Proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, no puedo empezar esta intervención sin decir que Israel está matando de hambre a dos millones de palestinos y de palestinas en Gaza (aplausos) mientras la comunidad internacional, la Comunidad Europea, incluido también este Gobierno, está mirando hacia otro lado. Exigimos, por tanto, que el Gobierno de España deje de ser cómplice de los genocidas en Israel. (Rumores).

Creo que esto habría que recordarlo todos los días y a todas horas. Con respecto a este debate, aunque sean enmiendas que vienen del Senado, creo que no podemos perder la ocasión de volver a hacer visible aquí una cuestión que no se ha estado tratando dentro de este proyecto de ley: el abuso que se está cometiendo por parte de las aseguradoras contra los y las taxistas a nivel nacional, abuso al que ―voy a recordar― los grupos parlamentarios podían haberle puesto fin en este proyecto de ley, puesto que los colectivos y la ciudadanía lo que están esperando es que en esta Cámara se busquen soluciones oportunas a sus problemas, primando el interés general y no favoreciendo, por supuesto, el enriquecimiento particular de esas aseguradoras a costa de las taxistas. (Rumores). Perdone, presidenta, pero es que es… (Pausa). Gracias.

No es, por supuesto, asunto baladí que el sector del taxi esté considerado un servicio público de interés general, precisamente para preservar y garantizar el derecho de la ciudadanía a una movilidad inclusiva, adecuada y asequible en todo el territorio nacional, además de haber demostrado una solidaridad extrema también en cada una de las catástrofes y adversidades que hemos pasado en este país. Y no se guían por algoritmos en función de la oferta, en función de la demanda o en función de si hay algún problema, multiplicando sus precios, ni excluyen tampoco a nadie por su discapacidad.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, los y las taxistas siguen sufriendo el acoso y el abuso de estas aseguradoras que les expulsan del seguro sin explicaciones o que les multiplican el precio de las pólizas por las que hace nada más que un par de años pagaban entre 900 y 1200 euros y ahora les piden entre 4000 y 12 000 euros anuales. Es una absoluta barbaridad a la que no se ha puesto freno. Los taxistas que pretendían o que pretenden comprar un vehículo eléctrico, por ejemplo, o los nuevos adquirentes de un taxi quedan fuera de obtener un seguro y tienen que recurrir al consorcio de compensación, que solo les asegura la responsabilidad civil y al precio de unos 2500 euros. Así que organizaciones que ya conocemos del taxi ―por ejemplo, en mi tierra, Élite Taxi Andalucía― lo han puesto en conocimiento del Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Seguros, un organismo que, irónicamente, debería velar exactamente por que no se den estos abusos, y también han presentado esta iniciativa entre los grupos parlamentarios, pero estamos viendo que no han tenido absolutamente ninguna respuesta, ni de este Gobierno ni de los grupos parlamentarios. Los taxistas han recibido del ministerio una falta de concordancia entre lo que deben hacer y lo que finalmente hacen, y de algunos grupos parlamentarios no han recibido absolutamente nada.

Además de transparencia, que es lo que tendríamos que estar pidiendo hoy, se hace imprescindible topar los precios y garantizar que van a poder encontrar sin problemas un seguro asequible para poder trabajar. El sector del taxi no está pidiendo que se le regale absolutamente nada, sino que a través del Gobierno o, en su defecto, de los grupos parlamentarios ―lo podíamos haber hecho en ponencia; sin embargo, no votaron a favor de las enmiendas que presentó Podemos para que se solucionara este problema― se topen los precios de las pólizas de un servicio público que es de interés general y se garantice su supervivencia y, por extensión, el derecho de la ciudadanía a tener unos precios regulados. Como digo, teníamos la ocasión para haberlo hecho a través de este proyecto de ley, como nos había pedido encarecidamente Élite Taxi Andalucía, entre otros; sin embargo, la mayoría de esta Cámara ha mostrado una falta de empatía y actitud y se ha inclinado a favor de los beneficios económicos de las aseguradoras frente a un colectivo tan esencial como el taxi.

Nosotras no nos vamos a rendir y vamos a seguir presentando estas enmiendas, aunque ustedes no las voten a favor, para poder solucionar el abuso con respecto al trabajo de los taxistas, y el colectivo también avisa de que no se va a rendir aquí, aunque no salga en esta ley. Nuevamente, el Gobierno, pero también este Congreso defraudan a un colectivo que, entre autónomos y asalariados, aglutina a más de noventa mil familias en nuestro país. Ojalá la próxima vez que Podemos traiga estas reivindicaciones sean apoyadas por todos ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Afortunadamente, por el momento, las aseguradoras de vehículos de motor no aparecen como clientes del Equipo Económico del señor Montoro. (Aplausos). No así las gasísticas, las eléctricas, las constructoras, las casas de apuestas y un largo etcétera.

La corrupción es un asunto repugnante y transversal al bipartidismo y aledaños, pero, en la diferencia de nivel, señorías, no hay color. Frente a los presuntos robagallinas de barrio (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), la corrupción premium de la élite conservadora (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) recomendaba reformas fiscales que, curiosamente, terminaban en el Boletín Oficial del Estado. Esto ha producido un daño a la Hacienda pública permanente y de unas dimensiones sin parangón; ni punto de comparación con las condenables mordidas de contratos públicos. Mientras unos rellenaban una bolsa de deporte con billetes, otros (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) construían una industria del crimen que presuntamente comprendía a la cúpula del Ministerio de Hacienda y al entonces ministro de Justicia. Como les decía, señorías, no hay color. Lo peor es que todo esto sucedía mientras se subían los impuestos a las familias trabajadoras, se concedía una amplia amnistía fiscal, se disparaban los desahucios y, además, se aprobaba una durísima reforma laboral que recortó profundamente los derechos de las personas trabajadoras. Esperamos que esta Cámara apruebe en breve una ley que recupere, por el momento, los 1000 millones de euros perdidos por esta corrupción institucionalizada.

Ironías aparte, no deja de impresionarme que tantos ex altos cargos del Estado hayan podido corromperse olvidando su compromiso con el interés general. Reconozco que es una impresión naíf si se considera que en este país operó recientemente una ‘policía patriótica’. Desgraciadamente, estamos curados de espanto sobre lo que es capaz de hacer el establishment en nuestro país. Nuestra corrupción es herencia del franquismo, ese que glorifica VOX y reproduce con su financiación irregular, a quien el Tribunal de Cuentas acaba de multar por infracciones muy graves. El bipartidismo ha estirado esta herencia del franquismo hasta nuestros días, transmutándolo en un capitalismo de amiguetes que se reconoce en el palco del Real Madrid, en el 3 % que denunciaba el señor Maragall y en unas puertas giratorias engrasadas de falta de pudor y de mucha codicia. (Aplausos).

Pero, señorías, la corrupción carpetovetónica que sufrimos hunde sus raíces y valores en un pasado aún más antiguo, conectado con nuestro momento de mayor esplendor: nuestro Siglo de Oro. La conquista de América se fundó sobre una economía del pelotazo, de fiebre del oro, y un fanatismo religioso que absolvía cualquiera de las matanzas, las crueldades y la avaricia insaciable, como denunció el dominico Bartolomé de las Casas. Estos mismos antivalores y vicios hoy perviven en la cruzada antiinmigración musulmana de VOX y en sus finanzas irregulares. Por eso en SUMAR decimos que la regeneración democrática no es un eslogan, es una emergencia nacional. Frente a esta corrupción de la élite, hace falta una política decente, hace falta un Estado que trabaje para todos y todas y que no sea un negocio para unos pocos. (Aplausos).

Las medidas para terminar con la corrupción son de sobra conocidas: crear una agencia de integridad pública independiente, bien dotada y con poder sancionador; reformar la ley de transparencia eliminando las excepciones de acceso a la información; perseguir a los corruptores sacándolos de los consejos de administración; inhabilitar automáticamente a las empresas que sobornen a los servidores públicos; y promulgar una ley de lobbies que permita conocer el patrimonio real de los altos cargos y políticos, que promueva la transparencia de las agendas y que incluya un régimen sancionador.

Volviendo al proyecto de ley que nos ocupa hoy, se trata de un importante avance social, pues mejora la cobertura, las indemnizaciones y la seguridad de las víctimas de accidentes causados por vehículos de motor. Esto lo logra estableciendo una definición clara y amplia de los vehículos que deben disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil; mejorando sustancialmente las indemnizaciones por daños personales, lo que da mayor seguridad a las víctimas de accidentes en caso de insolvencia por parte de las entidades aseguradoras, y mejorando el control que hacen las autoridades de la asistencia del seguro. (Aplausos). En SUMAR nos sentimos especialmente orgullosas de haber conseguido en este proyecto de ley que haya más información y control sobre las primas de riesgo que pagan los taxistas, evitando subidas opacas y arbitrarias. (Aplausos). El taxi es un servicio público esencial y los profesionales del sector merecen ser protegidos y tener reglas justas y claras. A mi grupo le hubiera gustado ir más lejos y fijar precios máximos para sus primas, pero no hemos encontrado suficiente apoyo en la Cámara. También hemos conseguido en este proyecto de ley la exención del IRPF para los asalariados por rentas iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. (Aplausos). Se trata de una medida progresista y justa, que protege a los trabajadores y a las trabajadoras con menor capacidad económica. Y también hemos conseguido simplificar el cobro de las indemnizaciones de los mutualistas, que podrán recuperar su dinero en solo un pago. (Aplausos).

Por todo lo anterior, señorías, vamos a apoyar la aprobación de este proyecto de ley, y vamos a seguir combatiendo con todas nuestras fuerzas la corrupción para terminar con ella. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Como ustedes no escuchan, no son conscientes de lo que acaba de pasar aquí, pero este proyecto de ley que hoy se debate aquí afecta a muchísimas personas que están pasando por gravísimas dificultades en su vida como consecuencia de un accidente de tráfico. Las víctimas de accidentes de tráfico son importantes, pero se ha constatado que estas víctimas, igual que las del ELA o las víctimas del terrorismo, a ustedes no les importan nada. Nada. (Aplausos). Unos hablando de Israel y los otros hablando de la corrupción. Además, me permito recordarle que la denuncia que se puso contra VOX ha sido archivada, señor de SUMAR. Archivada. Por lo tanto, no nos acuse de lo que no somos.

Hoy se debate un proyecto de ley muy importante, como les decía, que afecta a miles de ciudadanos, especialmente a esos que han sido víctimas de accidentes de tráfico. Sin embargo, el tratamiento que le ha dado este Gobierno ha sido absolutamente indigno. Esta ley nació de una necesidad evidente: mejorar las condiciones de vida de las personas afectadas por accidentes de tráfico, incrementar la supervisión de las aseguradoras y, por supuesto, adaptar nuestra legislación a una directiva comunitaria que fue aprobada hace mucho tiempo y que acumulaba años de retraso, como consecuencia de lo cual fuimos apercibidos hasta en dos ocasiones, con anuncio de sanción. Eso no pareció incomodar al Gobierno, ni pareció establecer que había algún tipo de urgencia, hasta que pudieron hacer un uso político de esta ley, un uso político que, pese a ser una ley esperada por muchos colectivos, pese a haber nacido de un informe técnico y pese a haber concitado un gran consenso, resulta que al Gobierno no le pareció interesante hasta que, como no tienen presupuestos, le pareció importante sacarla del cajón para colar toda una serie de enmiendas intrusas que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto de ley. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues un auténtico despropósito. El contenido de esta ley y su tramitación han sido absolutamente vergonzosos, inaceptables, tanto en el fondo como en la forma. Ha sido una tramitación exprés, opaca, tramposa. Hablamos de una ley que llevaba más de una legislatura en un cajón y que de repente se rescata y se tramita por la vía exprés, en una única sesión de ponencia, de la que el señor Casares nos advirtió en un tono profundamente democrático: Solo habrá una sesión de ponencia, sin debate real, aprovechando la capacidad plena de la Comisión de Economía. Y con trampas, una trampa detrás de otra. La mayoría ha utilizado la competencia legislativa de esa comisión para aprobar una ley, hurtando el debate democrático, porque no la trajeron aquí, al Congreso, para ocultar a las víctimas que estaban haciendo uso de su ley para sus pactos oscuros. Porque el objetivo de esta norma no ha sido resolver problemas reales, no, sino usar la ley como una moneda de cambio en ese mercadeo de favores que tienen ustedes, asumiendo los chantajes que les plantean y a los que nos tienen acostumbrados los separatistas.

Esta ley demuestra una total degradación de la técnica legislativa. Y aquí quiero referirme ahora al papel que juega el señor Galindo, al que tenemos aquí sentado (le señala), letrado y secretario general de la Cámara, cuya pasividad resulta incomprensible y que pasará la historia por permitir la chapuza legislativa permanente. (Aplausos). Me permito recordarle que la degradación deliberada de la técnica legislativa supone también dinamitar el Estado de derecho, y de eso es usted también responsable, señor Galindo. (Aplausos).

Aquí no han tenido nada que ver las propuestas de las asociaciones de víctimas. A esta ley se han incorporado toda una serie de enmiendas intrusas que al Gobierno le interesaba colar, como, por ejemplo, la cláusula de actualización de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que no es más que un pago político a Esquerra Republicana para obtener sus votos; la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, sin conexión alguna con esta ley; las bonificaciones del IRPF para evitar la tributación del salario mínimo interprofesional, esa chapuza improvisada para enmendar los errores de la señora Montero y de la señora Díaz; y, para acabarlo de adobar, una disposición fiscal para conceder beneficios a una conferencia de la ONU sobre financiación internacional que no guarda ni la más mínima relación con esta ley. (Aplausos). Con todo eso la enviaron al Senado y del Senado ha vuelto con una autoenmienda del Gobierno, muy sensible, eso sí, pero a nosotros no nos la cuelan.

Todo esto es una manipulación grotesca del procedimiento legislativo y un uso fraudulento del Boletín Oficial del Estado como moneda de cambio. Hoy ha sido un esperpento parlamentario escuchar las intervenciones de los que me han precedido en el uso de la palabra, pero lo que queda claro es que a ustedes las víctimas de accidentes de tráfico no les importan absolutamente nada y su sufrimiento y su indefensión frente a aseguradoras o a Administraciones les es indiferente, absolutamente indiferente. A ustedes solo les interesa mantenerse unos cuantos días más en el poder, aunque sea a costa de pisotear la legalidad y la dignidad de los afectados.

Esta ley era una oportunidad para corregir problemas reales, para establecer un baremo más justo, para implantar un sistema transparente de indemnización, para garantizar una supervisión eficaz a las aseguradoras y también para proteger de esos abusos a los trabajadores del taxi, que están viviendo una situación absolutamente inaceptable, pero ustedes han preferido convertirla en un instrumento de asunción del chantaje político, en un contenedor de pactos opacos y en una burla a las víctimas de accidentes de tráfico. Por lo tanto, con VOX no cuenten. Lo que hoy nos presentan no es una ley de mejora del sistema asegurador ni una norma pensada para proteger a las víctimas, no. Es lisa y llanamente una trampa legal diseñada para pagar favores políticos, sacada del cajón con la única intención de contentar a determinados socios, aprobándola de forma encubierta, sin luz y sin taquígrafos.

VOX no va a participar de este engaño. No vamos a legitimar con nuestro voto el uso partidista de una ley sensible, muy sensible, porque afecta a víctimas, a víctimas de accidentes de tráfico. No vamos a legitimar el uso partidista de esta ley utilizada para satisfacer única y exclusivamente pactos oscuros del Gobierno. Con las víctimas, con ninguna víctima ―las de accidentes de tráfico, las del terrorismo o las del ELA―, nosotros no vamos a traficar; eso se lo dejamos a ustedes. (Aplausos). Con el procedimiento parlamentario, señor Galindo, no se juega y con VOX para estas maniobras no cuenten. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Voy a empezar por VOX, porque creo que los demócratas tenemos la obligación de contestarles. Y también me sumo a las palabras de la presidenta de esta Cámara de defender a los profesionales de esta casa (aplausos), especialmente al Cuerpo de Letrados y a su secretario general. (Aplausos). Señorías, qué cobarde es hablar de quienes no pueden defenderse en esta tribuna. Eso es VOX, señorías. Y, señorías de VOX, decían que nosotros hemos impuesto el rodillo de la mayoría y que en una sola sesión de ponencia hemos conseguido aprobar este informe. ¿Saben por qué? Si ustedes hubiesen hecho su trabajo, igual no lo hubiésemos hecho solo en una sesión. Una enmienda ha presentado VOX a este proyecto de ley, señorías. Y una tercera consideración. Dicen que al resto de partidos políticos no les importan nada las víctimas. Ustedes tienen hoy la oportunidad de apoyar a las víctimas y van a votar en contra de este proyecto de ley. (Aplausos). Dejen de manosear a las víctimas y su memoria poniéndoles voz, señorías de VOX. Y como cuando se apaga el ruido creo que podemos llegar a acuerdos, cuando dejamos atrás la crispación en este Congreso somos capaces de entendernos, voy a dedicarme un poco a esto. Creo que deberíamos hacerlo más, porque además la ciudadanía espera eso de nosotros, que practiquemos más, señorías del Partido Popular y de VOX, la revolución del diálogo y los acuerdos, porque siempre iremos más lejos y cumpliremos con el objetivo que nos ha encomendado la ciudadanía, que es representarles y mejorar sus vidas. Y eso es lo que hacemos hoy con esta reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de los vehículos a motor y la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que vuelve al Congreso después de su paso por el Senado. Una reforma legislativa que es el fiel reflejo de lo que están haciendo el Gobierno de España ―el Gobierno de Pedro Sánchez― y este Grupo Parlamentario Socialista: dialogar y acordar con el objetivo de mejorar la vida de la gente. Eso es lo que hemos hecho con todos aquellos grupos que han querido sumarse, por eso quiero agradecer el trabajo de los grupos parlamentarios, que nos ha permitido aprobar o transaccionar cuarenta de las cuarenta y nueve enmiendas presentadas. Y también quiero dar las gracias al presidente de la comisión, a los letrados y a todo el personal de esta casa, que lo hace todo más fácil, y, por supuesto, a la sociedad civil y a las asociaciones de víctimas por sus muchas aportaciones. Esta reforma, señorías, incorpora tres cuestiones adicionales de gran importancia y en las que quiero detenerme. En primer lugar, esta reforma va a permitir ―escúchenlo bien, porque han hablado mucho y ahora han dejado de hablar de ello― que 2,5 millones de españoles y españolas no tributen el IRPF si cobran el salario mínimo interprofesional. (Aplausos). Esa es la revolución que los socialistas llevamos al BOE cada día, señorías del Grupo Popular. Una revolución que ha permitido estos años, de la mano de este Gobierno progresista, que el salario mínimo interprofesional en este país haya subido un 61 %, de los 735 a los 1184 euros. Esas son las políticas de las que no quiere que hablemos el Partido Popular, pero que se traducen en que los trabajadores y las trabajadoras tengan mayor poder adquisitivo. Para eso gobernamos, para mejorar la vida de la gente, y no para si a Feijóo le gusta más o menos que suba mucho

―como dice― el salario mínimo interprofesional. Sí, ha subido mucho, y les adelanto que con este Gobierno el SMI va a seguir subiendo, señorías del Partido Popular, aunque les moleste. (Aplausos). Porque ya sabemos las grandes diferencias que hay entre para qué usamos los socialistas el BOE y para qué lo usaba el Partido Popular. Hoy todos nosotros y todos los españoles saben que con ustedes y con Cristóbal Montoro el BOE era utilizado para ayudar a unos pocos, a sus amiguetes, a los de siempre. (Aplausos). ¡Eso es lo que hoy todos los españoles saben que ustedes hacían con el BOE y este Gobierno, el PSOE, utiliza el BOE para mejorar la vida de la ciudadanía, la vida de los que solo tienen la política para salir adelante!

Un segundo acuerdo que lleva este proyecto de ley es el cobro del IRPF de los pensionistas que cotizaron en las antiguas mutualidades y que van a cobrar en este 2025, en un pago único, todas esas anualidades.

Y un tercer acuerdo que incorpora esta ley es que introduce beneficios fiscales a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo que se celebró en la ciudad de Sevilla. Por cierto, la mayor cumbre internacional celebrada en España hasta la fecha. Y sí, otro logro de este Gobierno progresista, señorías del Grupo Popular y de VOX. (Aplausos).

¿Y para qué sirve esta ley? Por si se les ha olvidado, sencillamente para mejorar la vida de la gente, porque con esta ley se va a proteger más a los usuarios al incorporar expresamente la obligatoriedad del seguro para los vehículos personales ligeros, como los patinetes eléctricos. Además, esta ley sirve para mejorar y reforzar la protección a las víctimas, mejorando los mecanismos de valoración de daños e incrementando sustancialmente las indemnizaciones a las víctimas de accidentes. Y sí, señorías, esta ley también mejora la estabilidad de las primas de los seguros del taxi, algo muy demandado por el sector, y da una mayor protección a las víctimas ante el caso de insolvencias de las aseguradoras al crear un fondo de garantía nacional que cubra a las víctimas en el caso de que las aseguradoras no lo hagan y, por eso, garantiza el cobro de las indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Eso es lo que está haciendo esta ley, señorías.

Por cosas como esta, les digo que merece mucho la pena el trabajo que estamos haciendo, el trabajo que está haciendo este Gobierno progresista. Poder mejorar la vida de la gente, no lo olviden nunca, es un orgullo y un privilegio que tenemos todos y cada uno de nosotros. Sigamos llevando la revolución del diálogo y del acuerdo al BOE.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Abordamos hoy un proyecto de ley reflejo del modus operandi de este inoperante Gobierno que no gobierna; reflejo también de un Poder Legislativo que está siendo maniatado por el Ejecutivo y por la propia Presidencia de la Cámara y que, adicionalmente, desenmascara y retrata a la perfección al conjunto de grupos parlamentarios que dieron su confianza a un Gobierno al que siguen apoyando, lo que les convierte de facto en colaboradores necesarios de la deriva de esta legislatura, circunstancia que les hará ser reconocidos a todos ellos como cómplices de Sánchez, el más dañino presidente de la historia de España reciente. (Aplausos). Esta, señorías, es una ley muy necesaria, pero es una ley que se aprueba tarde y mal. Se aprueba tarde porque el bloqueo legislativo del Gobierno hace que proyectos de ley como este, respaldados por amplísimo consenso, se retrasen por la incapacidad y la fragilidad parlamentaria de Sánchez. Y se aprueba mal porque el Gobierno y sus socios están convirtiendo esta Cámara en una suerte de muladar, que es ese lugar donde los buitres dan vueltas alrededor de los restos de seres que, creyéndose vivos, están ya muertos, y así aprovechan sin rubor ni vergüenza para darse un festín a su costa y a costa de todos los españoles. Y convertir el Parlamento en un muladar es muestra de la política sucia, de la política que solo antepone intereses personales y partidistas y que se olvida de para qué estamos aquí, que no es otra cosa que para servir a España y a los españoles. Por eso, desde este grupo seguiremos denunciando estas prácticas y planteando la alternativa que devuelva la dignidad a esta Cámara y a nuestro país. (Aplausos). Señorías, este proyecto de ley traspone una directiva europea que debería haberse adoptado antes de acabar el año 2023, más de un año y medio de retraso. Y es que este Gobierno de la vergüenza hace que España sea el Estado miembro con más procedimientos de infracción abiertos por no aplicar la normativa europea: noventa. ¿Y por qué? Porque no legisla. Por ello, tenemos más de cien directivas sin trasponer, más de treinta con el plazo caducado, y con esta casa atenazada por su culpa y sin hacer lo que tendríamos que hacer, para lo que nos pagan los ciudadanos. Mientras, lo que de verdad les preocupa es si esto se debe llamar Congreso o Congreso de los Diputados. No sean ilusos, señorías: a esta Cámara le da su nombre la Constitución, y así seguirá siendo a pesar de sus pantomimas. ¡Dejen de hacer el ridículo! (Aplausos).

Este proyecto se aprobó por el Consejo de Ministros hace más de un año. Es un texto de consenso, con todos los grupos de acuerdo en las mejoras normativas más allá de las enmiendas que pudimos presentar para mejorar el texto. Por ello, en este momento no puedo obviar nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las entidades que colaboraron en esa comisión, desde la propia Administración hasta asociaciones de víctimas, compañías aseguradoras, expertos, etcétera, y en lo personal quiero mencionar a los tres compañeros con quienes trabajamos esta ley: Jaime de Olano, Cristina Teniente e Irene Garrido. Gracias a todos por vuestro trabajo.

Claro, estábamos en un punto para avanzar en las ventajas normativas pactadas, en la mejora del marco regulatorio, de los procedimientos y de lo que es más importante, la protección de las víctimas. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la norma se metió en un congelador y no avanzó? Por un motivo muy sencillo: porque para el Gobierno y sus cómplices parlamentarios las leyes que prosperan lo hacen gracias al ejercicio de la política sucia. Hacen que el trámite parlamentario sea un mero instrumento de trueque en el que hacer valer pactos ocultos, en el que incluir chantajes partidistas que cada socio exige y en el que finalmente se acaban colando por la puerta de atrás temas que poco o nada tienen que ver con la norma que es objeto de aprobación. Y este, señorías, el que vemos hoy, es un ejemplo palmario de la degradación a la que Sánchez y sus cómplices parlamentarios están sometiendo a esta Cámara. Yo me asombro mucho, porque Podemos se enfada por la política internacional pero apoya al Gobierno; SUMAR se enfada por la corrupción pero sigue siendo cómplice y partícipe de este Gobierno (aplausos), y el PSOE se enfada por un caso de hace diez años pero, por otro lado, no se enfada con el uso y abuso continuado de la prostitución, con el saqueo de fondos públicos y con la existencia de la reina de las cloacas que se dedicaba a extorsionar en nombre del Partido Socialista. Con eso no se enfadan. ¡Qué cosas pasan! (Aplausos).

Señorías, hubo un tiempo en el que en el Congreso los informes de los letrados se respetaban porque eran garantes del derecho, pero eso ahora ya da igual. El portavoz del Grupo Socialista ha querido defender mucho a los letrados, pero recuerdo que el informe del letrado alertó de la existencia de enmiendas que no guardaban una mínima correspondencia con el proyecto de ley y aludía al Tribunal Constitucional indicando: En estos casos se pervierte la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que pasa a ser una nueva iniciativa legislativa. Les suena, ¿verdad? Les suena porque ustedes abusan siempre de ese mecanismo. Estas enmiendas, junto con sus maniobras legislativas, son una amenaza para la seguridad jurídica. Y es que no se quedan contentos con ser el Gobierno de la historia con más reales decretos leyes aprobados ―ya van 160―, sino que además tienen que chapucear con leyes para cumplir los mandatos de los socios. Por la incapacidad del Gobierno, que aprobó hacer tributar por el incremento del salario mínimo interprofesional, han tenido que arreglarlo manoseando esta ley; por la incapacidad del Gobierno para cumplir el mandato constitucional de presentar presupuestos, han necesitado un instrumento para actualizar las entregas a cuenta, y lo hacen pervirtiendo esta ley. Por eso, los independentistas catalanes de Esquerra los obligaron a colar por la puerta de atrás esa enmienda de las entregas a cuenta para sacar rédito político allí. Mientras, los independentistas catalanes de Junts no se enteraron de la maniobra hasta el mismo día de la ponencia e hicieron un ridículo espantoso. Los de Esquerra se reían y los de Junts se enfadaban, y después les hicieron pagar esa cuestión haciéndoles perder alguna votación en el Congreso. Así todo el rato. ¡Qué pereza da esto, señorías! (Aplausos).

Señorías, la armonización de esta normativa es clave, y aunque llega tarde y mal, este grupo no va a ser un obstáculo para la aprobación de este proyecto, pero les decimos con claridad que basta ya. Basta ya de que sus imposiciones políticas pisoteen los informes jurídicos; basta ya de apisonar a una oposición que ha querido colaborar lealmente y mejorar el texto, y que ha sido ninguneada sistemáticamente; en definitiva, basta ya de deshonrar al Poder Legislativo, de fabricar leyes que son chapuzas y que generan inseguridad jurídica, y basta de legislar a golpe de talonario y de intercambio de exigencias. España necesita ya un cambio de rumbo que acabe con esta agonía del Ejecutivo para devolver la confianza en las instituciones. España y los españoles lo demandan y, más pronto que tarde, este grupo llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa para que se cumpla este mandato.

Muchas gracias. (Aplausos).