Proposición de Ley de creación de la Oficina de prevención de la corrupción.

Gracias, señor presidente. Señores y señoras diputadas, no hay cortina de humo que tape la corrupción. La solidaridad con el pueblo palestino no es una cortina de humo, están siendo víctimas de un genocidio brutal que hay que detener, vista la pasividad de la Unión Europea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una obligación política, ética y también jurídica, señor Tellado, que no está. Este grupo parlamentario no va a cesar de denunciar el genocidio hasta pararlo y continuaremos trabajando contra la corrupción, venga de donde venga, como se demuestra con esta proposición de ley. (Aplausos). Ojalá el Partido Popular deje de utilizar su rechazo y su criminalización de la solidaridad con Palestina como excusa para no denunciar lo que también para Naciones Unidas es el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. Hoy tienen la oportunidad de demostrar que tampoco usan cortinas de humo para oponerse a tomar medidas contra la corrupción. Palestina libre, pero, sobre todo, Palestina viva. (Aplausos). Hay un amplio consenso en que la corrupción es un problema político y social muy grave. Se han contabilizado 3740 casos entre 2000 y 2020. El 85 % de ellos en el ámbito municipal; el 92 % de las ciudades de más de 100 000 habitantes han sufrido casos de corrupción. La mayor corrupción está concentrada en Andalucía, en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en Madrid; comunidades con mucha actividad inmobiliaria, externalización de servicios públicos y obra pública. El Partido Popular es el que más causas de corrupción tuvo en ese periodo, implicado en el 40,5 % de los procedimientos. Le sigue el Partido Socialista. Es evidente que el bipartidismo ha tenido militantes y cargos públicos implicados en el 78,5 % de las causas. En Cataluña, Convergència i Unió desapareció tras los escándalos del tres per cent. El emérito ha tenido que abandonar España por sus muchos casos de corrupción. Ninguna, ninguna fuerza política se ha librado de caer en el pozo inmoral de la corrupción, que seguirá existiendo hasta que llegue el hombre nuevo que reivindicaban desde Jesucristo hasta Lenin. (Aplausos). Hay partidos que padecen la corrupción de forma esporádica, los hay que toman medidas contundentes cuando ocurren y otros, en cambio, la padecen habitualmente y no hacen nada por eliminarla, incluso la ven normal, como decía el líder conservador colombiano Turbay Ayala, que sin complejos defendía reducir la corrupción a sus justas proporciones. El partido racista y fascista, VOX, tiene ya récords difíciles de superar, considerando el poco tiempo que hace que han llegado a las instituciones. Lo explica con detalle su exportavoz parlamentaria, la señora Olona. El juez Serrano, exportavoz de VOX en Andalucía, fraude millonario en subvenciones; el jefe de VOX en Granada, el señor Nogueras, condenado por delito continuado de estafa; el portavoz de VOX en Valencia, Badenas, amañando contratos; varias multas del Tribunal de Cuentas por financiación irregular del partido, desde Hungría hasta Irán, y siete millones de euros transferidos desde las cuentas de VOX a la opaca fundación manejada en exclusiva por el jefe Abascal, etcétera, etcétera, etcétera. No diferenciar el interés de la sociedad de los intereses particulares lleva a caer en las corruptelas ofrecidas por grupos económicos y empresas, que no olvidemos que son los corruptores en el cien por cien de los casos. No queremos la libertad de eliminar controles y transparencia en la contratación pública en beneficio de corruptos y corruptores. No puede ser que las sanciones por robar en un supermercado sean más graves que por saquear los recursos públicos. (Aplausos). Mientras continúen las prácticas ultraneoliberales de desregulación de la economía y de eliminación de control sobre el dinero público, ocurrirá que, en una pandemia, quien tenga contactos venderá las mascarillas a la sanidad pública multiplicando su precio por cien. Los que defraudan para no pagar impuestos también saquean lo recaudado con los impuestos pagados por la clase trabajadora. Mientras ocurra esto, habrá corrupción. Apropiarse de los recursos públicos para beneficio privado debilita y empobrece un país, dificulta la seguridad jurídica y, por tanto, el comercio y la actividad económica.

Esta proposición de ley mejorará la integridad pública, construyendo una institución como ya existe en la Unión Europea, la oficina de lucha contra el fraude, y protegiendo el uso de los recursos públicos, porque su uso espurio tiene un impacto negativo sobre la democracia, enriquece a los corruptos y da argumentos al populismo. El «estoy en política para forrarme» que grabaron al señor Sanz, secretario general del Partido Popular en Valencia, o el «me tengo que hacer rico» del ministro del PP Zaplana, merman la confianza de la gente en la democracia y desestimulan la participación electoral y política. La corrupción tiene también un fuerte impacto en el incremento de la desigualdad. El dinero que va al bolsillo del corrupto se recorta de los servicios públicos que pierden calidad y se degradan. Todos los indicadores de percepción pública, ya sea por investigaciones periodísticas de la sociedad civil o por el número de condenas judiciales, muestran niveles inaceptables de corrupción, más elevadas que en otros países de nuestro entorno. Y, por mucho que lo pensara el líder conservador, no hay justas proporciones aceptables en materia de corrupción.

Quiero resaltar que nos encontramos entre los países con menos corrupción entre funcionarios, gracias a una carrera funcionarial ordenada y profesionalizada. La corrupción se manifiesta fundamentalmente a través de sobornos y alteraciones de contratos y concursos públicos. Nuestro gran problema son los corruptores, quienes utilizan dinero privado para engrasar a partidos, a políticos y a responsables corruptos de la Administración, saqueando los recursos públicos en provecho propio. Por eso, necesitamos medidas, más allá de la habitual visión represiva o ex post, medidas preventivas ex ante, concienciación y cumplimiento, control sobre las empresas que concurren a concursos públicos. Aprobar esta proposición de ley es una obligación urgente. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, en junio del 2019, decidió no seguir aplicando su procedimiento de incumplimiento a España; incumplimiento que, según el anterior informe GRECO, que hacía énfasis en la trama Gürtel, seguía existiendo en 2018 con el Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy. Este mes de agosto se ha publicado el último informe del GRECO, que constata que España ha incrementado mejoras, concretamente dieciséis de diecinueve. El primer informe GRECO sobre deficiencia señaló siete recomendaciones no cumplidas y en el último se han reducido solo a tres respecto a las que nos solicitan reformas: los aforamientos, puertas giratorias, asesores y lobbies, la estrategia anticorrupción en la Policía Nacional y la lucha y prevención contra la corrupción en la Administración Pública. Y el informe GRECO saluda expresamente las medidas contenidas en el Plan de Acción por la Democracia que aprobamos en el año 2024 en el Consejo de Ministros, un plan que recoge demandas hechas por varias de las fuerzas parlamentarias de este Congreso.

Esta propuesta que presentamos hoy incorpora estas tres demandas del grupo GRECO. Cumplimos así, en esta PL, con los compromisos internacionales de España en la lucha contra la corrupción. Tanto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción como el Convenio Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conminan a los Estados a establecer órganos de prevención y lucha contra la corrupción especializados y con la debida independencia, formación de su personal y recursos públicos. En España ya existen varias agencias anticorrupción autonómicas: en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en la Comunidad Foral de Navarra, en Asturias, en Andalucía, en Galicia. Desde 2016, existió la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares hasta el año 2024, cuando el Partido Popular la disolvió por exigencia de VOX. Es obvio que la ultraderecha no quiere ningún control sobre sus múltiples chiringuitos que ordeñan el dinero público. (Aplausos). También hay oficinas locales en el Ayuntamiento de Barcelona o en el Ayuntamiento de Madrid. Y ante este amplio consenso internacional, autonómico, local, es urgente la creación de la oficina estatal para la prevención de la corrupción para que actúe en el ámbito de sus competencias.

El 9 de julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. La medida 1 era la creación de una agencia independiente de integridad pública como órgano central de previsión, supervisión y persecución. Esta proposición de ley recoge los cuatro elementos necesarios para ello. En primer lugar, la creación de la oficina de prevención, investigación y erradicación de la corrupción en la Administración General del Estado y en su sector público instrumental. Entendida la corrupción como el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos o cualquier conducta que conlleve conflicto de intereses o uso en beneficio privado de informaciones obtenidas en el ejercicio de funciones públicas; tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por este Congreso. Las funciones de la oficina serán crear, en primer lugar, un sistema preventivo de alertas tempranas en la Administración General del Estado y su sector público instrumental; en segundo lugar, una estrategia integral de prevención de la corrupción, de impulso de la integridad, de investigación de la corrupción y de mejoras integrales en la Administración estatal. También promoverá la elaboración de planes de prevención en todas las Administraciones sujetas a la aplicación de esta ley. Deberá tener capacidad de investigación y de inspección para el esclarecimiento de los hechos que puedan ser constitutivos de fraude, de corrupción o conflictos de intereses; también una capacidad de investigación sobre todas las Administraciones públicas de la Administración General del Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre empresas o entidades privadas que reciben subvenciones del Estado, incluidos los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales, es decir, lo que nos está exigiendo el GRECO. Las Administraciones y las empresas que contraten con la Administración también deberán tener sistemas internos y estrategias de prevención de la corrupción, y en caso de incumplimiento se prevén multas de hasta un millón de euros.

Concluyo. No cabe recrearse en las críticas del GRECO a España por la falta de medidas para la prevención y el combate de la corrupción y, a la vez, oponerse a la puesta en marcha de esta oficina, que sigue y recoge todas las recomendaciones del GRECO. Pedimos el voto a favor de todos los grupos parlamentarios. Conscientes de la urgencia de esta proposición de ley, con humildad les ofrecemos a todos los grupos parlamentarios que la hagan suya y que entre todos y todas mejoremos su contenido.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. No será Unión del Pueblo Navarro quien vote en contra de medidas para luchar contra la corrupción. Pero, señores de SUMAR, con esta iniciativa lo que se evidencia es su hipocresía ante los casos de corrupción que acechan al Gobierno y también a sus socios, y ustedes lo que pretenden con ella es tapar su complicidad y su pasividad. Es su Gobierno el que está bajo sospecha y son sus socios los que están inmersos en diferentes causas en los tribunales de Justicia por presuntos casos de corrupción. Señores de SUMAR, ustedes están en el Gobierno de Navarra, ustedes forman parte del Gobierno de Navarra con el Partido Socialista, con el PNV, con Podemos y con el apoyo de Bildu, y ayer tuvimos conocimiento del dictamen emitido por la Oficina Anticorrupción en la Comunidad Foral de Navarra (muestra una portada del periódico Diario de Navarra), en el que manifestaba que la adjudicación más importante en materia de infraestructuras de los últimos años en Navarra ―más de 76 millones de euros, adjudicada, entre otras empresas, a una que según la UCO es propiedad del que fuera secretario de organización del Partido Socialista― es nula de pleno derecho. Además, son ustedes los que apoyaron el

Gobierno de Uxue Barkos. Y también ayer Anticorrupción manifestó que una adjudicación de sesenta y dos viviendas de protección oficial era fragante, evidente y palmaria por sus incumplimientos de la ley de contratos. Por lo tanto, señorías, su propuesta lo que evidencia sí que es una cortina de humo, señor Santiago, una excusa para tapar las vergüenzas de estos Gobiernos de los que ustedes forman parte y de sus socios. Por tanto, no engañen más a los españoles. Si quieren combatir la corrupción, si quieren combatir la opacidad, la falta de transparencia, empiecen por ustedes mismos. ¿Qué van a hacer en Navarra? ¿Van a asumir responsabilidades? ¿Se las van a exigir al Gobierno, a sus socios de Gobierno o qué van a hacer? ¿Qué hubiesen dicho y qué hubiesen hecho si, en vez de ser el Gobierno de izquierdas progresista que dicen ustedes, hubiesen sido un gobierno de UPN? ¿Qué no hubiesen dicho y qué no hubiesen hecho?

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, miren que llevamos años buscando la forma de atajar la corrupción. Miren que llevamos años tomando decisiones como la de ampliar la tipificación de las conductas modificando el Código Penal, modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya se ha hablado del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, del Plan de Acción por la Democracia con medidas también para erradicar la corrupción. Hemos desarrollado estrategias para proteger a quienes deseen denunciar la corrupción y puedan hacerlo sin miedo. Hemos aprobado el sistema de integridad de la Administración General del Estado para empleados y cargos públicos. Y ahora, como todo esto no ha servido ―y si no, me remito a la prensa de cada día―, hablamos de una oficina o de una agencia ―no sé exactamente qué es, porque depende de que parte del proyecto de ley se aborde― de la que necesitamos saber de quién va a depender, cuánto va a costar y cómo se va a garantizar su independencia, porque la independencia de un órgano como este es fundamental. Además, es fundamental que en el debate que tendremos ―porque nosotros nunca hurtamos un debate ni votamos una enmienda a la totalidad, y este tampoco lo evitaremos dejando caer una ley de la que hay que hablar― quede claro que se van a coordinar y van a ser útiles todas las leyes y medidas que se han ido poniendo en marcha, y que no vamos a entrar en un conflicto de duplicidades con otras herramientas que no nos ayuden a seguir, que no nos ayuden a resolver, enfrentar y poner cara a lo que más nos está avergonzando, porque, señorías, estoy convencida de que tanto ustedes como yo cada día estamos más abochornados. Cada día nos cuesta más enfrentarnos a la gente; no tenemos respuestas. Cada día nos cuesta más decirles que todos no somos iguales. Cada día nos cuesta más encontrar los argumentos para que crean que de verdad en este Congreso, que de verdad en los Gobiernos se trabaja, y mucho, y que hay sacrificio y entrega, porque cada día leemos cosas más alucinantes, más frikis, más vergonzosas, tremendas. Yo espero que esta agencia, como todo lo demás, sirva para que el miedo o la complicidad de muchos de los que estamos, estarán o estuvieron en política no impida denunciar a los que se consideran compañeros, porque nadie se puede creer a estas alturas, señorías ―y dejemos de jugar―, que hay cosas de las que nadie se dio cuenta, que nadie las vio durante años. Pierdan el miedo, dejen de ser cómplices, empecemos a denunciarles por más compañeros o compañeras que sean. Seamos capaces de llevar a los tribunales todo aquello que la ciudadanía quiere que denunciemos públicamente. Gracias.

Gracias, presidente. Señorías, la verdad es que es indignante solo el hecho de tener que volver a hablar de corrupción una vez más en este hemiciclo. Señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, de verdad, ¿no les parece suficiente los cientos de casos de corrupción que llevamos ya soportados durante todos estos años, muchos de ellos todavía sin resolver y sin sentencia firme, para tener un déjà vu constante y continuado una y otra vez? De verdad, ¿no les parece suficiente? Porque si hay algo que ya no tolera la ciudadanía es a los corruptos, a los corruptores y, por supuesto, la corrupción. Y digo los corruptores porque ni el señor Sánchez ni el señor Feijóo en ninguna de sus declaraciones se pronuncian jamás sobre los corruptores. La única que ha salido a esta tribuna a señalar la parte fundamental del problema ha sido Ione Belarra, porque ni el PSOE ni el PP se atreven a nombrar a las grandes empresas de la corrupción bipartidista.

Hoy vamos a volver a hacer las mismas preguntas, hasta que por fin tengamos alguna respuesta. ¿Se va a seguir regando con dinero público, que sale de todos nuestros bolsillos, a empresas como Acciona, OHL, ACS, FCC o Sacyr? Porque el modelo de negocio de estas empresas constructoras y financieras corruptas es el de comprar a políticos del bipartidismo a cambio de contratos. Acciona es la principal financiadora del caso PSOE y pieza fundamental en las graves corruptelas del Partido Popular, pero ¿por qué Acciona es la única empresa en la que no ha entrado la UCO? ¿Por qué no se está investigando? ¿Dónde están las condenas a esa empresa corruptora? (Aplausos). El bipartidismo, cuando gobierna ―y lo estamos viendo―, al final mete la mano en la caja.

Y no, no; todos los políticos y las políticas no son iguales. Podemos ha gobernado y no tiene ni un solo caso de corrupción, pero este es un mantra que siempre beneficia al bipartidismo, que están encantados con que la población asuma que la política es corrupción, porque así ustedes, unos y otros, exoneran culpas porque, total, todo el mundo que llega al poder lo hace. Pues no, señorías, la corrupción es un mal endémico del bipartidismo. Ustedes son el problema; por lo tanto, es bastante improbable que ustedes puedan poner la solución. Porque qué casualidad que ustedes siempre se ponen de acuerdo en todo lo que afecta negativamente a la sociedad civil. Están de acuerdo en las políticas de vivienda como en lo especulativo, son cómplices del genocidio de Palestina aquí y en Europa, pactan juntos el Consejo General de Poder Judicial y están de acuerdo en el plan de rearme que va a repercutir directamente en recortes del estado de bienestar, pero tendremos que oír luego, en precampaña, que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha. No, ustedes le están abriendo las puertas de par en par todos los días.

Y, señorías de SUMAR, el sistema bipartidista corrupto no se combate con una oficina anticorrupción, sino que hay que cambiarlo todo, de izquierda a derecha. ¿De qué nos sirve una ley que deja fuera de su ámbito de actuación la actividad de los partidos políticos, sus fundaciones o los grupos parlamentarios? Habrá que reforzar primero los mecanismos que ya tenemos, como son el Tribunal de Cuentas, las cámaras de Cuentas de las Comunidades Autónomas, las oficinas antifraudes, la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera. Y habrá que permitir también el acceso público y gratuito…

… a los datos de las empresas en el Registro Mercantil y dotar de una mayor transparencia a los contratos, sobre todo a los contratos menores, que es donde se producen más fraudes. Señorías de SUMAR, sé que su posición es complicada, pues gobiernan con un partido que ahora mismo está salpicado por casos de corrupción, pero, con honestidad, pueden hacerlo mejor si lo que buscan es desmarcarse.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías. Presenta el Grupo Parlamentario SUMAR a debate de toma en consideración una proposición de ley de creación de una oficina de prevención de la corrupción y desde este momento inicial manifestamos que votaremos a favor de su toma en consideración en atención a la cuestión de fondo abordada, que no es otra que la lucha contra la lacra de la corrupción en el uso de los recursos públicos en beneficio privado. Pero también advertimos desde este mismo momento que los términos formales en los que está formulada la iniciativa, si no es objeto de una profunda transformación, finalmente no contará con nuestro apoyo y voto favorable. Señorías, en primer lugar, y de una manera sucinta, nos llama profundamente la atención que esta iniciativa, que fue registrada por sus autores y publicada en el boletín oficial de esta Cámara en abril de 2024, en nada haya tenido en consideración el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado ante esta Cámara el pasado julio por el presidente del Gobierno del que forman parte, es decir, casi año y medio después del registro de esta iniciativa, porque, entre las quince medidas que el presidente de

Gobierno desgranó ante el Pleno para luchar contra la corrupción, precisamente también figuraba la puesta en marcha de una agencia independiente de integridad pública con funciones de prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas, como ahora se pone en la iniciativa, así como de coordinación de forma independiente en la lucha contra la corrupción.

Se nos dijo que la creación de esa agencia pública y el resto de las medidas del plan estatal fueron diseñadas junto con la OCDE, los expertos de la sociedad civil, las propuestas del Grupo GRECO, las recomendaciones de la Comisión de la Unión y los grupos parlamentarios, entre los que entendimos que habrían de estar los que conforman el actual Gobierno, cosa que ahora ya no tenemos tan claro. Y lo decimos porque se nos dijo que la creación de esa futura agencia independiente de integridad pública y lucha contra la corrupción, en la medida en que aunaría las competencias de varios organismos estatales, y también coordinándolos desde un mismo eje central, supondría un trabajo profundo de reconfiguración de la arquitectura institucional estatal y de su complejidad, al menos de sus órganos internos de control, como la IGAE, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Oficina de Conflictos de Intereses, OIReSCon ―la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación― y la misma Autoridad Independiente para la Protección del Informante, y que ello habría de suponer, al menos, la realización, en primer lugar, de un mapeo de organismos y sus funciones con el objetivo de desarrollar un proceso de racionalización del sistema público estatal de lucha contra la corrupción, y que posteriormente habría que determinar las necesidades de coordinación tanto entre los agentes a nivel estatal como, en su caso, las posibilidades de coordinación con entidades de nivel autonómico y, asimismo, determinar sus facultades para iniciar investigaciones y supervisar el cumplimiento de normativa tal como la de contratos, lobbies, conflictos de intereses, rendición de cuentas o protección de informantes de corrupción, requiriendo su puesta en marcha una reforma legislativa en profundidad y de alcance estructural que, al menos, habría de afectar a la Ley 3/2015, de altos cargos; a la Ley 9/2013, de transparencia; a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público; a la Ley 2/2023, de protección de informantes de corrupción; e incluso a la futura ley de lobbies que ahora estamos tramitando.

Lo cierto, señorías, es que nada de esto se ha hecho con carácter previo a la Oficina de prevención de la corrupción que se nos propone en la iniciativa debatida. Hemos de pensar que todo, ciertamente, se ha hecho de buena fe ―no lo dudamos―, pero, dicho coloquialmente, ha sido como meter un elefante en una cacharrería en la actual arquitectura institucional estatal, ya que, después de atribuir a esta oficina unas facultades cuasi universales sobre todos los pisos de ese edificio de lucha contra la corrupción, pero sin reformar la organización y competencias de la organización estatal preexistente, lo pretende armonizar con una genérica cláusula sin perjuicio respecto a esa organización y facultades preexistentes y que siguen vigentes.

Por otro lado, señorías, y en relación con el ámbito de las competencias, al menos respecto a las instituciones vascas, vemos una extralimitación en cuanto al ámbito de actuación de la oficina, que, por otro lado ―ya se ha dicho también―, no se dice indubitadamente qué forma jurídica adoptará en atención a la clasificación del sector público institucional estatal contenida en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que se configura como cabeza de grupo normativo.

Por último ―y voy finalizando, presidente―, también nos llama poderosamente la atención la competencia de elección de la persona que haya de dirigir la Oficina de prevención contra la corrupción, que se atribuye a este Congreso sin participación alguna del Poder Ejecutivo, así como su cese en casos de incompatibilidad, negligencia notoria y grave en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes del cargo, algo que supone, a nuestro juicio, el desconocimiento de la Ley 40/2015, de régimen jurídico, y que no tiene, desde nuestro conocimiento, precedente en el sector público institucional estatal.

Por lo señalado, señorías, y tal y como avancé al inicio de nuestra intervención, si la iniciativa no es objeto de una profunda transformación durante su tramitación, finalmente no podrá contar con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.

Nada más y muchas gracias.

Presidente, señorías, buenas tardes. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa; de hecho, recogemos el ofrecimiento que se ha hecho para participar en la mejora de este texto, porque es verdad, como se acaba de señalar, que hay algunos elementos que creemos que deben pulirse, tanto en lo que tiene que ver con el respeto competencial como en aquello que tiene que ver con una mejor aplicación. Pero también creo que hay que señalar que no cabe la ingenuidad, que no creo que nadie debiera salir de este debate ―nadie que esté asistiendo o atendiendo a este debate― con la sensación de que con esto está todo arreglado, de que con esto la corrupción va a desaparecer en el Estado español. Ni en el Estado español ni ―yo diría― en el conjunto del planeta, porque la corrupción es sistémica o, como prefieren señalar en este texto, endémica, es decir, acompaña al proceso y al modelo económico del Estado español ―yo diría que casi del conjunto del planeta― de manera continuada y machacona. Usted ha señalado que se podían compatibilizar 3740 casos de corrupción en el periodo hasta el año 2020. Cabe sumar los que se podrían compatibilizar desde el año 1978 hasta el año 2000; a algunos nos vienen a la cabeza los Gobiernos de Felipe González, que también estuvieron vinculados a Filesa y a otra serie de cuestiones, o algunos de los Gobiernos de Aznar, también con algunos casos, aparte de todas las tropelías que ha habido a nivel autonómico y municipal. Por lo tanto, nos moveríamos en una cifra mucho mayor. Pero incluso habría que ver también por qué.

La corrupción es ese sistema que consta, como se decía, de corruptos ―los políticos― y de corruptores ―grandes empresarios que rara vez pasan por el banquillo y que cuando pasan pagan una multa o una sanción que es generalmente inferior a aquello que han trincado, porque no se puede utilizar otra expresión―, y para ello hay una serie de mecanismos. También hay mediadores, que son los listos, que ven oportunidad de negocio para conectar a unos con otros, y, como digo, hay mecanismos diferentes: las puertas giratorias, a veces los palcos y siempre ―siempre― la recompensa económica para quien se pringa en semejantes cosas. Y esto no es nuevo; esto seguramente tiene que ver con la construcción de la oligarquía en el Estado español durante el siglo XX, con la construcción de las grandes fortunas del Estado español durante este siglo, después de la Guerra Civil, y con el expolio que practicaron para acumular fortunas con base en las grandes empresas, que, por cierto, hoy siguen siendo los buques insignia de la economía del Estado español.

En fin, no es por echar un jarro de agua fría, porque tampoco esto va a solucionar todo, pero, como decía un político, al que respeto bastante, hace más de dos décadas: ¿qué se puede esperar de una sociedad que ha decidido hacer de la picaresca un género literario en lugar de una conducta perseguida y reprobable? Estamos de acuerdo con que la corrupción degrada la vida pública, socava la democracia y expolia los recursos públicos. Y es verdad que probablemente hay gente que prefiere mirar hacia otro lado, quizás, atendiendo al debate que hemos tenido en el punto anterior, porque aquí los delincuentes, los ladrones, son blancos, son patriotas y, por tanto, no hay lugar al que deportarlos porque son de aquí. Pero, más allá de eso, sí que es verdad que también es un fenómeno de rabiosa actualidad, y yo agradezco al señor diputado de UPN que haya traído aquí el caso concreto de las obras del túnel de Belate. Se le ha olvidado decir ―por lo que sea― que el órgano que ha señalado que tendría que haber sido nulo de pleno derecho ―y así lo dice el periódico en el que se ha basado para señalar esa información― está controlado en su mayoría por Euskal Herria Bildu. Creo que es de justicia reconocer los méritos propios y también los ajenos.

Pero, más allá de eso, porque no creo que se trate de una competición sobre ello, yo creo que hablamos de un problema bastante serio. Es el Fondo Monetario quien dice que en el Estado español la corrupción no baja de 60 000 millones de euros anuales. Los propios Verdes europeos hablan de 90 000 millones de euros. Esto vendría a ser, para que la gente lo entienda, una horquilla entre 1400 euros o 1949 euros que nos roban a todos y cada uno de nosotros y nosotras. Seguramente, a la gente que dice que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles, aquí le importa menos, porque al final está en el bolsillo de alguien que debe ser ―y no me cabe duda― mucho más español que quien está hablando ahora, en este momento. En cualquier caso, para ponerlo también en su contexto, sería bueno saber que ese dinero que cuesta la corrupción en el Estado español equivale, por ejemplo, a entre 200 y 295 veces ―depende de qué horquilla se coja, si la de 60 000 millones de euros o la de 90 000 millones de euros― lo que destina el Gobierno del Estado español para vivienda. O que significa cuatro veces lo que el Estado español gasta en prestaciones por desempleo. O que significa más del doble de lo que se gasta en educación. Ese es el agujero negro de la corrupción. Y todo lo que se haga contra ella estará bien, y será probablemente poco, pero hay que hacerlo. Por eso digo que nosotros queremos contribuir a mejorar esta iniciativa en su trámite de enmiendas, pero no nos vamos a engañar, lo vamos a hacer enfrentándonos a una sociedad que ha interiorizado el relato del mal menor, que ha aceptado que expresiones como ―y creo que no habré sido el único que las ha oído― «si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo» o «qué harías tú si estuvieras en su lugar», o aquella otra que algunos concejales y cargos públicos habrán soportado en más de una ocasión cuando hablamos de expedientes, la de «míramelo con cariño», «esto me lo tratas con cariño», se hayan convertido en una norma de funcionamiento habitual. Ese es un elemento que también hay que desterrar, un elemento que, con esas campañas de sensibilización que se hacen, hay que conseguir arrinconar y desterrar. Porque lo que es curioso es que, en este caso, nunca se recupere el dinero. A mí, sinceramente, me da igual dónde pase los últimos años de su vida una persona que ha sido excarcelada porque se supone que padece una enfermedad terminal. Sinceramente, me da igual que los pase dentro, que los pase fuera, con su familia o en una playa. Lo que me preocupa es que su dinero no aparece y que el dinero de ese, igual que el de todos, nunca aparece. Y está bien también que esto se coordine con las diferentes oficinas de lucha contra el fraude y la corrupción. El señor Santiago en su intervención inicial ha señalado un montón de lugares o de comunidades autónomas donde ya existen estas oficinas contra el fraude y contra la corrupción. Lamentablemente, no ha podido hablar de la del País Vasco, porque en la Comunidad Autónoma del País Vasco Euskal Herria Bildu lleva más de diez años planteando que se cree esa oficina y los partidos gobernantes, que vienen a ser el PNV y el PSOE, por lo que sea, han decidido que no hacía falta. Yo hoy celebro que el Partido Nacionalista Vasco aquí la apoye, porque eso igual nos ayuda a que también la apoye en la comunidad autónoma vasca.

Para ir finalizando, dos consideraciones en lo que tiene que ver con el articulado concreto. En cuanto a las ideas generales, habla del principio de independencia, integridad, objetividad y profesionalidad. Habla de la neutralidad, y yo no sé hasta qué punto podemos garantizar la neutralidad cuando la terna va a ser elegida en el Congreso de los Diputados; en primer lugar, con dos tercios y, en una segunda instancia ―entiendo que es para que no bloquee―, con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta, en según qué partido, yo creo que más que un vigilante para que no haya corrupción vamos a tener un acelerante para que la corrupción se intensifique. Y la otra cuestión es la que tiene que ver con el ámbito de actuación. Se detalla con gran nivel aquello en lo que pueda actuar la vigilancia o la observancia de lo que hagan el Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, y no estaría de más hablar también de la Casa Real, porque también coge dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas y también tendría que estar más fiscalizada.

Termino con una cuestión. Hay partidos que defienden intereses y hay partidos que defienden principios; hay partidos que a veces defienden intereses aun a costa de sus principios y hay partidos que nunca abandonan los principios para defender intereses particulares. Nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, nos encontramos ahí, pero ¿qué sabremos nosotros? Nadie refleja la realidad mejor que esta cita de una película de 1972, El padrino, que decía: «Si Don Corleone tiene los jueces y los políticos de New York, los debe compartir y dejar que otros los usen, debe dejarnos sacar agua del pozo. Cierto que puede presentar factura. Al fin y al cabo, no somos comunistas». Quizás ese sea el problema, que no lo son. (Aplausos).

President, senyories, bona tarda. La proposta que es presenta avui situa encertadament la corrupció com un problema polític de primer ordre. Ho veiem ara i aquí cada cop que surten els noms de Ábalos, Cerdán, Koldo, Aldama o els de Rajoy, Rato, Montoro, Bárcenas, González, Amador, Ayuso i una llista inacabable més. Una Lliga de Campions on no hi manquen aspirants com el senyor Iván Olmos, crec que persona coneguda de l’entorn de SUMAR i que el senyor Santiago s’ha deixat d’esmentar, però en qualsevol cas, la corrupció és que és una realitat que arriba a tot arreu on hi ha vida pública. I per això subscrivim el preàmbul quan cita els mandats internacionals de la Convenció de les Nacions Unides contra la Corrupció o del Consell d’Europa, que precisament preveuen la creació d’òrgans especialitzats de prevenció i investigació de la corrupció o del Greco, també, evidentment, del grup d’Estats contra la corrupció, que estableix clarament que els poders públics s’han de dotar d’una estratègia de prevenció de la corrupció i d’impuls de la integritat política. Però el cert és que l’Estat espanyol no pot pretendre donar lliçons d’integritat mentre manté estructures opaques i alienes de tot control democràtic com la corona, que ara esmentava el diputat que em precedia, el CNI, fons reservats, clavegueres judicials i del Ministeri de l’Interior. I no veiem que aquesta llei, aquesta proposta de llei, aquesta proposició, hi pugui posar fi a aquesta opacitat. No es pot donar lliçons sobre integritat des d’un règim, el règim del 78, que ha aprovat 227 indults selectius a condemnats per corrupció. Això si ho comptabilitzem des de l’any 1996. Aznar 139. Zapatero 62. Rajoy 16. Entre aquests, per cert, no incloc els indults als líders del procés, perquè en aquest cas la corrupció no l’havien comès els sentenciats, sinó els sentenciadors amb l’ús prevaricador de les funcions judicials que tenen atribuïdes.

Tampoc es pot alliçonar des d’un règim on la norma són les portes giratòries. Només un repàs dels primers noms de les llistes publicades i que es troben fàcilment a les xarxes. Amb la A: Ángel Acebes, José María Aznar, Alberto Nadal, Ana Palacio. Amb la B: Josep Borrell. Amb la C: Beatriz Corredor. Amb la G: Felipe González. I així fins a fins a la Z, encara que les portes giratòries no són exclusives de Madrid. La setmana passada, aquí en aquest hemicicle, la senyora Yolanda Díaz va proferir enceses proclames a favor de la lluita de classes i la van aplaudir els diputats i diputades dels partits clònics de las izquierdas españolas. Doncs bé, al mateix moment en què aquí es cridava a la lluita de classes amb la M de Mas, de Natàlia Mas, l’exconsellera d’economia d’Esquerra, fitxava per Globo que fins on jo sé no passa per ser l’empresa més exemplar en matèria de respecte pels drets dels treballadors. Coses de la lluita de classes. També deu ser una conseqüència de la lluita de classes que el darrer expresident de la Generalitat de Catalunya s’incorpori al holding familiar de la seva família, propietat de la seva família. Al crit de: «A les barricades!».

Cal lluitar per la integritat de les institucions centrals de l’Estat i el seu sector públic, per la integritat del Govern, l’Administració General, el Tribunal de Comptes on, per cert, el descontrol econòmic i l’enxufisme familiar són inaudits. També del Defensor del Poble, el Consell d’Estat, les Forces Armades i Cossos de Seguretat de tot el sector públic, persones físiques i jurídiques que reben ajudes, subvencions, concessions i contractes públics. Però també, i la proposició no en diu res contra la corrupció de la Corona, com dèiem abans, o del poder judicial, encara que sabem que, encara que sabem de les poques ganes de la cúpula judicial de sotmetre’s a qualsevol mena de control democràtic. Tant per les corrupteles de tota la vida, les ajudes econòmiques, col·locacions, etcètera, molt pròpies, per cert, del corporativisme extrem que impera en aquest àmbit, com per l’ús polític d’aquestes institucions, com per exemple la prevaricació flagrant del Tribunal Suprem en l’exercici de les seves funcions amb finalitats polítiques com es veu, per exemple, en la negativa d’aplicar l’amnistia. Però el que no és de rebut és la creació d’un nou òrgan que apareix més com una ocurrència d’última hora que com el resultat d’una voluntat real de buscar solucions al problema de la corrupció. En aquest sentit, cal recordar que a Catalunya, des del 2008 es disposa de l’Oficina Antifrau, dirigida per excel·lents professionals, tot un referent en aquest àmbit i l’últim que ens interessa és duplicar estructures, i menys amb la creació d’un òrgan estatal que centralitza competències i que pretén coordinar, és a dir, controlar l’Oficina Antifrau catalana en la seva tasca de vetllar per la integritat del sector públic català. Tampoc ens interessa gaire la veritat, un nou tinglado del Govern espanyol per a finalitats partidistes. No volem que passi com amb el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, d’acord amb el qual els ciutadans de tot l’Estat llencem 9,3 milions d’euros per simple i pura propaganda política.

Una qüestió més que planteja la iniciativa que es proposa, que és que cal que s’aclareixin els dos partits del Govern espanyol. Parlin, parlin i aclareixin què volen. Aquest estiu per fer veure que feia alguna cosa davant l’esclat de l’escàndol que implicava al seu secretari d’organització en el cobriment, en el cobrament de comissions per obra pública, la corrupció més clàssica de totes. Concretament, al mes de juliol, el president Sànchez va presentar a bombo i platerets un pla anticorrupció amb quinze propostes que incloïen, precisament, la creació d’una Agència d’Integritat pública. I a mig agost hem sabut que s’ha creat una comissió interministerial presidida per la senyora Maria Jesús Montero per impulsar aquest pla. Per situar-nos, ens podrien aclarir si l’òrgan que ara SUMAR proposa crear per via parlamentària és el mateix que l’agència del pla anticorrupció anunciat per Sánchez i coordinat per Montero. O com va això? Aniria bé que ens ho expliquessin perquè el darrer informe Greco de principis de juny, però per cert, amagat sospitosament fins a l’1 d’agost pel Govern espanyol, data d’inici de les vacances. Aquest informe Greco no només deixa en evidència els incompliments del Regne d’Espanya en matèria d’integritat, sinó que literalment afirma que la manca d’una estratègia unificada corre el perill de fragmentar i fer ineficients les mesures anticorrupció. Això d’ara, aquesta proposta que ara debatem forma part d’aquesta estratègia unificada que demana el Greco? Mirin, no voldria semblar massa sarcàstic, només dir que si aquest tema se’l prenguessin seriosament, el més normal seria que presentessin un projecte de llei des del Govern, respectuós amb les competències autonòmiques en matèria d’integritat i consensuat i coordinat amb els seus socis. Però I tal com ho estan fent, això d’avui respon ens sembla a nosaltres a una cursa partidista per quedar bé. Una cursa que, per cert, vostès tenen amb el PSOE i no pas una voluntat de resoldre res.

Presidente, señorías, buenas tardes. La propuesta que se presenta hoy sitúa la corrupción como un problema político de primer orden. Lo vemos cada vez que salen los nombres de Ábalos, Koldo, Rato, Montoro, Bárcenas, González Amador,

Ayuso y una lista interminable, una liga de campeones donde hay aspirantes, como el señor Olmos, persona conocida en SUMAR, que el señor Santiago no ha mencionado. En cualquier caso, la corrupción es una realidad que llega a todas partes donde hay vida pública. Por ello estamos a favor del preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción o del Consejo de Europa, que prevén la creación de órganos de investigación y prevención de la corrupción, y también del GRECO, que establece claramente que los poderes públicos tienen que dotarse de una estrategia de prevención de la corrupción y de impulso de la integridad política, pero el Estado español no puede pretender dar lecciones mientras mantiene estructuras opacas, sin control democrático, como la Corona ―que ahora mencionaba el diputado―, el CNI, los fondos reservados o las actas del Ministerio del Interior, y no vemos que esta propuesta de ley pueda poner fin a esta opacidad. No se pueden dar lecciones sobre la integridad desde un régimen, el del 78, que ha aprobado 227 indultos selectivos a condenados por corrupción. Si lo contabilizamos desde 1996: Aznar, 139; Zapatero, 62, etcétera. Entre ellos no incluyo los indultos a los líderes del procés, porque la corrupción en este caso no la habían cometido los sentenciados, sino los sentenciadores, haciendo uso de la prevaricación.

Tampoco podemos dar lecciones cuando la norma son las puertas giratorias. Voy a repasar los primeros nombres de las listas publicadas, que podemos encontrar fácilmente: Ángel Acebes, José María Aznar, Alberto Nadal, Ana Palacio, Josep Borrell; con la ce, Beatriz Corredor; con la ge, Felipe González, y llegamos hasta la zeta, aunque las puertas giratorias no son exclusivas de Madrid. La semana pasada en este hemiciclo la señora Yolanda Díaz dio proclamas a favor de la lucha de clases, y la aplaudieron los diputados y las diputadas de las izquierdas españolas. Pues bien, en el mismo momento en el que aquí estábamos hablando de la lucha de clases, con la eme de Mas, la exconsejera de Esquerra fichaba por Glovo, que no es la empresa más ejemplar en materia de respeto de los derechos de los trabajadores. Cosas de la lucha de clases, como también debe ser una consecuencia de esta lucha que el último expresidente de la Generalitat de Catalunya se incorpore al holding de su familia con la llamada a las barricadas.

Tenemos que luchar para defender las instituciones y el sector público, la integridad del Gobierno, la Administración General, el Tribunal de Cuentas, donde el descontrol económico y el enchufismo familiar son inauditos, el Defensor del Pueblo, las Fuerzas Armadas… Todo el sector público, personas físicas y jurídicas que reciben ayudas, concesiones y contratos públicos, pero también ―y la propuesta no dice nada― contra la corrupción de la Corona o del Poder Judicial, aunque sabemos que hay pocas ganas por parte de la cúpula judicial de someterse a cualquier tipo de control democrático, tanto por las corruptelas de toda la vida ―ayudas económicas, colocaciones, etcétera, muy propias del corporativismo extremo― como por el uso político de estas instituciones, como por ejemplo la prevaricación flagrante del Tribunal Supremo en el ejercicio de sus funciones con finalidades políticas, como vemos en la negativa de aplicar la amnistía. Pero lo que no es de recibo es la creación del nuevo órgano, que parece más una ocurrencia de última hora que el resultado de una voluntad real de encontrar soluciones al problema de la corrupción.

Cabe recordar que en Cataluña desde 2008 se dispone de la Oficina Antifraude, dirigida por excelentes profesionales, un referente en este ámbito, y lo último que nos interesa es duplicar estructuras, y aún menos con la creación de un órgano estatal que centraliza competencias y que pretende coordinar, es decir, controlar la Oficina Antifraude de Cataluña en su tarea de velar por la integridad del sector público catalán. Tampoco nos interesa un nuevo tinglado para finalidades partidistas; no queremos que pase como lo que pasó con el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, donde 9,3 millones de euros fueron tirados por pura propaganda política.

Una cuestión más que me plantea la iniciativa que se propone. Cabe que se aclaren los partidos del Gobierno español. Hablen y aclárense, a ver qué quieren. Este verano, para hacer ver que se actuaba ante el escándalo del secretario de Educación o ante el escándalo de la obra pública, el presidente Sánchez presentó un plan anticorrupción con quince propuestas, con la creación de una agencia de integridad pública. Y en agosto hemos sabido que se creó una comisión interministerial con la señora María Jesús Montero para impulsar este plan. Para situarnos, ¿nos podrían aclarar si el órgano que ahora se propone, creado por vía parlamentaria, es el mismo que la agencia anunciada por Sánchez y coordinada por Montero? Nos lo deberían explicar, porque el último informe GRECO, que fue ocultado hasta el 1 de agosto por el Gobierno español, no solo deja en evidencia los incumplimientos en materia de integridad del Gobierno de España, sino que afirma que la falta de una estrategia unificada corre el peligro de fragmentar las medidas anticorrupción. ¿Esta propuesta que ahora debatimos forma parte de esta estrategia que ahora exige el GRECO? No quisiera ser sarcástico. Si este tema se lo tomaran en serio, lo más normal sería que presentaran un proyecto de ley del Gobierno que respetara las competencias autonómicas en materia de integridad, consensuado y coordinado con sus socios. Pero, tal y como lo están haciendo, lo de hoy responde a una carrera partidista para quedar bien; una carrera que ustedes tienen con el PSOE y no por la voluntad de resolver nada.

Termino. Si tal y como nos parece estamos ante la enésima iniciativa...

I ara acabo. Si, tal com ens sembla, estem davant l’enèsima iniciativa que té com a únic objectiu fer posicionar a tothom en una de les dues Espanyes, amb nosaltres que no hi comptin perquè no ens interessa cap de les dues Espanyes, cap.

Moltes gràcies.

... que quiere que todo el mundo se posicione en una de las dos Españas, con nosotros no pueden contar, porque no nos interesa ninguna de estas dos Españas.

Muchas gracias.

Bona tarda, president, senyories. Permítanme que empiece relacionando un tema global con el que traen a debate hoy aquí. El escritor israelí David Grossman señaló acertadamente que una de las razones de la escalada criminal del primer ministro Netanyahu es que esconde tras la guerra y el genocidio su enorme corrupción. Señorías, vean que la corrupción también sirve para el crimen y, en este caso, para el genocidio, como hoy ha señalado un organismo de Naciones Unidas. He querido destacarlo al empezar mi intervención porque nada está aislado y todos somos ciudadanos de un entorno global, donde un corrupto hoy se ampara en la destrucción de personas inocentes. Senyor Santiago, hem llegit atentament la proposició de llei de la creació de l’Oficina de Prevenció de la Corrupció. Celebrem que amb aquesta proposició avui, aquest hemicicle pugui parlar seriosament de corrupció, perquè cada setmana la qüestió de la corrupció surt d’una manera frívola, tacticista, com dirien les senyories del PP «torticera». I avui en parlem, vull pensar, seriosament. De fet, com s’ha dit ja, la corrupció és una qüestió que afecta a totes les democràcies, però allò que separa unes democràcies millors que les altres és la manera de fer front a aquesta corrupció. I no hi val el voluntarisme. I no hi val les bones intencions. La qualitat democràtica es basa en mecanismes de prevenció exactes i estrictes. I també hem de fugir d’una consideració fatalista que diu que els ciutadans d’aquesta península hem de ser corruptes per cultura política. Hem de sortir d’això. Hem d’aspirar a una exemplaritat democràtica, que només es basa, evidentment, en mecanismes i en evitar l’altre extrem que és l’accés hipermoral quan parlem de corrupció. No caiguem en el cinisme d’intentar aparèixer, com a molt morals quan es tracta de ser exactes, eficaços i justos. Entenem que la proposició de SUMAR és plausible, però arriba tard. Arriba tard, senyories. A Catalunya, per exemple, l’any 2008 es va instaurar l’Oficina Antifrau. Val a dir que l’Oficina Antifrau serveix per evitar una cosa que és l’elecció de les persones. Va ser director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, per cert, triat pel partit Convergència i Unió, els hereus de Junts que ara saben tant com s’ha d’enfocar tot això, el senyor Daniel de Alfonso. El recorden? El senyor Daniel de Alfonso és aquell personatge sinistre que reunit amb el senyor Jorge Fernández Díaz, al seu torn ministre d’Interior, recordin la frase famosa, quasi millor que la del Padrino que ha citat el diputat Matute: «Les vamos a destrozar la sanidad». Aquest era el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Ja veuen, senyories, que si això s’implanta a nivell estatal caldrà afinar molt, senyor Santiago, a veure qui es posa al davant d’aquest organisme. A Catalunya també ens equivoquem, especialment els senyors correligionaris del senyor Pagès, que per cert, em sembla que encara hi és, però bé que fa veure que no té res a veure amb Convergència i Unió. Tot són realitats alternatives, sens dubte. Bé, nosaltres, Esquerra, votarem a favor de tramitar aquesta proposició, però som escèptic sobre el recorregut que pugui tenir. I també li dic senyor Santiago estarem molt amatents a la invasió competencial perquè encara que vostè no tingui aquesta intenció i el seu grup, hi ha dues coses que fan pensar que pot haver-hi invasió competencial. D’una banda, la paraula coordinació, que sempre és una paraula que quan es col·loca en una llei d’àmbit estatal amb relació a organismes autonòmics, indica que per la porta del darrere ens poden fer alguna mena de trampa, encara que no hi hagi la intenció del legislador. I després, senyories, vostès ho saben perquè aquesta és la història de la democràcia. Hi ha una inèrcia centralista en aquest estat. Hi ha una inèrcia que porta inevitablement a fer allò que li podríem dir el Minotaure, Leviatan demana, Leviatan sempre és invasiu i, per tant, aquesta oficina podria ser molt bé una oficina que acabés destorbant el que fan organismes preexistents.

Dit això, permetin-me que com a republicà, com a independentista he trobat una mica escandalosa l’absència de qualsevol referència a la Casa Reial. Ens sembla, senyor Santiago, que està bé ser republicans quan s’està a l’oposició, però encara més quan s’està al govern, com està el seu grup. Encara més quan s’està al govern i nosaltres en som de republicans i creiem que ser republicà és modernitat. Però fins i tot si vostès son monàrquics, senyories del PP, senyories del PSOE, que no sé si ho són una mica o no, depèn del dia, encara que vostès siguin monàrquics, voldrien, suposo, que aquesta oficina de prevenció de la corrupció tingués un imperi sobre la Casa Reial per una qüestió molt clara: per evitar el que ha passat en la història recent d’Espanya, que ha estat un escàndol enorme protagonitzat pel rei emèrit i que el que va fer és desdibuixar completament la figura del monarca. Per tant, he de dir-li, senyor Santiago, que en aquest punt la proposició que vostès plantegen deixa molt que desitjar, malauradament.

Finalment, som partidaris de posar el focus sempre, també sobre els corruptors, més que sobre els corruptes. Vostè ha fet èmfasi en això, estem d’acord, però no acabo de veure, malgrat les bones intencions, que aquest text hi pugui arribar.

I president, acabo amb dues remarques. El portaveu de Junts ha dit algunes coses sobre les portes giratòries. Té gràcia que els hereus del 3 % a Catalunya parlin de portes giratòries que ells han convertit en una sínia perpetua que va rodant constantment. I la prova d’això és que en aquest moment Junts per Catalunya són un negociat, bàsicament un altaveu de Foment del Treball. Quin trist paper! Quin trist paper, senyories de Junts. I a les senyories de VOX que estan aquí...

Señor Santiago, hemos leído atentamente la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción. Celebramos que con esta proposición hoy en este hemiciclo se pueda hablar seriamente de corrupción, porque cada semana la cuestión de la corrupción sale de forma frívola, tacticista y, como dirían las señorías del PP, torticera. Y hoy hablamos ―quiero pensarlo así― en serio. De hecho, como ya se ha dicho, la corrupción es algo que afecta a todas las democracias, pero lo que separa unas democracias mejores de otras es la forma de hacer frente a esta corrupción, y aquí no valen el voluntarismo, no valen las buenas intenciones. La calidad democrática se basa en mecanismos de prevención exactos y estrictos. Y también debemos huir de una consideración fatalista que dice que los ciudadanos de esta Península tenemos que ser corruptos por cultura política. Tenemos que salir de ahí. Debemos aspirar a una ejemplaridad democrática que solo se basa, evidentemente, en mecanismos y en evitar el otro extremo, que es el exceso hipermoral cuando hablamos de corrupción. No caigamos en el cinismo de intentar parecer muy morales, cuando de lo que se trata es de ser exactos, eficaces y justos.

Entendemos que la proposición de SUMAR es plausible, pero llega tarde. Llega tarde, señorías. En Cataluña, por ejemplo, en el 2008 se instauró la Oficina Antifraude. Cabe decir que la Oficina Antifraude sirve para evitar una cosa, que es la elección de las personas. Fue director de la Oficina Antifraude de Cataluña ―por cierto, escogido por el partido Convergència i Unió, los herederos de Junts, que ahora saben tan bien cómo hay que enfocar todo esto― el señor Daniel de Alfonso. ¿Se acuerdan de él? El señor De Alfonso es ese personaje siniestro que, reunido con Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, dijo ―recuerden la frase famosa, casi mejor que la de El padrino, que ha citado el diputado Matute―: Les vamos a destrozar la sanidad. Este era el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Ya ven, señorías. Si eso se implanta a nivel estatal, habrá que hilar muy fino, señor Santiago, para ver quién se pone ante ese organismo. En Cataluña también nos equivocamos, especialmente los señores correligionarios del señor Pagès ―que, por cierto, creo que aún está por ahí―, que hace como que no tiene nada que ver con Convergència i Unió. (Aplausos). Todo eso son realidades alternativas, sin duda.

Nosotros, en Esquerra, votaremos a favor de la tramitación de esta proposición, pero somos escépticos en cuanto al recorrido que pueda tener. Y también debo decirle, señor Santiago, que estaremos muy atentos a la invasión competencial, porque, aunque ni usted ni su grupo tengan esta intención, hay dos cosas que hacen que pensemos que pueda haber esa invasión competencial. Por una parte, la palabra coordinación, que siempre es una palabra que, cuando se coloca en una ley de ámbito estatal en relación con organismos autonómicos, indica que por la puerta de atrás nos pueden hacer alguna trampa, por así decirlo, aunque no tenga esa intención el legislador. Y luego, señorías ―ustedes lo saben, porque esta es la historia de la democracia―, hay una inercia centralista en este Estado; hay una inercia que lleva inevitablemente a hacer aquello que harían el Minotauro o el Leviatán. El Minotauro siempre es invasivo. Por tanto, esta oficina podría muy bien convertirse en algo que va a estorbar a organismos ya preexistentes.

Dicho esto, permítanme que, como republicano, como independentista, diga que me ha parecido un poco escandalosa la ausencia de cualquier referencia a la Casa Real. Señor Santiago, nos parece que está muy bien ser republicano cuando se está en la oposición, pero aún más cuando se está en el Gobierno, como su grupo. Nosotros somos republicanos y creemos que ser republicano es modernidad. Pero, incluso, aunque ustedes sean monárquicos, señorías del PP y señorías del PSOE ―que no sé si lo son un poco o no, depende del día―, supongo que querrían que esta oficina de prevención de la corrupción tuviera un imperio sobre la Casa Real. Por una cuestión muy clara: para evitar lo que ha pasado en la historia reciente de España, que ha sido un enorme escándalo protagonizado por el rey emérito, que lo que hizo fue desdibujar por completo la figura del monarca. Por lo tanto, señor Santiago, debo decirle que en este punto la proposición que ustedes plantean deja mucho que desear, desgraciadamente.

Finalmente, somos partidarios de poner siempre más el foco en los corruptores que en los corruptos. Usted ha hecho énfasis en eso y estamos de acuerdo ahí. Pero, a pesar de las buenas intenciones, no estoy seguro de que este texto pueda llegar ahí.

Presidente, acabo con dos observaciones. El portavoz de Junts ha dicho algunas cosas sobre puertas giratorias. Tiene gracia que los herederos del 3 % en Cataluña hablen de puertas giratorias, cuando ellos las han convertido en una hélice perpetua que va rodando constantemente. La prueba de ello es que, hoy por hoy, Junts per Catalunya son un altavoz de Foment del Treball, de Fomento del Trabajo. ¡Qué papel tan triste, señorías de Junts!

Acabo, president. Les senyories de VOX que aquesta tarda ens han donat un recital sobre el que és l’odi i la por, recordar un axioma que també, senyories del PP, han de saber. Una democràcia pot ser corrupta. Una dictadura sempre és corrupta per definició. Gràcies.

Acabo, presidente. A las señorías de VOX que están aquí, que esta tarde nos han dado un recital sobre lo que es el odio y el miedo, hay que recordarles un axioma que también deben saber sus señorías del PP: una democracia puede ser corrupta, pero una dictadura siempre es corrupta, por definición. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Debatimos ahora una iniciativa registrada el 4 de abril del año pasado, del 2024, que no tiene otra finalidad que blanquear la corrupción del Gobierno de coalición del PSOE y SUMAR, que ya no podían mantener oculta ―un mes y medio antes de su registro, el 21 de febrero, se detuvo a Koldo―, conscientes de que el caso Koldo pronto sería el caso Ábalos, después el caso Cerdán y poco después el caso PSOE. Con esta iniciativa de blanqueamiento, SUMAR pretende salvarse de una debacle electoral y mantener a toda costa al corrupto Gobierno de coalición encabezado por el ‘número 1’ (aplausos); ‘número 1’, jefe de la banda del Peugeot, marido de una pentaimputada y hermanísimo de un doblemente imputado. Por cierto, recientemente hemos sabido que el ‘número 1’ también ha usado la Moncloa para dar cobijo a su hermano, investigado por el más que probable fraude fiscal que ha perpetrado residiendo en Portugal mientras disfrutaba de su sueldo por un puesto de trabajo público en Badajoz, mediante una adjudicación que también está siendo investigada y que ha sido la causa del vergonzoso intento de evasión de la justicia del socialista Miguel Ángel Gallardo, que dejó la Presidencia de la Diputación de Badajoz para intentar alcanzar la inmunidad y el aforamiento en la Asamblea de Extremadura, después de convencer a una parlamentaria en activo y a cinco de la lista para que renunciaran simultáneamente al escaño. Un manifiesto fraude de ley declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura gracias a la acción judicial de VOX. (Aplausos).

Señorías de SUMAR, tomen nota de que esa manera de actuar sí que es luchar contra la corrupción. Además, debo recordar que este Gobierno fue constituido por un gravísimo acto de corrupción política, que fue pasar por encima de nuestra Constitución pactando una amnistía para los que fueron condenados por gravísimos delitos de sedición y malversación. (Aplausos). Para mayor vergüenza de este Gobierno mentiroso y corrupto, habían asegurado durante la campaña electoral que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico por su manifiesta inconstitucionalidad.

Señorías del PSOE y de SUMAR, por siete votos lo tienen todo roto. ¿No les da vergüenza? (Aplausos). Son muchos y gravísimos sus crímenes como miembros del Gobierno: condonar la deuda de políticos dilapidadores del erario público para trasladar la responsabilidad de su derroche a todos los españoles; blanquear los horribles crímenes de los terroristas de ETA y Hamás. Por cierto, ¿cuándo pedirán a los socios de Bildu, que llevan a los terroristas en sus listas electorales, que colaboren en esclarecer los 379 crímenes de ETA que quedan por resolver? (Aplausos). Señorías de SUMAR, no solo les falta credibilidad para una propuesta como la que han presentado hoy. Son ustedes los que han inaugurado, mantenido y blanqueado la corrupción del Gobierno. Y también son ustedes, señorías de SUMAR, quienes han participado en el debilitamiento de todos los medios del Estado para la prevención y la lucha contra la corrupción. Han menoscabado, junto al Partido Popular, la independencia del Poder Judicial, mercadeando cuotas de poder y control del Consejo General del Poder Judicial. Han destruido el prestigio de la Fiscalía General del Estado, nombrando sin solución de continuidad a una ministra del Gobierno. Y como no tienen límite en su determinación por acabar con las instituciones del Estado, la sustituyeron por quien tiene el triste honor de ser el primer fiscal general del Estado imputado, precisamente, quien teóricamente debe defender la legalidad y perseguir el delito. (Aplausos). El portavoz de Bildu dice que no le preocupa dónde pase sus últimos días un criminal, si dentro o fuera de la cárcel, pero que sí le preocupa que se devuelva el dinero robado por la corrupción. ¿Y qué pasa con los asesinados por ETA? ¿No les preocupa que los familiares de la víctima ya no los recuperen nunca porque los terroristas, que ustedes llevan en sus listas, los han asesinado de un cobarde tiro en la nuca? ¿No les preocupa que unas madres no puedan volver a abrazar a sus hijos, como los seis niños que asesinaron con la bomba de la Casa Cuartel de Zaragoza? Bomba que activaron después de haber pasado y visto a los niños jugando en el patio. Son ustedes unos miserables y unos hipócritas. (Aplausos). El portavoz de SUMAR ha puesto de ejemplo la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Precisamente, señoría, es la oficina que rechazó revisar el registro de lobbies de la Unión Europea, a pesar del escándalo Huawei, por orden de la presidente popular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Ese es su modelo? Señoría, usted mismo ha puesto de manifiesto para qué serviría esta oficina anticorrupción que proponen, para absolutamente nada. Si esta oficina de prevención de la corrupción de SUMAR prosperase, la corrupción no disminuiría en absoluto. La dedicarían, como han hecho con la historia de España, a ocultar su propia corrupción y a señalar a la también abundante corrupción del Partido Popular, que también está empeñado en controlar el Poder Judicial y controlar las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su interés partidista. Sería, señorías de SUMAR, una oficina parcial y al servicio de este Gobierno corrupto liderado por el ‘número 1’, de la misma manera en la que el PSOE no se persona como acusación popular para colaborar con la Administración de Justicia, sino para gestionar mejor la comunicación de sus casos de corrupción. Actúan como la mafia que controla los tentáculos del poder y de la comunicación. (Aplausos.―La señora presidenta ocupa la Presidencia). Señorías, en VOX queremos que en España se combata la corrupción, toda la corrupción, venga de quien venga, sin parcialidad. No queremos controlar ni la justicia, ni oficinas, ni observatorios, ni ningún otro chiringuito, como llevan décadas haciendo el Partido Popular y el PSOE, encubriendo sus propios delitos y los crímenes de los enemigos de España, traicionando a los españoles de bien solo por mantenerse unos años más en el poder. Afortunadamente, como hemos podido ver este fin de semana ―y termino, señor presidente―, es la hora de los patriotas y en VOX vamos a reconstruir y reconquistar todo lo que el bipartidismo y el separatismo han destruido. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todas las señorías. Hace años que en la calle escuchamos eso de que todos los políticos somos iguales. Es una idea tóxica para la democracia, porque lleva a la desconfianza, lleva al cinismo y a la indiferencia. En todos los países hay una minoría interesada en que nada cambie, y esta minoría lleva muy bien el relato de que todos somos iguales; es el mejor relato contra la esperanza, que es el motor del cambio, el motor del progreso y de la justicia social. Pero este es un relato falso, no es verdad que todos seamos iguales. En la izquierda vemos la educación, la sanidad o la vivienda como derechos; en la derecha lo ven como negocios. La izquierda vota a favor de reducir la jornada laboral; la derecha vota en contra. Nosotros nos podemos del lado de la ONU y condenamos el genocidio en Gaza; ellos se alinean con Trump y blanquean al Gobierno de Netanyahu. (Aplausos). Así que no, no somos iguales, no tenemos nada que ver con el Partido Popular. Tampoco somos iguales ante la corrupción, y esto ha quedado demostradísimo. El PSOE es fulminante si alguno de nosotros se corrompe, lo expulsamos de inmediato, como tiene que ser. (Risas) El Partido Popular a quien echó fue al único que se atrevió a denunciar la corrupción, a Pablo Casado. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy bien!). Nosotros colaboramos con la justicia; en la sede del PP destruyeron ordenadores a martillazos para eliminar pruebas. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Nosotros damos la cara y el presidente del Gobierno viene aquí a comparecer, se explica ante los medios las veces que haga falta; el PP bloqueó hasta en veintiséis ocasiones la comparecencia de Mariano Rajoy para explicar la Gürtel, la Púnica o la Kitchen y, además, lo escondió detrás de una pantalla plana. (Aplausos). Por lo tanto, nuestro comportamiento ante la corrupción es diametralmente opuesto al comportamiento del Partido Popular. También lo demostramos con las medidas que implementamos para luchar contra la corrupción. El GRECO alertó de la mala situación de España en la lucha anticorrupción antes de que nosotros llegáramos al Gobierno en 2017. Lo alertaba tras dos legislaturas de completa inacción. En esos Gobiernos, ¿quién iba a luchar contra la corrupción, Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz, M. Rajoy? ¿Quién iba a luchar contra la corrupción en ese Gobierno? El GRECO puso diecinueve objetivos y hoy, después de siete años de Gobierno de izquierdas, España ha avanzado en dieciséis de esos diecinueve objetivos. Esta es la realidad. ¿Es suficiente? Claro que no, hay que seguir trabajando, y eso es lo que está haciendo el Gobierno. Mañana hará un año que el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción por la Democracia y, en solo un año, dieciocho de las treinta y una medidas del plan están o aprobadas o en tramitación avanzada. A finales de agosto, hace unas semanas, el Gobierno aprobó el plan de lucha contra la corrupción; hoy se está tramitando la ley orgánica que implementará de golpe once de las quince medidas del plan, incluyendo la creación de la agencia independiente de integridad pública. Nosotros hoy votaremos a favor de esta proposición de ley, pero ya decimos que en su tramitación tendremos que trabajar para mejorarla y, sobre todo, para encajarla con la creación de la agencia de integridad pública. La pregunta es qué va a votar el Grupo Popular, ¿votará en contra de crear una agencia anticorrupción? ¿Qué votará cuando venga aquí la ley para regular a los lobbies o la ley de Administración abierta o la ley orgánica para la implementación del plan contra la corrupción? Porque si de verdad les preocupa la corrupción supongo que van a votar a favor de todas estas medidas. Yo no soy muy optimista, porque veo sus antecedentes, y no me refiero a los Gobiernos de Rajoy o de Aznar, no hace falta irse tan lejos; en esta misma Legislatura ustedes, el Grupo Popular, han demostrado un interés nulo en la lucha anticorrupción. En Valencia han eliminado la oficina de recuperación de activos, la oficina que se dedicaba a recuperar el dinero que habían robado los corruptos a la Generalitat. ¿Qué pasa, qué no quieren que la Generalitat recupere el dinero, o no quieren que los corruptos lo tengan que devolver? (Aplausos). En Baleares directamente han suprimido la oficina anticorrupción y qué casualidad que, en ese mismo momento, en el momento de suprimir la oficina anticorrupción, esa oficina estuviera investigando a un alto cargo del Gobierno de Marga Prohens, ¡qué casualidad! Señores y señoras del Grupo Popular, si de verdad quieren combatir la corrupción, las oficinas anticorrupción se abren, no se cierran. (Aplausos). Señorías de VOX, con ustedes no había ninguna duda, no hacía falta que subieran aquí a explicar su sentido del voto, si a ustedes ya les han sancionado por financiación ilegal. Ustedes son los menos interesados en que salga adelante esta oficina anticorrupción. ¡Si ustedes van a Hungría a cara descubierta a recoger los millones de Viktor Orbán! Lo que pasaría si VOX llegara algún día al Gobierno lo vemos en Argentina. En Argentina, en solo dos años ya se ha comprobado a lo que han venido Milei y su hermana, han venido a trincar, y ese es su espejo, ese es su referente. ¡Si todos sabemos que si VOX llega al

Gobierno será el Gobierno más corrupto de la historia! ¡Si Abascal vino a la política a forrarse desde que empezó en un chiringuito de Esperanza Aguirre! (Aplausos). Por lo tanto, ¿qué nos van a contar ustedes?

En definitiva, la izquierda y derecha somos muy distintos en nuestras ideas y, por lo tanto, también en nuestro comportamiento ante la corrupción. (El señor Hernando Fraile: Sí, sí, ya…). Para nosotros luchar contra la corrupción es profundizar en la democratización del país, porque la democracia se mejora día a día (el señor Hernando Fraile: Ya, ya…), y aunque España está en la parte alta en los ranking sobre democracias del mundo, lo que nosotros tenemos que empezar a decir es que lo que queremos es que esté arriba, es que esté en el primer puesto en calidad democrática, y esto no lo vamos a conseguir con los que tienen una sede pagada en B ni con los que se financian con el dinero de Orbán. Esto solo lo vamos a conseguir con Gobiernos de izquierdas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías de SUMAR, ustedes vienen hoy a proponernos la creación de una oficina para prevenir la corrupción; ustedes, que forman parte de un Gobierno acosado por numerosos casos de corrupción; ustedes, que tapan y niegan esa corrupción de su Gobierno, y no solo eso, que intentan obstaculizar las investigaciones sobre la corrupción que les afecta a ustedes, a SUMAR, y al Partido Socialista. Porque ustedes prefieren los sillones del Gobierno a combatir la corrupción (aplausos), y por eso ustedes apoyan firmemente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a pesar de que tiene a dos familiares investigados por corrupción, pero, además, a sus dos hombres de confianza. Señor Baquero, no nos haga reír con eso de que la izquierda y la derecha no somos iguales en corrupción. ¡Desde luego que no! Ustedes llevan tapando al señor Cerdán y al señor Ábalos desde hace años. ¡No nos haga reír! (Aplausos). Ayer mismo, la oficina anticorrupción de Navarra concluyó que los 76 millones de euros concedidos por la presidenta socialista Chivite a la empresa que controla Santos Cerdán para el túnel de Belate son nulos de pleno derecho. Nulos. (Aplausos). Pero es que también ayer la Fiscalía Anticorrupción se opuso a excarcelar a Santos Cerdán, porque el Tribunal Supremo sostiene, señorías del Grupo Socialista, que hay poderosos indicios de que Cerdán tuvo un papel directivo en la trama criminal de amaños de obra pública qué operó desde el Gobierno de Pedro Sánchez. (El señor Hernando Fraile: ¡Ahí, ahí!—El señor Sayas López: ¡Muy bien!). ¿Qué hacen ustedes frente a esa corrupción, señorías de SUMAR? Hoy mismo, el señor diputado Pisarello, que no está en este momento, ¿qué ha hecho? Presentar un escrito a la Mesa del Congreso apelando a la inmunidad del señor Cerdán y del señor Torres. (Rumores.―La señora Mínguez García: ¡Eso no es verdad!). Fíjense cómo sería el escrito que la Mesa del Congreso lo ha rechazado. El señor Pisarello y sus señorías de SUMAR estaban intentado obstaculizar esta investigación. (Aplausos.—El señor Sayas López: ¡Muy bien!). Por lo tanto, señorías de SUMAR, con esta proposición de ley lo que ustedes quieren no es prevenir la corrupción y luchar contra la corrupción. Lo que ustedes hacen es un ejercicio de cinismo y de hipocresía (la señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!) y un intento de blanqueamiento de su papel tapando la corrupción del Gobierno (aplausos.―La señora Montesinos de Miguel: ¡Bravo!) y, de paso, un intento de blanqueamiento de sus socios, del Partido Socialista, que están de corrupción hasta las cejas. Y, señor Baquero, por cierto, vamos a ver si ustedes colaboran ante la decisión que acaba de salir del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que pide que se investigue al señor presidente del Gobierno por el rescate de Air Europa. Vamos a ver si ustedes colaboran. (Aplausos). En este contexto, la pregunta es: pero, vamos a ver, ¿para qué proponen ustedes entonces esta oficina para la corrupción si no quieren perseguir la suya propia? ¿Solo para los partidos de oposición? Y, luego, vaya trayectoria que tienen ustedes frente a las medidas contra la corrupción que se han planteado en esta Cámara. Es que ustedes se han opuesto, han votado en contra de todas las mociones del Partido Popular para luchar contra la corrupción. A todas. (Aplausos). Es que ni se han abstenido, ni se han abstenido. Y, luego, por supuesto, ustedes no paran de tapar y apoyar la corrupción del Gobierno. ¿Saben lo que dijo su líder Yolanda Díaz este mismo verano, en julio? Dijo en una televisión: En este Gobierno no hay corrupción. Y se quedó tan ancha. (Rumores). Pero no solo eso, después apoyó firmemente al presidente Sánchez, al que le dijo efusivamente: Yo sé que usted es honrado. (Continúan los rumores).. En fin, señorías de SUMAR, por favor, no se rían de los ciudadanos españoles, por favor. (Aplausos). Ustedes repiten en su proposición de ley una y otra vez «mejorar la integridad pública». ¿Ustedes? ¿Pero saben lo que dicen ustedes de las cinco imputaciones que tiene la esposa del presidente del Gobierno? ¿Saben cómo le llaman a eso? Acoso a la vida privada. Es que es lo que ha dicho Yolanda Díaz. Acoso a la vida privada frente a cinco delitos por los que está imputada la esposa del presidente del Gobierno. Y no contenta con eso, ataca a los jueces, al juez Peinado y a todos los jueces que en España están investigando los casos de corrupción del Gobierno, de ustedes y de ustedes. (Señala los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR).

¿Saben qué ha dicho la señora Díaz de los jueces que han investigado y procesado al fiscal general del Estado? Pues ha dicho que eso es estrategia de las derechas para desestabilizar. En fin. Y luego ustedes hablan en la proposición de ley de la ética de la integridad pública. No nos hagan reír, señorías de SUMAR. ¿Ustedes llaman ética de la integridad pública a gastar ingentes cantidades de dinero público para manipular desde la televisión pública y para manipular las encuestas del CIS para dar vencedor al señor Sánchez y, de esa manera, con esa mentira, prolongar su estancia en el Gobierno? ¿A eso saben cómo se le llama? Se le llama malversar. (Aplausos). ¡Qué cinismo, qué hipocresía y qué patético intento de blanqueamiento de su corrupción, la corrupción de su Gobierno!

Y, señorías, por supuesto que la corrupción ―todos lo sabemos― es un problema importante de las democracias. Tenemos que luchar contra la corrupción y vamos a luchar contra la corrupción. Por eso, nuestro líder, Alberto Núñez Feijóo, planteó este mismo año un plan de calidad institucional para sus cien primeros días de Gobierno, para regenerar nuestra democracia. Señorías de SUMAR, ¿quieren ustedes de verdad ayudar, colaborar a regenerar nuestra democracia? Pues bien, sean coherentes, comiencen por condenar su propia corrupción, salgan del Gobierno y después respeten y apoyen el trabajo de los jueces que luchan contra la corrupción. Solo entonces ustedes tendrán credibilidad para presentar una proposición de ley contra la corrupción.

Gracias. (Aplausos).