Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2024.

Muchas gracias. Buenos días. Señora presidenta, señoras y señores miembros de la Mesa, señor letrado, señoras y señores portavoces de los grupos parlamentarios, señoras adjuntas del Defensor, señor presidente de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, señorías, señoras y señores, tras mi comparecencia el pasado 27 de mayo en la comisión Congreso-Senado, me presento ante ustedes, señorías, para dar cuenta del informe anual de gestión de la institución correspondiente al año 2024. Ya en la presentación del informe hago constar una primera y fundamental manera de afrontar e incluso de responder a lo que consideramos que ha de ser mejorable. Consiste en que todos, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y en el ejercicio de nuestras competencias, hagamos adecuadamente nuestras tareas. Se trata ante todo de verificar el respeto de los derechos fundamentales por las distintas Administraciones públicas, su sometimiento pleno a la ley y al derecho o su actuación de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, que son los establecidos en el artículo 103.1 del texto constitucional. Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama el derecho a una buena administración. Precisamente, las trigésimo séptimas jornadas anuales del Defensor del Pueblo y de las otras instituciones homólogas del Estado español, que se celebraron en Vitoria el pasado mes de octubre, versaron sobre este derecho, que, como indico también en la presentación, es un desafío fundamental para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y resulta hoy clave para la confianza en las instituciones, que son un factor decisivo para la democracia. Estas competencias del Defensor presuponen la distinción de largo recorrido en nuestro derecho entre Gobiernos estatal, autonómico y municipal y Administraciones públicas. A estas últimas, y solo a ellas, se circunscribe nuestra actividad supervisora y las observaciones que pudieran formularse. Este informe, registrado en las Cortes Generales el 25 de marzo, va más allá de una mera descripción de los problemas, centrándose en la supervisión de las Administraciones para fortalecer los derechos ciudadanos y la confianza en las instituciones. A pesar de los esfuerzos administrativos, la ciudadanía a menudo percibe una Administración distante, inaccesible o ineficiente, y los ciudadanos reclaman una respuesta más ágil y eficaz. El Defensor del Pueblo lamentó profundamente la pérdida de vidas humanas, las personas heridas y los cuantiosos daños materiales ocasionados por la dana que afectó a la zona del Levante y Castilla-La Mancha, expresando sus condolencias a las familias y reconociendo el trabajo de quienes colaboraron y colaboran en la reconstrucción. Se ha iniciado, entre otras, una actuación de oficio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Vicepresidencia Segunda de la Generalitat valenciana para conocer si se creará una comisión de coordinación, tal como establece la normativa. Respecto de los datos generales y ámbitos de actuación, en 2024 el Defensor del Pueblo tramitó 34 629 expedientes, de los cuales resultaron 2501 resoluciones dirigidas a las administraciones, 1190 recomendaciones, 843 sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias. Además, se iniciaron 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 solicitudes de recurso al Tribunal Constitucional. El 2 de octubre de 2024 comparecí en la comisión mixta para debatir acerca de las solicitudes de recurso de la ley de amnistía. Geográficamente, la mayoría de las quejas proceden de la Comunidad de Madrid, 8031; Andalucía, 4155; Cataluña, 3441, y la Comunidad Valenciana, 3231. Suman solo entre ellas un 56,38 % del total. Por ámbitos de actuación, los más recurrentes fueron la Administración de Justicia, 12,1 %; Seguridad Social y empleo, 9,9 %; función y empleo público, 8 %; asilo, 7 %; migraciones, 6,6 %; interior, 6,2 %; educación, 5,7 %; sanidad, 4,1 %, y medioambiente y vivienda representaron el 2,8 % y el 2,4 % respectivamente. El informe, a través de una serie de temas destacados, resalta una serie de problemáticas específicas, la mayoría de ellas interconectadas con la necesidad de una mejor Administración y con la protección de los derechos fundamentales. Salud mental y discapacidad en menores. Se evidenció la falta de recursos específicos de media estancia para adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental asociados a discapacidad intelectual o trastornos del comportamiento, quienes se beneficiarían de atención integral y multidisciplinar. Cuando los padres entregan la guarda temporal del menor a la Administración, no siempre se considera una medida de protección adecuada, y la ausencia de recursos residenciales públicos fuera de los centros terapéuticos para menores agrava la situación.

Incidencia educativa del alumnado con discapacidad. La participación del alumnado con necesidades educativas específicas en actividades extraescolares y lúdicas es una obligación derivada de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, no siempre se cumple, lo que afecta a la conciliación familiar y laboral. La responsabilidad de programar actividades inclusivas recae en los equipos docentes, la comunidad educativa y la inspección.

Apoyo a familias de personas con discapacidad. La Ley 8/2021, que adaptó la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha generado también efectos no deseados en las familias de personas con discapacidad, especialmente en los ámbitos tributario y social, afectando negativamente a quienes se busca proteger.

Protección de mujeres mayores víctimas de violencia de género. Se destaca la situación de mujeres mayores víctimas de violencia de género. Quienes enfrentan dificultades adicionales para salir de la situación de maltrato sufren una doble discriminación: por su condición de mujeres y por el edadismo. A menudo, esta violencia es oculta, perpetrada durante años y normalizada socialmente, lo que impide la denuncia y dificulta la salida del entorno violento. Estas mujeres mayores se enfrentan a la incomprensión social y a servicios públicos no adaptados, así como a la violencia económica de género.

Personas desaparecidas y fallecidas en el trayecto migratorio. Para facilitar la búsqueda de migrantes desaparecidos y la identificación de sus cuerpos, se han formulado recomendaciones y se constata la falta de una guía específica de actuación y la desigualdad en el tratamiento y registro de restos humanos. Los institutos de medicina legal carecen de una base de datos común, lo que obliga a búsquedas individualizadas.

Procedimientos de protección internacional en frontera. Se requieren medidas estructurales para mejorar la atención a solicitantes de dicha protección en frontera. Las actuaciones del Defensor del Pueblo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas revelaron la necesidad urgente de mejorar las instalaciones y los procedimientos de protección internacional, incluyendo el registro de solicitudes, condiciones de acogida, garantías procedimentales y acceso a la tutela judicial efectiva.

Usurpación de la identidad. El aumento de la usurpación de la identidad a través de medios digitales es una preocupación creciente debida a la vulnerabilidad de los datos personales. El Defensor del Pueblo ha coordinado una reunión con entidades competentes como la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía, la Agencia de Protección de Datos, el Ministerio de Hacienda y el Banco de España para abordar este problema y adoptar medidas preventivas y reactivas.

Reintegro de prestaciones a beneficiarios vulnerables. La obligación de reintegrar prestaciones de Seguridad Social cobradas indebidamente, en no pocas ocasiones, afecta a personas y familias en situación de vulnerabilidad cuyas necesidades básicas dependen de estas ayudas. El incremento de reclamaciones a raíz del ingreso mínimo vital subraya la necesidad de revisar el alcance del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social para paliar los efectos injustos de estos procedimientos de reintegro, especialmente cuando la lentitud administrativa es la causa del volumen de las deudas.

Registros de demandantes de vivienda pública y acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda en España es un problema grave debido a los altos precios, especialmente para los jóvenes. Se observan retrasos considerables en la gestión de ayudas como la del bono de alquiler joven y largas esperas en la adjudicación de vivienda de protección pública. Numerosas familias enfrentan desahucios judiciales inminentes. El Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de aumentar significativamente el número de viviendas públicas protegidas destinadas al alquiler y sujetas a un régimen de protección permanente, así como en la necesidad de gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil.

Declaraciones e informes de impacto ambiental. Para asegurar el correcto seguimiento de la vigencia y aplicación de las declaraciones e informes de impacto ambiental, se propone mejorar los mecanismos de colaboración entre el órgano ambiental y los órganos sustantivos que aprueban grandes proyectos de infraestructuras. El objetivo es detectar demoras y supervisar el cumplimiento de las medidas correctoras. Se ha dirigido una recomendación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Problemas en servicios ferroviarios de cercanías. Las quejas relacionadas con los servicios ferroviarios de cercanías se han concentrado en Madrid y Barcelona, lugares que registran casi un millón de viajeros diarios. Los viajeros afectos se quejan, fundamentalmente, del incremento de los tiempos de espera, de la saturación de trenes y andenes y, en definitiva, reclaman capacidad del sistema para un transporte a tiempo y en condiciones mínimas de comodidad y que se les informe adecuadamente de cualquier incidencia. A partir de estas quejas, el Defensor del Pueblo ha ido realizando un seguimiento de la evolución de la calidad del servicio en distintos núcleos de cercanías.

Procesos de estabilización de empleo público. La Ley 20/2021, como ustedes conocen, buscaba reducir la temporalidad en el empleo público al 8 % con procesos selectivos que finalizaran antes del 31 de diciembre de 2024. Aunque la mayoría de las Administraciones cumplieron los plazos, los datos del INE de 2024 muestran que la temporalidad sigue en el 28,5 %, lejos del objetivo del 8 %. El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la conformidad de negar la condición de trabajador fijo a quienes no superan un proceso de selección.

Referencias generales y temas transversales. El informe es en realidad mucho más amplio de lo que se encuentra en sus cerca de cuatrocientas páginas, porque hay que señalar que quienes se acerquen a él en su versión digital pueden ampliar la información y los datos contenidos mediante los enlaces a la web institucional, además de los enlaces contenidos en las páginas dedicadas a la labor del Defensor en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención: 91 fichas de las visitas llevadas a cabo a lugares de privación de libertad y en el informe completo del MNP esa cifra se eleva a 218.

Cabe destacar un asunto que atraviesa todo el informe y al que se alude en 162 ocasiones. Tiene que ver con los menores, niños, niñas y adolescentes. A su vez, el pasado 16 de mayo, registramos en esta Cámara el informe, que en su día anunciamos, «Niñas y niños extranjeros en España solos o acompañados». Por otra parte, se incluyen dos informes monográficos: «Violencia vicaria de género. Las otras víctimas», que son los menores asesinados, y «Retos de la inclusión financiera. Servicios bancarios y personas vulnerables». Además, se presentan algunas actualizaciones del informe registrado el 27 de octubre de 2023 sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Esas actualizaciones no suponen una modificación de las conclusiones y recomendaciones, y esperan una respuesta parlamentaria para la adopción de medidas concretas que las víctimas demandan y necesitan.

Por otro lado, ya se recogían en el informe de 2023 los primeros resultados de la investigación que se había iniciado el año anterior con todas las comunidades autónomas para conocer cómo estaban actuando las Administraciones ante los casos de abusos sexuales y explotación de menores de edad que se encuentran bajo el amparo de los servicios de protección. La institución está trabajando ahora en la actualización de esa investigación general en orden a comprobar si las medidas de mejora anunciadas por las Administraciones están dando resultados en lo que se refiere a la coordinación con otras instancias y a los procedimientos de prevención, detección temprana e intervención frente a esos casos de abuso o explotación y también para recoger los datos más actualizados de que disponen.

Según áreas específicas de actuación, respecto a la Administración de Justicia el problema más acuciante y persistente en las quejas que recibimos es el de los retrasos, el de las demoras en el funcionamiento del servicio público de justicia, por causas estructurales, vacantes de personal o bajas de larga duración. El Defensor del Pueblo ha emitido resoluciones sobre formación judicial, efectos de bajas en sentencias, protección de datos, acceso a expedientes y notificaciones de suspensión de vistas. Se considera crucial completar el despliegue territorial de la plataforma DICIREG para el registro civil electrónico en 2025.

En relación con las víctimas del terrorismo, se considera necesario abordar algunas cuestiones pendientes para ellas ya señaladas en anteriores informes, como la equiparación de indemnizaciones mediante la reforma de la Ley 29/2011.

Publicamos, como he señalado, el informe monográfico «Violencia vicaria de género. Las otras víctimas», que fue registrado el 22 de noviembre del 2024. Se ha incidido en el tratamiento integral de la violencia de género a través de recomendaciones centradas en la coordinación interadministrativa, la acreditación de la condición de víctima y los servicios de asistencia a la familia, abarcando denuncias, intervención policial, guarda y custodia de hijos menores y ejecución de sentencias.

Señorías, en el informe, a su vez, hay distintas competencias que corresponden a las comunidades autónomas, asuntos que resultan de especial relevancia dado que constituyen pilares del estado del bienestar. En educación, a pesar de que compartimos la máxima inclusión posible, se reciben múltiples quejas de padres de alumnos con necesidades educativas específicas debidas a que a estos alumnos no se les presta la atención adecuada en centros ordinarios por falta de profesorado especializado y personal auxiliar. El Defensor del Pueblo ha instado a que se dote de recursos y ha recordado que la ratio no exime de aumentar el profesorado cuando sea necesario. Preocupa la falta de motivación en resoluciones de escolarización de alumnos de educación especial y se insiste en la dotación, ya reiterada, de enfermería escolar.

Se han investigado quejas sobre la violencia y acoso escolar, lo que ha evidenciado la falta de actuaciones preventivas eficaces, y se comprueba que la mayoría de los protocolos solo se abren a petición de las familias. Persisten las dificultades en el transporte escolar para etapas no obligatorias, muy especialmente en el mundo rural, y se han realizado recomendaciones al respecto. La Comunidad de Madrid ha aceptado una recomendación para modificar la normativa de becas de comedor que excluía a alumnos de familias extranjeras en situación irregular, aunque seguimos recibiendo nuevas quejas. Existen dificultades en los acuerdos entre Administraciones locales y autonómicas para las obras y mantenimiento de los centros escolares, incluyendo la adaptación a altas temperaturas y la retirada de amianto. La falta de cobertura de profesorado de informática y matemáticas por la carencia de candidatos suficientes afecta a la calidad educativa.

En lo que tiene que ver con el fracaso y el abandono escolar temprano del alumnado de etnia gitana, la institución se ha preocupado de oficio ante el Ministerio de Educación y todas las consejerías de Educación a fin de conocer cuáles son las acciones específicas para la inclusión educativa de este alumnado en condiciones de igualdad con el resto de la población. La institución sigue con atención los avances para que el sistema de homologaciones y declaración de equivalencia de títulos extranjeros universitarios sea más eficaz y acabe con el colapso. Se han recibido al respecto mil quejas en el Defensor del Pueblo. Mantenemos una actuación con el Ministerio de Universidades, que ha adoptado nuevas medidas organizativas, normativas, procedimentales y tecnológicas que han redundado en una reducción de los tiempos de tramitación, y urge impulsarlas. Según el Ministerio, se ha respondido a cuarenta mil solicitudes en 2024, pero es de esperar, como así se ha señalado ―estaremos atentos a que así sea―, que este año se incremente muy notablemente el número de homologaciones. En materia de becas, se inició una actuación de oficio con el Ministerio de Educación para la cobertura de estudios posobligatorios con la finalidad de completar situaciones de vulnerabilidad económica y para proteger específicamente a familias numerosas o con acogimiento familiar. La actuación continúa abierta.

En relación con la sanidad, se enfrenta a importantes retos, como conocen ustedes y lo dicen con frecuencia y con razón, en atención primaria. Hay problemas de personal, dificultades para contactar y obtener citas y listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas. Preocupa la falta de asignación de profesionales a un alto número de pacientes, especialmente en centros con mayor sobrecarga asistencial, y se ha planteado priorizar la asignación a pacientes más frágiles. Se han detectado problemas en la facturación de servicios sanitarios en hospitales públicos, donde no siempre se informa a los pacientes sobre sus derechos. Las listas de espera excesivas y generalizadas en determinadas especialidades, como traumatología o tratamientos del dolor, son una preocupación constante. Se ha instado a que se redoblen esfuerzos y a invertir adecuadamente. Como resultado de una actuación de oficio de este Defensor del Pueblo, varias comunidades autónomas se han mostrado favorables a ampliar la horquilla de edad para el cribado de cáncer de mama a mujeres menores de 50 años.

En cuanto a las políticas sociales, los retrasos en la valoración del grado de discapacidad son un problema generalizado: puede superar los dos años. Se han formulado recomendaciones para dotar adecuadamente a los equipos multiprofesionales, para reglamentar el procedimiento autonómico, para coordinar mejor las valoraciones de discapacidad y dependencia y para informar a los solicitantes sobre tiempos y derechos. Se necesitan más recursos para ampliar prestaciones económicas vinculadas.

El programa del Defensor del Pueblo, un programa de supervisión de residencias de mayores, ha revelado la necesidad de una mejor coordinación sanitaria, de adaptación de las instalaciones, de refuerzo de plantillas y de ampliación de planes de inspección. Asimismo, se insiste en la necesidad de una política integral de cuidados. Las solicitudes, recursos y reclamaciones relacionadas con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia constituyen una cuarta parte de las quejas en política social. La valoración de la dependencia genera retrasos de hasta cuatro años. Se han emitido recomendaciones para mejorar la dotación de equipos multidisciplinares, el desarrollo normativo y la integración de los sistemas de dependencia y discapacidad.

En relación con el empleo público, persisten las actuaciones para asegurar la máxima publicidad y transparencia en los procesos selectivos. La Secretaría de Estado de Función Pública no aceptó la recomendación de adaptar tiempos adicionales en procesos selectivos para personas con discapacidad inferior al 33 %. La estabilidad laboral es crucial para reducir la alta temporalidad en sectores como la sanidad. En relación con el proceso de licitación por parte de las aseguradoras sanitarias privadas al colectivo de funcionarios de Muface se generaron cientos de quejas que la institución no acabó de tramitar, ya que se produjo finalmente una orden de continuidad del servicio. El Defensor del Pueblo sigue atento al respecto del cumplimiento del parámetro de continuidad asistencial.

El pasado 8 de abril tuve la oportunidad de comparecer en la comisión mixta sobre asuntos concernientes a la vivienda. Saben muy bien sus señorías que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional y un pilar del Estado de derecho. La vivienda era la primera preocupación ciudadana en diciembre de 2024, según el CIS. Los ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo por la dificultad para acceder a viviendas asequibles, el alto coste del alquiler ―el 31 % de hogares españoles destina más del 40 % de sus ingresos al alquiler, frente al 21 % de la media europea―, la demora en ayudas y la escasez de vivienda protegida. Entre 2015 y 2023 los precios de compra subieron un 42 % y los alquileres un 58 %, casi el doble que los salarios. La principal causa de estos problemas y objeto de supervisión del Defensor del Pueblo es la insuficiencia del parque de vivienda pública protegida. España solo cuenta con un 2,5 % de viviendas de protección pública, muy por debajo de la media europea, 10 %, y de países como Francia, 17 %, o Países Bajos, 30 %.

Respecto a la okupación ya señalé que recibimos más quejas sobre desahucios, lo cual no resta importancia a las que recibamos sobre okupación. Recibimos sobre desahucios unas 200 en 2024, más que sobre la okupación ilegal, ya que los ciudadanos consideran que este asunto incumbe más a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a la Administración de Justicia. En 2024 se realizaron 102 actuaciones relacionadas con desahucios de unidades familiares vulnerables. Aunque el Defensor del Pueblo no puede intervenir en procesos judiciales, sí verifica que las Administraciones atiendan la necesidad urgente de alojamiento, aunque las soluciones suelen ser provisionales. Sobre la suspensión de desahucios, vigente hasta finales de 2025, el Defensor del Pueblo comprende la preocupación de los propietarios, pero subraya que la suspensión la decide un juez ponderando la vulnerabilidad de inquilinos y okupantes y los posibles perjuicios al propietario, que tiene derecho a una compensación. Las suspensiones se aplican solo a situaciones de vulnerabilidad económica específica y en el caso de okupantes sin título a viviendas de personas jurídicas o grandes tenedores, siempre que haya extrema necesidad y no haya intimidación o violencia. El Tribunal Constitucional ha avalado esta regulación en consonancia con la función social de la propiedad. Creo importante destacar que las denuncias por allanamiento o usurpación representan un impacto mínimo. Cuando digo un impacto mínimo no le resto ninguna importancia, pero sí digo que es un impacto del 0,06 % del total de viviendas, según datos del Ministerio del Interior, y que las condenas por allanamiento han disminuido. La lentitud en procesos de desalojo ―pueden durar hasta doce meses― es un problema persistente, por lo que el Defensor del Pueblo aboga por una mayor dotación de medios para la Administración de Justicia. Un aumento significativo de la oferta de vivienda pública en alquiler es crucial para atender a las necesidades sociales. Y las viviendas de uso turístico generan numerosas quejas ―por ruido, número de ocupantes, trasiego de equipajes, diferentes hábitos― afectando a la convivencia. Se perciben quejas por la inactividad o retrasos de las Administraciones en la tramitación de denuncias contra alojamientos turísticos ilegales. También se han detectado problemas de planificación y ejecución urbanísticas, demoras en la tramitación de licencias, retrasos en la comprobación de la legalidad de obras denunciadas y en el cumplimiento de órdenes de ejecución. Preocupa el deber de conservación de inmuebles, el acceso a la información urbanística y la accesibilidad del entorno urbano.

Señorías, en otro orden de cosas y en relación con la inclusión bancaria, el Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación por el desfase entre el desarrollo tecnológico y la falta de acompañamiento a los más vulnerables, especialmente los mayores, quienes quedan sistemáticamente al margen de iniciativas públicas y privadas dependiendo de redes de apoyo. El informe Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables, registrado el 9 de mayo de 2024, ya advertía sobre la necesidad de atender la inclusión financiera de las personas mayores, pero no solo de ellas, también de quienes viven en medios rurales o en poblaciones de escaso número de habitantes.

En relación con un asunto que sí ha sido inquietante para muchos ciudadanos, ya en 2024 esta institución inició actuaciones para que se haga efectiva la devolución a los mutualistas de las prestaciones derivadas de seguros concertados con mutualidades. El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Hacienda que proceda a resolver la situación y esta recomendación ha sido aceptada, al menos oral y públicamente aceptada. Estamos pendientes del cambio normativo comprometido, ya que este problema continúa en 2025, cuando hemos recibido más de mil quejas.

También se reciben quejas sobre préstamos rápidos y microcréditos debido a los elevados intereses y plazos de devolución breves. El Banco de España informó que están sujetos al mismo nivel de protección que los créditos al consumo, con la diferencia de que las entidades reguladas están bajo su supervisión, mientras que las no reguladas lo están bajo las autoridades de consumo autonómico.

Es importante la protección de consumidores en sectores energéticos. Se ha iniciado una actuación de oficio para difundir las posibilidades de los ciudadanos para denunciar estos problemas energéticos. Aunque las comunidades autónomas han remitido sus contestaciones, se observa que los órganos de consumo no informan adecuadamente sobre las diferencias entre mediación, ejecución voluntaria, y arbitraje, ejecución obligatoria. Se ha instado a los ministerios y comunidades autónomas a debatir cómo clarificar, simplificar y difundir los procedimientos de reclamación. Y una vez más tenemos que señalar ―denunciar sería la palabra, pero al Defensor del Pueblo le corresponde señalar― la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real Galiana de Madrid. La situación de sus habitantes es de extrema vulnerabilidad y persiste acrecentada por los cortes de luz. Un informe del Defensor del Pueblo con otras organizaciones y entidades al Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha concluido que se han vulnerado hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea y que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida, especialmente de los habitantes más vulnerables. El Comité no ha realizado aún las recomendaciones, pero estamos a la espera de ellas.

Las actuaciones del Defensor del Pueblo en el ámbito local se centraron en el acceso a la información municipal y transparencia, la regulación de la cita previa, sesiones plenarias, derechos de los concejales, empadronamiento, molestias y emplazamiento de servicios públicos y el ejercicio de potestades sobre bienes municipales. Se destaca la demanda de la comunidad islámica porque no cuenta con infraestructuras adecuadas y normativa sanitaria para enterramientos según su religión y las actuaciones realizadas al respecto. Ante el retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones, el Defensor del Pueblo inició actuaciones de oficio con treinta y tres ayuntamientos y se emitieron once recomendaciones que son extensibles a todos los municipios obligados a implantar estas zonas, urgiendo a un cumplimiento rápido y completo del mandato legal para establecer zonas con restricciones permanentes, superficie continua y extensión suficiente para alcanzar los objetivos de calidad del aire y lucha contra el cambio climático. Los objetivos que fije la zona deben estar establecidos de manera cuantificable y ser monitorizados.

En relación con las migraciones, se confirma el crecimiento de llegadas de inmigrantes a las costas españolas, especialmente en Canarias, un 17,4 % más que en 2023. Tras la visita realizada al puerto de La Restinga, en El Hierro, en febrero de 2024, el Defensor del Pueblo inició una actuación al objeto de conocer las previsiones al respecto. Las quejas se centraron en las condiciones del sistema de acogida humanitaria, incluyendo las instalaciones inadecuadas para estancias prolongadas, limitaciones de intérpretes y servicios, presencia de presuntos menores y dificultades para obtener citas de protección internacional. El reciente desastre humanitario ocurrido en dicho puerto con el fallecimiento de siete personas, tres de ellas niñas, y diversos heridos muestra una vez más el rostro de la tragedia de la inmigración y la necesidad de abordar sus causas y los protocolos de acogida. El funcionamiento de los registros civiles consulares también generó numerosas quejas, afectando a españoles residentes en el extranjero o a solicitudes de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Por cierto, la demora en la resolución de las solicitudes de nacionalidad persiste también en 2024. En los centros de internamiento de extranjeros, CIE, persiste también el incumplimiento de la obligación de crear un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico de la Administración General del Estado. La Dirección General de Policía ha solicitado siete puestos de médicos titulares al efecto. La mayoría de las solicitudes de protección internacional son de nacionalidad venezolana, casi el 40 %. El Defensor del Pueblo considera que, sin un procedimiento alternativo para estas personas, la carga de trabajo de la Oficina de Asilo y Refugio, OAR, seguirá siendo muy difícil de aligerar.

Por otra parte, el pasado 8 de abril comparecí ante la comisión mixta y hablé sobre la denominada inseguridad ciudadana relacionada con la inmigración ilegal. Allí recordé las funciones constitucionales y legales de la institución: la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, sin tener tareas ejecutivas, legislativas o judiciales. La labor del Defensor del Pueblo ha de centrarse en las personas y sus derechos, sean o no nacionales, enfatizando que no se trata de contraponer españoles frente a la inmigración ilegal masiva, sino de referirse a seres humanos con proyectos de vida. Como he señalado, el informe anual del Defensor del Pueblo aborda los problemas de las personas migrantes como parte de la sociedad, incluyendo tragedias en el tránsito migratorio, mejora en la protección internacional en frontera y condiciones en los centros de acogida. Aunque las quejas por inseguridad ciudadana se reciben en la institución ―treinta y dos en 2024 y treinta y dos en 2023― representan un volumen bajo ―insisto en que un volumen bajo no significa un volumen poco importante― frente a las más de 34 000 quejas recibidas en total, y no necesariamente están referidas a personas extranjeras. La ciudadanía tiende a dirigirse directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también para estas cuestiones. Señorías, quisiera compartir con ustedes que España ha pasado de ser un país de tránsito a un destino estable para migrantes, cuya contribución es estructural y existencial para el país. La inmigración es fundamental para contrarrestar el envejecimiento de la población y el declive demográfico. El informe destaca la vulnerabilidad de los migrantes en situación irregular frente la explotación y la desprotección, así como sus dificultades para acceder a servicios financieros y de vivienda. Recomienda una regularización extraordinaria de extranjeros y aboga por reformas que aborden las diferencias del sistema actual. Señorías, no hay evidencia de un patrón delictivo asociado a la población extranjera, y la inseguridad es un fenómeno complejo que no puede adscribirse a un grupo poblacional específico. La mayoría del aumento de la criminalidad se debe a la ciberdelincuencia.

También deseo recordar, teniendo presente la igualdad de trato, el 600.º aniversario de la constatación de la presencia del pueblo gitano en la península ibérica. Se ha mantenido la supervisión del antigitanismo, formulando una recomendación aceptada para la derogación de referencias discriminatorias a la comunidad gitana.

Por otro lado, persisten las quejas relacionadas con el inicio de expedientes de expulsión por estancia irregular a personas extranjeras que acuden a dependencias policiales para denunciar delitos o ejercer derechos.

Señorías, en otro orden de cosas, la labor de inspección y de supervisión de los centros de asistencia o de privación de libertad implica tener en cuenta muy especialmente la situación en que se encuentran las personas internas, el trato que reciben y las condiciones materiales con las que viven. Las visitas a centros penitenciarios se realizaron por la unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el MNP, y por el área de seguridad y justicia. Se formularon recomendaciones sobre protección de la vida e integridad física, comunicaciones intercentros, asistencia sanitaria, permisos de salida y contenciones mecánicas y se examinaron casi un millar de quejas. El MNP, como cada año, ha centrado su trabajo en visitar lugares de privación de libertad sin aviso previo para asegurar su adaptación y que cumplen con los estándares internacionales de prevención de la tortura y los malos tratos. En 2024 formuló 514 resoluciones, 203 recomendaciones, 300 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales en centros penitenciarios, centros de internamiento de menores infractores, calabozos policiales y judiciales y centros de detención de extranjeros. Las visitas temáticas se hicieron desde la perspectiva de la discapacidad intelectual con programas concretos de la salud mental y de género y las personas LGTBI, además de la prevención de fallecimientos en prisiones, también lamentablemente algunos suicidios, y las condiciones de personas mayores o con privación de libertad de larga duración. El informe del MNP recoge información de siete sentencias sobre condenas firmes por delitos de tortura, lesiones y contra la integridad moral en lugares de privación de libertad dictadas en 2024 en España. Persisten carencias en infraestructuras penitenciarias, a pesar de los esfuerzos realizados, y especialmente en cárceles antiguas, además de la escasa dotación de personal sanitario y psiquiátrico. Se reitera la recomendación de la integración plena de la sanidad penitenciaria en los sistemas regionales de salud y su traspaso efectivo a las comunidades autónomas, como está estipulado legalmente. El MNP tiene especial relevancia en el ámbito internacional con el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ―CPT― y en el sistema de Naciones Unidas con el Subcomité para la Prevención de la Tortura ―SPT― y trabaja de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención de la Tortura. Además, en 2024, la institución Defensor del Pueblo ha sido reacreditada como institución nacional de derechos humanos con estatus A por la ONU, siendo la institución referente en el ámbito europeo e internacional para los organismos multilaterales de derechos humanos. Así, hemos participado, entre otros, en los exámenes a España del Comité de los Derechos del Niño, en el Examen Periódico Universal ―EPU― o el examen voluntario a España sobre la Agencia 2030.

Debo ir concluyendo, con una consideración que es también un agradecimiento y una reivindicación sobre las circunstancias y las condiciones en que desarrollan su trabajo las personas en esas instituciones: centros penitenciarios, centros para menores infractores, para personas migrantes, centros hospitalarios y otros recursos, reconociendo que a menudo estas personas enfrentan problemas estructurales de organización y plantillas insuficientes, lo que afecta a su trabajo y seguridad. Estos colectivos demandan atención a su situación laboral, medios disponibles y recursos para la formación continua, cruciales para afrontar su compleja tarea diaria.

Ahora sí, señorías, finalmente deseo subrayar que el recién publicado informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, con datos de 2024, indica que la pobreza se reduce en España a mínimos de hace una década, aunque 12,5 millones de personas viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social, a pesar de ser la cifra más baja desde 2014. La mejora generalizada debería en todo caso llegar 4,1 millones de personas en situación de pobreza severa. Pienso especialmente en la pobreza infantil, no solo pobreza severa, sino incluso no pocas veces sin hogar. Y como se subraya, con razón, que nuestra labor es la supervisión de las Administraciones, la defensa de los derechos y el Título I de la Constitución, yo quiero añadir otra tarea que debemos hacer, y la digo no con la pobre solemnidad que soy capaz de tener, sino con una especial solemnidad: se nos exige responsabilidad a las instituciones para, en primer lugar, ser eficientes y justas y, a la par, para abrir espacios que propicien la concordia y la convivencia, y creo que esta tarea de abrir espacios para que se propicie la concordia y la convivencia también es una tarea del Defensor del Pueblo.

Muchas gracias a quienes con su labor han hecho posible que este informe se haya podido llevar a cabo, a ustedes, señorías, por su consideración, y muchas gracias también a los servicios de la Cámara. (Aplausos).

Señorías, buenos días. Estimado defensor del pueblo, gracias por su profusa explicación sobre un informe intenso del que, de entrada, me surgen dos preguntas. Una, si esta Cámara no se ha leído el informe, que se lo lea y reflexione sobre si estamos dedicando el tiempo en esta Cámara a los asuntos que preocupan a los ciudadanos o no, si estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, si estamos trabajando en resolver las cosas que preocupan a la gente. Ojalá, ojalá, esto nos hiciera cambiar de rumbo. La segunda, señor defensor del pueblo, es que lamento decirle que la ciudadanía cada vez cree menos en esta institución, y cree menos porque las recomendaciones mayoritariamente no llegan a ninguna parte y a veces tenemos la sensación de que esta institución solo sirve para crear falsas expectativas. Le voy a poner un ejemplo: los agricultores de La Palma recibieron una recomendación con toda la alegría, pensando que una recomendación del Defensor del Pueblo que dice que hay que restituir las ayudas a esos agricultores que decidieron empezar a cosechar para, en un par de años, tener fruto, para no seguir viviendo de la ayuda pública, se atendería y se vieron con cero ingresos. Ustedes han emitido un informe que indica que hay que restituir esa ayuda de manera inmediata con carácter retroactivo. ¡No se ha hecho nada! De las más de mil recomendaciones que ustedes han hecho, solo se han ejecutado 199. Esto es un problema serio que el Gobierno tiene que hacerse mirar. ¿Para qué queremos esta institución si de mil recomendaciones solo acatan 199? ¿Para generar ilusión a la gente? Voy a seguir. Ojalá encontremos la vía de que sus recomendaciones se cumplan, porque mi discurso no va en el sentido de eliminar la institución, sino de que el Gobierno de España se la tome en serio y escuche sus recomendaciones para que la gente no se ilusione para nada. No quiero ser pesimista, pero hay dos cuestiones que me parecen de enorme gravedad, como el tema migratorio, al que usted ha dedicado tanto tiempo. Usted ha estado en Canarias, ha estado en La Restinga, ha estado en los centros. No tengo tiempo en dos minutos para decir lo que significa para nosotros que ni sus informes ni los autos del Supremo ni siquiera las leyes que se aprueban en esta Cámara se cumplan, ¡y que todo el mundo pase absolutamente de este drama aquí mientras nos ocupamos de relacionar día tras día todos los casos de corrupción que tiene cada uno en su armario! Es decepcionante, muy deprimente. En nuestras manos está cambiar este rumbo y que el Defensor del Pueblo sirva para algo. No sé si en futuras legislaturas con otra Cámara, pero con esta, desde luego, no tengo mucha esperanza. ¿Cómo es posible que tengamos a gente que gana 500, 600, 700 euros a la que se le exija un reintegro al año siguiente porque resulta que una persona de la unidad familiar consiguió un trabajo y han entrado más ingresos en la unidad familiar, y ese señor que ha ganado 600 miserables euros al mes dados por la Administración tenga que reintegrar todo el año y decirle a su familiar que le mantenga? ¿Dónde queda la dignidad de la gente?

Están las mujeres víctimas de violencia mayores de 65 años, la falta de recursos de salud mental para jóvenes…, son tantas las cosas que recoge su informe que si esta Cámara no se lo toma en serio, no merecemos estar aquí.

Gracias.

Grazas, señora presidenta. Moi bo día, señor defensor do pobo. O informe que presenta creo que é unha boa radiografía de cales son as preocupacións da sociedade en relación coas actuacións das administración, coas súas obrigas e co cumprimento de dereitos. No caso de Galicia, moitos dos asuntos abordados no informe foron motivo de iniciativas parlamentares en casos reiteradas por parte do BNG. E non é casualidade, non é, simplemente que o noso labor aquí responde á realidade do noso país, ás preocupacións da nosa xente, que son as nosas, e o noso obxectivo é resolver os problemas para mellorar a calidade de vida e benestar das clases populares do noso país. Como son moitos os asuntos e teño moi pouco tempo, abordarei só dous ou tres. En primeiro lugar, en relación cos servizos ferroviarios, o informe sinala que a existencia de bonos colocou a demanda de cercanías en máximos históricos. Mágoa que na Galiza non poidamos aínda desfrutar deste servizo esencial para mellorar a mobilidade urbana, mais continuamos pelexando para telo canto antes. Cuestións como a venda de billetes con pouca antelación ou as deficiencias na liña de ancho métrico, Ferrol-Ribadeo tamén se ven reflectidas. En segundo lugar, en relación coa crecente dificultade para o acceso a unha vivenda digna, partillamos a crítica ao escaso parque de vivenda pública no Estado español e a necesidade de impulsar as políticas de vivenda pública, especialmente en réxime de aluguer. En terceiro lugar, en relación coa violencia de xénero, concordamos loxicamente na necesidade dunha actuación pública máis decidida e eficaz na prevención, dotación de medios, garantía de pagamento áxil de pensións que garantan a independencia económica ou a mellora da formación e actuación das forzas de seguranza ou da xustiza. Neste sentido, queremos lembrar a necesidade de dotar adecuadamente a Galiza de accións de violencia sobre a muller en todas as cidades sen sobrecargalas con concentración excesiva de partidos xudiciais, como pode acontecer en Compostela, sen reconversións que desatendan outros ámbitos, como aconteceu na Coruña e Vigo e sen deixar determinadas cidades desatendidas como Lugo, Pontevedra ou Ferrol. Ademais, non nos sorprenden as queixas referidas á desprotección ambiental. Temos que dicir máis unha vez «Altri non», aos abusos da banca ou á exclusión financeira deficiencia de servizos de telefonía móbil, internet ou servizos similares, o funcionamento da sanidade, a lenta tramitación das axudas á dependencia, a excesiva demora na homologación de títulos universitarios estranxeiros, a discriminación, racismo, xenofobia, LGTfobia, ou as elevadas taxas de temporalidade no emprego público e a insuficiencia dos plans de estabilización que tamén foron obxecto de iniciativas do BNG. E por último, parécenos moi oportuna a actualización do informe sobre abusos sexuais por parte da igrexa católica, porque este é un ámbito en que sen dúbida hai que continuar actuando até facer xustiza coas vítimas. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buen día, señor defensor del pueblo. El informe que presenta creo que es una buena radiografía de las preocupaciones de la sociedad en relación con las actuaciones de las Administraciones, con sus obligaciones y el cumplimiento de derechos. En el caso de Galicia, muchos de los asuntos acordados en el informe han sido motivo de iniciativas parlamentarias, en casos reiteradas por parte del BNG. Y no es casualidad, no, es simplemente que nuestro trabajo aquí responde a la realidad de nuestro país, a las preocupaciones de nuestra gente, que son las nuestras; y nuestro objetivo es resolver los problemas para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las clases populares de nuestro país.

Como son muchos asuntos y tengo muy poco tiempo, solo abordaré tres. En primer lugar, en relación con el servicio ferroviario, el informe señala que la existencia de abonos colocó la demanda de cercanías en máximos históricos. Lástima que en Galicia no podamos disfrutar aún de ese servicio esencial para mejorar la movilidad urbana, pero continuamos luchando para tenerla cuanto antes. Cuestiones como la venta de billetes con poca antelación o deficiencias en la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo también se ven reflejadas.

En segundo lugar, en relación con la creciente dificultad para el acceso a una vivienda digna, compartimos la crítica al escaso parque de vivienda pública en España y la necesidad de impulsar políticas de vivienda pública, especialmente en régimen de alquiler.

En tercer lugar, en relación con la violencia de género, coincidimos, lógicamente, con la necesidad de una actuación pública más decidida y eficaz en la prevención, la dotación de medios, la garantía de pagos ágiles de pensiones que garanticen independencia económica o la mejora de la formación y actuación de las fuerzas de seguridad y de la justicia. A ese respecto, queremos recordar la necesidad de dotar a Galicia de secciones de violencia contra la mujer en todas las ciudades sin sobrecargarlas con concentración excesiva de partidos judiciales, como puede ser el caso de Compostela; sin reconversiones que desatiendan otros ámbitos, como sucedió en Coruña y Vigo; y sin dejar determinadas ciudades desatendidas, como Lugo, Pontevedra o Ferrol.

Además, no nos sorprenden las quejas con respecto a la desprotección medioambiental. Decimos una vez más no a Altri, a los abusos de la banca, la exclusión financiera, deficiencias de servicios de telefonía móvil, Internet o servicios similares, el funcionamiento de la sanidad, la lenta tramitación de ayudas a la dependencia, la excesiva demora en la homologación de títulos universitarios extranjeros, la discriminación, racismo, xenofobia o elevadas tasas de temporalidad en el empleo público y la insuficiencia de los planes de estabilización, que también han sido objeto de iniciativas del BNG.

Y nos parece, por último, muy oportuna la actualización del informe sobre abusos sexuales por parte de la Iglesia católica, porque este es un ámbito en el que sin duda hay que continuar trabajando hasta hacer justicia.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Queríamos agradecer al defensor del pueblo y a su equipo la elaboración de este informe y el trabajo que han realizado para sacarlo adelante. Creo que el que hayan tramitado más de 34 000 expedientes viene a demostrar que la ciudadanía sigue encontrando en esta institución una vía para ser representada y para ser escuchada y para poder dar traslado de las deficiencias que encuentran en la Administración pública. Ahora bien, queremos decir que no solo nos podemos quedar en señalar esas deficiencias, no solo nos podemos quedar en las palabras, lo que la ciudadanía espera es que esos fallos sean corregidos, que cada recomendación tenga su seguimiento, que cada vulneración de derechos tenga sus consecuencias y que las Administraciones competentes respondan ante los fallos que se señalan. Coincidimos con las principales preocupaciones que señala el informe: la sanidad pública debilitada, los retrasos inasumibles en la salud mental, la falta de recursos en discapacidad y dependencia, los problemas crónicos a la hora de poder acceder a una vivienda, la gestión completamente inadecuada ―y lo vivimos los canarios y canarias en primera persona― en la acogida de personas migrantes que llegan a nuestras costas. Pero nosotras echamos de menos un posicionamiento más firme y directo a la hora de señalar qué Administraciones son las que están bloqueando estos asuntos. No es lo mismo una Administración que intenta garantizar los derechos y los recursos que otra que recorta, que externaliza o que directamente lo que hace es ignorar a la población que está en situación de vulnerabilidad. En sanidad, por ejemplo, se habla en el informe de demoras, se habla de la sobrecarga, pero no se menciona con claridad que todo esto es resultado de décadas de privatizar y concertar nuestra sanidad pública. En vivienda también se reconoce la gravedad de los desahucios sin garantía habitacional, pero creemos que se queda corto a la hora de dar un tirón de orejas tanto al Gobierno del Estado como a las comunidades autónomas, porque no estén garantizando esa alternativa habitacional digna a las personas que han sido desahuciadas.

Celebramos que ponga el foco, por ejemplo, en la violencia vicaria, en el edadismo a las mujeres, en el tratamiento que se da a las menores migrantes que llegan a Canarias y también celebro que haga una referencia a la temporalidad de los trabajadores públicos que están en fraude de ley, así lo ha señalado el propio TJUE, y ayer tuvimos la oportunidad de recibirlos en el Congreso.

Sin más, quiero darle las gracias por su trabajo. A ver si podemos actuar para corregir estas situaciones. Gracias. (Aplausos).

Egun on. Gabilondo Jauna, ongi etorri zure etxe honetara. Eskerrik asko zure txostenagatik, zure hitzengatik eta, beti bezala, hain zehatz eta sakon izateagatik zure azterketetan. Arartekoaren, beno, Espainiako Defentsorearen urteko txostenak honako hau nabarmentzen du: jarraitzen dutela akatsen iraunkortasuna, tortura eta tratu txarrengatiko kondenak, hain zuzen ere, pertsonak zaintzeaz arduratzen direnengan. Eta ez dago datu argirik jakiteko zenbat artxibatu edo zenbat absolbitu egiten diren salaketa horiek, eta horrek ebaluazio egokia eragotzi egiten du giza eskubideen eta araudiaren nazioartean. Eta horrek, nolabait, beste arazoak sortzen dizkigu. Eta eman dira, zoritxarrez, eman dira oraingoan ere giza eskubideen aurkako eta tratu txarrei dagozkien arazoak.

Buenos días, señor Gabilondo. Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias por su informe, por sus palabras y, como siempre, por expresarse de manera tan concreta.

El Defensor del Pueblo de España deja claro que sigue centrándose en las personas que han recibido torturas, pero no hay datos claros sobre las absoluciones de esas denuncias. Eso impide una correcta evaluación en cuanto a los derechos humanos y, por supuesto, causa otros problemas. Desgraciadamente, esta vez, también se han dado tratos incorrectos, y hay problemas relacionados con los seres humanos.

Usted no ha hecho referencia al informe de la Asociación Salhaketa de Nafarroa sobre la situación de la cárcel de Pamplona; es un mapeo de la realidad penitenciaria de Navarra. Creo que sería interesante que lo hubiera estudiado porque refleja en qué situación se encuentra en estos momentos la cárcel de Pamplona. Se han detectado problemas en salud mental, se han incrementado los diagnósticos especialmente relacionados con el consumo de drogas, se estudia el régimen penitenciario, la edad de las personas, el desarraigo, la infraestructura infrautilizada, porque solo cuatro de los diez módulos residenciales están abiertos, o las carencias básicas en problemas como en alimentación, etcétera. También se dan testimonios de vulneración de derechos, de malos tratos, humillaciones y vejaciones, por ejemplo. Además, hay deficiencias en atención sanitaria y educativa. Me parece que sería interesante, ya que el informe lo ha hecho un elemento externo, que el Defensor del Pueblo también se interesara por la situación de la cárcel de Pamplona en este caso, porque creo que no es de recibo que en el año 2025 sigamos teniendo en un centro penitenciario como el de Iruña estas deficiencias, si estas cuestiones que se plantean en este informe son verdad.

Son muchos los temas que usted ha tratado. A todos no podemos llegar y, evidentemente, todos ellos nos generan mucha preocupación. Yo me voy a centrar en cinco básicamente. Uno es el que ya le he comentado.

En el tema de inmigración y menores no acompañados, el Tribunal Supremo ya ha instado al Gobierno central a que tome medidas urgentes para atender a los menores no acompañados, especialmente en Canarias. La falta de corresponsabilidad territorial y la saturación en Euskadi, en este caso, es algo que tenemos que denunciar. En Euskadi intentamos atender dignamente y por eso estamos sobresaturados, porque atendemos dignamente. Estamos ante una realidad que nos desborda, que impide dar una atención adecuada a las personas que acogemos y tutelamos, porque Euskadi y sus instituciones, como decía, quieren dar la mejor asistencia posible y un cuidado seguro para que estas personas puedan desarrollar un proyecto de vida inclusivo en la sociedad de acogida. Esta misión es complicada, y lo es en gran medida porque no ha existido hasta ahora una labor moderadora por parte del Gobierno central, que es quien tiene la competencia en materia de migración. El Gobierno durante la pasada legislatura hizo oídos sordos a la petición de las comunidades autónomas de que se convocara la conferencia sectorial, solicitud que también realizó nuestro grupo en numerosas ocasiones. Porque vemos que no solamente en Canarias, sino que, cuando llegan también estos menores a la Península, la responsabilidad, la solidaridad y el compromiso no es igual por parte de todos, de todas las comunidades, además, de comunidades con cierto color político. Por tanto, señor defensor del pueblo, tenga en cuenta esta advertencia que le hace este grupo: eso genera una sobresaturación, pero una sobresaturación en aquellos sitios donde sí se da servicio.

No voy a entrar, pero sabe usted que nuestra posición es bastante contraria a un macrocentro en Vitoria-Gasteiz. Nosotros entendemos que va en contra del modelo vasco de acogida, porque creemos que necesitan una atención personalizada, digna y verdadera, y el proyecto del centro de acogida que está planteando el Gobierno español para hacerlo en Gasteiz no nos parece el más adecuado ni el más correcto para cumplir, precisamente, esa función.

Otra de las cuestiones que a mi grupo siempre le ha preocupado es el de la política lingüística. Hizkuntz normalizazioa hiztunei eskaintzeko, batez ere, hiztun horiek dituzten hizkuntza eskubideak babesteko modua da. Eta, azken batean, ezin duguna ahaztu da hiztunak direla eskubide linguistikoak dituztenak. Epaiak ari gara ezagutzen, zeinetan orain zenbait epaile, hizkuntz politika egitera ausartu direnak. Erabakiz ze hizkuntz-profil behar den zenbait postuetarako, zeintzuk ez. Eta nik uste dut epaileen aurrean guk irmo jarri behar dugula. Ze azkenean, gero, ziurtasun eza sortzen da prozesuetan, eta gero lanpostu horietarako ziurtasun eza horrek sortzen duen egonezina.

La normalización lingüística debe ser garantizada a los hablantes, es una manera de defender los derechos lingüísticos. No podemos olvidar que son los hablantes los que tienen esos derechos lingüísticos. Estamos viendo que en ciertos juicios se han atrevido a dictar políticas lingüísticas y deciden los perfiles lingüísticos que corresponden a ciertos trabajos o no. Y creo que debemos tener una respuesta firme ante esta situación, porque después se crean inseguridades en estos procesos y esa inseguridad crea también una incertidumbre.

No se están respetando los derechos lingüísticos de las personas vascoparlantes ante la Administración del Estado. La situación lingüística del personal contratado en el ámbito de la justicia de la Comunidad Autónoma de Euskadi es muy deficiente; se lo dijimos el año pasado también. No voy a darle datos, pero le puedo decir que los funcionarios que trabajan en la Administración General del Estado tienen conocimientos del euskera muy muy bajos, y solo un pequeño porcentaje de ellos tiene un dominio avanzado. No se puede garantizar, por ejemplo, que los tribunales puedan llevar a cabo procedimientos penales, civiles o relativos a asuntos administrativos en euskera. Desgraciadamente, este es el pan nuestro de cada día cuando tenemos que relacionarnos con la Administración General del Estado: en castellano y solo en castellano.

Las Administraciones tienen la responsabilidad y la obligación de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y no lo hacen, por lo que nuestra responsabilidad es reivindicar esos derechos. Pero ¿cómo vamos a exigir que las Administraciones cumplan con las obligaciones lingüísticas si ciertos responsables políticos son los primeros en faltar al respeto al euskera o al catalán y, en consecuencia, a todos sus hablantes? ¿Qué podemos esperar de esa gente? Más allá de la disconformidad ideológica, hay algo que enseñan en primero de comportamiento cívico, que es el respeto y la educación. Las personas que no tienen respeto o educación son maleducadas. Por lo tanto, señores del Grupo Popular, la señora Ayuso es una maleducada. Y vale ya de shows de prepotencia y chulería como el que se dio ayer en el Senado, y vale ya de decir que el euskera es una lengua española. El euskera es una lengua vasca que se habla en Euskadi y que hablan franceses, españoles, americanos y mucha gente más. (Rumores). Por lo tanto, tengan claro que vamos a estar siempre en pie ante situaciones como las que ustedes nos generan.

Ya me queda poco tiempo, pero hay otra cuestión, y es la situación de las personas trans. Se reconoce el derecho de las personas migrantes a cambiar de sexo, pero están teniendo muchos problemas para ello, señor defensor del pueblo. Esta situación afecta a su vida diaria, desde el acceso a los servicios sanitarios hasta la inserción laboral. La asociación Aldarte ha denunciado esta situación ante el Defensor del Pueblo. Usted ha señalado que la Oficina de Asilo y Refugio es la responsable, aunque esta aún no ha implementado el procedimiento.

Por último ―y acabo, señora presidenta―, quiero decir que nos preocupa mucho el tema de la homologación de títulos extranjeros. El Defensor del Pueblo ha recibido numerosas quejas sobre el colapso del sistema de homologación de títulos universitarios extranjeros. Aunque el Ministerio de Universidades ha implementado ciertas mejoras, la situación sigue siendo crítica. La sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso de esta competencia a la Comunidad Autónoma de Euskadi ha generado mucho enfado, y es un problema, porque consideramos que es una intromisión en el autogobierno vasco. Así lo ha mostrado el Parlamento Vasco. Al final, tenemos un problema por falta de profesionales en sectores clave como, por ejemplo, el de la salud.

Tendría muchas más cuestiones, señor defensor del pueblo, pero me voy a quedar aquí. Mila esker, urtero bezala, zure hitzengatik eta espero dezagun horrelaxe jarraitzea zure lanean. Mila esker!

Muchas gracias por sus palabras, como cada año, y esperemos que su trabajo siga igual.

Gracias, presidenta. En el Grupo Plurinacional SUMAR queremos comenzar expresando nuestro agradecimiento al defensor del pueblo y a todo su equipo por un trabajo riguroso. Y no solamente en la elaboración de este informe, sino también por el papel activo que desempeñan en la escucha de la sociedad, de los ciudadanos y de las ciudadanas, que muchas veces no encuentran respuesta en las instituciones. Instituciones como esta son vitales para una democracia real, porque no se limitan a registrar datos, acercan la Administración al día a día de la gente. Este informe nos invita a mirar donde a veces no se quiere mirar, a visibilizar realidades que algunos quieren que se olviden. Ese es precisamente el valor de su trabajo: poner en el centro lo que el poder tiende a dejar en los márgenes. Por eso hoy quería detenerme un momento y hablar de esas situaciones, de esos contextos que el informe recoge y que con demasiada frecuencia permanecen invisibles. No como un ejercicio de denuncia retórica, sino como un ejercicio de responsabilidad política y como una llamada a la acción institucional, porque mirar hacia otro lado también es una decisión política. Eso es lo que lleva pasando demasiado tiempo en los territorios donde gobierna el Partido Popular, en los cuales, según los datos del informe, es donde se interponen más quejas. Ya nos los conocemos, allá donde gobierna el Partido Popular se desatienden las urgencias sociales, se recortan los servicios públicos y se privatiza la respuesta a las necesidades que debería subsanar la Administración. Lo que refleja este informe es lo que ya sabemos: que muchas familias viven con preocupación, que los recursos públicos en salud son escasos y, cuando hablamos de salud mental, mucho más. Vemos que no están llegando a tiempo a las personas que más lo necesitan cuando lo necesitan, y esto está afectando especialmente a los y las jóvenes, porque faltan psicólogos, faltan plazas y en demasiadas comunidades autónomas siguen sin existir unidades específicas. (El señor Cerdán León entra en el hemiciclo.―Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso golpean rítmicamente el suelo y los escaños mientras dicen: ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión!).

Gracias. El Grupo Popular siempre busca la manera de mirar a otro lado cuando se está hablando de cosas que les interpelan (protestas), porque estábamos hablando precisamente de la falta de recursos…

… ¡en la sanidad pública que personas como Díaz Ayuso están quitando a los jóvenes y a las jóvenes españolas en nuestro país! (Aplausos de algunas señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista.―Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie). ¡Eso es lo que hace siempre el Partido Popular: mirar hacia otro lado!

Como les decía, no podemos permitir que Ayuso decida si los jóvenes y las jóvenes madrileñas pueden o no acceder a la salud mental, ni tampoco en ninguna de las otras comunidades autónomas donde ustedes gobiernan. (Protestas). Cuando adolescentes con ansiedad o depresión no pueden acceder a la atención temprana no estamos hablando solo de un problema de gestión, sino que también estamos vulnerando derechos fundamentales, y eso tiene consecuencias: abandono escolar, aislamiento, sufrimiento… Una democracia que no protege la salud mental de su juventud está sembrando un futuro con heridas profundas. Por eso celebramos que desde el Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente, se hayan dado pasos importantes al destinar más de 90 millones de euros para reforzar el Plan de salud mental pública a través del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio; inversiones que permitirán reforzar la atención psicológica en la sanidad pública y reducir la sobreprescripción de psicofármacos. También que, a su vez, el Ministerio de Infancia y Juventud haya impulsado una ley de entornos digitales seguros para proteger a niños, niñas y adolescentes frente al impacto de los entornos digitales en su salud mental. Es natural que exista esta pandemia silenciosa cuando la sociedad nos muestra cada día todo aquello que no podemos tener mientras gurús se aprovechan de las ambiciones legítimas de nuestra juventud.

Este informe también alerta de una de las principales amenazas de nuestra época: la liquidación del derecho de asilo, preludio del abandono del derecho internacional y, lo que es aún más grave, hacerlo con los niños y con las niñas, hacerlo con la infancia. Niños y niñas que llegan solos, en muchos casos después de un tránsito marcado por la violencia, la incertidumbre y el abandono y que al poner un pie en nuestro país no encuentran el sistema de acogida que necesitan, sino uno que les desorienta, que no les ofrece información, que no les garantiza intérpretes ni acompañamiento adecuado; un sistema que simplemente no está a la altura del mandato legal y de la responsabilidad que tenemos como país. Esto no puede seguir ocurriendo, porque no es un asunto de gestión, debe ser un asunto de política de Estado. No podemos seguir tratando a los niños que necesitan cobijo como un despojo. El Defensor del Pueblo denuncia esto con claridad, y también lo ha hecho el Tribunal Supremo, que ha dictado un auto que obliga a todas las Administraciones sin excepción a garantizar una acogida digna, adecuada y respetuosa con los derechos de la infancia solicitante de protección internacional. Hablamos de eso, de derechos, no hablamos de números, hablamos de infancia. Como dice el propio informe del Defensor del Pueblo, no son cifras, son menores de edad que necesitan protección efectiva, no solo jurídica, sino humana. No podemos seguir mirando hacia otro lado.

Mientras que los socios de Trump y Netanyahu en España, el señor Abascal y sus secuaces, repiten mentiras sobre las personas migrantes (rumores), hay personas muriendo y sufriendo en el mar. (Aplausos). Párense un segundo e imaginen los llantos de una joven que se ahoga. ¡Solo en 2024 murieron 10 457 personas tratando de llegar a España! Y esto no es solo una cuestión de omisión de nuestra responsabilidad de rescate en fronteras, también es una política activa de externalización de fronteras que está dificultando estos viajes y que está haciendo que más personas mueran en el mar.

Senyories, per descomptat, no cal mirar gaires més pàgines de l’informe per constatar una realitat que es viu dia a dia a l’Estat espanyol i al nostre territori. I és que hi ha una emergència habitacional. Una emergència que afecta sobretot al jovent, que treballant 40 hores a la setmana hauria de tenir el dret a sortir de casa dels pares. També a les famílies treballadores que destinen més de la meitat del seu sou al lloguer i hauran de renunciar a sortir aquest any de vacances. I quelcom encara més injust, una crisi habitacional que afecta a persones que porten tota la seva vida treballant amb disciplina i sacrifici i que ara, sent grans, han de ser expulsades de casa seva o viure amb por de les amenaces de fons voltors o de pujades abusives.

L’accés a l’habitatge digne no pot continuar sent una ruleta del mercat ni una oportunitat de negoci per als fons d’inversió. No pot ser un luxe ni quelcom amb què especular, mentre que milers de persones viuen atrapades entre lloguers impossibles o amenaces de desnonament. L’habitatge no pot considerar-se una mercaderia perquè és la base d’una vida digna. Per això, exigim que es tramiti per via d’urgència la reforma de la Llei d’arrendaments. No podem continuar tolerant que els lloguers de temporada s’utilitzin com a via d’escapament per esquivar la regulació i continuar inflant els preus. Regular-los és una qüestió de justícia, de control democràtic i de defensa del dret de viure dignament.

Senyories, hi ha més de 3000 queixes, centenars d’actuacions, milers de recomanacions… Totes aquestes queixes tenen històries darrere i és fonamental que nosaltres entenguem aquestes històries, que els hi fiquem aquesta cara, que els hi fiquem nom i que els hi donem respostes. Per això també és molt important que allà on governen vostès...

Señorías, por descontado, no hay que mirar muchas más páginas de este informe para constatar una realidad que se vive día a día en el Estado español y en nuestro territorio, y es que hay una emergencia habitacional, una emergencia que afecta sobre todo a los jóvenes que trabajan cuarenta horas a la semana y que deberían tener derecho a salir de casa de sus padres; pero también a las familias trabajadoras, que destinan más de la mitad de su sueldo al alquiler y que tendrán que renunciar a salir de vacaciones este año. Y lo que aún es más injusto, es una crisis de la vivienda que afecta a personas que llevan toda su vida trabajando con disciplina y sacrificio y que ahora, al ser mayores, se ven expulsadas de su casa o viven con miedo por las amenazas de los fondos buitres o por los precios abusivos. El acceso a una vivienda digna no puede seguir siendo una ruleta del mercado ni una oportunidad de negocio para los fondos de inversión. No puede ser un lujo ni algo con lo que se pueda especular cuando miles de familias viven atrapadas entre alquileres imposibles o amenazas de desalojo.

La vivienda no puede considerarse una mercadería, porque es la base de una vida digna. Por eso exigimos que se tramite por vía de urgencia la reforma de la ley de vivienda. No podemos seguir tolerando que los alquileres de temporada se utilicen como vía de escape para escurrir el bulto en la legislación. Regularlos es una cuestión de justicia, de control democrático y de defensa del derecho a vivir dignamente.

Señorías, más de tres mil quejas, centenares de actuaciones y miles de recomendaciones. Todas estas quejas tienen historias detrás y es fundamental que nosotros entendamos esas historias, que les pongamos cara y nombre y que les demos respuesta. Por eso es muy importante que allá donde gobiernan ustedes…,

… que allí donde gobiernan ustedes, las señorías del Partido Popular, pongan en el centro la agenda pública de los derechos públicos y dejen de externalizar derechos y de privatizar la esperanza.

Para terminar, los Comunes Sumar queremos agradecer de nuevo el trabajo riguroso que ha desarrollado el Defensor del Pueblo e invitar a la ciudadanía a conocer esta institución, que sepan que no están solos cuando se violan sus derechos, que hay instituciones como el Defensor del Pueblo al que pueden acudir. Defender los derechos, escucharlos y repararlos es la única manera de garantizar y reforzar una democracia real.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Gabilondo. Señor Gabilondo, el informe que nos acaba de presentar, relativo al año 2024, es un catálogo de elogios y un pasquín de propaganda de Pedro Sánchez, porque silencia las injusticias más evidentes, valida las leyes más injustas, respalda al poder frente a los abusos más flagrantes y ensalza unas políticas que nos conducen al abismo. (Aplausos). Es el panegírico perfecto de Pedro Sánchez. No cuestiona, no interpela y no incomoda. Este informe es el traje a medida que Pedro Sánchez siempre quiso: ninguna costura fuera de lugar, ningún hilo que pueda incomodar. Y el defensor del pueblo se ha olvidado precisamente de eso, de ser el defensor del pueblo y prefiere ser el sastre oficial del Gobierno, porque no hay ni una sola sugerencia ni recomendación que pueda incomodar. (Aplausos). El defensor del pueblo no está aquí para regalar los oídos a Pedro Sánchez ni para suavizar la realidad, sino para ser voz de los que no tienen voz, escudo de los más necesitados y también faro en la oscuridad de los descartados por unas políticas que cada día nos conducen más al abismo. El defensor del pueblo se ha convertido en un simple accesorio del Gobierno, dispuesto a justificarlo todo, a aplaudirlo todo y, lo que es peor, a callar cuando más necesario es que hable. (Aplausos). ¿Dónde está su denuncia sobre las consecuencias para la inseguridad o para el deterioro de los servicios públicos por parte de la inmigración ilegal? ¿Dónde está también su denuncia, por ejemplo, sobre el deterioro del sistema educativo y del sistema sanitario? ¿Y dónde está su pronunciamiento sobre la utilización política de unas instituciones que deberían ser neutrales o sobre la corrupción de este Gobierno? (Aplausos). A pesar de todo, sé perfectamente, porque así nos lo dice en comisión, que el defensor del pueblo dice que él actúa con plena independencia. Pues sí, independiente de sus funciones constitucionales, independiente de las necesidades del pueblo y también independiente de cualquier atisbo de coraje para denunciar todos los problemas que están generando los que dirigen hoy (señalando la bancada del Gobierno) la Administración General del Estado. (Aplausos).

Señorías, tal y como dispone el artículo 162 del texto constitucional, el Defensor del Pueblo tiene facultad para interponer recurso de inconstitucionalidad frente a leyes. Pues bien, el defensor del pueblo hizo dejación de funciones y no quiso interponer el recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía contra los que dieron el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 y demás criminales varios, a pesar de que lo habían advertido infinidad de juristas de reconocido prestigio y experiencia diciendo que era un atropello constitucional, una quiebra del Estado de derecho y también la voladura de la igualdad entre todos los españoles. (Aplausos). Su dejación de funciones, señor Gabilondo, es una deshonra que estará ya siempre en los anales de la institución del Defensor del Pueblo, un deshonor que ni el tiempo ni los premios institucionales que sus colegas luego le concedan podrán borrar. El señor Gabilondo ha decidido esconderse bajo la alfombra del consenso político que lo nombró ―señorías del Grupo Popular― y validar las leyes más injustas, respaldando la impunidad de los golpistas.

Y qué decir de la inmigración ilegal y de sus problemas para la ley, el orden, la seguridad y el deterioro de los servicios públicos. El señor Gabilondo, al igual que la inmensa mayoría de sus señorías, considera que puede venir quien quiera, a la hora que quiera y cuantos más, mejor. Señor Gabilondo, hoy es más fácil cruzar ilegalmente la frontera que llamar a un médico y que te atienda. Para el señor Gabilondo es positivo que la inmigración ilegal tenga en España alfombra roja, mientras a las familias españolas se las acribilla con impuestos confiscatorios, con trabas y con burocracia, como, por ejemplo, a los agricultores, ganaderos y pescadores, que están hartos de tener el campo minado de burocracia y demás exigencias que les impide tener la rentabilidad que sí tuvieron sus padres y sus abuelos.

Señor Gabilondo, hay una cuestión que a nosotros nos parece intolerable: que se haya vuelto a olvidar de los abusos sexuales a los niños tutelados por la Administración. (Aplausos). No le dedica ni una sola línea. ¿Por qué? Sepan sus señorías que nosotros, VOX, vamos a perseguir esta cuestión hasta el final, caiga quien caiga. Más de 1100 denuncias por abusos sexuales cometidos a niños tutelados por la Administración no merecen para el defensor del pueblo ni para ninguna de sus señorías, a excepción de VOX, ni una sola línea. (Aplausos). Señorías, la protección de los niños no es negociable.

Tampoco es negociable el derecho de los padres a que sus hijos sean educados de acuerdo con sus propias convicciones, porque son ustedes los que han introducido la ideología trans y LGTBI en la escuela y dan clases de contenido sexual a los más pequeños. Lo primero es una aberración de perturbados y lo segundo, una enferma promoción de la pederastia. Al igual que es absolutamente intolerable que en España ocurra una injusticia mayúscula también en el sistema educativo, y es que no todos los españoles tengan derecho a ser educados en español en todo el territorio nacional (Aplausos). Y ni una sola línea por parte del señor Gabilondo en este informe, que, como digo, es un pasquín de propaganda de Pedro Sánchez.

Por último, en esta ocasión sí ha tocado el drama del acceso a la vivienda el señor Gabilondo, pero se ha olvidado denunciar el fraude del Partido Socialista prometiendo y prometiendo construcción de vivienda pública, en esa estafa que ha sido un gatillazo deliberado. Y encima el señor Gabilondo tiene el cuajo de recomendar a todas las Administraciones públicas el cumplimiento de la ley de vivienda, una ley que ha menoscabado como nunca el derecho de acceso a la vivienda, que ha disparado los precios, que ha reducido la oferta de vivienda como nunca, que ha creado un cisma entre propietarios e inquilinos y que ha reducido a cenizas el sistema de propiedad, que era el alma de España y que hoy es irreconocible.

En definitiva, señorías, el defensor del pueblo no ha defendido ni al pueblo ni la verdad ni tampoco la justicia. Este informe, señor Gabilondo, no es más que un intento vano de callar lo que resuena y retumba en las calles y en los hogares españoles. Ha ignorado a los que se levantan antes del alba para sacar adelante a sus familias, a las familias que sobreviven con lo mínimo y a los que defienden la nación sin pedir nada a cambio. Se ha olvidado de los trabajadores del campo; se ha olvidado de las familias españolas, que están hartas de pagar impuestos confiscatorios para recibir cada día peores servicios públicos; se ha olvidado de los jóvenes que todavía tienen esperanza en esta tierra; y, señor Gabilondo, también se ha olvidado de los enfermos crónicos y de los enfermos de ELA, que esperan todavía desde hace meses dinero por parte de la Administración General del Estado (aplausos), algo absolutamente intolerable, porque al final, señor Gabilondo, quien se olvida del pueblo se olvida de España. VOX sabe perfectamente lo que somos y jamás olvidaremos de dónde venimos, lo que somos y a quiénes representamos. Representamos al pueblo español.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenos días, señor Gabilondo. Buenos días, señorías. (Continúan las protestas.―El señor De Olano Vela: ¡Ya está bien!). Siento profundamente el espectáculo vergonzante que están dando hoy aquí, señorías del PP. (Protestas de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.―Aplausos.―La señora Mínguez García sostiene en alto su teléfono móvil mostrando una imagen hacia la bancada del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.―La señora Guardiola Salmerón: ¿Está amenazando?―La señora Montesinos de Miguel: ¡Qué vergüenza!). Lo digo…

De nuevo, es un placer recibirle en la casa de todos y, por lo tanto, en la suya, señor Gabilondo. Muchas gracias, una vez más, por su exquisita y elocuente exposición. (Continúan los rumores.―El señor De Olano Vela: ¡A ver si escuchas a los demás también, que ya está bien!). En el Grupo Parlamentario Socialista valoramos no solo la lucidez de sus palabras…

Señor Gabilondo, buenos días. Buenos días, señorías. De nuevo, es un placer recibirle en la casa de todos y, por lo tanto, también en la suya, el Congreso de los Diputados. Muchas gracias, una vez más, por su exquisita y elocuente exposición. En el Grupo Socialista valoramos no solo la lucidez de sus palabras, sino que además tenga un discurso tan afable y constructivo, incluso con los que no piensan como usted. No puedo decir lo mismo de las señorías de VOX, a quienes pediría respeto a esta institución, imprescindible para la democracia y para los demócratas. Contestaré, a lo mejor, al final de mi intervención. Y, señor Gabilondo, es usted todo un ejemplo y espero estar a la altura.

El Defensor del Pueblo es un garante de los derechos de la ciudadanía. Es una institución transversal que se ocupa y preocupa de los ciudadanos, los cuales recurren a ella porque es una institución cercana en la que confían, y la confianza está precisamente en la base de las relaciones. Lo sabe bien la derecha y la ultraderecha, PP-VOX ―hoy lo estamos viendo―, que mediante mentiras, fakes y desinformaciones intentan continuamente romper esa confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones y en la propia democracia. Pero contra las mentiras (señalando hacia la parte derecha del hemiciclo), hechos (señalando hacia la parte izquierda del hemiciclo); y contra un relato falso (señalando hacia la parte derecha del hemiciclo), datos (señalando hacia la parte izquierda del hemiciclo.―Rumores.―El señor De Olano Vela: ¡Ja, ja!―Varias señoras y señores diputados chistan pidiendo silencio). Por eso el informe que cada año presenta el defensor arroja luz sobre las sombras que algunos pretenden echar sobre la realidad.

Es un informe estructurado, que facilita la identificación de manera clara y precisa las principales problemáticas, las actuaciones realizadas y las cuestiones sobre las que hay que trabajar; arroja luz y despeja dudas. Hay que dejar una cosa clara, que es de la máxima importancia: las actuaciones del Defensor del Pueblo se refieren a todas las Administraciones, no solo a la estatal. Esto significa que la fiscalización de esta institución es total, completa y transversal, a pesar de las diferentes competencias institucionales.

La institución del Defensor del Pueblo es, junto con los ayuntamientos, una de las instituciones más cercanas a los ciudadanos y no solo porque se pueden dirigir directamente a ella, sino porque es fácil hacerlo. El Defensor del Pueblo no hace una mera enunciación de problemas o la simple descripción de lo que sucede, sino que hace recomendaciones para construir una solución y afrontar un problema, y este aspecto se puede comprobar en este informe, en el que más del 80 % de sus recomendaciones son aceptadas por la Administración afectada, sea autonómica, local o estatal. ¿Y por qué acatan esas recomendaciones si no son imposiciones? La clave está en que el Defensor del Pueblo actúa desde el diálogo, buscando el consenso y la colaboración de las Administraciones para solucionar los problemas de los ciudadanos, todo lo contrario de lo que vemos hoy en el bloque de la oposición, donde el disenso sustituye al consenso y la bronca al diálogo, en busca del titular, en busca de un tuit viral, porque esa es toda su preocupación, no los problemas de los ciudadanos. Además, se debe destacar que el Defensor del Pueblo no solo hace recomendaciones y se olvida del asunto. El seguimiento anual que desde la institución se hace sobre algunos asuntos se sostiene en el tiempo.

Vamos con datos. Este informe anual recoge la labor llevada a cabo por el Defensor del Pueblo a lo largo de 2024, muy especialmente a partir de las 34 402 quejas que ha recibido de los ciudadanos y de las 185 actuaciones de oficio emprendidas ante distintas Administraciones públicas, además de las personas que ha atendido de una forma presencial a través de las llamadas telefónicas. Todo ello ha dado lugar a 1190 recomendaciones y a 843 sugerencias, entre otras resoluciones, además de las que ha hecho en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención. Lo dije en la comisión: para nosotros el trabajo realizado cada año por el Defensor del Pueblo no se traduce en un informe, sino que para los socialistas es un mandato de los ciudadanos. Es una hoja de ruta en la que trabajamos y trabajaremos respecto de las cuestiones y problemas planteados por los ciudadanos, tal como acabamos de hacer con la petición de creación de la subcomisión de investigación en el Congreso sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, una sugerencia nacida del informe del Defensor del Pueblo.

En este informe, los ciudadanos mostraron una máxima preocupación por diferentes temas: la vivienda; la eficacia de la Administración; el medioambiente; asuntos relativos a menores ―niños, niñas― y a adolescentes y a su educación; la migración; y la insuficiente atención sanitaria. Y el Gobierno progresista de Pedro Sánchez ha respondido como siempre: trabajando. Por otro lado, muchas quejas se refieren a actuaciones de las comunidades autónomas ―la que más recibe, por cierto, es Madrid― y muchas son sobre los temas más sensibles para los ciudadanos, como la sanidad o asuntos sociales. También comunidades como Aragón, donde el aumento de las quejas siempre va ligado a Gobiernos del PP, y aquí tenemos Justicia de Aragón. Esperemos que todos hagamos nuestro trabajo, porque toda esta labor de recopilación y seguimiento es muy útil para la ciudadanía y también para quienes debemos procurar las mejoras necesarias.

Asimismo, quiero destacar los dos informes monográficos incluidos en el informe anual, referidos a cuestiones muy importantes y de naturaleza muy distinta a las que el Defensor del Pueblo ha querido prestar una especial atención: la violencia vicaria ―las otras víctimas― y los problemas derivados de la inclusión financiera, los servicios bancarios y las personas vulnerables, dos problemas de gran magnitud en la sociedad en la que nos encontramos y, lamentablemente, de máxima actualidad. Por cierto, algunos de estos problemas VOX los niega, incluso no solo con los datos en la mano, sino con la realidad delante de sus ojos. Y permítame decirle ―porque creo que el defensor no tiene derecho a réplica―, como le dije el otro día en la comisión, señoría de VOX, señor Hoces Íñiguez, que no es ningún problema que usted diga que este defensor defiende al Gobierno de Pedro Sánchez si usted se refiere a que este defensor defiende a los agredidos de los agresores, a los más débiles, a los que más lo necesitan. (Aplausos). Eso es lo que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez. Y ya se lo dije el otro día: si ese es el problema de defender al Gobierno, estoy de acuerdo.

Por otra parte, señorías, dado que, como he dicho, no tiene derecho a réplica, siento mucho la actitud del Grupo Popular hoy; no es propia, no la puedo compartir nunca y la veo impropia de gente que está en el Congreso de los Diputados. Estamos en el templo del respeto y de la palabra y por eso les pediría que siempre lo tuvieran. Lo he dicho claramente: ante el insulto, hechos.

Termino. Permítame, defensor, trasladarle que los socialistas seguiremos atentos al trabajo del Defensor del Pueblo, y quisiera darle nuevamente las gracias a usted y a todo su equipo por su intervención y por el trabajo que han realizado. Muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Gabilondo. (Aplausos).

Buenos días. Doy la bienvenida al defensor del pueblo y a todo su equipo. Hace ya más de un año que compareció usted en la Asamblea, y desde entonces han pasado muchas cosas. Hemos sufrido el colapso del sistema eléctrico nacional y el Gobierno nos ha dejado sin luz, sin móvil y sin servicios esenciales toda una jornada. Cuarenta y cinco días después, no tenemos ni una explicación del Gobierno ni una asunción de responsabilidad. (Aplausos). Se dan, por tanto, los motivos, señor defensor, para que actúe de oficio ante el Gobierno de España, que, por cierto, ni se ha inmutado con el nuevo apagón de la isla de La Palma. Lo mismo le digo del caos ferroviario. Los usuarios de cercanías, del AVE o de cualquier tren de Renfe no tienen garantizadas la fiabilidad del servicio ni su propia integridad. Les dejan tirados en mitad de un túnel o en un descampado y el Gobierno ni se inmuta. Actúe de oficio, señor defensor, ante el ministro de Transportes. Lo mismo le reclamé en comisión en materia de vivienda ¿Quién va a alquilar una vivienda si no tiene garantizada que la pueda recuperar? ¿Está expulsando el Gobierno las viviendas de alquiler? Están disparando el precio y está afectando a los de siempre, a los más vulnerables, a los que tienen contratos precarios, es decir, a la mayoría de los españoles. (Aplausos). Y encima desde Moncloa siguen con sus mentiras Hay que soportar los anuncios de vivienda nueva que nunca nunca llegan. Se burlan de la gente, señorías. Estamos pagando siete años de un Gobierno sin proyecto nacional, sin reformas estructurales y sin presupuesto. Y vamos a pagar muy cara la degradación institucional en la que ha caído España y sobre la que el Defensor del Pueblo sigue sin hacer una mínima reflexión. Esta legislatura arrancó con una amnistía ―impunidad por siete votos― y el defensor decidió no recurrir la ley. Se lo dije en comisión, un error histórico que también pagará este país. Pero llegados a este punto de retroceso democrático, yo, señorías, me pregunto dónde está el umbral de lo admisible para el Defensor del Pueblo. (Aplausos.―La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). ¿Es admisible que siga en su puesto un fiscal general a punto del banquillo por indicios que apuntan a que ha cometido un delito en una operación política dirigida desde Moncloa para acabar con una adversaria, la presidenta Isabel Díaz Ayuso? ¿Es admisible que los ministros socialistas acusen al Supremo de prevaricador? Usted ha sido ministro de un Gobierno socialista. ¿Esto es admisible? ¿Es admisible que el Gobierno entre en choque con jueces y fiscales, con la Guardia Civil y con todo aquel que ose investigar la corrupción que cerca al presidente Sánchez y a su entorno? La corrupción que sufre España está acelerando el envilecimiento de las instituciones y ―créanme― el Defensor del Pueblo no puede ser mero espectador, no lo puede ser; los españoles necesitan que les defiendan de un Gobierno corrupto. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Muy bien!). Hasta el Consejo de Europa denuncia que el Gobierno está incumpliendo sus recomendaciones para la lucha contra la corrupción de sus altos cargos. ¡Hasta ahí hemos llegado! Mientras la mujer y el hermano del presidente vivían del cuento; mientras los diputados y dirigentes Santos Cerdán y Ábalos se daban la vida padre ―la vida padre― a costa del dinero de los españoles, con mordidas ―sí señor, Cerdán, con mordidas― (aplausos), con pelotazos, incluso en plena pandemia (un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben); mientras Sánchez y la élite socialista (el señor Santos Cerdán: ¡Fuera! ¡Eso lo dices fuera!) se enriquecían ―o se siguen enriqueciendo, porque no sabemos si han parado de enriquecerse a costa de los españoles y de vivir del cuento―; mientras esto sucedía, ¿saben qué pasa? Que otros españoles ―7 700 000, señor Cerdán― malviven, en situación de paro, de precariedad; malviven. Y los que tienen trabajo no están mejor que los que malviven con un sistema de ayudas que, por cierto, está colapsado. Pregunten al tercer sector. Según Save the Children, tener hoy un trabajo en España no garantiza tener lo básico para vivir. Esta es la España de Sánchez. El 83 % de los contratos son temporales, parciales o fijos discontinuos, y esa pobreza laboral que nos ha traído la izquierda solo lleva a la pobreza infantil. Lideramos, señorías, la pobreza infantil en Europa, como lideramos el paro y como lideramos la corrupción. Sufrimos a un Gobierno corrupto y también inepto. En esto estamos.

¿Y la sanidad? Alguien ha presumido aquí de la salud mental. Ustedes no están en lo importante. Están tapando la realidad que sufren los españoles: la realidad de los enfermos de ELA, a los que de forma miserable dan la espalda; la realidad de los enfermos oncológicos, a los que dejan sin financiación; y la realidad de quienes sufren enfermedades mentales. Un 0,8 por ciento es el presupuesto de la señora García para su cacareado Plan Nacional de Salud Mental.

El Gobierno siempre está sacudiéndose su responsabilidad. Fíjense en cómo tienen Canarias, el caos en las fronteras. Hasta el propio Tribunal Supremo ha advertido al Gobierno de que va a tomar medidas coercitivas si insiste en seguir incumpliendo sus obligaciones con los menores en Canarias. ¿Pero se puede ser desalmado? Permiten que las mafias campen a sus anchas y cuando vienen los problemas, ¿qué hacen ustedes? Culpan a las comunidades autónomas y las responsabilizan de un reparto ilegal de personas, sin financiación, sin consenso y por cuotas territoriales, y las comunidades autónomas, incluida alguna del Partido Socialista, dicen que no. Les dicen que no, señorías, a tanta inmoralidad.

Hay un asunto que de forma reiterada, y cuando tengo ocasión, comparto con el Defensor del Pueblo, y hoy no va a ser distinto. Señor defensor, es necesario, urge que usted deje de dar carpetazo a las quejas que recibe desde Cataluña de padres y alumnos que reclaman su derecho a recibir educación en castellano. (Aplausos.―El señor defensor del pueblo, Gabilondo Pujol, hace gestos negativos y pronuncia palabras que no se perciben). Urge. España se está yendo de Cataluña de la mano del Partido Socialista. No colabore usted, no dé la espalda a quien siente vulnerados sus derechos fundamentales y acude en su auxilio.

Miren, los españoles merecen respeto, los españoles merecen explicaciones, España merece políticos decentes y honestos. Y como de eso hoy no hay en España, el Partido Popular pide explicaciones, dimisiones y elecciones.

Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie, mientras dicen rítmicamene: ¡Di-misión! ¡Di-mi-sión! ¡Di-mi-sión!).