Proposición de Ley relativa a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales (Orgánica).

Gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición de ley para la defensa y garantía de aquellos principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho que han de imperar en el sistema educativo. Lo hacemos pensando siempre en la protección del más débil, de quien más lo necesita, de quien no debe verse discriminado ni limitado por fundamentalismos ideológicos conducentes al recorte de sus libertades y, por tanto, de sus potenciales capacidades. Por eso, en primer lugar defendemos la libertad; defendemos la libertad de todas las familias, que tienen el derecho constitucional a elegir la educación, el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, sea en un centro público, un centro concertado, un centro privado, un centro ordinario o un centro de educación especial. También, defendemos a las familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad, especialmente a estas familias. Entre ayer y hoy algo más de ocho millones de alumnos han comenzado sus clases; de todos ellos, cerca de 290 000 alumnos presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave. Es una cifra importante, señorías; aproximadamente el 15 % cursa educación especial específica, el resto está escolarizado en centros ordinarios. A la inmensa mayoría de las familias que ayer y hoy han acompañado a sus hijos al colegio les preocupa lo mismo: que su hijo reciba la mejor educación, que se encuentre bien, que tenga un entorno amigable; les preocupa haber acertado en la elección del centro si es la primera vez que acuden a él. Son los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, quienes sufren los desvelos ante las lógicas dudas de haber hecho la mejor elección. Si a esto se suma la existencia de algún tipo de discapacidad en el alumno, la inquietud se multiplica hasta el infinito, se lo puedo asegurar. Por eso, es deber de los poderes públicos facilitar el acierto en esta elección no mediante la imposición, sino asegurando la construcción de una oferta plural, diversa, al alcance de todas las familias, que se ajuste a lo que esperan todas y cada una de ellas de la educación de sus hijos. Por eso, señorías, no dejan de sorprendernos determinadas cuestiones presentes todavía en el ámbito legislativo. Señorías, ¿cómo es posible tolerar una ley que solo tiene en cuenta la opinión de las familias siempre que esta se ajuste a lo que dice la Administración? Te escucho, solamente si eliges el modelo educativo que yo te impongo; si no, te ignoro. Eso es lo que dice la ley. (Aplausos). ¿Cómo es posible, señorías, que una de las decisiones que más influirá en el presente y en el futuro de nuestros hijos la tenga que tomar el Estado y no la tomemos nosotros, los padres? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se estén usurpando nuestros derechos constitucionales, señorías?

La imposición de un modelo monolítico, sin alternativas, no solo atenta contra la libertad, señorías, atenta contra la igualdad de oportunidades que los alumnos con discapacidad, como ciudadanos de pleno derecho, han de tener; atenta contra su desarrollo personal e intelectual; atenta contra su presente, pero, sobre todo, atenta contra su futuro. (Aplausos). La defensa de la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con independencia de dónde vivan, del colegio al que acudan y de los intereses y las aptitudes que tengan no es algo baladí, es un principio fundamental. Los alumnos con algún tipo de necesidad educativa especial, que ayer iniciaron sus clases, son únicos. Cada uno de nosotros somos únicos. Somos diferentes, nuestras capacidades son diferentes; también las suyas, señorías. Nuestras fortalezas son diferentes y también lo son nuestras debilidades, ¿por qué se empeñan en no reconocer esa diversidad? ¿Por qué imponer la uniformidad? O, peor, ¿por qué discriminar a quien la defiende, a quien se niega a plegarse a lo que es políticamente correcto? Señorías, un sistema educativo que pretende hacer de la equidad una de sus fortalezas no puede imponer a cada alumno lo mismo; un sistema educativo de la máxima calidad debe ofrecer a cada alumno lo que necesite para desarrollar sus máximas capacidades, su indiscutible potencial, y eso vale para todos los alumnos, tengan o no tengan discapacidad. Porque tampoco existe uniformidad entre los alumnos con necesidades educativas especiales. Las necesidades de un alumno con TEA, con trastorno del espectro autista, no son las mismas que las de un alumno con una discapacidad física o sensorial. Los apoyos y el sistema de aprendizaje que precisa un alumno con síndrome de Down no son los mismos que los de aquel alumno que tiene una necesidad derivada de su tipo de actitud o de su comportamiento. No precisan las mismas actuaciones alumnos que son grandes dependientes que aquellos que tienen amplia autonomía personal, aun teniendo algún tipo de discapacidad. La simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales a centros ordinarios no puede considerarse inclusión, lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional.

Pero hablemos también de la convención. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008 y a la que algunas de sus señorías aluden constantemente, señala en su artículo 24: «Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación». En esto creo que podemos estar todos totalmente de acuerdo; lo reconoce nuestra Constitución. «Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades ―ninguna objeción, señorías―, los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida…» Sistema inclusivo y enseñanza a lo largo de toda la vida. ¿Qué es un sistema inclusivo, señorías? Un sistema inclusivo es aquel que no permite que ningún alumno con discapacidad quede atrás; un sistema inclusivo es aquel que hace de la atención personalizada a cada alumno el eje vertebrador de la acción educativa; un sistema inclusivo es aquel que reconoce las particularidades físicas e intelectuales de aquel que presenta una necesidad educativa especial y que, junto a la acción formativa, añade todos los elementos necesarios para asegurar la autonomía personal del alumno, su capacidad de comunicarse, de relacionarse, de integrarse en el día a día de la sociedad; de disfrutar, señorías, sí, de disfrutar de su entorno, de sus amigos, sin que nadie lo señale o, peor, sin ser el instrumento para lavar la conciencia de aquellos que entienden la inclusión únicamente sentando a nuestros hijos en un aula ordinaria. (Aplausos).

Señorías, nadie está haciendo más por la verdadera inclusión, por la verdadera integración de las personas con discapacidad que aquellos centros con experiencia, aquellos que comenzaron el trabajo hace décadas, cuando en nuestro país ni siquiera se planteaba la integración ordinaria de las personas con discapacidad. Y ahí estaban esos centros de educación especial; esos centros y esos profesionales especializados, algunos imparten las clases en estos centros de educación especial; otros, en aulas de educación especial o especializada en centros ordinarios; otros están sirviendo de apoyo en esos centros ordinarios. Quiero, desde aquí, trasladar el más profundo agradecimiento de este grupo, del Grupo Parlamentario Popular, a su impagable labor. (Aplausos). Curiosamente, señorías, es precisamente a estos centros a los que esta ley persigue, los centros a los que la disposición adicional cuarta, todavía hoy vigente, ha puesto fecha de caducidad. Porque por mucho que llamen a la tranquilidad, la hemeroteca no miente, señorías. Quizá sería bueno recordar las palabras de la autora de la ley, la entonces ministra Celaá: El objetivo del Gobierno es impulsar el proceso de transformación de los centros de educación especial para convertirlos en centros sectoriales de apoyo a la inclusión, que brinden el asesoramiento y la ayuda necesaria para que el alumnado que actualmente está escolarizado en estos centros específicos pueda incorporarse progresivamente a los centros ordinarios. Creo, señorías, que no hay duda alguna sobre la claridad de sus palabras.

Señorías, la tramitación, en su día, de los preceptos que esta proposición de ley pretende modificar no fue especialmente pacífica, ustedes lo saben. No lo es hoy día, a pesar de los enormes esfuerzos de la actual ministra por dejar adormecido cualquier tipo de debate que destape la incapacidad de este Gobierno para abordar esta cuestión; no lo fueron tampoco las deliberaciones del Tribunal Constitucional: cuatro votos particulares ―cuatro, señorías― y dos ponencias diferentes. El Tribunal Constitucional en su sentencia fue claro: La inclusión requiere de la realización en los centros de los ajustes necesarios que garanticen a esos alumnos un entorno en el que se asegure que la relación con los demás será positiva y contribuirá a la integración de aquellos en la sociedad en la medida de lo posible. Fundamento jurídico 4. Voto particular a la sentencia: Atender la escolarización de estos alumnos no puede reducirse, como prevé el artículo 74.4, párrafo segundo, de la LOMLOE, a la posibilidad de reducir la relación numérica entre profesorado y alumnos, sino que implica una serie de medidas de todo tipo que pueden representar un alto coste económico. ¿Estamos dispuestos? ¿Está el Gobierno dispuesto a asumir esa realidad?

Señorías, esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de la Cámara no pretende juzgar ni pretende imponer qué modelo deben elegir aquellas familias cuyos hijos tienen alguna discapacidad, lo que sí pretende es que seamos capaces de garantizar los mismos derechos y las mismas oportunidades a esos alumnos desde las edades más tempranas, que no sea el Gobierno quien impulse un modelo en detrimento de otro o, peor, que no sea el Gobierno quien discrimine a algunos alumnos por el simple hecho de elegir el modelo de educación especial frente al ordinario. Y esa discriminación existe, señorías. Hablaba el artículo 24 de la convención de la formación de estos alumnos a lo largo de toda la vida. Difícilmente se podrá dar esa formación si limitamos su permanencia en los centros de educación especial hasta los 21 años. Algunas administraciones educativas lo han entendido y ya han optado por ampliar esa permanencia: Madrid, Galicia, Castilla y León, Valencia, Canarias… ¿Por qué no trasladar al proyecto de ley lo que ya es una realidad? ¿Por qué esos alumnos con necesidades educativas especiales que optan por la educación ordinaria, con todos los ajustes curriculares, pueden optar a la obtención del título de ESO y los alumnos que optan por la educación especial no pueden hacerlo, señorías? ¿No están siendo discriminados? ¿Por qué en muchos casos no pueden pasar de un certificado que acredita su escolaridad? ¿Por qué, por cierto, impedir que ese alumno, con una mayor flexibilidad, pueda alcanzar no solo competencias profesionales para el acceso al mercado laboral, sino también titular? ¿Saben por qué, señorías? Porque ustedes, señorías del grupo que sostiene al Gobierno, siguen teniendo un concepto asistencial de la educación especial, se niegan a reconocer su carácter educativo con todo lo que ello implica.

Finalizo, señora presidenta. Señorías, la España de la igualdad de oportunidades que consagró la Constitución del 78 no puede permanecer ajena ni a la vulneración de sus derechos ni a la discriminación de cualquiera de sus ciudadanos. No basta con modificar el artículo 49, señorías, hay que ir mucho más allá. Aun por encima de proteger, nuestro deber es construir. De hecho, es construir un sistema justo, un sistema ambicioso, un sistema especial que dé oportunidades a todas las personas para hacerlas más libres y autónomas. Esa es nuestra responsabilidad y en eso seguiremos trabajando desde el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, muy buenas tardes. Para Unión del Pueblo Navarro la educación está basada en tres principios esenciales: libertad, calidad y equidad, fundamentos que, al menos desde nuestro punto de vista, la LOMLOE no respeta. La realidad de la ley Celaá es que nació muerta, que tiene fecha de caducidad; nació sin acuerdo, sin consensos, ni siquiera de la propia comunidad educativa, y, por lo tanto, cuando acabe este Gobierno

―que más pronto que tarde lo hará― se derogará la ley y entraremos en esa espiral disparatada de que cada Gobierno quiere implantar su propia ley educativa. No se busca en ningún caso el acuerdo y el entendimiento, y mucho menos el consenso en un pacto de Estado respecto al tema de la educación, algo que sería esencial para no cambiar de legislación educativa en función del Gobierno de turno. Por otro lado, es evidente, señorías, que la tramitación de la ley Celaá fue un auténtico bochorno, y de manera especial en el Senado, donde se presentaron más de mil enmiendas, señorías, más de mil enmiendas que prácticamente fueron despreciadas por el Gobierno. Y así nos ha ido.

Señorías, para Unión del Pueblo Navarro hablar de libertad conlleva reconocer y amparar el derecho constitucional que tienen las familias a la hora de elegir el centro educativo, a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos, también, por supuesto que sí, en los centros de educación especial, y siempre, evidentemente, priorizando el interés del menor. La atención a la diversidad es algo esencial, fundamental en el sistema educativo, y en algunos casos concretos, algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Foral de Navarra, en su día, dimos ejemplo de esta atención a la diversidad. Las referencias que se hacen a la educación especial en la LOMLOE, y de manera particular en su disposición adicional, fueron totalmente inoportunas. No se quiso reconocer la realidad de los centros de educación especial ni tampoco el criterio de las familias, del profesorado, de la comunidad educativa, ni siquiera de los expertos.

Señorías, a la hora de planificar el sistema educativo y a la hora de garantizar la escolarización de los alumnos las Administraciones públicas deben tener muy presentes las necesidades de cada uno de ellos. La disposición legal fue totalmente improvisada y por motivos ajenos a la que era y es la realidad de los centros educativos de educación especial y la realidad de las demandas que se plantean por parte de las familias y de los profesionales. Inclusión sí, pero de la manera más adecuada y, sobre todo, no despreciando a aquellos centros de educación especial que siguen realizando una brillante, una magnífica labor, y no solamente ellos, sino también sus profesionales.

Señorías, en la disposición adicional cuarta de la LOMLOE se hacía una planificación y también se recogían unas necesidades presupuestarias, pero se daba un plazo de diez años para su implantación. Han transcurrido cinco y ¿qué se ha hecho? Poco o nada por parte del Gobierno de España, del ministerio, y de muchas comunidades autónomas. Por lo tanto, una vez más, hoy debemos reconocer, y desde Unión del Pueblo Navarro lo hacemos, la brillante labor que representan y realizan en la educación, sobre todo en los más vulnerables, los centros y los profesionales de la educación especial de nuestro país.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, comenzamos un nuevo curso político y el Partido Popular desempolva los viejos bulos sobre la ley de educación, a la espera ―suponemos― de ideas mejores. En esta ocasión, el Grupo Popular vuelve a la carga con el mantra de que la LOMLOE supone el desmantelamiento y el cierre de los centros de educación especial, una mentira que ya propagaron hace cinco años, cuando aprobamos esta ley, y que, como toda mentira, ni se ha cumplido ni se va a cumplir. Y no se va a cumplir, señora Moneo, porque la ley de educación vigente no dice lo que ustedes dicen que dice, por mucho que retuerzan el artículo 74 o su disposición adicional cuarta. Lo que dice la LOMLOE es, sencillamente, que las autoridades deben velar por que se escolarice el alumnado en la modalidad más adecuada a sus necesidades, sea ordinaria o especial, y que para ello hay que destinar los recursos públicos suficientes. En este esquema no desaparecen los centros de educación especial, sino que la disposición adicional cuarta dice que los centros especiales seguirán atendiendo a aquellos alumnos que sí lo necesiten y que además serán centros de apoyo de la educación ordinaria. ¿Y por qué dice esto la ley de educación? Porque nuestro sistema educativo, como señalan todos los informes técnicos, tiene un grave problema de segregación; segregación de clases sociales por el peso de la educación concertada, pero también segregación hacia los alumnos con necesidades educativas especiales. Y si uno ve la serie histórica, esa segregación, también de la educación especial, solamente ha aumentado. Por eso, en 2018, Naciones Unidas emitió un comunicado muy duro contra España cuando gobernaban ustedes por el envío sistemático de alumnos a los centros de educación especial. Estamos hablando de alumnos que podrían estar perfectamente escolarizados en un centro ordinario si se invirtiera en educación pública lo que la educación pública necesita. (Aplausos).

El Partido Popular siempre se escuda en la libertad de elección de las familias, pero la realidad es que hay muchas familias que no tienen reconocido su derecho a enviar a un hijo o a una hija con discapacidad leve o moderada a un centro público, y no lo pueden hacer sencillamente porque no se está invirtiendo y no se están preparando para ello. Ustedes tienen que hacer muchos aspavientos con la libertad de elección de las familias y repetir las mentiras de que se van a cerrar los centros de educación especial para disimular lo que es evidente: que no están dispuestos a invertir más dinero público en la educación pública para hacerla realmente inclusiva.

Pero miren, señorías, esta proposición del Grupo Popular al final es una anécdota que no va a salir. Lo que a Podemos nos parece realmente preocupante es que, cinco años después de la aprobación de la LOMLOE, los de la escolarización de alumnos en centros especiales no solo no han disminuido, sino que están aumentando. Y ya se lo hemos dicho muchas veces a este Gobierno: la LOMLOE no se está cumpliendo. No la cumplen, por supuesto, las comunidades del Partido Popular, pero tampoco se hacen las inversiones que propugna esta ley, por ejemplo, para adaptar los centros ordinarios y hacerlos realmente inclusivos. Y esto también es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio de Educación.

Por último, quiero terminar esta intervención manifestando todo nuestro apoyo a los profesores y las profesoras que ahora mismo están encerrados en el Círculo de Bellas Artes y que exigen a este Gobierno que rompa relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado terrorista de Israel. (Aplausos). Sabemos que la sociedad civil siempre va por delante y estamos seguros de que no van a aflojar hasta que el Gobierno haga lo que no ha querido hacer en estos dos años de exterminio del pueblo palestino.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Arratsalde on guztioi. La proposición de ley que nos trae el Grupo Popular no es nueva; fue debatida, contestada, argumentada y rechazada cuando se tramitó la LOMLOE, pero el Grupo Popular vuelve a traerla para su debate. Es evidente que el mundo educativo es cambiante tanto en lo didáctico como en lo metodológico y en lo organizativo, pero sobre todo es o ha de ser evolutivo. En cambio, esta proposición de ley es, para nuestro grupo, involutiva, ya que nos remonta a tiempos pasados, concretamente a finales del siglo XX. La realidad social, la educativa y la legal han cambiado, por lo que procede actualizar la normativa que regula la respuesta a la diversidad de todo el alumnado. Conceptos como integración y compensación de desigualdades han sido superados por los de inclusión y equidad. Asimismo, la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales o, en sentido más amplio, al que tiene necesidades específicas de apoyo educativo también ha quedado superada por un concepto de carácter universal de respuesta a la diversidad, entendido como el derecho del alumno a recibir medidas y apoyos personalizados que faciliten su desarrollo integral y su aprendizaje. Como vasco, me siento orgulloso del sistema educativo que hemos construido en Euskadi, un sistema en compromiso permanente con la diversidad, haciendo hincapié en la población escolar más vulnerable, por lo que lo que propone el Partido Popular en Euskadi lo tenemos superado hace mucho tiempo. Eskola inklusiboak aniztasuna hartzen du bere jardueraren oinarri gisa, eta haur eta gazte guztiek kalitatezko hezkuntza izateko aukera berdinak eta bidezkoak izatea bermatzen du. Eskola inklusiboaren helburua ikasle guztien eskola-arrakasta da. Izan ere, benetako bikaintasuna ikasle guztiek bere gaitasun pertsonalak ahalik eta gehien garatzen dituztenean lortzen baita. Argi dago, beraz, eskola inklusiboak paradigma aldaketa dakarrela berekin. Azken urteotako hezkuntza ereduak gainditu nahi duena eta aldaketa batzuekin bada ere, oraindik ere, barneratuta dagoen hezkuntza premia berezien paradigma hori. Gainera, eskola inklusibo bat garatzeko aldi berean, trantsizio prozesuak eta hausnarketa partekatua behar dira, hartutako neurriek ez dezaten behartu ikasle guztien ikaskuntza edo parte hartze optimoa aukeratzera. Horrek esan nahi du praktikan, hezkuntza-praktika guztietan ahalik eta inklusio handiena ziurtatzen saiatu behar dela.

La escuela inclusiva se basa en la diversidad para su actividad y esto hace que haya igualdad de oportunidades y oportunidades justas. El objetivo de la escuela inclusiva es que todo el alumnado tenga el éxito académico y escolar. La excelencia consiste, precisamente, en que todo el alumnado pueda desarrollar la totalidad de todas sus capacidades. Es evidente que esta escuela inclusiva supone todo un cambio de paradigma, y estos últimos años tenemos que tratar de superar los modelos antiguos de las escuelas, ya que tenemos ese antiguo paradigma de las necesidades especiales. Además, para desarrollar la escuela inclusiva, al mismo tiempo necesitamos procesos de transición y reflexiones compartidas para que las medidas adoptadas no obliguen a que el proceso de aprendizaje de todo el alumnado no obtenga los mejores resultados, y esto supone que en todas las prácticas de la escolarización tenemos que hacer que haya la máxima inclusión posible en todo momento y en todas las fases del proceso.

En el ámbito internacional, las políticas educativas y sociales defienden el principio de la inclusión como el medio más adecuado para favorecer el desarrollo educativo y para posibilitar la cohesión social. En este sentido, el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se traslada a nuestro derecho interno mediante la Ley de adaptación 26/2011, que reconoce que para hacer efectivo su derecho a la educación, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Para ello, se facilitarán medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

El Marco de Acción Educación 2030, de la UNESCO, refuerza la visión de la educación como medio para transformar las vidas, reconociendo el papel que desempeña como motor principal para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, uno de los objetivos propuestos es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. No es necesario remontarnos muy lejos en el tiempo. Basta con que recordemos el gran impacto que tuvo el conocido como informe Warnock, publicado a finales de la década de los setenta. Por primera vez, en ese informe se afirmaba la necesidad de no categorizar al alumnado y separar la necesaria asignación de recursos de categorías absolutas no vinculadas a las situaciones reales del alumnado.

Los conceptos evolucionan, pero no es el tiempo la única variable que explica esa evolución. Así ha ocurrido con el significado de las necesidades educativas especiales, las llamadas NEE.

XX.  mendearen amaieran, hezkuntza premia bereziei buruz ez ezik, ikasteko eta parte hartzeko oztopoei buruz hitz egiten hasi zen, eta eskola testuinguruan kokatu zen, eta ez baldintza pertsonaletan. Aldatu behar zena da nola eta zein baldintzatan irakasten den ikasle guztiek beren gaitasun pertsonalen garapen handiagoa lor zezaten. Baina inklusioarena ez dela kontzeptu uniboko bat, aitzitik, ñabardurak onartzen ditu, baita hezkuntzan egin beharreko aldaketak, sistema osoari orokorrean eragiteko aukerarekin lotutakoak ere bai.

Al final del siglo XX se hablaba de las necesidades educativas especiales y también acerca de los obstáculos para aprender. Se empezó a hablar de todo eso y todo esto se centró en el contexto escolar y no tanto en las circunstancias personales, y lo que había que cambiar era precisamente en qué condiciones y cómo se enseña para que todo el alumnado pueda desarrollar en una mayor medida sus capacidades. Pero el concepto de la inclusión admite ciertos matices, también ajustes para la educación, que están muy relacionados con la posibilidad de incidir en el sistema educativo.

Esta realidad permite considerar la inclusión como un camino que tiene como destino final el aprendizaje, la participación y el logro académico de todo el alumnado, pero en el que puedan existir etapas intermedias en las que se ofrezcan diferentes respuestas a los dilemas derivados del desarrollo práctico.

Ikasturte hasiera zela eta, atzo bertan, Pradales lehendakariak izan zituen hitzak ekarri nahi ditut gogora: «Pertsonak hezi behar ditugu bere osotasunean, pertsona erdigunean jarriko duen gizartea izateko. Gure ikasgelak errealitate eta gizarte horren isla dira, eta aldaketak ez dira geldiaraziko. Aldiz, areagotu egingo dira, herri aurreratu guztietan gertatzen ari den bezala.»

En el inicio del curso, ayer, el lehendakari Pradales dijo unas palabras que yo quiero recordar. Hablaba de que tenemos que educar a personas en su conjunto, teniendo siempre la sociedad a la persona en el centro, para que en nuestras aulas se pueda reflejar realmente esta sociedad. Y el cambio de esta manera no se va a paralizar, se va a aumentar, tal y como estamos viendo ya en todos los pueblos y municipios de la sociedad de Euskadi.

Termino recogiendo las palabras que pronunció ayer el lehendakari Pradales con motivo del inicio del curso escolar en Euskadi. Decía el lehendakari que tenemos que ir mucho más allá y garantizar el acceso a una educación de calidad a todas las personas, realizando las transformaciones que sean necesarias con tres principios irrenunciables: equidad, inclusividad y eficacia. Una escuela que, en la diversidad, en vez de separar, la integre como una riqueza y una oportunidad para aprender a convivir.

Por todo ello, y en consecuencia con lo argumentado, votaremos en contra de esta proposición de ley.

Eskerrik asko, mahaiburu andrea. Arratsalde on, jaun-andreok. La proposición de ley que hoy ha presentado el Grupo Popular, al fin y a la postre, propone que se pueda dar continuidad a la segregación del alumnado con necesidades educativas especiales, escolarizándolo en centros de educación especial en lugar de en centros ordinarios e inclusivos, aduciendo, además, que así velan por el interés superior del menor. Si de verdad lo que se quisiera proteger fuera el interés superior del menor, optarían por la educación inclusiva, que solo se puede dar en centros ordinarios para todo el alumnado. ¿Por qué? Pues porque la educación inclusiva es la que garantiza el derecho a la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, independientemente de sus características. Porque inclusión significa entender la diversidad del alumnado como sinónimo de enriquecimiento mutuo en el aula; enriquece a todo el alumnado, tenga necesidades educativas especiales o no; se valora igualmente a todo el alumnado; y se promueven valores como la igualdad, la participación, el respeto a la diversidad, el respeto mutuo o los derechos y el cuidado de los más vulnerables, entre otros. Porque, como señalan diferentes expertos e investigadoras en el tema, la educación inclusiva no es simplemente un principio inspirador o un asunto pedagógico, sino una cuestión de derechos humanos que garantiza, como establece la ONU, el derecho de cualquier alumno o alumna al desarrollo pleno de todo su potencial humano, a desarrollar al máximo su personalidad y talentos y a hacer posible que participen de modo efectivo y libre en la sociedad. Y como hablamos de derechos humanos, recordemos que estos deben respetarse y hacerse efectivos como obligaciones jurídicas. En el caso de la educación, es responsabilidad de los sistemas educativos garantizarlos para todo el alumnado, sin discriminación de ningún tipo, y esto solo se garantiza mediante la educación inclusiva, que, efectivamente, solo se puede realizar en centros ordinarios. Por lo tanto, no creemos que impulsar la segregación en lugar de la inclusión, como hace la propuesta del Partido Popular, sea proteger el interés superior del menor, sino quizá otros intereses. Porque quizá, en lugar del interés superior del o de la menor, para el Partido Popular es más importante, como dicen en la exposición de motivos, que el hecho de que se dé preferencia a que el alumnado con necesidades especiales se escolarice en centros ordinarios pudiera conllevar el cierre de algún centro de educación especial, centros que, pese a lo que están ustedes diciendo, efectivamente, han realizado, realizan y seguirán realizando una gran labor educativa. Sin embargo, estamos completamente de acuerdo con una afirmación que se hace en la exposición de motivos, que dice, literalmente, que la simple incorporación de los alumnos que presentan necesidades especiales en los centros educativos ordinarios no puede considerarse inclusión. Efectivamente, creemos que eso es cierto, tan cierto como que, aunque esa incorporación per se no signifique automáticamente inclusión, es un paso imprescindible para que esta se dé. Eta hori da gure ustez, saihestu behar dena. Eta ados gaude baita ere, esaten duzuenean inklusioaz eskolan beharrezko doikuntzak egitea eskatzen duela. Bai, noski. Izan ere, uste dugu horrek kezkatu behar gaituela inklusioa errealitate izan dadin. Izan ere, inklusioa ulertzeko modu jakin bat da, hezkuntza sistema bateko elementu guztiak konprometitzen dituena. Eskola aniztasunera egokitzea dakar, eta ez alderantziz, eta eskola kulturaren aldaketatik hasi behar du. Ikastetxe baten kultura inklusiboak berarekin dakar hezkuntza komunitateak hezkuntza balio eta printzipio inklusibo berberak izatea. Inklusiboak ikastetxeko irakasle guztien lankidetza behar du, baita hezkuntza komunitate osoarena ere. Inklusiboak berarekin dakar ikasle guztien arteko pertsonen arteko harremanak praktikan jartzen dituzten hezkuntza inguruneak sortzea, haurrak gizartean arrakastaz molda daitezen. Inklusioa gauza dadin, irakasle guztiek prestakuntza jaso behar dute aniztasunari eta hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen ezaugarriei erantzuteko eta ikasle gelan sartzeko modurik onenak ezagutzeko. Inklusiboak. Egonkortasuna behar du irakasleengan. Ratioak jeitsi behar dira, baliabide materialak behar dira eta, batez ere, pertsonalak, ikasle bakoitzaren egoeretara egokituko direnak, aukera berdintasunean ikasteko ingurunea ahalbidetzeko.

Y también es cierto que la incorporación de estos alumnos a los centros de educación especial, si no es estrictamente necesario, conlleva una segregación, y eso es lo que consideramos que hay que evitar. Asimismo, estamos de acuerdo cuando dicen que la inclusión exige hacer ajustes en el centro educativo. Así es. Y creemos que esto es lo que nos debe preocupar para que la inclusión sea real. Y es que la inclusión es una manera de entender la educación que necesita, compromete todos los elementos de un sistema educativo. Supone adaptar la escuela a la diversidad y no al revés. Debe empezar por el cambio de la cultura escolar. La cultura inclusiva de un centro escolar implica que la comunidad educativa tenga los mismos valores y principios educativos inclusivos. La inclusión requiere de la colaboración de todo el profesorado del centro y también de toda la comunidad educativa. La inclusión implica crear entornos de aprendizaje que pongan en práctica las relaciones interpersonales entre todo el alumnado para que los niños y niñas puedan desenvolverse con éxito en la sociedad. Para que la inclusión sea real, el profesorado debe formarse para responder a la diversidad y a las características del alumnado con necesidades educativas especiales, para que conozcan las mejores maneras de acceder al aula. La inclusión necesita de estabilidad en el profesorado, hay que disminuir las ratios. Se requieren recursos materiales y, sobre todo, personales que se adapten a las situaciones de cada alumno y alumna para posibilitar un entorno de aprendizaje en igualdad de oportunidades.

La inclusión necesita de todo eso y de mucho más, pero para que esto pueda darse, los Gobiernos, los poderes públicos y las Administraciones educativas deben asumir y llevar a cabo las tareas y responsabilidades que les corresponden; y esto es lo que a Euskal Herria Bildu le preocupa, esto es lo que se debe garantizar mediante medidas concretas por las Administraciones educativas competentes. Pero, por supuesto, esto no es lo que a ustedes les preocupa. Su propuesta no va por ahí, su propuesta va de segregar, no de incluir. Por lo tanto, votaremos en contra de la proposición de ley.

Besterik ez. Eskerrik asko.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Ens trobem davant d’una nova proposició de llei del Grup Parlamentari Popular, que planteja modificar l’article 74 de la LOE en la redacció de la LOMLOE i derogar la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 3/2020, amb un seguit d’objectius que Junts per Catalunya no entrarem ni a valorar perquè l’entenem com una nova ingerència en les competències educatives de Catalunya i una amenaça al model inclusiu del nostre país. Des de Junts, defensem el model inclusiu català establert pel Decret 150/2017, d’escola inclusiva, que vetlla per garantir una atenció de qualitat a tots els infants a partir de la inclusió real a les aules ordinàries, amb suports personalitzats, amb respecte a la diversitat i fomentant la cohesió social, amb adaptació per a cada alumne, amb serveis d’orientació i recursos específics i amb compromís institucional com a part del Servei d’Educació de Catalunya. Un model que no ha estat mai prou ben dotat econòmicament, malgrat el que avui ens diuen la consellera Niubó i el president Illa. I és en aquest aspecte on cal posar el focus i no com fa el grup popular, amb una proposta que s’allunya de la inclusió i s’acosta a la segregació. Una proposició que, un cop més, representa una centralització encoberta amb la que el grup popular pretén uniformitzar models des de Madrid, ignorant la realitat i les peculiaritats catalanes a l’empara de la LOMLOE, com passa amb els temes curriculars i amb tants altres, i obviant el veritable problema que, com dèiem, és un cop més la manca de recursos. El problema no és el model. El problema és el finançament insuficient, un finançament insuficient que fa que la dotació econòmica no permeti desplegar completament el Decret 150/2017, un finançament insuficient que comporta la falta de personal especialitzat, un finançament insuficient que impossible la formació…, que impossibilita la formació específica del professorat i un finançament insuficient que comporta una carència de recursos tècnics i de materials adaptats. Per tant, senyories, tornem a ser a cap de carrer i, un cop més, si volem anar a l’arrel del problema, el que cal és revertir el dèficit fiscal estructural que pateix Catalunya, un dèficit que supera els 20 000 milions d’euros i que s’acosta al 10 % del nostre PIB. Aquest espoli és el que impedeix revertir i invertir adequadament en educació inclusiva. Aquest espoli és el que fa impossible l’assoliment de l’objectiu del 6 % del producte interior brut en educació que fixa la LEC a la seva disposició final segona per poder-nos referenciar a Europa. A Catalunya no necessitem més lleis imposades des de Madrid. Tenim un model educatiu inclusiu que cal reforçar amb recursos i compromís polític, no pas desmuntar amb imposicions i ingerències externes. Junts per Catalunya continuarem defensant un model educatiu propi, inclusiu i de qualitat, amb diàleg constant amb les famílies i el sector, on tots els infants hi tinguin cabuda i gaudeixin de les oportunitats que mereixen. Perquè a Junts sabem que cada nen és un món únic de talents diversos i amb l’educació inclusiva uns aprenem dels altres, construïm ponts d’humanitat, d’empatia i de tolerància col·lectiva. I per tot això, insistim que la solució passa, com en tants altres àmbits, de disposar dels recursos adequats, uns recursos que Catalunya genera sobradament.

O sigui, senyories del PP, resumint, la solució, al nostre entendre, passa per menys ingerències externes, a l’educació i també a la caixa.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Nos encontramos ante una nueva proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, que plantea modificar el artículo 74 de la LOE en la redacción de la LOMLOE y derogar la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, con una serie de objetivos que desde Junts per Catalunya no entraremos ni a valorar, porque es una nueva injerencia en las competencias educativas de Cataluña y una amenaza al modelo inclusivo de nuestro país. Desde Junts defendemos el modelo inclusivo catalán establecido por el Decreto 150/2017, de escuela inclusiva, que vela por garantizar una atención de calidad a todos los niños y niñas a partir de la inclusión real en las aulas ordinarias con apoyos personalizados, con respeto a la diversidad y fomentando la cohesión social; con adaptación para cada alumno, con servicios de orientación y recursos específicos y con compromiso institucional como parte del servicio de educación de Cataluña. Un modelo que no ha sido nunca suficientemente bien dotado, pese a lo que hoy nos dicen la consejera Niubó y el presidente Illa. Y es en este aspecto donde hay que poner el foco, y no como hace el Partido Popular, con una propuesta que se aleja de la inclusión y se acerca a la segregación. Una proposición que una vez más representa una recentralización encubierta, con la que el Grupo Popular pretende uniformizar modelos desde Madrid, ignorando la realidad y las peculiaridades catalanas al amparo de la LOMLOE, como ocurre con temas curriculares y con tantos otros, y obviando el verdadero problema, que, como decíamos, es una vez más la carencia de recursos. El problema no es el modelo; el problema es la financiación, que es insuficiente. Una financiación insuficiente que hace que la dotación económica no permita desplegar completamente el Decreto 150/2017; una financiación insuficiente que comporta la falta de personal especializado; una financiación insuficiente que imposibilita la formación específica para el profesorado; y una financiación insuficiente que comporta una carencia de recursos técnicos y de materiales adaptados. Por ello, sí, señorías, volvemos a estar aquí, y hoy de nuevo, si queremos ir a la raíz del problema, lo que tenemos que hacer es revertir el déficit fiscal estructural que sufre Cataluña, un déficit que supera los 20 000 millones de euros y que se acerca al 10 % de nuestro PIB. Este expolio es el que nos impide invertir adecuadamente en educación inclusiva; este expolio es el que hace imposible la consecución del objetivo del 6 % del PIB en educación que fija la LEC en su disposición final segunda para podernos referenciar con Europa. En Cataluña no necesitamos más leyes impuestas desde Madrid. Tenemos un modelo educativo inclusivo que es necesario reforzar con recursos y con compromiso político, y no desmontar con imposiciones e injerencias externas. Junts per Catalunya seguirá defendiendo un modelo educativo propio, inclusivo y de calidad, con un diálogo constante con las familias y con el sector, donde todos los niños y niñas tengan cabida y disfruten de las oportunidades que merecen. Porque en Junts sabemos que cada niño es un mundo único de talentos diversos y con la educación inclusiva unos aprendemos de otros; construimos puentes de humanidad, de empatía y de tolerancia colectiva. Y por todo ello insistimos en que la solución pasa, como en tantos otros ámbitos, por disponer de los recursos adecuados, unos recursos que Cataluña genera sobradamente. O sea, señorías del PP, resumiendo, la solución, a nuestro parecer, pasa por menos injerencias externas en la educación, pero también en la caja. Muchas gracias.

Bé, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, i donat que aquesta és la primera setmana de curs escolar, el que voldria és desitjar molt bon curs 2025-2026 a tots els alumnes i personal docent que han començat les classes ahir mateix. Dit això, parlem avui d’inclusió en l’educació. Amb aquesta proposició de llei del Partit Popular, nosaltres creiem que no avancem en res, sinó que el que fem és retrocedir, com a mínim en el model català. La inclusió educativa no és una opció, és un dret fonamental. Però per fer-la real no n’hi ha prou amb lleis, cal dotar-la de recursos i de més suports. I això saben què vol dir? Vol dir més pressupost. Mirin, Catalunya pateix un infrafinançament crònic en general. Paguem infinitament més del que rebem. I això té conseqüències també en l’educació i especialment en l’educació inclusiva. I què passa quan falten recursos? Doncs que els més castigats són els centres públics en entorns més vulnerables, els mateixos justament que haurien de tenir més recursos i no menys. Una escola veritablement inclusiva necessita equips multidisciplinars, mestres d’educació especial, psicopedagogs, logopedes, terapeutes ocupacionals i especialment tècnics, tècniques d’integració social i educadores socials. Sense aquests professionals no hi ha atenció personalitzada ni prevenció de l’exclusió. Això és segregació encoberta. Parlant d’això, per cert, han seguit el que ha fet el govern del Partit Socialista a Catalunya aquest curs? I això va per vostès, senyories del PSC i del PSOE d’aquesta cambra. El president Illa ha retallat fins a 400 places de tècniques d’integració social i educadores socials a tot el país, 400. Saben què representa per instituts i escoles com els de Salt o els de Figueres? Saben què vol dir deixar aquest centre sense aquestes figures? Potser no, no ho saben, perquè si ho sabessin, si ho visquessin cada dia, no permetrien que ningú ho fes, i encara molt menys que ho fes algú dels seus. Aquestes retallades afecten directament a centres d’alta complexitat, com deia, com són, per exemple els de Salt, que s’han quedat tots sense educadora social. Per revertir aquesta involució cal un canvi estructural i no una redistribució segregadora dels alumnes. Cal un increment urgent i estable dels recursos educatius situant-nos, almenys, a la mitjana europea de despesa. Cal reforç dels equips professionals amb més TIS, més educadores socials, més mestres d’educació especial i altres perfils als centres educatius, plans a llarg termini que assegurin estabilitat i evitin retallades arbitràries que acaben aprofundint en la desigualtat, com denuncia la Fundació Bofill. Cal equitat territorial de recursos, de manera que la inclusió no depengui de si un alumne és de Salt, de Figueres, de Madrid o de Sevilla. Senyories del Partit Popular, garantir l’educació als alumnes amb discapacitat o necessitats educatives especials no és garantir que surtin de l’escola ordinària i vagin a unes aules específiques per amagar-los sota la catifa i que no molestin. En els darrers anys, cada vegada hi ha més alumnat amb discapacitats en centres ordinaris, és cert, i això suposa un repte important i planteja més exigència als centres i als professionals. La llei espanyola estableix el dret a la plena inclusió de tot l’alumnat, però no va acompanyada d’una memòria econòmica que permeti garantir els recursos necessaris per fer-ho possible, especialment amb les necessitats de l’alumnat amb discapacitat i trastorns, condicions o malalties greus. Per això, garantir la inclusió és garantir recursos, pressupost i professionals a les escoles ordinàries com mestres d’educació especial, d’audició i llenguatge, professionals d’assistència terapèutica infantil, tècnics d’integració social, entre d’altres, i, per tant, garantir recursos a les comunitats que són qui gestiona aquest tema. Més pressupost per impulsar estratègies i programes que garanteixin la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials i menys lleis recentralitzadores d’aquestes que vostès tant els agraden. I senyories del Partit Socialista, especialment els catalans i catalanes, reduir les TIS i les educadores socials no és una estratègia de contenció en un context de baixada demogràfica. És una decisió que trenca el model d’escola inclusiva i que estan carregant…, i que s’estan carregant des d’un govern suposadament progressista. Una escola sense aquests suports es converteix no en un espai d’oportunitats, sinó en un lloc d’injustícia. El compromís d’Esquerra Republicana és clar: sí a la formació i a l’acompanyament necessaris per provocar un canvi de mirada als centres ordinaris, sí el treball corresponsable dels serveis de salut i serveis socials dins i fora de l’escola, sí a l’orientació familiar i acadèmica, sí als suports educatius dins i fora de l’escola, sí a una educació inclusiva, amb recursos necessaris, reals, efectius arreu. Moltes gràcies.

Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y dado que esta es la primera semana del curso, lo que quisiera es desear un buen curso 2025-2026 a todo el alumnado y personal docente que ha empezado las clases, que empezaron ayer mismo.

Habiendo dicho esto, hoy hablamos de inclusión en la educación. Con esta proposición de ley del Partido Popular, nosotros pensamos que no avanzamos en nada, sino que damos pasos atrás, por lo menos en el modelo catalán. La inclusión educativa no es una opción, es un derecho fundamental, pero para hacerla real no es suficiente tener leyes; necesitamos dotarla de recursos y de presupuesto. ¿Y saben qué quiere decir eso? Quiere decir más presupuesto. Cataluña sufre una infrafinanciación crónica en general. Pagamos infinitamente más de lo que recibimos y eso tiene consecuencias, también en la educación, y especialmente en la educación inclusiva. ¿Y qué ocurre cuando faltan recursos? Pues que los más castigados son los centros públicos en entornos más vulnerables, los mismos justamente que tendrían que tener más recursos y no menos. Una escuela realmente inclusiva necesita equipos multidisciplinares: maestros de escuela, terapeutas ocupacionales y especialmente técnicos y técnicas de integración social y educadores sociales. Sin estos profesionales no hay atención personalizada ni prevención de la exclusión. Esto es segregación encubierta.

Hablando de ello, por ende, ¿han seguido lo que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista en Cataluña este curso? Y esto va para ustedes, señorías del PSC y del PSOE en esta Cámara. El presidente Illa ha recortado hasta cuatrocientas plazas de técnicos y técnicas de educación social y educadoras sociales en todo el país. Cuatrocientas. ¿Saben qué implica para institutos y escuelas como los de Salt o Figueras? ¿Saben qué implica dejar estos centros sin estas figuras? Quizá no, quizá no lo saben, porque si lo supieran, si lo vivieran cada día, no permitirían que nadie lo hiciera, y mucho menos que lo hiciera alguien de los suyos. Estos recortes afectan directamente a centros de alta complejidad ―como decía―, como son, por ejemplo, los de Salt, que se han quedado todos sin educadoras sociales. Para revertir esta involución necesitamos un cambio estructural y no una redistribución segregadora de los alumnos. Necesitamos un incremento urgente y estable de los recursos educativos, situándonos al menos en la media europea de gasto. Necesitamos reforzar los equipos profesionales con más educadores sociales, más maestros de educación especial y otros perfiles en los centros educativos. Planes a largo plazo que aseguren estabilidad y que eviten recortes arbitrarios que acaban profundizando en la desigualdad, como denuncia la Fundación Bofill. Necesitamos dar recursos a nivel territorial para que no dependa de que un alumno sea de Figueras, de Madrid o de Sevilla.

Señorías del Partido Popular, garantizar la educación a los alumnos con discapacidad o necesidades especiales no es garantizar que salgan de la escuela ordinaria y vayan a unas aulas específicas para esconderlos debajo de la alfombra y que no molesten. Durante los últimos años, y cada vez más, vemos más alumnos con discapacidades en los centros ordinarios. Eso es cierto, y esto supone un reto importante y plantea también más exigencia a los centros y a los profesionales. La ley española establece el derecho a la plena inclusión de todo el alumnado, pero no va acompañada de una memoria económica que permita garantizar los recursos necesarios para que esto sea posible, especialmente con las necesidades del alumnado con discapacidad y trastornos, condiciones o enfermedades graves. Por ello, garantizar esta inclusión es garantizar recursos, presupuesto y profesionales en las escuelas ordinarias, como maestros de educación especial, de audición y lenguaje, de asistencia terapéutica infantil, técnicos y técnicas de integración social, entre otros. Y, por ello, garantizar recursos en las comunidades, que son quienes gestionan este tema. Más presupuesto para impulsar estrategias y programas que garanticen la inclusión del alumnado con necesidades especiales y menos leyes recentralizadoras de estas que a ustedes tanto les gustan.

Y, señorías del Partido Socialista, especialmente los catalanes y catalanas, reducir las TIS y las educadoras sociales no es una estrategia de contención en un contexto de bajada demográfica. Es una decisión que rompe el modelo de escuela inclusiva y que se están cargando desde un Gobierno supuestamente progresista. Una escuela sin este apoyo se convierte no en un espacio de oportunidad, sino en un espacio de injusticia. El compromiso de Esquerra Republicana está claro: sí a la formación y al acompañamiento necesarios para generar un cambio de mirada en los centros ordinarios. Sí al trabajo corresponsable de los servicios de salud y servicios sociales dentro y fuera de la escuela. Sí a la orientación familiar y académica. Sí al apoyo educativo dentro y fuera de la escuela. Sí a una educación inclusiva con recursos necesarios, reales, efectivos, en todas partes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señora presidenta. Debatimos esta tarde una iniciativa relacionada con la infancia y no me gustaría dejar de recordar a los 18 432 niños y niñas que, con datos de este pasado viernes, han sido asesinados en Palestina por el Estado genocida de Israel. Mencionaba Borges en un relato, aunque años más tarde lo olvidara, que «lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres». Y apunta: «Yo soy los otros, cualquier hombre es todos los hombres». Si esto es así, si pensamos que esto es así, cualquier niño es todos los niños y esos 18 432 críos son nuestros hijos. (Aplausos). La historia, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a juzgar por todo esto y nos preguntarán dónde estábamos y qué estábamos haciendo mientras Netanyahu en Israel, Trump en Estados Unidos y Europa, la mayoría de Europa poniéndose de perfil, cometían un genocidio. Llegamos tarde ―lo hemos dicho muchas veces para otras cosas―, y posiblemente siempre vamos a llegar tarde; de hecho, parece que se tiene razón cuando se dice que tener razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocados. Llegamos tarde. Recogemos de forma positiva las medidas que se pusieron en marcha ayer, pero hay más que hacer. España tiene que movilizar a Europa; no son posibles más medidas si no se logra movilizar a Europa. Es necesario un acuerdo para el bloqueo comercial total a Israel y es necesario capturar, juzgar y encarcelar al genocida Herodes y a sus cómplices. (Aplausos). Permítanme comenzar, en relación con la iniciativa, señalando que hay algo esencial, que son los sistemas públicos y universales. Los sistemas públicos y universales son la base de la democracia y del bienestar de nuestros pueblos. De forma específica, hay tres pilares claves que son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Allí donde se debilitan crece la desigualdad y allí donde se fortalecen aumenta la cohesión, y no solamente porque eduquen, protejan la salud u oferten prestaciones sociales, sino porque sirven para la cohesión social, para sentar a gente diferente al lado de la otra y para que aprendamos que, aunque todos seamos diferentes, todos somos iguales. Hablamos de derechos que garantizan que cualquier persona, con independencia de su origen o de su código postal ―código postal no solamente en sentido geográfico, sino código postal en sentido de clase social, nivel económico o nivel educativo―, pueda desarrollar una vida en las mejores condiciones posibles. En el ámbito de la educación, la LOMLOE señala el concepto de inclusión educativa, el cual no debe ser un término vacío. Incluir significa que cada niño y cada niña, con independencia de sus capacidades, pueda aprender en igualdad de condiciones. Incluir significa que la diferencia no se convierta en un motivo de segregación, sino en una oportunidad para que toda una comunidad educativa crezca en valores, en empatía y en convivencia democrática. Pero, lógicamente, y se ha señalado en algunas intervenciones, la inclusión supone ajustes reales y supone un tema que no ha sido señalado en la presentación de la proposición de ley. Supone más apoyos en el aula, más recursos materiales, metodologías flexibles, formación específica del profesorado y espacios accesibles. No basta con sentar a un niño con necesidades educativas en un aula, sino que hay que dar condiciones y medios reales. Esto suponen las tres pes del modelo de Muntaner de inclusión, que son presencia, participación y progreso. Una escuela inclusiva no solo atiende a quien más apoyo necesita; una escuela inclusiva apoya a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad en general. Y no podemos ignorar la realidad en una competencia como la educativa, que está transferida a las comunidades autónomas. Existen graves carencias de recursos para atender adecuadamente a niñas y niños con necesidades específicas de apoyo educativo y hace falta mucho: profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, orientadoras, psicólogas y auxiliares técnicas educativas. En muchas comunidades autónomas las familias deben esperar meses, o incluso un curso entero, para que sus hijos reciban la atención que necesitan. Existen docentes especializados que cubren la atención en diferentes centros, sin capacidad real para atender a todo el alumnado, y hay aulas donde un solo orientador atiende a centenares de estudiantes. Esta es la situación fundamental y conviene no desviar el foco de aquello en lo que queremos trabajar. Hay carencia estructural de recursos humanos y materiales en una competencia, la educativa, que ―insisto― tiene transferencia autonómica. Ante esta realidad, pensamos que la proposición de ley que presenta el Grupo Popular no aborda el problema en su raíz. Rasca y no rasca muy bien, y además rasca donde no pica. No plantea cómo garantizar más profesionales, más formación ni más recursos. Lo que se propone en realidad es fragmentar la atención educativa, volver atrás en el camino de la inclusión y legitimar una dualidad de circuitos que debilita el sistema público común. Nos gustaría recordar que ya hay propuestas para mejorar en este sentido. Nuestro grupo parlamentario, en la Comisión de Educación, ha presentado una iniciativa legislativa que apunta una hoja de ruta: impulsar un plan estatal de inclusión educativa con financiación finalista a las comunidades autónomas para reforzar la equidad en todo el territorio; incrementar las plantillas con los profesionales especializados antes mencionados; reforzar la formación inicial y continua del profesorado en inclusión y diversidad para que cada docente tenga herramientas reales en el aula; dotar de más recursos materiales y tecnológicos; garantizar la accesibilidad universal en los centros educativos y apoyar a las familias con orientación y acompañamiento, porque ellas son parte y soporte del proceso educativo. La otra gran propuesta ya está realizada también por nuestro Ministerio de Derechos Sociales, que es una reforma integral del sistema de discapacidad y dependencia con tres principios básicos de participación, derechos y autonomía. Pensamos que este es el camino, señorías; no se trata de retroceder al pasado, a un modelo fragmentado, sino de fortalecer la escuela pública con recursos, con personal y con medios suficientes para que la inclusión sea efectiva y no meramente declarativa. Esto exige más recursos y, como también hemos dicho muchas veces en esta tribuna, exige más compromiso fiscal y una mejor contribución fiscal, y que los que más tienen, más paguen. Es posible tener más y mejores impuestos para que con ellos las élites económicas de este país y las grandes industrias y las grandes empresas financien mejor nuestro sistema público, educativo y social. (Aplausos).

Pensamos que la proposición que hoy presenta el Grupo Popular mira al pasado y pretende mantener un sistema dual que en la práctica consagra desigualdades. La alternativa no puede ser segregar, desplazar o fragmentar; la alternativa es una educación pública robusta, inclusiva y equitativa, capaz de dar a cada niño y a cada niña, a cada uno de esos 300 000 niños y niñas, lo que necesita para crecer y para aprender.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En el conjunto de leyes sectarias, mal diseñadas y peor ejecutadas de la pasada legislatura, la LOMLOE, la denominada ley Celaá, tiene un lugar especial. Un lugar especial porque era el enésimo atentado contra la educación de los españoles, cuya calidad se lleva hundiendo ley tras ley socialista desde hace muchísimos años, y porque España, aunque dedica una cantidad de medios razonable ―en línea con los países de nuestro entorno―, en las evaluaciones tiene unos resultados realmente espantosos, unos resultados que se llevan hundiendo desde hace muchísimos años y siguen hundiéndose a ojos vistas. La LOMLOE fue tramitada sin atender las reivindicaciones de las familias. De hecho, ni siquiera fueron recibidas en este Congreso. No se recibió a los representantes de la escuela concertada, no se recibió a los representantes de las escuelas de educación especial y no se recibió prácticamente más que a los representantes de los sindicatos verticales, a Comisiones Obreras y UGT, en una demostración de prepotencia repugnante que condenaba a esta ley, antes incluso de entrar en vigor, a la inestabilidad más absoluta. Se lo acaba de decir el representante de Unión del Pueblo Navarro, esta ley durará lo que dure este Gobierno. Uno de los aspectos más negativos de esta ley fue precisamente el trato dado a las escuelas de educación especial en la disposición cuarta, cuya derogación y sustitución propone ahora el Grupo Popular con la reforma del artículo 74, en un sentido parecido a la postura que defendió ya en su día el Grupo VOX y que mantuvimos durante la tramitación de la LOMLOE y a lo largo de la pasada legislatura entera, aunque también presentamos este mismo verano otra propuesta en este mismo sentido. La norma impulsada por el PSOE planteaba que, en un plazo de diez años, los colegios de educación especial quedaran para casos muy extremos y como centros de referencia para otros centros educativos. Obviamente, esto suponía abocarlos al cierre en su mayor parte y quitar a los padres de los alumnos con necesidades especiales la libertad de decidir la educación que más conviene a sus hijos. Cuando nos referimos a la libertad para elegir no estamos refiriéndonos a una preferencia o un deseo, sino a la decisión consciente de las personas que mejor conocen a un niño, que mejor conocen a ese alumno, que han cuidado de él toda la vida y que le han proporcionado los mejores cuidados que han sido capaces. Por esa razón, cualquier persona con un mínimo de respeto por los padres debería sostener esa capacidad para decidir la educación de sus hijos. (Aplausos). Entiendo que pedirles a ustedes que respeten la libertad de los padres para elegir, que respeten su derecho constitucional o que respeten la Constitución, es como pedir a Hannibal Lecter que se dedique a una dieta vegana (risas.―Aplausos), porque es más o menos parecido a que ustedes respeten unos derechos constitucionales de los padres. Nuestra obligación aquí es defender el derecho de las familias, que saben mucho mejor que ustedes lo que conviene a sus hijos. Esas familias tienen derecho a elegir y ustedes se lo están quitando.

Hay un consenso amplio en que el alumnado con necesidades especiales, si puede permanecer en un centro de educación convencional y recibir ayuda allí, puede conseguir una integración mejor. Eso es algo que todos los padres intentan. Por esa razón, privar a las familias de la posibilidad de recurrir a los centros de educación especial, que es a lo que conduce la disposición cuarta de la LOMLOE, es falta de humanidad. El PSOE lleva muchos años planteando la educación de personas con capacidades muy diferentes en las mismas aulas. De hecho, ya en la LOGSE ustedes promovieron un modelo en el que personas con diferentes capacidades estaban integradas en las mismas aulas. También prometieron los recursos necesarios, incluso meter en la misma aula a diferentes profesores para poder hacer frente a esa diferencia de capacidad de los alumnos. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió y esa es una de las razones por las que el hundimiento de los resultados de las evaluaciones escolares ha sido tan acusado en el sistema educativo español. Esta obsesión por igualar a todos por abajo es prácticamente marca PSOE en educación.

Señores del Grupo Popular, ustedes han presentado una propuesta muy similar a la que nosotros presentamos en el Congreso el junio pasado. También esa postura es la misma que ustedes defendieron durante la tramitación de la LOMLOE. Por una vez, y sin que sirva de precedente, no han adoptado la postura del PSOE unos meses después, cosa que, de verdad, les agradezco, es un precedente que deberían imitar más a menudo. (Aplausos.―El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Sin embargo, en estos momentos su partido tiene la competencia de educación en la mayor parte de España. En mi tierra, en Andalucía, donde gobierna el Partido Popular, la realidad de la educación especial es la de un fracaso por tres razones. En primer lugar, un déficit estructural que viene ya de la época socialista, que se resume en la falta de profesores de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje; de orientadores y de PTIS. Todas esas carencias han sido ya muchas veces denunciadas por las familias. En segundo lugar, hay una mala planificación. El número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no ha parado de crecer, pero las ratios siguen disparadas y las aulas sobrecargadas. Es algo en lo que han insistido prácticamente todos los que han intervenido hasta la fecha. En tercer lugar, el incumplimiento de sus propias promesas. Pese a los anuncios del presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y el aumento del presupuesto que se ha dado, las carencias de la educación especial siguen siendo exactamente las mismas que en la época socialista. Han rechazado ustedes de manera sistemática todas las propuestas de VOX en Andalucía para garantizar recursos humanos y materiales para los alumnos con necesidades especiales. Esas propuestas buscaban mejorar la situación actual.

A todo esto se suma el escándalo de los llamados maestros sombra. La Junta ha fomentado un modelo que, en la práctica, traslada a las familias la carga económica de contratar a esos profesionales, imprescindibles para que los niños con autismo puedan seguir en las mismas aulas. Padres que ya hacen un esfuerzo brutal para poder atender a sus hijos, se ven obligados a costear de su bolsillo una atención que debería garantizar la Administración. Por eso, la propia federación de autismo rompió los convenios con la Junta y exigió lo obvio, que sea la Administración quien asuma y gestione la atención de los alumnos con autismo y no los padres. Esto es totalmente inaceptable, señores. (Aplausos).

Por esa razón, vamos a apoyar la toma en consideración de su propuesta, pero tenemos que reiterarles que pueden ustedes hacer mucho más por la escuela de educación especial y por los alumnos con necesidades especiales en las comunidades en las que gobiernan. Y les rogaría que lo hicieran porque no hay nada más amargo que ver cómo fallamos como sociedad a los españoles más débiles.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señorías, comenzar el curso político hablando de educación es muy adecuado. Y ya que lo hacemos, quizás sea un buen momento para reflexionar sobre la imagen que estamos dando en las Cortes Generales. Las instituciones también educan, señorías, fundamentalmente en valores democráticos. Aquí debería imperar el respeto, la tolerancia, la buena educación y la oratoria razonada. Sin embargo, la ultraderecha de VOX, con la ayuda inestimable del Partido Popular, está convirtiendo el Congreso y el Senado en un vertedero tóxico lleno de insultos, de descalificaciones, de odio y de rencor. (Aplausos). Y, con ello, aunque así lo crean, no desestabilizan al Partido Socialista. Ustedes, a lo que están desestabilizando es a la propia democracia española. Desde 2019 llevan inoculando la polarización entre la población española en el mayor ejercicio de desamor a España que hemos visto en las últimas décadas. Es patético traer una proposición de ley para modificar el artículo 74 de la LOMLOE, sobre la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, cuando integrantes del Partido Popular no respetan los derechos humanos, cuando el Partido Popular deshumaniza al contrario, cuando dirigentes del Partido Popular desean cavar fosas como en el año 1936. (Aplausos).

En mi ciudad, en Badajoz, se produjo hace noventa años una matanza en la que asesinaron, en dos días, a más de 4000 personas por el mero hecho de defender la libertad y la democracia. A estas personas las metieron en fosas comunes, como animales, repartidas por el cementerio. Noventa años después, muchas familias siguen sin saber en qué fosa están sus seres queridos. Nunca he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular condenar aquella masacre. Nunca he visto a ningún dirigente del Partido Popular acercarse el 15 de agosto al cementerio, como hacemos centenares de pacenses, para honrar a las víctimas. Hay que ser un canalla para afirmar que van a meter al Gobierno de España en una fosa, como ha hecho el señor Tellado. (Aplausos). Hay que ser un canalla para hablar de fosas, cuando hay miles de fosas en España con miles de personas asesinadas por defender la libertad. Tenía que haber dimitido ya. Señorías, en España el PP ha dejado de ser un partido serio y se ha convertido en una marioneta en manos de la ultraderecha. Cuando el Partido Popular aplaude lo que dijo el señor Tellado, no es que inciten al odio, es que ustedes generan odio, buscan la violencia y la crispación y, por tanto, quedan invalidados para gobernar este país.

Señorías, la propuesta de hoy del Grupo Popular es un bulo que ustedes comenzaron a difundir allá por 2019, cuando la LOMLOE aún era un anteproyecto de ley. Siguieron con la matraca durante todo el proceso legislativo, en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incumpliendo el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y en contra del CERMI y de todos los colectivos de discapacidad. Y lo que es peor, jugando con los sentimientos de un colectivo tan sumamente vulnerable, pero en eso son especialistas. Como la ley fue aprobada por mayoría absoluta, decidieron presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. Y eso hicieron, primero, sus socios hermanos de la ultraderecha y luego ustedes. Ambos han recibido la misma contestación negativa, sendas sentencias del Tribunal Constitucional, la número 34 y la 49 de 2023; pero siguen erre que erre, como un niño malcriado que no respeta las normas.

Pues bien, vamos a contraponer modelos. Primera premisa, ustedes quieren segregar al alumnado con discapacidad, de tal manera que su educación la reciban en entornos separados, apartándolos del resto y, en su propuesta, eliminan toda referencia a la inclusión. Señora Moneo, veo que ha olvidado que el año pasado aprobamos la modificación del artículo 49 de la Constitución española, que indica que garantizar la inclusión es un mandato constitucional. (Aplausos). El Tribunal Constitucional les recuerda que la LOMLOE estableció la educación inclusiva como un principio que sustenta el marco normativo europeo y nacional, dando respuesta educativa a todo el alumnado sin excepción, entendiendo que se garantiza el desarrollo pleno de todas las personas, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social, cosa que ustedes ya vemos que no practican.

Segunda premisa, ustedes dicen que los padres no tienen libertad para decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos y el Tribunal Constitucional les contesta todo lo contrario: La LOMLOE garantiza que el procedimiento de escolarización de este tipo de alumnado tenga en cuenta, además del interés superior del menor, la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. Y añade: La norma no excluye del procedimiento la audiencia de las familias que muestren su preferencia por la educación especial, ni atribuye mayor valor a la opinión de determinadas familias sobre otras.

Tercera premisa, ustedes afirman que la norma margina los centros de educación especial y los condena a su cierre efectivo. La ley indica que las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial, como así ha sido desde su aprobación. Y dice textualmente en su sentencia: En cuanto a la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, basta una interpretación sistemática para concluir su constitucionalidad, ya que la Administración, a la hora de valorar qué alumnos o alumnas necesitan una escolarización muy especializada, debe atender a los criterios contenidos en ella, es decir, si es la opción de la familia, si lo aconseja el interés superior del menor y si está justificado excepcionalmente en función de las circunstancias concurrentes.

En definitiva, señorías, la presentación de esta proposición de ley es impropia y a estas alturas queda claro cuáles son sus maneras de hacer oposición: asumir todos los principios de la ultraderecha que nunca abandonaron, sembrar mentiras y odio, incitar a la violencia y, lo más grave, cero propuestas de Gobierno para este país.

¿Qué será lo próximo que escucharemos? Pues la verdad es que ni lo sabemos ni nos importa. El Partido Socialista va a seguir trabajando cada día para ejercer la política con dignidad, coraje y valentía. Vamos a seguir legislando para ganar derechos y libertades. Vamos a seguir aquí, frente a esta ultraderecha reaccionaria, con aires cada vez más autoritarios. Y no vamos a retroceder ni un solo paso, que les quede claro.

Muchas gracias. (Aplausos).