dut nortzuk esaten duten ideia hori, eta nortzuk eskatzen diguten aldatzeko Zigor Kodea. Eta argi dago defizit bat dagoela, gabezia bat dagoela, eta ordua heldu dela arazo horri aurre egiteko eta neurriak hartzeko. Horregatik, ezkertzen diot Sumar taldeari gaur ekarritako proposamena, beste legealdi batzuetan egin zuten bezala,ala guk ERCrekin batera egin genuen bezala Senatuan joan den legealdian.

Muy buenas tardes, señora presidenta, señorías. Nos traen otra vez esta proposición de ley. No es la primera vez que la debatimos y, de nuevo, se vuelven a repetir los argumentos que ya se dieron en otras legislaturas. En mi opinión, no voy a ser original y voy a repetir también lo mismo, y voy a dar los mismos razonamientos que ya di en su día. El primer razonamiento sería que España, entre los países de la Unión Europea, su Código Penal y su marco de sanciones es uno de los más duros, eso es lo que repiten. Por otra parte, está claro, y otros grupos ya lo han dicho, que los deberes están por hacer. Ahí están el Tribunal de los Derechos Humanos y la Unión Europea, sus sentencias y, por otra parte, las recomendaciones de las Naciones Unidas, y todavía, como decía, no se ha modificado el Código Penal. En tercer lugar, en cuanto a la calidad de la libertad de expresión, no se mide según los argumentos y las ideas que tiene cada uno, ni siquiera mediante el derecho a defender las ideas comunes de una sociedad. La prueba del algodón, cuando se escuchan esas cosas, cuando se defienden esas cosas, es que son incluso desagradables, son fuertes, son ideas, son argumentos que resultan desagradables, pero sí que hay libertad de expresión para ello. Ahí está la prueba del algodón, en la libertad de expresión para dar todos esos argumentos. En este Estado —‌y no lo digo solo yo— hay un problema en cuanto a la libertad de expresión. Algunos ya nos piden que lo cambiemos y que cambiemos el Código Penal. Está claro que hay un déficit democrático, que hay un vacío y que ha llegado ya la hora de hacer frente a ese problema y de tomar medidas al respecto. Por eso, le doy las gracias al Grupo SUMAR por traer esta propuesta hoy aquí, como ya hicieron en otras legislaturas y como nosotros ya hicimos en su día y en la pasada legislatura en el Senado.

Señorías, decía que el debate no es nuevo. Las propuestas de modificación del Código Penal que se traen hoy aquí no hacen de España un Estado peor, es más, hacen un Estado con más garantías, un Estado que cumpliría los estándares democráticos fijados por instituciones europeas e internacionales. Por ello, vamos tarde.

Todo derecho tiene unos límites —l‌o decía también el señor Legarda—, y teniendo en cuenta que el Código Penal y el sistema penal español ya son de los más severos de la Unión Europea, ya tienen todos los derechos una limitación intrínseca. Por tanto, ¿por qué mantener unos artículos que son del pasado, que no aportan nada más que limitación de derechos? Además, es una obviedad que hay una deriva autoritaria en el Estado, que no viene solamente de estos artículos arcaicos, sino también de la sanción administrativa, vía ley de seguridad ciudadana, ley mordaza, que también espero que en breve se pueda derogar.

En los últimos años, hemos visto hechos tan de otra época —p‌ or decirlo de alguna manera— como las razias policiales, en esa Operación Araña que llevó a decenas de personas en Euskal Herria a pasar por comisaría. Hemos visto incluso a artistas en el exilio: a Valtònyc, al señor Abel Azcona —‌por cierto, creo que el señor Sayas le ponía como referencia de la amistad; también querrá denunciar el hecho de que Abel Azcona, por una obra artística, tuviera que salir al exilio— o, de igual forma, el caso de Pablo Hásel, en prisión. Creo que son hechos que no se deberían ver en un Estado que se tiene por democrático y de los más avanzados del mundo y todo esto que se suele repetir. Incluso, como decía, la señora Velarde, que manifestaciones satíricas, en tono de humor, con un contenido de crítica religiosa, puedan ser perseguidas y procesadas en un Estado aconfesional. ¿A ustedes, señorías del Partido Popular, no les chirría algo? ¿No les parece que hay algo que igual no está bien y que se debería abordar cuando menos un debate tranquilo y sosegado sobre unas mejoras para cumplir las recomendaciones de Naciones Unidas, de la Unión Europea y, cómo no, del Consejo Europa? Porque al mismo tiempo se busca lo que se viene a llamar el silence effect, esto de la autocensura de otros artistas, de otras personas, de otros medios ante el temor a poder ser sancionado.

Un apunte especial merece la Corona —‌y se ha dicho también—, con dos condenas al Reino de España por no haber prevalecido el derecho a la libertad de expresión. Son precisamente aquellas instituciones más altas, aquellas que más poder tienen y que más protegidas están las que tienen que ser más flexibles a cierta crítica. Sin embargo, vemos cómo en el Estado español, a una jefatura de Estado feudal, medieval, hereditaria, que además es inviolable, se la protege sobremanera; incluso en las Cortes Generales no se pueden desarrollar comisiones de investigación sobre hechos que en otros casos podríamos decir que serían delictivos por estar sobreprotegida. Y además vemos cómo se recoge una sobreprotección que, a todas luces y siguiendo los criterios del Consejo de Europa, debería ser retirada.

Para acabar, es evidente que hay una doble vara con este asunto —‌también lo decía otro portavoz—, porque en este momento las críticas más duras contra la Casa Real no vienen de la militancia o de partidos republicanos, vienen precisamente de sectores conservadores, que incluso se llaman monárquicos, cuando dicen esto de Felpudo VI, incluso coreándolo frente a agentes policiales, y no creo que nadie les vaya a inquietar ni a perseguir; o cuando un examigo íntimo de la Casa Real hace comentarios privados...

Termino, señora presidenta. No creo que nadie les vaya a denunciar. Ahí, se prefiere que se calle y se olvide. En definitiva, ¿recuerdan ustedes aquel lema de Nous sommes Charlie, en referencia al ataque de fanáticos religiosos contra Charlie Hebdo? Pues el derecho a la libertad de expresión estriba en eso, en el derecho a las críticas más duras, incluso a aquellas que nos puedan herir en algún momento, que nos resulten desagradables; pero de eso va la libertad de expresión.

Muchas gracias, señora presidenta.

Presidenta Armengol, gràcies. Senyores i senyors diputats, bona tarda. Avui debatem sobre la llibertat d’expressió i els límits d’un dret fonamental que es defensa i es practica cada dia. Fa una setmana, aquí mateix, els dèiem que l’Estat ha de fer net, que no es pot empastifar més. I avui, per parlar de la llibertat d’expressió, recordem que la democràcia és una actitud que hauria d’impregnar-ho tot i ho hauria d’impregnar sempre. Però els temps són difícils. A Europa bufen mals vents per a la llibertat d’expressió i al Reino d’Espanya també. Si fem memòria, el PP no va trobar cap urna de l’1 d’octubre i una part de l’Estat obscur i profund encara no ho ha paït. A la vegada, el PSOE —s‌ í, sí, el PSOE— es va equivocar votant el 155. Quin greu error. Aleshores, en aquell moment molts, en lloc de pensar que el PSOE havia anat cap a la dreta —‌que hi va anar—, molts van fer veure que el carril de la dreta havia quedat buit, i a partir d’aquí la història és desgraciadament coneguda. A Espanya el sistema de partits, senyores i senyors diputats, es va obstinar a anar contra les roques. Arribada de Vox, arribada de Vox, neofranquisme. Avui déu-n’hi-do quin festival de nostàlgia. Intent de retrocés de drets i de llibertats. Per això alertem, des de Junts alertem que a l’Estat espanyol la democràcia està en regressió. Nosaltres no ens posarem la capa de superheroi per salvar Espanya. No ho farem, no ho farem. Junts senzillament defensa i defensarà la nostra llibertat i el dret de Catalunya a ser allò que col·lectivament vulguem ser. És l’hora de sacsejar la zona de confort d’un Estat espanyol que voldria tenir els catalans com a xaiets, quiets i muts en el marc de les autonomies del 78. Però els catalans no som xaiets ni estem muts. Però, això sí, sempre, sempre, sempre, defensarem la democràcia. I aquí és quan entrem de ple en el debat de la llibertat d’expressió. Coneixen Pere Calders? L’escriptor català més genial del segle XX a l’hora d’escriure contes. Irònic i punyent. Calders escrivia: «Ai de teves a meves». De teves a meves, quina reflexió més bonica, quina aposta per l’empatia. La llibertat d’expressió, senyores i senyors diputats, també hauria de ser això, empatia, veritat i respecte. Però què passa? Passa que sovint el joc polític se sustenta en els relats fake i en la mentida. En l’altra cara, insisteixo, en la cara de la veritat, i en aquest punt a l’Estat espanyol topem amb una greu contradicció. Hi ha una censura diguem-ne que legal, que acceptada, la que diu que no es pot tocar, per exemple, la monarquia. Aquesta democràcia de fonaments molt fràgils s’indigna poc amb la mentida i pot embogir amb la veritat. Quina contradicció. Per exemple, no es pot dir que la monarquia espanyola és una SA corrupta i que la tropa dels Borbons sempre ha hagut de fugir cames ajudeu-me per lladres o per deslleials. La Fiscalia, recordem-ho, va trobar fins a tretze delictes al rei emèrit, els uns estaven prescrits, és cert, els altres emparats per la resta, la seva condició reial, i en la resta Hisenda —‌ai, Hisenda— va posar la catifa perquè es regularitzés la corrupció. L’emèrit de les comissions de l’AVE a la Meca evita processos judicials per qüestions de forma, no pas de fons, i si no que ho preguntin a una tal Corinna. Però si ho dius, si ho dius, si expliques que la monarquia és un despatx de comissionista, que la nit del 24 de desembre cada any fa discursos a la tele on parla d’exemplaritat i de decència, si dius tot això, ets pell, pots anar a la presó. Que no ho veuen que no anem bé, que això és el món al revés? Això és el món al revés. Ets raper, fas una cançó dient que el rei roba —i‌ el rei roba— i et jugues la presó. Per això aquest debat és tan important. I per això és important fixar-nos en el cas d’en Josep Miquel Arenas, en Valtònyc. Espanya el va condemnar —‌sí, sí, el va condemnar— a tres anys i sis mesos de presó per cantar una veritat. En canvi, a Bèlgica van despenalitzar les injúries a la corona arran del seu cas. Que un raper pogués acabar a la presó els va obrir els ulls. Nosaltres també hem d’obrir els ulls. I a l’Espanya política què? actuem. Ara sí, ara no. El portaveu del PNB ho ha dit, ara sí, ara no. Senyors del PSOE, ara sí? Ara toca, ara no toca. Ho tenim clar, no encara. Com anirà això? Per cert, com expliquen que en aquest Congrés la diputada Míriam Nogueras parli aferrada a la veritat i per haver estat descriptiva i crítica els jutges l’amenacin. Com ho veuen? Pregunto, encara que durant anys hagin convertit l’estat de dret en una bola de plastilina, la justícia és l’altre intocable? L’opció de Junts és acabar amb aquestes censures. Els límits de la llibertat d’expressió no poden ser ni la por ni un codi penal dur que freni segons quins debats abans que arribin. Joaquín Urías, professor de Dret Constitucional, ho explica molt bé: «L’ofensa per discrepància no és delicte. El problema és que tenim intolerància a les opinions diferents», afirma Uría, Hauria, i això és diferent. Quina veritat, la intolerància a les opinions diferents. I en política, més encara, perquè d’aquesta intolerància, alerta, se’n deriva la repressió. José Luis Sampedro també adverteix: «Sense la llibertat de pensament, la llibertat d’expressió no serveix per a res.»

Els anys 2018, 2019 i 2020 l’Espanya política va portar als tribunals —‌sí, als tribunals— el debat polític del Parlament de Catalunya. Quina vergonya. Ho recorden? La Mesa del Parlament va rebre 21 requeriments per coartar la llibertat d’expressió. Per què? Doncs perquè el Parlament de Catalunya volia parlar de la monarquia —‌ai, sempre la monarquia— i el dret a decidir. Això és tot. En el lloc on s’ha de parlar es volia parlar, quin drama. És molt poc exemplar, i això va per a tots, omplir-nos la boca parlant de democràcia a totes hores, a totes hores democràcia, democràcia, democràcia, i que a 600 quilòmetres hi hagi diputats que no puguin debatre lliurement perquè la por a la veritat ha silenciat la força de la veritat.

I vaig acabant. Per cert, les esquerres —t‌ambé a les esquerres—, Sumar, Podem, on eren vostès i els pensadors i els artistes que els acompanyen quan a Catalunya no es podia parlar de tot perquè l’Estat i els governs així ho van decidir? On eren? No parlem del segle XVIII ni del XIX, parlem tot just de fa quatre dies. Hem estat sols, els independentistes hem estat massa vegades sols. Surtin del búnquer, facin que el Congrés sigui un mirall, com ara, com avui, com aquesta tarda, defensant la llibertat d’expressió i defensant quan toqui, quan sigui el moment, coses tan elementals en democràcia com el dret de les nacions a poder decidir. Avui la proposta de repensar els límits de la llibertat d’expressió per driblar totes les censures subtils o poderoses trobarà el vot favorable de Junts per Catalunya. Moltíssimes gràcies.

Presidenta Armengol, gracias. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Hoy debatimos sobre la libertad de expresión y los límites de un derecho fundamental que se defiende y se practica cada día. Hace una semana, aquí mismo, les decíamos que el Estado tiene que limpiar a fondo, que no se puede embadurnar más, y hoy, para hablar de la libertad de expresión, recordemos que la democracia es una actitud que lo debería impregnar todo y siempre. Pero los tiempos —¡Ay, los tiempos!— son difíciles. En Europa soplan malos vientos para la libertad de expresión, y en el Reino de España, también. Si hacemos memoria, el PP no encontró ninguna urna del 1 de octubre, y una parte del Estado oscuro y profundo todavía no lo ha digerido. Al mismo tiempo, el PSOE —‌sí, sí, el PSOE— se equivocó votando el 155. ¡Qué craso error! Entonces, en aquel momento, en lugar de pensar que el PSOE había ido a la derecha —q‌ ue fue hacia la derecha—, muchos hicieron ver que el carril de la derecha había quedado vacío. A partir de ahí, la historia, desgraciadamente, es conocida: en España, el sistema de partidos, damas y caballeros diputados, se obstinó en ir contra las rocas. Llegada de VOX, neofranquismo; hoy —‌no está mal, qué festival de nostalgia—, intento de retroceso de derechos y de libertades. Por eso, desde Junts alertamos de que en el Estado español la democracia está en regresión. Nosotros no nos pondremos la capa de superhéroe para salvar a España; no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Junts, simplemente, defiende y defenderá nuestra libertad y el derecho de Cataluña a ser aquello que colectivamente quiera ser. Es la hora de sacudir la zona de confort de un Estado español que quisiera tener a los catalanes quietos y tranquilos, como corderillos en el marco de las autonomías del 78. Nosotros no somos corderos ni estamos mudos, pero, eso sí, siempre siempre siempre vamos a defender la democracia. Y aquí es cuando entramos de lleno en el debate de la libertad de expresión. ¿Conocen ustedes a Pere Calers? El escritor catalán más genial del siglo XX a la hora de escribir cuentos irónicos. Él decía: De teves a meves. Una reflexión muy bonita, una reflexión por la empatía. La libertad de expresión, señoras y señores diputados, debería ser eso: empatía, verdad y respeto. Pero ¿qué sucede? Sucede que a menudo el juego político se sustenta en los relatos fake y en la mentira, y en la otra cara, insisto, en la cara de la verdad —‌y en este punto, en el Estado español, topamos con una grave contradicción—, hay una censura digamos que legal, aceptada, la que dice que no se puede tocar, por ejemplo, la monarquía. Esta democracia de cimientos muy frágiles se indigna poco con la mentira y puede enloquecer con la verdad. Qué contradicción. Por ejemplo, no se puede decir que la monarquía española sea corrupta y que la tropa de los Borbones siempre ha tenido que huir por piernas, por ladrones o por desleales. La Fiscalía —‌recordémoslo— encontró hasta trece delitos al rey emérito. Unos estaban prescritos, otros estaban amparados por su condición real y, por lo demás, Hacienda —¡Ay, Hacienda!— puso la alfombra para que regularizara la corrupción. El emérito de las comisiones del AVE en La Meca evita procesos judiciales por cuestiones de forma, no de fondo, y, si no, que se lo pregunten a una tal Corinna. Pero ¿si lo dices? Si lo dices, si explicas que la monarquía es un despacho de comisionistas, que la noche del 24 de diciembre, cada año, pronuncia discursos en la tele donde habla de ejemplaridad y de decencia, si dices todo esto, puedes ir a la cárcel. Carne de cañón. ¿No ven ustedes que no vamos bien? Este es el mundo al revés. Eres rapero, haces una canción diciendo que el rey roba —y‌ el rey roba— y te juegas la cárcel. Por esto, este debate es tan importante y por ello es tan importante que nos fijemos en el caso de Josep Arenas, Valtònyc. España lo condenó, sí, lo condenó a tres años y seis meses de cárcel por cantar una verdad. En cambio, en Bélgica despenalizaron las injurias a la corona a raíz de su caso. Que un rapero pudiera acabar en la cárcel les abrió los ojos. Y nosotros también tenemos que abrir los ojos.

¿Y en la escena política qué? Ahora sí, ahora no. Lo ha dicho el portavoz del PNV: ahora sí, ahora no. Señores del PSOE, ¿ahora sí? ¿Ahora toca? ¿Ahora no toca? ¿Lo tenemos claro? ¿Todavía no? Veremos cómo va a ir.

Por cierto, cómo explican que en este Congreso la diputada Míriam Nogueras hable aferrada a la verdad y, por haber sido descriptiva y crítica, los jueces la amenacen. ¿Cómo lo ven? Pregunto. ¿Aunque durante años hayan convertido el Estado de derecho en una bola de plastilina, la justicia es la otra intocable? La opción de Junts es acabar con estas censuras. Los límites de la libertad de expresión no pueden ser ni el miedo a un código penal duro que frene ciertos debates antes de que lleguen. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional lo explica muy bien: La ofensa por discrepancia no es derecho. El problema es que tenemos intolerancia a las opiniones diferentes —‌afirma Urías—, y esto es cierto. Qué verdad la intolerancia, la intolerancia a las opiniones distintas, y en política todavía más, porque de esta intolerancia —‌alerta— se deriva la represión.

José Luis Sampedro también advierte: Sin la libertad de pensamiento, la libertad de expresión no sirve para nada. En los años 2018, 2019 y 2020 la España política llevó a los tribunales —‌sí, a los tribunales— el debate político del Parlamento de Cataluña. Qué vergüenza. ¿Lo recuerdan? La Mesa del Parlamento recibió veintiún requerimientos para cortar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el Parlamento de Cataluña quería hablar de la monarquía —¡Ay, sí, siempre la monarquía!— y del derecho a decidir. Eso es todo. En el lugar donde hay que hablar, se quería hablar. Vaya drama. ¿Vaya drama, verdad? Es muy poco ejemplar —‌y esto va por todos— que nos llenemos la boca hablando de democracia a todas horas, a todas horas —‌democracia, democracia, democracia— y que a 600 kilómetros haya diputados que no puedan debatir libremente porque el miedo a la verdad ha silenciado la fuerza de la verdad.

I vaig acabant. Per cert, les esquerres —‌també a les esquerres—, Sumar, Podem, on eren vostès i els pensadors i els artistes que els acompanyen quan a Catalunya no es podia parlar de tot perquè l’Estat i els governs així ho van decidir? On eren? No parlem del segle XVIII ni del XIX, parlem tot just de fa quatre dies. Hem estat sols, els independentistes hem estat massa vegades sols. Surtin del búnquer, facin que el Congrés sigui un mirall, com ara, com avui, com aquesta tarda, defensant la llibertat d’expressió i defensant quan toqui, quan sigui el moment, coses tan elementals en democràcia com el dret de les nacions a poder decidir. Avui la proposta de repensar els límits de la llibertat d’expressió per driblar totes les censures subtils o poderoses trobarà el vot favorable de Junts per Catalunya. Moltíssimes gràcies.

Voy terminando. Por cierto, también las izquierdas, Sumar, Podemos, ¿dónde estaban ustedes, los pensadores y los artistas cuando en Cataluña no se podía hablar de todo porque el Estado y los gobiernos así lo decidieron? ¿Dónde estaban ustedes? Y no hablamos del siglo XVIII ni del XIX, hablamos de hace cuatro días. Hemos estado solos; los independentistas hemos estado demasiadas veces solos. Salgan del búnker, hagan que el Congreso sea un espejo, como ahora, como hoy, aquí, defendiendo la libertad de expresión y defendiendo cuando toque, cuando sea el momento, cosas tan elementales en democracia como el derecho de las naciones a poder decidir. Hoy, la propuesta de repensar los límites de la libertad de expresión para derribar todas las censuras, sutiles o poderosas, va a encontrar el voto favorable de Junts per Cataluña. Muchísimas gracias.

Bona tarda, diputats, diputades. Ara li preguntava al company Pisarello si vindrà a la mateixa presó que jo o a una altra perquè fa un moment l’han enviat a la presó, i té molt a veure amb el que estem parlant. En realitat, he quedat sorpresa que hi hagués un torn en contra, perquè és que sembla quasi impossible que ningú pugui fer un torn en contra davant de la defensa de la llibertat d’expressió. Doncs hi ha hagut torn en contra. I de vegades et planteges si això és una càmera oculta que està fent-se per veure quines reaccions tenim davant de la inconsistència absoluta i del retorn al passat que representen determinats plantejaments, però és real. Diputades i diputats, hi ha una sèrie de diputats aquí que pensen que encara la legislació és massa dèbil, és massa tènue. O sigui, que pensen que per cremar una foto del Borbó has d’anar a la presó, però per dir: «Que lo cuelguen por los talones», escolti’m, això res, gratis tu, perquè això és llibertat d’expressió. Doncs és sorprenent. És sorprenent perquè té a veure amb la vara de mesurar, i té a veure també amb la paraula més vella que segurament tenim en tots els idiomes, però que l’hem aconseguit convertir en una paraula completament buida, que és la de llibertat. És a dir, quan tu parles de llibertat aquí, s’entén prendre canyes. Quan nosaltres parlem de llibertat allà, s’entén poder dir, poder pensar, poder viure, poder ser el que volem. Clar, així és impossible que d’alguna manera ens posem d’acord perquè estem parlant de conceptes ontològicament que no tenen res a veure. Libertad para ir al bar, libertad para fumar, libertad para contaminar, libertad... No estem parlant d’això, estem parlant de la llibertat que configura el pensament.

Hi ha una cosa curiosa que passa últimament, des que es va fer aquest binomi ley mordaza-modificació del Codi Penal, que després en parlaré. I és que tu estàs a casa veient la tele i veus un programa i dius: «Ui, aquests se les carregaran. Ui, aquests directes al tribunal», i efectivament, directes al tribunal, porque la Virgen del Rocío, uy la Virgen del Rocío cómo atacó a las convicciones religiosas de no sé quanta gent. Per l’amor de Déu, era un gag, i van acabar encausats, hi va acabar en Domínguez, hi va acabar en Toni Soler, hi estan acabant periodistes nostres, hi estan acabant gent que es dedica a fer caricatures als diaris, hi estan acabant els que diuen: «Los Borbones son unos ladrones», i insisteixo, «los ladrones son los Borbones», no, però «te van a colgar por los pies», sí, la qual cosa és molt més violenta.

A l’entorn d’això, i com que el que diré començaran a dir allò de: «Retírenlo del Diario de Sesiones», es volia fer un comentari. Ens agradi més o ens agradi menys —i‌ a mi per un tema vital no m’agrada gaire— estem al 2023. Nosaltres podem demanar que es retiri de l’acta de sessions el que ens doni la gana, però és que les sessions ara són retransmeses. Seguiran fent gaire el ridícul aquell de: «Retírenlo del Diario de Sesiones» quan algú al YouTube lo puede repetir tres milions de vegades? I això té a veure amb la consciència de fins on arriba la capacitat que tenim de transmetre idees. Per tant, és obvi que al segle XXI la llibertat d’expressió ha de ser un límit, ha de ser una definició, diríem no de no ingerència, si no de no sotmetiment. I aquest és un concepte interessant. És un concepte interessant perquè els que la defensem, i aquí interessa dir que faig un comentari polític o personal, és poder cremar les banderes que ens doni la gana. L’espanyola sí, però si algú crema la catalana, escolti’m, és que m’és absolutament indiferent. Que es cremi la foto del rei, sí. I si algú crema la del president del Govern de la Generalitat, doncs per ell farà, contaminarà una miqueta més. És a dir, tot allò que ens ofèn ens fa saber qui som i hem d’estar disposats a escoltar-ho per créixer col·lectivament.

Acabo amb dos comentaris. És obvi que votarem a favor. Ja no sé quantes vegades hem plantejat aquí que això de les injúries a la corona es derogui d’una punyetera vegada. No sé si són 10, 12, 14. Aquí sí que em veig amb l’obligació de demanar al Partit Socialista i a Sumar que no la deixin en un calaix dormint el son dels justos, és a dir, que sigui tramitada, que ens en sortim perquè, deia abans, juntament amb la llei mordassa són els dos elements repressius que acaben essent una autocensura de la mateixa societat. I no hi ha societat més morta que la que s’autocensura.

Acabo amb dos comentaris. Hi ha una frase que diu: «Saquen los rosarios de nuestros ovarios», i això té a veure amb les clíniques abortives. El que es fa allà no és llibertat d’expressió, allò és assetjament i està al Codi Penal perquè nosaltres, juntament amb els grups de la majoria d’esquerres, ho vam introduir, i allà es quedarà perquè no és llibertat d’expressió.

I per acabar, aquest criteri de transparència i de democràcia, diríem una mica avançada, que aquí no hi és, però per això els ho proposo, i és que com més altes siguin les institucions, més sotmeses ha d’estar a la capacitat de crítica. Contra més protegides estiguin les persones per la seva acció pública, més han d’estar a l’ull de la crítica de tota la ciutadania. I contra més antidemocràtica sigui una institució, contra menys legítima sigui una institució com ara la monarquia, més crítica li hem de poder fer. Perquè és l’expressió de la roïnesa sobre la qual es va fonamentar aquest Estat, i necessitem poder-la criticar. Vostès ens portaran a la presó quan critiquem els desnonaments, quan ens manifestem contra els desnonaments, contra les hipoteques, contra el preu dels aliments, però només els ofendrà la crítica a la monarquia, o a la bandera, o a la religió. Com es nota que tenen pisos, poden menjar, i bones escoles. Moltes gràcies.

Buenas tardes, diputados, diputadas. Ahora le preguntaba al compañero Pisarello si era la misma cárcel que yo u otra, porque hace un momento lo han enviado a la cárcel. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque, en realidad, me he quedado sorprendida de que hubiera un turno en contra, porque parece prácticamente imposible que alguien pueda hacer un turno en contra frente a la defensa de la libertad de expresión. Pues bien, ha habido turno en contra, y en ocasiones te planteas si esto es una cámara oculta que está ahí, filmando, para ver qué reacciones puede haber ante la inconsistencia absoluta y el retorno al pasado que representan ciertos planteamientos, pero es real, diputadas y diputados. Hay ciertos diputados aquí que creen que todavía hoy la legislación es demasiado débil, demasiado tenue, es decir, que piensan que por quemar una foto del Borbón debes ir a la cárcel, pero que por decir que lo cuelguen por los talones no. No, esto nada, gratis, porque esto es libertad de expresión. Pues es sorprendente. Es sorprendente porque tiene que ver con la vara de medir y tiene que ver también con la palabra más antigua que tenemos probablemente en todos los idiomas, pero que hemos conseguido convertir en una palabra completamente vacía, que es la palabra libertad. Cuando hablas de libertad aquí, se entiende vender cañas. Cuando hablamos de libertad allí, se entiende poder decir, poder pensar, poder vivir, poder ser lo que queremos. Y así es imposible que de algún modo nos pongamos de acuerdo, porque estamos hablando de conceptos que ontológicamente no tienen nada que ver. Libertad para ir al bar, para fumar, libertad para contaminar. ¿Libertad? No estamos hablando de esto, estamos hablando de la libertad que configura el pensamiento. Y hay algo curioso que sucede últimamente desde que se hizo este binomio ley mordaza y el Código Penal —q‌ ue hablaré luego de ello—, y es que estás en casa viendo la tele y ves un programa y dices: ¡Uy! Esto se lo van a cargar; ¡uy!, estos, directos al tribunal. Y, efectivamente, directos al tribunal, porque la Virgen del Rocío, ¡uy, la Virgen del Rocío! ¡Cómo atacó a las convicciones religiosas de no sé cuánta gente! Por amor de Dios, fue un gag, y acabaron realmente cazados; acabó Toni Soler, Jair Domínguez y periodistas nuestros y gente que se dedica a hacer caricaturas en los periódicos. ¿Y los que dicen que los Borbones son unos ladrones? Insisto, los ladrones son los Borbones, no, pero que te van a colgar por los pies, sí, lo cual es mucho más violento. Y en torno a esto, como con lo que voy a decir van a empezar a decir que lo retiren del Diario de Sesiones, quiero hacer un comentario. Nos guste más o menos ―y a mí por un tema vital no me gusta mucho― estamos en el año 2023. Nosotros podemos pedir que se retire del Diario de Sesiones lo que nos dé la gana, pero es que las sesiones ahora se retransmiten. ¿Seguirán haciendo mucho más el ridículo con aquello de «retiren del Diario de Sesiones» cuando algún youtuber lo puede emitir? Y esto tiene que ver con la conciencia de lo que tenemos, con la capacidad de transmitir ideas. Por tanto, es obvio, es evidente que en el siglo XXI la libertad de expresión debe ser un límite o una definición no de no injerencia, sino de no sometimiento. Y este es un concepto interesante, porque los que la defendemos ―y aquí interesa decir que hago un comentario político personal― queremos poder quemar las banderas que nos dé la gana. La española, sí; pero si alguien quema la catalana, oiga, es que me resulta absolutamente indiferente. Que se queme la foto del rey, sí; y si alguien quema la foto del presidente del Gobierno de la Generalitat, peor para él, va a contaminar un poco más. Todo lo que nos ofende nos hace saber quiénes somos, y tenemos que estar dispuestos a escucharlo para crecer colectivamente. Es obvio que vamos a votar a favor. No sé cuántas veces he planteado aquí lo de que las injurias a la Corona se derogue de una puñetera vez, no sé si diez, doce o catorce. Y aquí me veo en la obligación de pedir al Partido Socialista y a SUMAR que no la dejen en un cajón durmiendo el sueño de los justos, que sea tramitada, que lo consigamos, que lo hagamos, porque, como decía antes, junto con la ley mordaza, son los dos elementos represivos que acaban siendo una autocensura de la propia sociedad, y no hay sociedad más muerta que la que se autocensura. Y termino con dos comentarios. Hay una frase que dice: Saquen los rosarios de nuestros ovarios. Y esto tiene que ver con las críticas abortivas. Esto no es libertad de expresión, es acoso, y está en el Código Penal porque nosotros, con la mayoría de los grupos de izquierdas, lo introdujimos, y se quedará porque no es libertad de expresión. Y para terminar, este criterio de transparencia y de democracia un poco avanzada ―aquí no está, pero por eso se lo propongo― es que cuanto más altas sean las instituciones, más sometidas deben estar a la capacidad de crítica; cuanto más protegidas estén las personas por su acción pública, más deben estar en el ojo de la crítica de toda la ciudadanía, y cuanto más antidemocrática sea una institución, cuanto menos legítima sea una institución, como ahora la monarquía, más crítica debemos poder ejercer, porque es la expresión de cuan ruin puede ser en este punto el Estado. ¿Y nos llevarán a la cárcel cuando nos manifestemos contra los desahucios, las hipotecas o el precio de los alimentos? Pero solo les va a ofender la crítica a la monarquía, a la bandera o a la religión. Cómo se nota que tienen pisos, buenas escuelas y que pueden comer.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. El Pleno de esta Cámara vuelve a debatir, como sucediera en la pasada legislatura, sobre una de las condiciones claves en el desarrollo individual, uno de los fundamentos esenciales de la sociedad democrática: la libertad de expresión; una libertad de expresión que contribuye a la construcción y fortalecimiento de un Estado democrático. Como ya señalaron las Cortes de Cádiz, la libertad de comunicar las propias opiniones es algo consustancial a la democracia por ser un freno en sí mismo a la arbitrariedad de los que gobiernan, porque así resulta de los valores de libertad y de pluralismo político. Nuestra Constitución protege en el artículo 20 la libertad de expresión, que tiene por objeto nuestros pensamientos, ideas y opiniones. Ahora bien, las libertades de expresión e información de ningún modo son derechos absolutos. Ambas tienen una serie de límites derivados, como sucede con la veracidad o como se produce cuando hay una colisión con otros derechos fundamentales. El propio apartado 4 del artículo 20 de nuestra Constitución establece límites expresos a estas libertades, citando, entre otros, el respeto a los derechos fundamentales, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la infancia y de la juventud. Pero no solo encontramos límites en nuestro propio texto constitucional. Tal y como declara el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 10, el ejercicio de estas libertades conlleva una serie de deberes y responsabilidades; deberes y responsabilidades, una expresión que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido modulando durante los últimos años, construyendo una innumerable jurisprudencia acerca del contenido y protección de este derecho. Señorías, el legislador no puede ni debe obviar las resoluciones de los organismos internacionales, como son las recientes condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación precisamente con la protección a la libertad de expresión, asuntos tan recientes como este mismo año el caso Fragoso Dacosta. Todas estas condenas ponen en evidencia que el Poder Legislativo, del que formamos parte, debe abrir un debate sosegado con el fin de consensuar las reformas que son necesarias, que deben acompañar los criterios evolutivos en la interpretación que nuestros propios tribunales deben hacer, adaptándose en su aplicación a los nuevos tiempos y al ejercicio, es cierto, cada vez más pujante de la libertad de expresión. La posición del Grupo Socialista no ha variado. Como ya dijimos en anteriores ocasiones en este mismo hemiciclo, la reforma del Código Penal debe partir desde el consenso y estar alejada de posiciones maximalistas y extremistas. Para alcanzar este marco, el del acuerdo necesario y conveniente, es imprescindible que el Partido Popular se aleje de la extrema derecha, una extrema derecha que ha convertido en una forma de hacer política la agitación, el odio al contrario, el señalamiento y el menosprecio a todas aquellas personas que no piensan como ellos. Hay líneas rojas que nunca se deberían traspasar, señorías, ya que lo único que hacen es deslegitimar las instituciones y contaminar el debate público, porque —‌conviene no olvidarlo— la Constitución —‌y así lo recogen numerosas sentencias del Tribunal Constitucional— no reconoce en ningún caso el derecho al insulto, quedando fuera del ámbito de protección constitucional las expresiones que son absolutamente vejatorias, es decir, las que en concretas circunstancias y al margen incluso de la veracidad sean ofensivas o ultrajantes y resulten a su vez impertinentes aun para expresar opiniones o informaciones. Como tampoco, señorías, nuestra Constitución protege las expresiones que inciten directamente a la violencia o al odio entre comunidades o supongan menosprecio o humillación a las personas. Señorías, consideramos deseable abrir un debate moderado y sosegado sobre esta necesaria reforma que evite el inmovilismo y que incorpore las aportaciones desde la jurisprudencia y la doctrina jurídica. El Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, va a ser favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Quedan para su debate y tramitación parlamentaria las aportaciones que realizaremos durante la misma atendiendo al principio de proporcionalidad. No podemos ni en ningún caso debemos dejar de proteger la dignidad y el respeto a las instituciones de nuestro Estado democrático de derecho. Nuestras instituciones son garantes de los derechos ciudadanos y como tales deben ser respetadas y preservadas. La tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación de Estado, perseguir a los autores de delitos de enaltecimiento del terrorismo y proteger a las víctimas, a los que se menosprecia o humilla. La protección a las víctimas debe prevalecer y prevalece sobre cualquier otro objetivo.

Con estas premisas —‌consensuar las reformas legislativas, buscar el fortalecimiento de las instituciones y mejorar la confianza de la ciudadanía— podemos encontrar el punto de encuentro de esta reforma. Este es el compromiso de las y los socialistas, la defensa de la democracia, el Estado de derecho y la libertad de expresión, pero siempre con unos límites esenciales, y es que las palabras nunca pueden incitar al odio que lleva a la violencia.

Voy a terminar ya, presidenta. Hace ya más de veinte siglos, el filósofo griego Plutarco señalaba que el odio es una tendencia a aprovechar las ocasiones para perjudicar a los demás. Frente al odio y los odiadores, Plutarco señalaba la política como el arte de sustraer al odio su carácter eterno. Convertir en realidad esta utopía también es nuestra tarea legislativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Vamos a hablar con claridad en esta tribuna. Ustedes no han traído esta proposición de ley porque quieran mejorar la libertad de expresión. Ustedes han traído esta proposición de ley porque quieren dar impunidad al odio (aplausos), porque la libertad de expresión está perfectamente garantizada en nuestra Constitución. Otra cosa es que a ustedes les dé tanta alergia la Constitución que ni tan siquiera se la hayan leído. Y yo les recomiendo a ustedes y a los señores del Partido Socialista que lean más la Constitución y que la pisoteen menos, porque el problema que tiene este país no es el Código Penal, el problema que tiene la democracia no es la ley, son ustedes (aplausos), que se están dedicando desde el Gobierno de España a erosionarla y demolerla. Ese es el problema que tiene la democracia en España. Nuestra Constitución y nuestra democracia se erosionan cuando se dan indultos a quienes han dado un golpe a la Constitución en Cataluña; nuestra democracia se erosiona cuando se ataca a los jueces acusándoles de prevaricar, cuando lo que hacen es juzgarles a ustedes no por lo que piensan sino por los delitos que cometen; nuestra democracia se erosiona cada vez que dan una amnistía como precio a un chantaje para tener siete votos en este Parlamento (aplausos), y, desde luego, la democracia se erosiona hasta el fango cuando hacen una moción de censura de la mano de Bildu, que es un partido que no se ha desapegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA. (Aplausos). Fíjense si no se ha despegado ni un milímetro de la banda terrorista ETA que, cuanto más apuestan ustedes por blanquearlo, más se empeñan ellos en demostrarles lo que son. El otro día, cuando presentaban al candidato de Bildu al Parlamento vasco, lo hacían de la mano de tres exjefes de ETA para recordarles a ustedes de dónde vienen. (Aplausos). Y ustedes están haciendo una moción de censura en Pamplona de la mano de un partido que hace actos con jefes de una banda terrorista y ha llevado a más de cien condenados por terrorismo en los últimos diez años. ¿Y vienen aquí a hablar de respeto al Estado, de decencia democrática y respeto a la Constitución? Es que, si les quedara vergüenza, por lo menos hay cosas que no se atreverían a decir. Estos delitos no son ninguna excepción en la Unión Europea. Delitos semejantes a estos están en Alemania, donde, por ejemplo, se castigan con cinco años las injurias al presidente federal; con cinco años, las injurias a las instituciones del Estado; con cinco, la apología al nazismo, que es lo más comparable al terrorismo de ETA que tenemos aquí. (Aplausos). Porque, claro, el nazismo en Alemania hay que perseguirlo; cuando aquí se ha aniquilado a toda una sociedad porque pensaba diferente, hay que permitir que eso se enaltezca. ¡Hombre, por favor! Y podría poner ejemplos de Bélgica, Portugal e Italia. Pero lo que de verdad es una excepción en toda la Unión Europea no es nuestro Código Penal, lo que es una excepción en Europa es tener un Gobierno con comunistas dentro, apoyado por un prófugo de la justicia y sustentado por quienes han dado un golpe a la Constitución y quienes no se han apeado ni un milímetro de una banda terrorista. Eso sí que no pasa en ningún otro país de la Unión Europea (aplausos), para vergüenza y bochorno de la inmensa mayoría de los españoles. Y, sí, señorías, ustedes no vienen aquí a defender la libertad de expresión, vienen a cargarse la España constitucional, a eso es a lo que han venido. Y antes ustedes lo hacían solos; hoy cuentan no solo con el acompañamiento cómplice del Partido Socialista, sino con que el Partido Socialista se ha convertido en un protagonista de la indecencia. Por eso cada semana viene aquí a una subasta de la infamia, trayéndonos la semana pasada la amnistía, esta semana la derogación de estos delitos del Código Penal, y así en cuatro años habremos arrasado la democracia. ¿Y todo para qué? Para que el peaje político del chantaje lo pueda pagar el Partido Socialista y quedarse en el sillón. De eso es de lo que va esto. (Aplausos).

La novedad no es que este cambio legal lo traiga un partido comunista que es la antítesis de la libertad ni que este cambio del Código Penal lo traiga el nacionalismo, el independentismo más arcaico, que lleva décadas sentado en este Parlamento defendiendo lo mismo. La novedad es que ahora esto viene protagonizado por el Partido Socialista. Esa es la novedad, que hoy el ataque al Estado, el ataque a nuestra democracia, el ataque a la Constitución, se está perpetrando desde el Gobierno, que es el principal garante, que debería defenderla, porque hoy la mayor amenaza que tiene la democracia española es nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez. Esa es la mayor amenaza que tiene la democracia de nuestro país. (Aplausos).

Por otro lado, también es llamativo que, cada vez que ustedes traen una reforma del Código Penal, los delincuentes aplauden con las orejas, porque primero traen una reforma para abaratar la malversación, para que robar dinero público para fines políticos salga más barato; oiga, los corruptos les aplauden encantados. Después traen otra para que dar un golpe a la Constitución salga gratis; desde luego, todo el independentismo que a ustedes les apoya y todos los que están condenados por los delitos que han cometido también les aplauden. Traen una ley que se suponía que venía a mejorar la igualdad de las mujeres, y lo que hace es rebajar su condena a mil agresores y poner a cien violadores y agresores sexuales en la calle por su culpa; pero no por culpa de Podemos, por culpa del Partido Socialista, ya que sin su voto no hubiera salido esta ley adelante (aplausos); los violadores han aplaudido esa ley en todas las cárceles de España. Y hoy traen una ley que a quienes viene a favorecer es a los que tratan de inundar con odio la democracia española. Antes el Partido Socialista no la defendía; ahora sí, porque ya no es obrero, ya no es español, ya solo es PS, el partido de Pedro Sánchez.

Muchas gracias. (Aplausos.—Algunos señores diputados del Grupo Parlamentario Popular: Muy bien).