Elma Saiz Delgado
GobiernoMinistra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.Página 53Vídeo
Gracias, presidente.
Buenos días a todas y a todos, señorías. Comparezco a petición propia en esta Cámara para informar de la gestión migratoria que se está realizando en España. También daré cuenta de la situación migratoria de las Islas Baleares, así como de las medidas que está adoptando este Gobierno para abordarla. Es un tema de la mayor relevancia, porque no olvidemos que los flujos migratorios son, han sido y serán intrínsecos al ser humano, y que hoy en día está teniendo un impacto a todas luces positivo para España. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Nuestro modelo económico ha combinado la llegada de talento del exterior con una reducción del desempleo. En los últimos siete años nuestro país ha recibido a más de 2 millones de inmigrantes al tiempo que la tasa de desempleo se ha reducido en casi un 40 %. Los migrantes se han integrado bien en nuestro país y han aportado alrededor de un 20 % al crecimiento económico per cápita de España en los últimos tres años. Además, para nosotros la migración no es sinónimo de miedo y amenaza, sino de esperanza y de oportunidades. Hay que luchar contra el contrabando, hay que luchar contra la migración irregular y las mafias que se benefician de ella, favoreciendo las vías regulares para que los migrantes lleguen a nuestro país de forma segura y ordenada. Pero no perdamos nunca de vista que todo migrante, regular o irregular, es un ser humano en busca de una vida mejor. No perdamos nunca de vista la necesidad de respetar y defender los derechos humanos más básicos. De esta forma, se expresaba esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad de Columbia, y añadía que la forma de abordar la migración y el genocidio en Gaza están intrínsecamente vinculados, pues ambas se ven alimentadas por el aumento tóxico del nacionalismo populista y la xenofobia que se extiende tanto dentro como fuera de España.
Señorías, para mí es un orgullo comparecer hoy. Mientras estamos aquí, el mundo reconoce el liderazgo internacional de España y de su presidente y se suma al reconocimiento del Estado de Palestina, un paso fundamental en la búsqueda de la paz para un conflicto demasiado largo y demasiado inhumano. Ya son 157 los países que abogan por la solución de los dos Estados y es un orgullo haber encabezado esta reivindicación. Es un orgullo estar, una vez más, en el lado correcto de la historia. El clamor ciudadano a favor del fin de genocidio en Palestina nos demuestra que la sociedad española está mayoritariamente en este lado, que no es otro que el de la defensa de la vida y la dignidad de las personas. Y sí, señorías, lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio ante la mirada de todo el mundo. La legítima defensa a la que se puede acoger un Estado no tiene nada que ver con incumplir el derecho humanitario, bombardear hospitales o matar a miles de niños de hambre. Nadie con un mínimo de sensibilidad y decencia puede permanecer indiferente ante esta catástrofe humanitaria. Por eso, desde el ministerio que tengo el honor de dirigir, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hemos querido estar a la altura de este desafío. Además de las medidas políticas y diplomáticas que ha anunciado el presidente, este Gobierno atendió la llamada de la Organización Mundial de la Salud para acoger a menores procedentes de Gaza con enfermedades graves y a sus familiares, algo que llevamos haciendo desde junio del año 2024, con el fin de atender de urgencia a pacientes de oncología y, más en particular, a niños y niñas para los que es esencial la continuidad en sus tratamientos. Es una pequeña contribución en el océano de dolor y sufrimiento en el que se ha convertido Gaza, pero simboliza el compromiso del Gobierno de España con la población palestina. Porque hablar de paz también es hablar de acogida, de refugio, de protección para quienes han tenido que abandonar sus hogares huyendo de la guerra. Si lo extrapolamos a nivel general, actualmente nuestro país acoge a más de 50 000 personas en el Sistema de Protección Internacional, muchos de ellos provenientes de Mali y del conflicto del Sahel, muchas veces silenciados. Si sumamos nuestras plazas de atención humanitaria, son más de 70 000 personas las que han encontrado aquí un espacio de seguridad y de dignidad; un esfuerzo que hacemos en estrecha colaboración con el tercer sector, con las comunidades autónomas y ayuntamientos, y que nos ha convertido en un referente internacional.
Señorías, la política migratoria del Gobierno de España es un claro referente para otros países, no solo porque así me lo han manifestado distintos Gobiernos con los que me he reunido durante todo este tiempo, sino también porque es elogiada en publicaciones internacionales como The New York Times, The Economist o The Guardian, y también por organismos como el Banco Mundial, Standard & Poor’s o el propio Fondo Monetario Internacional. Elogian la capacidad que hemos demostrado para integrar de un modo muy pacífico y natural a quienes llegan, pero también constatan una realidad: la inmigración tiene un impacto agregado muy positivo sobre nuestra economía, tanto en términos de crecimiento y de empleo, como en relación con la sostenibilidad del estado de bienestar. Un hecho que, aunque muchos intentan negar, lo sustenta amplio consenso, tanto en el ámbito académico como en las distintas instancias económicas, nacionales y también internacionales. La propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo textualmente: El sólido desempeño del PIB de España tras la pandemia, que ha contribuido a sosegar el agregado de la zona euro, también se debe en gran medida a la contribución de la mano de obra extranjera. Y si miramos la otra cara de la moneda, les recuerdo el informe que hace unos meses publicaba el FMI, el cual advertía que la puesta en marcha de políticas restrictivas a los movimientos limita la productividad de los países.
Señorías, nosotros creemos que acoger al que viene de fuera buscando una vida mejor no es solo un deber al que nos obliga nuestra Constitución y el derecho internacional, sino que también es un paso esencial para garantizar la prosperidad de nuestra sociedad. Hay un dato que conviene recordar: la contribución de los migrantes a la economía española supone el 10 % de los ingresos de la Seguridad Social y solo representa el 1 % del gasto. Señorías, hablar de políticas migratorias es también hablar de pragmatismo, de realismo y de oportunidades que la acompañan. Todos sabemos que necesitamos la inmigración, la necesitamos para rejuvenecer una sociedad europea y española envejecida y también para hacer frente al reto demográfico. Si hiciéramos caso a la derecha y a la ultraderecha, en los próximos veinticinco años nuestra pirámide de población podría perder hasta 4 millones de personas en edad de trabajar; es decir, dejaría nuestra fuerza laboral en niveles similares a los del año 1996 y disminuiría el crecimiento económico potencial de nuestro país del 2,7 % actual a un 0,1 %. Los números hablan por sí solos. Necesitamos cubrir las demandas de nuestro mercado laboral del mismo modo que necesitamos las cotizaciones sociales y los ingresos fiscales para sostener y asegurar los servicios públicos que tanto importan cuando vienen adversidades. Y un buen ejemplo son las excepcionales circunstancias que han ocurrido en los últimos cinco años y que hemos gestionado eficazmente: pandemia, choque inflacionista en energía y en alimentos, emergencia climática con la dana de Valencia, entre otros. Hay sectores claves como la construcción, la agricultura y los servicios, que ya dependen en gran medida de los trabajadores y las trabajadoras que proceden de terceros países. La construcción y la hostelería se hundirían sin esos trabajadores que suponen entre el 25 y el 50 % del total de sus empleados. Pero también se está incrementando en el último año el empleo en sectores de mayor cualificación: información y comunicaciones, con un crecimiento del 5,6 %, que indica una mayor inserción en empleos tecnológicos y digitales; actividades científicas y técnicas, con un crecimiento del 5,7 %, lo que implica un aumento de la presencia de extranjeros en áreas como la consultoría, la investigación o la ingeniería, o también actividades financieras, con un incremento del 8,1 %, lo que sugiere una progresiva integración de profesionales cualificados.
Señorías, la economía española sigue creciendo con fuerza, muy por encima de las economías de los principales países europeos. Acabamos de revisar al alza las cifras de crecimiento del PIB para el 2025 hasta un 2,7 %, manteniendo el vigor de crecimiento de los últimos años. La misma fortaleza muestra nuestro mercado laboral, que sigue teniendo un comportamiento muy favorable en términos de cantidad y de calidad en el empleo. Hoy hay más personas que nunca trabajando y registramos el menor índice de paro desde hace diecisiete años. En términos de afiliación a la Seguridad Social, estamos en cifras récord, por encima de los 21,6 millones de afiliados, casi medio millón más que hace doce meses, de los que más de 3 millones son trabajadores extranjeros, el 14,2 % del total de cotizantes. Según el Banco de España, entre 2019 y finales del 2024, tres de cada cuatro puestos de trabajo creados en España son desempeñados por trabajadores de otros países. Y hay un dato que me parece muy relevante: la afiliación de trabajadores autónomos de otros países ha alcanzado un nuevo máximo en el mes de agosto, 487 600 personas, un 6,5 % más que hace un año. Este crecimiento se dispara en sectores altamente cualificados: 28,5 % en información y comunicaciones y 18,1 % en actividades profesionales, científicas y técnicas. Esto, señorías, no es un enfoque utilitarista, es un enfoque realista, porque acoger al que viene de fuera buscando una vida mejor no es solo un deber constitucional, sino también una decisión acertada para fortalecer nuestra prosperidad, y porque España es hoy un país de oportunidades, a diferencia de épocas pasadas en las que, en lugar de acoger a personas que llegaban con una maleta, se la ponían en las manos a nuestros jóvenes expulsándolos a buscar un futuro fuera de sus casas. Simplemente, estamos tratando a los que vienen de fuera como las madres y padres de este país quisieran que trataran a nuestros hijos cuando se iban a Irlanda, a Alemania o a Estados Unidos, porque un migrante es simplemente una persona que busca una vida mejor, y eso no es posible si en el lugar de destino lo que encuentra es racismo y xenofobia.
Me corrijo a mí misma en cuanto a si hay un dato económico negativo relativo a la migración, sí que lo hay, pero es precisamente el dinero que nos cuesta a todos los españoles la discriminación racista y xenófoba que muchos aún ejercen como forma de ver la vida. Según un informe realizado por catedráticos de la Universidad Autónoma de Madrid, se estima que en España se pierden 17 000 millones de euros al año ―un 1,3 % del PIB― por culpa de la discriminación laboral y educativa de la población extranjera. La conclusión está a la vista: la discriminación y la precariedad laboral que esta conlleva resta riqueza y oportunidades a nuestro país. Sin los inmigrantes, España sería un país más pobre, más envejecido y con menos futuro. Por tanto, pretender convertir a los migrantes en chivos expiatorios no es sino una estrategia de quienes no se alegran del crecimiento de nuestro país, de los que ni se sienten orgullosos de nuestra cultura abierta, tolerante y en paz. Para aprovechar la oportunidad que supone la inmigración es necesaria la integración plena de las personas. Sin la inclusión social y laboral, se genera una dinámica perversa, donde se suceden problemas de convivencia entre la población que llega y la receptora. Para evitar que esto ocurra, el Gobierno de España está actuando. Una de las medidas más ambiciosas es el Plan Nacional de Integración y Convivencia Intercultural; un plan que tiene como objetivo impulsar estrategias de integración en ámbitos como el laboral, el educativo y el social de las personas extranjeras que están viviendo entre nosotros. El plan es una hoja de ruta para garantizar la igualdad de oportunidades y el conjunto de derechos y obligaciones. Pero si hay algo de lo que podemos sentirnos orgullosos es el nuevo reglamento de la ley de extranjería, que entró en vigor el pasado 20 de mayo. Más que una reforma, es un nuevo texto normativo que supone los cimientos de toda nuestra gestión migratoria que, aunque a muchos les sorprendan, se basa en su mayoría en la migración regular, porque la enorme mayoría de las personas migrantes en este país usan las vías regulares y seguras que tenemos a su disposición. Para ello, se han simplificado trámites, se favorece la integración laboral, se mejoran las condiciones para estudiantes e investigadores que enriquecen nuestras universidades y se favorece los visados de búsqueda de empleo para cubrir demandas laborales no ocupadas. El reglamento abre puertas que antes estaban cerradas mediante tres llaves: la formación, el empleo y la familia. Son tres llaves que nos llevan a la inclusión, pero siendo muy exigentes con los requisitos jurídicos y exquisitos con los derechos humanos. La nueva normativa representa una simbiosis ganadora entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención de las necesidades de España, como así está siendo. El ejemplo más fructífero fue la reforma de 2021, que permitió trabajar a los menores no acompañados de más de 16 años y a los jóvenes extutelados. Les doy un dato: el 62 % de estas personas están trabajando dados de alta en la Seguridad Social. Si analizamos la franja que va de los 18 a los 23 años, este porcentaje asciende al 71 %. Se trata de un aumento de 37 puntos desde el año 2021. Les recuerdo que estos chavales son los que ustedes, señorías del Grupo Popular y VOX, repudian y no quieren en sus comunidades. (Aplausos).
España es un país con memoria, pese a quienes se empeñan en no querer mirar de dónde venimos. Es preciso afirmar que España es un país de emigrantes. Precisamente porque no olvidamos, somos un país solidario y abierto, donde la inmensa mayoría de los ciudadanos convivimos sin problemas con personas de otros países, y este Gobierno está haciendo todo lo posible para que esto siga siendo así. Sé muy bien que la migración es un tema complejo y poliédrico. Es evidente que ocupa cada vez más un lugar destacado en el debate público; un debate en el que las percepciones pesan tanto como los datos. Como saben, este verano hemos vivido episodios lamentables. Lo ocurrido en Torre Pacheco y en Jumilla han dejado patente la irresponsabilidad que supone prender una mecha de odio y de enfrentamientos en territorios que llevan décadas conviviendo. Dar alas a la violencia verbal, e incluso física, por parte de grupos políticos ha llegado a alentar cacerías contra personas. Ni migrantes ni irregulares, los atacantes solo tenían un objetivo: el diferente, por muy español que fuera, daba igual. Estos episodios también han evidenciado la rendición del Partido Popular a VOX. Es revelador ver cómo la derecha asume sin complejos mensajes simplistas y maniqueos de la extrema derecha hasta mimetizarse una con la otra. Mientras ustedes se pelean para ver quién rechaza más al migrante y a ser más ultra en las redes sociales, en el Gobierno trabajamos precisamente para lo contrario. En el ministerio hemos creado un grupo de trabajo con las plataformas digitales con el objetivo de mejorar los datos y el tiempo de retirada del contenido de odio en redes sociales. Lo hacemos mediante un trabajo colaborativo y coordinado con representantes de Meta, de YouTube, de TikTok y de X, con reuniones técnicas de seguimiento trimestrales para analizar la evolución de los mensajes de contenido racista; un espacio pionero en España y que no tiene precedentes en la Unión Europea. Precisamente, este mismo lunes hemos tenido la última reunión y, a propuesta de las propias plataformas, a quienes agradezco su implicación, se ha planteado la posibilidad de celebrar en España una cumbre contra el odio en redes sociales que analice y compare la situación de España con respecto a la de otros países. Esta colaboración sin precedentes para acabar con los mensajes racistas y xenófobos en redes también ilustra algo: que la bancada de la derecha y la ultraderecha está sola, que ni siquiera las empresas tecnológicas compran su visión reduccionista y retrógrada, que no hay motivación electoral que justifique poner en la diana a la población inocente. (Aplausos).
La memoria anual de monitorización del discurso de odio por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el OBERAXE, es muy clara en sus conclusiones: La hostilidad en redes sociales hacia las personas de origen extranjero ha dejado de ser un fenómeno vinculado a hechos coyunturales. Los datos evidencian que el discurso de odio se consolida como una manifestación persistente, articulado en torno a estereotipos, a bulos y a polarización, que encuentran en las redes sociales una vía rápida para propagarse. Para luchar contra esta realidad, organizaciones de primer nivel se están implicando. Sirva como ejemplo la herramienta que nos ha cedido LALIGA para identificar los contenidos del discurso de odio con motivaciones racistas, xenófobas, islamófobas, antisemitas y antigitanas en las principales redes sociales. Gracias a ello hemos podido identificar 620 000 mensajes de odio de enero a agosto de este año; mensajes que potencialmente constituyen delito de odio y que denigran, deshumanizan, increpan, e incluso cosas peores que no voy a mencionar aquí esta mañana, a personas como ustedes y como yo.
En este contexto, se ha instalado un debate interesado sobre la inmigración, alentado por la ultraderecha y seguido con puntos y comas por la derecha. Han creado, fabricado, inventado una preocupación que no existe y se lo voy a demostrar con datos. Hace un año, el barómetro del CIS reflejaba que la migración era el principal problema de la población; el primero, señorías, antes que la vivienda, la economía o la sanidad. Sin embargo, cuando descendía el detalle de la encuesta y se preguntaba si como persona le impactaba realmente la inmigración en su día a día, esa preocupación se desplomaba. Hoy, un año más tarde, solo para el 3,2 % de los encuestados del último barómetro es el principal problema. La derecha ha encontrado en esta materia la perfecta cortina de humo para no hacerse cargo de sus competencias como la educación, la sanidad, la vivienda y las políticas sociales que están mermando a la vez que destruyen nuestro estado de bienestar. Reconozcan de una vez que la migración no es un problema, que es simplemente una excusa para seguir privatizando servicios y favoreciendo a los de siempre, a los que más tienen.
Ahora, me gustaría dirigirme al resto de la Cámara y a la ciudadanía. Solo el 6 % de las personas inmigrantes que llegan a nuestro país lo hacen de forma irregular. Por lo tanto, la inmensa mayoría de las personas que llegan lo hacen de manera regular. Nuestro compromiso siempre ha sido trabajar a favor de una inmigración segura, ordenada y ajustada a derecho. Y esto no es un dato casual, es fruto del esfuerzo de este Gobierno por diseñar una política migratoria transversal y global, donde la colaboración entre los distintos ministerios y países es fundamental. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por profundizar en los acuerdos existentes, por diversificar y sumar nuevos acuerdos migratorios en países de origen. El trabajo de pedagogía, de diplomacia y de unión de fuerzas tiene resultados: del 1 de enero al 15 de septiembre de este año ha disminuido el número de llegadas por vía marítima un 34,2 % y en el caso de Canarias el descenso es aún mayor, llegando al 53,3 %. Esa hoja de ruta es la que nos guía y nos va a permitir afrontar la situación de Baleares, por la que también comparezco aquí esta mañana.
En primer lugar, quiero dedicar unas palabras al equipo del ministerio, que no conoce ni de horario ni de calendario a la hora de gestionar la llegada de personas vulnerables, como ha venido pasando en las islas. (Aplausos). Hemos identificado un cambio en el perfil de las personas que alcanzan las costas en Baleares, motivado, entre otras causas, por la situación geopolítica del Mediterráneo occidental. A lo largo de este año ha venido ganando cada vez más peso el incremento de mujeres y unidades familiares completas y, por lo tanto, más vulnerables. Ante esta realidad, hemos redimensionado y mejorado los medios disponibles para la atención de las personas inmigrantes en Baleares. Llevamos tiempo impulsando actuaciones asociadas a un plan de infraestructuras a través de dispositivos de acogida transitoria de emergencia, con el refuerzo de personal y con la provisión de servicios y suministros en la costa balear. Digo transitoria porque hay que recordar que la mayoría de los inmigrantes que llegan al archipiélago están en tránsito y, bien por sus propios medios o por la atención prestada por este ministerio, el Ministerio de Inclusión, se trasladan a la península en muy poco tiempo. Entre las nuevas infraestructuras de acogida se encuentran dos instalaciones para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera y una tercera en el puerto de Palma de Mallorca. Todas dispondrán de espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y están dotadas de los servicios de seguridad, higiene y climatización correspondientes.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones financia estos proyectos con un presupuesto de emergencia de más de 7,5 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de septiembre. La declaración incluye el presupuesto para la creación de instalaciones que les acabo de mencionar, la atención médica, servicios de traducción, interpretación y atención de necesidades básicas. Las obras de instalación de los espacios modulares para la acogida temporal de personas migrantes en tránsito en los puertos de Ibiza y Formentera avanzan a buen ritmo y, previsiblemente, estarán operativos en unos días.
En el caso de Ibiza, el recurso de primera atención y acogida provisional será de unos 500 metros cuadrados y tendrá una capacidad para 120 personas, mientras que en Formentera hablamos de 230 metros cuadrados y de una capacidad de 20 personas, que se va a destinar a la custodia de los recién llegados por parte de la Guardia Civil antes de llevarlos a Ibiza para pasar a la custodia por parte de la Policía Nacional. Adicionalmente, en las próximas semanas también se procederá a instalar un espacio modular en el puerto de Palma, que tendrá una superficie aproximada de 600 metros cuadrados y se destinará igualmente a albergar por unas horas a las personas migrantes llegadas a costa que se desplazan a la península, muchas de ellas para trasladarse a uno de los centros estatales del sistema de acogida humanitaria del Gobierno.
Aunque el aumento de flujos migratorios es casi siempre difícil de prever, el Gobierno de España está haciendo un notable esfuerzo para dotar de recursos y atender el potencial incremento de llegadas, sin renunciar a mantener el esfuerzo diplomático con aquellos países de origen y tránsito para frenar esta inmigración irregular.
Finalizo esta primera intervención mostrándoles mi total disposición, siempre que quieran construir sobre la seriedad y el rigor que merece esta materia y siendo exquisitos con la dignidad de las personas. Imaginen por un momento si alguien que emprende el viaje migratorio fuera de los que estamos hoy en este Pleno o si fuera nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre o nuestra madre ―y me dirijo a la bancada de la derecha y de la ultraderecha―, ¿desearían el mismo odio para sus familiares que el que tienen a los inmigrantes que hay hoy en nuestro país?
Muchas gracias. (Aplausos).