Fernando Grande-Marlaska Gómez
GobiernoMinistro del Interior.Página 51Vídeo
Buenos días. Señor presidente, señorías, comparezco ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar, como ha dicho el señor presidente, sobre las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior para la gestión de la emergencia derivada del fallo eléctrico registrado en España el pasado 28 de abril y asimismo acerca de la labor que ha realizado y sigue realizando la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, de manera profesional, comprometida e independiente. Respecto al primer asunto, referido a la gestión del apagón, tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han dado cuenta en diversas ocasiones de las actuaciones realizadas. El martes de la semana pasada la vicepresidenta tercera presentó en el Consejo de Ministros el informe del comité que ha analizado las circunstancias de la crisis energética del pasado 28 de abril. Los resultados de dicho informe están a disposición de sus señorías y de cualquier ciudadano que pudiera estar interesado en su contenido. Me centraré, por tanto, en la gestión realizada durante el apagón y en los días posteriores en aquellas cuestiones que competen al Ministerio del Interior y, en concreto, al ámbito de protección civil. Como saben, el Sistema Nacional de Protección Civil integra la actividad de todas las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias en esta materia para garantizar una respuesta siempre coordinada y eficiente ante cualquier emergencia o catástrofe. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias se encarga de la planificación y la coordinación entre los distintos actores implicados. Esto incluye a las diecisiete comunidades autónomas, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y también a organismos supranacionales e internacionales. Dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, como se verá a continuación, tiene un papel esencial el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, el CENEM. El CENEM es el centro estratégico de gestión y coordinación de información y alerta a nivel nacional en materia de protección civil y trabaja con los centros autonómicos e internacionales.
Centrándome en el caso concreto del apagón, durante los días 28, 29 y 30 de abril, el Ministerio del Interior mantuvo contacto con todas las comunidades autónomas y atendimos todas las solicitudes de apoyo que nos trasladaron a través del CENEM, tal y como está establecido. Así lo han relatado las propias comunidades autónomas, muchas de ellas, por cierto, con Gobiernos del Partido Popular. A continuación, haré una breve cronología de las principales actuaciones relativas a la activación de planes de emergencia de protección civil, que contienen los protocolos de actuación para este tipo de situaciones y la declaración de emergencia de interés nacional, a la que hace referencia la solicitud de comparecencia.
A las 13 horas del 28 de abril, apenas media hora después del fallo eléctrico, el CENEM comunicó la declaración de la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil con hora de las 12:40. Por su parte, las distintas comunidades autónomas fueron activando los planes territoriales de manera paulatina desde las 13 horas y a lo largo de la tarde en distintos niveles. Además, durante la misma tarde del día 28 de abril, Murcia, Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y La Rioja solicitaron al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional, aunque, posteriormente, Castilla y León solicitó revertir la posición al considerar que la evolución favorable de la situación en su territorio no hacía necesaria, a su entender, tal declaración. En torno a las 21 horas del 28 de abril, y antes de firmar la emergencia nacional para estas cinco comunidades, el CENEM se puso de nuevo en contacto con todas las Administraciones autonómicas para confirmar si alguna otra estaba interesada en la declaración y no la había formalizado todavía. Tras esa gestión, Galicia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana se sumaron a la petición de la declaración de emergencia nacional. Como consecuencia, se declaró la emergencia de interés nacional, o situación operativa 3 del Plan Estatal de Emergencias, para Extremadura, Andalucía, la Comunidad de Madrid, Murcia, Galicia, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunitat Valenciana.
Por lo tanto, en el caso de estas ocho comunidades, el Ministerio del Interior y, evidentemente, yo como ministro asumimos en primera persona la dirección y coordinación de las actuaciones y la gestión y movilización de los medios y recursos del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello se constituyó el Comité de Coordinación de Emergencias de Protección Civil y de interés nacional, que se reunió en distintas ocasiones los días 28, 29 y 30 de abril, con participación de todos los ministerios, instituciones y Administraciones implicadas. En dichas reuniones, se informó del estado de la situación en cada momento y se concretaron las necesidades detectadas en los distintos territorios con el objeto, evidentemente, de dar respuesta a la emergencia. El resto de las comunidades autónomas tuvieron declarada la situación operativa 1 o preemergencia del plan estatal y mantuvieron la dirección de la emergencia; aplicaron, por lo tanto, sus planes territoriales con la información, coordinación y apoyo del Ministerio del Interior en todo aquello que les fue necesario. A lo largo de los dos días siguientes, se fue procediendo a la desescalada de la situación de emergencia en diferentes fases y se fue atendiendo, en todo caso, a las notificaciones y peticiones de las distintas comunidades autónomas.
En la tarde del 29 de abril, la emergencia de interés nacional se desactivó en Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia, La Rioja y Murcia, y, en la tarde del 30 de abril, se hizo en Extremadura y en Madrid. Así se realizó cuando los respectivos Gobiernos autonómicos confirmaron al CENEM la situación de normalidad y al constatar que las circunstancias que provocaron la declaración del nivel 3 de emergencia se habían superado.
A pesar del planteamiento que el Grupo Popular utiliza en su solicitud de comparecencia, sus señorías saben perfectamente que la declaración de emergencia de interés nacional está contemplada en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, con el fin de asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas en este ámbito, y regula las competencias de la Administración General del Estado en la materia. Esta normativa establece que la emergencia nacional se puede declarar a instancia de las propias comunidades autónomas y que, cuando es iniciativa del Ministerio del Interior, exige la comunicación previa con la comunidad o las comunidades autónomas afectadas. De hecho, de las comunicaciones previas mantenidas durante el día 28 de abril con las comunidades autónomas, se desprendía que no todas ellas consideraban necesaria tal declaración, como principales conocedoras de la situación en su territorio. En cambio, otras sí lo consideraron y el Ministerio del Interior procedió en consecuencia. Así es como se lleva a cabo una gestión coordinada de la emergencia, así es como debe realizarse el proceso de declaración de emergencia nacional y así es como se afronta una emergencia: trabajando, y —repito— no haciendo lo que quiera que estuviera haciendo el señor Mazón el pasado 29 de octubre, porque todavía no lo sabemos. (Una señora diputada: ¡Qué vergüenza!).
Más allá de lo relatado, quiero destacar algunas de las actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior en el ámbito de la seguridad ciudadana durante el apagón. Se impulsó un seguimiento continuo de la situación operativa de cada sector energético, activando los planes de protección específicos y los planes de apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para las infraestructuras críticas, para así garantizar la continuidad de los servicios esenciales y minimizar el impacto sobre la población. La vigilancia de las carreteras estuvo garantizada por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que estaban en permanente contacto con los centros de gestión de tráfico, y con la integración de Policía local, lo que resultó, sin duda alguna, de gran ayuda para mantener la coordinación efectiva en todo momento. También se reforzó el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en todo el país de manera coordinada y con apoyos de la Unidad Militar de Emergencias y del personal implicado en la respuesta a emergencias en todos los ámbitos: desde el rescate y evacuación de ciudadanos hasta la provisión de agua, de productos de primera necesidad, de generadores o de combustible; que, asimismo, actuaron en calles, viviendas, medios de transporte, estaciones u hospitales. En total, más de 30 000 agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil garantizaron la seguridad durante la emergencia generada por el apagón.
El balance de la labor realizada ―gracias también a la sobresaliente responsabilidad y al civismo de la ciudadanía― arroja cifras realmente positivas. Según los datos de criminalidad conocidos, se contabilizaron un total de 5354 infracciones penales entre el lunes 28 y el miércoles 30 de abril, los tres días que engloban el periodo de incidencia del apagón eléctrico. Este dato representa un descenso de la criminalidad de casi un 50 % respecto a los mismos tres días de la semana inmediatamente anterior. Tampoco el apagón produjo un incremento de siniestralidad vial, y, de hecho, se registraron menos incidentes que la semana previa.
En resumen, la actuación del Ministerio del Interior y del Gobierno en el apagón, como debe suceder en cualquier emergencia, se caracterizó por la lealtad institucional, por el respeto al Estado autonómico, también por el cumplimiento de la normativa y de los principios de actuación ante las emergencias, y, sin duda alguna, por la máxima colaboración y cooperación para dar la respuesta más eficaz posible a las necesidades planteadas por la ciudadanía.
Me gustaría ahora abordar el segundo de los asuntos por los que comparezco: una petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular relativa a supuestas interferencias en investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sobre la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su tarea de investigación de casos de corrupción y sobre los últimos cambios en la Secretaría de Estado de Seguridad. Una solicitud de comparecencia que se suma ―ese es mi entender― a la estrategia de la derecha y la ultraderecha con este Gobierno, a las que les sirve cualquier medio, legítimo o no, y que se sustentan en cualquier afirmación, sea verdad o no. Lo que, una vez más, pone de relieve la grave instrumentalización que estos grupos realizan de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo hemos visto hoy otra vez en la sesión de control al Gobierno. Es una realidad que venimos denunciando ya desde hace demasiados años. Porque ha sido la derecha quien desde el Gobierno se ha servido de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para sus propios intereses, algo que ni la más elaborada de sus mentiras podrá tapar, señorías. Una derecha que también desde la oposición sigue intentando utilizar a estas instituciones para desviar la atención de sus escándalos, su incompetencia y su manifiesta ausencia de proyecto para este país. Una estrategia que, estoy convencido y lo vengo repitiendo, supone un ataque directo a nuestro sistema democrático. Y no, señorías del Grupo Popular, no han escuchado ni escucharán de este ministro del Interior una sola palabra que ponga en duda la valía, la profesionalidad y el honor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; para eso ya les tenemos a ustedes, que en la hemeroteca de la hipocresía no hay contradicción en la que no hayan caído. (Aplausos). Y en esta ocasión, como veremos, también.
Hablan ustedes de supuestas interferencias de este Gobierno en el trabajo que como Policía judicial realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, precisamente ustedes, el partido que convirtió, hasta 2018, el Ministerio del Interior en el buque insignia de la corrupción de nuestro país. El partido que, con el exministro Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio que hoy dirijo, organizó, en connivencia con los responsables de su partido y de su Gobierno, la mal denominada ‘policía patriótica’. Una trama que utilizó agentes ―y esto sí esta demostrado― para tapar los casos de corrupción del Partido Popular, destruir pruebas y de paso fabricar y difundir también pruebas falsas que incriminaran a sus adversarios políticos. Y aunque sé que les molesta que se lo recuerde, la consecuencia, por ahora, de todo este asunto es una petición de condena por parte de la Fiscalía de quince años de prisión para el anterior ministro del Interior. Una causa que, entre otras, veremos juzgada en los próximos meses, quizás a eso se deba tanto ruido y tantas prisas, no sé si es así.
En este país no ha habido mayor ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad que el que su partido perpetró con el presidente Rajoy en la Moncloa y muchos de ustedes ocupando puestos de responsabilidad en el Gobierno o también escaños como los que ahora ocupan. Pero ¿saben qué ocurre? Que la Policía Nacional y la Guardia Civil están muy por encima de su falsa dignidad y de sus lecciones de supuesta limpieza democrática. (Aplausos). Tenemos grandes ejemplos de cuando esos agentes, a los que los dirigentes de su partido no lograron corromper, sencillamente hacían su trabajo. Y ahí tenemos la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que se ocupó en su momento de grandes casos de corrupción que afectaban al Partido Popular; sus agentes, repito, solo hicieron lo que tenían que hacer: su trabajo. ¿Y cuál fue la reacción del Partido Popular? Atacarles, ahí tenemos declaraciones del que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar, el señor Álvarez-Cascos ―como recordé la semana pasada―. Pero no hay que irse tan lejos, más cerca, la mismísima Cayetana Álvarez de Toledo ―que también lo recordé―, actual defensora de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que hace menos de diez años y para intentar defender a quien fue vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y a Ignacio González, vicepresidente y presidente de la Comunidad de Madrid, acusó a la UCO, a la Unidad Central Operativa, de fabricar pruebas falsas y después filtrarlas. Como dije anteriormente, tienen ustedes ganado a pulso un gran puesto en la hemeroteca de la hipocresía.
Y les repito, no han escuchado ni escucharán de este ministro del Interior una sola palabra que ponga en duda la valía, la profesionalidad y el honor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo lo contrario. Porque, desde que llegamos al Gobierno en 2018, nuestro principal propósito ha sido dignificar el excelente trabajo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; una defensa que, como les digo, siempre ha estado en mis palabras, pero ―lo más importante, señorías― ha estado, está y estará en nuestros hechos (aplausos) y también dignificar, como no puede ser de otra forma, el excelente trabajo de la UCO, una vez más, a diferencia de ustedes. Porque, como les dije en sesiones anteriores, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es una de las piezas claves del funcionamiento del Estado democrático y de derecho en nuestro país. Es una institución que cuenta con más de treinta y siete años de historia y en la que centenares de hombres y mujeres realizan una labor fundamental contra el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, la delincuencia económica o la cibercriminalidad, entre otros. Un trabajo que realizan conforme a la ley ―y les hablo como ministro de este Gobierno― y en dependencia funcional exclusivamente de jueces y fiscales, solo y exclusivamente. ¿Pueden decir ustedes lo mismo de cuando gobernaban? Porque, como les he referido en varias ocasiones, el reconocimiento y el apoyo a la labor de la UCO se hace respetando sus actuaciones como Policía judicial y no utilizando su trabajo para intentar manipular a la opinión pública y mucho menos para tapar sus propios escándalos.
Les diré más, ¿saben cómo se reconoce también y se apoya el trabajo de esta unidad de la Guardia Civil? Con las políticas de recuperación de seguridad pública que este Gobierno ha puesto en marcha; la seguridad pública que el Partido Popular dejó al borde del abismo. Les daré algunos datos. Desde que llegamos al Gobierno hasta hoy, la UCO ha experimentado una evolución claramente positiva, tanto en su estructura organizativa como en su dotación de personal. Así, hemos pasado de contar con apenas 300 efectivos a superar los 550, casi el 100 % de incremento; es decir, duplicamos la plantilla. Eso no es descabezar la UCO. Evidentemente, descabezar la UCO es reducir sus efectivos y limitarlos, tanto el personal como los medios. Y si hablamos del catálogo de puestos de trabajo, hemos pasado de 420 a más de 580 plazas, eso es dar medios a la UCO. Esto nos ha permitido mejorar notablemente el grado de cobertura de estas plazas, que ha pasado de ser de menos del 80 % en época del Partido Popular a superar el 96 % durante este Gobierno. Es decir, con el Partido Popular había menos agentes en la UCO, menos cobertura de las plazas, y ahora hemos duplicado los agentes y la cobertura casi es plena. Creo que quizás podamos interpretar que los agentes de la Guardia Civil ahora entienden que en la UCO se puede trabajar con mayor tranquilidad, mayor independencia y, por lo tanto, es más atractivo ese destino.
Pero les diré más. Recientemente, hemos convocado las pruebas de selección para cubrir 150 vacantes en la UCO de aspirantes a las escalas de suboficiales, cabos y guardias, un proceso exigente que busca identificar a guardiaciviles con las capacidades necesarias para superar diferentes pruebas, que ponen de relieve el alto nivel de preparación y compromiso requerido para esta unidad, que seguimos reforzando. Al igual que podemos hablar de la importante apuesta presupuestaria que venimos realizando. Así, entre 2018 y 2025, la UCO ha experimentado una importante evolución inversora en cuanto al crédito ordinario. Esta tendencia culmina este año 2025 con el doble del presupuesto si lo comparamos con el último del Partido Popular, reflejando así el esfuerzo de este Gobierno por reforzar las capacidades operativas de la unidad. Por lo tanto, díganme si todo esto no es un compromiso con la Unidad Central Operativa y, por ende, con la lucha contra la corrupción por parte de este Gobierno, porque sí, hay diferencias, señorías, aunque también les moleste que se lo recuerde.
Aquí quiero dejar clara mi absoluta repulsa e indignación hacia cualquier caso de corrupción, evidentemente, venga de donde venga y afecte a quien afecte. Como digo, hay diferencias, porque nadie está libre de que surja un caso de corrupción en su entorno, pero la cuestión es clara: cómo y cuándo se actúa frente a ello. Fue el presidente Pedro Sánchez quien, nada más conocer los indicios sólidos de que en el partido que sustenta al Ejecutivo podía haberse dado un caso de corrupción, actuó con diligencia y con contundencia. Además, este Gobierno, a diferencia de otros, siempre ha colaborado con la justicia, y así lo vamos a seguir haciendo por convicción democrática. Reafirmamos nuestro máximo respeto al Poder Judicial, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, al conjunto de informes que estos puedan elaborar a petición de la autoridad judicial o fiscal. Desde 2018, una de las prioridades de este Gobierno ha sido, y así sigue siendo, la lucha contra la corrupción. El resultado es que hoy España tiene leyes más duras, tenemos más transparencia en la Administración pública y, en este sentido, se han dado avances significativos en los rankings internacionales. Por eso, este Gobierno no va a mirar para otro lado y siempre —siempre— actuará con la misma celeridad y contundencia con la que lo hemos hecho. Como digo y repito, hay diferencias, porque antes, con el Partido Popular en el Gobierno, la corrupción se amparaba y se tapaba, se amenazaba a periodistas y se destruían pruebas, como siempre recordamos, a martillazos. Ahora, con este Gobierno, la corrupción se persigue y se castiga.
En este punto quisiera referirme al último de los temas por los que se interesa el Grupo Popular en esta comparecencia, y es el hecho de que, hace algo menos de un mes, el secretario de Estado de Seguridad dejó su cargo. Lo haré aprovechando la oportunidad que me da esta tribuna para reconocer, como ya he hecho tanto en público como en privado, el extraordinario trabajo que ha realizado en el Ministerio del Interior desde que llegamos al Gobierno el 7 de junio de 2018 Rafael Pérez Ruiz, primero, como director de gabinete y, posteriormente, como secretario de Estado de Seguridad durante más de cinco años. Ya sé que vendrán sus señorías de la derecha y de la ultraderecha a hablar de teorías de la conspiración, falsedades, bulos y mentiras, pero la realidad es que Rafael Pérez Ruiz ha sido —c omo he dicho— un excelente secretario de Estado de Seguridad. Hay personas que cuentan con una trayectoria profesional a la que deciden volver cuando entienden que su etapa política ha llegado a su fin y, además ―y esto es muy importante―, hay momentos en los que las personas deciden cambiar de rumbo por motivos estrictamente personales ―a muchos de ustedes les cuesta entenderlo―, dando importancia con su decisión a su vida personal y familiar. Hay que respetar ese momento en el que una persona decide cambiar y volver a su anterior vida profesional después de haberlo dado todo por el Ministerio del Interior y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La hoja de servicio del secretario de Estado ha sido intachable, en ella destacan logros tan importantes como el incremento récord de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras los devastadores recortes del Partido Popular; la ejecución del I Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, dotado con 1000 millones de euros; la aplicación del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, renovado año tras año ―y ya estamos en el cuarto plan―, que ha supuesto un incremento del 12 % en las plantillas de la zona y una inversión de más de 170 millones de euros; la implantación del sistema VioGén 2, la nueva plataforma digital de lucha contra la violencia de género; el desarrollo del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, que ha permitido reducir la tasa de ciberdelitos durante los dos últimos trimestres por primera vez; la elaboración de dos planes estratégicos de personas desaparecidas y de tres planes de acción de lucha contra los delitos de odio, o la creación de la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales; todo ello en momentos de suma delicadeza, como el de la pandemia del COVID-19. Es una hoja de servicio que, a pesar de sus mentiras, señorías, permanecerá y será reconocida como uno de los mejores momentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que muchos ya reconocemos, y estoy seguro de que será enriquecida y completada con el buen trabajo que ya está realizando la nueva secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre.
De quien seguro que no van a hablar hoy sus señorías del Grupo Popular es de uno de los últimos secretarios de Estado de Seguridad del Partido Popular: el señor Francisco Martínez. Una vez más, sus mentiras les ponen —como decía antes— frente al espejo. Esa es la triste realidad de todos ustedes, del Partido Popular, que frente a la intachable trayectoria de Rafael Pérez Ruiz como secretario de Estado de Seguridad, ustedes han tenido en sus filas y sentado en esos escaños a un señor para quien la Fiscalía ha pedido —al igual que para su ministro del Interior— quince años de prisión; nada más y nada menos que quince años de prisión por delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad por el caso de la operación Kitchen. No hace falta que vuelva a explicar a qué se dedicaban ustedes entonces, ¿verdad? Una operación policial —una nueva causa— también dirigida por la Audiencia Nacional, en la que se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y organización criminal en una trama dedicada a la extracción de datos informáticos de entidades públicas y privadas para comercializar con ellos, y donde está investigado el señor Francisco Martínez. Señorías, qué orgullo para el Partido Popular, todo un ejemplo de decencia democrática. (Aplausos).
Voy terminando. Lo haré repitiendo, como decía esta mañana al señor Semper, que a pesar de sus mentiras, de todo el odio que destilan y de su eterna estrategia del fango, este ministro siempre defenderá el buen nombre y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque si alguien ha dado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil medios, personal e independencia ha sido este Gobierno desde el primer día. Lo que dejamos atrás en 2018 fue el peor escenario político que nuestro país ha sufrido en toda su historia democrática. Y sí, es importante que este Gobierno siga haciendo lo que mejor sabe hacer: seguir trabajando para una España democrática, de progreso, de libertades y también de convivencia, con un Ministerio del Interior, en lo que a mí respecta, volcado en que España siga siendo uno de los países más seguros del mundo, y que apoya a nuestros agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A pesar del ruido y frente al fango, la mentira y la absoluta irresponsabilidad de la derecha y la ultraderecha, este Gobierno seguirá impulsando una política de seguridad pública amplia, democrática y eficaz por el bienestar, pero sobre todo por los derechos y las libertades del conjunto de la ciudadanía.
Hechos y no palabras. Muchas gracias. (Aplausos.―Rumores).