¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) se conceda de manera justa evitando prácticas arbitrarias?

Gracias, presidenta. Señora ministra, quiero trasladarle hoy una realidad muy dura que sufren muchas familias que solicitan la prestación para el cuidado de menores con cáncer o enfermedad grave, CUME; una ayuda para que los padres pueden reducir su jornada, cuidar a sus hijos e hijas sin perder su sueldo y que, además, supone reconocer que tu hijo te necesita como persona cuidadora las veinticuatro horas del día los siete días de la semana. Sobre el papel, esta ayuda está bien, pero en la práctica conseguirla y mantenerla se ha convertido en un calvario para las familias. El hijo de Carla, con una enfermedad ultrarrara, que no habla, no anda, no come por sí mismo y no controla los esfínteres, necesita terapia intensiva y le han denegado la CUME porque la enfermedad no viene específicamente recogida en el decreto regulador, a pesar de contar con informes médicos. A Miriam, madre de un niño con síndrome de Apert y graves secuelas neurológicas, la mutua le pidió reiterados informes adicionales, retrasando durante meses la concesión de la ayuda. Cada cuatro meses tiene que volver a justificar lo evidente: que su hijo necesita cuidados permanentes. A la hija de Aroa, que tiene agenesia y autismo, le han retirado la CUME porque su enfermedad no tiene curación y porque el autismo tampoco se recoge en ese catálogo. Señora ministra, esos casos no son aislados. Estamos ante situaciones que se están convirtiendo lamentablemente en un patrón. Son las mutuas quienes gestionan y supervisan esa prestación y actúan con criterios distintos y arbitrarios. Deniegan la ayuda porque no se encuentran las enfermedades en el catálogo regulador. Ignoran informes médicos a pesar de que existen epígrafes que permiten incluir cualquier enfermedad grave, de distintas categorías, siempre que haya un informe médico o una hospitalización. Para renovar la prestación, obligan a las familias a entregar informes adicionales de especialistas una y otra vez, imposibles de conseguir en plazos de diez días, como si la gravedad de un cáncer infantil o una enfermedad rara pudiera desaparecer de un trimestre a otro; ojalá fuese así. Interpretan informes médicos de forma restrictiva e incluso, cuando las familias logran una sentencia judicial favorable, la mala praxis continúa sin sanciones. ¿El resultado cuál es? Familias que viven con miedo a perder esta ayuda. Ha desaparecido también la figura del mediador del INSS, que abordaba estos conflictos, y solo les quedan los tribunales, un proceso caro y costoso que hace que las familias queden desprotegidas durante meses. Ministra, el problema no está en la ley en sí, sino en cómo la están aplicando las mutuas. Por eso le preguntamos: qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que esta prestación se conceda de manera justa y no de forma arbitraria por las mutuas. Nada más y muchas gracias.

Gracias, presidenta.

Señora Sagastizabal, le agradezco su pregunta para que en este espacio podamos dar voz a los afectados. Además, me va a permitir explicar brevemente a la ciudadanía esta prestación creada en el año 2011 para atender situaciones de necesidad tan urgentes y vitales como son el cuidado de menores afectados por cáncer o cualquier otra enfermedad de igual o similar gravedad. En aquel momento estaba clara la necesidad de minimizar el impacto social y económico que las graves patologías producían en el seno de las familias, que hacía que sus progenitores, especialmente las mujeres, redujeran su jornada laboral para poder asumir las tareas de cuidado y atención prolongada. Déjeme que haga un paréntesis para recordar que el impacto de los cuidados familiares en el mercado de trabajo difiere enormemente entre hombres y mujeres, haciendo a las mujeres más vulnerables frente a la discriminación en el ámbito laboral. Todavía hoy las excedencias por cuidado de hijos e hijas son solicitadas por mujeres en un 87 % y en un 75 % para el cuidado de familiares.

Cuidar de manera directa, continua y permanente a un menor que está gravemente afectado está en el origen de esta prestación, la cual tiene por objeto compensar esa pérdida de ingresos que sufren las personas que tienen que reducir su jornada laboral, disminuyendo salarios y, desde luego, produciéndoles un perjuicio. Esa cuantía de la prestación que denominamos CUME viene determinada por lo que se tenga que reducir efectivamente la jornada y por las circunstancias que lleven a estas personas a hacerlo, y se gestiona, como usted ha dicho, por las mutuas colaboradoras, en coordinación con el INSS y la Seguridad Social. Esta prestación ha ido evolucionando y la hemos modificado sucesivamente para ir adaptándola a las necesidades que iban surgiendo. Por ejemplo, ampliando la cobertura a nuevos supuestos de cuidados domiciliarios y extendiendo la prestación económica hasta los 23 años, o incluso hasta los 26 años cuando se acredita un determinado grado de discapacidad. Le voy a dar un dato: desde que empezamos a gobernar en el año 2018 hasta el año pasado, hemos pasado de 84 millones de euros a 294 millones de euros, es decir, ha habido un incremento 250 % en seis años.

Hemos ido celebrando reuniones con las asociaciones de afectados y afectadas, lo que nos lleva a asumir un compromiso firme para conseguir la mejora continua en torno a más cobertura, intentar simplificar el procedimiento administrativo e introducir también a los autónomos. En este próximo mes de septiembre vamos a abrir el diálogo social para regularizar también cuotas de autónomos que estén afectados por esta prestación. De hecho, le anuncio que la próxima reunión con ASFACUME va a ser el 24 de septiembre, con el secretario de Estado de Seguridad Social… (Aplausos).