Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar con el tema que nos ocupa, y ya que abordamos un tema fiscal, parece ineludible realizar una distinción, porque marca una vez más una gran diferencia al hacer política. Hoy traemos la modificación del régimen económico y fiscal canario para beneficiar a la mayoría social. En cambio, esta semana hemos conocido que se está investigando a quien fue ministro de Hacienda y que dirige la política fiscal del Partido Popular por utilizar su ministerio y estas Cortes para hacer del BOE su mercadillo particular. También, hemos conocido que pudo modificar nuestro régimen, nuestro REF, para beneficiar a empresarios vinculados con el gas. Estamos hablando de un nivel de corrupción premium, señorías, un nivel de corrupción sin límites. Y todavía no hemos escuchado al señor Feijóo, quizás a nadie, dar una pequeña explicación, una disculpa o tomar algún tipo de medida. Solo se le oye distanciarse de quien fuera su jefe cuando Feijóo dirigía Correos en el Gobierno de M. Rajoy. (Aplausos).
Hablando de Correos, señorías, en esta proposición traemos una importantísima modificación de la entidad de Correos y Telégrafos. Esta sociedad estatal ha necesitado una modificación normativa, que hoy pretendemos que se ejecute, para aplicar su plan estratégico; un plan para adaptarse a los nuevos servicios que la ciudadanía demanda; un plan avalado por los sindicatos mayoritarios, por UGT y por Comisiones Obreras. Es un hito histórico para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la empresa; la viabilidad y sostenibilidad de los 50 000 puestos de trabajadores y trabajadoras de Correos; la viabilidad de un servicio que todos utilizamos, más aún aquellos que viven en zonas despobladas, en áreas rurales o en territorios insulares. (Aplausos). Sí, señorías, porque nosotros seremos los grandes beneficiados de esta modificación, porque se incorporan nuevos servicios, como la Administración de proximidad o, como decían algunos que me han precedido en el uso de la palabra, servicios bancarios, como la posibilidad de tener efectivo en zonas donde ya no hay cajeros.
Esta política útil que hacemos la abordamos en cambios con Correos, pero con un cambio mayor, que es el que nos ocupa y el que centra mi intervención, que es la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC, como la llamamos en casa. Se trata de un incentivo orientado a promover la inversión y el desarrollo económico en el archipiélago. Hablamos de fiscalidad bien entendida, fiscalidad útil, a diferencia de quienes practican esa fiscalidad de amiguetes, léase ‘Montoro company’ o ‘Ayuso friends’. Nosotros orientamos la política fiscal en el sentido que mejor contribuye al bienestar de la ciudadanía, en esta ocasión hacia la vivienda, para aliviar la insostenible situación que vivimos en Canarias.
De sobra conocemos que las dificultades de acceso a la vivienda las encontramos en todo el territorio nacional, pero en territorios insulares ―permítanme que les diga― esta presión es aún mayor. Imaginemos un ejemplo. Yo sé que no es grato para nadie tomar la decisión de tener que ir a vivir a 100 kilómetros o más de su barrio, de su zona, tener que desplazarse 100 kilómetros para alquilar o comprar una vivienda. Pero esto, que en la península es una opción ―insisto, nada grata― para nosotros es absolutamente imposible. En Canarias no es una opción. Nuestro límite es el mar. La tensión aumenta. La insostenibilidad es total. Señorías, da igual la zona, la isla o el barrio. Los precios son impagables. En el barrio donde yo me crie ―un barrio muy muy humilde de mi isla, Tenerife―, el barrio de La Salud, se están pagando ―quien puede― ahora mismo alquileres en torno a 850 euros. Hace apenas unos años estábamos pagando la mitad. Esto no lo podemos permitir. No hay zonas asequibles. Las islas al completo están tensionadas.
¿Qué nos ha llevado hasta aquí? Voy a hacer una sinopsis. Hay varios factores. Por supuesto, uno es la presión turística, pero una presión turística, además, vinculada al alquiler vacacional de grandes tenedores. Porque sí, señorías, tenemos un problema de grandes tenedores en Canarias. El 14 % de las viviendas están en manos de grandes propietarios. Es el porcentaje más alto del Estado; es decir, cuatro personas físicas tienen más de seiscientas propiedades. Hablamos de que setenta y tres sociedades mercantiles concentran más de 19 000 viviendas. Esto es un escándalo, es un escándalo no intervenir aquí. Y mientras el Gobierno de Canarias lo entiende y lo regula, tenemos que aliviar la presión con otro tipo de medidas como la que traemos hoy aquí.
Otro de los fenómenos es la vivienda vacía. En Canarias se registran, según el INE, unas 200 000 viviendas vacías; 200 000 viviendas. Estamos hablando de que hay ocho municipios donde más del 40 % de las viviendas están vacías, veinticinco municipios donde el 30 % de las viviendas están vacías. Esto necesita de un impulso para que estos propietarios pongan sus viviendas al alquiler, una motivación. Además, esto unido a la escasísima construcción de viviendas y a la inexistente política autonómica de vivienda pública, nos ha llevado a una situación dramática de falta de oferta y altos precios. (Rumores). Y sí, el Gobierno del Estado ha marcado la vivienda como una prioridad y ha actuado en ámbitos claves con la creación de la empresa pública de vivienda, con la transferencia a esta empresa de más de 30 000 viviendas pertenecientes al fondo de la Sareb para su gestión como viviendas asequibles; el anuncio del PERTE de la industrialización de la vivienda, con una inversión pública de 1300 millones en diez años.
Pero el hecho insular es una circunstancia específica, necesita medidas a corto y medio plazo. Ya a finales de 2024 incorporamos una modificación que permitía que las inversiones de la RIC fueran dirigidas a la construcción y rehabilitación de vivienda protegida. Hoy damos un paso más, señorías. Hoy ampliamos el acceso a la vivienda a la mayoría de nuestra sociedad, a quienes no pueden optar a vivienda protegida ―cuando la hay― y a quienes de ningún modo pueden hacer frente a unos precios desorbitados de vivienda libre, a la mayoría de la sociedad canaria. El objetivo de esta modificación es claro: aumentar la oferta y con ello reducir el precio. Y hemos encontrado en la RIC un potencial enorme porque hay 2000 millones de euros que están sin materializar. ¿Imaginan el volumen de viviendas que seríamos capaces de poner en el mercado? ¿Podríamos tener 30 000 viviendas en el mercado con la dotación de la RIC? Merece la pena el esfuerzo. Sin duda, esto sería verdadero oxígeno para Canarias.
Termino simplemente diciendo que con esta modificación de la RIC queremos ―y en exclusiva― que se destinen viviendas exclusivamente al uso residencial, vivienda habitual. Hemos acotado la norma para que no se destine a ningún otro tipo de uso. Además, hemos fijado que sean viviendas que no han estado alquiladas en los últimos doce meses, es decir, vivienda vacía o nueva que se pone en el mercado, en ningún caso para destinar ni a vivienda turística ni vacacional; que efectivamente se arriende en seis meses, permitiendo que los efectos se vean a corto y medio plazo ―algo que su señoría de VOX veía como un error es el acierto de la medida―, y que permanezcan en arrendamiento durante cinco años ininterrumpidos, de tal forma que incidan de forma estructural en el mercado de la vivienda.
Señorías, esta reforma trae consigo ―y termino, presidenta― efectos muy positivos también para la generación de empleo y la dinamización de la economía canaria. Es una apuesta por la mejora de la calidad de vida de los canarios y las canarias. Señorías, es una apuesta justa y necesaria para Canarias porque todos queremos seguir diciendo aquello de que vivir en Canarias es vivir en el paraíso.
Muchísimas gracias y feliz verano. (Aplausos).