Fernando Grande-Marlaska Gómez
GobiernoMinistro del Interior.Página 57Vídeo
Buenos días. Gracias, presidenta. Comparezco por primera vez en esta legislatura ante el Pleno de esta Cámara y siempre con ánimo constructivo y de diálogo. Lo hago para compartir con sus señorías información sobre tres asuntos a los que ya ha hecho referencia la presidenta. A petición propia, para hablar sobre los avances en materia de migración y asilo en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea; a solicitud del Partido Popular, para tratar la situación migratoria actual de nuestro país en su vertiente atlántica y en su vertiente mediterránea, y también a petición del Partido Popular para hablar sobre los hechos acontecidos en las concentraciones que se están produciendo desde principios del mes de noviembre ante la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz. Comienzo con el primer punto. Me gustaría resaltar que este Gobierno siempre ha trabajado en la línea de conseguir una migración segura, ordenada y regular. Para conseguir estos objetivos hemos basado nuestra política migratoria en la cooperación y colaboración con los países de origen y tránsito, fundamental en la lucha contra las redes de trata de seres humanos y tráfico de personas. Trabajamos para crear día a día elementos de confianza mutua con estos países y trabajamos intensamente para llegar a un acuerdo, en el marco de las instituciones europeas con nuestros socios comunitarios, para conseguir el pacto sobre migración y asilo de la Unión Europea. Lo afrontamos desde una triple perspectiva. Primero, desde una visión positiva de la migración. Las migraciones han constituido a lo largo de la historia una fuente de oportunidades, no solo para las personas migrantes, sino también para las sociedades de acogida. Debemos estar orgullosos de la diversidad y no lanzar nunca mensajes de miedo y de odio, como a veces escuchamos aquí. Segundo, desde un compromiso para salvar vidas y para luchar contra las redes de trata de seres humanos y el tráfico de personas, con un enfoque claramente humanitario. Tercero, desde el respeto y el aplauso al trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como otros trabajadores servidores públicos, una labor encomiable que se hace día a día salvando vidas y ordenando los flujos migratorios. No podemos olvidar que nuestras costas, nuestras islas y nuestras ciudades autónomas no son solo frontera de nuestro país, sino también lo son de la Unión Europea. Por tanto, la responsabilidad y la solidaridad son dos principios unidos indiscutiblemente a la política migratoria europea. De esta forma, las migraciones y el asilo han adquirido una enorme trascendencia en la política comunitaria. Ya conocen cómo desde el año 2015 hemos tenido debates constantes entre los socios comunitarios. Al mismo tiempo, diversos factores han generado durante estos años una percepción negativa de la migración, un escenario en el que la Unión Europea debe aportar soluciones que sean realistas, y al mismo tiempo se tienen que ajustar a sus principios y a sus valores, a nuestros principios y a nuestros valores. Debemos tomar un camino cohesionado en el que las migraciones deben dejar de ser un asunto divisivo entre los propios Estados miembros. Esto sin duda alguna contribuirá a recuperar esa percepción del fenómeno migratorio como una oportunidad y en modo alguno como un problema. En este contexto, la Presidencia española asumió como prioridad la aprobación del pacto de migración y asilo, una propuesta legislativa encaminada a aportar nuevas soluciones jurídicas y políticas a las necesidades que hoy plantea la migración. El Gobierno español partió de la consideración de que para llegar a un acuerdo todos debíamos ceder en algo. No hay respuesta perfecta que pueda satisfacer la demanda de todos, y de eso debemos ser conscientes. Pero para conseguir un acuerdo justo y eficaz desde el principio se pusieron sobre la mesa los dos principios ya nombrados, el del justo reparto de la responsabilidad y el principio de solidaridad, principios recogidos en los tratados, así, en el artículo 80 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Como digo, el objetivo de la política migratoria del Gobierno de España y de la Unión Europea es lograr una migración segura, ordenada y regular.
Como muchas de sus señorías saben, este pacto sobre migración y asilo está formado por un paquete de iniciativas legislativas y operativas presentadas por la Comisión Europea en septiembre de 2020. El pacto cubriría todas las fases de los procesos migratorios, así como su dimensión exterior, y su objetivo es diseñar una nueva política integral migratoria y de asilo en la Unión Europea, después de que no cuajaran las propuestas del año 2016 a raíz de la crisis de refugiados y migrantes de 2015 que todos recordamos. El objetivo principal de la Presidencia española ha sido y es en todo momento poder concluir todos los expedientes antes de que acabe la legislatura europea, que como todos ustedes saben, concluirá el primer semestre de 2024. Este compromiso quedó sellado en septiembre de 2022 ante el Parlamento Europeo, antes también con las Presidencias rotatorias del Consejo de Francia, Suecia, Chequia, España y Bélgica, y todos, junto con la Comisión, conformamos la hoja de ruta para poder concluir el pacto migratorio y de asilo antes del fin de esta legislatura. Para ello el Gobierno ha trabajado intensamente y sin parar. En los últimos días se han producido importantes avances en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el pasado 5 de diciembre y también en los trílogos ―las reuniones interinstitucionales entre Consejo, Comisión y Parlamento―, el día 7 el último de ellos.
Permítanme un breve repaso sobre el estado de situación de los distintos expedientes que configuran el pacto, en concreto las principales iniciativas. Comienzo con el Reglamento de Crisis, que tiene el acuerdo del Consejo tras arduas negociaciones que han sido muy intensas durante la Presidencia española, acuerdo en el marco del Consejo que se alcanzó el pasado 4 de octubre. Se trata de una norma que pretende dar una respuesta a situaciones en las que un Estado se enfrenta a un incremento de la presión migratoria en cortos periodos de tiempo, tal y como hemos podido ver en los últimos años. Para estos supuestos es necesario contar con un marco jurídico que es inexistente en la actualidad, y el reglamento establecerá un mecanismo de solidaridad estricto ante estos escenarios extraordinarios. Luego tenemos el Reglamento Screening o control de los nacionales de los terceros países. Incluye una importante novedad, porque trata de incorporar reglas europeas para el examen sistemático de todas aquellas personas que acceden irregularmente a la Unión Europea. Es un proceso que actualmente carece de un tratamiento uniforme en el conjunto de países de la Unión. También está prevista la reforma del Reglamento de Eurodac, un sistema de recogida de datos de los solicitantes de asilo, de las personas en situación irregular o de aquellos que han sido acreedores de la protección temporal. El objetivo es convertir esta base de datos en algo más que una mera recopilación de impresiones dactilares de los solicitantes de asilo. También está el Reglamento sobre el Procedimiento de Asilo, que introduce cambios que ayudarán a que los procedimientos sean más ágiles y adaptados a la realidad de los solicitantes de asilo en Europa, además, por supuesto, de adecuarse a las novedades que incorpora el pacto migratorio, como es el procedimiento en frontera. Por su parte, el Reglamento sobre la Gestión de Asilo y la Migración constituye una de las piedras angulares del pacto. Es el reglamento llamado a sustituir al actual sistema de Dublín, que establece entre otros elementos las normas para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo; también los mecanismos de solidaridad flexible en situaciones de presión migratoria, en ese caso las reubicaciones o las contribuciones financieras. En definitiva, mediante este reglamento se crea un sistema de gobernanza global.
Faltaría avanzar en otras iniciativas legislativas como la directiva relativa a las condiciones de acogida, el reglamento marco sobre reasentamiento y el reglamento sobre requisitos de asilo.
Hemos progresado de manera muy importante durante la Presidencia española en estas negociaciones, pero no debemos olvidar que esto es un proyecto para toda la Unión Europea, que ha requerido un esfuerzo conjunto de los socios comunitarios. Especialmente, como he recordado anteriormente, cuando el 4 de octubre el Consejo llegó a un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, acordando cómo será el reparto de migrantes y refugiados en caso de crisis humanitarias, así como los sistemas de contribución financiera. Este acuerdo reviste una enorme importancia, al permitir reanudar las negociaciones interinstitucionales —los trílogos— sobre otros dos reglamentos esenciales: el Screening y el Reglamento Eurodac, que había suspendido el Parlamento ante la falta de un acuerdo en el Consejo del conjunto de instrumentos normativos. Pero, sobre todo, este acuerdo hizo posible mantener la ambición y el compromiso de concluir el pacto al final de la legislatura europea.
Los trílogos con el Parlamento Europeo han proseguido con intensidad durante los meses de octubre, noviembre y en los primeros días de diciembre, como he recordado, el pasado día 7 de diciembre. Y vamos a buen ritmo. Estamos en posición clara de alcanzar un acuerdo político en los próximos días, los próximos 18 y 19 de diciembre, cuando continuarán estos trílogos. Estamos ante una oportunidad única y, por ello, debemos felicitarnos los Estados miembros del Consejo, la Comisión y los grupos políticos del Parlamento Europeo.
Tras casi ocho años debatiendo sobre estas medidas que deben responder mejor a los retos de la migración y el asilo, hoy nos encontramos en un momento clave para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el Pacto Migratorio y de Asilo. No será perfecto —c omo decía antes—, pero debe ser eficaz, practicable, justo y equilibrado. Y aportará, sin duda alguna, un nuevo marco jurídico mejorado y actualizado para dar respuesta a la realidad actual, además de lanzar algo muy importante, como es un mensaje de unidad en un ámbito —e l migratorio— que nos ha dividido desde hace ya demasiados años. Insisto, el pacto pretende avanzar hacia un sistema común de gestión del asilo y la migración, basado en la solidaridad y en un reparto equitativo de la responsabilidad. Los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones internacionales comprometiéndose a salvar vidas y mostrando solidaridad, tanto con las personas como con los Estados. Un sistema común de la Unión Europea debe basarse en una verdadera solidaridad y responsabilidad compartida, procedimientos justos y eficaces, condiciones de acogida humanas, asociaciones en pie de igualdad con terceros países, vías legales, y, sin duda alguna, inclusión.
El éxito con el que la Unión Europea acogió a los refugiados ucranianos es una prueba de lo que podemos lograr con solidaridad y un enfoque progresista. La activación inmediata y unánime de la Directiva de Protección Temporal permitió a la Unión Europea ofrecer protección inmediata y un estatuto jurídico claro a los refugiados que huían de la agresión rusa. Esta realidad, sin duda alguna, debe servir de impulso para avanzar en la dirección correcta con las reformas del pacto de la Unión para migración e inclusión. En ese sentido, quiero decir lo importantes que serán los trílogos del 18 y el 19, donde espero de todos los Estados la flexibilidad necesaria para concluir lo que llamamos el acuerdo político en este mes de diciembre y que el resto de la legislatura sea para lo que llamamos elementos técnicos, traducciones, etcétera, del pacto migratorio. Así que, estemos todos atentos a esos 18 y 19 de diciembre, con una voluntad férrea de cerrar el acuerdo político en materia del Pacto Migratorio y de Asilo.
Señorías, cuando hablamos de migración, hablamos de una cuestión que afecta a millones de seres humanos, muchos de los cuales viven una tragedia y huyen del infierno, incluso dejándose la vida en el empeño. Hablamos de hacer frente de manera común a una cuestión que trasciende fronteras, de una exigencia política y moral que nos interpela a todos, cada uno desde su ámbito de responsabilidad. Hablamos de construir y no de destruir por razones puramente electoralistas. Señorías, en el camino del diálogo y del acuerdo siempre nos podremos encontrar, todos arrimando el hombro en la misma dirección. En el camino de la demagogia, es más difícil que nos encontremos.
Una vez expuestos y explicados los avances del Pacto de Migración y Asilo en el marco de la Presidencia Española, me centro en los flujos migratorios en nuestro país, su evolución y la respuesta de este Gobierno, basada en los principios previamente comentados. En los últimos años ha habido un aumento sostenido de las llegadas de migrantes a Europa, ya sea a través de las rutas del Mediterráneo Oriental, Central u Occidental, incluyendo en esta última la vertiente atlántica hacia las islas Canarias. Con datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados —d atos oficiales—, a fecha de principios de diciembre de este año, más de 244 000 personas han llegado a las costas europeas del Mediterráneo y del Atlántico. Algo más de 150 000 a Italia, algo más de 40 000 a Grecia y casi 50 000 a España —incluyendo, como he dicho, la vertiente atlántica—, a los que habría que sumar los llegados a Malta y Chipre. Esto supone un importante incremento del 58 % en la llegada de migrantes a través del Mediterráneo y del Atlántico en comparación con el año 2022. En España se ha dado una situación similar. Se ha producido un aumento de las llegadas de más del 70 %, en concreto 50 551 migrantes a fecha 3 de diciembre, escenario empujado especialmente por la subida en la ruta atlántica hacia las islas Canarias. En términos absolutos de llegadas, he de precisar que actualmente estamos en una situación inferior a la de 2018. Quiero recordar que a 30 de noviembre del año 2018 habían llegado casi de 53 000 migrantes. También me gustaría destacar la disminución de más de un 40 % de los migrantes que han llegado a través de las ciudades autónomas, especialmente de Melilla.
Este Gobierno puso en marcha en 2018 una política migratoria basada en tres puntos. En primer lugar, el incremento de los recursos; en segundo lugar, mayor coordinación para gestionar la llegada de migrantes y salvar el máximo número de vidas posible, y, en tercer lugar, la cooperación —c omo decía previamente— con los países de origen y tránsito respecto a la migración irregular. A través de esta política hemos logrado descensos importantes en momentos de crisis migratorias. Por ejemplo, la llegada de migrantes descendió más del 50 % en 2019 respecto a 2018, y entre 2022 y 2021, bajó más de un 25 %. La presión migratoria actual, procedente de África, es estructural y está motivada, principalmente, por factores socioeconómicos. A esto hay que sumar otros aspectos coyunturales que han afectado a la capacidad preventiva de nuestros socios y han aumentado la presión migratoria, como el deterioro de la situación interna en Túnez, también en Senegal; el golpe de Estado en Níger; o, incluso, catástrofes naturales como los recientes terremotos en Marruecos y las inundaciones en Libia.
Por lo tanto, el objetivo de la política migratoria del Gobierno es trabajar junto a nuestros socios africanos para combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes que se encuentran en una situación clara de vulnerabilidad. Esta cooperación está basada en la labor operativa conjunta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las fuerzas de seguridad de aquellos países responsables del control de sus fronteras; también en el intercambio de información para la lucha contra las mafias de la inmigración irregular y el refuerzo de las capacidades de dichos cuerpos a través del apoyo económico y técnico. Es un enfoque preventivo que se fundamenta en los siguientes principios de trabajo. En primer lugar, conciencia de una responsabilidad compartida, ya que la inmigración irregular no beneficia ni a los países de origen ni a los de tránsito ni a los de destino. En segundo lugar, confianza mutua, generada a través del tiempo y de la escucha activa a nuestros socios en África. En tercer lugar, énfasis en la colaboración operativa conjunta y permanente, que incluye patrullajes conjuntos, equipos de investigación conjunta e intercambio de información operativa, destinada a desmantelar las redes de trata y tráfico de personas. Como ustedes saben, tenemos operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos países, sobre todo en Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia. Esta colaboración y cooperación es la única política realmente eficaz para combatir la inmigración irregular y conseguir unos flujos migratorios seguros, ordenados y regulares, adaptados tanto a las necesidades de los países de origen y tránsito como a los de destino.
Para avanzar en este sentido, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo diferentes aproximaciones para reforzar la cooperación bilateral desde 2018. Hemos hecho varios viajes a Argelia, Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, foros bilaterales y multilaterales y también visitas a Costa de Marfil, Ghana, Guinea Conakri y Túnez, además de participar en foros multilaterales, como ya he dicho, entre ellos, el Diálogo euroafricano sobre migración y desarrollo.
Déjenme que les hable, por ejemplo, de mi viaje a Mauritania el pasado 11 de octubre junto con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás. Nos reunimos con el presidente del país, con Ghazouani, y otros miembros del Gobierno. También me reuní allí con los equipos de policías y guardias civiles desplegados en Mauritania, que trabajan codo con codo con sus colegas mauritanos en el patrullaje marítimo, aéreo y terrestre. En total, son cerca de medio centenar de agentes con medios propios, responsables de una labor con la que se ha evitado desde Mauritania la salida de más 7000 migrantes. Por tanto, están salvando sus vidas.
Hay equipos similares en Gambia y Senegal. El 30 de octubre también viajé de nuevo a Dakar para entrevistarme con mi homólogo senegalés, Sidiki Kaba, para analizar las rutas migratorias hacia Canarias. En Senegal hay 33 guardias civiles y 5 policías nacionales con 4 embarcaciones, un helicóptero y 13 vehículos todoterreno, además de un avión de vigilancia marítima. Hasta finales de octubre, su trabajo también evitó desde las costas senegalesas la salida de más de 7000 personas migrantes. De hecho, cerca del 50 % de las personas que han llegado a Canarias desde este país procedían de Senegal.
Todas estas actuaciones no pueden separase del posicionamiento del Gobierno para conseguir una estrategia preventiva en la dimensión exterior de la Unión Europea y una aproximación integral al fenómeno migratorio. Además del trabajo en los países de origen y tránsito, desde 2018 se han potenciado los mecanismos de coordinación institucional en nuestro país y se han aumentado los recursos de forma significativa.
En agosto de 2018, se creó la Autoridad de Coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de Alborán y aguas adyacentes. En mayo de 2020 incorporamos a Canarias dentro del ámbito de una autoridad de coordinación unificada, al frente de la cual se sitúa un teniente general de la Guardia Civil. Esta autoridad de coordinación hace un trabajo encomiable y desde septiembre se ha reforzado la presencia del Gobierno canario en sus reuniones, manifestando que esta colaboración institucional entre las administraciones es fundamental y esencial.
También hemos aumentado las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional en Canarias, un 12 % desde 2018, contrarrestando, como he recordado en distintas ocasiones, la pérdida de efectivos, más de 630 agentes, que se había producido en años anteriores, desde 2011, en Canarias, con gobiernos del Partido Popular. Ya sé que no les gusta oírlo, señorías del Partido Popular, pero la realidad, como siempre les digo, es bastante tozuda.
Tanto en Policía como en Guardia Civil se han reforzado las áreas directamente relacionadas con la gestión del fenómeno migratorio, por ejemplo, apoyando a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, en el caso de Policía, o desplazando a personal del Grupo de Reserva y Seguridad, en el caso de la Guardia Civil. Además, la plantilla de la Guardia Civil en El Hierro se ha incrementado un 18 %, por circunstancias que todos conocemos, y porque hay una política de incremento de la plantilla de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a nivel estatal.
En Las Palmas, aumentamos la plantilla del Centro de Coordinación Regional de Canarias para garantizar el cumplimiento de las funciones de coordinación y seguimiento. Se trata de un espacio fundamental porque en el Centro de Coordinación Regional de Canarias es donde se centraliza la recepción y el seguimiento de todos los avistamientos de embarcaciones con inmigrantes en la zona Search and Rescue española. Pero no solo hablamos de personal. Se ha intensificado el despliegue de medios aéreos y marítimos, acción que aumenta la capacidad de detección de las salidas de embarcaciones desde las costas africanas y, no lo olvidemos, como he dicho ya varias veces, esto significa salvar vidas.
Además, se ha tramitado un expediente de emergencia por un importe de más de 5 millones de euros para mejorar los sistemas de recepción ante el incremento de llegadas a la isla El Hierro. También, en colaboración con el cabildo insular, se ha procedido a instalar un Centro de Atención Temporal de Extranjeros, un CATE móvil, en la isla de El Hierro, en Valverde. Actualmente tiene una capacidad para 320 personas y en los próximos días podrá alcanzar 800 plazas.
Además, se ha autorizado una inversión de más de 3 millones de euros para ampliar la capacidad de acogida en la isla de Fuerteventura. Por un lado, se busca ampliar el CATE existente en la Nave del Queso para pasar de 200 a 700 plazas para migrantes. Por otro lado, se prevé instalar un CATE, otro Centro de Atención Temporal de Migrantes móvil en El Matorral, con capacidad para unas 600 personas. Además, se están haciendo las gestiones oportunas para instalar un segundo CATE móvil, ya hay uno, en Tenerife, con 400 plazas. En Lanzarote funciona desde el año 2022 otro CATE con una capacidad para 300 personas. Recuerdo que también se procedió a la construcción de las instalaciones de Barranco Seco, en Las Palmas, en el año 2020, que amplió la capacidad de recepción de migrantes en más de 800 plazas. Todas estas instalaciones son fundamentales para la gestión de la recepción de las personas migrantes, que permanecen un máximo de setenta y dos horas en estos centros antes de ser derivadas a los recursos sociales.
Esto se ha hecho en Canarias pero, si miramos a otros puntos de la geografía española, puedo comentarles que, desde hace seis meses, funciona un nuevo CATE en Baleares y ha terminado la construcción de un nuevo centro en Motril, que empezará a funcionar próximamente.
Señorías, avanzar adecuadamente en este ámbito requiere de mucha política y de mucha responsabilidad y de los grupos de esta Cámara no esperamos demagogia, sino el apoyo necesario para seguir desarrollando la política de Estado. Les recuerdo que las fronteras de España son las fronteras de la Unión Europea y que nuestras costas, nuestras islas y ciudades autónomas no son solo frontera interior, sino también frontera exterior de la Unión Europea. Los fenómenos migratorios, al igual que la lucha contra el cambio climático, trascienden fronteras y requieren de algo más que descalificación y cortoplacismos, tan pueriles como estériles. Sin duda alguna, requieren de la responsabilidad y de la solidaridad y requieren, como decía, de una verdadera política de Estado.
Permítanme ahora que pase al siguiente tema, vinculado con las concentraciones producidas desde hace más de treinta días en el entorno de la calle Ferraz, cerca de la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid. Antes me gustaría aclarar cuál es la posición de partida de este Gobierno. En primer lugar, el respeto al derecho de manifestación, reconocido en el artículo 21 de nuestra Constitución, un derecho que, como se indica, debe ejercerse de forma pacífica. La violencia no debe tener cabida en las manifestaciones ciudadanas.
En segundo lugar, el respeto al ejercicio de los partidos políticos que, como dice el artículo 6 de nuestra carta magna, son la expresión del pluralismo político y el instrumento fundamental para la participación política. Las concentraciones y manifestaciones violentas que se producen de forma continua pueden colisionar con el derecho a la actividad política a través de los partidos, en este caso, el Partido Socialista Obrero Español.
En tercer lugar, el reconocimiento del servicio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso concreto, de la Policía Nacional. Como indica la Constitución, son quienes protegen el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades.
Por estas razones, les pido, señorías, que no politicen —c omo digo siempre— a los cuerpos policiales, ya que son esenciales para nuestra estabilidad constitucional.
Ustedes preguntaron por la concentración del día 6 de noviembre y les voy a decir también qué ha pasado desde ese día. La mayoría de estas concentraciones no fueron comunicadas. A pesar de ello, me gustaría destacar que las intervenciones de la Policía Nacional siempre se han llevado a cabo aplicando los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y siguiendo el procedimiento establecido de uso progresivo de los medios. Ustedes critican a las unidades policiales y yo las defiendo. Sepan que todo el personal de las unidades de intervención policial, las conocidas UIP, pasan un riguroso proceso selectivo y de formación. ¿Saben cuál es el balance de los heridos de todas estas concentraciones? Es de 52; 50 policías y 2 manifestantes. ¿Y saben ustedes qué material ha sido intervenido por la Policía Nacional en estas concentraciones? Voy a citar solo alguno de estos objetos: una pala, tres palos de madera, una barra de hierro, cuatro barras extensibles, una escalera, varias bengalas, tracas pirotécnicas —continúo—, botes de pintura, cajas de tracas pirotécnicas, bastones de esquí —e s muy normal acudir a concentraciones pacíficas con este tipo de elementos—, también dos mástiles de casi tres metros de longitud, una pistola, sí, una pistola, espráis pimienta… Les he citado algunos de estos objetos intervenidos.
A partir del 6 de noviembre, el perfil de las personas que se concentraban más cerca de la valla de separación cambió. Eran jóvenes con el rostro tapado y la estética ultra. El modus operandi de estos jóvenes era cortar las bridas que unían el vallado, dejando claro que podían acometer contra la línea policial. Hubo lanzamiento de botellas de cristal y otros objetos contundentes, a la vez que gritaban consignas y cantos racistas y fascistas e insultaban de forma denigrante a las instituciones del Estado y a la Policía Nacional. Esto lo han podido observar sus señorías en los medios de comunicación e incluso algún diputado de esta Cámara ha sido protagonista de frases ofensivas contra la Policía Nacional. Siempre se ha comunicado por megafonía que las agresiones debían finalizar siguiendo los protocolos. Como la actitud de estos manifestantes no cambiaba, se procedía a intervenir para evitar males mayores. Les recuerdo también, entre otras cosas, la quema de contenedores. Repito los datos, porque siempre es importante que queden sobre la mesa: 52 heridos, 50 de ellos policías nacionales.
Para concluir, me gustaría insistir en la posición que les he dicho al principio: no politicen la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, su papel es fundamental para asegurar la estabilidad constitucional. Al parecer, el Partido Popular viene a esta Cámara a sumarse al coro de los que pretenden denigrar, de forma partidaria y oportunista, la labor de nuestros agentes.
Señoras y señores de la derecha, no se equivoquen de adversario, no vengan al Congreso a poner en entredicho la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que desempeñan su tarea de manera exquisita y ejemplar. Hoy uno de sus diputados podía haberse desdicho de algunas expresiones e imputaciones a la Guardia Civil y tampoco ha aprovechado este momento.
En todo caso, centren sus esfuerzos en desenmascarar a todos aquellos que, en nombre de la democracia, no pretenden más que socavar y erosionar sus cimientos. Y, sobre todo, señorías, dejen de intentar, como decía, politizar la labor de los agentes y dejen de una vez de instrumentalizar el conjunto de las instituciones del Estado.
No quiero terminar sin volver a felicitar a los policías que han estado garantizando los derechos y libertades en estas concentraciones todas las noches desde el pasado 3 de noviembre. (Aplausos). Sus intervenciones han sido en todo momento, como he dicho, profesionales, diligentes y proporcionales.
Muchas gracias. (Aplausos).