¿Qué medidas legales tomará el Gobierno frente a la impunidad con la que operan las empresas corruptoras?

Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, en toda trama de corrupción ―y, por desgracia, sobran los ejemplos, de muchos colores y a lo largo de todo el territorio del Estado― actúan siempre tres actores principales: quien se corrompe, los políticos corruptos; quien corrompe, las personas corruptoras; y quienes deberían velar por que esto no sucediera, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la propia judicatura. Porque la corrupción es más que una delincuencia ordinaria perpetrada por cuatro espabilados. Es el resultado de prácticas sistemáticas ―a todos nos sonará un porcentaje famoso, reiterado y repetido en todo el territorio― y sistémicas ―a decenas de casos probados me remito―, siempre de redes empresariales extractivas, con complicidad, anuencia y colaboración necesaria de políticos deshonestos. Y está bien que se hable de los políticos corruptos, pero también digo yo que habrá que destapar, perseguir y sancionar a quienes se forran comprando voluntades de gente sin ética para agigantar sus beneficios con el dinero de todos, robándonos a todos y a todas. De ahí la pregunta que le formulamos: ¿qué medidas legales tomará el Gobierno frente a la impunidad con la que operan las empresas corruptoras?

Señora presidenta, muchas gracias.

Señor Matute, hoy el régimen legal en nuestro país ya contempla las dos figuras que usted plantea en su diagnóstico. Contempla que es delito tanto el funcionario que se corrompe como la empresa o el particular que ofrece regalos y dádivas al funcionario. Por tanto, eso ya existe. No hay una limitación de responsabilidad, es para personas físicas y es para personas jurídicas. Y lo que hicimos, que además fue con el voto de su grupo parlamentario, fue añadir un nuevo delito, el de enriquecimiento ilícito, tal y como nos estaba sugiriendo Naciones Unidas que hiciéramos.

Y no solo eso, nuestro régimen legal, en la ley de contratación del sector público, también impide que empresas que hayan corrompido a funcionarios puedan optar a licitaciones públicas. Incluso, hoy por hoy, también la ley española dice que en las juntas de contratación de los ministerios solo puede haber funcionarios de carrera. No puede haber cargos públicos, no puede haber altos cargos, no puede haber personal eventual, solo funcionarios de carrera. Por tanto, tenemos un régimen jurídico que, por supuesto, da respuesta a la pregunta que usted plantea. Pero también le digo que, desde luego, todo se puede perfeccionar y que nosotros estamos también encantados de escuchar propuestas y sugerencias, porque nuestra idea, en lo que sea posible, es mejorar el régimen legal para evitar comportamientos que nos han abochornado, como lo que hemos conocido en las últimas semanas.

Gracias. (Aplausos).

Pues para contemplar tanto, que poca eficacia demuestra. Seré claro sobre lo que puede esperar de nosotros y nosotras en esta materia: contundencia hasta las últimas consecuencias con cualquiera de los eslabones necesarios de los tres citados anteriormente, corruptos, corruptores y colaboradores necesarios. Claridad y transparencia. Y de esa exigencia de claridad nadie se debería librar, ni siquiera Acciona, por mucho que tenga como empleados a un exjefe de la UCO, también condenado por torturas, o a un exjefe del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Pero, además de la contundencia, la transparencia y la claridad, hay que tomar medidas muy urgentes para acabar con esta asquerosa realidad sistémica que es la corrupción. Medidas como la de modificar las leyes de contratación pública para que la objetividad ocupe el lugar preeminente que debe; mayores sanciones económicas y la prohibición de concurrir en adjudicaciones públicas a perpetuidad a quien incurre en prácticas ilegales; exigencia de devolución de cualquier ayuda pública percibida por dicha empresa si ha incurrido en esa práctica; no limitarse únicamente a la forma empresarial que tenía en el momento de la irregularidad, la ilegalidad o la corrupción, sino investigar quién está detrás de esa matriz o de esa unión temporal de empresas; y prohibir la externalización de planes políticos públicos a consultoras. En definitiva, seguir haciendo mucho más para que corruptores y corruptos terminen por estar donde tienen que estar, que es, seguramente, fuera de esta sociedad.

Gracias, señora presidenta.

Coincido, señor Matute, en el diagnóstico de contundencia contra comportamientos corruptos. Contundencia absoluta. Y le digo, mi partido asumió la responsabilidad política y se pidieron responsabilidades políticas en cuanto se conocieron los más mínimos indicios. (Protestas). Y cuando son indicios graves, indicios sólidos y se inicia la investigación penal por un juzgado de Instrucción, en este caso por un magistrado instructor en el Tribunal Supremo, dejemos trabajar a la justicia. No nos corresponde a nosotros juzgar; sí nos corresponde que las responsabilidades políticas de aquellas personas que tienen indicios graves y sólidos sean determinadas. Y, desde luego, mi partido, el Partido Socialista, apartó a estas personas con total contundencia y con total rapidez. (Protestas.―El señor Tellado Filgueira: ¡Mentira!).

Hemos llevado a cabo la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, hemos reforzado la Fiscalía con dos unidades de lucha contra la corrupción privada y pública y estamos tramitando y gestionando una ley de lobbies. Por tanto, estamos abiertos a cualquier sugerencia para fortalecer nuestro sistema contra cualquier comportamiento corrupto, por supuesto. (El señor Tellado Filgueira: ¡Mucho!). Y nosotros, abochornados.

Gracias. (Aplausos.―Rumores).