Proposición no de Ley relativa al establecimiento por ley de un despido realmente restaurativo y disuasorio.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, hemos comprobado en demasiadas ocasiones que en este hemiciclo conviven dos formas muy distintas de entender España. Por un lado, quienes creemos que la democracia no es plena si no se redistribuye la riqueza, porque si la prosperidad no se comparte, se convierte en desigualdad e injusticia, las que estamos aquí para defender a quienes sostienen este país con su trabajo, que quieren y merecen derechos que no dependan del tamaño de su nómina. Por otro lado, están quienes votan en contra de que la ciudadanía tenga más tiempo para sí misma, en contra de que el descanso, la estabilidad y la libertad sean derechos garantizados y no privilegios de unos pocos. Son los que hablan en nombre de los poderes económicos y de los intereses de una minoría. En SUMAR, la semana pasada dijimos que una derrota parlamentaria no nos iba a frenar. En primer lugar, porque la historia de la lucha obrera nos ha demostrado que la clave es persistir. En segundo lugar, porque así lo quiere, porque nos lo pidió y porque nos lo sigue pidiendo en la calle la gente trabajadora.

(Aplausos). Por eso, al día siguiente, el Ministerio de Trabajo inició los trámites para un nuevo registro de jornada que impida el fraude en las horas extra, y por eso también hoy volvemos a este Pleno con una propuesta más: reformar el despido para garantizar indemnizaciones justas y acabar con un sistema que sigue castigando siempre a la parte más débil. Fíjense, señorías, nunca es tarde para unirse a la mayoría social, para pasarse al lado bueno de la historia, porque razones hay de sobra. Las sociedades avanzan cuando conquistan más libertad real para la mayoría, y la libertad real se alcanza cuando la gente trabajadora deja de ser presa continua del miedo y del agotamiento y cuenta con derechos que le permiten vivir mejor. Jornada y despido son dos caras de la misma moneda, el derecho a pensar en el futuro con esperanza, a tener un trabajo que no devore la vida y a que un despido injusto no consuma certeza y dignidad.

Señorías, lo que traemos hoy a este Pleno no es un simple ajuste normativo, es una decisión política de esas que determinan un proyecto de país. La pregunta es clara: ¿queremos un país pequeño, de despidos fáciles y derechos mínimos o un país grande que amplía libertades y hace que los derechos laborales sean la base de la vida en común? Desde 2022, en España hemos creado más de un millón de empleos netos, crecemos casi cuatro veces más que la media europea, somos el país que más empleo genera en Europa, pero a nosotras no nos basta con crecer; la cuestión es cómo crecemos y para quién crecemos. Lo tenemos claro, apostamos por la clase trabajadora, porque cuando se protege a la mayoría social, cuando se asegura que la prosperidad llega a la gente común, el país entero progresa. (Aplausos).

Pese a todo lo que hemos logrado avanzar en los últimos años, las relaciones laborales en España arrastran todavía tres problemas estructurales: uno del que hemos hablado mucho, las jornadas laborales excesivas, que nos roban la vida, del que volveremos a hablar; dos, los miles de horas extras no retribuidas ni cotizadas, un fraude al que vamos a poner fin más pronto que tarde; y tres, un modelo de despido barato, injusto y sin capacidad restaurativa ni disuasoria. Hoy traemos a esta Cámara una propuesta que precisamente se centra en este último problema.

Señorías, en estos momentos, la indemnización por despido improcedente se calcula exclusivamente en función de los días por año trabajado, es decir, no tiene en cuenta la edad de la persona despedida, su formación ni el daño que le causa, ni tampoco las circunstancias que concurren o caracterizan a la empresa que despide. Esta rigidez en la regulación actual impide que el despido se adapte a la realidad de cada caso y, sobre todo, a una mayor justicia para todas las partes. Las personas de esta Cámara que lo hemos sufrido o que convivimos en nuestro día a día con gente trabajadora sabemos lo duro que es recuperarse económica y emocionalmente de un despido. Hablamos de ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, heridas que a menudo persisten incluso después de haber encontrado un nuevo empleo. Por eso venimos a hablar de despido restaurativo, porque se trata de reparar lo económico, pero también lo vital, porque no es lo mismo perder el empleo con 30 años que con 52, cuando la reinserción laboral es más difícil; tampoco es lo mismo despedir siendo un pequeño comercio de barrio que una gran multinacional que genera y factura millones. Sin embargo, la ley no refleja estas diferencias y ello es necesario para un sistema equilibrado, justo y proporcional. El modelo actual ni repara ni protege y mucho menos disuade a quien despide sin causa.

Hay empresas que fomentan exclusivamente una competencia que es desleal y basada en dumping social, amenaza y precariedad, cuya política de recursos humanos consiste en despedir sin causa, simplemente porque su cuenta bancaria se lo permite. Todo esto no lo decimos solo nosotras y las organizaciones sindicales, todo esto lo dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, que ya ha condenado a España por incumplir la Carta Social Europea. Nuestro sistema de despido está por debajo de los estándares europeos de protección, y ello a su vez se ha traducido en tres sentencias en nuestros tribunales superiores de Justicia, una del País Vasco y dos de Cataluña, que reconocen el derecho a indemnizaciones adicionales muy cuantiosas, para cuyo cálculo nuestro ordenamiento jurídico no ha previsto criterio alguno. Señorías, se trata de cumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea, lo cual es obligatorio para España, de dar a nuestras empresas una seguridad jurídica indispensable, pero, sobre todo, se trata de seguir sumando dignidad al mundo del trabajo.

Por todo ello, señorías, el debate sobre el despido no va solo de números, de baremos ni de indemnizaciones, va de qué certidumbres y esperanzas queremos dar a las y a los jóvenes, a las personas cercanas a la jubilación, a las y a los trabajadores con poca antigüedad, a todas aquellas que han sido despedidas sin motivo. Va de garantizar derechos, de proteger a quienes sostienen nuestra economía y nuestra vida cotidiana, de dar certezas donde hoy solo hay inseguridad. Señorías, hoy de nuevo toca decidir si queremos una España que sea un Estado que apuesta por la dignidad de quienes trabajan o uno que siga dejando millones a la deriva. Como todo lo importante en política, ustedes lo saben, esto es una cuestión de humanidad. Dejémonos de lugares comunes y miremos a los ojos de la calle. Hagámoslo porque es lo justo y hagámoslo con valentía.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies presidenta. Bona tarda, senyories. Avui el Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR porta a debat aquesta PNL registrada fa més d’un any i on se’ns demana que instem al Govern, o sigui que els instem a ells mateixos, a adoptar les mesures necessàries perquè la legislació espanyola doni compliment al que disposen els instruments internacionals ratificats, regulant una indemnització en cas d’acomiadament improcedent, que sigui realment dissuasòria i restaurativa. El desembre de l’any passat, com s’ha recordat, ja va ser objecte de debat en aquesta cambra, una iniciativa de Bildu sobre la mateixa qüestió. I abans de seguir, voldria dir que som coneixedors de la sentència del Tribunal Suprem, del Supremo, que ha fixat doctrina en aquest tema. Sembla que la senyora Martínez Barbero no, però, com segur que tots vostès saben, és més que evident que Junts per Catalunya no som aquí per defensar les interpretacions del Tribunal Supremo. Ja saben que, per exemple, en el cas de la seva Sala Segona fem just el contrari. Per tant, el que hagi dit o no hagi dit el Supremo, no ha fet variar el nostre posicionament. El passat desembre els dèiem que calia tenir en compte que una revisió d’aquesta indemnització podia comportar, doncs, un desequilibri del mercat de treball i del seu marc transaccional. Un marc, per cert, fixat en les seves reformes laborals dels darrers anys, on, per exemple, totes les parts van acceptar minimitzar la temporalitat. Mirin, Junts per Catalunya som partidaris de protegir millor les persones treballadores, adaptant també la indemnització davant d’un acomiadament improcedent per respondre al requeriment del Consell d’Europa. Però un cop més els diem, els partits del Govern, que qualsevol canvi legislatiu en aquest sentit ha de complir tres requisits: ha de ser previsible, ha de generar seguretat jurídica a totes les parts i s’ha d’ajustar a la resta d’indemnitzacions que existeixen a Europa. I segon, com també ja els hi vàrem dir la setmana passada, nosaltres el que no entenem és que vostès pretenguin fer reformes o modificacions parcials sense abordar els reptes de fons i la manca d’eficiència i eficàcia que ens llastren. Miri, senyories, de SUMAR, no, no podem aïllar aquestes iniciatives. Si volen avançar, doncs promoguin aquelles reformes que permetin que l’Estat espanyol pugui corregir els dèficits estructurals de mercat de treball no resolts per la seva reforma. Per això, al nostre entendre, cal revisar paral·lelament temes com la flexibilitat laboral interna, la flexibilitat en matèria de contractació i de temporalitat. Cal també establir mesures efectives per reduir l’absentisme, per incidir o per veure quin és l’origen de l’alta incidència de la incapacitat temporal. També introduïm mecanismes per millorar la mobilitat interna, o per millorar la inversió en polítiques actives d’ocupació per reduir l’alta taxa d’atur que pateix l’Estat espanyol. En definitiva, per aproximar-nos a la productivitat i competitivitat d’altres estats del nostre entorn. I és que nosaltres entenem que només revertir els factors que condicionen negativament l’entorn laboral i econòmic ens donarà la possibilitat a tots plegats d’avançar cap a un model de valor que garanteixi en el temps més i millors drets laborals, però que també ens garanteixi l’Estat del benestar. I en aquest sentit és en el que hem presentat la nostra esmena que dono aquí per defensada. En la literalitat del seu escrit. Res més i moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR lleva a debate esta PNL registrada hace más de un año y nos pide que instemos al Gobierno, a ellos mismos, a adoptar las medidas necesarias para que la legislación española dé cumplimiento a lo que disponen los instrumentos internacionales ratificados, regulando una indemnización en caso de despido improcedente que sea disuasoria y restaurativa. En diciembre del año pasado, como se ha recordado, ya se presentó una iniciativa de Bildu sobre la misma cuestión. Antes de seguir, les diré que conocemos la sentencia del Tribunal Supremo, que ha sentado doctrina en este tema. La señora Martínez Barbero, no, pero, como todos ustedes saben, es evidente que

Junts per Catalunya no está aquí para defender las interpretaciones del Tribunal Supremo, ya saben ustedes que en el caso de su Sala Segunda estamos haciendo justo lo contrario. Por tanto, lo que haya dicho o no haya dicho el Supremo no ha hecho cambiar nuestro posicionamiento.

En diciembre les decíamos que teníamos que tener en cuenta que una revisión de esta indemnización podría comportar un desequilibrio del mercado de trabajo y de su marco transaccional, un marco fijado en sus reformas laborales de los últimos años, donde, por ejemplo, todas las partes aceptaron minimizar la temporalidad. Somos partidarios de proteger mejor a las personas trabajadoras, adaptando y revisando la indemnización ante un despido improcedente para responder al requerimiento del Consejo de Europa, pero una vez más decimos a los partidos del Gobierno que cualquier cambio legislativo en este sentido tiene que cumplir tres requisitos: tiene que ser previsible, tiene que generar seguridad jurídica y tiene que ajustarse a las indemnizaciones que existen en Europa. En segundo lugar, como ya les dijimos la semana pasada, nosotros lo que no entendemos es que ustedes pretendan hacer reformas o modificaciones parciales sin abordar los retos de fondo y la falta de eficiencia y de eficacia que lastra el mercado laboral.

Señorías de SUMAR, no podemos aislar estas iniciativas. Si queremos avanzar, promuevan aquellas reformas que permitan que el Estado español corrija los déficits estructurales del mercado de trabajo para poder llevar a cabo su reforma. Por ello necesitamos, a nuestro entender, revisar temas como la flexibilidad laboral interna, la flexibilidad en materia de contratación y temporalidad, necesitamos medidas que hagan frente al absentismo, ver cuál es el origen de la alta incidencia de la incapacidad temporal, pero también mecanismos para mejorar la competitividad interna y la inversión en políticas activas de okupación, para reducir el paro que existe en el Estado español, en definitiva, para acercarnos a la competitividad y a la productividad de otros Estados de nuestro entorno.

Nosotros entendemos que solo si revertimos los factores que condicionan de forma negativa este entorno económico y laboral podremos avanzar hacia un modelo de valor que garantice en el tiempo mejores derechos laborales, pero que también garantice el estado de bienestar. Por ello hemos presentado nuestra enmienda, que doy aquí por defendida en la integridad de su escrito.

Gracias.

Grazas, señor presidente. Señora Martínez Barbero, paréceme moi ben a súa proposta mais teño que dicirlle, sabe que é o primeiro que se nos ven á cabeza cando a vemos? Que mágoa que SUMAR non estea no goberno! Que pena que non teña a súa líder, Yolanda Díaz, como ministra de traballo para poder facer xustamente lei o que aquí traen como unha proposición non de lei! Son incoherencias que non deixan de ser rechamantes. Eu pódolle lembrar algunha cuestión ao seu grupo, daquela Unidas Podemos, comprometerase a derrogar integramente a reforma laboral do Partido Popular. Decembro 2022, non o fixo, só modificou 3 aspectos e non precisamente os máis relevantes. Un deles, o que ten que ver co despido, coa facilidade para despedir e o abaratamento do despido ficou exactamente como estaba. O sorprendente é que en febreiro de 2023, só 2 meses despois, a raíz dunha moción de Esquerra Republicana de Cataluña, Yolanda Díaz subiu aquí a dicir que era radicalmente inxusto que se puidese despedir tan fácil e tan barato no Estado español. O que non nos explicou é porque 2 meses antes non fixo esa modificación Mais continuamos, marzo de 2023: tres grupos parlamentares Esquerra Republicana, EH Bildu e Bloque Nacionalista Galego trouxemos aquí unha proposición de lei para derrogar integramente a reforma laboral do Partido Popular. Sabe que fixo o seu grupo de Unidas Podemos naquela altura, incluída Yolanda Díaz? Votar en contra. Esa é a coherencia coa que actúan. Nós, evidentemente, estamos a favor do que vostedes propoñen. Puido ter recuperado 45 días, pero parécenos ben que se utilicen outros criterios distintos que sexan máis xustos. Co que vostedes sinalan aquí concordamos. Un procedemento que sexa disuasorio e restitutivo. O que lle reclamamos é que o traian como unha proposición de lei. Votaremos a favor, evidentemente. Tráiano porque é a súa responsabilidade como un proxecto de lei do Goberno. Dicía vostede que incumpre a Carta Social Europea. Non só niso. Saben vostedes que a incumpren tamén o salario mínimo interprofesional, que están computando sen seguir os criterios de Eurostat que utiliza o Consello de Europa. Pois entón cumpran tamén en relación co salario mínimo interprofesional. Traian unha proposta que cumpra coa Carta Social Europea. Nós o que queremos é que os traballadores avancen en dereitos e non evidentemente un xogo de debate parlamentar.

Gracias, señor presidente. Señora Martínez Barbero, me parece muy bien su propuesta, pero tengo que decirle una cosa. ¿Sabe qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Qué pena que no esté SUMAR en el Gobierno, ¿no? Qué pena que su líder, Yolanda Díaz, no sea la ministra de Trabajo para poder hacer justamente ley lo que traen aquí como una proposición no de ley. Son incoherencias que no dejan de ser llamativas. Le puedo recordar alguna cuestión, su grupo ―en aquel momento, Unidas Podemos― se comprometió a derogar íntegramente la reforma laboral del Partido Popular. En diciembre de 2022 no lo hizo y modificó solo tres aspectos, y no precisamente los más relevantes. Uno de ellos, el que tiene que ver con el despido, con la facilidad para despedir y el abaratamiento del despido, se quedó exactamente como estaba. Lo sorprendente es que, en febrero de 2023, nada más dos meses después, a raíz de una moción de Esquerra Republicana de Catalunya, Yolanda Díaz subió aquí a decir que era radicalmente injusto que se pudiese despedir tan fácil y barato en el Estado español. Lo que no nos explicó es por qué dos meses antes no hizo esa modificación. Seguimos. En marzo de 2023, tres grupos parlamentarios ―Esquerra Republicana, EH Bildu y Bloque Nacionalista Galego― trajimos una proposición de ley para derogar íntegramente la reforma laboral del Partido Popular. ¿Sabe qué hizo su grupo, Unidas Podemos, en aquel momento, incluida Yolanda Díaz? Votar en contra. Esa es la coherencia con la que actúan. Evidentemente, nosotros estamos a favor de lo que proponen ustedes. Se pueden recuperar esos 45 días y nos parece bien que se usen otros criterios distintos que sean más justos, como señalan ustedes aquí, y estamos de acuerdo en un procedimiento que sea disuasorio y restitutivo, pero lo que les reclamamos es que lo traigan como una proposición de ley, y votaremos a favor, evidentemente. Tráiganlo, porque es su responsabilidad, como un proyecto de ley del Gobierno. Decía usted que incumple la Carta Social Europea; y no solo eso. Saben que incumplen también con el salario mínimo interprofesional, que lo están computando sin seguir los criterios de Eurostat que utiliza el Consejo de Europa. Por tanto, cumplan también en relación con el salario mínimo interprofesional y traigan una propuesta que cumpla con la Carta Social Europea. Nosotros lo que queremos es que los trabajadores avancen en derechos y no evidentemente...

Si só fica niso. Por tanto, demostren que realmente queren que avancemos en dereito.

Moito obrigado.

... en un juego de debate parlamentario si solo se queda en eso. Por tanto, demuestren que realmente quieren que avancemos en derechos.

Muchas gracias.

Gracias, señor presidente. Nosotras en Podemos seguimos creyendo que el despido en España sigue siendo demasiado barato. A día de hoy, en este país sale más rentable despedir de forma ilegal que cumplir con los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Al final, esto no es una cuestión de justicia, sino de hacer caja con la vida de la gente. La Organización Internacional del Trabajo ha advertido que la indemnización por despido en nuestro país, España, es una de las más bajas de toda Europa. somos, junto a Portugal, el país de Europa occidental donde resulta más fácil y barato despedir. Evidentemente, esta vergüenza hay que corregirla. Por eso, de esta propuesta nos gustan dos cosas: primero, que el despido sea restaurativo, es decir, que repare el daño no solo económico, sino vital que se le hace a la persona y a su familia, y, segundo, que el despido sea disuasorio, es decir, que no les salga tan rentable ni tan a cuenta a las empresas despedir, porque, si hacen números y al final sale más barato, pues la empresa no se lo va a pensar y va a tirar hacia delante. Eso sí, como el compañero Rego, le señalamos que está muy bien traer iniciativas como esta, pero nos parece simplemente un gesto, porque ustedes, señorías de SUMAR, están sentados en el Consejo de Ministros y pueden traer un proyecto de ley que saque adelante esta iniciativa de una manera efectiva, para que por fin podamos decir que en nuestro país los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están realmente protegidos, y que no tenemos un país low cost en cuanto al despido. Hay que ser valientes y no hay que tener miedo (la señora Martínez Barbero: No tenemos miedo) ni a los socios de Gobierno ni a la CEOE ni a que se molesten tampoco en Bruselas. Por lo tanto, nosotras vamos a votar a favor de esta proposición no de ley, pero les invitamos a hacer política real, señores de SUMAR.

Gracias, presidente. Hoy hablamos de un tema crucial, la reconfiguración del despido improcedente y su indemnización, proponiendo un modelo restaurativo y disuasorio, que busca reparar al trabajador afectado o trabajadora afectada y, al mismo tiempo, hacer que las empresas se lo piensen dos veces antes de despedir sin motivo. Por tanto, estamos hablando de algo que afecta directamente a miles de trabajadoras y trabajadores en nuestro país, pero también a las empresas, a la competitividad, a la cohesión social y, en última instancia, creo que también a la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones. Como bien se ha dicho aquí, el Comité Europeo de Derechos Sociales recomienda que las medidas frente al despido injustificado deban ser eficaces, adecuadas y disuasorias. Y conviene también recordar, señorías, que en diciembre de 2024 el Tribunal Supremo dejó claro que los jueces no pueden aumentar la indemnización legal por su cuenta, aunque existan circunstancias particulares o especiales. ¿Por qué? Porque dice que hacerlo vulneraría la seguridad jurídica y pondría en riesgo la igualdad de trato frente a la variabilidad de caso por caso. Además, añade que no se vulneran ni el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT ni el artículo 24 de la Carta Social Europea, que la indemnización legal se considera adecuada y que solo el Parlamento es quien puede cambiar la ley e introducir cambios que contemplen agravantes o reparaciones adicionales. En este escenario, hoy el Grupo SUMAR nos presenta una iniciativa inspirada en la resolución del CEDS para un despido restaurativo y disuasorio, una idea atractiva y justa en su finalidad. Hasta aquí, desde luego que estamos de acuerdo, pero el problema está en que estamos ante una iniciativa que carece de concreción. No se nos dice cómo se calcularán esas indemnizaciones, si en función de la antigüedad, salario, edad del trabajador o cualquier otra circunstancia; en definitiva, desconocemos qué criterios plantean para su cálculo. No se establecen topes mínimos ni máximos para garantizar un equilibrio entre la justicia para el trabajador o la trabajadora y la sostenibilidad para las pymes o autónomos que tienen empleados a su cargo, no se definen supuestos agravantes para las empresas, no se fijan coeficientes de disuasión, no aclaran los procedimientos ni tampoco se tiene en cuenta que en el sistema laboral es la empresa quien decide en última instancia si readmite al trabajador o lo indemniza, salvo algunos casos excepcionales, algo que también limita o puede limitar la efectividad práctica de una indemnización restaurativa. En definitiva, hoy se nos pide votar sobre algo que suena bien en lo conceptual, pero que en lo concreto resulta un tanto difuso y abstracto. Es como una melodía agradable de la que todavía desconocemos la partitura. Y esa falta de definición no es menor, porque si no somos claros y no establecemos reglas claras, volveremos a dejar en manos de los tribunales la interpretación de la norma, y todos sabemos lo que eso significa, que, a lo mejor, dos trabajadores en idénticas condiciones en el puesto de trabajo, pueden recibir indemnizaciones muy diferentes dependiendo del juez que les toque. Y, ante esto, también debemos hacernos una pregunta de fondo, a la que creo que tenemos que dar respuesta: ¿Estamos dispuestos a aceptar un sistema en el que algunos trabajadores reciban un poco más y otros un poco menos, según sus circunstancias personales, para acercarnos a un modelo más humano y más justo? ¿O preferimos un sistema en el que todos sepamos a qué atenernos y donde la compensación no dependa de factores subjetivos, sino del incumplimiento precisamente de los deberes de la empresa? Porque un sistema justo y predecible requiere confianza en que las reglas sean objetivas y equitativas, y esa confianza solo puede sostenerse si además estamos todas y todos convencidos de que todos estamos amparados por los mismos criterios, sin diferencias arbitrarias que generen o que puedan generar agravios comparativos. Por otro lado, y en cuanto a la disuasión, lo cierto es que estamos ante un concepto subjetivo y un tanto resbaladizo. Todos coincidimos en que las empresas deben pensárselo dos veces antes de despedir sin causa. Pero la disuasión, señorías, no es igual para todos. Lo que disuade a una gran multinacional puede ser irrelevante para una pyme y por eso necesitamos objetivizar esa disuasión en la ley, con criterios claros y proporcionados que eviten arbitrariedades y garanticen que la norma sea justa y eficaz en cualquier contexto.

Sorprende también que esta propuesta no haya pasado por la mesa de diálogo social, un espacio diseñado precisamente para que trabajadores y empresarios negocien y acuerden soluciones realistas y equilibradas, aunque no todos estemos representados en ese diálogo social. Pero sí quiero subrayar algo importante. el diálogo social no solo sirve para pactar equilibrios, sino que también puede aportar criterios que ayuden al legislador a tomar decisiones más acertadas con criterios objetivos, compartidos por las partes, que conocen de primera mano la realidad del mercado de trabajo, y que podrían convertirse en la base de una ley clara y más justa.

Podemos entender que, dada la aritmética parlamentaria, SUMAR haya dejado esta propuesta abierta como estrategia política para conseguir los apoyos necesarios para que salga adelante, pero, para que los grupos podamos fijar una posición responsable, sería necesaria una propuesta mucho más concreta. Un despido restaurativo y disuasorio, sí, pero también objetivo, previsible y seguro para todos, porque el despido no es un simple acto jurídico, es un hecho que altera la vida de las personas y debemos afrontarlo con rigor y con una mirada amplia que equilibre derechos, obligaciones, justicia y seguridad, protección y responsabilidad.

Eskerrik asko.

Gracias, presidente. Señorías, nosotros vamos a votar a favor de la proposición no de ley y nos gustaría mucho más haber empezado diciendo que íbamos a apoyar esta proposición de ley, porque yo creo que la gente tiene que saber que este debate no va a tener una concreción material, no va a cambiar mañana la realidad en la que actúan. No lo digo como crítica, lo digo como constatación de algo que a la gente normal se le escapa porque tampoco está tan pendiente de la nomenclatura que se utiliza en estos espacios y de los efectos prácticos que tiene en su vida. Es una pena que no estemos hablando de una proposición de ley, que habríamos apoyado igualmente, y que estemos hablando de una proposición no de ley, que no es más que una declaración de intenciones. Ojalá como declaración de intenciones tenga mejor suerte, pero también tienen que saber que, pudiendo ofrecerles realidades, les estamos proyectando nuestros deseos, porque eso es lo que estamos haciendo con esta iniciativa. Lo vamos a hacer por una cuestión muy básica y es que no vamos a hacer nada diferente de lo que dijimos ya hace muchos años que íbamos a hacer en esta tribuna: no dejar pasar ni un segundo para recuperar todos los derechos que le han robado a la clase trabajadora durante décadas. Porque está bien hablar de la competitividad, hablar del necesario papel de las empresas, pero no está nada bien hablar de la cohesión social, cuando la cohesión social se ha convertido en una pesada losa que sufren los trabajadores para ajustar los mercados cada vez que se resfrían. Esa ha sido la lógica del mercado del trabajo en el Estado español: más sacrificios continuos para la clase trabajadora durante décadas para que las empresas pudieran gozar de viabilidad y desarrollo futuro. Y, por tanto, cualquier paso que se dé estará bien. Como ha señalado antes el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, en 2023 presentamos una iniciativa que, sin ser exactamente esta porque es cierto que no era exactamente esta, ya incidía en algo de lo que esta iniciativa parece plantear, y es que las indemnizaciones por despido actuales no son justas, y no son justas porque se bajaron. Igual que no es justa la prestación de desempleo porque se bajó. Porque antes las prestaciones por desempleo eran mucho mayores en cuantía y duración, sobre todo en meses, y las indemnizaciones por despido también lo eran, porque eran de 45 días por año frente a los 33 que impuso la reforma de Mariano Rajoy que, por desgracia, con Gobiernos progresistas de más de un partido, no hemos sido capaces de revertir, pese a nuestra voluntad y pese a nuestro compromiso para que así fuera. En cualquier caso, compartimos que esta iniciativa puede tener un recorrido, ojalá dé lugar a una iniciativa ―esta sí, legislativa― que contemple todo aquello que señala, que es la pérdida de ingresos para los y las trabajadoras, la falta de estabilidad económica que se le da a las personas y que, sobre todo y también, ya que ahora todo el mundo está muy sensible con esto, atienda a la salud mental, que parece que alguien olvida que afecta a toda la gente que es despedida. Quizás algunos lo llevamos aprendido desde casa porque somos hijos de la reconversión industrial y porque ya vivimos en nuestras carnes lo que era quedarse en el desempleo y tener dificultades, cuando no impotencia grave, para afrontar el futuro de nuestra propia familia.

Pero, en cualquier caso, nos parece importante también que la iniciativa no se quede solo en lo que tiene que ver con la capacidad de las grandes empresas, porque las grandes empresas se deslocalizan pagando el despido improcedente, incluso pagando más de los 33 días por año. Lo acabamos de ver en Bridgestone en Basauri y lo podremos ver en BSH en Esquiroz. Sin embargo, sí vemos que las pequeñas y medianas empresas, todos esos pequeños talleres que forman parte del ecosistema de esa propia empresa, son los que se van a la calle, los que cierran con 33 días por año. Y ahí me pueden hablar de competitividad, me pueden hablar de la necesaria atención a las empresas, pero no me hablen de cohesión social, eso es chantaje para con los y las trabajadoras.

Está bien que de vez en cuando en esta tribuna ―lo ha hecho la proponente― alguien recuerde artículos de la Constitución española, porque soy muy consciente de que los artículos 2 y 8 de la Constitución española están grabados a fuego en la mente de muchas de sus señorías, pero parece que otros artículos, como el que tiene que ver con el derecho a la vivienda, o este, el 35, que tiene que ver con el derecho a un trabajo digno, pasan poco menos que a la carta del Olentzero o de los Reyes Magos, como lista de buenos propósitos, de tareas deseables, de aquellas cosas que a uno le gustaría hacer, pero que en cualquier caso no le interpelan o no le obligan a hacer. Ese artículo 35 dice algo así como que cada trabajador tiene derecho a un salario o a un empleo digno que le permita cubrir sus necesidades y las de su familia, que le dé dignidad a sus vidas.

Por tanto, apoyaremos cualquier iniciativa que plantee una cuestión de este tipo, y lo haremos porque también hay que decir que el despido improcedente se ha convertido en la vía de escape para seguir despidiendo a gente. Porque cada vez que no pueden practicar el despido procedente, lo pasan a despido improcedente. Y el despido improcedente supone la pérdida de algo de dinero para la empresa, pero también el librarse de gente que consideran molesta, no porque sean malos trabajadores, sino porque probablemente están organizados y saben cuáles son sus derechos y porque pelean y defienden sus derechos.

Termino con una cuestión. Está bien que cada vez que haya un debate sobre recuperar derechos de la clase trabajadora que ha sido zaherida durante décadas por las políticas económicas del Estado español alguien, aunque no lo haga desde una óptica del Estado español, apele a la necesidad de que este debate se enmarque en reformas estructurales.

Es verdad, no hay nada más estructural que entender que quien genera la riqueza son los y las trabajadoras y que, por tanto, es a ellos a los que hay que mimar, por encima de las necesidades de cualquier empresa.

Mila esker.

Bona tarda a tothom. Gràcies, president. Una PNL para que el despido improcedente, que en muchos países está prohibido, sea castigado con una indemnización que sea disuasoria y reparadora. Yo creo que esto de aquí, con la simpatía que tengo a la proponente y a muchos miembros de su grupo, son las disculpas. (Aplausos). Yo creo que esta PNL es una disculpa para el BNG, una disculpa para Bildu y una disculpa para Esquerra, y voy a explicarlo y lo voy a olvidar después. No es que me guste, pero el otro día el presidente del Gobierno decía: la reforma laboral que votamos, etcétera, etcétera... Primero de todo, tienen ustedes el Ministerio de Trabajo, son Gobierno. Segundo, esto está aquí porque UGT y Comisiones Obreras van fer una demanda a Europa perquè es complís la Carta Social Europea. La Carta Social Europea es de 1961, es de antes de la reforma laboral; de 1961. La realitat és que el 2022, anem a parlar de dades, 2022: 528 413 acomiadaments improcedents. Xifra rècord. 2023: 606 625 acomiadaments improcedents, més del 14 %. Més de cinc mil quatre-cents treballadors amb indemnitzacions menors de 2000 euros. 34,6 % més d’EREs fins al maig del 2025. Les indemnitzacions per acomiadaments improcedents són una autèntica vergonya.

Com diuen els catedràtics Cristóbal Molina i Antonio Baños, és impensable parlar de drets laborals reals mentre acomiadar sigui barat i les indemnitzacions no tinguin efectes dissuasius i reparador. Podem tenir tots els contractes indefinits que vulguem, ja siguin fixos, discontinus, parcials o complet, però si l’acomiadament és barat, no és dissuasori i no és reparador, no serveix per a res.

Nosaltres vam advertir, senyors del PSOE, senyors també de Podemos i de SUMAR, vam advertir el 2021, quan ens vam oposar a la reforma laboral, que se’ns va dir de tot, se’ns va dir. Se’ns va dir de tot. Vam dir tres coses que avui Europa confirma tres coses que vostès llavors van preferir pactar amb Ciutadans, que llavors es deia PDeCAT. Ho recordo. Ciutadans i el PDeCAT. I els hi vam dir que potser era una ocasió perduda. Potser era una ocasió perduda, que mai més tindríem la possibilitat de poder recuperar i derogar definitivament la reforma laboral del Partit Popular. Vam dir tres coses. La primera: no derogava la reforma el PP. Era el nucli del poder empresarial, continuava vigent. Dos: el procediment d’urgència sense tramitació parlamentària ens portava, ens portava els debats als partits polítics de presentar esmenes, de no poder defensar el nostre programa electoral. I tercera, no tocava les causes ni indemnitzacions i deixava l’acomiadament tan barat com sempre. I crec que teníem raó. Crec que tenien raó. Les reformes laborals per si mateixes, i això és important. La reforma laboral per si mateixa no crea ocupació, el que crea és més o menys ocupació. I de deu llençols perduts, en la reforma del Partit Popular vam recuperar tres i vam millorar un. És veritat, és veritat. Però el mateix Pepe Álvarez advertia, podeu mirar l’hemeroteca, advertia al gener, un mes abans de l’aprovació de la reforma laboral, advertia: «Queda por negociar lo más importante: El despido». Ara no sé si arribarem a temps. En aquell moment es podia, es podia.

Europa condemna Espanya. Condemna Espanya i el Govern va intentar manipular l’àrbitre. Va passar amb la senyora aquella que deia la Carmen Salcedo, la gran catedràtica. Les indemnitzacions de 33 dies per any ni repara ni dissuadeix. Espanya, com deia abans, viola la Carta Social Europea l’article 24. Jo penso que aquesta PNL és la resposta forçada a les condemnes europees i encara així han triat l’instrument més feble. La PNL, que votarem, evidentment a favor, i ho dic amb tot el carinyo del món. No té força normativa, ho sabeu. No té forma normativa. No estableix calendaris. No hi ha memòria històrica. Amb tots els funcionaris que tenim el Ministeri de Treball podrien portar una fórmula o una proposta concreta. Tant de bo vingués com el Real Decret llei aquesta vegada i en poder tramitar-lo.

Però la veritat és que estem una mica enfadats. 606 025 persones acomiadades el 2024. Darrere de cada acomiadament hi ha un drama. Hi ha gent que potser no pot pagar la hipoteca. Hi ha gent que potser no posa els Reis aquell any. No són tan bons com altres anys. I penso que això no es podia d’haver deixat escapar. I jo no volia treure aquest tema, però l’altre dia va treure el president Sànchez quan va respondre al senyor Rufián dient que la reforma laboral al TC es votarà en contra. Tant de bo l’haguéssim votat a nosaltres amb els senyors del PNB, Bildu i nosaltres, perquè tindríem una millor reforma laboral, amb més protecció per als treballadors.

I repeteixo, l’ocupació la crea el model productiu, perquè amb la mateixa legislació laboral, les xifres d’atur al País Basc i a Andalusia són diferents. És el model productiu el que fa que hi hagi més aturats o menys aturats. Pel que fa al dret del treball, pel que fa a la reforma laboral, és protegir més o menys els treballadors i en aquest sentit es podria millorar. Els hi posem unes quantes propostes concretes.

Hablemos de datos. 2022, 521 413 despidos improcedentes, cifras récord. 2023, 606 625 despidos improcedentes, más del 14 %. Más de 5400 trabajadores con indemnizaciones menores de 2000 euros, 34,6 % más de ERE hasta mayo de 2025. Los despidos improcedentes son una auténtica vergüenza.

Como dicen los catedráticos Cristóbal Molina y Antonio Baylos, es impensable hablar de derechos laborales mientras despedir sea barato y las indemnizaciones no tengan efectos disuasorios y reparadores. Podemos tener todo tipo de contratos —i‌ndefinidos, etcétera—, pero si el despido es barato, no es disuasorio y no es reparador, no sirve para nada.

Nosotros ya advertimos, señores de PSOE, señores de Podemos y SUMAR, en 2021, cuando hablábamos de la reforma laboral ―y si se nos dijo de todo― tres cosas que hoy Europa confirma. Ustedes prefirieron hablar con el PDeCAT y Ciudadanos, y dijimos que quizás era una ocasión perdida, que nunca más tendríamos la posibilidad de derogar la reforma laboral del Partido Popular. Dijimos tres cosas. El PP era el núcleo del poder empresarial. No se podía seguir, si seguía vigente. El procedimiento de urgencia sin tramitación parlamentaria no permitía a los partidos políticos defender su programa electoral y dejaba el despido tan barato como siempre. Creo que teníamos razón. Las reformas laborales por sí mismas no crean ocupación, lo que crean es más o menos, y de diez aspectos perdidos recuperamos alguno. Pero el PP advertía, un mes antes de la aprobación de la reforma laboral: queda por negociar lo más importante, el despido. Yo no sé si vamos a llegar a tiempo, entonces se podía.

Europa condena a España y el Gobierno intenta manipular al árbitro. Pasó con la señora Salcedo, una gran catedrática. Las indemnizaciones de 33 días por año ni reparan ni disuaden. España viola el artículo 24 de la Carta Social Europea. Yo creo que esta PNL es la respuesta forzada a las condenas europeas y hemos escogido, aun así, el instrumento más débil. La PNL ―y vamos a votar a favor, y lo digo con todo el cariño del mundo― no tiene fuerza normativa. Lo saben. No establece calendarios, no hay memoria histórica. Con todos los funcionarios que tenemos en el Ministerio de Trabajo podrían proponer algo concreto, un decreto ley que se pueda tramitar.

Pero estamos un poco enfadados. 606 025 personas despedidas en 2024. Detrás de cada despido hay un drama, hay gente que no puede pagar la hipoteca, quizás que no puede, por ejemplo, seguir adelante. Y esto no se tenía que haber dejado escapar. El otro día, el presidente Sánchez, cuando respondió al señor Rufián lo que dijo… Nos hubiera gustado que se hubiera votado a favor de nuestra propuesta, porque tendríamos una mejor reforma laboral. Porque, con la misma legislación laboral, las cifras de paro en Andalucía y en otras comunidades son distintas. El derecho al trabajo, la reforma laboral protege más o menos a los trabajadores, y en este sentido se podía mejorar.

I acabo. Propostes concretes: readmissió obligatòria quan hi hagi causa objectiva justificada. Procediment legislatiu ja obert. Indemnitzacions mínimes de sis mesos de salari per acomiadament, com proposa la UGT. I ho deixo aquí perquè no tinc més temps.

Acabo ja. Creo que se ha entendido. Gràcies.

Les hacemos unas propuestas concretas: readmisión obligatoria cuando haya causa justificada, procedimiento legislativo abierto, indemnizaciones mínimas de seis meses de sueldo por despido, como propone la UGT. Y lo dejo aquí. termino ya.

Acabo ya. Creo que se ha entendido. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Hace unos días, con la exaltada intervención de la ministra de Trabajo, constatamos en este hemiciclo la triple división de la que ya se advirtió hace casi un siglo, la división entre partidos que alimenta la partitocracia, la división territorial del fallido Estado de las autonomías que rompe la cohesión social y la lucha de clases que la ministra reivindicó enarbolando, con el histerismo que corresponde, el cadáver del socialismo. (Aplausos). Tres fracturas viejas, tres fracturas que hoy vuelven a sangrar. Ahora se nos propone que la indemnización por despido deje de ser clara y objetiva para convertirse en un cálculo subjetivo que dependa de la edad, de las cargas familiares, del tamaño de la empresa, de su volumen de negocio e incluso del territorio. Y eso no es justicia en la actual situación, es inseguridad jurídica. Es hundir a quien necesita certezas para contratar y a quien necesita cobrar sin esperar años a que lo diga un juez. Y su contradicción es flagrante. Pretenden aumentar las indemnizaciones al mismo tiempo que alargar la jubilación justo después de haber intentado reducir la jornada laboral. Viven en una burbuja ideológica, alejados de la realidad. (Aplausos). Y en esa contradicción olvidan lo esencial, y lo esencial es que haya trabajo. No hay política social que sustituya la dignidad de un empleo estable ni discurso ideológico que tape la angustia del parado que no llega a fin de mes. La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2024, a pesar de que a Junts no le importe, ha afirmado con rotundidad que nuestro sistema ya cumple con el convenio 158 de la OIT y con la Carta Social Europea, que la indemnización actual es adecuada y que no cabe inventar indemnizaciones a la carta. Esa sentencia nos recuerda algo básico: la seguridad jurídica es un bien esencial. (Aplausos). Sin reglas claras, el trabajador queda a merced de interminables pleitos y el empresario paralizado por la incertidumbre.

Están en el Gobierno y, sin embargo, se esconden detrás del grupo parlamentario. ¿Por qué no traen un proyecto de ley? Aunque lo pierdan, al menos darían la cara, tal y como les ha recordado el señor Salvador de Esquerra Republicana. Pero no, las agallas solo las demuestran entre los débiles, agazapados entre el público, por ejemplo, en espectáculos deportivos. Invocan organismos internacionales como si fueran oráculos de la verdad suprema. La OIT, la ONU y sus satélites globalistas han perdido legitimidad y, por supuesto, desprestigiados se han convertido en molinillos de miseria que desgarran naciones y envenenan a las personas con su ideología. (Aplausos). Se presentan dichos estamentos como árbitros neutrales, pero actúan como lobbies ideológicos alejados de las soberanías de las patrias y de la vida real de quienes madrugan para sostener con su esfuerzo la maquinaria esencial de la sociedad. Solo sirven agendas perversas dictadas por progres, progres de izquierdas y progres de derechas. Pretenden imponer dogmas, eliminar disidencia e incluso militan en la arrogancia de decirnos cómo debemos vivir nuestro credo, el mismo que quieren destruir. No basta legislar contra trabajador y empresario, quieren dictar cómo pensar, qué símbolos exhibir, qué palabras callar. El viejo totalitarismo disfrazado de progresismo. Y es que no es el despido lo que hunde a un país, es la falta de trabajo, es la condena a empleos mal cualificados, precarios y sin futuro. Pero en España, con paro estructural crónico, con la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa, lo urgente no es multiplicar pleitos ni burocracias, sino crear empleo estable y digno. En lugar de impulsar trabajo, contabilizan paro. Son burócratas del fracaso, ingenieros de la pobreza, contables del paro, en definitiva, gestores de la miseria. (Aplausos). Progresismo le llaman, progresismo.

Desde esta tribuna rindo homenaje a un hombre que denunció las políticas progres y las agendas globalistas que devoran el alma de nuestra sociedad. Defendió la verdad frente al odio, el bien frente al mal, con el debate y la palabra como únicas armas, y ha sido asesinado por ello, y debe servir de ejemplo para los jóvenes disidentes. Su nombre, Charlie Kirk. Presente.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Hace veinte años, en pleno debate de la ley del divorcio exprés, un diputado del Grupo Popular se dirigió al entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y le preguntó cómo era posible que fuera más fácil divorciarse de su mujer que despedir a un trabajador. Juan Fernando, sonriente, le contestó: Así es, lo ha pillado. Porque los progresistas entendemos que debe ser más fácil separarse de nuestra pareja que echar a un trabajador. Y es que esta comparación tan inocente está cargada de ideología política. La semana pasada lo vimos claro durante el debate de la reducción de la jornada laboral, cuando las derechas de este país una vez más se posicionaron en contra de mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora. (Aplausos). Hoy, SUMAR plantea el debate de proteger a los y las trabajadoras de un despido injusto, de evitar que el despido improcedente sea una carta fácil para empresas que no tienen ningún problema en hacer frente a indemnizaciones que les salen muy baratas gracias al Partido Popular. (Aplausos). Y es que en el año 2012 el Partido Popular entendió que reactivar la economía era echar a millones de trabajadores a la calle, aprobar una reforma laboral caracterizada por la precariedad y el despido, y ―cómo no― cargarse la negociación colectiva. El efecto fue inmediato, pero también fue muy duro para millones de españoles y españolas. Fuimos récord en tasas de desempleo, récord en tasas de desempleo juvenil y récord en precariedad laboral. Los salarios se devaluaron, los contratos temporales pasaron a contratos de horas y lo más triste es que la única salida que tenían nuestros jóvenes era coger el pasaporte y abandonar su país. (Aplausos). Claro, que esto la ministra de Trabajo de aquel entonces, Fátima Báñez, lo llamó movilidad exterior, como si de un Erasmus se tratara el que miles de familias tuvieran que ver cómo sus hijos e hijas abandonaban su país, a pesar de haberse esforzado, de haber sacado una carrera universitaria, porque ello no era suficiente para encontrar un empleo en la España del Partido Popular. Por cierto, hablar de esfuerzo al Partido Popular es casi como hablarle de cultura democrática. Afortunadamente, para la mayoría social ―tanto para los que nos votan como para los que no nos votan― en el año 2022 se hizo una reforma laboral por un Gobierno progresista que sí se dirigía a la clase trabajadora. Y es que la juventud, en vez de salir de España, vuelve; en vez de firmar contratos temporales de horas, firma sus primeros contratos indefinidos, y no soñamos con alcanzar los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social porque hemos superado la cifra de los 22 millones. (Aplausos). Por cierto, aprovechando debates anteriores, quiero recordar que nuestra economía y nuestro sistema de bienestar se sustenta gracias a la población migrante. Sin embargo, es cierto que algunos aspectos de la reforma laboral de 2012 quedaron en vigor por falta de consenso social en la del año 2022 y el despido fue claramente lo más destacado. Antes mencionaba a la población joven, pero, como dijeron en anteriores intervenciones, la población mayor de 52 años también fue muy afectada; una población condenada a una cruel expulsión del mercado laboral sin retorno posible. Trabajadores mayores, jóvenes y hasta pensionistas, a ellos les tocó pagar las facturas de una crisis económica en la que muy pocos se vieron favorecidos y en la que otros, como Montoro, negociaban leyes a gusto del consumidor. El empleo, más allá del trabajo retribuido, se ha convertido en nuestra identidad y nuestra causa de orgullo y su falta, motivo de baja autoestima e incluso de depresión. Por ello, compartimos que ninguna persona debería quedarse sin trabajo por motivos injustificados y mucho menos porque a aquellos que se han enriquecido gracias a esos trabajadores luego les venga mal pagarles un sueldo. En el Grupo Parlamentario Socialista compartimos que no se trata únicamente de recuperar los cuarenta y cinco días de indemnización, sino de establecer un despido que sea realmente restaurativo y disuasorio, dando cumplimiento a la Carta Social Europea, a la interpretación del Comité Europeo de Derechos Sociales y al artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Nos consta que para la ministra de Trabajo esto es una prioridad y que se está trabajando en ello. Aunque sea una propuesta ambigua, consideramos que es necesario apoyarla, pues el Partido Socialista siempre se posiciona del lado de los trabajadores, de sus derechos y de su dignidad (aplausos), mientras que otros que afirman defender a los trabajadores, siempre se colocan enfrente, qué casualidad.

Termino como empecé, hablando de libertad y de derechos. Acabemos con los despidos exprés, pues exprés únicamente deben ser los divorcios. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Martínez, SUMAR llevaba en su programa electoral lo que ustedes denominan despido disuasorio. SUMAR presumía de haber forzado al PSOE a firmar un acuerdo de Gobierno en este sentido. Yolanda Díaz es ministra de Trabajo desde hace siete años, señora Martínez. En su minireforma laboral no cumplió con su compromiso, no tocó el despido. Señora Santana, ustedes, el Partido Socialista, votó con SUMAR no tocar el despido y viene aquí y nos suelta un mitin sobre la importancia de mejorar el despido improcedente. (Aplausos). En fin, señorías, nada nuevo. Ustedes engañan a sus votantes, engaño tras engaño, semana tras semana. Y hoy nos vienen aquí con una PNL para instar al Gobierno a hacer algo a lo que ya se comprometió hace ya muchos años y que ustedes registraron hace quince meses. Y, por supuesto, pretenden hacerlo al margen del diálogo social, ese concepto que ustedes manosean tanto, pero que practican tan poco, señora Martínez. Es una PNL en la que Yolanda se insta a Yolanda. Esta es la realidad después de siete años. Insisto, nuevamente, señora Martínez, el ridículo más espantoso; un nuevo ridículo para tapar el de la semana pasada. (Aplausos). La PNL de SUMAR basa sus pretensiones en la necesidad de dar cumplimiento a la Carta Social Europea, a la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales y al artículo 10 del Convenio 158 de la OIT. La señora Martínez citaba tres sentencias de tribunales superiores de Justicia, pero tramposamente no cita dos sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en casación ―una de diciembre de 2024 y otra de julio de 2025―, en las que se unifica doctrina y se establece, sin lugar a duda alguna, que la indemnización prevista en el artículo 56 ―la actual― del Estatuto de los Trabajadores cumple con el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, cumple con el artículo 24 de la Carta Social Europea (la señora Martínez Barbero hace gestos negativos) ―lo dice el Supremo, señora Martínez, por favor, no niegue con la cabeza― y, asimismo, aclara que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son ni directamente aplicables entre particulares ni ejecutivas, recordando que este órgano no es un tribunal y que las resoluciones no tienen fuerza vinculante en ningún caso. Estamos únicamente ante una opinión de quien ni siquiera vincula a los miembros del propio Consejo de Europa, órgano al que pertenece ese comité, señora Martínez. En este mismo sentido, el Tribunal Supremo nos recuerda que ya el Tribunal Constitucional, en consolidada doctrina, ha manifestado que la indemnización tasada es una indemnización adecuada y que esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos. Además, la aplicación del despido disuasorio podría generar el efecto perverso que se pretende impedir: si una persona vulnerable implica que vaya a tener un despido más caro, pudiera darse que estas personas tuvieran mayores dificultades de empleabilidad que otras a las que corresponde una indemnización menor. A esto hay que añadir las dificultades con las que podría encontrarse el trabajador para probar algunos daños objeto de resarcimiento. Vuelven a caer ustedes en el mismo error que con los alquileres de vivienda, dicen que van a proteger a determinados colectivos y, finalmente, los perjudican más que a nadie. Este es el grado de incompetencia de SUMAR.

En cuanto a la alusión que se hace al tamaño de las empresas, me pregunto si lo que se pretende es que una empresa de mayor tamaño pague mayor indemnización. Lo digo porque, entonces, un trabajador que trabaje en una empresa pequeña, lógicamente, tendría una menor. Nuevamente, inseguridad jurídica, desigualdad y propuestas al margen de la realidad. Verá, señora Martínez, las pymes representan el 99,8 % del tejido productivo y el 70 % del empleo en España. La mayor parte de los despidos improcedentes lo son de trabajadores de pymes, y SUMAR pretende condenarlos a recibir una indemnización menor a la que pueden recibir en la actualidad. En su PNL nos ponen de ejemplo a Francia, pero allí, en muchas ocasiones, especialmente cuando se trata de pequeñas empresas, la indemnización es menor a la española. Si comparamos el despido improcedente en Francia y en España para un trabajador con diez años de antigüedad en una pequeña empresa y salario de 2500 euros mensuales, resulta que en Francia cobra, como mínimo, un tercio menos de indemnización y podría llegar a perder la mitad de la indemnización. (La señora Martínez Barbero hace gestos negativos). Sí, señora Martínez, SUMAR quiere castigar al trabajador que pierde su empleo. Ese es su grado de incompetencia, señora Martínez. (Aplausos). Nuevamente, engañan ustedes a sus votantes.

Señorías, como recordaba Adolfo Suárez, en política se pueden hacer muchas cosas menos el ridículo, y, últimamente, SUMAR, en particular la señora Díaz, no hacen otra cosa más que el ridículo. Lo de la semana pasada, señora Martínez, fue algo bochornoso. Seguro que todos lo recordamos: toda una vicepresidenta del Gobierno presentando su proyecto estrella sin la presencia de un solo socio de Gobierno, únicamente el señor Bolaños que aguantó un pequeño ratito. Pero es que, para mayor bochorno, el presidente del Gobierno ni siquiera votó su proyecto, prefirió irse al cine, señora Martínez. Ya no es que no estuviera durante el debate, lo cual puedo compartir por lo soporífero, pero es que ni siquiera vino a votar, prefirió irse al cine. Esto es lo que piensa el PSOE de ustedes, que son la nada y que es mucho mejor irse al cine.

Sí, señor presidente, voy terminando. El PSOE les ha prestado un par de coches oficiales y a cambio les obliga a venir martes y miércoles a hacer el ridículo, señora Martínez, y el resto de la semana les obliga a tragar con toda la porquería del PSOE, ya sea corrupción, ya sea prostitución.

Le pido el tiempo del portavoz del Grupo Republicano.

Aun así, el señor Santiago sube a esta tribuna a insinuar que sus socios son contundentes con la corrupción. Señora Martínez, la verdad es que pienso que ustedes no tienen remedio y que, seguramente, seguirán haciendo el ridículo en lo que les queda de legislatura.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―Varios señores diputados: ¡Bravo!).