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Sin adjetivos

Pleno del 22 de julio de 2025

Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Real Decreto-Ley.. Autor: Gobierno. Transcripción literal del Diario de Sesiones n.º 132.

Votación

  • 22 de julio de 2025: salió adelante, 308 sí, 39 no, 1 abstenciones.
  • 22 de julio de 2025: salió adelante, 343 sí, 0 no, 5 abstenciones.

Presidencia. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, comparezco ante la Cámara para presentar y someter a convalidación este Real Decreto Ley 6/2025, por el que adoptamos medidas relativas a los recursos del sistema de financiación territorial. Como saben, señorías, el pasado 17 de junio aprobamos en el Consejo de Ministros esta iniciativa legislativa actualizando las entregas a cuenta y, por tanto, beneficiando a todas las comunidades autónomas de régimen común, ciudades con estatuto de autonomía y ayuntamientos de nuestro país. En concreto, las comunidades autónomas recibirán las mayores entregas a cuenta de la historia este año 2025, con 147 412 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5 % respecto a las entregas percibidas el año pasado. Se trata de la cifra que ya trasladamos a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el que se celebró en julio del año 2024, incluyendo también a las ciudades de Ceuta y Melilla. A esta cantidad habría que sumar la correspondiente a la liquidación del año 2023, la diferencia entre la estimación de ingresos y los ingresos reales cuando ha finalizado el ejercicio contable, alcanzando esta diferencia los 11 692 millones de euros. Por tanto, en total, las comunidades autónomas recibirán este año una financiación de 158 167 millones, siendo la cuantía más alta de la historia para financiar a comunidades y, por tanto, servicios públicos que ya prestan. El objetivo, señorías, es garantizar con este decreto ley que se cuente ya con estos mayores recursos para reforzar justamente la sanidad, la educación, las políticas de vivienda o las políticas que están desarrollando nuestros ayuntamientos. Dar mayor capacidad presupuestaria sin tener que vincular esta medida a los presupuestos generales del Estado, como venía siendo habitual en la época de gobierno del Partido Popular. Y tengo que decirles, señorías, que es una norma importante y esperada. Como saben, en enero de este año tuvimos este mismo debate en esta Cámara; aprobamos desde el Gobierno un real decreto ley que, entre otras medidas, llevaba la actualización de estas entregas a cuenta, con esta extraordinaria inyección de recursos para las Administraciones territoriales. Pero tengo que decir, señorías, que el voto en contra del principal partido de la oposición hizo que quedase derogada e impidió la actualización de las entregas a cuenta. Esta es la paradoja que se produce en la vida política diaria: que se vota en contra de determinadas medidas que inyectan mayores recursos y, en paralelo, se reprocha al Gobierno de España que no dé a las comunidades autónomas y ayuntamientos los recursos, que son derechos de estas comunidades, justamente para atender los servicios públicos. (Aplausos). Por eso, espero que en el día de hoy prevalezca el sentido común y la responsabilidad y que, teniendo en cuenta la cifra tan beneficiosa y, como digo, tan esperada por las Administraciones territoriales, podamos contar con el apoyo mayoritario de esta Cámara. Como digo, es una medida que nos va a permitir mejorar la situación de las finanzas públicas en estas Administraciones. Como saben, señorías, los presupuestos anuales son el instrumento para dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de los recursos resultantes de la aplicación del sistema de financiación, a través de estas transferencias que, como digo, se producen con la estimación del crecimiento que cada año tenemos proyectado. Ante la situación de prórroga presupuestaria, el compromiso de este Gobierno fue y sigue siendo actualizar las entregas a cuenta, como hemos hecho desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Lo hicimos el pasado año, lo hicimos en ejercicios anteriores y lo volvemos a repetir este año, porque no hacerlo, no actualizar las entregas a cuenta, generaría unos resultados financieros no deseados, contrarios a la propia lógica financiera de la legislación en materia de financiación, e impediría trasladar a los entes territoriales el incremento de los recursos derivados de la diferencia de previsión entre el año 2023, presupuestos vigentes, y la disponible para el año 2025. Además, como digo, generaría distorsiones sobre las finanzas de estas Administraciones territoriales e incluso del propio Estado. De esta forma, el Gobierno ha hecho algo que creo que muchas veces no se profundiza en el sentido político que tiene: desligar la actualización de la financiación de las Administraciones territoriales de la propia aprobación de los presupuestos generales del Estado. Los que son más antiguos ―que no más viejos― en el lugar recordarán que durante los Gobiernos del Partido Popular siempre se negó que este desligue de entregas a cuenta y presupuestos se pudiera hacer; todo lo contrario, los ministros de Hacienda del Partido Popular trasladaban a las entidades territoriales que si no se apoyaban los presupuestos generales del Estado no podrían disfrutar de los beneficios en materia de crecimiento económico que estaba experimentando el país. Pero es algo que se ha hecho de forma sistemática durante la etapa anterior y que la legislación nos ha permitido desmentir, pues efectivamente se puede producir, como hicimos el año pasado, una actualización de las entregas a cuenta a pesar de persistir la prórroga presupuestaria. Por eso digo que este ha sido el primer Gobierno en reconocer el autogobierno y la autonomía financiera de las comunidades autónomas y ayuntamientos respecto de la Administración General del Estado. Por tanto, hemos procedido a desligar, con el decreto ley que traemos hoy, la actualización de la aprobación presupuestaria. Esto va a suponer que las comunidades autónomas reciban este año 21 518 millones de euros más de los que dispusieron durante el año 2024. Por poner algunos ejemplos, Andalucía va a recibir 27 435 millones, un 9,6 % más que el año anterior, o Aragón va a recibir 4974 millones, un 9 % más que en el año anterior, y así con el conjunto de comunidades autónomas y ayuntamientos. Por tanto, reafirmamos el compromiso del Gobierno con el autogobierno, con la autonomía financiera de las Administraciones autonómicas y locales y, sobre todo, con mejorar la prestación de los servicios públicos, que afectan a millones de ciudadanos, que es, en definitiva, lo que persiguen estos recursos. También quiero recordar que en estos siete años de gobierno del presidente Sánchez se han destinado a las comunidades autónomas 300 000 millones de euros más que en los últimos siete años de gobierno del señor Rajoy. Esto supone un 47,7 % más de recursos respecto a los que se transfirieron por parte del Gobierno del Partido Popular. De hecho, creo que con esta medida volvemos a poner en valor nuestro compromiso con la financiación de las comunidades autónomas, como se hizo también durante la peor pandemia que tuvimos en un siglo, al mantener inalterables las entregas a cuenta de ese ejercicio, pese a que se había producido una extraordinaria caída del PIB, con liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación, liquidaciones negativas que no asumieron las comunidades autónomas, sino que las asumió la Administración General del Estado, por lo que a efectos económicos la pandemia es como si no hubiera aparecido en el contexto de las entidades territoriales en materia de mayores recursos. El Gobierno mantuvo de hecho esas entregas a cuenta y asumió 4000 millones adicionales de esa liquidación negativa, que no han tenido que devolver a lo largo de este periodo. Hay que recordar también que aprobamos recursos directos por importe de casi 30 000 millones de euros para hacer frente al COVID y que han supuesto también la mayor transferencia de fondos al margen del sistema de financiación que han tenido nunca anteriormente las comunidades autónomas. Hay que recordar igualmente la puesta a disposición de 7000 millones de euros de ayudas directas a la empresa, que también se pusieron a disposición, como digo, de las entidades territoriales, o la corrección del perjuicio que ocasionó el Gobierno del Partido Popular con la implantación del sistema de información del IVA, que causó un agujero ―lo causó el Gobierno del Partido Popular y en concreto el ministro Montoro― de 3000 millones de euros que este Gobierno transfirió a las comunidades autónomas, quitándoselo, por tanto, de la parte que le correspondía al Estado. Yo creo, señorías, que con estas medidas dejamos muy claro que unos nos comportamos de una manera y el Partido Popular, cuando gobierna, se comporta de otra. De hecho, ya sabemos que cuando el Partido Popular tiene que elegir entre los intereses generales o los intereses particulares siempre, siempre elige los intereses particulares contra los intereses generales del conjunto del país. (Aplausos). Lo hicieron cuando votaron en contra de este mismo decreto ley con otras medidas que actualizaban las entregas a cuenta y durante estos días hemos sabido que también lo hicieron desde el Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta es la verdadera cara de la política fiscal del Partido Popular. Al mismo tiempo que ponían en marcha la mayor subida de impuestos a los trabajadores en la historia de nuestro país, recortaron el gasto en sanidad, en educación y en dependencia y rebajaron los impuestos a las grandes empresas, como digo, a cambio de comisiones ligadas a una consultora privada relacionada con el ministro Cristóbal Montoro. Un ejemplo perfecto de esa concepción patrimonialista que tiene el Partido Popular del Estado, según la cual, cuando practican la corrupción, lo hacen de forma sistémica, es decir, capilarizando las instituciones del Estado para ponerlas a su servicio. Por eso, señorías, hay un antes y un después con el Gobierno de Pedro Sánchez, porque durante la etapa anterior lo que recibían las comunidades eran préstamos. Esto suponía un sobreendeudamiento, que precisamente tratamos de corregir en este momento con propuestas en las que ―espero que pronto entren en esta Cámara― el Estado asume parte de la deuda que las comunidades autónomas contrajeron con motivo de las menores transferencias que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo llegar al conjunto de las comunidades y de las entidades territoriales. Además, el real decreto ley también incluye la actualización de las entregas a cuenta a entidades locales, una medida ―lo saben sus señorías― ampliamente demandada por todas las corporaciones locales con independencia de su color político. De esta forma, las entidades locales recibirán 28 734 millones de euros, lo que supone una cifra récord. De hecho, en los siete años de Gobierno progresista, los ayuntamientos han recibido un 32 % más de financiación que en los siete años de Gobierno de Mariano Rajoy. Esto supone 40 000 millones de euros más destinados a las políticas que desarrollan las Administraciones más cercanas a los ciudadanos. Por otro lado, me gustaría poner en valor la actuación del Gobierno durante estos siete años en relación con estos recursos y con la financiación de las entidades territoriales, una respuesta muy diferente a la que se ofreció en la anterior crisis financiera. Antes se practicaban políticas fiscales que asfixiaban financieramente a las comunidades y ahondaron en una crisis que fue más profunda y duradera justamente por la falta de ese estímulo que llevó a que tardáramos siete u ocho años en recuperar las cifras que teníamos antes de sucumbir a esta crisis financiera. Eso produjo un deterioro de los servicios públicos y también elevados niveles de desigualdad que todavía este Gobierno está corrigiendo. Sin embargo, en el Gobierno progresista hemos apoyado siempre a las entidades territoriales, aplicando una política fiscal responsable que ha permitido mantener bajo control las cuentas públicas sin llevar a cabo recortes de gastos. Hemos situado el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2024, y lo hemos hecho con políticas de estímulo al crecimiento económico, garantizando la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales. Muestra de esa buena gestión es que la Comisión Europea situó a España fuera del procedimiento de déficit excesivo, algo que no se produjo nunca con los anteriores Gobiernos del Partido Popular. Una política fiscal que ha contribuido a que la economía española haya resistido mejor de lo esperado, a pesar de sufrir una pandemia sin precedentes, un aumento extraordinario de los precios de la energía y de los alimentos, la mayor subida de tasas de interés en décadas y actualmente una incertidumbre geopolítica que ocupa las páginas de actualidad. Ahí están los datos oficiales para que sus señorías lo puedan comprobar. Somos una de las economías que más crece en Europa, y España va a seguir siendo a lo largo de este año y también del que viene la locomotora de la zona euro. Hoy tenemos el mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de la historia, nunca antes había habido tanta gente trabajando en nuestro país y, sobre todo, ese empleo es de mayor calidad gracias a la reforma laboral y a la subida del salario mínimo, que ha aumentado un 61 % en siete años. Desde la perspectiva micro, los hogares españoles han recuperado la renta real disponible que tenían anterior a la pandemia, a pesar del impacto de la inflación, como ha señalado la OCDE. No son datos de este Gobierno, son datos de organismos acreditados. Por tanto, el Gobierno demuestra que es posible adoptar una política progresista que apoya a las personas vulnerables, que produce un crecimiento económico robusto y que, además, crea empleo de calidad, manteniendo nuestro compromiso con la consolidación fiscal, el verdadero eje transformador que hemos puesto en marcha durante estas legislaturas y que tira por tierra todas las teorías económicas que la derecha ha mantenido durante la etapa anterior. No hace falta que se lo recuerde. Cada vez que se planteaba la subida del salario mínimo, se decía que se iba a destruir empleo; cada vez que hemos puesto en marcha medidas que permitían mejorar la calidad del empleo, se ha planteado igualmente que se iba a destruir. En definitiva, se han tirado por tierra todos los dogmas que ha ido sosteniendo la derecha, en donde las bajadas de impuestos, según la derecha, lo que hacían era incrementar la recaudación, todo lo contrario. Se ha puesto de manifiesto que una reforma laboral que da estabilidad permite que nuestro país tenga un mayor volumen de personas trabajando, y se ha puesto de manifiesto que las políticas económicas que practica este Gobierno hacen que nuestro crecimiento sea superior a los países de nuestro entorno y, además, cumpliendo con las reglas fiscales que nos marca Europa. En definitiva, señorías, este Gobierno ha demostrado realmente que era posible practicar una política progresista en materia económica que no dejaba a nadie atrás y que ha permitido superar las situaciones de crisis en menor tiempo y que, además, no se agravaran con la desigualdad como lastre como elemento fundamental. Además de todo esto, a 31 de mayo de este año hemos transferido 29 000 millones de euros también a las comunidades autónomas procedentes de los fondos europeos del plan de recuperación. Por eso, este decreto ley ―y con ello termino― que sometemos a convalidación es un ejemplo más del compromiso del Gobierno con el modelo territorial que reconoce la Constitución española y del apoyo que este Gobierno hace a las Administraciones territoriales. No hace falta tener que esperar a unos presupuestos generales del Estado en algunos casos ―como sostenía el ministro Montoro, si no se producían esos presupuestos generales, no se procedía a la actualización de las entregas a cuenta― porque con un instrumento tan sencillo como el que traemos hoy, las comunidades no tienen por qué sufrir un recorte o, dicho de otra manera, no recibir los recursos que le corresponden porque participan de la recaudación y, por tanto, no son un epígrafe en los presupuestos generales del Estado. Vamos a seguir mejorando estos servicios públicos cuya competencia reside en otras Administraciones y, por tanto, para ello solicito el apoyo de sus señorías a esta medida. Creo realmente que con ella aprobamos medidas que van a mejorar la situación financiera de las Administraciones territoriales, que favorecen el interés general de la ciudadanía, que responden a las expectativas que tenemos fuera. Muchas comunidades autónomas esperan esta actualización, muchos ayuntamientos esperan esta actualización, y estoy convencida de que no entenderían que esta Cámara no lo hiciera y, por tanto, que no se contara con el respaldo mayoritario. Agradezco a todos los grupos parlamentarios que se han pronunciado en el sentido de votar a favor de este real decreto ley. Señorías, de verdad que el apoyo a este real decreto ley no es un apoyo al Gobierno de España, es un apoyo a todas las comunidades autónomas, a todas las Administraciones territoriales, porque los recursos los necesitan ellas; son Administraciones de todos los colores políticos las que le piden a esta Cámara que aprobemos un real decreto ley que va a mejorar la vida de miles y miles de ciudadanos. Muchas gracias. (Aplausos).

Presidencia. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene, en primer lugar, la señora Micó Micó.

Àgueda Micó Micó

CompromísDiputada.Página 56Vídeo

Gràcies, presidenta. Senyora ministra, senyories del Partit Socialista, recorden aquell acord d’investidura que van signar? Aquell que nosaltres donàvem suport a este Govern a canvi de reformar el sistema de finançament? Perquè sembla que se’ls ha oblidat les regles del joc. I és que a nosaltres, com a fermes defensores de la justícia social, ens agrada poder jugar en igualtat de condicions. Ho dic també perquè quan s’ompliu la boca de progressisme, sembla que el poble valencià no entra dins de la definició del concepte. No han entès vostès que açò no és només una qüestió tècnica, que això també és una qüestió de justícia social. I este Reial decret llei ens torna a castigar sense cap vergonya. La proposta d’aquest Reial decret és que cada valencià i valenciana reba 601 euros menys que la mitjana estatal, 3197 milions d’euros que ens deixen de nou sense oportunitats per a garantir sanitat pública de qualitat, educació digna, habitatge accessible i polítiques socials efectives en un context de postdana en el que estem en estos moments. Per què no s’inclouen en els lliuraments a compte que hui ens proposen els fons de convergència? Per què ens hem d’esperar a l’any 2027 per a rebre’ls? Perquè a les valencianes i els valencians 1700 milions d’euros ens vindrien molt bé, són molts diners. Però és que en el sentit contrari, el fons de suficiència global, que sí que afecta els lliuraments de compte, a nosaltres se’ns resten 2087 milions d’euros, malgrat estar les valencianes i els valencians infrafinançades en un sistema que està caducat des de fa 11 anys. El fons de suficiència global ens castiga en més de mil milions d’euros que, per exemple, a la Comunitat Autònoma de Madrid som dels pocs territoris que apareguem amb saldo negatiu, i els que paguem el preu més alt. Les valencianes i els valencians, sempre al final. Reformen ja el sistema que ens discrimina, i mentrestant, activen fons específics per a situar-nos en la mitjana de la resta de comunitats autònomes. El fons transitori d’anivellament, que no només diuen els experts, sinó que també tenen signat en l’acord d’investidura, perquè és que les valencianes i els valencians no som menys que ningú. Complisquen senyories del Partit Socialista, amb les regles del joc. Mentre que vosaltres no ho feu, nosaltres no donarem suport a este Reial decret llei.

Gracias, presidenta. Señora ministra, señorías del Grupo Socialista, ¿recuerdan el acuerdo de investidura que firmaron, aquel en el que nosotros dábamos apoyo al Gobierno para que reformase el sistema de financiación? Parece que se les han olvidado las reglas del juego. A nosotros, como firmes defensores de la justicia social, nos gusta poder jugar en igualdad de condiciones. Lo digo también porque cuando se llenan la boca de progresismo, parece que el pueblo valenciano no entra dentro de esa definición del concepto. No han entendido ustedes que esto no es solo una cuestión técnica, también es una cuestión de justicia social, y este real decreto ley nos vuelve a castigar sin ninguna vergüenza. La propuesta de este real decreto ley es que cada valenciano y cada valenciana reciba 601 euros menos que la media estatal, 3197 millones de euros que nos dejan de nuevo sin oportunidades para garantizar sanidad pública de calidad, educación digna, políticas sociales efectivas y otras en un contexto de posdana en el que nos hallamos ahora. ¿Por qué no se incluye en las entregas a cuenta que nos proponen hoy los fondos de convergencia? ¿Por qué tenemos que esperar al año 2027 para recibirlos? A los valencianos y valencianas 1700 millones de euros nos vendrían muy bien, es mucho dinero. Pero, muy al contrario, tenemos el Fondo de Suficiencia Global, que sí que afecta a las entregas a cuenta y a nosotros aquí se nos restan 2087 millones de euros. A pesar de que los valencianos y las valencianas estamos infrafinanciados en un sistema que está caduco desde hace once años, el Fondo de Suficiencia Global nos castiga con más de 1000 millones de euros. Somos de los pocos territorios que llegamos con saldo negativo y los que pagamos el precio más alto; las valencianas y los valencianos siempre al final. Reformen ya el sistema que nos discrimina y, mientras tanto, activen fondos específicos para situarnos en la media del resto de comunidades autónomas, como el Fondo Transitorio de Nivelación, que no lo dicen solo los expertos, sino que también lo han firmado en el acuerdo de investidura, porque los valencianos y las valencianas no somos menos que nadie Cumplan, señoras y señores socialistas, con las reglas del juego, porque mientras ustedes no lo hagan nosotros no vamos a dar apoyo a este real decreto ley. (Aplausos).

Presidencia. Moltes gràcies, senyora Micó. Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil.

Néstor Rego Candamil

BNGDiputado.Página 56Vídeo

Obrigado, señora presidenta. Boa tarde.

Entendemos que este real decreto lei era necesario para poder facer as entregas a conta e garantir o financiamento das comunidades autónomas e dos concellos. Agora, hoxe, o debate é outro, é o modelo de financiamento e o BNG teno claro: nós apostamos por un modelo de concerto económico para Galiza que faga que o noso país teña a chave dos nosos recursos, que recade e que teña tamén capacidade de decidir a que destinalos. E por que? Pois porque o actual modelo de financiamento é gravemente prexudicial para Galiza porque, segundo os datos de 2022 e 2023, a diferenza entre o que pagamos ao Estado e o que este nos devolve nada máis e nada menos que de 5000 millóns de euros, algo máis de 5000 millóns de euros. Quere dicir 5000 millóns de euros que perdemos ao que habería que acrecentar o efecto sede de todas esas empresas, máis de 4000 que traballan na Galiza mais pagan os seus impostos en Madrid, e isto nun país que está á cola do Estado español en indicadores socioeconómicos, mesmo descontando o que habería que transferir para os chamados servizos comúns, fosen 1000, 2000 millóns de euros, estamos a falar de 3000 millóns de euros que poderiamos ter a maiores para mellorar os servizos públicos, a educación, a sanidade, a atención á dependencia, os servizos sociais, a vivenda, o emprego, etcétera. Todo aquilo que realmente precisamos. E que fai o PP? E que fai o goberno de Galiza cando estamos neste debate? Pois dicir que o financiamento singular de Cataluña lle resta á Galiza 600 millóns de euros. Eu non sei de onde sacaron ese dato, pero mesmo que fose certo, que son 600 millóns de euros fronte aos 5000 que perdemos cada ano? Isto é como sinalar a lúa, pero mirar realmente para o dedo.

O problema é que o Partido Popular non lle importa, e a Rueda non lle importa prexudicar os intereses da Galiza con tal de obedecer a Madrid porque actúa como bo colonizado que acata submisamente aquilo que lle mandan. Faino co financiamento, faino coa débeda cando ten a posibilidade de descontar 4000 millóns de euros da débeda di que non lle interesa. Por que? Porque o BNG o puxo no acordo de investidura, porque prefire facer a campaña do Partido Popular contra o goberno que beneficiar os intereses da Galiza. Ou faino tamén coa lingua, negándose a que poida ser oficial neste Congreso, como fixo no Parlamento de Galicia ou actualmente na Unión Europea.

En fin, temos que deixar atrás este Partido Popular e temos que deixar atrás este modelo de financiamento. Queremos realmente que Galiza teña o que lle corresponde.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Entendemos que este real decreto ley era necesario para poder hacer entregas a cuenta para la financiación de muchos conceptos, pero el debate hoy es otro, el modelo de financiación, y el BNG lo tiene claro. Nosotros estamos a favor de un modelo de concierto para Galicia donde queremos tener la llave de nuestros recursos y también la capacidad de decidir. ¿Por qué? Porque el modelo actual de financiación es perjudicial para Galicia. Según los datos de 2022 y 2023, la diferencia entre lo que pagamos al Estado y lo que nos devuelve es de más de 5000 millones de euros. Es decir, habría que aumentar el efecto de todas esas empresas que trabajan en Galicia, pero pagan sus impuestos en Madrid. Esto lo dicen los indicadores socioeconómicos. Incluso descontando lo que habría que transferir de los servicios comunes, estamos hablando de 3000 millones de euros que podríamos utilizar para mejorar la sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, vivienda, empleo, etcétera, todo aquello que realmente necesitamos. El PP, en el Gobierno de Galicia, dice que la financiación única de Cataluña quita a Galicia 600 millones de euros. No sé de dónde se sacaron ese dato, pero ¿qué son 600 millones frente a los 5000 que perdemos cada año? Esto es mirar el árbol y no ver el bosque. Realmente, nosotros no podemos ir en contra de los intereses de Galicia con tal de obedecer a Madrid. Nosotros necesitamos una financiación adecuada, y esto ya lo hicieron con la deuda, que no lo hicieron porque no les interesaba. ¿Por qué? Porque no les apoyaban en la investidura, porque preferían hacer una campaña al Gobierno del Partido Popular, y lo cierto es que en este Congreso tendría que ser oficial este modelo de financiación igualitaria para todos. Tenemos que dejar atrás este Partido Popular y este modelo de financiación si queremos que Galicia tenga lo que le corresponde. Muchísimas gracias.

Presidencia. Gracias, señor Rego. Tiene ahora la palabra el señor Sánchez Serna.

SÁNCHEZ SERNA

Página 58

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señora Montero. Me va a permitir una cuestión previa: ayer echamos de menos al Gobierno en las calles de Murcia. Fueron miles de personas las que salieron ayer contra el racismo, y de este Gobierno, que creo que tiene 22 ministros y 43 secretarios de Estado, ninguno se acercó a la Región de Murcia para apoyar a la buena gente de mi tierra después del mayor episodio de violencia racista tras los sucesos de El Ejido. (Aplausos). El mismo Gobierno que luego le pide el voto a la gente, que se lo exige para parar a la extrema derecha, ayer no tuvo tiempo para bajar a Murcia. Otro día, si quiere, hablamos también del distinto comportamiento que ha tenido la Policía Nacional tratando a los trabajadores de Navantia en Cartagena con las bandas neonazis de Torre-Pacheco, pero eso, como digo, lo hablaremos otro día con el señor Marlaska. Mire, le reconozco una cosa. Hay muchas vías para parar esta deriva autoritaria que estamos viendo estos días, sobre todo cuando se tiene el BOE, y la política fiscal es un instrumento fundamental para volver a coser unas comunidades rotas por la desigualdad y volver a sembrar la solidaridad frente a tanto racismo. Hoy nos presentan ustedes un real decreto para la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades, y nos traen esta medida claramente porque ustedes no han aprobado ningún presupuesto desde 2023 y no se espera que lo hagan. Pero este real decreto, además de eso, de un parche ante la falta de presupuestos, podría haber sido algo más, sobre todo para avanzar en la justicia fiscal. Señora ministra, la previsión actual de ingresos que ustedes recogen en el techo de gasto para 2025 permite, efectivamente, aumentar la inversión de las Administraciones territoriales, pero a nosotros nos parece que eso no es suficiente y hace mucho tiempo, hace muchos meses que les venimos diciendo que necesitamos reformas y cambios profundos en la cuestión de la financiación territorial para no seguir con este tran tran. Ustedes prefieren traernos medidas limitadas, parciales, temporales, para aguantar unos meses más, que quizá son necesarias ante la ausencia de unos presupuestos que, como digo, no se esperan, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de reformas estructurales, y hablaré muy rápidamente de dos porque no tengo mucho tiempo. Primero, seguimos teniendo un problema de ingresos y de presión fiscal y, sobre todo, de a quién se dirige la presión fiscal. Los autónomos tienen una presión fiscal alta, los trabajadores también, pero los más ricos no pagan lo que tienen que pagar en este país. No llega, por ejemplo, la subida del IRPF al 1 % más rico o, por ejemplo, crear más tramos a partir de 100 000 euros y llegar hasta un 52 % para las personas que están declarando más de 300 000 euros al año, que sería algo similar a lo que tienen países como Francia, Suecia, Bélgica o Dinamarca; es una cuestión de voluntad política. Y, segundo, tenemos un problema evidente con la financiación de los ayuntamientos. Aquí siempre se habla de la financiación de las comunidades autónomas, pero, al final, los ayuntamientos no pueden ser solamente el hermano pobre de la Administración que se encarga del alumbrado público, de la recogida de basuras y poco más. Los ayuntamientos, que son la Administración más cercana, tienen que garantizar cuidados a la comunidad, y ayuntamientos como Torre-Pacheco y otros que se enfrentan a retos muy complejos deben tener más recursos. Por eso, en Podemos lo tenemos claro: la descentralización de un federalismo bien entendido tiene que llegar también a los ayuntamientos y, por eso, deberían participar en un 30 % de los tributos estatales y no solamente en el 15 %. Es una cuestión de voluntad política y yo le aseguro, señora ministra, que hay margen, que tienen margen, lo que pasa es que tienen que elegir entre seguir con la escalada bélica de la OTAN o poner el dinero en las necesidades de la gente y en las necesidades de los ayuntamientos. Acabo. Ustedes hoy nos plantean otra prórroga, pero creo que sin justicia fiscal y sin abordar los problemas de fondo va a ser otra prórroga del epílogo de este Gobierno que se está escribiendo. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Presidencia. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea

PNVDiputada.Página 58Vídeo

Gracias, presidenta. Mi intervención va a ser muy breve. Este real decreto a examen es una reiteración del contenido del Real Decreto Ley 9/2024, que no fue convalidado en enero de 2025 y, desde luego, no tiene ninguna incidencia en el sistema financiero de Euskadi. Euskadi no está incluida en este modelo de financiación. Además, creemos que el decreto es necesario, desde luego, para evitar tensiones de tesorería y se justifica, además, por la urgencia al no haber unos presupuestos generales del Estado, pero subsiste el problema de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Desde luego, no será mi grupo el que se oponga a que ni las comunidades autónomas ni las Administraciones locales puedan disponer de recursos suficientes para financiar sus propias competencias y, por tanto, unos recursos que se erigen como un pilar fundamental para sus finanzas.

Nada más y muchas gracias.

Presidencia. Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la señora Aizpurua Arzallus.

Mertxe Aizpurua Arzallus

EH BilduDiputada.Página 59Vídeo

Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Hoy, previsiblemente, vamos a convalidar este real decreto ley que contiene las entregas a las comunidades autónomas de régimen común y a las entidades locales, la financiación para ayuntamientos y comunidades autónomas de régimen común. Una financiación que, en el caso de vascos y vascas, efectivamente, tal y como se ha señalado, no recibiremos en cuanto a la financiación autonómica se refiere y que, en el caso de las entidades locales, se producirá a través de nuestras instituciones forales, siempre dentro del marco del convenio y del concierto económico. Se trata de unos recursos que los ayuntamientos vascos utilizarán para seguir prestando servicios esenciales y cercanos a la ciudadanía y que permitirán mantener unas políticas públicas de calidad desde lo local. Siendo esto así, no queremos olvidar que los ayuntamientos siguen teniendo diversas cortapisas que impiden el despliegue de todas sus capacidades. Nos estamos refiriendo a las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria y cumplimiento de déficit; normas que siguen tutelando a los ayuntamientos, que siguen recortando su capacidad de inversión y que siguen atacando la autonomía municipal. Es cierto que la senda fiscal y de déficit que se presentó ―y que las derechas de esta Cámara, tal y como ha recordado usted, tumbaron― ofrecía cierto margen adicional a las entidades locales en su capacidad de déficit, pero sigue siendo insuficiente. Creemos que ha llegado la hora, señora vicepresidenta, de revisar y flexibilizar e incluso de acabar con aquellas duras reglas de gasto y déficit impuestas para permitir que los ayuntamientos puedan mejorar y ampliar los servicios que ofrecen. También este decreto es una buena ocasión para volver a hablar de privilegios y privilegiados, ese argumento falaz e ignorante que las derechas españolas, y ahora también ciertas voces de la izquierda española, utilizan contra quienes o bien tenemos sistemas propios de financiación o contra quienes, como vemos estos días, pretenden tenerlos, como Cataluña. Se nos acusa de insolidarios, de egoístas y de privilegiados, pero es curioso porque, en este cuadro de reparto de millones, no aparecen las instituciones vascas. Los privilegiados vascos no van a recibir un duro, pero, además, los insolidarios vascos votaremos hoy para que ustedes sí reciban todos esos millones. Curioso privilegio y curiosa insolidaridad la nuestra, ¿verdad, señorías? Lo hemos dicho muchas veces: por mucho que repitan sus mentiras y ataques al sistema de concierto y convenio vasco, ni suponen privilegios ni suponen insolidaridad, al igual que no lo supondrá el sistema propio de financiación que, si así lo quieren su sociedad y sus instituciones, Cataluña también tendrá. Muchos se rasgan las vestiduras cuando se plantean estos sistemas propios, pero ninguno de ustedes se atreve a reclamarlos para sí porque, claro, Cataluña sabe muy bien que contar con un sistema propio conlleva nuevas capacidades y mejoras, sí, pero también nuevas responsabilidades y la asunción de nuevos y grandes riesgos. Porque, cuando vienen bien dadas, nosotros gestionamos nuestra recaudación y la revertimos en inversiones sobre las políticas de nuestras competencias, sí, he ahí la ventaja; pero, en épocas de crisis, de baja de recaudación o de mayor necesidad, ahí es donde vienen los riesgos. Y ustedes no afrontan riesgos. Y no lo hacen porque es mucho más fácil, señorías del Grupo Popular, bajar los impuestos a los ricos y esperar a que lleguen días como el de hoy para que el Estado les ingrese los millones. Es más fácil perdonar impuestos a las empresas haciendo dumping fiscal y esperar a que lleguen los días como hoy para que el Estado ingrese esos millones. Es más fácil gastarse el dinero en toros, en comidas Michelín, en toldos inservibles, en chalés de vacaciones o en centros privados porque no pasa nada: ya llegarán los días como hoy y les darán los millones para sostener mínimamente los servicios públicos de su competencia. Compañeros y compañeras catalanes, en Euskal Herria Bildu sabemos perfectamente lo que supone apostar por un sistema de financiación justo pero con mucho riesgo. Por eso, creemos valiente que también vuestro pueblo apueste por ello y nos tendréis al lado para apoyar y respetar lo que legítimamente vuestra sociedad y vuestros representantes decidan. Autonomia munizipalaz hitz egiten ari garela aprobetxatu nahi dut, euskararen, tokiko erakundeen, udal autonomiaren eta euskal herritarren borondatearen aurkako azken erasoa irmoki salatzeko. Auzitegi Gorenak kaleratutako epaiaz ari naiz. Oso larria eta onartezina da Euskal Herrian ezereza den ultraeskuinaren ekimenez hartutako erabakia. Euskararen, euskal hiztunon, euskal erakundeen eta gure autogobernuaren aurkako beste eraso bat. Esparru guztietan euskaraz bizitzeko borondatearen eta hizkuntza eskubideen aurkako enegarren erasoa. Beste behin ere, Espainiako Justiziak erabat kamustuta dagoen autogobernua are gehiago higatu du, eta euskal herritarroi inposatu nahi digu ze hizkuntzatan hitz egin behar dugun. Eraso onartezin honek agerian uzten du Espainiako Justiziak ez dituela euskal erakundeen erabakiak errespetatzen eta gure hizkuntzan aritzeko eskubidea zapaltzen duela etengabe. Horregatik, gaur aitortza eta errespetua eskatu nahi dugu gure hizkuntzarentzat eta gure eskubideentzat. Kongresu honetan euskaraz, katalanez eta galegoz hitz egitea onartu genuenean ere argi esan nuen: guk, Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugu. Ondo dago diputatuok Madrilgo tribuna honetan euskaraz mintzatu ahal izatea. Ondo dago, aurrerapauso sinboliko bat delako, baina guretzat garrantzitsuena ez da Madrilen euskaraz egin ahal izatea. Guk nahi duguna da gure herrian, Euskal Herri osoan, euskaraz bizitzeko aukera izatea, eta horretarako, zuei, Estatu honetako ordezkari politiko eta instituzionalei, gure hizkuntza aitortu eta errespetatzea dagokizue. Hori da gaur berriro ere exijitzen dizueguna aitortza eta errespetua, eta horretarako beharrezkoak diren neurriak har ditzazuela. Euskararen kontrako oldarraldia gelditzeko keinu sinbolikoek jada ez dutelako balio, jada ez delako nahikoa oldarraldia salatzea. Bada garaia erabakigarritasunez aritzeko eta euskararen biziberritzean pauso sendoak emateko. Ezin dugu begira geratu. Beharrezkoak diren aldaketa guztiak egiteko garaia da. Berriz ere justizia espainolak ez ditzan gure eskubideak urratu. Euskaldunok, Euskal Herrian, euskaraz bizi nahi dugulako.

Besterik ez. Mila esker.

Ahora que estamos hablando de autonomía municipal, quiero aprovechar para denunciar firmemente el último ataque contra el euskera, las instituciones locales, la autonomía municipal y la voluntad de la ciudadanía vasca. Me refiero a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo. Esta decisión, tomada a iniciativa de una ultraderecha que no tiene ningún peso en el País Vasco, es muy grave e inaceptable; es un nuevo ataque al euskera, a los vascoparlantes, a las instituciones vascas y a nuestro autogobierno; es el enésimo ataque a la voluntad de vivir en euskera en todos los ámbitos y a los derechos lingüísticos. Una vez más, la justicia española ha erosionado aún más a un autogobierno totalmente debilitado y quiere imponernos a los vascos la lengua en la que queremos hablar. Es una agresión intolerable que pone de manifiesto que la justicia española no respeta las decisiones de las instituciones vascas y pisotea constantemente el derecho a utilizar nuestra lengua. Por ello, hoy queremos pedir reconocimiento y respeto para nuestra lengua y nuestros derechos. Lo dije de forma clara también cuando aprobamos el derecho a hablar en euskera, catalán y gallego en este Congreso: en el País Vasco queremos vivir en euskera. Está bien que los diputados podamos expresarnos en euskera desde esta tribuna de Madrid, está bien porque es un avance simbólico, pero lo importante para nosotros no es poder hablar en euskera en Madrid; lo que nosotras queremos es tener la oportunidad de vivir en euskera en nuestro país, en toda Euskal Herria. Y, para ello, a ustedes, a los representantes políticos e institucionales de este Estado, les corresponde reconocer y respetar nuestra lengua, y eso es lo que hoy, una vez más, les exigimos: reconocimiento y respeto, y que para ello adopten las medidas necesarias para frenar los ataques contra el euskera. Porque los gestos simbólicos ya no sirven, porque ya no basta con denunciar los ataques; ya es hora de actuar con determinación y de dar pasos firmes para la revitalización del euskera. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de hacer todos los cambios necesarios para que la justicia española no vulnere nuestros derechos una vez más, porque los vascos y las vascas en Euskal Herria queremos vivir en euskera.

Nada más. Gracias. (Aplausos).

Presidencia. Eskerrik asko, señora Aizpurua. Por el Grupo Parlamentario Republicano, té la paraula la senyora Jordà i Roura.

Teresa Jordà i Roura

ERCDiputada.Página 60Vídeo

Bé, gràcies presidenta. Molt bona tarda. Es nota que és l’hora de dinar perquè regna un gran silenci en aquest hemicicle. Vicepresidenta, vicepresidentes. Diputades, diputats, jo personalment desconec quants alcaldes, alcaldesses, regidors o regidores reben vostès cada dia. Els hi asseguro que nosaltres en rebem moltíssims i no hi ha dia que algun d’aquests càrrecs municipals del nostre país no es queixin, bàsicament de la falta de la manca de recursos per dur a terme la despesa que els seus ciutadans mereixen. No sé, vicepresidentes, si acabarem convalidar aquest reial decret. Espero que sí. Tampoc sé què faran els diputats i diputades de VOX, però això també beneficia els ajuntaments. En tenen pocs perquè diria que en tenen més o menys igual que el nombre de diputats que tenen en aquest hemicicle. El que no entendria de cap de les maneres és que el Partit Popular, que en té uns quants centenars més, doncs, en fi, no fes ús, no votés, no premés el botó verd per donar més recursos als seus ajuntaments. No ho entendria.

Però, en definitiva, el que és evident és que la realitat és diàfana, és molt clara: els ajuntaments se’ls imposa una rigidesa fiscal, s’ha dit, extremadament descomunal que els impedeix fer ús, com dèiem, dels seus propis recursos, bàsicament per invertir, per invertir en allò que els ajuntaments vulguin. Per invertir, per exemple, en habitatge, per invertir en despesa social o per invertir en el dia a dia de les seves infraestructures. I no només això, sinó que l’Estat, i això és evident, vicepresidenta, no els ha transferit els recursos que els pertocaven en base al creixement de l’economia del 2024, que avui això intentarem refer. De fet, no és cap novetat, perquè això mateix també es fa amb la senda de dèficit de l’Estat. En aquest cas s’ha quedat aquests recursos que corresponen si els ajuntaments i els territoris de l’Estat a les comunitats autònomes.

En definitiva, ho sabem totes i tots ho diem manta vegades, però no s’acaba de solucionar la realitat dels ajuntaments. El dia a dia de les administracions més properes als ciutadans i les ciutadanes és d’un infrafinançament flagrant, immens. I aquest és un dels grans problemes de l’Estat. Els ajuntaments i les comunitats autònomes proveeixen dels serveis dels serveis claus, m’atreviria a dir, de l’Estat del benestar, però tenen un finançament profundament injust. De fet, també ho he de dir fins a dia d’avui. El Partit Socialista no ha fet altra cosa que escudar-se primer en la falta de col·laboració del Partit Popular, que li he donat la raó, vicepresidenta. És veritat, és veritat, però quan aquesta excusa no ha servit o no ha estat prou robusta, doncs hem carregat el mort en el marc europeu. És igual. La qüestió fins fa unes setmanes era no parlar i no admetre l’infrafinançament del món local. I, de fet, també val a dir, el de la Generalitat de Catalunya.

I avui ens arriba aquest Reial decret. Nosaltres, des del Grup Republicà, ho celebrem i aprofito per recordar que sí que va ser Esquerra Republicana qui, a través d’una esmena a la llei sobre la responsabilitat civil i segur de la circulació de vehicles de motor, aconsegueix transaccionar i afegir una disposició addicional perquè el Govern fes, faci, ha fet les modificacions oportunes per fer efectiva l’actualització de les entregues a compte i de les referències relatives a la participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat corresponents a l’any vigent corresponents a l’any 2025. Ho hem de dir: una prova més que el PSOE no fa sinó que el PSOE se l’obliga a fer. Bé, en aquest cas, val a dir que ho hem aconseguit. Avui, convalidarem si tot va bé, aquest decret i s’ha aprovat ja definitivament també la llei amb la nostra esmena.

Dit això, i malauradament, però, continuem pensant que el PSOE en matèria fiscal no és suficientment valent. A dia d’avui encara no han reformat la Llei Montoro. Una llei que sap perfectament, ho ha explicat la pròpia vicepresidenta, que va instal·lar aquest marc d’austeritat a Espanya i que impedeix als ajuntaments fer ús dels seus propis romanents fer ús dels seus propis romanents. El Partit Socialista avui encara no ha presentat una regla de despesa per a l’any 2025. De fet, val a dir també que quan ho ha fet en anys anteriors ha afegit també una disciplina fiscal als ajuntaments i a la Generalitat, però que no s’ha aplicat el mateix Estat. Bé, això és així, ho sabem. I vaja, jo diria que és extremadament trampós. I atenció, per nosaltres el que és més greu és que sense la pressió també del meu grup parlamentari, el ministeri no sé si tenia alguna intenció, potser sí, vicepresidenta, d’augmentar els recursos dels ajuntaments en aquest 13 %, perquè això ja ho va prometre vostè al novembre de l’any passat i no s’havia complert. De fet, val a dir que tot això, senyories, no és un regal del ministeri, no és un regal de l’Estat, és senzillament el que pertoca als ajuntaments. I això ho hem de tenir molt clar. És justícia. Mirin, entre romanents i recursos que es deuen als ajuntaments, almenys fins que avui es convalidi aquest reial decret perquè això disminuirà una mica, estem parlant de 45 000 milions d’euros. Uns recursos que, entre altres, serien molt útils, molt útils contra, per exemple, la lluita contra l’emergència a l’accés a l’habitatge per dotar realment els ajuntaments, a tots els ajuntaments, la capacitat, per exemple, per ampliar justament el parc públic d’habitatge és una cosa que jo crec que demanen tots els alcaldes, alcaldes i alcaldesses de les files dels diferents grups parlamentaris d’aquest hemicicle. Vaja, crec.

Acabo amb un advertiment. Aquests recursos han d’arribar el mes de juliol. Queden pocs dies. Però això ho hem de complir. Des d’Esquerra Republicana, no permetrem demores. És més, esperem. I això potser és un brindis al sol. Però esperem, vicepresidenta, que aquest pas sigui un trampolí. Sigui un trampolí per a una reforma, una reforma de veritat del sistema de finançament que reconegui d’una vegada per totes el paper cabdal de les administracions més properes a la ciutadania, de les administracions més importants a favor dels nostres alcaldes i alcaldesses, sigui quin sigui el seu color polític.

Res més. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Se nota que es la hora de comer, porque reina un gran silencio aquí, en este hemiciclo. Vicepresidentas, diputadas y diputados, yo, personalmente, desconozco cuántos alcaldes o alcaldesas reciben ustedes cada día. Les aseguro que nosotros recibimos a muchísimos, y no hay día en el que alguno de estos cargos municipales de nuestro país no se queje de la falta de recursos para llevar a cabo el gasto que sus ciudadanos merecen. Vicepresidentas, no sé si acabaremos convalidando este real decreto, espero que sí. Tampoco sé qué van a hacer los diputados y las diputadas de VOX, pero eso también beneficia a los ayuntamientos. Tienen pocos, diría, porque tienen más o menos el mismo número que el de diputados que tienen aquí, en este hemiciclo. Lo que no entendería de ningún modo es que el Partido Popular, que tiene unos cuantos centenares más, no le diera al botón verde para dar más recursos a sus ayuntamientos. No lo entendería. En definitiva, lo que es evidente es que la realidad es diáfana, es muy clara. A los ayuntamientos se les impone una rigidez fiscal, se ha dicho que extremadamente descomunal, que les impide hacer uso, como decíamos, de sus propios recursos, básicamente para invertir; para invertir en aquello que los ayuntamientos quieran; para invertir, por ejemplo, en vivienda; para invertir en gasto social o en el día a día de sus infraestructuras. Y no solo eso, sino que el Estado —y‌ eso es evidente, vicepresidenta— no les ha transferido los recursos que les tocaban sobre la base del crecimiento de la economía de 2024, y hoy intentaremos reafirmarlo. Y no es una novedad, porque eso mismo se hace también con la senda del déficit. El Estado, en este caso, se ha quedado con esos recursos que corresponden, sí, a los ayuntamientos y a los territorios del Estado, a las comunidades autónomas. En definitiva, todas y todos lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, pero no se acaba de solucionar. La realidad de los ayuntamientos, el día a día de las Administraciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas, es de una infrafinanciación flagrante, inmensa, y es uno de los grandes problemas del Estado, de los ayuntamientos y comunidades autónomas, que proveen los servicios, los servicios clave, diría incluso, del Estado del bienestar, pero tienen una financiación profundamente injusta. De hecho —‌y tengo que decirlo también—, hasta hoy el Partido Socialista no ha hecho otra cosa que escudarse, primero, en la falta de colaboración del Partido Popular; tengo que darle la razón, vicepresidenta, es cierto, es verdad. Pero, cuando esta excusa no ha servido, no ha sido suficientemente robusta, le hemos cargado el muerto al marco europeo, da igual. La cuestión hasta hace unas semanas era no hablar, no admitir la infrafinanciación del mundo local, de hecho, también —‌hay que decirlo— de la Generalitat de Catalunya. Hoy nos llega este real decreto. Nosotros, desde el Grupo Republicano, lo celebramos. Y aprovecho para recordar que sí, que fue Esquerra Republicana quien, a través de una enmienda a la Ley sobre la Responsabilidad Civil y Seguros para la Circulación de Vehículos de Motor, consiguió transaccionar y añadir una disposición adicional para que el Gobierno hiciera las modificaciones oportunas para hacer efectiva la actualización de las entregas a cuenta y las referencias relativas a la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondientes al año vigente, el año 2025. Tenemos que decirlo: una prueba más de que el PSOE no hace, sino que al PSOE se le obliga a hacer. Y, en este caso, hay que decir que lo hemos conseguido. Hoy vamos a convalidar, si todo va bien, este decreto, y se ha aprobado ya definitivamente la ley con nuestra enmienda. Dicho esto, desafortunadamente, seguimos pensando que el PSOE, en materia fiscal, no es suficientemente valiente. Hoy día aún no han reformado la ley Montoro, una ley que saben perfectamente —‌y lo ha explicado la propia vicepresidenta— que instaló este marco de austeridad en España y que impide a los ayuntamientos hacer uso de sus propios remanentes. El Partido Socialista hoy no ha presentado aún una regla de gasto para el año 2025 y, de hecho, también hay que decir que, cuando lo ha hecho, en años anteriores, ha añadido también una disciplina fiscal a los ayuntamientos y a la Generalitat que no se ha aplicado al mismo Estado. Eso es así, lo sabemos, y yo diría que es extremadamente tramposo. Y, atención, para nosotros lo que es más grave es que, también, sin la presión de mi grupo parlamentario, el ministerio no sé si tenía alguna intención —‌quizás sí, vicepresidenta— de aumentar los recursos a los ayuntamientos en ese 13 %, porque eso ya lo prometió usted en noviembre del año pasado y no se había cumplido. De hecho, hay que decir que todo esto, señorías, no es un regalo del ministerio, no es un regalo del Estado, es sencillamente lo que les toca a los ayuntamientos, y eso hemos de tenerlo muy claro, es justicia. Y entre remanentes y recursos que se deben a los ayuntamientos, al menos hasta que hoy se convalide este real decreto, porque esto va a disminuirlo un poco, estamos hablando de 45 000 millones de euros; unos recursos que, entre otros, serían muy útiles para la lucha contra la emergencia o el acceso a la vivienda, para que realmente todos los ayuntamientos tengan la capacidad de ampliar el parque público de viviendas. Es algo que creo que piden todos los alcaldes y alcaldesas de las filas de los diferentes grupos parlamentarios de este hemiciclo.

Y termino con una advertencia. Estos recursos tienen que llegar el mes de julio. Quedan pocos días, pero eso hay que cumplirlo. Esquerra Republicana no va a permitir demoras. Es más, y quizá eso sea un brindis al sol, pero esperamos, vicepresidenta, que este paso sea un trampolín para una reforma de verdad del sistema de financiación que reconozca de una vez por todas el papel caudal de las Administraciones más cercanas a la ciudadanía, de las Administraciones más importantes, a favor de nuestros alcaldes y de nuestras alcaldesas, sea cual sea su color político.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Presidencia. Moltes gràcies, senyora Jordà. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora Rivera Arias.

Engracia Rivera Arias

Grupo SumarDiputada.Página 63Vídeo

Buenas tardes, presidenta, señorías, vicepresidentas. Hoy venimos a aprobar nuevamente un decreto ley para las actualizaciones de entrega de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Nuestro grupo comparte la necesidad de la actualización de esas entregas y también comparte que hay que desconectarlas de los presupuestos generales del Estado, ahora bien, no en julio; julio es muy tarde. Llevamos meses, desde enero, esperando que venga de nuevo este decreto para que realmente se materialicen los ingresos, y si nosotros lo estábamos esperando, imagínese usted, vicepresidenta, la cantidad de ayuntamientos que lo están esperando desesperados. Ahora sí, debemos recordar que esta actualización no se materializó en enero porque el Grupo Popular, entre otros, decidió votar en esta Cámara en contra de convalidar el real decreto ley, y estos meses hemos visto lo que ha hecho el Partido Popular. Por ejemplo, tras votar el Grupo Popular aquí en contra de la actualización de las entregas, el Gobierno de Moreno Bonilla, en mi tierra, Andalucía, dice que expresa su malestar por este castigo permanente del Gobierno de España por la no actualización de las entregas a cuenta: Diario del Sur. Señorías del Partido Popular, ¿han olvidado cuando Montoro era ministro? ¿Han olvidado cuando su Gobierno montó una ‘policía patriótica’ y el señor Montoro montó una ‘hacienda patriótica’ que servía a su bolsillo y al de sus empresas corruptoras? (Aplausos). Porque nosotros no lo hemos olvidado. Todo esto, mientras seguía recortando derechos y desahuciando vidas. Y si un año había prórroga presupuestaria, las comunidades autónomas y las entidades locales no tenían actualización de las entregas a cuenta; eso es lo que había: lentejas. Pues eso, este decreto ley es un ejemplo de mayor sensibilidad y cuidado con la financiación de todas las instituciones. Y hay que ir más allá. Saludamos con interés la idea expresada en la reunión bilateral Gobierno y Generalitat de Catalunya de establecer un modelo que acabe con este mecanismo de entrega a cuenta y permita la puesta a disposición, en tiempo real, de la recaudación real. Hablando del acuerdo de modelo de financiación, también llevamos días escuchando al Partido Popular y a sus terminales soltar todo tipo de bulos y falsedades sobre el modelo de financiación y el acuerdo de la comisión bilateral a la que ya he hecho referencia. Les voy a poner dos ejemplos sobre ese texto de la comisión bilateral y lo que dice sobre el modelo. La primera frase: El modelo que sirva para Cataluña ha ser generalizable para el resto de las comunidades autónomas que decidan desarrollar su autogobierno. Lo compartimos; lo que lamentamos es que haya Gobiernos de comunidades autónomas que no quieran desarrollar la potencia de sus estatutos (aplausos), que no refuercen su autogobierno, que olviden los intereses de la mayoría social de su tierra y gobiernen para intereses minoritarios de algunos que solo piensan en forrarse. Ahora la duda que tenemos es si lo hacen gratis o cobran como hacía Montoro. Otra frase: En el nuevo modelo, Cataluña debe aportar a los gastos del Estado y contribuir para asegurar la justicia redistributiva que garantiza el bienestar de la ciudadanía de otras comunidades autónomas. ¿Qué es peor y rompe más España, la afirmación que yo acabo de hacer o el dumping fiscal que hace Ayuso en Madrid con el aplauso y la complicidad de hasta la última gaviota de este país? Pues creo que lo segundo. Señorías del PP, dejen de mentir y estimular odios y agravios. La realidad es la que es. Cuando los territorios dicen que han estado castigados es por lo que ustedes votaron aquí, y reclaman lo que las diputadas de SUMAR votamos a favor hace meses y hoy también: la actualización de las entregas a cuenta. El modelo de financiación futuro será justo o no será, porque para eso van a servir los votos del Grupo Plurinacional SUMAR y muy especialmente los votos de los escaños andaluces de SUMAR, que beben de ese hilo histórico de quienes ganamos el autogobierno en las calles a las oligarquías que querían una Andalucía sumisa y secundaria (aplausos), de ese hilo histórico que cree en la fraternidad y la diversidad de los pueblos, de esa clase obrera andaluza que se sabe más hermana del pagès català, de la treballadora del metall basca o del treballador del país valencià que del cacique andaluz; esos se los dejamos a ustedes. (Aplausos). Esto respecto a la actualización de las entregas a las comunidades autónomas.

Respecto a las actualizaciones de los ayuntamientos, creemos que este decreto ley es una medida necesaria, pero claramente insuficiente. Desde una mirada municipalista, progresista y federal, no podemos conformarnos con una actualización técnica de las entregas a cuenta. Necesitamos una reforma en profundidad del sistema de financiación local, sin contar que por el camino se han dejado una medida importantísima para las entidades locales de este país; falta una disposición que permita que los ayuntamientos puedan usar los remanentes acumulados en la liquidación de 2024 para poder hacer inversiones financieramente sostenibles. (Aplausos).

Señora vicepresidenta, ya estamos tardando en expulsar de una vez por todas a Montoro de nuestros ayuntamientos. (Aplausos). Toca derogar esa nefasta norma que enjauló a nuestras entidades locales y que, incomprensiblemente, se sigue aplicando. Tampoco olvidamos otra de las grandes hazañas de Montoro, la tasa de reposición, que sigue siendo una losa enorme que dificulta la gestión a la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país, impide la generación de empleo y, por tanto, la prestación adecuada de servicios. Quienes gobiernan desde lo local saben bien lo que significa trabajar con recursos escasos, saben lo que es atender a la ciudadanía en primera línea ―servicios sociales, dependencia, vivienda, educación, educación infantil, limpieza, transporte, igualdad― sin contar con una financiación adecuada ni con las competencias bien definidas. Es verdad que este decreto alivia la tesorería municipal a corto plazo, pero no cambia lo esencial. Seguimos teniendo un modelo de financiación pensado desde arriba, que no reconoce el papel clave que juegan los ayuntamientos en la vertebración de nuestro país ni su capacidad transformadora. Seguimos financiándonos con fórmulas opacas, criterios inerciales y compensaciones históricas que no reflejan la realidad social de nuestros vecinos y vecinas.

Señorías, no puede haber justicia social sin justicia territorial. Los ayuntamientos no pueden ser la última trinchera sin medios. El municipalismo quiere y debe ser la primera garantía de derechos con financiación justa. El sistema actual ahoga a los pequeños municipios, ignora el esfuerzo fiscal de muchos ayuntamientos para no recortar y el sobrecoste de los servicios en las zonas rurales. Es un sistema que castiga a quienes más hacen con menos. Por eso ―y termino―, desde nuestro grupo parlamentario reclamamos un nuevo modelo de financiación local que se base en variables sociales, no solo demográficas, y que garantice suficiencia financiera, progresividad y transparencia; un modelo que reconozca que los municipios no son la hermanita pobre del Estado, son el corazón de nuestra democracia, de la democracia cotidiana.

Y me va a permitir la presidenta que termine con una cuestión que no tiene que ver, pero que creo que es importante, porque lo que no se habla no existe. Hoy Daniel no ha sido entregado al maltratador que se lo quiere llevar a Italia. Ha sido suspendida la entrega hasta el viernes. Es muy importante que resuene en todo nuestro país esta resistencia frente a la violencia institucional patriarcal que ejerce actualmente nuestro Poder Judicial. Hay que escuchar a Daniel; escuchen a Daniel, por favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidencia. Muchas gracias, señora Rivera. Por el grupo parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Sáez Alonso-Muñumer. (Aplausos.―El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

VoxDiputado.Página 64Vídeo

Gracias, señor presidente. Señora Montero, señorías, hoy, como es habitual con este Gobierno, volvemos a asistir a la deficiente técnica legislativa que supone el uso del real decreto ley alegando inexistentes causas de extraordinaria y urgente necesidad. El Gobierno, que incumple de forma reiterada el mandato constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado, habla de causas de extraordinaria y urgente necesidad. Se alega que, de no aprobarse este real decreto ley, se generarían unos resultados financieros indeseados. Este Gobierno no entiende que lo que genera unos resultados financieros indeseados es el elevado nivel de deuda pública, que asciende a 1,66 billones de euros a mes de mayo del año 2025 (aplausos); olvida que la deuda pública ya ha generado en el año 2024 un indeseado gasto por intereses de 38 986 millones de euros, un indeseado gasto por intereses que asciende a 215 589 millones de euros desde el año 2018. Es un gasto financiero que no repercute en el bienestar de los ciudadanos y que es el resultado del aumento exponencial de la deuda emitida para financiar el despilfarro y la irresponsabilidad de los sucesivos Gobiernos que ha tenido España especialmente en los últimos veinte años. (Aplausos).

Se alega también que, de no aprobarse, las comunidades autónomas se verían obligadas a endeudarse. Curioso argumento cuando hablamos de unas comunidades autónomas que han hecho del endeudamiento un pilar básico de sus políticas. Recordemos que la deuda de las comunidades autónomas a 31 de marzo asciende a más de 338 000 millones de euros. Hoy comprobaremos la coherencia y sinceridad del posicionamiento de partidos políticos y varones regionales que critican la subida de impuestos y que se recaude más que nunca, pero que, a continuación, piden su parte para poder aumentar el gasto de comunidades autónomas y entidades locales. Hoy comprobaremos, por tanto, si avalan la subida de impuestos que tanto critican.

Señorías, lo que es de extraordinaria y urgente necesidad no es actualizar el sistema de financiación de comunidades autónomas y entidades locales; lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es simplificar la estructura de un Estado autonómico derrochador que tiene claras deficiencias y múltiples duplicidades. (Aplausos). Es un Estado autonómico que ha aumentado exponencial e irracionalmente las dimensiones y el coste de las Administraciones públicas, y todo a costa de aumentar la presión fiscal de los ciudadanos y de agrandar la deuda. Les voy a dar tres datos. Primero, en 2005 las comunidades autónomas tenían poco más de 1,2 millones de nóminas; ahora, se aproximan a 2,1 millones de nóminas. Segundo, las comunidades autónomas han incrementado su deuda en más de 298 000 millones de euros en los últimos veinticinco años. Tercero, las comunidades autónomas han incrementado su presupuesto de gastos en estos últimos veinte años en un 122,7 %.

Hablamos de un Estado autonómico que exige cada año más dinero, sin mejorar los servicios esenciales: ni mejor sanidad ni mejor educación ni mejor atención a nuestros mayores. (Aplausos). Debemos decir la verdad a los españoles: las comunidades autónomas solo dedican, de media, un 54,1 % de su presupuesto a sanidad, educación, justicia y acceso a la vivienda. Este es un dato de los presupuestos del año 2024. ¿Saben lo que eso significa? Significa que, de los 265 000 millones de euros de presupuesto de las comunidades autónomas del año 2024, más de 121 000 millones de euros no se dedican a sanidad, educación, justicia y acceso a la vivienda. (Aplausos). Hablamos de un Estado autonómico que fomenta el despilfarro, la duplicidad de estructuras administrativas y el clientelismo político, porque hablamos de despilfarro, duplicidad y clientelismo cuando vemos que las televisiones autonómicas recibieron, en transferencias y subvenciones, 986 millones de euros en el año 2023. Hablamos de un Estado autonómico que ha multiplicado las leyes y la burocracia y que ha perjudicado la unidad de mercado. No hay más que comprobar cómo en el año 2023 los distintos boletines oficiales de las comunidades autónomas registraron en sus publicaciones un total de 1 036 760 páginas. Hablamos de un Estado autonómico que ejerce competencias que deberían estar en manos de entes locales o provinciales. Pensemos en áreas como servicios sociales, vivienda o desarrollo local.

Señorías, lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es que todas las Administraciones, antes de exigir nada, lleven a cabo un análisis de sus gastos para ver su necesidad y eliminar aquel gasto que tenga carácter político o superfluo. Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es reconstruir un Estado desvertebrado por un modelo autonómico inútil, ineficiente y creador de desigualdades entre los españoles.

Presidencia. Señoría, finalice, por favor.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

VoxDiputado.Página 65

Voy terminando. Es un Estado autonómico derrochador, cuya existencia y funcionamiento no responde a criterio alguno de eficiencia ni de responsabilidad financiera. Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es construir un Estado fuerte, donde el dinero público no se utilice para comprar votos, sino que cada euro gastado redunde en el bienestar de los españoles.

Presidencia. Señoría, termine, por favor.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

VoxDiputado.Página 65

Lo que es de extraordinaria y urgente necesidad es que ustedes se vayan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Presidencia. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González.

Juan Antonio González Gracia

PSOEDiputado.Página 66Vídeo

Gracias, presidente. El actual vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, el señor Bravo, decía en un tuit lo siguiente (muestra una fotocopia de un tuit): «Hay personas que a lo largo de tu trayectoria profesional te marcan. En mi caso, el ministro Cristóbal Montoro es una de ellas. Es un privilegio escucharle hablar sobre economía y fiscalidad con su brillantez y claridad». Yo lo único que espero es que el portavoz del Grupo Popular que tenga que bajar ahora a este atril explique a qué se refería con eso de claridad fiscal (aplausos), porque, a pesar de que el señor Feijóo está escondido, toda la cúpula del Ministerio de Hacienda del Partido Popular de Montoro está imputada, repito, toda la cúpula del Ministerio de Hacienda de Montoro. Eso, señorías, tiene un nombre, eso se llama mafia. (Aplausos). Cuando en la historia de España se analice cuál fue la política fiscal del Partido Popular durante su Gobierno, ya tendremos una respuesta: la que más beneficiaba a los amigos del despacho de Montoro. Señorías, las entregas a cuenta para comunidades y ayuntamientos que trae hoy el Gobierno son 300 000 millones de veces mejores que las que traía el Partido Popular. Existe un dato esclarecedor que se llama 300 000 millones de euros. Esa es la cantidad, señorías, en la que, con los Gobiernos socialistas de Pedro Sánchez, las comunidades han mejorado la financiación. Voy a poner ejemplos. La Comunidad de Madrid recibirá este año con Montero 7193 millones de euros más de los que recibía con el gran Montoro. Andalucía, con la vicepresidenta Montero, recibirá este año 9390 millones de euros más de los que recibía con el último Gobierno del Partido Popular. Mi tierra, Extremadura, recibirá este año con Pedro Sánchez 1282 millones de euros más de los que recibía siendo Rajoy presidente. Por todo ello, y con el ruido que en estos momentos hay sobre financiación autonómica, yo creo que lo más saludable no es correr tras un micro a ver quién dice la barbaridad más grande; lo más saludable es saber qué modelo quieren las comunidades autónomas, qué modelo quieren ustedes, señores del PP, porque luego hay que traerlo aquí y discutirlo entre todos. Por encima de todo emergen dos verdades: la primera es que el sistema de financiación actual está agotado y la segunda gran verdad es que con los Gobiernos de Pedro Sánchez las comunidades han recibido 300 000 millones de euros más en entregas a cuenta. (Aplausos). Los ayuntamientos también serán los grandes beneficiarios. La comparativa es muy evidente. En los siete años de Gobierno progresista de Pedro Sánchez los ayuntamientos han recibido 40 000 millones de euros más. La pregunta es: ¿por qué se dan estas cifras? Pues porque parte de las entregas a cuenta se calculan por la estimación de la recaudación que va a hacer el Gobierno vía IRPF, vía IVA e impuestos especiales, y las cifras son buenas, señorías. Son buenas porque si España en el año 2024 fue la mejor economía de todos los países desarrollados, para 2025, según el Fondo Monetario Internacional, este año será la economía avanzada que más crecerá, y su tasa de deuda también bajará. Eso es lo que ustedes, señores de la derecha, no conciben. Es lo que ustedes no soportan. Es lo que a ustedes les provoca urticaria. ¿Cómo estos progres trasnochados, cómo estos rojos descamisados pueden hacer que España sea la mejor economía? Pues lo hacemos. (Aplausos). Lo hacemos, señores de la derecha; lo hacemos, a pesar de su voto en contra. Porque al subir las pensiones, con su voto en contra, un 23 % en los últimos seis años, no solamente damos dignidad a nuestros mayores, sino que reactivamos el consumo interno. Subir el salario mínimo interprofesional, con su voto en contra, un 61 % no solamente es mejorar el salario fundamentalmente a nuestros jóvenes y mujeres, sino que también es darles más capacidad de compra. (Aplausos). Aprobar la reforma laboral, con su voto en contra, significa tener casi veintidós millones de españoles y españolas trabajando. Nunca hubo más gente trabajando en España que en estos momentos. Y todo ello, señorías, sin subir los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. Porque, a pesar de los bulos de la derecha, España está 2,3 puntos por debajo de la presión media fiscal en la zona euro. Si hablamos de subir los impuestos, que nos explique ahora cuando venga el portavoz del Partido Popular los cuarenta impuestos que subieron en la época de Rajoy. Pudieron ser más, muchos más, pero ya hemos conocido cuál era la política fiscal del Gobierno del Partido Popular: se subieron cuarenta impuestos a millones de españoles y españolas, salvo a aquellos que previamente pasaban por la caja del despacho del ministro de Hacienda, el señor Montoro. (Aplausos). Esa era la política fiscal del Partido Popular. Por último, señorías, estas entregas a cuenta son muy buenas porque hay crecimiento económico. Y parte de culpa de ese crecimiento económico la tienen los inmigrantes que han venido a este país. Gente que se levanta bien temprano para poder hacer lo más digno que puede hacer un ser humano: trabajar para poder llevar el pan a su casa. (Aplausos). Nadie, señorías, nadie tiene la exclusiva de ser español. Porque por un país por donde han pasado los íberos, los púnicos, los fenicios, los griegos, los celtas, los carpetanos, los romanos, los alanos, los suevos, los vándalos, los visigodos, los árabes, criollos de media América y hasta japoneses que llegaron a Sevilla en el siglo XVII, ¿quién de aquí puede decir que solamente es español? Español y española es quien quiere vivir dignamente en nuestro país y no aquel que, en la peor crisis económica, ahogó con impuestos a los más débiles, mientras en su despacho se los quitaba a los más poderosos. (Aplausos).

Presidencia. Debe finalizar, por favor.

Juan Antonio González Gracia

PSOEDiputado.Página 67

Español es quien quiere crear la concordia y no el odio, quien cree en el respeto y la tolerancia y no en la violencia, y hay miles y miles de inmigrantes en nuestro país que creen en ello y que contribuyen a que España siga creciendo. A todos ellos, desde el Grupo Parlamentario Socialista: un millón de gracias. (Aplausos).

Presidencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Puy Fraga.

Pedro Puy Fraga

PPDiputado.Página 67Vídeo

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Montero, usted mencionaba aquí a los veteranos, yo no soy veterano en esta Cámara, llevo algún tiempo más viendo temas de financiación autonómica, pero he de decirle que como diputado novato ―y lo digo con admiración― no dejan de sorprenderme dos cosas: la primera es cómo pide el voto al Partido Popular, con ganas ―nos dieron ganas a todos, después de escucharle, y especialmente también a su portavoz, de votar el decreto―; y, en segundo lugar, su capacidad de convertir lo que es un fracaso en algo por lo que parece que todo el país le tiene que estar agradecido. (Aplausos). La presentación de este decreto es claramente un fracaso de este Gobierno, porque en puridad estas medidas tenían que estar aprobadas e incluidas en el presupuesto general del Estado. (Aplausos.―El señor Pérez López: ¡Muy bien!). Y resulta que España está sin presupuestos toda esta legislatura. Esto es una anomalía democrática y constitucional y eso es precisamente lo que provoca que usted traiga este decreto ley; que, por cierto, en contra de lo que se ha dicho, no es el mismo que votamos en enero o en febrero. (El señor Pérez López: No, no). Aquel era una prórroga de los anticipos a cuenta anteriores existentes y este, en cambio, sí que es una actualización: no estamos votando lo mismo. (Rumores). Y hoy deberíamos estar debatiendo, por cierto, lo que es el techo de gasto para el presupuesto del 2026. ¿Hay alguna orden o instrucción a los departamentos de la Administración General del Estado sobre cómo elaborar los presupuestos del 2026? No. Ustedes lo que hacen es parchear la ausencia de presupuestos nuevamente con un decreto. Estamos batiendo todos los récords. El Gobierno de Sánchez ha batido el récord total de reales decretos: ya lleva 161, frente a los 129 del señor González. En esta legislatura se han aprobado más decretos que leyes: 21 frente a 20, hasta el día de hoy. Y, cualitativamente, la Fundación Civio, por ejemplo, dice que, mientras que Aznar aprobaba 63 páginas por año en decretos; Zapatero, 115; Rajoy, 332; Sánchez, hasta finales del 2024, va nada menos que por 822. Esto es cantidad, pero no es calidad legislativa. Desde luego, si hablamos de calidad democrática, tendrá usted que reconocer que esto deteriora a esta Cámara y la calidad de esta Cámara, que se ve privada de sus funciones básicas: de la función presupuestaria, de la función legislativa, por tanto decreto, y, además, de la función de control, porque ustedes están modificando el gasto constantemente, por ejemplo, en defensa ―se ha quejado hasta SUMAR―, sin dar cuenta a esta Cámara de cómo hacen exactamente esas modificaciones. (Aplausos). La segunda anomalía, el segundo fracaso, es aprobar en julio del año 2025 unas entregas a cuenta de este mismo año que se tenían que estar pagando desde enero de 2025. Además, es un fallo reincidente, porque pasó lo mismo el año pasado. Después de escuchar a algunos de los portavoces de esta Cámara, hay que recordar lo que son las entregas a cuenta: son los ingresos cedidos, algunos con capacidad normativa, a las comunidades autónomas de régimen común ―todas, menos País Vasco y Navarra, que tienen un régimen constitucionalmente reconocido diferente: el sistema foral―, que el Estado va recaudando a lo largo del año ―por cierto, de manera muy eficiente a través de la Agencia Estatal Tributaria―. Como consecuencia de que el conocimiento final de lo que se ha recaudado se traslada a un año o dos después de que finalice el ejercicio presupuestario, el Estado lo que hace es, conforme va ingresando, ir adelantando a las comunidades autónomas el 98 % de lo que prevé recaudar y que corresponde a las comunidades autónomas o a las entidades locales por ley. Es decir, no están haciendo otra cosa que cumplir la ley.

En la práctica, usted explicó que les comunica en julio a las comunidades autónomas cuáles son las entregas a cuenta ―así lo hizo el año pasado― y resulta que hay comunidades autónomas, como de la que yo procedo, que aprobaron sus presupuestos para que entraran en vigor en enero e incorporaron las entregas a cuenta que usted anunció, y resulta que las entregas a cuenta están todavía sin aplicarse y no ha sido recibido lo que usted anunció que les iba a dar. Esto genera problemas de tesorería, tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. Se han tenido que endeudar para poder pagar a los proveedores, para poder pagar todos los servicios públicos básicos que prestan los entes locales. Por lo tanto, ustedes se han quedado con la recaudación, han resuelto sus problemas de tesorería y han trasladado los problemas de tesorería a comunidades autónomas y ayuntamientos. Galicia lleva este año 15 millones solo en intereses de tesorería. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace gestos negativos). Usted diga que no, pero mire las cuentas. (Aplausos). Y es que usted es plenamente consciente de este problema. Lo trajo en un decreto ómnibus, que no votamos no por las entregas a cuenta, sino por las cosas que iban en el decreto ómnibus. En el segundo decreto que se aprobó no lo incluyó. Y hoy, por fin, lo trae en un decreto independiente, que es lo que el señor Bravo lleva diciendo que traiga, que nosotros estamos encantados de apoyarlo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva.

Esto en un contexto en el que crece la recaudación. Este año los tributos cedidos han crecido un 10,2. Usted actualiza las entregas a cuenta un 9,6. Bienvenido sea. Ahora páguelas, porque esto está aprobado desde el 7 de junio y todavía no han pagado. El año pasado lo aprobaron en julio y no se pagó hasta septiembre. Por cierto, como están pagando costes financieros, ¿qué piensan ustedes hacer? Normalmente cuando un ciudadano se retrasa en la relación con el Tesoro paga intereses, ¿ustedes van a compensar por los créditos que han tenido que pedir las comunidades autónomas por su incumplimiento de las entregas a cuenta? (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Exacto!).

El tercer fracaso y la tercera anomalía es que ustedes no están cumpliendo ni su programa electoral. Uno de los problemas de las entregas a cuenta está perfectamente detectado en el informe que se hizo por los expertos en su momento, en el año 2017, para la revisión del sistema de financiación, donde piden que se mejoren las deficiencias técnicas del sistema porque no se tienen en cuenta las escalas autonómicas y los ingresos no se trasladan automáticamente a las comunidades autónomas. Usted, en su comparecencia de inicio de legislatura, dijo que en este tema quería dar un paso hacia un modelo que garantizase la igualdad de los españoles y las españolas, vivan donde vivan y en el que todos nos sintamos cómodos. El Gobierno renunció a dar continuidad a los trabajos que se estaban haciendo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que eran de carácter multilateral; envió aquel documento, que era muy parcial, del conjunto de la reforma por habitante ajustado ―que, por cierto, fue contestado por comunidades autónomas y del Gobierno nunca más se supo―; abrió, además, una negociación bilateral con el grupo de Esquerra a cambio de la investidura del señor Illa y para darle continuidad al Gobierno del señor Sánchez; renunció a su programa y comenzó con una negociación bilateral. Una negociación bilateral que cambia un sistema que se basa en necesidades de gasto por un sistema que se basa en la capacidad fiscal, lo cual es una cosa que me sorprende que no sepan los de Izquierda Unida de Andalucía.

¿Y qué dejan por el camino? Dejan la capacidad del Estado de recaudar con el mismo criterio de equidad los mismos impuestos en todo el territorio nacional y, además, ponen en riesgo la eficiencia de la Agencia Estatal Tributaria. La candidata Montero dijo que esto era un bulo del PP; no lo es, lo han dicho la AIReF, la mayoría de los expertos, los inspectores de Hacienda o peligrosos difusores de bulos como los señores Borrell, Barbón o Page (aplausos), que evidencian que, evidentemente, no ha conseguido su objetivo de que todos estemos más cómodos.

Y hablando de bulos, deje ya de decir que nos pagó el IVA del sistema de información inmediata, que tuvimos que ir a los tribunales, concretamente al Supremo, y hasta que este no falló en favor de las comunidades autónomas, usted no pagó la liquidación del IVA. (Aplausos.―El señor Pérez López: ¡Tuvo que ir al Supremo!―La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: Fue Montoro).

Presidencia. Señoría, debe finalizar, por favor, termine

Pedro Puy Fraga

PPDiputado.Página 68

Hoy vamos a votar a favor de este real decreto. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: Fue Montoro). No, no, nos hubiera gustado... Estamos hablando de la señora Montero, no del señor Montoro. (Rumores).

Presidencia. Señoría, finalice, por favor.

Pedro Puy Fraga

PPDiputado.Página 69

Por cierto, me he encontrado hoy al señor Ábalos, y a veces me encuentro con quien lo nombró, pero al señor Montoro y a quien lo nombró hace mucho que no los encuentro por aquí. (Aplausos.―Protestas).

Presidencia. Señoría, muchas gracias.

Pedro Puy Fraga

PPDiputado.Página 69

Usted lo tiene muy cerca, además. Hoy vamos a votar a favor del real decreto. Nos gustaría haberlo hecho antes por separado, como habíamos pedido…

Presidencia. Señoría, debe finalizar, por favor. Termine.

Pedro Puy Fraga

PPDiputado.Página 69

… pero, en el fondo, demuestra su triple fracaso de que no haya presupuestos, de no haber sido capaz de traer este decreto antes y de no haber reformado el sistema… (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Presidencia. Gracias, señoría. —  REAL DECRETO-LEY 7/2025, DE 24 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES PARA EL REFUERZO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (Número de expediente 130/000021)

Presidencia. Convalidación o derogación del Real Decreto Ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico. Para presentar el real decreto ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático.