Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal.

Buenos días, señorías.

Subo a esta tribuna de este Congreso, que por un momento parecía el graderío de un campo de fútbol (rumores), para defender el proyecto de ley orgánica de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial.

Con humildad (risas), tengo que decirles que estamos muy orgullosos... (Rumores.―Varias señoras y señores diputados chistan pidiendo silencio.―El señor Simancas Simancas: ¡Un poco de educación!―El señor Tellado Filgueira: ¿Eres tú el presidente de la Cámara?―El señor Simancas Simancas: Tengo derecho a pedir educación.―El señor Tellado Filgueira: ¿Pero eres acaso el presidente de la Cámara?).

Muchas gracias.

Yo agradecería, de verdad, un debate sereno sobre el contenido de la ley que estamos presentando y estoy convencido de que las intervenciones irán en esa línea.

Les decía que, con humildad, estoy muy satisfecho del trabajo que estamos llevando a cabo para transformar y adaptar la justicia a las necesidades del siglo XXI. (Continúan los rumores). Este proyecto de ley es un paso más en esa línea de llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas, que es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Queremos una justicia que sea un poder del Estado, que lo es, y un servicio público, que también lo es, que sea más ágil, que sea más cercano, que sea más digital y que, por tanto, esté más adaptado a lo que hoy los ciudadanos nos piden. Además, en este proyecto de ley se cumplen reivindicaciones históricas de la carrera fiscal y judicial que también formarán parte de él. Por eso, voy a explicarles el contenido del proyecto. Es una reforma, ya les digo, absolutamente necesaria e imprescindible para que nuestra justicia se adapte al siglo XXI, porque piensen ustedes que la Ley Orgánica del Poder Judicial es de 1985, pero es que la oposición de acceso a la carrera fiscal y judicial es de 1869. Creo que ha llegado el momento de adaptar también el acceso de la carrera fiscal y judicial al siglo XXI y no seguir con una oposición que data de finales del siglo XIX. Obviamente, hoy la sociedad no es la del siglo XIX. Los problemas que tienen que resolver jueces y fiscales en su tarea diaria no son ni los conflictos ni los pleitos que había en el siglo XIX y, por tanto, tenemos que dar un paso adelante en esa línea.

También tratamos en este proyecto de ley ―y nos ocupamos― de las personas con menos recursos económicos. Durante la década de los ochenta, en los Gobiernos de Felipe González se generalizaron los sistemas de becas, que facilitaron que personas con pocos recursos económicos hoy sean universitarios. Creo que tenemos que seguir avanzando en esa línea para que las personas que no tengan recursos económicos suficientes puedan también tener la legítima aspiración de incorporarse a la carrera fiscal, judicial o a la Abogacía del Estado. Y para eso blindamos por ley las becas, para que puedan opositar el tiempo que necesiten.

Por eso, les explico de manera muy sintética el contenido de este proyecto de ley. En primer lugar, con respecto al acceso a la carrera, vamos a mejorar el acceso a la carrera fiscal y judicial, y lo vamos a hacer adecuando las pruebas a la realidad del siglo XXI y a las necesidades del trabajo que llevan a cabo hoy jueces y fiscales en nuestro país. Además de la prueba oral y memorística ―que no se toca y tampoco se toca el temario en el proyecto de ley―, vamos a incorporar una prueba escrita que pueda garantizar conocer cómo lleva a cabo un razonamiento jurídico y cómo se expresa por escrito el opositor. La pregunta no es por qué introducimos una prueba escrita en la oposición a la carrera fiscal y judicial, la pregunta es cómo no hay una prueba escrita hoy para personas que trabajan fundamentalmente escribiendo autos y escribiendo sentencias. Es una adaptación necesaria para que conozcamos la capacidad de razonamiento jurídico y la capacidad de expresión por escrito de jueces y fiscales que hacen su trabajo por escrito. Esa prueba escrita será anónima, no se conocerá quién lleva a cabo esa prueba escrita, para que todos los candidatos estén en igualdad de condiciones. Objetividad absoluta. Incluimos también la grabación de las pruebas orales para que se dote de mayor seguridad a todos los candidatos en caso de que no estén de acuerdo con la prueba y con la nota que se les pone.

Segunda cuestión de la ley que quiero tratar: las becas. Creo que este es un paso fundamental para que podamos garantizar un acceso a la carrera fiscal y judicial en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades. Las becas SERÉ ―así las denominamos― son para las oposiciones a los principales cuerpos de la Administración de Justicia, es decir: carrera fiscal, carrera judicial, letrados de la Administración de Justicia y Abogacía del Estado. Hoy el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya tiene una convocatoria de becas. De hecho, se inició este lunes (aplausos que continúan mientras el orador está en el uso de la palabra), y animo a todos los candidatos, a todos los opositores, a que se presenten a unas becas que son de 12 000 euros al año durante cuatro años. Está abierto en este momento el plazo de inscripción para que cualquier opositor pueda inscribirse y conseguir una beca de 12 000 euros al año durante cuatro años.

¿Por qué introducimos esta reforma y la blindamos por ley? Porque ya hubo becas para opositar a la carrera fiscal y judicial durante el Gobierno de Zapatero y cuando hubo un gobierno conservador en España las suprimió. Por eso, hay que blindarlas por ley, para que los Gobiernos de derechas no tengan la tentación de suprimir un sistema de becas que garantiza el principio de igualdad de oportunidades. (Aplausos). La tentación de hacer lo que ya sucedió, lo que ya pasó con el Gobierno del señor Rajoy. Por tanto, garantizamos el sistema de becas, lo hacemos por ley, con una duración de cuatro años, por un importe del salario mínimo interprofesional. Creo que esta ayuda, que además será compatible con otras ayudas que se puedan extender por otras Administraciones, garantizará ese principio de igualdad de oportunidades.

En segundo lugar, convertimos el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones, que estará descentralizado. Es decir, habrá convenios con distintas Administraciones para que nos faciliten espacios públicos en todas las provincias de nuestro país. De tal manera que, seas un opositor de una gran capital, o seas un opositor de una pequeña provincia, tendrás la posibilidad de ir a un lugar público a prepararte la oposición.

No habrá un cuerpo de preparadores de opositores; los mismos preparadores jueces, fiscales y magistrados que hoy llevan a cabo la preparación podrán utilizar los espacios públicos del Centro de Estudios Jurídicos para llevar a cabo su preparación. Y, por supuesto, quien quiera optar por un preparador individual privado puede hacerlo perfectamente. Desde el Centro de Estudios Jurídicos únicamente se facilitarán los espacios, las instalaciones para que puedan llevar a cabo esta preparación. No habrá ningún criterio, ninguna instrucción a los preparadores. Esto creo que es importante y además facilita la labor a los preparadores, que, en lugar de tomar los temas en el salón de su casa, como tantas veces ha sucedido, ahora lo podrán hacer en un espacio público. Además, también habrá un listado público de preparadores para que cualquier ciudadano que quiera presentar su candidatura a la oposición de la carrera fiscal, judicial o de cualquier otro alto cuerpo de la Administración de Justicia pueda saber quiénes son los preparadores que tienen la compatibilidad, que están registrados públicamente, porque pensemos que hay gente, precisamente de familias más humildes, que no conoce a ningún juez, que no conoce a ningún fiscal, que no conoce a ningún preparador y que obviamente está en peor situación para poder acceder a la carrera fiscal y judicial. (Aplausos).

Tercer aspecto al que quiero hacer referencia; el cuarto turno. Pretendemos garantizar ―fíjense― que se cumple la ley de 1985. La carrera judicial tiene dos puertas de entrada, la puerta del turno libre por oposición y la puerta del cuarto turno por concurso-oposición ―concurso-oposición; cuarto turno, concurso-oposición―, porque escucho cosas e igual conviene recordar la verdad. El cuarto turno es un concurso-oposición. Lo que dice la ley de 1985 ―por eso se llama cuarto turno― es que un 25 % de la carrera judicial entra por el concurso-oposición y un 75 % entra por la oposición. Bien, hoy el número de jueces y magistrados que provienen del cuarto turno en España no llega al 8 %, de tal manera que es obvio que no se ha cumplido la previsión de la ley de 1985 de que el 25 % de la carrera judicial entre por el concurso-oposición. Por eso hacemos simultáneas la convocatoria del turno libre por oposición y del cuarto turno por concurso-oposición, de tal manera que cuando salgan las plazas de uno saldrán las plazas de otro en un 25 %. Por eso ya hemos anunciado que la convocatoria de 2025, que se repetirá en 2026 y en 2027, tan pronto como tengamos aprobada esta ley y, por tanto, habilitación legal para hacerlo, constará de 360 plazas del turno libre por oposición y de 120 plazas del cuarto turno por concursooposición. Eso es lo que vamos a llevar a cabo en 2025, 2026 y 2027. (Aplausos).

Cuarto aspecto al que quiero hacer referencia: el proceso extraordinario de regularización de jueces sustitutos, fiscales sustitutos y magistrados suplentes. En este momento existen 1300 personas que ejercen como jueces sustitutos, unos 1000 como magistrados suplentes y unos 300 como fiscales sustitutos que están en una situación de precariedad absoluta, con unas incompatibilidades que les impiden ejercer profesiones jurídicas cuando no están ejerciendo como jueces sustitutos o fiscales sustitutos. En lo sucesivo voy a hablar de este proceso en femenino y voy a hablar de juezas sustitutas, porque el 80 % son mujeres que están en una situación de precariedad que debería interpelar a este Congreso, que tendría que dar solución a la precariedad de un 80 % de las mujeres que son juezas sustitutas, magistradas suplentes y fiscales sustitutas. (Aplausos). Vamos a hacer un proceso extraordinario de regularización para estas juezas sustitutas. Lo vamos a hacer porque nos lo ha requerido, con advertencia de sanción millonaria, la Comisión Europea en dos cartas. En la primera carta se hablaba de que era necesario regularizar a las personas que estaban en una situación de precariedad en toda la Administración pública. El Gobierno de España preguntó si esa obligación de regularizar afectaba también a juezas sustitutas, a magistradas suplentes y a fiscales sustitutas, precisamente por ejercer una función como la jurisdiccional que forma parte de un poder del Estado, y la segunda carta de la Comisión Europea nos dijo que sí, que había que llevar a cabo un proceso de regularización de las juezas sustitutas. Por tanto, porque nos lo pide la Comisión Europea y porque es de justicia para acabar con la precariedad de las juezas sustitutas, vamos a llevar a cabo este proceso de regularización extraordinario de juezas sustitutas, y lo vamos a hacer con un concurso-oposición, cuyo tribunal presidirá para jueces y fiscales un magistrado del Supremo y para fiscales suplentes un fiscal de Sala; un concurso-oposición con arreglo a los principios de mérito y capacidad según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Supremo, que por supuesto considera que el concurso-oposición cumple los principios constitucionales de mérito y capacidad. Por tanto, el proceso de regularización se llevará a cabo en los dos meses siguientes a que entre en vigor esta ley y ya esté publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Este proceso de regularización, que afectará o podría afectar a 1300 juezas sustitutas, magistradas suplentes y fiscales sustitutas, es independiente de las plazas que vamos a sacar anualmente de convocatorias por el turno libre y por el cuarto turno; independiente. Hemos anunciado y hoy reitero que vamos a llevar a cabo la mayor convocatoria de plazas de jueces y fiscales de la historia, cumpliendo una de las reivindicaciones históricas de la carrera fiscal y judicial en nuestro país. En 2025, 2026 y 2027, cada uno de esos años, vamos a sacar 480 plazas de jueces y fiscales, 360 por oposición y 120 por concursooposición, cumpliendo a rajatabla la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. De esta manera, además de las plazas del proceso de regularización extraordinario de juezas sustitutas, vamos a conseguir casi 1500 plazas nuevas para la carrera fiscal y judicial, una de las reivindicaciones históricas de la carrera judicial y fiscal en nuestro país.

Permítanme que me detenga un momento en el colectivo de las juezas sustitutas. Las juezas sustitutas ―que, como les digo, son el 80 % de los jueces sustitutos, de los fiscales suplentes y de los magistrados suplentes― están en una situación de precariedad absoluta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). He escuchado a alguien que no ha tenido a bien leerse todavía el proyecto de ley que vamos a meter a 1300 personas por la puerta de atrás. Estoy seguro de que las intervenciones de los grupos en esta Cámara no serán de tan brocha gorda y afinarán un poco más. Esto de que vamos a meter a 1300 juezas sustitutas nuevas es una falacia; es que estas personas ya están dictando sentencias y ya están dictando autos; es que ya están ejerciendo la función jurisdiccional; es que las juezas sustitutas ya han sido seleccionadas y nombradas y están dictando autos y dictando sentencias (aplausos). Y como se está poniendo en duda su profesionalidad, yo quiero hoy defender al colectivo de juezas sustitutas y de fiscales sustitutas.

Quiero decir algo que sus señorías conocen, y es que este colectivo de juezas sustitutas ha sido seleccionado por los Tribunales Superiores de Justicia de las distintas comunidades autónomas. Ese proceso de selección, además, ha contado con el nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial, y la intervención del Ministerio de Justicia ha sido ninguna en la selección de estas juezas sustitutas; ninguna. Por tanto, ni por la puerta de atrás, porque ya están dentro, ni el ministerio decide, porque eligen TSJ y el Consejo del Poder Judicial, ni nada de nada de lo que se está diciendo para denigrar a las juezas sustitutas en nuestro país (aplausos), a las que yo defiendo por su rigor, su profesionalidad, su esfuerzo y por su trabajo por conseguir una justicia mejor.

Quinto aspecto: mejoramos la carrera judicial y las posibilidades de promoción de todos los jueces en nuestro país. Hay un ascenso automático de juez a magistrado a los cinco años, sin concurso, para beneficiar que puedan quedarse en las plazas que ya ostentan y, por tanto, para que no afecte a su conciliación. Esto fue una solicitud de las asociaciones judiciales. Vamos a facilitar que los jueces de lo Mercantil y los jueces de Violencia sobre la Mujer, que en este momento, por razones inexplicables, están en peor situación para promocionar, estén en igualdad de condiciones con el resto de sus compañeros y compañeras para poder promocionar a otros puestos.

Sexto aspecto: la protección de la apariencia del buen nombre. Vamos a abordar, dentro de la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial, que además de los cinco miembros actuales elegidos por la carrera judicial haya otros cuatro miembros, que elegirán esta Cámara y el Senado, para que catedráticos de Filosofía del Derecho, de Filosofía Moral y de Ética puedan también aportar su conocimiento a esos principios que establece el Comité de Ética Judicial.

Por último, se prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales, precisamente para proteger su buen nombre y que no haya patrocinios o financiaciones que puedan cuestionar la apariencia de imparcialidad de jueces en nuestro país.

En definitiva, señorías, esta reforma reformista muy ambiciosa que estamos llevando a cabo en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por supuesto que llegará a buen puerto, por supuesto que va a reformar la justicia en nuestro país, porque es necesario llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas. Lo vamos a hacer en esta legislatura porque ya vamos con cuarenta años de retraso, cuando no más de un siglo, en algunas leyes. Lo que hoy son desencuentros, lo que hoy son dudas, lo que hoy es algún tipo de recelo se convertirá en un gran consenso, como ya ha pasado. Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo en el Poder Judicial han sido muy debatidas, muy discutidas, con opiniones muy contrarias, y años después se han convertido en grandes consensos de la democracia española. Ya se dijo que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 acababa con la independencia judicial, y hoy es evidente que es la norma que supuso la absoluta adecuación del Poder Judicial a nuestra Constitución de 1978. Cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el año 2000, también se dijo que eso iba a ser el caos por acabar con los procedimientos civiles que venían regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y ese caos, evidentemente, no se produjo y hoy es un consenso que la LEC del año 2000 es infinitamente mejor y está más adaptada a las necesidades de nuestro tiempo que la del siglo XIX. Pero es que cuando en 2004 se crearon los juzgados específicos de Violencia sobre la Mujer, a raíz de la aprobación de la ley contra la violencia de género, también se dijo por parte de la derecha que eran contrarios al principio de igualdad y que no se podrían implementar, y hoy también forma parte de un gran consenso y acabamos de reforzar en un 50 % las plazas en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Pasará con la ley de eficiencia, cuya primera fase entra en vigor el 1 de julio, pasará con esta ley orgánica de fortalecimiento y ampliación de la carrera fiscal y judicial, pasará con la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y pasará con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Habrá debate, por supuesto que habrá debate, pero, pasados los años, habrá un gran consenso y nadie querrá volver atrás, porque estas son las reformas que necesita la justicia del siglo XXI y vamos ya con retraso. (Aplausos).

El dilema que hoy enfrenta la justicia es un dilema bien sencillo: reformas o inmovilismo. El inmovilismo nos lleva a cronificar los problemas de siempre de la justicia y las reformas nos llevan a mejorarla, a adaptarla al siglo XXI. Una vez implementada esta ley, en un tiempo todo el mundo verá que es imprescindible, que es una reforma que ha llegado incluso tarde y que adapta la justicia a las necesidades de un servicio público del siglo XXI. La amenaza para la justicia hoy es la falta de reformas y, por tanto, yo hago un llamamiento a esta Cámara para que hoy voten en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por la derecha y la ultraderecha y empecemos a recorrer el camino para mejorar la justicia y ponerla donde siempre ha debido estar, siendo un servicio público de vanguardia del siglo XXI.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Bueno, pues ya están pringados casi todos los de la banda del Peugeot: Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, que avisó hace unos meses de que el caso iba a escalar. Pues bien, ya solo queda un escalón y es Pedro Sánchez. Y, mientras tanto, usted, señor Bolaños, anoche volviéndose loco buscando el informe de la UCO. ¡Vaya bochorno escuchar al equipo de opinión sincronizada reconociendo el caos en el que vive el Gobierno! (Aplausos).

Ustedes rinden nuestras fronteras y renuncian a nuestra soberanía sobre Gibraltar. Dijimos que lo peor de Sánchez estaba por llegar y cada día que pasa se confirma que estamos ante una auténtica organización dispuesta a todo para seguir aferrados al poder. La reforma que hoy traen aquí para las carreras judicial y fiscal no es más que la plasmación por escrito de años llamando a los jueces fachas con toga. Es la reacción del Gobierno al considerar el Poder Judicial como un apéndice del PSOE que necesitan controlar, igual que ya hacen con el Legislativo y el Ejecutivo. Les quedaba el último, justo cuando la corrupción les acorrala y los escándalos les asfixian, con una ley que únicamente busca debilitar la justicia, secuestrar al Poder Judicial y dinamitar la separación de poderes.

Ustedes están cercados por la corrupción. Ayer, la UCO incautaba conversaciones que implican a su actual secretario de organización en el cobro de supuestas comisiones ilegales, descubrían correos de altos cargos del Partido Socialista que destapan contratos amañados en la Faffe, en Andalucía, y resulta que Leire estaba a sueldo de Zarrías cuando buscaba información en contra de la UCO, jueces y fiscales para el Partido Socialista. Más de cuarenta altos cargos imputados en una organización criminal donde el nexo y la cabeza es el ‘1’ de la trama. (Aplausos).

Ustedes necesitan blindarse frente a la justicia, y esa y no otra, ni Europa ni la estabilización ni nada por el estilo, es la razón por la cual ustedes traen hoy aquí esta ley. No porque lo ordene Europa. Europa le acaba de decir, entre otras cosas, lo mismo que llevamos aquí afirmando desde hace meses, que la amnistía es en realidad una autoamnistía encubierta como pago para la investidura de Sánchez, y ustedes no piensan recular. Igual que Europa les ha reprendido por incumplir las reglas anticorrupción y no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque les da igual y porque Europa, igual que la noble causa de las becas, es solamente la excusa para terminar de neutralizar el Estado de derecho.

Ustedes van con todo contra quienes sean incómodos al régimen de Sánchez, un régimen donde lo normal no es proteger a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino mandar sicarios mediáticos a obtener información contra la Guardia Civil a cambio de favores judiciales utilizando la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Un régimen donde lo normal no es respetar a los jueces y fiscales, sino señalarles, insultarles, presionarles y llamarles para anular sentencias inconvenientes. (Aplausos). Un régimen donde lo normal no es la separación de poderes, sino el mercadeo institucional, incluso con mediadores internacionales, para colocar a los propios en los órganos de Gobierno de la justicia y con un fiscal general del Estado procesado básicamente por ser el abogado particular de la familia Sánchez Gómez. A ese, desde luego, no le dijeron que si necesitaba ayuda la pidiera, a ese directamente se le acercó a la ministra de Justicia a ofrecerle cenas y lo que hiciera falta. Ese es el uso que hacen ustedes de la justicia y del Estado en general. Primero fue la oposición con el levantamiento del muro, después los periodistas y también los españoles anónimos que se atreven a criticarles, y ahora van a por los jueces y fiscales honrados y honestos que no se dejan comprar y a los que insultan desde esta tribuna con el silencio cómplice de la Presidencia de la Cámara y con su vergonzosa colaboración como indigno ministro de Justicia. (Aplausos). Así que, el primer Gobierno cuyo presidente tiene a su mujer y a su hermano imputados por graves delitos, que mantiene un fiscal general del Estado procesado; el Gobierno de los Koldos, los Ábalos, las Jéssicas, del rescate exprés de Air Europa mientras Globalia financiaba los proyectos de Begoña ―por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de ordenar investigar si hubo conflicto de intereses―; el Gobierno de las maletas de Delcy, el que hacía caja durante la pandemia con las mascarillas, el de los paradores con las prostitutas, el de las Leires; el Gobierno de las cloacas; el Gobierno que con un telefonazo es capaz de llamar al Constitucional para que le anule las sentencias que pesan sobre miembros del PSOE; o el Gobierno que aparta a diputados para aforar ilegalmente a los suyos; el Gobierno al que ayer precisamente la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales le convocaban una huelga, nos trae una modificación de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal nada más y nada menos que para el fortalecimiento de las carreras. El fortalecimiento de esta ley es a la carrera judicial lo que la amnistía a la convivencia. Y lo hacen porque consideran ―firmemente lo piensa así― que en España no deben existir límites al poder ilimitado de Sánchez, y únicamente cabe ir con el carné del PSOE entre los dientes y comulgar con la verdad oficial impuesta por el Gobierno, sus medios de comunicación y todas las instituciones que han dejado de ser neutrales porque ustedes las han puesto de rodillas ante sí. (Aplausos).

Por eso, su modelo no es el de los países occidentales ni el de los estándares europeos, su modelo es el de las tiranías y las narcodictaduras hispanoamericanas; el modelo de Gustavo Petro, ese al que todos ustedes aplaudían aquí fervorosamente en el Congreso de los Diputados y al que el PP le daba la llave de la ciudad de Madrid, y miren lo que le ha ocurrido al opositor; su modelo es el del kirchnerismo, que llama monigotes a los jueces que han condenado a la expresidenta de Argentina, igual que hacen ustedes aquí en España insultando a los jueces; es el mismo modelo. Su modelo es aquel donde ha desaparecido el Estado de derecho, donde se pisotean las libertades, la inspiración de este Gobierno, cimentado sobre la mentira y el delito y, por ende, el principal beneficiario de esta ley.

Ustedes pretenden modificar la Comisión de Ética Judicial introduciendo a miembros elegidos por el Congreso y el Senado, es decir, que los miembros del órgano encargado de responder a las consultas planteadas por los jueces sean designados por políticos, en otra injerencia más de los intereses partidistas en el sistema judicial para que este deje de ser independiente. Se pretende crear un centro público de preparación de opositores que, en realidad, lo que supone es una injerencia del Poder Ejecutivo en la selección de los miembros del Poder Judicial, con un claro ánimo de adoctrinamiento y de asegurar que los criterios no sean acordes con criterios técnicos, sino con la agenda ideológica del Ejecutivo. Ni siquiera han hecho por disimular, ustedes actúan con un descaro y un cinismo que lo único que evidencia es su prioridad de colonizar las instituciones sobre cualquier otra cosa. (Aplausos). Y van a meter a más de mil nuevos jueces y fiscales sustitutos, con la única exigencia de ser graduados en Derecho y tener cinco años de trabajo, sin concretar de qué tipo, sin alcanzar los estándares mínimos y modificando el 20 % de la carrera judicial por esta vía para hacerla cada vez más mediocre y con el objetivo de que no sirva como contrapeso al poder político, tal y como está sirviendo en estos momentos; y no para la estabilización del empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, sino para alterar las normas tradicionales de acceso que garantizan la imparcialidad, favoreciendo a los jueces temporales por encima de los que han ingresado accediendo por oposición. Y esto no tiene nada que ver con lo que le dice Europa, pero sí con el fin de la capacitación de los que tienen que impartir justicia.

¿Pero cómo le vamos a hablar de excelencia al Gobierno de las prostitutas enchufadas en la Administración o de los porteros de prostíbulos en los consejos de administración o de las catedráticas de universidad sin carrera universitaria? (Aplausos). Ustedes han instaurado la mediocridad en todos los ámbitos, y han sustituido el ascensor social, que era la educación, por los estómagos agradecidos como medio de progreso. Es una reforma al más puro estilo bolivariano para la consecución de lo que ustedes llaman democratización de la justicia, ese falso relato según el cual todos los que estudian oposiciones son ricos y de derechas. Cuánto clasismo y qué paupérrima excusa de un ministro de Justicia que ignora ―o no lo ignora, pero no lo reconoce, lo cual es aún peor― que la legitimidad democrática de los jueces les viene dada por su sujeción exclusiva a la ley que emana de las Cortes; cuando, además, aquí los únicos ricos que quedan son ustedes, la cúpula del Partido Socialista, que se ha dedicado a saquear a manos llenas a los españoles. (Aplausos). Y tampoco es para la estabilización. Eso no es lo que le dice Europa; ni se lo dice Europa ni lo dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que lo que dice es que, en caso de abuso por exceso en la temporalidad de los altos cargos en condición de un juez sustituto, bajo ningún concepto la sanción puede consistir en el nombramiento de personal temporal como funcionario de carrera, porque esto lo que hace es vulnerar el derecho fundamental de acceder en igualdad de condiciones y mermar los principios de mérito y capacidad. Pero todo esto les da igual, porque lo que pretenden es una falsa lucha de clases, en lugar de solucionar el problema que han creado unos Gobiernos y otros con la temporalidad en la Administración. Y lo más grave de todo es que después de esto ustedes pretenden traer una ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y encomendar la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, es decir, para que la investigación de esos procedimientos, y por ende también la Policía judicial, pase a depender de una Fiscalía que, a su vez, depende del presidente del Gobierno; la misma Policía judicial a la que ustedes acusan, falsa y desesperadamente, de querer atentar contra el presidente del Gobierno, porque están precisamente destapando toda su corrupción al frente del Gobierno de España. (Aplausos). Y ahora están más nerviosos que nunca: a pesar de haberlo politizado todo, la Guardia Civil sigue haciendo su trabajo, avanzando en las investigaciones y cerrando cada vez más el círculo. Pero antes de recurrir a la señora Leire Díez ustedes han bajado muchos otros peldaños, porque antes estuvieron los estados de alarma ilegales, el asalto al Constitucional, al Tribunal de Cuentas, la amnistía que necesitaban para recibir el apoyo de sus socios y, en definitiva, la perversión de todo un ordenamiento jurídico que un día configuró algo parecido a un Estado democrático de derecho desde que fulminaron la separación de poderes en 1985. Algunos, de forma nostálgica o ingenua, califican aquel PSOE como el PSOE bueno; otros están, incluso, pidiendo, por favor, que vuelva ese PSOE; nosotros lo llamamos la normalización del asalto a la justicia desde hace cuarenta años por los políticos. Porque si hoy el Partido

Socialista puede terminar de secuestrar a los jueces no es porque se hayan encontrado con esa posibilidad de un día para otro, en España se ha normalizado que los partidos, en este caso los dos grandes partidos, se repartan a los jueces pensando que les convendría tener a los suyos colocados en un momento determinado porque así les favorecerían, cuando en realidad lo que estaban haciendo era llevar a los españoles a un callejón sin salida. El Partido Popular tuvo la mayoría absoluta más desperdiciada de la historia, con posibilidad de haber garantizado la independencia del Poder Judicial, y ahora, con tal de que el Partido Socialista no les eche en cara que bloqueaban la renovación del Consejo, cedieron hace un año, con la mediación de un comisario Reynders, en una humillación que no se veía desde las abdicaciones de Bayona, para reformar el Consejo General del Poder Judicial a cambio de una supuesta modificación del planteamiento que nunca llegó. El plazo era teóricamente de seis meses, estamos en junio de 2025 y todavía no ha llegado. Y no ha llegado porque ya se lo dijo el PSOE: eso no figura en el acuerdo. Y si a estas alturas Sánchez les engaña, el problema es de uno.

No le debemos nada a la banda que detenta el poder en la Moncloa, no tenemos que pedir perdón ni permiso, nosotros queremos instaurar lo que es normal en un Estado de derecho, es decir, jueces independientes, un consejo general elegido por y entre los jueces, un fiscal general del Estado independiente, criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la carrera judicial y fiscal...

... y, sobre todo, respeto a las instituciones ―y termino―, a la separación de poderes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; en definitiva, devolver la normalidad lejos del lodazal en el que tristemente el Gobierno está convirtiendo a España.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias. Señorías, hace siete años, Pedro Sánchez Pérez-Castejón llegó al poder alegando que la mera citación del presidente Mariano Rajoy como testigo exigía su dimisión; por decencia, decía; por la democracia, clamaba. Hoy están imputados o procesados su mujer, su hermano, su fiscal general, su mano derecha de entonces y, muy pronto, según parece, su mano derecha de ahora. Ahí está sentado. (Señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.―Aplausos). Señor Cerdán, el Supremo le acaba de ofrecer que declare voluntariamente por consistentes indicios en su contra. Hágalo y cuente todo. Del cuarteto del Peugeot, solo queda uno: el ‘1’, el máximo responsable. ¿Qué fue de la decencia? ¿Qué fue de la responsabilidad in eligendo que invocaron contra tantos políticos del PP? El ‘1’, el que calla, no solo como un hipócrita, como un cobarde en el Parlamento o en Paiporta. (Aplausos). Hoy no voy a dirigirme al señor Bolaños. El señor Bolaños ampara a un presunto delincuente como fiscal general del Estado, mientras alienta que el Gobierno llame prevaricador ―es decir, delincuente― al Tribunal Supremo. Este hecho, sin parangón ni precedentes en una democracia plena, por sí solo lo inhabilita no ya para promover cualquier reforma de la justicia, sino que hay que tener cuajo para venir hoy aquí a hablar de independencia judicial o separación de poderes. Su fiscal general está procesado por filtrar datos para destruir a una rival política y pretende que apoyemos su plan de entregar a esa misma Fiscalía la destrucción penal. No vamos a sumarnos a su bacanal. «Una cenita, todo lo que necesites, ¿eh?» «Te vienes al ministerio, lo que sea». Pura corrupción moral. (Aplausos). Pero, además, el señor Bolaños desprecia el diálogo democrático no ya con la oposición, con los propios operadores jurídicos: jueces, fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo. No solo ha ignorado sus lógicas objeciones a la reforma que hoy debatimos, no solo pretende imponerlas a matacaballo ―ni una sola prórroga, mientras leyes sociales y otras treinta del Grupo Popular languidecen en el congelador, atiborrado ya, de la señora Armengol; cuestión de prioridades, atropellan para controlar la justicia, bloquean todo lo demás―, es que, encima, el señor Bolaños ha tenido la osadía de acusar a los jueces y fiscales que protestan de propagar bulos. Precisamente él, el ‘bulócrata reincidente’. Y lo hizo ―atiendan bien, señorías― el mismo día en que medio Gobierno insistía en difundir el delirio de que un agente de la

Guardia Civil fantaseaba con asesinar al presidente con una bomba lapa. De bombas lapa, señorías del Grupo Socialista, los que saben son sus socios de Bildu. (Aplausos).

Voy a dirigirme a los españoles, a los que sí les importa la democracia, es decir, la separación de poderes y la independencia judicial. Son los grandes paganos de la reforma que hoy debatimos y deben saber cuál es su naturaleza exacta y su peligro. Primero, lo esencial. La reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal no es una medida aislada, es un paso decisivo en el proceso de mutación de España de democracia plena a democracia fallida. La palabra clave de este proceso ―y de esta legislatura― es impunidad. De ella depende el Gobierno para hacer y para sobrevivir, para resistir. Impunidad de origen e impunidad de ejercicio. La impunidad de origen es la ley de amnistía con la que el señor Sánchez compró su investidura. Una autoamnistía de libro, sí, como ha dicho la Comisión Europea, que deja al señor Bolaños como lo que es. Y a ver qué dice ahora el Tribunal Constitucional. Doy por hecho que, por dignidad, rechazará la ponencia filtrada. Una catástrofe intelectual a la par que moral; un testimonio lacerante de la ruina del sentido en la vida pública. Dice la ponencia que este Congreso puede aprobar todo aquello que la Constitución no prohíbe expresamente. ¿Probamos con el canibalismo y la esclavitud, señorías? Dice también que no procede valorar las motivaciones de la amnistía ―es decir, la burda compra del poder―, pero acto seguido las ensalza. Todo, por la convivencia. La convivencia, pregúntenselo al señor Illa. El otro día, en el Palau de la Música, la cabeza gacha, mirando al suelo, mientras los presuntos apaciguados le gritaban a coro: ¡Independencia! Y el presidente del Parlamento catalán, su indultado, su rehabilitado, riéndose en su cara. (Aplausos). Lo peor no es la infinita capacidad de humillación del PSC. A fin de cuentas, siempre ha sido un partido nacionalista con la cabeza gacha. Lo peor sería que el Constitucional acabara avalando la autodeterminación, porque eso es exactamente lo que hace la ponencia. Si el golpe del 2017 puede amnistiarse, ¿por qué no el del 2027, el 2028 o cuando toque? La impunidad que dio origen a este Gobierno es la misma que amenaza con poner fin a la España constitucional. En cuanto a la impunidad de ejercicio, es la corrupción, claro. Qué justicia, también poética, que las dos corrupciones fundacionales de este Gobierno converjan en el mismo hombre: Santos Cerdán, el emisario a Waterloo y el presunto comisionista de obras públicas. El Gobierno se descompone. El señor Bolaños, con la manita cómplice abrazada. ¡Qué fracaso!

Ahora, remontémonos un instante al 2024, mes de abril. La justicia investiga el entorno del presidente: su mano derecha, su hermano, su mujer. Colérico, Sánchez se coge una baja de cinco días por victimismo. Dice que necesita meditar porque está profundamente enamorado, de sí mismo. (Aplausos). Cuando regresa, lo hace con una ofensiva calculada para socavar los contrapesos democráticos, es decir, la oposición parlamentaria, la prensa libre y, sobre todo, la justicia. Su objetivo: la impunidad; sus medios, esencialmente tres: criminalización, cloacas y colonización. Sí, señorías, los hechos son palmarios.

Empiezo por la criminalización. El Gobierno no solo ha asumido el concepto de lawfare, chatarra retórica kirchnerista, antes patrimonio de etarras y golpistas; no solo ha normalizado el insulto a los jueces contra los seis avisos ―tajante el de ayer de la presidenta del Supremo y del Consejo―, sino que su estrategia es ya el choque frontal con la justicia. Quieren enfrentar al pueblo con los jueces, a la democracia con la ley; como si los jueces no fueran el baluarte del pueblo frente al poder, como si pudiera haber democracia sin ley. Y, luego, que si Orbán o Trump. Pedro Sánchez es un populista de manual, el verdadero burro de Troya de la democracia española. (Aplausos). La única pregunta a estas alturas es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Va a desobedecer a los tribunales? ¿Va a proclamarse por encima de la ley? ¿Tiene algún límite? No es una pregunta retórica, señorías, es una pregunta existencial para nuestra democracia.

Segundo método: las cloacas. Estas son operaciones sórdidas con personajes del hampa para desacreditar a fiscales, jueces y guardias civiles. Y no me extiendo en los detalles para no mancharme. Basta decir que el señor Sánchez ha convertido la política española en una mezcla de reality, lodazal y frenopático. Ya no se sabe si Latre es Leire o Leire es Latre. (Risas). Y ustedes, señorías del Grupo Socialista, ¿quiénes son? ¿Qué son? ¿Gente decente? Su compañero, el señor Page, ha pedido elecciones ya para evitar que la ola los arrastre. ¿Lo han escuchado? ¿Y al resentido señor Madina? ¿No se dan cuenta? El cainismo a quienes mantiene cautivos es a ustedes; de un lado del muro, menguantes y cada vez más marginales.

Y, tercero, la colonización, el verdadero objetivo de la reforma que hoy debatimos. Lo resumo de forma sencilla. El Gobierno ha declarado la guerra a la justicia. Como la justicia no se rinde, la coloniza. ¿Cómo lo hace? Primero, a las bravas: politización directa. En vez de acabar con la injerencia partidista, como exige Europa, la refuerza. Modifica la Comisión de Ética Judicial para que cuatro de sus nueve miembros sean elegidos por el Parlamento y amplía las funciones del Centro de Estudios Jurídicos. ¿Quién controla ese centro? El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. ¿Quién decidirá a quién se beca? El Gobierno. ¿Quién podrá interferir en el perfil ideológico y profesional de los futuros jueces y fiscales? El señor Bolaños que opinará sobre quién merece ejercer la justicia en España. ¿Un García Ortiz? Sí. ¿Un Hurtado, una Biedma o, incluso, un Marchena? Jamás.

Segundo método, más sutil, pero igual de letal: la erosión del mérito y la capacidad. El señor Bolaños pretende aplicar a la justicia la célebre doctrina Pilar Lucio, ya me han oído alguna vez: «cuidado que, a lo mejor, tener demasiados conocimientos técnicos es contraproducente». Castiga a quienes acceden a la carrera por la vía más exigente, la oposición libre, y premia a quienes lo hagan por puertas laterales. Además, modifica el sistema de evaluación. Por ejemplo, elimina pruebas objetivas y las sustituye por otras más blanditas, light, soft, sujetas a la apreciación subjetiva ―siempre maleable― del examinador. Así, no se eligen jueces, señorías, se seleccionan afines.

Por último, la regularización de los casi mil jueces interinos, otra bofetada a los opositores y una consagración del atajo y la arbitrariedad. ¿Las reivindicaciones laborales de los sustitutos deben ser atendidas? Por supuesto, volvemos a exigirlo hoy y trabajamos por ellos, sus derechos y la conciliación. (Aplausos). Dejen de utilizarlos y de engañarlos contra la igualdad, el mérito y la capacidad, contra la jurisprudencia del Supremo y el Constitucional, contra el interés general. El Gobierno busca una justicia dócil, dependiente y dividida por agravios comparativos. Nuestro deber es impedírselo en defensa, precisamente, de los más vulnerables, de los que no tienen poder.

Señorías, nada justifica esta reforma. No la exige Europa, como insiste en falsear el señor Bolaños hoy otra vez. Europa pide reducir la temporalidad en el empleo público y los jueces no son funcionarios públicos, no dependen del Poder Ejecutivo, son el Poder Judicial. (Aplausos). Dejen de utilizar a Europa como coartada. El señor Bolaños llegó a decir en su día que Europa nos exigía derogar el delito de sedición. Otra de sus patrañas. ¿Quieren cumplir con Europa? Dejen que los jueces elijan a los jueces en el Consejo y acaten ya las 19 recomendaciones del GRECO contra la corrupción. Pero, sobre todo, dejen de invocar la democracia en vano. Esta es la mentira suprema del señor Bolaños. Ya la desmontó con datos la señora Perelló: la carrera judicial en España no tiene sesgo de clase, ni de sexo, ni de ideología, pero el señor Bolaños insiste, ahora con las becas como señuelo. Podría aprobar las becas en una ley aparte y por unanimidad, firmamos ya, pero no quiere. Su objetivo es otro: ganar el relato, como su fiscal general. Quieren que cuaje la falacia de que la justicia en España no es plenamente democrática. Siembran la insidia de que está secuestrada por una casta conservadora, en su ‘podémica’ jerga por fachas con toga. Lo dijimos en su día. Intentaron levantar un muro contra la derecha y se estrellaron contra el muro del derecho. Ahora, acorralados, dan un paso más: colocan al derecho con la derecha del otro lado del muro, pero, claro, ¿dónde les deja eso a ustedes? Exactamente en el búnker. Ultras, ultras, fachas, fachas, señor Bolaños. Ese es el resumen de la legislatura.

Acabo ya. De pactar con un prófugo de la justicia a proclamarse a sí mismos prófugos de la ley. Y acabo ya, sí, señor presidente. Ayer, miles de jueces y fiscales tuvieron el coraje y la coherencia de parar en protesta por lo que el señor Bolaños llama la mayor transformación de la justicia en décadas; traducido: una grosera regresión para someter la justicia al poder político.

Cinco asociaciones estudian, además, una huelga indefinida.

En nombre de mi grupo quiero expresarles nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestro respaldo.

Ese es el camino: el de la dignidad, el de la movilización, el de la militancia democrática. Acabo, señor presidente.

El proceso que promueve Pedro Sánchez está abriendo heridas profundas en la arquitectura institucional española.

Algunas de esas heridas serán muy difíciles de curar, pero eso no justifica la resignación.

Al contrario, la democracia y la ciudadanía… (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión).

Muy buenos días, señor presidente. Señorías, señor ministro, muy buenos días. Señorías, estamos ante un Gobierno que desprecia el Poder Judicial, un Gobierno que atenta contra la división de poderes, un Gobierno cuyos ministros, empezando por usted, atacan indiscriminadamente y sin ninguna justificación el trabajo de jueces y fiscales, un Gobierno que viene obviando interesadamente informes de consejos consultivos del Estado, un Gobierno que, además, desprecia a la Fiscalía General del Estado y un Gobierno que hoy no nos puede pedir que apoyemos un proyecto de ley que ahonda en uno de los mayores daños que se le puede causar a la justicia de un país democrático y en el que debe imperar el Estado de Derecho, como es atentar contra su independencia pervirtiéndola. Eso no nos lo puede pedir hoy, señor ministro. Además, la obsesión de este Gobierno por colonizarlo todo, incluidas las instituciones del Estado, es una obsesión enfermiza, una triste y vergonzosa realidad. Lo mismo quieren hacer con la justicia. Lo ocurrido con la Fiscalía General del Estado, con el fiscal general del Estado, no tiene parangón en la historia democrática de nuestro país. Un fiscal general que al final es procesado ante los tribunales de justicia, que se niega a dimitir y el Gobierno, en lugar de invitarle a ello, todo lo contrario, lo atrinchera. Este es un ejemplo más de la degradación que se está viviendo en nuestro país por responsabilidad de este Gobierno. Arbitrariedad, opacidad, son los términos que están utilizando los jueces y fiscales durante estas semanas y también las asociaciones más representativas de los mismos. Por algo será, señor ministro, por algo será. En definitiva, señorías, lo que se pretende es un mayor control de la justicia atentando contra su independencia, y nosotros, señor ministro, lo único que le pedimos, lo único que le exigimos, es que quite sus manos de la justicia y que respete el trabajo de jueces y fiscales. Muchas gracias. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Grazas, señor presidente. Señor ministro, está ben que traian aquí un proxecto de lei para democratizar o acceso á carreira fiscal e xudicial como un paso para tentar democratizar a xustiza no Estado español. Mágoa que sexa máis de 40 anos tarde. Eu non vou entrar agora nas medidas que recolle porque do que se trata hoxe é derrotar as emendas do PP e de Vox, da dereita ultra e da ultradereita que non queren que nada mude nunha xustiza ao servizo dos seus intereses de clase e dos seus obxectivos reaccionarios. Mais no escaso tempo que teño gustaríame facer dúas ou tres reflexións que cremos oportunas.

A primeira, que tardaron ben vostedes en reparar no carácter reaccionario, machista, racista, xenófobo e ultraespañolista do aparello xudicial español. Cando o lawfare era aplicado a outros ou mellor dito, cando nos era aplicado a outros fundamentalmente soberanistas da esquerda, vostedes ollaban para outro lado, reclamaban respecto ás decisións xudiciais. Agora que o utilizan contra vostedes caeron do cabalo camiño de Damasco e entenden que por fin, que é un obxectivo esencial tentar democratizar a xustiza.

A segunda é a constatación de que os poderes fácticos do Estado español non están dispostos a aceptar nin mínimas reformas democratizadoras e de recoñecemento da existencia de nacións como Galicia, por moi simbólicas que foren. Estámolo vendo no asedio continuado a un goberno de que, en todo caso, o que pode ser criticado é a falta de ambición e determinación democratizadora e non precisamente o contrario. E hoxe o aparello xudicial é a punta de lanza antidemocrática deses poderes fácticos.

E terceiro, unha e outra cuestión, xustiza reaccionaria e poderes fácticos inmobilistas, teñen a súa orixe no mesmo feito, que vostedes, infelizmente, continúanse realizando porque foron parte esencial del, a chamada transición, non houbo no Estado español ruptura democrática coa ditadura, senón un acordo entre os últimos xestores do franquismo e a chamada esquerda española, que posibilitou a pervivencia da estrutura de poder do franquismo no novo réxime constitucional e o xudicial é un exemplo perfecto. Dun día para outro o represor TOP franquista pasou a ser a Audiencia Nacional seica Democrática. 10 dos 17 membros do TOP pasaron a Audiencia Nacional ou o Tribunal Supremo e hoxe campan no aparello xudicial os seus fillos, netos ou herdeiros ideolóxicos. Por iso, as ultradereitas non queren que nada mude, razón de máis para que os demócratas poñamos todo o esforzo en mudalo todo.

Gracias, presidente. Señor ministro, está bien que traigan aquí un proyecto de ley para democratizar el acceso a la carrera fiscal y judicial, como un paso para intentar democratizar la justicia en el Estado español. Lástima que haya llegado cuarenta años más tarde, desde que tuvieron oportunidad de hacerlo, pero bien está. Yo no voy a entrar ahora en las medidas, porque hoy se trata de derrotar las enmiendas del Grupo Popular y de VOX, de la derecha ultra y de la ultraderecha, que no quieren que cambie nada en una justicia al servicio de sus intereses, pero quiero hacer unas reflexiones. La primera, que tardaron ustedes mucho en darse cuenta del carácter reaccionario, machista, racista y xenófobo del aparato judicial español. Cuando el lawfare se aplicaba a otros, fundamentalmente a las fuerzas nacionalistas, soberanistas, independentistas y de izquierdas, ustedes miraban para otro lado y reclamaban respeto a las decisiones judiciales. Ahora que lo utilizan contra ustedes, cayeron del caballo rumbo a Damasco y entienden por fin que es un objetivo esencial intentar democratizar la justicia. Bien está lo que bien acaba. La segunda es la constatación de que los poderes fácticos del Estado español no están dispuestos a aceptar ni mínimas reformas democratizadoras. Lo estamos viendo en el asedio continuado a un Gobierno que en todo caso de lo que puede ser criticado es de falta de ambición y determinación democratizadora, y no precisamente de lo contrario. Hoy el aparato judicial es la punta de lanza antidemocrática de esos poderes fácticos. En tercer lugar, la justicia reaccionaria y los poderes fácticos e inmovilistas tienen su origen en el mismo hecho que ustedes, lamentablemente, continúan sacralizando, porque fueron una parte esencial de ella: la llamada Transición. No hubo en el Estado español ruptura democrática con la dictadura, sino un acuerdo entre los últimos gestores del franquismo y la llamada izquierda española, que posibilitó la pervivencia de estructuras de poderes del franquismo en el nuevo régimen constitucional, y el judicial es un ejemplo perfecto. De un día para otro, el represor TOP franquista pasó a ser la Audiencia Nacional, probablemente democrática. Diez de los dieciséis miembros franquistas del TOP pasaron a la Audiencia o al Tribunal Supremo, y hoy campan en el aparato judicial sus hijos, nietos o herederos. Por eso, las ultraderechas no quieren que nada cambie. Y por eso, los demócratas tenemos que esforzarnos en cambiarlo todo.

Gracias, presidente. Señor ministro, estoy aquí y no sé qué voy a debatir. Es decir, el señor Bolaños ha presentado la reforma de la carrera judicial y fiscal y se supone ―para quien no sepa esto― que el Partido Popular y VOX han presentado dos enmiendas a la totalidad, lo que quiere decir que son dos proyectos distintos y alternativos, sobre los que no se han pronunciado. El Partido Popular, el más corrupto de la democracia española, condenado por la Audiencia Nacional por corrupción (rumores.—Aplausos), y también su socio, VOX, multado por financiación irregular ―y socio del Partido Popular, el partido condenado por la Audiencia Nacional por corrupción―, resulta que se han dedicado solamente a hablar de corrupción, y no a plantear el proyecto alternativo en esta Cámara. Por lo tanto, siguen ustedes faltando, como siempre, al respeto a la ciudadanía que nos está viendo en este momento. Esto es un toma y daca del bipartidismo de la corrupción, y la verdad es que me alegra estar en un partido que no tiene corrupción y que viene aquí a trabajar. (Risas).

Señor Bolaños, esto que estamos debatiendo hoy, como usted mismo ha dicho, es algo que deberíamos haber debatido y discutido hace ya muchísimo tiempo, que es transformar y democratizar uno de los pilares de nuestro Estado de derecho. Y digo que llegamos tarde porque los hechos hablan por sí solos. Llevamos años señalando el control político y partidista de la institución que más debería velar por que haya justicia en nuestro país. Y es normal que seamos nosotras, que lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, quienes hayamos estado pidiéndolo. Hemos sufrido esa tremenda arbitrariedad e instrumentalización de la justicia española. Vinieron a por nosotras, vinieron a por los independentistas, y fueron disidentes, de las cloacas del Estado del Partido Popular. Y ahora también están aumentando la presión para conseguir por vía judicial lo que no han logrado en las urnas y lo que no pueden conseguir aún con los tanques.

Y, señor Bolaños, ahora van a por ustedes, pero le voy a recordar que a esta gente, que está gritando aquí todo el tiempo (señalando hacia los escaños de la parte derecha del hemiciclo), le han vuelto a dar y a regalar el control del Consejo General de Poder Judicial pactando con ellos, cosa que avisamos. Han permitido que pongan otro candado a un organismo que tiene responsabilidad vital en una democracia de control a los controladores. Pero nos parece, señor Bolaños, que esta reforma aborda cosas muy importantes y que suena bien, y Podemos va a utilizar el recorrido legislativo que vamos a tener para profundizar en los cambios necesarios para avanzar en la democratización de una institución que hoy está a merced de intereses partidistas, que presenta un tremendo sesgo de clase, que es conservadora y que, por supuesto, no representa, ni muchísimo menos, la complejidad y la pluralidad de la ciudadanía.

Es un paso necesario, que genera la reacción furibunda de las derechas, pero también por los intereses corporativos de gran parte del oficio.

Voy terminando, presidente. Y, justo viendo estas reacciones, es evidente que el camino es el correcto. Pero hay una parte considerable del sistema político del país y una parte relevante de su aparato que no quiere que haya una democracia en la magistratura, porque quiere que siga siendo cosa de ellos y de ellas. Consideran que el poder y el control de las instituciones les pertenece por derecho o les pertenece por herencia. Solo ellos tienen derecho a acceder a determinadas funciones. Pero esta batalla hay que darla por decencia, para que la hija de un albañil, para que la hija de una limpiadora pueda tener la misma posibilidad de acceder a la carrera judicial, a la carrera fiscal que los de toda la vida. Termino con esto. (Algunas señoras y señores diputados: ¡Tiempo!). A la señora Cayetana se le ha dejado un minuto y medio más. No se quejen tanto. (Rumores.―Aplausos).

En fin, señorías, ni VOX ni PP ―lo siento mucho― tienen legitimidad alguna para hablar de justicia. Lo único que tienen que hacer es pedir perdón, asumir la culpa y sus responsabilidades, aunque no lo van a hacer y eso ya lo sabemos. No cuela, ustedes no se oponen a esta reforma… (Algunas señoras y señores diputados: ¡Tiempo!).

… porque no la consideren adecuada o porque valoren que es peor, sino porque ustedes no quieren perder… (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Egun on guztioi. Buenos días, señorías. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, podemos entender, aunque no compartir, que ustedes sean defensores de la arquitectura vigente de las carreras judicial y fiscal, que no sean partidarios de romper, como ustedes dicen, el equilibrio fundacional de esas carreras y que consideren que las reformas en las mismas propugnan un modelo objetivamente menos defendible, pero de ahí a sostener, como ustedes hacen en su enmienda a la totalidad, que estamos ante una reforma que socava los pilares del estado de derecho y el principio de legalidad, que estamos ante un ataque estructural frente al equilibrio de poderes de la Constitución del 78 y que se propugna un poder judicial como una rama subordinada del Ejecutivo y al Ministerio Fiscal, un instrumento gubernamental, a nuestro juicio, no deja de ser un auténtico disparate. Pero vayamos por partes. No ponemos en duda que el vigente sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal sea democrático, tal y como sostiene la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, lo cual no quita que para que haya opciones dentro del marco constitucional para que el Legislativo profundice en esa naturaleza y en una mayor cercanía a la realidad social y que, junto con la oposición del turno libre, que seguirá siendo la arteria principal que nutra a estas carreras, se articule en paralelo el refuerzo de otra vía ya existente, la conocida como el cuarto turno, para acceso a la categoría de magistrado y fiscal de aquellas personas que antes no pertenecían a esas carreras mediante concurso-oposición; reforma que vemos favorablemente con el fin de incorporar a esas carreras a quienes acrediten una trayectoria profesional previa, junto con procesos rigurosos de selección y formación, tal y como sucede como vía de acceso única en países como Reino Unido o Países Bajos; en definitiva, un modelo mixto de acceso a la carrera, el de la oposición pura y el del ejercicio previo de la profesión jurídica, este con un número de plazas ofertadas que represente un tercio de las de oposición pura. Y con una reconsideración de la oposición pura, con pruebas no solo memorísticas, sino también basada en la resolución de casos prácticos, que es lo que se da en la realidad de los tribunales del concurso-oposición, con casos prácticos y entrevista, a diferencia de como hasta ahora, que solo contaba con una entrevista y la fase de la escuela judicial o, en su caso, Centro de Estudios Jurídicos, con refuerzo también de la dimensión práctica. Y todo ello conducente a la adaptación, a un aggiornamento de las carreras judicial y fiscal a nuevas necesidades, a una cambiante sociedad y al fortalecimiento del principio de igualdad no solo en los distintos sistemas de acceso, sino también con la dispensa de becas en la propia ley orgánica y con la posibilidad de preparar los procesos selectivos, además de con los actuales sistemas, también a través del Centro de Estudios Jurídicos, que no lo descalificaríamos como un afán intervencionista del Poder Ejecutivo, tal y como manifiesta el Grupo Parlamentario Popular, pues el vigente sistema de preparadores de la carrera no queda impedido, sino que se posibilita otro en paralelo, a elección del opositor. Y, señorías, junto a la necesidad que compartimos de adaptar la carrera judicial y fiscal a nuevas necesidades, a una cambiante sociedad y a una mejor imbricación con esta, como les decía, la sensibilidad en el incremento de la transparencia y la mejor percepción de la integridad de la carrera cobran especial importancia. Por ello y sin poner en duda en modo alguno la actual integridad de estas carreras, la proyectada regulación de las licencias de compatibilidad nos parece adecuada, aunque quizá el modo de elección de los miembros no judiciales de la Comisión de Ética Judicial debiera repensarse, al menos en una parte, en relación con los estándares de nuestro entorno. Pero en modo alguno compartimos que se diga que refleja la intención del Ejecutivo de ejercer control sobre el Poder Judicial. Por último, señorías, respecto al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, tampoco compartimos, como se dice por el Partido Popular en su enmienda de totalidad, que sea un atajo de dudosa constitucionalidad y que a través del mismo se amenaza la independencia judicial y la dignidad de la carrera. Señorías del Partido Popular ―ya se ha dicho, pero lo repito―, a la vista de la Directiva 1999/70, que recoge el acuerdo marco sobre trabajos de duración determinada, y a la vista de las cartas de emplazamiento a España por la Comisión, con apertura de procedimiento de infracción por incumplimiento del acuerdo marco, que reclaman medidas para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad que detecta que también se ha producido en el ámbito de la Administración de Justicia, no cabe hablar, a nuestro juicio, frente al proceso extraordinario de estabilización contemplado en la adicional única del proyecto como de algo rechazable de raíz. Es más, y de acuerdo con esa normativa europea, ya se han producido en el ámbito del empleo público en el Estado diversos procesos de estabilización, desde en las leyes de presupuestos de 2017 y 2018 hasta la última, de la

Ley/2021. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también ha abordado la cuestión en diversas sentencias, que van desde 1989 hasta la última en 2021, y ha establecido unas pautas para estos procesos cifrables en que caben medios excepcionales y adecuados para resolver situaciones también excepcionales que se encuentren previstas en normas de rango de ley, como esta que tramitaremos, que hayan de utilizarse una sola vez y que se han de valorar de forma racional y equilibrada los méritos y la experiencia adquirida, en razón de los servicios prestados a la Administración. Y, señorías, en la Administración de justicia, la justicia interina en abuso es una situación anómala consolidada. No es que lo digamos nosotros, lo dice la Comisión Europea y lo dice también el Consejo de Estado en la página 62 de su informe sobre el proyecto de ley, cuando analiza el proceso extraordinario de estabilización. Y dice, literalmente, que valora positivamente que se haya acometido una vía que aborde enérgicamente esta anómala situación.

Por tanto, señorías del Partido Popular ―voy finalizando, presidente―, en derecho se pueden decir y valorar de distinto modo las cosas, pero hablar sobre este proyecto de arbitrismo, de socavar los pilares del estado de derecho, de un ataque estructural al equilibrio de poderes, de una amenaza a la legalidad y de subvertir las carreras judicial y fiscal, a nuestro juicio, no deja de ser un exceso, que no podemos apoyar, sin perjuicio de las enmiendas que lleguemos a formular.

Por otra parte, dejamos por reproducidos y ampliados los argumentos expuestos frente a la aún más disparatada enmienda de totalidad de VOX.

Nada más. Gracias.

Señor presidente, señorías, buenos días. Señores del Partido Popular, los he visto un poco catastrofistas, aunque también es cierto que no nos puede sorprender cuál ha sido su actuación o su representación de hoy. Hagamos memoria. Ante la ley de eficiencia en la justicia, yo recordé desde este mismo atril que el Partido Popular, tras haber presentado unas enmiendas de tipo constructivo, tras darse cuenta de que habían cometido un error en la votación de otra ley, anunciaron a la comisión que a partir de ese momento iban a tener una postura de oposición frontal, esto es, una posición de destrucción, y yo creo que lo que hemos visto hoy ha sido un claro ejemplo. Pero, por si fuera poco, tampoco podemos obviar el contexto en el que nos encontramos hoy, un contexto de guerra judicial de algunos magistrados ―no de todos, no de una mayoría―. Como también dije el otro día ―por cierto, al ministro no le gustó―, nosotros lo calificamos de lawfare, de guerra judicial. Y también decía que no era nada nuevo en este Estado. Hasta ahora se había visto con asiduidad contra vascos, catalanes y también contra alguna formación, como Podemos, pero ahora lo novedoso es que el Gobierno lo está viendo en sus carnes: la familia del presidente del Gobierno, un fiscal general del Estado… Claro, esto es novedoso. Por cierto, señor Bolaños, ustedes llámenlo como quieran, pero la realidad es la que es. Esto existe, y lo novedoso es que ahora van contra ustedes. Eso es lo novedoso, pero esto ya venía de antes. Miren, señores del Partido Popular, su posición es legítima; hay que reconocerlo, se pueden oponer. Ahora bien, se les ha ido un poco de las manos el tremendismo con el que han presentado su enmienda a la totalidad. Dicen que esta ley socava, desmantela los pilares del estado de derecho, que es un ataque estructural. ¡Alarma! ¡Aspectos perturbadores! ¡Ruptura del principio de igualdad! ¡Regresión institucional sin precedentes! Bueno, hay que reconocer que han sido un poco más prudentes al decir que es un atajo de dudosa constitucionalidad, ya que con la ley de amnistía directamente decían que era inconstitucional; parece que ya no lo recuerdan. Ahora lo curioso es que fundamentan su oposición defendiendo la independencia judicial. Y, como decía el otro, ¡home, po’favó! Si tenemos en cuenta que han sido ustedes, precisamente ustedes, los que durante décadas han utilizado el Consejo General del Poder Judicial para colocar a magistrados y magistradas en altas magistraturas por afinidad política ―no por mérito, no por capacidad, no, por afinidad política―… Les recomiendo un libro, El secuestro de la justicia ―ya tiene unos años, es del 2018―, del magistrado Bosch. Creo que les puede ayudar a verse en el espejo respecto a lo que han hecho durante estos años, porque esa ha sido la realidad. Yo no me centraré en esas anécdotas, en que el que pueda hacer que haga, o, como se ha repetido hasta la extenuación, controlar tribunales por la puerta de atrás, o eso de que la Fiscalía te lo afina. O, señora Álvarez de Toledo, ¿qué opina de esa frase de la que era su secretaria general del partido, diciendo a un comisario de policía que había que cargarse al fiscal Grinda? ¿Qué opinan de eso? No los he visto en ninguna manifestación al respecto. Miren, han sido ustedes los mayores artífices del control del Poder Judicial, sus secuestradores efectivos. ¿Qué pasa? ¿Están un poco nerviosos? Por eso, que vengan ahora hablando de independencia judicial choca.

En Euskal Herria Bildu, como ya saben todos ustedes, tenemos una posición ajena a lo que es el sistema de la justicia española. No nos da igual lo que ocurra, pero no nos sentimos parte y, de hecho, no participamos en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ahora bien, y como ya hemos hecho en otras leyes, creemos que la organización y la modernización de la justicia es positiva. Por eso vemos que hay medidas positivas que se presentan en el proyecto: medidas de actualización en las pruebas de acceso, unas becas dignas, ampliación de la oferta, estabilización de jueces y juezas y fiscales sustitutos, el refuerzo de la formación o la especialización en materias, como en igualdad o contra la violencia machista en el ámbito mercantil, y qué decir de la prohibición de la financiación privada de asociaciones judiciales, o, cómo no, promover la transparencia o los ascensos automáticos. Pero, claro, lo que choca es que ustedes, señorías del Grupo Popular, están en contra de todo. ¿No pueden presentar unas enmiendas constructivas, como hicieron en un principio con alguna otra ley, para intentar mejorar desde sus parámetros lo que consideren y oponerse a lo que no les parezca adecuado? No, es oposición frontal y bronca, como hemos visto durante la mañana de hoy.

Pero, señores del Grupo Socialista, también es cierto que desde Euskal Herria Bildu, que vemos positivo modernizar, actualizar y democratizar la justicia, consideramos que hay una asignatura pendiente en lo que tiene que ver con las lenguas cooficiales, que afecta especialmente a Galicia, Cataluña y Euskal Herria, y es que las lenguas cooficiales no están; no están ni se las espera. Por eso creemos que es un momento idóneo para que, vía enmiendas, se reconozca también que todos aquellos jueces, juezas y fiscales que vayan a ejercer sus cargos en territorios donde hay más de una lengua oficial tengan el conocimiento para poder trabajar en esas lenguas. Creo que es de sentido común y por un motivo de actualización.

Finalmente, también creemos que es el momento de revocar aquella decisión del Gobierno de Rajoy en 2015 sobre el artículo 411, por intentar acabar con la impunidad de algunos magistrados, impidiendo o evitando que se les pudiera pedir responsabilidades civiles.

Lo dicho, actuaremos con responsabilidad. Apoyaremos esta norma, siempre y cuando se reconozca también que la actualización de la justicia debe abordar una materia pendiente, como ya he señalado, que es el tema de las lenguas cooficiales en nuestros territorios.

Muchas gracias. (Aplausos).

Senyor president, senyories, senyor ministre, molt bon dia. Som al mig d’un pols que no ens incumbeix, al mig d’una batalla que no ens apel·la. D’un costat, les totalitats de PP i VOX, que són les dues una defensa total del corporativisme judicial, encara que diguin, com si fos una munició, que «no se trata de una protesta gremial o una defensa corporativa», en realitat són exactament això. Les dues totalitats són una defensa tancada del franquisme judicial que vam veure manifestar-se a les portes dels jutjats contra l’amnistia quan ni tan sols estava aprovada o que es van manifestar ahir contra aquest mateix projecte de llei. Són les totalitats dels que pensen que el cortijo és seu i que no volen admetre cap contaminació del poder judicial per ideologia o afinitat política, quan en realitat el poder judicial, no els milers de jutges que el conformen, sinó la seva cúpula, no ha sortit encara d’una Espanya predemocràtica, monolingüe i per la qual l’estat de dret europeu són els seus amics al Parlament o a la comissió que els hi compren les seves mentides. Les totalitats són pura retòrica, desconnectada no només dels principis democràtics que han de regir el poder judicial, sinó també dels problemes actuals de la judicatura. Com a exemple de la ceguesa d’aquestes totalitats, podem posar, per exemple, que arriben a dir que les substitucions són transitòries en l’àmbit de la justícia, que no hi ha un abús de temporalitat, que la temporalitat és una situació excepcional, quan la realitat és que hi ha jutges i sobretot jutgesses i fiscals que s’han passat fins a 30 o 35 anys en aquesta situació d’abús de temporalitat. Per altre costat, tenim el projecte de llei del govern espanyol i m’agradaria posar una mica de context. L’any 2015 la majoria absoluta del Partit Popular va aprovar, entre d’altres, les següents lleis: llei mordassa, reforma del Tribunal Constitucional, reforma del Tribunal de Comptes, reforma del Codi Penal, reforma de la LECrim. I vostès, senyories del PSOE, van accedir al govern espanyol al juny del 2018. Fa 7 anys exactament. La pregunta és molt clara: Han revertit alguna de les reformes involucionistes del Partit Popular? Han afrontat amb les mateixes ganes i la mateixa pressa, amb la mateixa urgència que tenen ara, la reforma d’aquestes lleis o de les lleis, per exemple, de secrets oficials o del CNI ? No. No. Vostès no han fet res, no tenen cap voluntat, o almenys no els hem vist cap voluntat de reforma democràtica de l’Estat espanyol. Per molt que ho intentin revestir amb al·legats de regeneració democràtica, això, aquesta llei, aquest projecte de llei, demostra que no tenen aquesta voluntat de regeneració democràtica.

Ahir dimecres, el senyor Bolaños deia que aquesta iniciativa és la «mayor transformación de la justícia en dècades». Avui ho ha tornat a dir. Això és fals. Això és fals. La realitat és que, una vegada més, vostès han eludit qualsevol reflexió estructural sobre els dèficits democràtics i de garanties que arrossega el sistema judicial espanyol des de l’època franquista. Molta retòrica tecnocràtica i modernitzadora, molt parlar de transparència, però la veritat és que la seva proposta és un pedaç. El pedaç que a vostès els interessa. El que veiem, senyor Bolaños, és que es perpetua un model judicial aliè, aliè a la pluralitat judicial…, a la pluralitat social que desconeix l’existència de les llengües oficials diferents del castellà, que no busca solucionar la politització del poder judicial, sinó que únicament pretén fer entrar per la finestra els seus, que no han pogut entrar per la porta. Un quítate tú, que me pongo yo, que deixa l’artefacte judicial intacte, sense introduir els contrapesos, mecanismes d’avaluació independents o dispositius de control democràtic que realment necessita el poder judicial. I en lloc d’això, incrementa l’opacitat del sistema i habilita la intromissió del govern en els nomenaments dels jutges i fiscals. No sembla la millor solució davant dels reptes democràtics que afronta la justícia i la desafecció ciutadana cap a les institucions de l’Estat, la veritat.

Ja veiem per on van. Vostès volen instrumentalitzar el poder judicial des de l’executiu per compensar l’ocupació actual del tinglado per la dreta espanyola. Però no ens venguin això com un avenç democràtic, perquè aquest quítate tú, que me pongo yo, que deia abans, no impedirà l’ús partidista de la justícia del govern de torn per blindar-se vostès en el seu cas o per perseguir-nos a nosaltres amb receptes de dret penal de l’enemic. No veiem res que ajudi a la imparcialitat i la independència del poder judicial i de la fiscalia. No veiem cap voluntat de reforma estructural. El que veiem és que uns defensen el seu castell judicial i els altres volen assaltar-lo des del Govern. La Llei Orgànica del Poder Judicial afavoreix la concentració del poder, el corporativisme judicial i dificulta la renovació interna, és cert. I el que proposen vostès, també és cert, és el mateix: És consolidar la justícia com un engranatge al servei d’un model polític que és contrari al que reiteradament ens han advertit els organismes com el Parlament Europeu, el Consell d’Europa o el Greco.

I vaig acabant amb algunes reflexions sobre la llei mateix, sobre la mateixa proposta que vostès fan. Ja ho hem dit: més respecte per la separació de poders, menys intromissió de l’executiu, aplicació de la jurisprudència europea per als funcionaris, jutges i fiscals en abús de temporalitat i replantejament total del model d’accés a la carrera actual, que es basa en la memorització. Per exemple, el model alemany aporta algunes idees que nosaltres els plantejarem en el seu moment. Pel que fa a reformes estructurals necessàries en el poder judicial, només alguns exemples. En primer lloc, una justícia no és democràtica si els seus usuaris no poden utilitzar la seva llengua. Espanya va firmar la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries i l’òrgan de govern, el Comitè de Ministres d’aquesta Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, ha insistit a Espanya repetidament que cal modificar l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per establir l’obligatorietat dels jutges de conèixer les llengües oficials diferents dels diferents de l’espanyol. Compleixin la Carta Europea de les Llengües que vostès mateixos van signar.

En segon lloc, cal replantejar l’arquitectura organitzativa de tot el poder judicial. Cal implementar el mandat de l’Estatut de Catalunya pel que fa al poder judicial i també cal suprimir l’Audiència Nacional, un òrgan excepcional que no té cabuda en un estat de dret europeu.

En tercer lloc, responsabilitat penal dels jutges. Els jutges, els magistrats i els fiscals són els únics ciutadans de l’Estat, juntament amb el monarca, que estan exempts de qualsevol sistema d’exigència de responsabilitat penal real. L’amenaça… Sense l’amenaça de responsabilitats penals amb impunitat total, no hi ha estat de dret. El que hi ha és la institucionalització del corporativisme i la prevaricació. El que hi ha és la dictadura de les togues que tots nosaltres coneixem. Ho hem vist amb un Tribunal Suprem que es nega a aplicar al president Puigdemont la llei d’amnistia.

Mirin, no ens estranya gens que la cúpula judicial hagi respost com a resposta a la llei d’amnistia perquè la llei d’amnistia, com vostè sap, senyor Bolaños, no és un perdó, no és una indulgència graciosa de l’Estat cap als independentistes. La llei d’amnistia és una esmena a la totalitat, una esmena a la totalitat a la repressió judicial contra l’independentisme, una impugnació radical del règim del 1978 que parteix del reconeixement d’un conflicte polític entre Catalunya i Espanya i que l’Estat ha combatut amb el law fare.

I deixi’m acabar, deixi’m acabar, senyora presidenta, amb aquesta qüestió del law fare, aquest tema que tant preocupa el senyor Marchena en el seu últim llibre, La justícia amenazada, i que també el preocupa a vostè, senyor Bolaños, com ha assenyalat el diputat Iñarritu. Miri, senyor Bolaños, aquesta legislatura va començar amb un acord el novembre de 2023 signat a Brussel·les, un acord en què les dues parts van acordar, entre d’altres, l’aprovació d’una llei d’amnistia i de les comissions d’investigació del 17-A i de l’operació Catalunya. Un acord que explícitament, explícitament reconeixia l’existència de lawfare, del lawfare que hem patit els catalans. Això és el que vostès van signar, senyor Bolaños, el reconeixement de què el lawfare contra Catalunya ha existit…

… també, per cert, també sota el seu govern. Val la pena que ho tinguem tots plegats en compte.

Moltes gràcies.

Señor presidente, señorías, ministro, muy buenos días. Estamos en medio de una batalla que no nos apela, que no nos incumbe. Por una parte, están las peleas de PP y VOX, que son una defensa total del corporativismo judicial, que, aunque digan que no, en realidad, son exactamente eso. Las dos son una defensa cerrada del franquismo que vino a manifestarse a las puertas del juzgado contra la amnistía cuando ni siquiera estaba aprobada o que se manifestó ayer contra este mismo proyecto de ley. Son las totalidades de los que creen que el cortijo es suyo y que no quieren admitir ninguna contaminación del poder judicial por ideología o afinidad política. De hecho, el Poder Judicial no solo son los jueces que lo conforman y su cúpula. No ha salido aún de una España predemocrática monolingüe y por la que, en el estado de derecho europeo, son sus amigos el Parlamento y la Comisión, que les compran sus mentiras. Las totalidades son pura retórica, desconectadas no solo de los principios democráticos que deben regir el procedimiento judicial, sino también de los problemas actuales de la Judicatura. Como ejemplo de esas totalidades, podemos decir que llegan a asegurar que las sustituciones son transitorias en el ámbito de la justicia, que no hay abuso de temporalidad o que la temporalidad es una situación excepcional, cuando la realidad es que hay jueces, y, sobre todo, juezas, y fiscales que se han pasado hasta treinta o treinta y cinco años en esa situación de abuso de temporalidad Por otra parte, ahí está el proyecto de ley del Gobierno español, y me gustaría poner todo un poco en contexto. En 2015 la mayoría absoluta del Partido Popular, entre otras cosas, aprobó la ley mordaza, la reforma del Tribunal Constitucional, la reforma del Tribunal de Cuentas, la reforma del Código Penal, la reforma de la LECRIM. Ustedes, señorías del PSOE, llegaron al Gobierno en junio de 2018, hace ocho años. La pregunta es muy clara: ¿Han revertido alguna de esas reformas involucionistas del Partido Popular? ¿Han afrontado con las mismas ganas y la misma urgencia que tienen ahora la reforma de estas leyes, como, por ejemplo, la ley sobre secretos oficiales o la del CNI? No, ustedes no han hecho nada, no tienen ninguna voluntad, o, al menos, no les hemos visto ninguna voluntad de reforma democrática del Estado español. Por mucho que intenten maquillarlo hablando de regeneración democrática, este proyecto de ley nos demuestra que no tienen esa voluntad de regeneración democrática. Ayer, miércoles, el señor Bolaños decía que esta iniciativa es la mayor transformación de la justicia en décadas, y hoy lo ha vuelto a decir. Eso es falso; insisto, es falso. La realidad es que una vez más ustedes han eludido cualquier reflexión estructural sobre los déficits democráticos y de garantías que arrastra el sistema judicial español desde la época franquista. Mucha retórica tecnocrática y modernizadora y mucho hablar de transparencia, pero la verdad es que su propuesta es lo que a ustedes les interesa. Lo que vemos, señor Bolaños, es que se perpetúa un modelo judicial ajeno a la pluralidad social, un modelo que desconoce la existencia de las lenguas oficiales diferentes del castellano, que no busca solucionar la politización del Poder Judicial y que únicamente pretende hacer entrar por la ventana a los que no han podido entrar por la puerta; un modelo que deja el artefacto judicial sin tener en cuenta los contrapesos, mecanismos o dispositivos de control democrático que realmente necesita el Poder Judicial, y, en lugar de eso, habilita la intromisión del Gobierno en los nombramientos de los jueces y los fiscales. Y eso no es así, no se resuelven de ese modo los problemas democráticos ni la desafección ciudadana hacia las instituciones del Estado, la verdad sea cierta. Ustedes quieren instrumentalizar el Poder Judicial desde el Ejecutivo para poder compensar la ocupación actual del tinglado por la derecha española, pero no nos digan eso que decía antes de que es un avance democrático. No impedirá el uso partidista de la justicia por el Gobierno de turno, para blindarse ustedes en su caso o para perseguirnos a nosotros con recetas de derecho penal del enemigo. No vemos nada que ayude a la imparcialidad del Poder Judicial y de la Fiscalía ni ningún cambio estructural en el Poder Judicial. Lo que vemos es que unos defienden su castillo judicial y que los otros lo quieren asaltar desde el Gobierno. La Ley Orgánica del Poder Judicial favorece la concentración del poder, el corporativismo judicial y dificulta la renovación interna, es cierto, y lo que proponen ustedes, también es cierto, es lo mismo: consolidar la justicia como un engranaje al servicio de un modelo político que es contrario a lo que reiteradamente nos han advertido organismos como el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa o el GRECO. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Y voy acabando, con algunas reflexiones sobre la ley misma, esa propuesta que ustedes hacen. Como ya se ha dicho, más respeto por la separación de poderes, menos intromisión del poder gubernativo, más tener en cuenta lo que dice la Unión Europea sobre el abuso de la temporalidad y que se cambie el modelo de acceso a la carrera. Por ejemplo, el modelo alemán, tiene algunos sistemas que nosotros plantearemos en algún momento como propuestas. Y, en cuanto a las reformas estructurales necesarias del Poder Judicial, solo algunos ejemplos. En primer lugar, necesitamos una justicia que sea democrática y permita a los usuarios usar su lengua. Se firmó la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y el órgano de gobierno en el Comité de Ministros ha insistido a España repetidas veces que hay que modificar ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la obligatoriedad de que los jueces conozcan las lenguas oficiales diferentes del español. Cumplan la carta europea de las lenguas que ustedes mismos firmaron.

En segundo lugar, hay que replantear la arquitectura organizativa de todo el Poder Judicial: hay que aplicar el Estatuto de Cataluña sobre el Poder Judicial y también hay que suprimir la Audiencia Nacional, un órgano excepcional que no tiene cabida en un Estado de derecho europeo. En tercer lugar, responsabilidad penal de los jueces. Los jueces, los magistrados y los fiscales son los únicos ciudadanos del Estado ―junto al monarca― que están exentos de cualquier sistema de exigencia de responsabilidad penal real. Sin la amenaza de responsabilidades penales y con impunidad total no hay Estado de Derecho, lo que hay es la institucionalización del corporativismo y la prevaricación, lo que ya es la dictadura de las togas que todos nosotros conocemos. Lo hemos visto en un Tribunal Supremo que se niega a aplicar al presidente Puigdemont la ley de amnistía.

Miren, no nos extraña nada que la cúpula judicial haya respondido como ha respondido a la ley de amnistía, porque la ley de amnistía, como sabe usted señor Bolaños, no es un perdón, no es una indulgencia graciosa del Estado hacia los independentistas, la ley de amnistía es una enmienda a la totalidad a la represión judicial contra el independentismo, una impugnación radical del régimen del 78 que parte del reconocimiento de un conflicto político entre Cataluña y España y que el Estado ha convertido en lawfare.

Permítame acabar, señora presidenta, con esta cuestión del lawfare, ese tema que tanto preocupa al señor Marchena en su último libro La justicia amenazada y que también les preocupa a ustedes, señor Bolaños, como ha señalado el diputado Iñarritu. Mire, señor Bolaños, esta legislatura empezó con un acuerdo en noviembre de 2023 firmado en Bruselas en el que las dos partes convinieron, entre otras cosas, la aprobación de una ley de amnistía y comisiones de investigación para la operación Cataluña y los atentados, un acuerdo que explícitamente reconocía la existencia del lawfare que hemos sufrido los catalanes. Eso es lo que firmaron ustedes, señor Bolaños, el reconocimiento de que el lawfare contra Cataluña ha existido…

… también bajo su Gobierno. Vale la pena que lo tengamos en cuenta todos juntos.

Muchas gracias.

Sí, gràcies, presidenta. Bon dia, diputats. Bon dia, diputades. Avui el que se’ns planteja és el vot davant d’aquestes dues esmenes de la totalitat del PP i de VOX a l’avantprojecte de llei presentat…, el projecte de llei, perdó, presentat pel Govern. Jo no em detindré en l’explicació dels motius pels quals votarem en contra de les esmenes a la totalitat. És obvi, votarem en contra, entre altres coses perquè són pamflets d’ús intern, és a dir, és pura autopropaganda que ells s’escriuen i ells es llegeixen, doncs, bé, però no perdré dos segons en fer més referència a això. Sí que, en canvi, faré referència a l’estat en general que ens porten aquí.

Mirin, el meu partit polític no venia a reformar l’Estat, no veníem a arreglar Espanya. A Espanya, escolti’m, ja s’arreglaran. Veníem aquí a defensar un projecte nacional d’independència que havia obtingut suficient suport a les urnes catalanes perquè pogués ser una realitat. I, per tant, ens costa una mica entrar en determinades maneres de resoldre aquest Estat que està en fallida i està en fallida ja m’agradaria que fos per la nostra acció, però no. Està en fallida perquè, com hem dit sempre, la transició del 1978 no va existir com a tal transició. Ho deien abans. Per art de màgia, un bon dia els juristes del TOP, que eren del régimen, van passar a ser juristes democràtics i demòcrates, la qual cosa és, òbviament, una falsedat. Però això s’ha anat fent amb totes les estructures de l’Estat. I durant aquests cinc anys he intentat que a la bancada dels socialistes entenguessin d’una vegada que, de la mateixa manera que nosaltres diem que les estructures profundes d’aquest Estat són antidemocràtiques i ens havien criminalitzat, tancat a la presó, imposat sentències d’inhabilitació i tot el que es pogués fer aplicant el dret penal de l’enemic, un dia o altre vindrien per vostès. I a mi em sembla que ho va veure Podemos, que ho ha tingut a les seves carns, que ho ha vist SUMAR i que ara son vostès. Per tant van tard.

El gran drama és que van tard i són massa prudents. I això em porta a parlar de que quan parlem de democràcia en el poder judicial no estem parlant només d’allò que fa referència al secessionisme o a l’independentisme o al separatisme ―facin servir qualsevol d’aquestes tres paraules per mi, perquè ho soc― sinó que també té a veure amb les sentències dels tribunals, que tenen a veure amb les hipoteques, que tenen a veure amb la no-aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel que fa a condicions de treball, quan no es reconeix la doctrina europea sobre els interins a l’Estat espanyol. Estem parlant de que amara tant la capacitat dels grups de poder de tenir la judicatura, perquè formen part d’ell, que també afecten els drets socials. Afecten els drets socials quan diuen que no es pot posar una clàusula que digui que els grans tenidors han d’oferir lloguers socials als llogaters vulnerables. Afecta quan diuen que les clàusules sòl de les hipoteques, en contra altre cop de les tesis europees, no es van remunerar de la manera que tocava. Afecta quan parlem també de drets socials. Dos elements aquí. No parlo de tota la judicatura. Parlo especialment de l’Audiència Nacional, del Tribunal Suprem, d’aquelles sales on vostès, dreta espanyola i ultradreta, hi posen mà perquè són els seus companys d’escola, els seus companys de replà, els seus companys del lloc on estiuegen i, per tant, són los mismos perros con diferentes funciones, unos al Parlamento, los otros a los juzgados. Però vull insistir que no parlo de la judicatura de primera instància d’instrucció i dels tribunals habituals en què la ciutadania es troba.

Un altre element, ens hem trobat un estat en fallida. Els interins afectaven a tota l’administració de l’Estat i no els hem resolt els de l’administració de justícia tampoc. Però què em diuen vostès d’un estat en què el poder judicial fa assenyalaments amb tres anys de diferència? Ho ha dit tothom: Una justícia que es dilata en el temps no és justícia. I aquí no passa res. Ens hem trobat amb un estat que porta, se suposa, quaranta anys de democràcia i que les seves potes fonamentals de separació de poders no estan ben estructurades i no van.

Per tant, en la normativa que vostès ens plantegen, a mi el que m’interessa és el què farem, perquè aquestes esmenes es tombaran. Per tant, arreglem allò que estem a temps d’arreglar perquè segons que ja no està a temps d’arreglar. Tots vostès acabaran al jutjat i tots vostès hauran de decidir què fan, si aguanten o si cedeixen. Nosaltres aquí no hi entrem i no hi entrem, perquè quan vam ser les víctimes, vostès van votar el 155 i el que haurien de fer és donar gràcies que en pro d’una democratització d’aquest Estat estem aquí aguantant aquest govern o sent d’alguna manera cooperadors i estem facilitant una transició. Crec que és un acte de generositat que encara no ens han reconegut suficientment.

Segueixo. Incorporarem esmenes sobre llengua, sí, i ho deien abans: No hi ha justícia democràtica possible si no entén el dret del ciutadà justiciable i, per tant, sense el requisit de llengua serà molt difícil que ens posem d’acord. Incorporarem aquelles competències que van perdre els jutjats de pau. Durant la tramitació van perdre la de matrimoni, però també van perdre competències en el Registre Civil. Incorporarem els drets laborals, efectivament, són el 30 % els interins. L’associació, tant de fiscals com d’advocats interins o suplents, són el 30 % aproximadament del cos actual i també dicten una gran part de les sentències. Per tant, no sé que ens expliquen que no formen part del poder judicial i en formen part ara. És normal que posem d’alguna manera una mica de decència a les seves condicions laborals.

Què més? Doncs, per exemple, la impunitat. Ja n’hi ha prou de sentir que no podem parlar dels jutges. I tant que sí! Tinc opinió política sobre moltes de les sentències del Tribunal Suprem o de l’Audiència Nacional o d’altres òrgans del poder judicial. I s’ha d’acabar la impunitat amb que hi ha sentències manifestament injustes, preses amb tota la consciència de la seva injustícia manifesta, els recordo que això és un tipus penal, però que no pots dir-ho, perquè aleshores afectes a la independència judicial. Si no existeix! Si vostès posen i treuen jutges i després ens venen a dir aquí que hem de respectar no sé quina independència judicial. Francament, respecten vostès la nostra independència el dia que la declarem, perquè almenys serà més real. Per tant, de cap de les maneres deixarem d’opinar sobre els jutges i de cap de les maneres deixarem d’intentar que tinguin un sistema de responsabilitat que se’ls pugui demanar comptes per les seves sentències i per les seves interlocutòries.

I finalment, saben què passa en clau democràtica en aquestes comissions d’investigació que abans comentàvem? Doncs que per vergonya de tots, el president del Consell General del Poder Judicial està exempt de comparèixer. En aquest Estat, no hi ha d’haver ningú exempt de comparèixer a les comissions d’investigació. Mentre permetin això, difícilment tota la resta de l’ordenament impregnarà de la suposada transparència i democràcia que prediquen.

Per tant, van tard i, francament, el text és molt millorable. Espero que ens puguem posar d’acord. I ho espero bàsicament per la ciutadania del seu país, però també per la del meu.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días, diputados, diputadas. Hoy plantean dos enmiendas a la totalidad el Grupo Popular y VOX al proyecto de ley presentado por el Gobierno. Yo no me voy a detener en explicar los motivos por los cuales nosotros votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad ―es obvio que vamos a votar en contra―, porque, entre otras cosas, son panfletos de uso interno, es pura autopropaganda que ellos escriben. No voy a perder ni dos segundos en referirme a eso. En cambio, sí que voy a referirme al estado en general que nos llevan aquí. Mi grupo político no venía aquí a reformar el Estado, no venía a reformar España ―ya se arreglarán ellos―, veníamos aquí a defender un proyecto nacional de independencia que había obtenido suficiente apoyo en las urnas catalanas para que pudiera ser una realidad. Por lo tanto, nos cuesta un poco entrar en determinadas formas de resolver este Estado que está en falla ―ya me gustaría que fuera por nuestra acción, pero no― porque, como hemos dicho siempre, la Transición del 78 no existió como tal transición, como decían antes. Los juristas del TOP, que eran del régimen, pasaron a ser juristas demócratas, y eso es una falsedad, obviamente. Y eso se ha hecho con todas las estructuras del Estado. Durante estos cinco años he intentado que en la bancada socialista se entendiera de una vez por todas que, de la misma forma que nosotros decimos que las estructuras profundas de este Estado son antidemocráticas y nos habían criminalizado, encerrado en la cárcel y todo lo que se pudiera hacer aplicando el derecho penal del enemigo, un día u otro vendrían a por ustedes. (Aplausos). Y a mí me parece ―como lo ve ahora Podemos, lo han vivido en sus carnes, lo ha visto SUMAR― que ahora son ustedes. Por tanto, llegan ustedes tarde. El gran drama es que llegan tarde y son demasiado prudentes, y esto me lleva a decir que cuando hablamos de democracia en el Poder Judicial no estamos hablando solo del independentismo, del sensacionalismo o del separatismo, no, usen cualquiera de esas palabras para mí, sino que también tiene que ver con las sentencias de los tribunales que tienen que ver con las hipotecas, que tienen que ver con la no aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo que se refiere a condiciones de trabajo, cuando no se reconoce la doctrina europea sobre los interinos en el Estado español. Estamos hablando de que se ha atado tanto la capacidad de los grupos de tener la judicatura, porque forma parte de ellos, que también afecta a los derechos sociales. Afecta los derechos sociales cuando dicen que no se puede poner una cláusula que les diga a los grandes tenedores que tienen que ofrecer alquileres sociales a los inquilinos vulnerables, cuando las tasas de las hipotecas cuando se dice, en contra de las tesis europeas, y que no se remuneraron como tocaba. Afecta también cuando hablamos de derechos sociales, y aquí hay dos elementos. No estoy hablando de toda la judicatura, hablo especialmente de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, de aquellas salas en las que ustedes, derecha española y ultraderecha española, meten la mano porque son sus compañeros del colegio, sus compañeros de la carrera, del lugar donde pasan el verano. Así que son los mismos padres con diferentes funciones, unos en el Parlamento y otros en los juzgados. Pero hoy ―insisto― no estoy hablando de la judicatura de primera instancia y de instrucción ni de los tribunales habituales con los que se encuentra la ciudadanía.

Otro elemento. Nos hemos encontrado con un Estado en fallida. Los interinos afectaban a toda la Administración del Estado, y eso no se ha resuelto; los de la Administración de Justicia tampoco. ¿Pero qué me dicen ustedes de un Estado donde el Poder Judicial hace señalamientos con tres años de diferencia? Lo ha dicho todo el mundo: una justicia que se dilata en el tiempo no es justicia. Y aquí no pasa nada. Nos hemos encontrado con un Estado que se supone que lleva cuarenta años de democracia y que sus, diría, cuotas fundamentales de separación de poderes no están bien estructuradas y no funcionan. Por lo tanto, en la normativa que nos plantean ustedes a mí lo que me interesa saber es qué es lo que haremos, porque estas enmiendas se van a tumbar. Así que arreglemos lo que estamos a tiempo de arreglar, porque según qué no lo podemos arreglar ya. Todos ustedes acabarán en el juzgado y todos ustedes tendrán que decidir qué van a hacer, si van a aguantar o van a ceder. Nosotros aquí no vamos a entrar, y no entramos porque cuando fuimos víctimas ustedes votaron el 155, y lo que tendrían que hacer es dar las gracias porque con una democratización del Estado, a pesar de eso, estamos aquí aguantando este Gobierno o, de alguna manera, siendo cooperadores y estamos facilitando una transición. Yo creo que es una gran generosidad por nuestra parte que no nos han reconocido bastante.

Y respecto a las enmiendas sobre las lenguas, sí, lo decíamos antes: no hay justicia democrática posible si no se entiende el derecho del ciudadano justiciable. Sin el requisito de lengua será muy difícil, por lo tanto, que nos pongamos de acuerdo. Incorporaremos las competencias que perdimos en los juzgados de paz, durante la tramitación, perdimos la de matrimonio pero también otras competencias de Registro Civil. Incorporaremos las del derecho civil, de fiscales, de asociación, de interinos o de suplentes; son el 30 % aproximadamente del cuerpo actual y también dictan una gran parte de las sentencias, así que no sé qué es lo que nos explican de que no forma parte del Poder Judicial. Ya forman parte ahora, y es normal que ahora queramos poner algo de decencia en sus condiciones laborales.

¿Qué más? La impunidad, por ejemplo. Ya basta de oír que no podemos hablar de los jueces. Claro que sí, tengo opinión política sobre muchas de las sentencias del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional o de otros órganos del Poder Judicial. Y hay que acabar con la inmunidad, porque hay sentencias manifiestamente injustas tomadas con toda conciencia de su injusticia manifiesta. Ese es un tipo penal, se lo recuerdo. Pero no se puede decir porque, entonces, afectas a la independencia judicial. Pero si no existe, si ustedes ponen y quitan jueces y luego nos vienen a decir aquí que tenemos que respetar no sé qué independencia judicial. Francamente, respeten ustedes nuestra independencia el día que la declaremos, porque al menos será más real. Por tanto, de ninguna de las maneras dejaremos de opinar de los jueces y de ninguna manera vamos a dejar de intentar que tengan un sistema de responsabilidad, que se les pueda pedir que rindan cuentas por sus sentencias y por sus interlocutorias.

Finalmente, ¿saben qué pasa con estas comisiones de investigación que antes comentábamos? Que, para vergüenza de todos, el presidente del Consejo del Poder Judicial está exento de comparecer. En este Estado no debería haber nadie exento de comparecer en comisiones de investigación. Mientras ustedes permitan eso, difícilmente todo el resto del ordenamiento jurídico podrá beneficiarse de esa supuesta transparencia y democracia.

Así que el texto es muy mejorable. Espero que podamos ponernos de acuerdo, y lo espero, básicamente, por la ciudadanía de su país, pero también por la del mío.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, señorías, nueve de cada diez españoles creen que la justicia no es igual para todos, que no trata del mismo modo a ricos o a pobres. Y muchas energías se dedican a un activismo judicial empeñado en acabar con el Gobierno de izquierdas. Ayer lo decía la portavoz de VOX: ¿Se siente el Gobierno respaldado por jueces y fiscales? Como si los partidos tuvieran que pedir permiso a jueces y fiscales para gobernar. (Aplausos). Proliferan actuaciones judiciales que son puro derecho penal del enemigo, como el acoso sufrido por Unidas Podemos o por la familia del presidente del Gobierno y por el fiscal general del Estado. La derecha está en esta estrategia: quien pueda hacer que haga. Mientras, poco avanzamos los demócratas en la regeneración de instituciones y en recuperar los muchos derechos y libertades cercenados por el Partido Popular.

La reforma de la justicia es una urgencia democrática para que se trate igual a cualquier persona. Instituciones que deberían ser imparciales y neutrales están en guerra contra la democracia, en coordinación desestabilizadora con el Partido Popular y VOX. El Ministerio de Justicia erró al pactar la reforma del Consejo del Poder Judicial con sus secuestradores, proposición de ley negociada y presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y el Grupo Popular, un intento fallido de acabar con la utilización de la justicia por la derecha. De 120 nombramientos realizados en los meses del nuevo consejo, más de 90 han recaído en jueces adscritos a las asociaciones conservadoras, los mismos que ayer convocaron un paro contra la independencia del Poder Legislativo. (Aplausos). ¿Pueden imaginarse un paro de este Congreso pidiendo que se anulen sentencias del Tribunal Supremo?

El paro de jueces y fiscales de ayer fue político, con amenaza de ir a una huelga política, que sería ilegal, para el caso de que este Congreso no legisle al dictado de los huelguistas. Es evidente que no vamos bien si los demócratas no conseguimos que los jueces se dediquen a aplicar las leyes que aprueba el Parlamento en lugar de hacer política, no vamos bien con tribunales que parecen la defensa del comisionista Alberto, el de Quirón, la pareja de la liberticida señora Ayuso, la que ahora pretende imponer multas de 100 000 euros por poner pancartas en la universidad. Llevar al banquillo al fiscal general del Estado por perseguir a delincuentes económicos confesos sobre todo desprestigia a la justicia española, pero es el placebo que los tribunales dan al Partido Popular tras la manifestación de la Plaza de España que se pretendía destituyente y que se quedó en otra demostración golpista más contra las reglas de la democracia.

El sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal en España data del siglo XIX. El Partido Popular y VOX pretenden mantenerlo otro par de siglos más, a ser posible. La ley que hoy debatimos moderniza tímidamente el sistema de acceso por oposición libre, que se iniciará con un cuestionario test, seguido de una prueba oral y, finalmente, de una prueba escrita y anónima de resolución de casos prácticos, porque el Estado de derecho de la sociedad de la información necesita juezas y jueces con más habilidades que las memorísticas. El mérito y la capacidad no se miden solo por la facilidad para cantar temas, se requiere también interpretar y aplicar unas normas jurídicas que hoy son mucho más complejas y cambiantes que en el siglo XIX. Los huelguistas y la derecha afirman que evaluar habilidades y conocimientos con métodos distintos al memorístico acaba con el mérito y la capacidad. Omiten que es el mismo sistema que se aplica hace décadas para el acceso a cuerpos de la Administración, como el diplomático o abogados del Estado o administradores civiles del Estado. El paro de ayer ha sido una presión para mantener comportamientos inaceptables y privilegios de larga data.

Es vergonzoso que el primer contacto de un opositor a juez con el mundo judicial sea el pago en dinero B ―B de Bárcenas― que cada mes durante años realiza a su preparador (aplausos), habitualmente un juez en ejercicio que, probablemente, no tiene compatibilidad para preparar a opositores ni declara a la Hacienda pública sus ingresos mensuales como preparador. La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura tachó de cercenar la independencia judicial al intento de acabar con esta práctica inmoral y argumentaba que tener el Centro de Estudios Jurídicos como centro preparador de oposiciones es inaceptable, porque cualquier interferencia del Gobierno en esta labor formativa coadyuva a dañar la imagen de independencia de los jueces, por no hablar del riesgo de adoctrinamiento. Esto lo dice la conservadora y privada asociación que durante años ha dado becas privadas a los opositores que ella misma ha seleccionado, lo que en este caso no supondría ningún riesgo de adoctrinamiento ni dañaría la independencia. No se aprecia la mínima objetividad e imparcialidad en la derecha judicial al juzgar sus propios actos. ¡Imagínense cuando juzga actos ajenos!

La ley va a exigir que la actividad docente de jueces cuente con licencia de compatibilidad y que se publique un registro de jueces preparadores para facilitar que los opositores los conozcan, también para que la Inspección de Hacienda acabe con el fraude fiscal. ¿Cómo se explica en derecho que nadie, ni en la Inspección de Hacienda ni en la Inspección del Consejo del Poder Judicial, haya abierto nunca un solo procedimiento de investigación a alguno de estos preparadores en B? (Aplausos).

También consideran una grave injerencia en la independencia judicial que se limite la financiación privada de las asociaciones judiciales convocantes de paros políticos. No es aceptable que las asociaciones judiciales estén financiadas con dinero pagado por empresas que en algún momento de su existencia van a ser juzgadas por jueces pertenecientes a las mismas asociaciones financiadas. Y, cómo no, también se oponen a acabar con mil fiscales, jueces y magistrados suplentes o sustitutos, mujeres en su inmensa mayoría, que, en abuso de contratación, llevan años sin derechos laborales. La ley da ahora a estos profesionales una oportunidad para su regularización, con los mismos requisitos establecidos para el cuarto turno. Son fiscales, jueces y juezas que fueron incorporados a la función jurisdiccional por selección y decisión de los Tribunales Superiores de Justicia y por el Consejo del Poder Judicial, que son los únicos responsables de estos abusos laborales declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en el supuesto de que no puedan superar las pruebas de acceso que contempla esta ley, nuestro grupo defiende que tienen más que ganada una plaza de personal laboral al servicio de la Administración, en empleos jurídicos diferentes al ejercicio de la judicatura, pero de similar nivel retributivo, porque es de justicia social y laboral.

Votaremos en contra de la devolución, aun cuando existen deficiencias e insuficiencias en el proyecto, que intentaremos corregir en la tramitación parlamentaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señorías, estamos transformando a mejor la justicia en este país, y eso molesta mucho a la derecha; por lo escuchado esta mañana, vamos por el buen camino. PP y VOX son indistinguibles, sobre todo si quien protagoniza la intervención es la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo, que es indistinguible de la señora Millán. Con ustedes no hay nada nuevo respecto a lo ocurrido en las últimas décadas, y es que, señorías, en todos y cada uno de los avances que hemos impulsado en democracia la derecha ni está ni se la espera. Es más, ante cualquier medida de progreso ustedes tienen dos actitudes: o se oponen ferozmente, como hoy, o la doctrina Ayuso, apelar a la libertad para hacer lo contrario. ¿Que se limita a la velocidad en carretera? Libertad para correr. ¿Que se limita el alcohol? Libertad para beber. ¿Que se limita el tabaco? Libertad para fumar. Cualquier día habrá que probar a limitar la lectura, a ver si les da por leer un libro. (Aplausos). Señorías, a la vista está que ustedes son de a más progreso, más bloqueo. Nosotros somos más de a más derechos, menos derecha, y de eso habla esta ley, de más derechos. Porque, señorías, los derechos en democracia necesitan de igualdad de condiciones. Por cierto, como a ustedes se les llena la boca con lo de mafia o democracia, haremos un pequeño repaso para saber a quién tenemos enfrente y por qué pasan las cosas. Miren ―dato―, en año 1976 las élites políticas franquistas crean Alianza Popular, el vehículo para que estas élites pudieran transitar en democracia. Años más tarde, José María Aznar, el instigador, transforma este partido en el Partido Popular, diferente motor, pero mismo coche, y, por si había alguna duda, Esperanza Aguirre la despeja. Su gran elefante es que ustedes nunca han roto con esa herencia, con esa tradición, ese hilo azul, y con el concepto de poder y la visión patrimonialista del Estado. (Aplausos). Porque yo me pregunto que, si ser progresista significa querer el progreso de tu país, de tu sociedad, ¿qué significa ser conservador?, ¿qué quiere conservar un conservador? Obvio: pri-vi-le-gios. Eso es lo que conserva un conservador, privilegios, de clase, económicos, sociales, de herencia, de redes, de posición. Ser conservador no es una orientación ideológica, es una posición de clase. (Aplausos). Y les digo más. Les he hablado de su concepto de poder y ahora les hablo también de su concepto de España. Llevan en su muñeca la bandera, pero reniegan de los territorios de su escudo. Nos insultan en castellano y odian las lenguas cooficiales. Hablan de España, de Constitución y de igualdad, pero cuando se proponen mecanismos reales para garantizar esa igualdad votan en contra, siempre, porque confunden España con su España. España con sus redes. Porque cuando no gobiernan hacen oposición para bloquear, crispar y deslegitimar, como vemos cada día. Son una turba parlamentaria. Señorías, esta ley habla de más y mejor justicia. De más plazas de jueces y fiscales, de la estabilización de jueces y fiscales sustitutos que ya están poniendo sentencias, actualmente más del 20 %, un colectivo de 1300 profesionales que son un pilar fundamental de la estructura judicial de nuestro país, nombrados por el consejo y los TSJ. También habla de más y mejores becas, de la reforma en la preparación, como decía el ministro. Por eso, si a todo esto le añadimos la actual Ley 1/2025, de eficiencia de la justicia, estamos ante la mayor transformación de la justicia en democracia. Por eso se entiende su nerviosismo. Señorías, ustedes se oponen a cualquier tipo de reforma y de progreso que suponga o un avance social o una reducción de sus privilegios o de su poder, porque a ustedes nunca les ha interesado que España tuviese modelos más democráticos y más participativos a los que la ciudadanía tenga más acceso y haya instituciones más representativas. Miren, esta no es una ley contra nadie, es a favor de todos. Queremos una justicia independiente, sí, pero también más justa y representativa. No se trata de regalar nada a nadie, se trata de que quien tiene vocación tenga oportunidad, de que quien vale, pueda, y de que el acceso a la judicatura o a la fiscalía dependa sobre todo del talento y la capacidad y que no haya barreras invisibles que se conviertan en muros infranqueables por generaciones. ¿Mérito y capacidad? Sin duda, pero ustedes hablan de mérito pero ocultan las barreras, hablan de esfuerzo pero ignoran las condiciones.

Y es que, señorías, el dinero o el poder se pueden heredar, pero el talento no se concentra, no es patrimonio de una clase social, de un barrio bien, de apellidos compuestos. El talento, por estadística y por sentido común, se distribuye y, si se concentra, es elitismo. (Aplausos). Para que el talento aflore se necesitan prácticas democratizadoras e igualdad de oportunidades y poner coto a los privilegios. Porque, por ejemplo, ¿por qué hay futbolistas de élite que salen de barrios como el de Rocafonda, en Mataró, pero cuesta que haya personas que ocupen puestos de relevancia social en otras profesiones? ¿Por falta de talento? No, por falta de oportunidades. El talento, señorías, está repartido, pero las oportunidades no, y esta ley pretende corregir, entre otras cosas, esta injusticia. Si eso les molesta es porque nunca les ha importado la justicia, sino el poder. Quienes no tienen poder, pero tienen talento, necesitan siempre a los poderes públicos.

Señorías, la igualdad ha de ser igualdad y, sobre todo, de oportunidades. Cuando decimos esto aquí o se pone en práctica molestamos mucho y reaccionan también de dos maneras: o bien con esa mezcla de cinismo insultante y esa sonrisita que ponen cuando nos miran, de saber que los acompañan los poderosos, que son el último engranaje de un sistema que está fuera del Congreso, o con el insulto, el acoso y la falsedad. Pues sepan que, pese a todo, seguiremos transformando este país del lado de la ciudadanía, de la clase media y trabajadora.

Muchas gracias. (Aplausos.—Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso golpean rítmicamente el suelo mientras dicen repetidamente: ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión!).

Muchas gracias a todos los grupos por sus intervenciones.

Me he quedado tranquilo porque, de las intervenciones que se han producido en este atril por los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a la totalidad no ha habido ningún argumento medianamente racional ni de fondo sobre los textos que se han presentado... (Protestas.―Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión!).

Muchas gracias, señora presidenta.

Decía que me ha tranquilizado escuchar el desarrollo del debate de estas enmiendas a la totalidad porque no ha habido ningún argumento de fondo (La señora Montesinos de Miguel: ¿Nooo?), ningún argumento que contradiga realmente la reforma que estamos llevando a cabo. La falta de argumentos, de hecho, es lo que justifica las soflamas cuando uno sube aquí y lo que justifica vociferar cuando uno no está en el uso de la palabra.

Creo que no se ha puesto de manifiesto lo suficiente que este proyecto de ley que hoy hemos presentado, y que espero que pueda superar las enmiendas a la totalidad, es un proyecto de ley que ha sido avalado por unanimidad por el Consejo de Estado. Por tanto, espero que ustedes consideren que el señor Herrero y Rodríguez de Miñón o el señor Fernando Ledesma son personas que tienen cierto criterio y cierta altura y trayectoria para haber avalado por unanimidad esta norma. (Rumores).

También, quiero decir, en relación con otras intervenciones que se han producido, que pido respeto ―pido respecto, en general, después de las cosas que uno escucha―, y lo quiero hacer expresamente una vez, respeto para el Poder Judicial, para jueces y magistrados de este país. (Protestas.―El señor Tellado Filgueira: ¡Hay que tener caradura!).

Les tengo que decir que no puedo pasar por alto algunas de las intervenciones que se han llevado hoy aquí. (Protestas.―El señor Tellado Filgueira: Está reabriendo el debate. Sí, sí, está debatiendo). No creo que tenga que haber referencias...

Les decía que no puedo, como ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, pasar por alto ni referencias personales a jueces y magistrados de este país en tono peyorativo, ni tampoco que se pronuncie una palabra, un anglicismo, y que desde luego me parece inadmisible. Lo digo con toda claridad en esta tribuna. (Rumores).

Con esa misma legitimidad, también pido respeto al Poder Legislativo para que los representantes legítimos del pueblo español puedan impulsar las reformas legislativas que necesita la justicia en este país. (Aplausos). Pido el mismo respeto para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo; repito, el mismo respeto para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo.

También, digo ―y concluyo con esto― que ha quedado claro con las intervenciones que hoy se han producido que ni una sola línea de este proyecto de ley afecta al principio de independencia judicial ni una sola línea afecta al Estado de derecho. Las soflamas se hacen en otros ámbitos, pero aquí pido un debate sereno, y agradezco a los grupos sus intervenciones.

Gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión!―Cuatro señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sostienen en alto cuatro tabletas en las que se lee: DI-MI-SI-ÓN).

El señor ministro ha reabierto el debate con calificaciones y me gustaría tener mi turno de tres minutos, por favor.