Fernando Grande-Marlaska Gómez
GobiernoMinistro del Interior.Página 57Vídeo
Gracias, señor presidente. Señorías, antes de comenzar me gustaría transmitir, como he hecho en otras ocasiones, mis condolencias a las familias de aquellos que han fallecido en los incendios y mi afecto y solidaridad a todos aquellos que han resultado heridos o han perdido sus viviendas o sus negocios. (Aplausos). También quiero expresar mi reconocimiento a todos los hombres y mujeres que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil y que luchan año tras año contra el fuego y sus consecuencias en distintas zonas de nuestro país. El pasado mes de agosto, como bien saben, fue muy duro para miles de personas que se han visto afectadas por esta catástrofe y requirió, sin duda alguna, un intenso trabajo y compromiso por parte de todas las Administraciones, tanto la estatal como las autonómicas y las locales. Es momento de revisar el trabajo realizado con responsabilidad y también de reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que se puede mejorar, y, sin duda alguna, aplicar las lecciones aprendidas para que una emergencia como esta no vuelva a repetirse. Detallaré, como ya he hecho ante las comisiones correspondientes del Senado y del Congreso, las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior en el marco competencial que conforma el Sistema Nacional de Protección Civil y me referiré también al camino que ahora tenemos por delante, con un objetivo claro: garantizar a todos los ciudadanos el más elevado nivel de protección ante cualquier emergencia que podamos enfrentar. Con ese objetivo hemos actuado en el Ministerio del Interior desde el primer momento: desde el 1 de junio, con el adelanto de la campaña contra incendios, y también después, cuando llegó la emergencia, con la coordinación de los medios extraordinarios del Estado a fin de apoyar a las comunidades autónomas en una situación excepcional como la vivida durante el mes de agosto.
Como saben, los medios del Estado son aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, y se suman y coordinan con los de las comunidades autónomas afectadas, como competentes y directoras de la emergencia y como las mejores conocedoras de la situación, del terreno y de los medios necesarios. También se incorporan a esta red de seguridad los medios internacionales, ya sea a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil o por acuerdos bilaterales con terceros países. Todo ello requiere una compleja labor de coordinación, que recae en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y, en concreto, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de las Emergencias, el conocido CENEM. Para dar cuenta de la magnitud del trabajo realizado, basta decir que solo en el mes de agosto, dicho centro, el CENEM, gestionó más de diez mil comunicaciones con todas las partes implicadas en las emergencias. Esta comunicación interministerial y con las autonomías y municipios se intensificó especialmente a partir del pasado 12 de agosto, con la declaración de la fase de preemergencia en situación operativa 1 del Plan General Estatal de Emergencias, el PLEGEM, que a su vez suponía una respuesta proactiva y anticipada ante una realidad clara: numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas que iban a requerir una movilización extraordinaria de los recursos de la Administración General del Estado. Se activó también ese mismo día 12 de agosto el Mecanismo Europeo de Protección Civil, al que ya se había preavisado el día anterior, el 11 de agosto. En ese momento se iniciaron las reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección, el CECOD, del que forman parte las instituciones estatales directamente implicadas en la emergencia, y que se reunió todos y cada uno de los días, en diecinueve ocasiones entre los días 12 y 30 de agosto. Todo ello nos ha permitido, sin duda alguna, realizar un seguimiento permanente de los incendios, prever con mayor precisión su posible evolución y estar informados de las necesidades de las comunidades autónomas afectadas, y, sin duda alguna, también coordinar el despliegue de medios necesario en cada caso.
Les recuerdo que estamos hablando de 93 incendios forestales comunicados al CENEM en situaciones operativas 1 y 2. De estos, 59 llegaron a declarar la situación operativa 2, lo que implica que no pueden ser controlados por medios propios de las comunidades autónomas y, por lo tanto, requieren más medios del Estado. Hasta 13 comunidades autónomas activaron sus planes de emergencia por incendios forestales y el día 18 de agosto llegó a haber 23 incendios en situación operativa 2, que afectaban de manera simultánea a cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias y Cantabria. En total, según las estimaciones, hemos afrontado 39 grandes incendios forestales; es decir, aquellos que afectan a más de 500 hectáreas. Pues bien, ante esta situación compleja y excepcional, desde la aparición de los primeros incendios se movilizaron todos los recursos disponibles del Estado para apoyar a las comunidades autónomas afectadas. Además, se utilizó el sistema ES-Alert en 33 ocasiones para remitir avisos a la población. El sistema europeo Copernicus suministró decenas de imágenes satelitales para realizar un seguimiento detallado de cada uno de los incendios y la Agencia Estatal de Meteorología, la AEMET, lanzó 348 boletines especiales de predicción de temperaturas, viento y humedad, elementos, como bien saben, esenciales para la planificación de cualquier extinción.
Repasaré a continuación de manera breve las principales actuaciones realizadas y los medios aportados por las Administraciones del Estado implicadas en la emergencia en el marco de la labor de coordinación realizada desde el Ministerio del Interior. Por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se pusieron a disposición de las comunidades autónomas los 56 medios aéreos con los que cuenta el dispositivo contra incendios, las 10 brigadas de refuerzo en incendios forestales ―las BRIF― y la brigada de labores preventivas de Ruente, Cantabria. Todos estos recursos se distribuyeron desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico atendiendo a las peticiones de las comunidades autónomas, siempre bajo criterios técnicos y siguiendo unos protocolos y procedimientos actualizados año tras año y coordinados con las Administraciones autonómicas a través del Comité de Lucha contra Incendios. El despliegue fue tan excepcional como la situación que afrontábamos. Llegaron a movilizarse en un solo día 53 medios aéreos en los diferentes incendios activos. A modo de ejemplo, en Castilla y León llegaron a actuar 33 medios aéreos del Estado en un solo día.
En cuanto a la aportación de medios extraordinarios por parte del Ministerio de Defensa, resultó fundamental, sin duda alguna, la actuación de las Fuerzas Armadas y en especial de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Durante el episodio de grandes incendios, la UME se activó en 43 ocasiones, la mayor activación de recursos de esta unidad en un periodo de duración similar en toda su historia. Con el apoyo del resto de Fuerzas Armadas, la UME actuó en ocho comunidades autónomas ―Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias―, con una cifra acumulada de 5772 militares y 2138 medios aéreos y terrestres. Se emplearon 13 helicópteros del Ejército de Tierra para extinción y 8 aeronaves del Ejército del Aire y del Espacio centradas en el transporte de personal. De nuevo a modo de ejemplo, diré que el incendio de Yeres, en León, requirió la intervención más prolongada de la UME, con una duración de 21 días, y requirió la participación de 210 militares y 75 medios, entre los que se incluyen 12 autobombas, 2 camiones nodrizas y 2 helicópteros. Aún más exigente en cuanto a medios, fue la operación de extinción en Larouco, Ourense. En diez jornadas requirió de 310 militares y 105 medios, incluidas 18 autobombas, 3 nodrizas y 5 helicópteros. La UME llegó a participar en trece intervenciones simultáneas en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Asturias.
En cualquier emergencia resulta también imprescindible la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Más de 5500 efectivos de Guardia Civil, Policía y Protección Civil estuvieron implicados en el despliegue articulado en el contexto de estos incendios forestales. Se movilizaron medios extraordinarios humanos, terrestres y aéreos que sirvieron para reforzar las tareas de vigilancia y extinción, y también para desarrollar las tareas propias de seguridad ciudadana, tráfico, protección y evacuación de las personas afectadas por los incendios. Resulta especialmente destacable el trabajo realizado por la Guardia Civil, dado que tiene la responsabilidad policial sobre la mayor parte del territorio afectado por los incendios. En concreto, fue fundamental la actuación del servicio aéreo, tanto con helicópteros como con drones, para observar el avance de las llamas, localizar las zonas calientes y perimetrar las áreas afectadas. También fue crucial el buen trabajo realizado en la protección de la población y los núcleos urbanos en las evacuaciones, confinamientos, aseguramiento de zonas y realojos. Se evacuó de manera segura y ágil a más de 36 000 personas.
Por supuesto, hay que destacar el trabajo de investigación que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente el SEPRONA, para esclarecer el origen y las causas de los incendios y para identificar a los posibles responsables en aquellos casos en que existan indicios de delito, ya sea por acción intencionada o por imprudencia. En este ámbito ha habido más de 140 personas investigadas y casi 60 personas detenidas.
Los medios aéreos y terrestres propios del Estado se vieron además reforzados, como decía al principio, por el apoyo internacional. A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil y mediante acuerdos bilaterales contamos con medios extraordinarios procedentes de 11 países ―Alemania, Andorra, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, República Checa y Rumanía―, que suman 4 aviones, 4 helicópteros, más de 200 horas de vuelo, casi 800 descargas de agua, cerca de 50 vehículos y más de 350 personas. Un contingente que supone la mayor movilización del mecanismo europeo en nuestro país, incluso habiendo emergencias activas en seis países comunitarios en ese mismo periodo. Sin duda alguna, esta es la mejor muestra de cuál es la filosofía de la Unión Europea y, sobre todo, constata la importancia de la solidaridad y el trabajo conjunto para afrontar cualquier catástrofe.
En este punto, también quiero destacar la solidaridad entre las comunidades autónomas. El Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, definido desde 2020 por el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, el PLEGEM, permitió movilizar recursos de las regiones que no se estaban viendo afectadas por los incendios y que ofrecieron sus medios a aquellas que sí estaban afectadas. Este proceso se ha realizado de manera bilateral y directa por los propios territorios y también se ha incentivado desde el CENEM, coordinando aportaciones de hasta diez comunidades y ciudades autónomas: Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Madrid, Illes Balears, Melilla, Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana. Todas ellas han puesto a disposición de las regiones afectadas helicópteros, aviones, vehículos, brigadas de bomberos y también equipos de drones.
Finalmente, y como instrumento esencial para garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía, quiero destacar también la labor de la Dirección General de Tráfico en la gestión del tráfico de las zonas afectadas, con cierre de carreteras y establecimiento de rutas alternativas y desvíos, en colaboración con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y mediante la información ofrecida a los conductores en tiempo real a través de los paneles, páginas web, redes sociales u otros medios de comunicación. En total, hasta el 31 de agosto, se gestionó el cierre de 297 carreteras por causas relacionadas con los incendios, de las cuales el 81 % corresponde a la red secundaria. El teléfono de información y auxilio en carretera recibió casi 37 000 llamadas entre el 8 y el 31 de agosto, un 55 % más que en periodos similares de años anteriores; y se difundieron más de 20 000 mensajes preventivos a través de más de 2500 paneles ubicados en nuestras carreteras.
Como saben, el sábado 30 de agosto, después de diecinueve días de intenso trabajo en fase de preemergencia, la situación de los incendios, la evaluación realizada por las Administraciones implicadas y las buenas previsiones meteorológicas nos permitieron pasar a la fase de alerta y seguimiento permanente. Desde ese momento y hasta el final de la campaña de prevención contra los incendios, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el propio CENEM continuaron, sin duda alguna, vigilantes y en conexión permanente con el resto de Administraciones del Estado, con los centros de emergencia de las comunidades y de las ciudades autónomas y con el Centro europeo de respuesta y control de emergencias del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reaccionar ante cualquier incendio que se comunique, tal y como se hace habitualmente ante una situación de alto riesgo, como la que se atraviesa cada verano.
La emergencia, sin embargo, como me han oído en otras ocasiones, no termina en ese momento. Por un lado, comienza una etapa esencial, que es la de la reconstrucción y la recuperación, en la que el Gobierno de España también va a estar, como siempre, al lado de los ciudadanos y de las ciudadanas afectadas, para acompañarlos hasta que recuperen una situación lo más cercana a la normalidad. Para ello, el 26 de agosto aprobamos en Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que abre la vía para que los damnificados por los incendios forestales puedan acceder a ayudas y subvenciones impulsadas por los distintos ministerios. Además, como saben, las ayudas de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que tienen carácter subsidiario y complementario, están a disposición de los afectados desde el primer momento. Decía que la emergencia no termina, porque tenemos por delante un reto todavía mayor: prepararnos para el futuro. Las cifras que he ido detallando durante mi intervención evidencian la excepcionalidad, la dimensión y la trascendencia del terrible episodio de incendios que vivimos el pasado mes de agosto y la contundencia que ha sido necesaria para responder de manera eficaz, tanto por parte del Estado como de los municipios y de las comunidades autónomas.
Dejando a un lado, como he dicho en alguna otra ocasión, la utilización partidista que algunos han tratado de hacer de estos incendios, hemos trabajado buscando la cooperación y la lealtad institucional con un objetivo común: apagar todos y cada uno de los incendios de la manera más rápida y eficaz posible. Desde 2018, y por mucho que algunos de nuevo se empeñen en decir lo contrario, el Gobierno de España y, en concreto, el Ministerio del Interior hemos hecho los deberes. Hemos trabajado intensamente en el ámbito de la protección civil para desarrollar normativa y poner en marcha herramientas esenciales en todos los ejes del ciclo de gestión de las emergencias: anticipación, prevención, planificación, respuesta inmediata y recuperación. También hemos alineado nuestras estrategias con iniciativas internacionales como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres que impulsa Naciones Unidas o la Estrategia de la Unión de Preparación para prevenir amenazas y crisis de emergencias y reaccionar frente a ellas, recientemente aprobada por la Comisión el pasado mes de marzo. Hemos desarrollado la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, una legislación que nació del consenso, pero que el Partido Popular no había desarrollado desde 2015. Además, hemos puesto en marcha la primera Estrategia Nacional de Protección Civil 2019 y la segunda de 2024, instrumento de planificación estratégica para la protección ante emergencias y catástrofes.
Asimismo, aprobamos —como decía antes— el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil, el PLEGEM, en 2020, herramienta fundamental del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que se integran los planes de incendios forestales, que refuerza la coordinación entre todas las Administraciones y crea el Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias. Aprobamos también el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035 en el año 2022, en La Palma, que surge de la Conferencia de Presidentes allí desarrollada para ofrecer una respuesta eficaz a las crecientes emergencias derivadas del cambio climático. Hemos desarrollado la Norma Básica de Protección Civil en el año 2023, marco fundamental para la integración de los planes de protección civil en un conjunto operativo y susceptible de una rápida aplicación, y la Instrucción técnica de operación en el año 2024, paso previo al desarrollo del Catálogo Nacional de Capacidades Operativas de Respuesta Inmediata, en el que ya estamos trabajando en colaboración con aquellas comunidades autónomas que se han sumado al grupo de trabajo correspondiente, y entre las que no están, por cierto, Castilla y León, Extremadura o Galicia. El desarrollo normativo se ha complementado con la puesta en marcha de herramientas como el Mapa
Nacional de Riesgos de Protección Civil, la Red de Alerta Nacional de Protección Civil como infraestructura de comunicación de avisos o el sistema ES-Alert.
Todos esos instrumentos se actualizan, evolucionan y mejoran de manera continua. De hecho, el pacto de Estado frente a la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno incluye entre sus medidas la actualización del PLEGEM, la interconexión efectiva del CENEM y todos los centros autonómicos de coordinación operativa, la creación del Catálogo Nacional de Capacidades Operativas de Respuesta Inmediata o el desarrollo del Mapa Nacional de Riesgos y el Registro Nacional de Datos como parte de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Todo ello en el marco de la creación de la agencia estatal de protección civil y emergencias, una agencia que ―siempre lo digo― respetando en todo momento el marco competencial establecido, por supuesto, nos permitirá mejorar la coordinación y la toma de decisiones por parte de todas las Administraciones públicas.
El pasado jueves presentábamos en Cuenca el Plan de Formación ante Emergencias de protección civil en centros educativos. Desde este curso, más de 8 millones de alumnos de 25 000 centros educativos aprenderán a identificar situaciones de riesgo y a actuar de manera correcta ante riesgos específicos, recibirán formación sobre prevención y sistemas de alerta o sistemas de emergencia y sabrán cómo diferenciar entre información y desinformación en este tipo de situaciones. Este plan de formación surge de la experiencia y el aprendizaje tras la dana del pasado 29 de octubre y ha sido elaborado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en colaboración con todas las comunidades autónomas, las ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, además de con voluntarios y colaboradores habituales en el ámbito de la protección civil. El plan fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil y después aprobado por unanimidad por el Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, e igualmente por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Educación, los cuales cuentan con representación de todas las comunidades autónomas. Creo que es el mejor ejemplo de cómo debemos trabajar: con consenso, lealtad y colaboración institucional (aplausos), para afrontar el presente y el futuro de las catástrofes, que se ven redimensionadas en duración, virulencia, frecuencia y complejidad a causa de la emergencia climática y que solo pueden combatirse con la implicación de todas las Administraciones públicas, la ciudadanía y también los grupos parlamentarios que la representan. Y todo ello, en el marco del Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática, nos permitirá seguir mejorando la comunicación, coordinación y toma de decisiones ante situaciones de crisis; nos permitirá aumentar los medios técnicos y humanos destinados a la prevención, anticipación y respuesta a eventos climáticos extremos, y mejorar su estabilidad, formación, equipamiento y condiciones laborales; promover una cultura de la prevención y la reacción en la ciudadanía y crear fondos con recursos permanentes, nacionales y autonómicos para acelerar la reconstrucción y la recuperación tras las emergencias, mejorando así las líneas de ayuda en estos ámbitos.
Es, sin duda alguna, señorías, nuestra obligación ―así nos lo demanda la sociedad española― mejorar la capacidad de respuesta ante los efectos destructivos del cambio climático, porque es nuestra responsabilidad, como bien saben, garantizar la seguridad de la ciudadanía española. Y el desafío que se nos plantea solo se puede conseguir ―como decía anteriormente― trabajando juntos por el bien común. Me parece que la necesidad de compromiso y responsabilidad es innegable para todos nosotros y depende de sus señorías que seamos capaces de debatirla, articularla y construirla con la serenidad y la profundidad que el tema merece.
Muchas gracias. (Aplausos).