¿Por qué aún no están disponibles los índices de precios para su aplicación en las zonas tensionadas vascas?

Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, el pasado 11 de junio le realizaba una pregunta prácticamente idéntica a la que hoy le he trasladado y que tiene que ver con la publicación de los índices de precios de referencia, necesarios para topar los alquileres en las zonas tensionadas. En el marco de su contestación en ese momento, el 11 de junio, usted me decía que iban a reclamar a las haciendas forales que vayan acelerando esos trabajos técnicos, aceptada su complejidad. Transcurridos ya casi tres meses desde esa contestación a la pregunta que le realicé, hoy se lo volvemos a preguntar porque somos conscientes de la necesidad de dar pasos, hacer cosas, aprovechar todos los resortes en nuestra mano y, en definitiva, ser parte de la solución, y no del problema, sobre todo, para que la gente tenga derecho a una vivienda, para que la gente pueda tener una vivienda digna y asequible.

Por eso, le reiteramos: ¿Por qué aún no están disponibles los índices de precios para su aplicación en las zonas tensionadas?

Gracias, señora presidenta. Señor Matute, le agradezco de nuevo su pregunta, que me permite reiterar mi reconocimiento por el esfuerzo de todas las Administraciones públicas vascas, sin obviar algunas dificultades que compartíamos en aquel momento y sobre las que quiero volver también ahora, y muy especialmente por la actitud de su partido político y de su grupo en lo que tiene que ver con la regulación en materia de políticas de vivienda y con el impulso que ustedes dieron no solo a la ley, sino a su aplicación en el País Vasco, gracias también en buena medida a los ayuntamientos en los que ustedes gobiernan. Pero también quiero poner de manifiesto que el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano y que la declaración de zonas tensionadas y la aplicación de estos índices son un instrumento más pero no el único que estamos poniendo en marcha. Precisamente en estos días se está reuniendo el grupo de trabajo ―hoy mismo lo hacía con esos expertos y los organismos que están participando en él― y espero que a finales de este mes esté disponible ya este índice y que pueda ser aplicado. Del mismo modo, le confieso también mi preocupación por que en Álava y Vizcaya aún quedan pasos que dar para completar esta acción, si bien confío en estas administraciones y en las diputaciones forales para hacer lo posible. Como le decía, quiero poner en evidencia lo positivo de estas políticas, que están permitiendo bajar los precios del alquiler. Estamos viendo la evidencia: está ocurriendo en Cataluña, primera comunidad autónoma que emprendió estas medidas, con hasta casi un 9 % de descenso de los precios del alquiler. Y ahora se ha ampliado a otras comunidades autónomas, incluso algunas de ellas gobernadas por el Partido Popular, como es el caso de la comunidad gallega, a instancias de los ayuntamientos socialistas, primero, en A Coruña, y también del BNG, en Santiago. Quiero recordar hoy en esta Cámara algo que usted y yo compartimos, aunque espero que al final este consenso se produzca también en la Cámara en su conjunto y en las comunidades autónomas que tienen que aplicarlo, y es el último informe que conocimos este mismo lunes del Comité Europeo de Derechos Sociales, el organismo experto del Consejo de Europa, que pide a los Estados miembros lo que España hace, limitar los precios de alquiler, al tiempo que pide más ayuda y mayor oferta de viviendas sociales para personas en riesgo. En definitiva, coincide con el planteamiento de nuestro Gobierno y de su grupo: más vivienda, más protección y regulación e intervención para acabar con el libre mercado y garantizar el derecho. (Aplausos).

El 26 de mayo de 2023 fue la fecha en que entró en vigor la ley de vivienda. Prácticamente, va a hacer dos años y medio de esa efeméride, ¿no cree que ya ha habido tiempo suficiente para que se pudiera poner en marcha todos los resortes de la ley de vivienda? No creo que haya ningún ciudadano o ciudadana que tenga semejante tiempo para hacer frente a sus obligaciones para con la ley como el que se da a diferentes instituciones, y la gente no lo entiende. La gente no entiende que, si los municipios declaran zonas tensionadas, que es una figura que establece la ley de vivienda ―lo hacen y entienden que es porque es bueno―, a la vez no se tengan todos los recursos para hacerla efectiva. Probablemente, eso la gente no lo entiende, porque si no, no se explica que tengamos que esperar hasta el año 2026, o quizás 2027, a que Bizkaia y Araba tengan los índices de precios de referencia ―eso es lo que nos dice el propio consejero del Gobierno vasco: que quizás en 2026 o 2027―, porque hay que acumular los de varios años para poder tenerlos. ¿De qué sirve que se declaren zonas tensionadas, entonces, si estamos exonerando a los grandes tenedores, a quienes ponen la vivienda por primera vez o a quienes la han tenido durante cinco años cerrada y la vuelven a alquilar de topar los precios? ¿De qué sirve para la gente que busca una vivienda si toda esta gente queda exonerada de tener que cumplir con una obligación? Lo que hace falta es que se tomen medidas ya y que se pongan todos los recursos técnicos al alcance, porque si no, la gente acabará entendiendo que lo que falta es voluntad, no recursos.

Señor Matute, coincidiendo en la preocupación y en el problema, creo que usted y yo no discutiremos sobre la importancia de asumir que cada competencia está en manos de cada una de las Administraciones y que hemos de respetarlas, al tiempo que exigimos su puesta en marcha sin obviar que declarar zona tensionada no solamente es… (Aplausos).