Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas.

Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Cuando acabe esta legislatura ―que espero que sea tarde, y lo será― y hagamos balance de lo que aquí hemos debatido y hemos aprobado, habrá miles de folios que recojan las intervenciones de todas y de todos. Muchas de ellas serán importantes para su grupo, pero quizá poco relevantes para la ciudadanía. Otras, por el contrario, serán muy bien recibidas y necesarias para la población española, como puede ser la modificación del artículo 49 de la Constitución española que pudimos aprobar por amplio consenso de esta Cámara. Hoy venimos a hablar de inclusión, de inclusión educativa y de inclusión laboral. Permítanme que me sonroje y lo haga público, porque no salgo de mi asombro, y sé de lo que hablo. Yo no soy, señorías, ni más listo ni más inteligente que ninguno o ninguna de los presentes. No lo soy, pero menos tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque, quizá, ustedes cuando estudiaban la EGB ―porque la gran mayoría de ustedes estudiaron EGB― lo hicieron en el colegio más cercano a su casa. ¿Ustedes ven normal hoy, en el siglo XXI, que una persona como yo, que solo cojeo, estudiase la EGB en un centro de educación especial? Pues así fue. Estudié la EGB en un centro de educación especial con muchas personas con solo discapacidad física. Claro que hemos avanzado muchísimo, tanto como que la LOGSE nos incluyó en la educación ordinaria, y a partir de ahí el resto de legislación y decretos y normativas que han hecho posible que muchas personas con discapacidad hoy estén integradas en el sistema educativo nacional. (Aplausos). Permítanme que les hable ahora de inclusión laboral. Señorías, 4,4 millones de personas en nuestro país tienen discapacidad: en torno al 10 % de la población. ¿Dónde está escrito que por cada puesto de trabajo al que accede a una persona con discapacidad previamente lo hayan hecho 37 personas sin discapacidad? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que la tasa de empleo de las personas sin discapacidad en nuestro país esté en el 64 % y, sin embargo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad tan solo sea del 26 %? ¿Dónde está escrito? Como no está escrito en ningún sitio, el Grupo Parlamentario Socialista hoy trae a este Pleno una proposición de ley para escribir que es necesario trabajar y potenciar la inclusión laboral de las personas con discapacidad en nuestro país. (Aplausos). Estamos convencidos de la necesidad de apoyar esa inclusión laboral. Las personas con discapacidad son un activo real y valioso. Las personas con discapacidad, cuando acceden al mercado de trabajo ―que para ellos ha sido 37 veces más difícil acceder a ese empleo―, se aferran a él con uñas y dientes y lo mantienen y se esfuerzan para que ese empleo sea digno y duradero. Además, las personas con discapacidad aportan talento, aportan compromiso e, incluso, mejoran la cohesión laboral en las empresas.

En nuestro país tenemos más de 150 leyes y reales decretos en favor de las personas con discapacidad. Son muchos. Uno de ellos lo que viene a decir es que en la corresponsabilidad del acceso al empleo las empresas que tienen más de cincuenta trabajadores en su plantilla tienen que reservar un 2 % para personas con discapacidad; es decir, cada cincuenta personas debe haber una que tenga discapacidad. Pues bien, eso solo ocurre en las empresas de más de cincuenta trabajadores, que, por desgracia, en nuestro país son minoritarias. Las pymes son las que en mayor medida contratan a las personas en nuestro país. Por tanto, estamos hablando de que solo afecta al 1 % de las empresas, y afectando solo al 1 % todavía no se cumple esta normativa. Creemos que, para hacer cohesionar tanto el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la modificación del artículo 49 de la Constitución española, es necesario que trabajemos en un nuevo sistema general que permita una mayor incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad.

Se ha presentado a la Cámara el proyecto de ley que modifica el texto refundido de la ley general de atención a las personas con discapacidad. Pronto debatiremos sobre esto, pero hasta que llegue ese momento vamos a trabajar en esta proposición de ley que modifica tan solo una medida para que la convención y la Constitución lleven a efecto esa obligación, y para ello queremos pasar de una sanción grave, como está tipificada en estos momentos, a sanción muy grave para que, al menos en este sentido, se fuerce a esa obligación de contratación. Hasta que llegue esa situación, es necesario que trabajemos en ello porque creo que cuando como empresa tienes acceso a contratación pública o a ayudas públicas, si no cumples lo que la normativa nacional te pide, lo lógico es que no tengas acceso a esas ayudas. Por tanto, creemos que es necesario trabajar en esta línea.

Somos conscientes de que solo con endurecer las sanciones no es suficiente. Hay que fomentar entornos inclusivos, hay que fomentar la cultura empresarial inclusiva, hay que fomentar la responsabilidad social corporativa. Para ello el libro blanco que surgió en este país es un estudio científico que marca la brújula a seguir. El libro blanco recoge que hay que visibilizar a las personas con discapacidad desde un prisma de validez y que hay que cambiar el modelo del marco regulador y adaptarlo a un marco regulador del siglo XXI. Yo creo que es de justicia reconocer que la Inspección de Trabajo hace un buen trabajo en la inspección, pero es necesario incentivar en mayor grado esa inspección para el cumplimiento de la norma. Creemos que se debe incidir en el plan estratégico 2025-2027 que tiene preparado el ministerio en esa exclusión de esas ayudas a las empresas que no cumplen con la norma.

Hemos avanzado mucho en los últimos años, está claro. La propia reforma laboral ha hecho que el porcentaje de crecimiento de la contratación de personas con discapacidad sea del 6,2 %. Hemos avanzado con programas como el Programa de Ayudas Reina Letizia para la Inclusión con hasta los 5,5 millones de euros. El informe ODISMET de estadística de Fundación ONCE nos dice que en los últimos años el empleo de las personas con discapacidad ha experimentado una mejora de casi 6 puntos, llegando a incorporarse aproximadamente 550 000 personas al mercado de trabajo. La tasa de desempleo se ha reducido en 13 puntos, lo que supone un descenso del 40 % en apenas una década; el número de contratos para este colectivo se ha incrementado en un 58 %; el empleo ha subido especialmente para las personas con discapacidad entre 25 y 44 años, y la tasa de personas con discapacidad en paro de larga duración se ha reducido en 2,5 puntos desde el año 2013.

Por tanto, es cierto que estamos tocando datos importantes, pero el déficit, el desfase proporcional entre personas con discapacidad y sin discapacidad es tan alto que nos obliga a hacer mayores esfuerzos. Estos datos son, como digo, alentadores y necesarios para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.

Finalizo como empecé, hablándoles de inclusión. Lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad no solo las beneficia a ellas: cuando una empresa es capaz de configurar una plantilla cuya composición es un reflejo de la sociedad en la que se desenvuelve, esa empresa se humaniza y se engrandece. Me dirijo al mundo empresarial para animarlos a enriquecerse con todo lo que estas personas pueden aportar. Solo avanzando en inclusión lograremos garantizar los derechos de las personas con discapacidad y mejorar nuestro tejido empresarial; en definitiva, lograremos una sociedad más justa, algo a lo que todo ser humano debería aspirar.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, señorías. Buenas tardes. Hoy abordamos la toma en consideración de una proposición de ley que, más allá de la técnica legislativa, toca un asunto que debería interpelarnos en lo más profundo, la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, porque detrás de cada artículo, de cada letra añadida a una ley, hay vidas reales, hay personas que, a pesar de su preparación, su talento y su motivación, se encuentran cada día con barreras que les impiden acceder al mercado laboral, y esas barreras no son fruto de la discapacidad, sino de una sociedad que todavía no ha sabido ser plenamente inclusiva. Señorías, la proposición de ley socialista introduce algunos cambios importantes: el incumplimiento de la cuota pasa de grave a muy grave; las empresas sancionadas en firme no pueden recibir subvenciones públicas; se prevén campañas de sensibilización, y se refuerza el papel de la inspección. La iniciativa que nos presentan está bien, pero echamos de menos una mayor ambición, teniendo en cuenta que una iniciativa similar, pero mucho más ambiciosa, ya fue presentada por el Grupo Socialista en 2017. En el Grupo Vasco compartimos la finalidad. La solidaridad no puede quedarse en discursos, tiene que traducirse en oportunidades reales, y el empleo es una de las llaves principales de la inclusión. A la vista de la constatación de que la escasa cuantía de las sanciones por incumplimiento de las reservas de cuota favorece que se pueda optar por el incumplimiento y pago de la sanción como algo más liviano que el cumplimiento de la norma, parece razonable endurecer las consecuencias de dicho incumplimiento, tanto la sanción como la prohibición de recibir subvenciones públicas. Ahora bien, también queremos lanzar un mensaje claro: las sanciones por sí solas no bastan. Las sanciones pueden castigar al incumplidor, sí, pero no crean empleo por sí mismas, lo que crea empleo es la suma de exigencia y de apoyo, y de sanción y de acompañamiento. La solidaridad con las personas con discapacidad exige que la ley no se quede en multar, sino que abra caminos, incentivos para que las empresas cumplan y apuesten por la inclusión, por la formación adaptada para que las personas con discapacidad puedan acceder a puestos de calidad, por la accesibilidad universal para que los entornos laborales no sean barreras y por un acompañamiento real en el tránsito hacia el empleo ordinario. Señorías, cuando hablamos de inclusión laboral hablamos de justicia, pero también hablamos de esperanza: hablamos de una joven con discapacidad intelectual que termina un ciclo de formación profesional y quiere demostrar que puede trabajar como cualquier otra persona; hablamos de un hombre que tras un accidente de tráfico pierde la movilidad y necesita una segunda oportunidad laboral para rehacer su vida, y hablamos de mujeres con discapacidad, que, además, sufren una doble discriminación en el acceso al empleo. Para todas esas personas un contrato no es solo un contrato, es autoestima, es independencia económica y es reconocimiento social. Por eso, como sociedad, no podemos permitirnos dejar atrás a nadie. En Euskadi hemos querido que nuestro autogobierno sirva también para avanzar en esta materia. A través de Lanbide desarrollamos políticas activas de empleo adaptadas, porque sabemos que cada persona es única y cada empresa también; apostamos por itinerarios personalizados; impulsamos formación profesional adaptada en sectores donde realmente hay salida laboral; apoyamos a centros especiales de empleo, pero también favorecemos el tránsito al empleo ordinario; y trabajamos en estrecha colaboración con asociaciones y familias, que son quienes mejor conocen las necesidades reales. Esto lo podemos hacer porque tenemos competencias, porque tenemos capacidad, y por eso insistimos en que cualquier reforma estatal en esta materia debe respetar escrupulosamente las competencias autonómicas. La inclusión se construye desde la cercanía, desde el conocimiento del territorio y no desde decretos uniformes impuestos. Nuestro grupo parlamentario apoya el espíritu de esta ley, pero creemos que debe mejorarse. Por eso creemos en que la reserva de cuotas realmente contribuye a la inclusión y en que las medidas alternativas no sean un mero trámite administrativo. Creemos en la adaptación de puestos de trabajo y en la accesibilidad en las empresas en el empleo ordinario, no solo en el empleo protegido. Creemos en la proporcionalidad de las sanciones: no es lo mismo una gran empresa que una pyme con dificultades reales. Creemos en el refuerzo de incentivos positivos, bonificaciones, apoyos técnicos, reconocimiento público a quienes cumplen; en respetar y potenciar el autogobierno, porque nuestras políticas ya son un ejemplo de compromiso.

Señorías, esta proposición de ley es una oportunidad para dar un paso más en la construcción de una sociedad que no excluye, que no discrimina, que no deja a nadie al margen. Pero no olvidemos que la verdadera inclusión no se mide por el número de sanciones impuestas, sino por el número de personas con discapacidad que logran un empleo digno.

En el Grupo Vasco decimos sí al objetivo de esta reforma: sí a la solidaridad, sí a la exigencia y sí a un modelo inclusivo que combine firmeza con apoyo, sanción con incentivo y ley con humanidad. Al final, lo importante es que cada vez escuchemos más voces de personas con discapacidad diciendo: Trabajo como el resto de mis compañeros; tengo independencia, tengo futuro; soy parte de esta sociedad en igualdad de condiciones. Ese es el horizonte que nos debe guiar y en este horizonte, señorías, no hay margen para la indiferencia ni para la exclusión, solo hay espacio para la dignidad, la igualdad y la solidaridad real.

Eskerrik asko.

Presidenta, señorías, arratsalde on guztioi. Todos vamos a votar hoy a favor de proposición de ley. De la misma forma que señalamos la concordancia fundamental con la que se plantea esta proposición de ley, señalamos nuestro propósito de mejorarla de manera sustancial. Creemos que hay muchos elementos que tienen que ser objeto de mejora y creemos, además, que hay que dar una perspectiva más global, porque intentar resolver, solo con lo que viene aquí, todas las dificultades en el mundo de la discapacidad para afrontar un empleo óptimo y de calidad es tanto como pensar que se van a solucionar todos sus problemas de la noche a la mañana, y eso no es ni mucho menos cierto. En cualquier caso, lo haremos también con una exigencia clara para que se respete el autogobierno que ya tenemos y desde la voluntad y el propósito de ampliarlo todavía más hasta alcanzar un escenario de soberanía nacional plena. Como decía, nuestro voto afirmativo va a ir acompañado de una voluntad de mejora del texto, y lo adecuado sería señalar en qué elementos planteamos la mejora. Nosotros creemos que se tiene que valorar seguir manteniendo en el 2025 el porcentaje del 2 % para empresas de cincuenta o más trabajadores o si, por el contrario, podemos plantearnos aumentar ese porcentaje o incluso tener en cuenta a empresas con menos de cincuenta trabajadores. Porque la realidad del tejido industrial en Euskal Herria ―creo que no es muy diferente a la del Estado español y a la del sur de Europa― es la pérdida de peso de las grandes empresas y, por el contrario, el surgimiento de cada vez más empresas de tamaño mediano o de treinta, treinta y cinco, cuarenta trabajadores. Por tanto, creemos que hay posibilidades de hacer una lectura más ajustada a la realidad actual. Creemos también que es necesario mejorar aquello que tiene que ver con las dos posibilidades de exclusión de aplicación de este porcentaje de reserva, que en la actualidad tienen que ver con los convenios, ya sean de carácter estatal o de carácter inferior ―autonómico o provincial―, o con la voluntad del empresario, previo acuerdo con la institución, para buscar algún tipo de fórmula alternativa. Creemos que esa posibilidad de exclusión, que deja en manos del empresario la posibilidad de buscar junto con la entidad pública una alternativa, no está dando resultados, y mantenerla como un factor de exclusión puede ser una puerta abierta para que se siga manteniendo este ritmo tan lento en la incorporación de las personas con discapacidad al mundo del trabajo en condiciones de igualdad con todos y todas. Decíamos también que se pueden mejorar más cosas. Estamos de acuerdo con que las infracciones graves pasen a ser muy graves. Es verdad que no todo se arregla con más punitivismo. Es cierto que a veces podemos pecar de una voluntad punitivista para solucionar todos los problemas. Pero decir esto sin decir que estamos viviendo una realidad asimétrica o desigual no es contar toda la foto: vemos que quienes tienen más recursos son capaces de burlar la ley con más facilidad que quienes tienen menos; vemos que quienes acumulan deudas con la Hacienda pública son capaces de saltarlas porque tienen recursos para poder mantener litigios, a veces eternos, que hacen que no paguen nada, cuando un simple ciudadano tiene que pagar hasta la última peseta o el último céntimo de euro de lo que tiene. Es una visión parcial y, por tanto, ahí sí que creemos que cabe que las infracciones graves pasen a ser muy graves. Nos parece bien que no se otorguen subvenciones a aquellas empresas que no mantienen la cuota de reserva para personas con discapacidad. Nos parece correcto hablar de las campañas de sensibilización, otra cosa muy diferente es el grado de eficacia que estas puedan tener, pero no por eso habrá que dejar de hacerlas. Y nos parece también bien que los inspectores de Trabajo y Seguridad Social tengan una función importante y especial en lo que tiene que ver con velar por que se cumplan esos porcentajes de reserva.

Pero creemos ―también lo decíamos― que habría que darle un sentido más global a esta iniciativa, porque se han dado algunos datos que son ciertos y que yo no voy a rebatir, pero se pueden complementar desde la realidad. Se puede hablar de que la brecha salarial entre las personas con discapacidad es un 18,7 % mayor que entre las personas sin ningún tipo de discapacidad. Se puede hablar de que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión lleva sin bajar desde hace ya muchos años y se mantiene en porcentajes que están entre el 29 % y el 33 %, por ejemplo, en comunidades con los porcentajes más bajos de tasas de pobreza o riesgo de exclusión, como son la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Pero, aún ahí, tenemos dificultades para avanzar. Y, por tanto, es ahí donde hay que plantearse más iniciativas.

Estas iniciativas tienen que ver, por ejemplo, también con cómo abordamos los centros especiales de empleo. Está muy bien hablar de la función que pueden realizar los centros especiales de empleo o la que debieran cumplir y para la que fueron formados, pero no está tan bien ocultar que no se está consiguiendo que estos centros especiales de empleo, que no eran un fin en sí mismo, sean una pasarela para que se incorporen al mercado laboral en condiciones de igualdad, como dice el convenio internacional que ha sido citado suscrito en Nueva York. Los centros especiales de empleo se están convirtiendo en un fin en sí mismos. A los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan su función en los centros especiales de empleo no se les paga ni siquiera el equivalente al salario mínimo interprofesional, y solo lo consiguen a través de complementos, que nuevamente tienen que salir, en muchas ocasiones, si no en todas, de las arcas públicas.

También hay que hablar de la discapacidad sobrevenida, y se da cuando ya no puedes desempeñar un puesto de trabajo por algún suceso que ha podido acontecer u ocurrir en tu vida. Hay quienes tienen la tentación ―muchas veces son empresarios― de prescindir de ellos. Quizás habría que ver cómo podemos blindar también esa posibilidad para evitar despidos.

Finalizo con una cuestión. Hablaba del aspecto competencial, de la necesidad de blindar el autogobierno. La Comunidad Autónoma Vasca es la que más dinero destina a dependencia. La Comunidad Foral de Navarra destina algo menos, pero está también muy por encima de la media de lo que se destina en el Estado español. Sin embargo, todavía no hemos sido capaces de poder hablar de esta cuestión en términos diferentes a como se ha hablado aquí, porque seguimos teniendo pobreza entre las personas con discapacidad, porque seguimos teniendo desigualdad entre las personas con discapacidad y porque, en definitiva ―termino ya―, lo que dice el artículo 27 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que se ha mencionado antes y que está fechado en diciembre del 2006, es que las personas con discapacidad tienen el derecho de trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 27. En igualdad de condiciones significa también que tengan el mismo salario, la misma dignidad y el mismo reconocimiento. (Aplausos).

Gràcies, president. Bona tarda de nou, senyories. Ens trobem davant una proposició de llei que, presentant-la el PSOE, doncs bé podria haver estat un projecte de llei, però en fi, vostès sabran. En tot cas, a diferència del que passava a l’interior, com que aquesta ens interessa, obviarem la forma i anirem al fons, que és el de reforçar la inclusió laboral de les persones amb discapacitat, dotant a la norma de mesures efectives per garantir la quota de reserva d’ocupació del 2 % en el mercat de treball ordinari, concretament en les empreses amb 50 treballadors o més. Això es pretén fer bàsicament a partir de 3 mecanismes: tipificant com a molt greu el no-compliment, tallant les subvencions i contractes i impulsant la inspecció. La proposta, com a punt de partida, és prou bona, però al nostre entendre insuficient si volem garantir que la inclusió no només sigui col·locació, sinó ocupació veritable amb ajustos i accessibilitat. En altres paraules, com diuen els meus companys de la nostra sectorial de Drets per a les persones amb discapacitat, la façana ha d’estar bé, però els fonaments de l’edifici també. I és per aquest motiu que des de Junts per Catalunya creiem que és important anar més enllà de la penalització; una penalització que evidentment hi ha de ser perquè complir no és opcional. Qui incompleix, paga i no rep subvencions ni contractes, però, com els deia, ha d’anar més enllà i qui vol complir ha de tenir suports. Per això, tant important com penalitzar és acompanyar no només a les persones demandants d’ocupació, sinó també a les empreses, oferint ajuda i formació, centrant part dels esforços legislatius en assegurar que hi ha eines per a les empreses per materialitzar tots aquells components que són essencials per afavorir una millora en els resultats de la inclusió laboral. Cal que l’Administració es proposi contribuir a educar i a capacitar la societat en general i a les empreses en particular. I, per això, ha de començar donant exemple, perquè sovint ens trobem amb una administració que exigeix més a les empreses que a ella mateixa.

Així, cal prioritzar plantejaments de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, per exemple, atenent una reivindicació històrica del col·lectiu de persones amb discapacitat, que és que les dades que generi el sector públic distreguin per tipus de capacitat i que aquestes es creuin amb dades de gènere i altres variables de context. Perquè poder identificar adequadament els factors que condueixen a una major discriminació és fonamental. És fonamental recollir dades i generar informes estadístics perquè ens permetin conèixer bé el problema, perquè si no el coneixem bé, mai hi podrem posar remei. I tot això s’ha de fer sense cap invasió competencial, col·laborant amb la inspecció i el RELIC i articulant mecanismes adients per resoldre l’infrafinançament crònic que a Catalunya també pateix en matèria de treball i abordatge de la discapacitat. I un cop més, el nostre país, generant més que recursos suficients, es troba que no disposa, que no rep dels necessaris per cobrir les necessitats existents.

Acabo, doncs, anunciant que és en aquest sentit, en el sentit de tot el que ara li he exposat, que en cas de prosperar aquesta presa en consideració, presentarem una bateria llarga d’esmenes. I ho farem convençuts que les persones amb discapacitat tenen moltes valuoses habilitats, tenen moltes i valuoses habilitats per no quedar excloses del mercat laboral, com passa sovint.

Junts per Catalunya sabem que, en contractar-les, s’accedeix a un grup de talent, moltes vegades infravalorat, que enriqueix els equips humans i les organitzacions.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente, señorías. Nos encontramos ante una proposición de ley que, presentándola el Grupo Socialista, bien podría haber sido un proyecto de ley. Pero, en fin, ustedes sabrán. En todo caso, a diferencia de lo que pasaba antes, como esta nos interesa, vamos a ir al fondo y vamos a obviar la forma. Aquí el objetivo es reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, dotando a la norma de medidas efectivas para garantizar la cuota de reserva de ocupación del 2 % en el mercado laboral ordinario, concretamente en las empresas con cincuenta o más trabajadores. Y esto se pretende hacer, básicamente, a partir de tres mecanismos: tipificando como muy grave el no cumplimiento, cortando las subvenciones y contratos e impulsando la inspección. La propuesta, como punto de partida, es bastante buena. Nosotros consideramos que es insuficiente si queremos garantizar que la inclusión no solo sea colocación, sino ocupación verdadera, con ajustes y accesibilidad. Dicho de otra forma, como dicen mis compañeros de nuestra sectorial para los derechos de las personas con discapacidad, la fachada tiene que estar bien, pero los fundamentos del edificio también. Y, por este motivo, en Junts per Catalunya creemos que es importante ir más allá de la penalización. Esta penalización evidentemente tiene que estar, porque cumplir no es opcional: quien incumple paga, y no recibe subvenciones ni contratos. Pero, como les decía, tiene que ir más allá. Quien quiera cumplir debe tener apoyos. Por eso, tan importante como penalizar es acompañar, y no solo a las personas demandantes de ocupación, sino también a las empresas, ofreciendo ayuda y formación, centrando parte del esfuerzo legislativo en asegurar que haya herramientas para las empresas para materializar todos aquellos componentes esenciales para favorecer una mejora en los resultados de la inclusión laboral. Es necesario que la Administración se proponga contribuir a educar y a capacitar a la sociedad en general y a las empresas en particular. Y, por eso, tiene que empezar dando ejemplo, porque a menudo nos encontramos con una Administración que exige más a las empresas de lo que se exige a sí misma. Por lo tanto, hay que priorizar los planteamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, como, por ejemplo, atendiendo a una reivindicación histórica del colectivo de personas con discapacidad, que es que los datos que genere el sector público se desagreguen por tipo de discapacidad y que se crucen con los datos de género y otras variables de contexto. Porque poder identificar adecuadamente los factores que conducen a una mayor discriminación es fundamental. Es fundamental recoger datos y generar informes estadísticos que nos permitan conocer bien el problema, porque, si no lo conocemos bien, nunca vamos a poder ponerle remedio. Y todo eso hay que hacerlo sin ningún tipo de invasión competencial, colaborando con la inspección y el RELIC y articulando los mecanismos adecuados para resolver la infrafinanciación crónica que Cataluña sufre también en materia de ocupación y abordaje de la discapacidad. Una vez más, nuestro país, generando recursos más que suficientes, se encuentra con que no dispone y no recibe los recursos necesarios para cubrir las necesidades existentes.

Termino anunciando que, en el sentido de todo lo que he expuesto, en caso de que prospere esta toma en consideración, vamos a presentar una batería larga de enmiendas, y lo vamos a hacer convencidos de que las personas con una discapacidad tienen muchas habilidades muy valiosas que les permiten no quedar excluidas del mercado laboral, como pasa a menudo.

En Junts per Catalunya sabemos que a la hora de contratarlas se accede a un grupo de talento muchas veces infravalorado que enriquece a los equipos humanos y a las organizaciones.

Muchas gracias.

Bona tarda, president. Bona tarda a tothom. Avui parlarem d’una qüestió que ens interpel·la com a societat, el dret al treball digne de les persones amb discapacitat. És just reconèixer que la proposició de llei…

Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos. Hoy hablamos de una cuestión que nos interpela como sociedad: el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad. Es justo reconocer que la proposición de ley ―proposición de ley, sí…

… Emilio, proposición de ley, ¡ostras!, podríamos haber hecho algo más rápido y más urgente, ¿eh?, que llevan el 60 % de la democracia mandando; pero, bueno, seguimos, no está mal, mejor tarde que nunca―…

… és un pas endavant. És un pas endavant i ho celebrem. A l’Estat espanyol, des de fa 40 anys, des de fa 40 anys, les empreses de 50 o més treballadors tenen l’obligació de reservar almenys un 2 % de llocs de treball per a persones amb discapacitat. És una mesura correcta de discriminació positiva que reconeix la igualtat real que només s’assoleix amb bones… no només s’assoleix amb bones paraules, sinó que s’ha de fer amb accions i obligacions concretes. Però quin ha estat el resultat? I aquí és per això que crec que, com sempre, pequen vostès del govern de poca ambició. El resultat és que, i això ho he viscut en la meva… quan estava de responsable sindical, més del 80 % de les empreses incompleixen aquesta quota. Més del 80 % de les empreses incompleix aquesta quota i la conseqüència és dramàtica: desenes de milers de persones amb discapacitat han estat excloses d’una feina que els corresponia legalment.

I la pregunta és: Com hem arribat fins aquí? La resposta és doble, per què? Només el 80 %…, 80 % no compleixen aquesta llei. La resposta, com deia, és doble. Primer, perquè les sancions fins ara eren ridícules, ridícules, 750 i 7500 euros. Per a una gran empresa, això és el que gasten amb la màquina de cafè. És que ja ho tenen comptabilitzat. És que ja està comptabilitzat aquest tipus de multes —‌que no només passa amb això, passa en altres coses. I segon, perquè moltes empreses han preferit pagar mesures alternatives o fer donacions simbòliques en comptes de contractar directament, que seria el que toca. La quota ha estat massa sovint paper mullat. Per això valorem positivament —‌ho repeteixo— valorem positivament que la nova proposició de llei —‌preferiria que hagués sigut un reial decret llei o hagués sigut un projecte de llei— però bé, que endureixi les sancions i que l’incompliment passi a ser una infracció greu… passi de ser una infracció greu a una infracció molt greu, perquè realment és una infracció molt greu.

Però, com deia abans, peca de poca ambició i nosaltres voldrem anar una mica més enllà en la seva tramitació en forma de llei. Pensem que no n’hi ha prou, que cal revisar a l’alça el percentatge del 2 %. Ja avui en dia en alguns països europeus ja és del 6 %. Limitar de veritat l’abús de mesures alternatives. Obrir la porta a les pimes. Les empreses de 30, 40 i 45 treballadors també poden i han de contractar, amb mecanismes que calgui, persones amb discapacitat, i no per bona voluntat, sinó perquè els toca. Garantir que no es compleixi la quota amb feines precàries, sinó amb feina digna, estable i adaptada. Crear un registre públic d’empreses que compleixin i també un registre públic de les empreses que no compleixin amb aquesta norma. La gent ha de saber quin tipus d’empreses són les que van a comprar i si una empresa és solidària, doncs, ha de tenir el benefici del consumidor. Perquè quan parlem d’inclusió no parlem només de percentatges, parlem de persones, parlem de dignitat. I és important això que diré ara: Cada persona, quan una empresa incompleix… Cada persona, quan l’empresa incompleix, és una persona que es queda sense anar a treballar, que es queda sense feina, que no pot viure dignament, simplement perquè no s’ha complert la llei. Darrere d’aquests nombres, hi ha persones, hi ha històries de vida. I el que avui volem fer amb aquesta proposició de llei és que això no passi.

Per això, des d’Esquerra Republicana donem suport a aquest pas endavant, però també diem i reiterem que seguim exigint més, perquè no volem una quota que sigui sostre, volem que sigui el sòl. No volem empreses que puguin no incloure, volem empreses que tinguin les portes obertes i no per bona voluntat, sinó perquè els toca, perquè ho han de fer. Com deia una companya meva, el treball digne és la millor eina d’inclusió social. Per això no ens conformarem amb quedar-nos a mig camí. Farem el que calgui perquè aquest 2 % es converteixi en una inclusió i que s’obrin les portes de bat a bat. El treball digne és la millor eina d’inclusió, com deia abans. Però si volem que la inclusió sigui real i no només formal, no podem quedar-nos aquí, no podem transcórrer 40 anys més perquè aquesta llei es compleixi i el 80 % de les empreses la incompleixin. Així que donem un pas endavant i esperem que tot l’hemicicle, ja de manera unànime, doni suport a aquesta mesura i tramitem el més ràpidament possible, perquè cada minut que perdem és una persona que no treballa i que hauria de treballar.

Moltes gràcies.

… es un paso hacia adelante y lo celebramos. En el Estado español, desde hace cuarenta años ―cuarenta años―, las empresas de cincuenta o más trabajadores tienen la obligación de reservar como mínimo un 2 % del trabajo para personas con discapacidad. Es una medida correcta de discriminación positiva que reconoce la igualdad real, que solo se puede conseguir o no solo se consigue con buenas palabras, sino que tiene que hacerse con acciones y obligaciones concretas. Pero ¿cuál ha sido el resultado? Y por eso creo que, como siempre, pecan ustedes en el Gobierno de poca ambición. El resultado ―eso lo he vivido cuando yo era responsable sindical― es que más del 80 % de las empresas incumplen esta cuota ―más del 80 % de las empresas incumplen esta cuota―. Y la consecuencia es dramática: decenas de miles de personas con discapacidad han sido excluidas de un trabajo que les correspondía legalmente.

Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La respuesta es doble. ¿Por qué solo el 80 % no cumple con esta ley? La respuesta, como decía, es doble. Primero, porque las sanciones hasta ahora eran ridículas ―ridículas―: 750 y 7500 euros. Para una gran empresa, esto es lo que gasta en la máquina del café. Es que ya lo tienen contabilizado, es que ya está contabilizado este tipo de multa. Y no solo pasa con eso, también con otras cosas. Y segundo, porque muchas empresas han preferido pagar medidas alternativas o hacer donaciones simbólicas en lugar de contratar directamente, que es lo que tocaría. La cuota a menudo ha sido papel mojado, y por eso valoramos positivamente ―y repito, valoramos positivamente― que la nueva proposición de ley ―mejor que hubiera sido un real decreto ley o un proyecto de ley, pero bueno― endurezca esas sanciones y que el incumplimiento pase a ser una infracción grave; que, de ser una infracción grave, pase a ser a una infracción muy grave, porque es una infracción muy grave.

Y, como decía antes, peca de poca ambición. Y nosotros quisiéramos ir un poco más allá en esta ley, pensando que no es suficiente, que hay que revisar al alza ese 2 %. En algunos países europeos están ya en el 6 %. Limitar de verdad el abuso de medidas alternativas. Abrir la puerta a las pymes, a las empresas de treinta, cuarenta o cuarenta y cinco trabajadores, que también pueden y tienen que contratar a personas con discapacidad; y no por buena voluntad, sino porque les toca. Garantizar que no se cumpla esa cuota con trabajos precarios, sino que sea un trabajo digno, estable y adaptado. Crear un registro público de empresas que cumplen, y también un registro público de las empresas que no cumplen con esa norma. La gente tiene que saber qué tipo de empresas son en las que compran. Y si una empresa es solidaria, pues debe tener el beneficio del consumidor. Porque cuando hablamos de inclusión, no hablamos solo de porcentajes; hablamos de personas, de dignidad. Y es importante lo que voy a decir. Cada persona, cuando una empresa incumple, cada persona, cuando una empresa incumple, es una persona que se queda sin ir a trabajar, que se queda sin trabajo, que no puede vivir dignamente, simplemente porque no se ha cumplido con la ley. Detrás de esas cifras hay personas, historias de vida. Y lo que queremos hacer hoy con esta proposición no de ley es que esto no ocurra.

Por eso, desde Esquerra Republicana damos apoyo a este paso hacia adelante, pero también decimos y reiteramos que seguimos exigiendo más. Porque no queremos una cuota que sea el límite; queremos que sea la base. No queremos empresas que puedan no incluir; queremos empresas con las puertas abiertas. Y no por buena voluntad; porque les toca, porque tienen que hacerlo. Y, como decía una compañera mía, el trabajo digno es la mejor herramienta de inclusión social. Por eso, no nos vamos a conformar con quedarnos a medio camino; vamos a hacer lo que haga falta para que ese 2 % se convierta en una inclusión y que se abran las puertas bien abiertas. El trabajo digno es la mejor herramienta de inclusión, pero si queremos que la inclusión sea real y no solo formal no podemos quedarnos aquí, no pueden pasar cuarenta años más para que esta ley se cumpla y que el 80 % la incumpla.

Por lo tanto, demos un paso hacia delante. Esperamos que todo el hemiciclo, de forma unánime, apoye esta medida y que se aplique lo más rápidamente posible, porque con cada minuto que perdemos hay una persona que no trabaja y que debería estar trabajando.

Gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Todas las personas necesitamos apoyo y ayuda de forma estructural o de forma puntual; todas. En una sociedad democrática e inclusiva no se deja a nadie en los márgenes ni tampoco nadie llega solo a ningún lado. Nadie crece, estudia, trabaja, cuida, aprende o envejece sin redes y, por lo tanto, sin lo colectivo. Cuando hablamos de redes, pensamos habitualmente en amigos, en familia, en el barrio o hasta en el trabajo ―hay quien piensa en herencias, por supuesto―, pero solemos olvidar a las Administraciones y a lo público: la escuela, sin ir más lejos, el urbanismo, los ayuntamientos o, por supuesto, el Estado. Nosotras defendemos que el Estado debe ser protector, con objetivos claros, a favor de la igualdad y de la erradicación de las discriminaciones y, por supuesto, de la desigualdad. Los principios de inclusión y de garantía de derechos que emanan de esta proposición de ley sin duda van en la línea de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que fue un antes y un después. La inclusión ya no es una opinión política, ni siquiera una opción, sino que es una obligación jurídica, y eso es un cambio muy importante, y lo es en todos los campos, evidentemente también en el del trabajo, que es uno de los más importantes. Sin trabajo no hay autonomía ni participación plena ni acceso a no pocos derechos, señorías. La inclusión laboral es un derecho y, por lo tanto, las políticas públicas deben garantizarlo. Esta propuesta de ley reafirma lo que ya está en nuestro ordenamiento: la cuota del 2 % en empresas de cincuenta trabajadores o más. Lo hace endureciendo sanciones por incumplimiento de la cuota y cerrando puertas traseras, lo cual es positivo. El cómputo debe ser real, en eso estamos completamente de acuerdo, y nos propone, por lo tanto, más herramientas para garantizar su cumplimiento. Las compartimos y además creemos ―eso sí― que deben situarse en un enfoque amplio e integral, como lo hace la reforma de discapacidad y dependencia que aprobamos el 15 de julio en Consejo de Ministros. La inclusión no la vamos a garantizar ―creo que esto lo sabemos todos y todas― solo con la sanción, sino que debemos generar las condiciones efectivas para que la inserción, la inclusión y también la igualdad sean una realidad; claridad en el régimen sancionador, severidad frente al abuso, seguridad jurídica y, además, transformación fundamental del modelo. El incumplimiento debe dejar de ser ―además, creo que esto es fundamental porque nos hemos acostumbrado a ello― noticia, señorías; por ello, este Gobierno, y en concreto el Ministerio de Derechos Sociales, está impulsando una reforma legislativa integral en materia de discapacidad y de dependencia orientada a transformar el sistema actual, quizás más pensado en términos asistencialistas, para avanzar hacia un modelo centrado más bien en la persona, en sus derechos y en la autonomía, que es un concepto que vamos a escuchar mucho en los tiempos venideros. En lo laboral, esta reforma también introduce medidas estructurales importantes, como, por ejemplo, en primer lugar, la compatibilidad legal entre el empleo y las prestaciones para que trabajar no implique, al fin y al cabo, que pierdan una prestación o una ayuda que les corresponde. En segundo lugar, introduce el reconocimiento de las cuidadoras no profesionales como colectivo prioritario en las políticas activas de empleo, con acceso, por lo tanto, a formación y a protección social.

Es fundamental esta medida, especialmente para las mujeres y muy concretamente para las mujeres migrantes, que son quienes mayoritariamente ocupan estos empleos.

En tercer lugar, trata de garantizar la calidad del empleo vinculado a los cuidados. Saben ustedes que no es precisamente la decencia y los mejores salarios los que ahora mismo priman en este sector. Además, introduce un programa, en este caso estatal, de promoción a la accesibilidad dirigido a sufragar las intervenciones en los entornos y servicios públicos, que aseguren la inclusión y el ejercicio de derechos y libertades de las personas con discapacidad. Es decir ―para que lo entienda todo el mundo―, un fondo estatal de accesibilidad para adaptar los entornos tanto laborales como educativos y, por supuesto, en el ámbito del transporte.

Fíjense que en su disposición quinta, ya se prevé una reforma en el sentido de esta proposición de ley que hoy nos traen, por lo que damos por hecho que vamos a poder trabajarlas de forma conjunta en la ponencia que corresponde. Asimismo, contamos con agentes importantes, como el CERMI, y, por supuesto, con la ayuda de todos los grupos parlamentarios, pues, por lo que hemos podido escuchar, hay muchas enmiendas, con mucho sentido común además, que ya se han expresado o desbrozado un poco en esta tribuna.

Dicho esto, la inclusión no es una cifra ―creo que lo saben ustedes―, ni tampoco es una fotografía inmutable, es un objetivo contrastable y además medible donde las barreras que se pueden observar e identificar deben ser derribadas con accesibilidad ―es fundamental―, organización del tiempo, formación y, por supuesto, recursos. El desarrollo de esta norma debe combinar garantías con apoyo, documentar al fin y al cabo las adaptaciones cuando proceda y verificarlas de forma rápida ―insisto, rápida―. Claro que estamos a favor de la burocracia en términos de garantía, pero esta no puede ser un impedimento, debe ser rápida y entender a qué se juega aquí; al fin y al cabo, es la diferencia entre anunciar o cumplir ―esto también es fundamental―.

En resumen, esta propuesta va en la dirección correcta, pero debe articularse dentro de una transformación profunda del sistema, que respete, por supuesto, las diferentes competencias autonómicas. El nuevo modelo de inclusión debe basarse en derechos, en estructuras que garanticen su ejercicio efectivo ―y no nos vamos a cansar de repetir esto: ejercicio efectivo― y en la autonomía personal. En democracia no podemos dejar de hablar de igualdad, pues una cosa va ligada con la otra, por lo tanto, el trabajo no puede ser la excepción que existe especialmente para las personas con discapacidad.

El mercado no se va a autorregular solo, señorías ―es el ‘capitalismo amiguis’―, por lo tanto, debe ser lo público, el Estado y las diferentes Administraciones los que organicen y establezcan las obligaciones para nivelar la situación actual y, al fin y al cabo, el terreno de juego.

Lo que se persigue aquí es la igualdad ―insisto― de todos los trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, esto va en la dirección correcta y va a contar con nuestro apoyo.

Nada más. Muchas gracias. Vamos hacia el camino de la inclusión real. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Esta proposición de ley del Grupo Socialista ―sabrán ustedes por qué no es un proyecto de ley― trata de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y hay que decirlo sin rodeos: no estamos ante una cuestión retórica, sino ante una necesidad social. Esta norma se presenta con apariencia de bondad, pero en realidad es un ejemplo de lo que tantas veces ocurre, especialmente con la izquierda: bajo el pretexto de hacer el bien, se promueven medidas que generan el efecto contrario. En primer lugar, no basta con sancionar, y mucho menos con sancionar más. La propuesta del Grupo Socialista refuerza la vía de las sanciones, endurece el papel de la Inspección de Trabajo y convierte a las empresas en sospechosas por defecto. Pero la realidad es muy distinta: según datos oficiales, de cada cien inspecciones, solo seis terminan en sanciones. La inmensa mayoría de las empresas cumplen. El problema no es la falta de sanciones, sino la falta de estímulos y apoyos reales. (Aplausos). Pensemos, por ejemplo, en la llamada brecha maternal. Todos sabemos que muchas mujeres embarazadas ocultan su estado en una entrevista de trabajo por miedo a no ser contratadas. ¿Eso se arregla con sanciones? No. Se arregla facilitando que la sustitución sea sencilla y asumible, que la madre tenga asegurado su regreso, y que contratarla sea una decisión natural, un incentivo, no un riesgo. Con la discapacidad ocurre lo mismo: castigar más no integra más; lo que integra es incentivar a la empresa y acompañar al trabajador de modo que esa contratación sea viable, sea estable y sea digna. (Aplausos).

En segundo lugar, la integración debe ser real, no un porcentaje vacío, en este caso, el 2 % de reserva. (Aplausos). ¿Por qué no el 3, el 4, el 5 o el 1? ¿Por qué? Lo que reclaman las asociaciones, empresas y lo que exige el sentido común es que el sistema no pueda reducirse, sin más, a cumplir un número en la plantilla, porque eso, en demasiadas ocasiones, se convierte en un juego perverso. Contratar a una persona con discapacidad que apenas encaja en el puesto, mantenerla solo para cumplir el expediente ―en muchos casos queda relegada a un papel meramente decorativo— o incluso sustituirla en cuanto surgen dificultades no integra, solo genera frustración y desconfianza. (Aplausos). La verdadera inclusión exige otras cosas, como un diagnóstico adecuado del puesto de trabajo, una evaluación de capacidades, un plan de acompañamiento y formación y un seguimiento real. Son muchas las empresas que trabajan con personas con discapacidad y que triunfan con ese trabajo. El objetivo no puede ser un porcentaje mecánico o a ciegas, sino la transición al empleo ordinario ―se ha dicho―; que deje de ser algo excepcional y se convierta en algo normalizado ―también se ha dicho―; y que la persona con discapacidad no sea vista como una cuota que cumplir, como una carga, sino como un trabajador integrado en igualdad de condiciones. (Aplausos). Y para eso hacen falta incentivos: formación, apoyos adaptados a cada empresa y proporcionalidad, pues no se puede exigir lo mismo a una pyme de cincuenta empleados que a una multinacional con miles de recursos.

En tercer lugar, está el uso irresponsable de los recursos públicos. El Gobierno dice que faltan medios. No es cierto. Con este Gobierno hemos visto el récord de recaudación de la historia. El problema no es la falta de recursos, sino el despilfarro sistemático. El dinero de todos los españoles, incluidos los fondos europeos, se desvía a propaganda, a duplicidades administrativas, a chiringuitos ideológicos y, sobre todo, al mantenimiento de la inmigración ilegal. Mientras tanto, lo que sí cambia vidas, lo que interesa a los españoles ―por ejemplo, apoyar la verdadera integración laboral de las personas con discapacidad― queda en segundo plano. Esa es la verdadera inmoralidad del sistema.

La misión de las empresas es generar riqueza, no convertirse en una ONG. Pero cuando se las obliga a cumplir con una función social, el Estado tiene el deber de facilitar esa tarea, de acompañar y no perseguir. (Aplausos). Nuestra propuesta es clara: pasar del castigo al estímulo; sustituir la amenaza por el acompañamiento; que la Inspección de Trabajo no sea solo una máquina de sancionar, sino también, y, sobre todo, de orientar; que se premie al que cumple, no se machaque al que falla; y, especialmente, centrar los recursos en lo que funciona: diagnóstico de puestos y ajustes de capacidades, seguimiento laboral y tutorización, proporcionalidad en las exigencias según el tamaño de la empresa, facilitar la transición del empleo protegido al empleo ordinario. Ese es el camino que da resultados, lo demás es propaganda bajo el disfraz del bien común, imponen sanciones, controles y burocracia. Aparentan sensibilidad, pero imponen castigo; hablan de inclusión, pero promueven persecución. Es la receta de siempre: leyes aparentemente buenas y bonitas, sin gestión eficaz.

No hablamos de cifras sin alma, también se ha dicho; hablamos de compatriotas, de vecinos, de familias. Son personas con discapacidades muy distintas: unas más visibles, otras menos; unas que requieren mayor adaptación, otras que solo necesitan acompañamiento discreto; pero todas igualmente dignas. Se trata de personas con otras capacidades que, en muchos casos, son más valiosas que las del común. El objetivo no puede ser tratarlas en masa y como tal, sino reconocerlas personalmente en aquello que las hace distintas e irrepetibles. La iniciativa del Grupo Socialista se queda en una mera reforma sancionadora. No fomenta ni apoya la verdadera incorporación de trabajadores con discapacidad en nuestras empresas. En definitiva, el Grupo Socialista vuelve a abrazar aquel espíritu galdosiano, aquel despotismo ilustrado que es el peor de los despotismos, porque pretende imponerse con la máscara del bien. El despotismo burocrático que viste de bondad lo que en realidad es imposición ya no engaña a nadie. Todos los grupos han dicho lo mismo, todos, pero son comparsas del déspota sin más. Los españoles están cansados de esta farsa y lo saben, lo saben todos ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero dar la bienvenida a los representantes del CERMI y, sobre todo, las gracias por la gran labor que realizan para mejorar la vida de los más de 4 millones de personas con discapacidad y de sus familias.

Hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, que pretende reforzar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero solo endureciendo las sanciones a las empresas incumplidoras, sin crear nuevos programas de inclusión laboral ni incentivar la formación ni reforzar el empleo con apoyo; tampoco contempla mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto sobre la calidad del empleo. En resumen, esta proposición de ley apuesta únicamente por reforzar el castigo al incumplimiento de las empresas, sin abordar las barreras estructurales que impiden a muchas personas con discapacidad acceder y mantenerse en un empleo digno.

En el Grupo Popular creemos firmemente que la inclusión laboral no es una opción política, sino un mandato constitucional y un derecho humano recogido en el artículo 49 de nuestra Constitución, reformado el pasado año con el apoyo de mi partido. Además, permítanme recordarles que fue un Gobierno del Partido Popular el que aprobó el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que las empresas de más de cincuenta trabajadores están obligadas a que el 2 % de sus empleados sean personas con discapacidad. (Aplausos). Me enorgullece mucho que fuera mi partido el que aprobara esta medida, que ha posibilitado que muchas personas con discapacidad hayan tenido la oportunidad de demostrar su valía, participar en la sociedad, ser independientes y contribuir al bien común. Sin empleo no hay ciudadanía plena, sin empleo no pueden llegar a incluirse en la sociedad, y negar este derecho es condenar a miles de personas a la dependencia y a la invisibilidad.

Ahora bien, señorías, a nuestro modo de ver, endurecer sanciones no es la solución al problema de la baja empleabilidad. De hecho, si nos limitamos a subir las multas, corremos el riesgo de crear una cultura del miedo en las empresas, en lugar de incentivar la contratación, que es lo que entendemos que se pretende. El cumplimiento de la cuota del 2 % debe ser el suelo, nunca el techo. Necesitamos incentivos con medidas positivas que hagan ver a las empresas que la inclusión no es una carga, sino una oportunidad. Porque el 99 % de nuestras empresas son pequeñas y medianas, y a muchas de ellas, aunque no tienen la obligación de contratar personas con discapacidad porque no llegan a los cincuenta trabajadores, sí les gustaría poder sumarse a esta opción, pero carecen de medios para adaptar puestos o contratar perfiles específicos. Si la ley solo aprieta con sanciones, se convertirá en un muro para muchas empresas. Por eso, en el Grupo Popular consideramos que es fundamental llevar a cabo programas de apoyo técnico y financiero, asesoramiento para adaptar puestos y más ayudas directas. La inclusión no puede ser patrimonio de las grandes multinacionales, debe llegar también a la panadería del barrio, a la pyme tecnológica o a la empresa familiar.

Otro riesgo de esta proposición de ley es confundir cuota con inclusión. No basta con alcanzar el 2 % en una hoja de Excel, necesitamos empleos estables, con derechos, adaptados al perfil de cada persona con discapacidad y con posibilidades de promoción profesional. Si no lo hacemos así, veremos rotaciones forzadas, contratos precarios o figuras simbólicas que solo sirven para cumplir el cupo. Señorías, lo que pedimos no es cumplir cuotas de papel, sino garantizar empleos dignos y de calidad para personas que les aseguro que son muy valiosas. (Aplausos).

La proposición menciona campañas de inspección de trabajo, pero se queda corta. La ciudadanía y este Parlamento tienen derecho a saber si una ley funciona o no funciona, por eso consideramos fundamental que cada año el Gobierno presente al Congreso de los Diputados un informe público con el grado de cumplimiento, con los sectores que más incumplen, con los resultados de las campañas inspectoras, para corregir lo que no está dando frutos, porque una política sin evaluación es una política inútil. Además, señorías, la inclusión no se decreta desde arriba, se construye desde abajo, con la experiencia y labor de quienes llevan décadas trabajando en ello, como el CERMI y las entidades que lo forman, que son un modelo en la integración de las personas con discapacidad. La Administración debe contar con ellas, institucionalizar su participación en campañas de sensibilización, en la formación, en la supervisión de la norma, porque nadie mejor que las propias personas con discapacidad saben cuáles son las barreras y cómo destruirlas. Y la formación es fundamental, porque sin formación la inclusión es una quimera. No podemos exigir a las empresas que contraten si no preparamos a las personas para los empleos del presente, pero también para los del futuro. Por ello, necesitamos un plan nacional de formación y reciclaje específico para personas con discapacidad en sectores estratégicos, como la digitalización, la transición energética o los cuidados. Invertir en la capacitación de este colectivo es invertir en el futuro del país y es la manera más eficaz de que la cuota del 2 % se cumpla, no por obligación, sino porque hay talento disponible y formado. Las personas con discapacidad tienen una discapacidad y muchas capacidades, y ahí es donde tenemos que poner el foco.

Señorías, la inclusión laboral de las personas con discapacidad no es solo justicia social, que lo es, es también modernización y competitividad. Numerosos estudios muestran que las empresas que cuentan con trabajadores con discapacidad son más productivas, más innovadoras y más resilientes. Incluir a personas con discapacidad no solo las beneficia a ellas, sino que beneficia al conjunto de la sociedad, a la economía y a nuestro país.

Termino, señor presidente. No se trata de favorecer a un colectivo vulnerable, se trata de no dejar que el talento se desperdicie, se trata de cumplir con nuestra Constitución y de construir un mercado laboral abierto, inclusivo y justo. Creemos que es necesario mejorar el texto de esta proposición de ley, porque no podemos quedarnos solo en el castigo.

Termino, presidente. Todos sabemos que el castigo por sí solo no funciona, solo funciona cuando va acompañado de estrategias que promuevan el cambio y refuercen otro tipo de conductas alternativas. De lo que debemos hablar hoy y siempre no es solo de sanciones o de cuotas, sino de personas, de vidas, de dignidad y de derechos. Muchas gracias. (Aplausos).