Proposición de reforma del Reglamento del Congreso para incorporar un nuevo Título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios.

Gracias, señor presidente. Señorías, vivimos tiempos inciertos de geopolítica convulsa en los que peligran los valores democráticos. Hemos visto asaltos a Parlamentos y a instituciones. Hemos sufrido desinformación y ciberataques. Vivimos tiempos en los que se quiere imponer la ley del más fuerte, en los que se pisotean los derechos humanos. Por eso, señorías, es ahora más necesario que nunca dar ejemplo y defender la democracia y las instituciones, y una de las mejores maneras de hacerlo es con transparencia. Señorías, hoy tenemos la oportunidad de dejar bien claro a la ciudadanía que estamos en contra de la corrupción y que queremos unas instituciones limpias y transparentes. Nos lo exige la ciudadanía y debemos poder ser un espejo en el que se vea reflejada la sociedad que representamos. Pero algunos son los magos del escapismo. Se les llena la boca hablando de corrupción, pero a la hora de la verdad no quieren romper mecanismos para acabar con ella. ¿Por qué será? ¿Será porque algunos y algunas de ustedes, señorías de VOX y del Grupo Popular, han incumplido el código ético y mandato de las Cortes y de la ley electoral, declarando menos patrimonio y ocultando parte de sus ingresos? (Aplausos). Como ha hecho el señor Abascal y unos cuantos cargos electos de VOX, que ocultaron sobresueldos recibidos al hacer sus declaraciones de bienes en el Congreso y en las distintas instituciones a las que pertenecen. Y como hizo el señor Feijóo en el Senado, ocultando parte del mismo, o la señora alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, a la que el Senado instó para que rindiera cuentas y explicara su patrimonio. Ello implica falta de transparencia, de ética, ocultación a la ciudadanía y pone en entredicho la forma de haber adquirido un patrimonio. Por eso es más necesaria que nunca una reforma del Reglamento, tal como recogemos en esta proposición: este plan de Parlamento abierto, el primero de la historia del Congreso, para aumentar la transparencia y rendición de cuentas e impulsar la participación ciudadana, la sensibilización y formación de los miembros del Congreso, desde los parlamentarios al personal de las Cortes; es decir, acercar la Cámara a la ciudadanía. Esta proposición de reforma del Reglamento del Congreso incorpora un nuevo título XIV para la regulación de los grupos de interés y los incumplimientos o infracciones por parte de los diputados y grupos parlamentarios. Como dice esta proposición en su exposición de motivos, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Acción por la Democracia, para fortalecer los principales elementos de nuestro Estado de derecho y también para combatir los riesgos que sufren las democracias con la desinformación y dar más herramientas y poder a la sociedad española para evaluar la acción de los poderes públicos. Así, uno de los tres ejes del plan es reforzar el Poder Legislativo, mediante reformas que garanticen una mayor transparencia, mayor publicidad y fiscalización en el ejercicio de la labor legislativa. El artículo 23 de la Constitución recoge la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y se han puesto en marcha numerosos mecanismos a través de los cuales los servidores públicos interaccionan con la ciudadanía y escuchan las demandas para seguir mejorando nuestro modelo de convivencia. La regulación de la actividad de influencia de los grupos de interés en el seno de las Cortes Generales es una asignatura pendiente. Cumplidos cuarenta y cinco años de la aprobación de la Constitución hay que abordarla, pues se han producido numerosas transformaciones en el seno de la política española que deben encontrar respuesta en el ordenamiento jurídico español. Entre los nuevos instrumentos para influir en los acuerdos adoptados por los poderes públicos han cobrado especial protagonismo los grupos de interés y personas físicas y jurídicas que actúan en su representación, entre las que se encuentran empresas de representación institucional o de asuntos públicos.

Señorías, esta reforma pretende aportar mayor claridad y orden a la labor de los representantes de estos a través de la imposición de una serie de obligaciones que serán de aplicación a su interacción con los miembros y empleados públicos del Congreso de los Diputados. La transparencia que aportará esta reforma permitirá dar a conocer qué entidades están tratando de influir en las políticas públicas que a diario preparan, debaten y aprueban en el seno del Congreso, así como regular los grupos de interés, conocidos como lobbies, mediante la creación de un registro de inscripción obligatoria. Estos grupos incluyen toda entidad, plataforma y persona física o jurídica que pretenda incidir en la toma de decisiones del Congreso. De esta forma, todo aquel que quiera comunicarse con diputados, grupos, personal eventual, asesores y personal de la Cámara deberá inscribirse en un registro gratuito de grupos de interés de nueva creación, siendo los datos consignados de consulta pública. Otra propuesta de reforma es mejorar el principio de integridad en la vida política. La corrupción es una lacra grave que afecta negativamente a la calidad democrática, por lo que esta reforma se orienta a fortalecer la capacidad de nuestros órganos constitucionales para prevenir y castigar conductas contrarias a los estándares de ética exigibles a los representantes públicos. También es muy importante la limitación que recoge la reforma por la que no podrá actuar en representación de los grupos de interés quien haya ostentado la condición de miembro de las Cortes Generales o haya sido alto cargo del Gobierno, en ambos casos en los dos años anteriores, ni tampoco quien haya sido inhabilitado judicialmente para acceder a cargo público. También se exige total transparencia en la identificación de grupos de interés y sus representantes, con el compromiso de no difundir información confidencial. Tal y como recoge el artículo ciento sesenta de la Ley del Régimen Electoral General, las y los parlamentarios están obligados a formular declaración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. También deben dar cuenta de sus bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, y también cuando se modifiquen sus circunstancias. En octubre de 2020 aprobaron en las Mesas del Congreso y Senado un código de conducta de las Cortes Generales, cuyo objetivo es desarrollar las obligaciones de diputados y diputadas, senadores y senadoras, incluidas en los reglamentos de ambas Cámaras, para garantizar la ejemplaridad y transparencia, porque como representantes del pueblo deben responder con su comportamiento a los más exigentes imperativos éticos, y esta reforma recoge un sistema de sanciones para asegurar el cumplimiento de esas obligaciones. Así, promueve sanciones a diputados que falseen su patrimonio u oculten sus agendas y su relación con los lobbies; también para las diputadas y diputados que incumplan las previsiones reglamentarias, y especialmente para los que falseen sus declaraciones de bienes, actividades o intereses económicos o no cumplan con el código de conducta de las Cortes.

Voy terminando. Señorías, la democracia es el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y está íntimamente ligada a la participación ciudadana, por ser esa forma de gobierno la que reconoce la relación de derechos basada en la libertad e igualdad que se traduce en el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos de Estado. Hagámosla, por tanto, partícipe, que se sienta bien representada, otorguémosle la confianza que nos pide. Como dijo Mahatma Gandhi, «la democracia se romperá con las riendas tensas, solo podrá existir apoyada en la confianza», y Rigoberta Menchú afirmó: «la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que solo se puede mantener si todo ciudadano la defiende.» En este momento crucial de la historia, hagamos que la ciudadanía confíe en sus representantes y defienda la democracia. Señorías, estamos en un momento decisivo y, como representantes de la soberanía popular, tenemos la oportunidad de confirmar que estamos en contra de todo tipo de corrupción. Tenemos que aportar todo tipo de garantía con transparencia. Somos los representantes del pueblo, el espejo en que se pueden mirar, representamos sus intereses, y, ante una sociedad que clama para que acabemos con situaciones de corrupción, más que nunca tenemos que estar desde el momento uno asistiendo y atendiendo a las demandas de la ciudadanía, y tenemos que hacerlo declarando todo nuestro patrimonio e ingresos al tomar posesión del acta y al finalizar la legislatura, con transparencia en nuestra gestión, en nuestras reuniones con distintos grupos de interés, tanto personas físicas como jurídicas.

Ahora sí que termino. Señorías, demos ejemplo, que podamos ir con la cabeza bien alta, que los ciudadanos se sientan realmente representados por nosotros, tal como exige una sociedad democrática. Por eso espero que apoyen esta iniciativa, una iniciativa a favor de la transparencia y la rendición de cuentas para los ciudadanos que nos votaron. Señorías del Grupo Popular, confío en que al menos hoy dejen a un lado la ley que más les gusta, la ley del embudo, y apoyen esta iniciativa. (Aplausos). Los socialistas no tenemos nada que ocultar. ¿Y ustedes?

Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Esta é a segunda ocasión en que ven ao Pleno do Congreso unha proposta similar, teoricamente para garantir a transparencia na actuación de deputados e deputadas fronte á presión dos lobbies, porque iso é o que son, ese eufemismo grupos de interese. A nosa posición e a posición do BNG non mudou de entón a agora. O BNG defende a máxima transparencia en todos os ámbitos da xestión e das políticas públicas, precisamente porque entendemos que estas deben estar ao servizo dos intereses das maiorías sociais, das clases populares e dos pobos e nunca para beneficiar intereses particulares. Por iso rexeitamos rotundamente todo tipo de inxerencia e de presión dos intereses económicos sobre os poderes públicos. Agora ben, como dicíamos na altura, dubidamos de que realmente sirva para acabar con esa expresión legalizar a figura do lobista profesional, porque isto é exactamente o que están a propor. Comprenderán ademais que a dúbida é maior porque neste estado algúns dos lobistas son exministros, exdeputados e deputadas e exaltos cargos do bipartidismo tradicional cando non expresidentes do goberno. Mais tamén porque os grandes poderes económicos teñen outros medios e interlocutores sen necesidade de pasar polo Congreso. E por tanto, eu xa lles digo, farían vostede bastante mellor con vixiar as portas dos ministerios, das casas de correos, de sedes pagadas en diñeiro negro sen esquecer, por exemplo, o palco do Bernabeu ou os reservados de restaurantes de luxo. Porque ademais o que vostedes nunca se preocuparon por regular, para prohibir, son as portas xiratorias, exemplo vivo e visíbel da corrupción na Administración do Estado e da convivencia entre grandes poderes económicos, especialmente no sector eléctrico e enerxético, e gobernantes. Non é falar por falar, aí están os exemplos de participación de exministros, máis de 20, ou de expresidentes, González e Aznar —t‌anto monta, monta tanto— en consellos de administración de grandes eléctricas. Parece que nisto, PSOE e PP non teñen grandes discrepancias. Vostedes utilizan o argumento de que se trata de favorecer a transparencia e coñecer quen presiona, quen pretende influír nas decisións e nas leis. Está ben, mais do punto de vista do BNG o ideal é rexeitar calquera tipo de presión dos poderes e dos intereses económicos. Por iso, repito o que dixen hai catro anos, nisto o BNG prefiriría o evolucionismo ao reduccionismo. En todo caso, na proposta presentada hai elementos que son inadmisíbeis do punto de vista democrático desde a nosa perspectiva, porque dificultan o labor de relación coa sociedade. Porque serán capaces vostede de defender que é democrático e de esquerdas tratar igual a Repsol que unha plataforma de xubilados? Parécelle normal establecer as mesmas esixencias para a plataforma Ulloa viva que loita contra a mega celulosa de Altri en Palas de Rei que a transnacional Altri? Ou ao seu lobista profesional acento do exministro Xosé Blanco, por certo, tamén de Palas de Rei, consideran lóxico esixir o mesmo ás empresas do IBEX-35 que unha asociación de veciños? Nós evidentemente non. É simplemente un disparate e un despropósito do punto de vista democrático. Non sei con quen acostuman a reunirse vostedes mais asegúrolles que as miñas reunións como deputado do BNG son fundamentalmente con plataformas e entidades sociais de todo tipo que representan a defensa do ben común e do interese colectivo. En todo caso, acabo, concordamos na necesidade de abrir un debate sobre isto, mais xa advertimos que ou corrixen estes elementos antisociais e antidemocrático no trámite de emendas ou o BNG acabará por votar en contra. Moito obrigado.

Gracias, presidente. Buenas tardes. Es la segunda ocasión en la que vengo al Pleno con una propuesta similar, teóricamente para garantizar la transparencia en la actuación de los diputados y diputadas frente a la actuación de la presión de los lobbies. La vez anterior fue en mayo de 2021 y nuestra posición no ha cambiado desde entonces. Defendemos la transparencia máxima en todos los ámbitos de la gestión y de las políticas públicas, precisamente porque entendemos que estas deben estar al servicio de los intereses de las mayorías sociales, de las clases populares y de los pueblos, nunca para beneficiar intereses particulares. Por eso rechazamos todo tipo de injerencia de los intereses económicos sobre los públicos. Ahora bien, como decíamos entonces, dudamos de que esto sirva para acabar con esas presiones, porque esto es precisamente lo que están proponiendo. Comprenderán mi duda, porque en este Estado algunos de los principales lobistas son exministros, exdiputados y ex altos cargos del bipartidismo tradicional, también expresidentes del Gobierno, pero también porque los grandes poderes económicos tienen otros medios e interlocutores más directos. Yo creo que sería muy importante acabar con sedes pagadas en dinero negro, como por ejemplo el palco del Bernabéu, o restaurantes de lujo que son pagados con ello, porque ustedes nunca se preocuparon de regular cómo prohibir las puertas giratorias, que son un ejemplo vivo y visible de la corrupción en la Administración del Estado y de la connivencia entre los grandes poderes económicos. Esto no es hablar por hablar. Estamos, por ejemplo, viendo la participación de exministros o expresidentes, González y Aznar ―tanto monta, monta tanto―, en consejos de administración de grandes eléctricas. Parece que en esto el PSOE y el PP no tienen grandes discrepancias. Ustedes utilizan el argumento de que se trata de favorecer la transparencia y conocer quién presiona y pretende influir en las decisiones y en las leyes. Está bien. Desde el punto de vista del BNG, lo ideal es rechazar cualquier tipo de presión de los poderes y de los intereses económicos. Por eso nosotros preferiríamos el abolicionismo al regulacionismo. En todo caso, en esta propuesta hay elementos que son inadmisibles, como el hecho de dar una apariencia de decencia a relaciones con los grandes poderes económicos, introduciendo cosas que son antidemocráticas, porque ¿son ustedes capaces de defender que es democrático y de izquierdas tratar igual a Repsol que a una plataforma de jubilados? ¿Les parece normal establecer las mismas exigencias para la plataforma Ulloa Viva, que lucha contra Altri en Palas de Rei, que para un lobista profesional como Acento? ¿Consideran que es lógico exigir lo mismo a las empresas del IBEX 35 que a una asociación de vecinos? Nosotros, desde luego, no. Es un disparate y un despropósito desde el punto de vista democrático. No sé con quién se reúnen ustedes, pero les garantizo que en mis reuniones como diputado del BNG lo hago con plataformas y entidades sociales de todo tipo, que representan la defensa del bien común y del interés colectivo. En todo caso, estamos de acuerdo en la necesidad de abrir un debate al respecto, pero ya les decimos que, si no eliminamos estos aspectos antisociales y antidemocráticos, acabaremos votando en contra. Gracias.

Gracias, presidente. Señorías, estamos debatiendo ahora mismo en esta Cámara la toma en consideración sobre la regulación de los lobbies y también cómo limitar su influencia en la política y en la dinámica institucional. Se plantea incorporar una serie de normas de control de la actividad parlamentaria, también de los grupos parlamentarios y de los propios diputados y diputadas, para limitar el condicionamiento externo de los grupos de presión y de los poderes económicos y financieros. Por ende, se está reconociendo explícitamente que la actividad de los grupos y de los diputados y diputadas no es neutra, sino que está sujeta a una serie de condicionantes por parte de actores económicos que enturbian y determinan el proceso legislativo en función de sus intereses y de sus beneficios. Nos parece bien que haya, por fin, un régimen sancionador a diputados y diputadas que no cumplen con su obligación de presentar la declaración de bienes o la declaración de actividades, como ha pasado con los diputados y las diputadas de VOX, en un ejercicio de nula transparencia. Evidentemente, entendemos que es una falta de transparencia para la ciudadanía, pero también que eso no puede quedar al arbitrio de la Mesa o de la Presidencia de turno, sino que tiene que haber sanciones para que ni siquiera se pueda acceder a tomar el acta de diputado si no cumplen con el Reglamento. Insisto, en esta Cámara hemos comprobado de primera mano lo que ocurre cuando te atreves a legislar sobre los privilegios del oligopolio bancario o del oligopolio eléctrico o en contra de los intereses y los privilegios de los rentistas. Lo vemos también cuando se trata de investigar la causa del apagón o la pederastia de la Iglesia, cuando se quieren dirimir responsabilidades en las últimas crisis financieras o determinar por qué seguimos comprando armas a Israel mientras se perpetúa un genocidio bajo la mirada ausente de este Gobierno, también de las instituciones comunitarias e internacionales.

Reconocer que existe presión de los grupos de interés es un primer paso para regularlos, pero no es suficiente mientras los partidos del bipartidismo sigan siendo sumisos y serviles a los poderosos que no se presentan a las elecciones. El problema del actual régimen constitucional es que se ha normalizado la corrupción y el tráfico de influencias, asumiendo como si fuese natural la acción de presión de los poderes económicos, mediáticos y también judiciales. Hemos tenido un rey, que está hoy fugado, que ha sido el representante empresarial de lobbies y de fondos de inversión extranjeros. Este es el verdadero problema.

No se puede tratar de evitar y contener la acción de presión solo poniendo el foco en la actividad de los grupos parlamentarios en esta Cámara. El problema es muchísimo más profundo. Lo vemos a diario, por ejemplo, en el caso de la sanidad andaluza, donde la sanidad privada está consiguiendo blindar absolutamente todos sus negocios gracias al Gobierno autonómico de Andalucía, donde Moreno Bonilla prioriza siempre los beneficios de las clínicas privadas a los de la mayoría de las andaluzas. Ahora mismo acaba de anunciar que va a cerrar todos los centros de salud a partir del 30 de junio en Andalucía. Ocurre igual con la actividad de regulación de sectores estratégicos y vitales, como el sector eléctrico.

Termino. Por mucha regulación que se introduzca en este Reglamento, si no se actúa con contundencia y no aseguramos un control público de los sectores estratégicos, solo vamos a estar cubriendo con un parche lo que es un problema estructural. Vamos a presentar enmiendas a esta proposición de reforma del Reglamento porque somos conscientes de que la actividad de presión de los lobbies está profundamente enraizada en el actual régimen de tracción del bipartidismo, en la corrupción y en las puertas giratorias.

En este sentido, un cambio profundo en los equilibrios políticos tendría que permitir un avance democrático de mucho más calado.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, señorías. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa de reforma del Reglamento de la Cámara para regular y dar transparencia al ejercicio de aquellos interesados en influir en los grupos de la Cámara para que la posición de estos, en iniciativas debatidas en la Cámara, se oriente en la dirección y sentido de los intereses de aquellos grupos de interés. Señorías, este no es un debate nuevo. Se arrastra sin cuajar desde los mismos debates constituyentes, pasando por buena parte de las legislaturas, singularmente desde la décima hasta la pasada. Ahora, en esta XV Legislatura volvemos a debatir sobre la toma en consideración de un texto prácticamente idéntico al que ya fue tomado en consideración en la pasada, aunque no llegamos a tramitarlo porque hasta su disolución anticipada se mantuvo abierto el periodo de enmiendas, sin llegar a alcanzarse un mínimo común denominador entre una mayoría que representara más allá de la absoluta necesaria para la aprobación o modificación de nuestro Reglamento a las distintas corrientes ideológicas del arco parlamentario, incluyendo a las mayoritarias, aunque, lógicamente, sin condicionarlo a la unanimidad, que, aunque deseable, se antoja inalcanzable. Ahora, señorías, con la iniciativa debatida, que ya anticipo que nuestro grupo parlamentario votará a favor de su tramitación, confiamos en que no suceda lo mismo que en la pasada legislatura, aunque no creo que sea un buen comienzo haberla traído a la Cámara como se ha hecho, sin cocina previa, sabiendo los antecedentes que la preceden y la necesidad de transversalidad para la reforma y aprobación de nuestro Reglamento. Señorías, más allá de lo señalado y en cuanto al fondo del asunto, consideramos que toda la Cámara o buena parte de ella está de acuerdo en lo esencial, en la necesidad de regular el ejercicio de la actividad de influencia de los llamados lobbies en las iniciativas que se tramitan en la Cámara, muy especialmente en las legislativas. Acuerdo que también creo que compartimos en cuanto a su fundamento, en la exigencia y necesidad de transparencia tanto de los lobistas como del regulador, de que su actividad sea accesible a la sociedad, sobre todo para aquellos que puedan sentirse afectados por la correspondiente regulación sobre la que han actuado los lobbies. En definitiva, transparencia sobre quienes están tratando de influir sobre quién, sobre qué, sobre cuánto se gasta y qué resultados han obtenido.

Sin embargo, señorías, no creemos que, aunque en ocasiones se señale, una de las virtualidades de regular el lobismo en el ámbito parlamentario sea, de modo primario, la lucha contra la corrupción. Quizá tenga fundamento en la realidad donde surge el lobismo y su regulación inicial, en el sistema parlamentario americano, donde hay una relación directa entre el elector y el elegido, en el que se permite la financiación privada y limitada de la campaña de los candidatos y en el que el sistema de partidos y de grupo parlamentario funciona de una manera mucho más relajada en comparación con nuestro sistema electoral, tanto parlamentario como de partido. En su caso quizá sí tengan algo más de fundamento estas regulaciones en el ámbito de la rama política del poder, en la rama ejecutiva del poder político, ya que en el parlamentarismo que vivimos no hay prácticamente política pública que pueda prosperar en la Cámara sin la iniciativa o aquiescencia del Poder Ejecutivo a través de las mayorías que lo sustentan.

Señorías, conviene también recordar que, más allá de los elementos de coincidencia básicos sobre la regulación de los lobbies que acabo de apuntar, y otras que se podían también señalar, luego vienen las discrepancias sobre los detalles de esta regulación, haciendo bueno el dicho de que el diablo se esconde en los detalles o en la letra pequeña. En este sentido, nos preguntamos: ¿toda actividad de comunicación con esta Cámara y sus grupos ha de considerarse actividad de influencia? ¿Acaso es lo mismo una actividad esporádica que otra permanente y con continuidad? ¿O es lo mismo una persona física, una asociación de vecinos o, en el otro extremo, una gran corporación con grandes intereses económicos? ¿Es razonable una regulación tan amplia de la actividad de influencia del grupo de interés y de las obligaciones de registro que haga imprescindibles, en buena parte de los casos, los despachos de lobistas especializados en vender contactos y en su función de intermediario: de contarme lo que otros podían contarme directamente? ¿Y también es razonable regular sobre todo tipo de iniciativas que se tramitan en la Cámara o debiéramos centrarnos en las que realmente generan derechos y obligaciones, como son las iniciativas legislativas? Pero, señorías, si en los programas electorales ya se marcan modelos concretos de políticas públicas, ¿qué necesidad hay de exigir justificación extenuante cuando se concretan con ocasión de iniciativas parlamentarias? Señorías, ¿qué significa reclamar a los grupos de interés igualdad de oportunidades en el acceso a las actividades de influencia y, en su caso, reclamarla a los grupos parlamentarios? ¿Acaso resultará obligado recibir a quien políticamente no se quiere recibir? ¿Y qué significa exigir a los grupos de interés el respeto de la Constitución? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido y significado tiene también el establecimiento de un régimen sancionador respecto al incumplimiento del artículo 160 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto a la no declaración de bienes y actividades de los diputados en el registro de intereses, cuando de ese propio precepto se deduce con claridad la sanción correspondiente?

Voy finalizando, presidente. Después de explicitar algunos interrogantes sobre la iniciativa, y dejando en el tintero otros muchos que podrían apuntarse, pero que por falta de tiempo no hago, señorías, consideramos que la iniciativa debatida es un paso en la buena dirección, pero necesita una reflexión sosegada a fin de lograr la mayoría más extensa posible y que, en todo caso, concite el apoyo de las sensibilidades políticas más significativas por ser una reforma que afecta a las reglas de esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.

Presidente jauna, diputatuak, arratsalde on. Comenzaba la diputada socialista con unas palabras, que creo que cito literalmente ―si no, discúlpeme―, que decían algo así como que vivíamos tiempos inciertos en los que peligran los valores democráticos. Y seguía señalando la gravedad del momento que vivimos por la ola autoritaria. Estoy de acuerdo; tan de acuerdo estoy que casi podía haber sido el prefacio de una obra que en 1848 estrenaron Karl Marx y Friedrich Engels: era el Manifiesto comunista. Al final hablaba del fantasma que recorre Europa; el fantasma de entonces, ahora con aires renovados. Pero convendrá conmigo en que, después de esa introducción, de ese prefacio, lo que la ha acompañado se queda bastante por debajo de las necesidades. Sería algo así como aquello que seguramente todos ustedes han oído alguna vez aplicar en política de que «la montaña parió un ratón». Porque la iniciativa que hoy nos presentan no es sino una tímida medida para hacer frente a todo aquello que señalan como problemático y que nosotros y nosotras podemos compartir. No obstante, y para que no se dejen confundir por los elementos críticos que verteré desde esta tribuna a esta iniciativa, sí les señalo que votaremos a favor de su tramitación para que pueda ser mejorada. Pero sí quiero dedicar algo de tiempo a hacer algunas salvedades.

Está bien que se regule para que haya más transparencia, en eso que ahora llaman la huella legislativa, es decir, que uno pueda seguir toda la tramitación de una ley, quién la vota, quiénes se han reunido con esa persona para que la vote y qué intereses han podido mover a un determinado grupo para que la vote. Está bien también que haya un régimen sancionador para aquellas personas que incumplan unas mínimas normas. Otra cosa es, como bien se ha señalado antes, ver qué tipo de normas son las que deben ser sancionadas o deben ser motivo de sanción en caso de incumplimiento. Pero lo más importante, en todo caso, más que esta reforma del Reglamento, sería que trajeran la ley de lobbies que el Gobierno se comprometió a traer la pasada legislatura y que seguimos esperando todavía hoy aquí.

Como digo, está bien que se extienda la obligación a guardar una serie de recomendaciones a los diputados y a las diputadas. Y también está bien que se recomiende guardar esas obligaciones al personal de la Cámara y a los trabajadores y las trabajadoras de los grupos parlamentarios. Tan bien está que, seguramente, así habríamos tenido un recorrido más fácil para lo que ha pasado en el Senado con esos dos trabajadores que parece que se han dedicado ―no sé muy bien por qué, alguien lo explicará― a rebuscar en los ordenadores de decenas de senadores y de senadoras.

Está bien también que se regule el uso de los espacios. Quizás así nos evitaríamos aquello que se tuvo que ver el 2 de diciembre del 2024, cuando una cumbre ultraderechista tomó el Senado para hablar de sus posiciones en contra de la ley del aborto, de una ley que aquí forma parte del ordenamiento jurídico y que es materia legal. Como digo, está bien que haya un régimen sancionador, pero lo que hace que flojee de manera clara es que este régimen sancionador en última instancia recaiga en la Comisión del Estatuto del Diputado, que la forman también diputados y diputadas. Resulta harto complicado imaginar, salvo que la ingenuidad a uno le traspase por más allá del cogote, que diputados y diputadas vayan a sancionar a diputados y diputadas de su propio grupo por hacer algo con lo que, seguramente, no están en desacuerdo ni les parece motivo de sanción. Por tanto, ahí creo que tienen un punto débil. Y está bien que se ponga coto y freno a las informaciones falsas y a las faltas al respeto. Está bien plantear eso a los grupos de interés y a cualquiera, pero, claro, el problema es la ejemplaridad. ¿Qué ejemplaridad tenemos cuando en esta Cámara, desde esta tribuna, se vierten falsedades y se insulta por doquier prácticamente en todos los plenos de toda esta legislatura?

Creemos que lo sustancial tiene que ver con una diferencia, y la diferencia es que no es lo mismo ―por lo menos para nosotros y nosotras no, y voy a ser muy claro― un lobby con unos intereses privados y particulares, con una voluntad de lucro evidente, que la acción de los movimientos sociales o de colectivos populares en defensa ya sea de sus puestos de trabajo o de realidades que benefician al conjunto de la población y que, por tanto, no pueden ni deben ser tratados igual. Seré más claro todavía: no tenemos ningún empacho en decir que hemos hecho, hacemos y haremos proselitismo en favor de los movimientos populares. Que hemos hecho, hacemos y haremos una defensa encendida de todas las causas que nos traigan los movimientos sociales y nos lleven hacia una emancipación y hacia un camino real de transformación en una sociedad que, por desgracia, sigue siendo desigual y profundamente injusta, también por las capacidades para accionar los resortes del poder que tienen los lobbies empresariales frente a las clases populares.

Para que se entienda mejor esto que digo, y por poner un ejemplo cercano en el tiempo, habría sido muy interesante que la ciudadanía hubiera conocido, por ejemplo en el debate de la reforma fiscal, cuando aquí se estaba debatiendo si se ponía un impuesto a la banca y a las energéticas, con quién se reunían los CEO y los miembros de los consejos de administración de esas empresas, de esas grandes empresas ―y me da igual que hablemos de Iberdrola, de Repsol, de Naturgy, de Endesa o de EDP―. ¿Con qué grupos parlamentarios lo hacían, en qué pasillos se reunían y qué plantas visitaban? Yo se lo puedo decir con absoluta claridad: con nosotros y nosotras, con las gentes de Euskal Herria Bildu, no perdieron ni un minuto. No les hacía falta; no tenían nada que hacer. Pero estaría bien, también, que nos dijeran qué bancos y qué CEO de qué bancos vienen con asiduidad a este complejo, que es el Congreso de los Diputados, para reunirse con miembros de diferentes grupos parlamentarios y para qué lo hacen. También, les vuelvo a decir: no con Euskal Herria Bildu.

Les voy a poner un ejemplo que probablemente esté por venir: el del debate de la reducción de la jornada laboral. Veremos venir a los sindicatos a plantear la defensa de la reducción de la jornada laboral. Y nos parece bien. Pero veremos venir también, probablemente por la puerta de atrás, a muchos grandes empresarios a decir que está muy mal que se reduzca la jornada laboral a los y las trabajadoras. Estaría bien que la gente sepa con quiénes se reúnen y de quiénes captan o cooptan el voto para eso. Es muy cierto lo que se ha señalado en torno a las consultoras, porque no deja de ser paradójico que haya consultoras que se pueden permitir el lujo de tener como dos grandes cabezas dirigentes a un ministro del Partido Socialista y a un exministro del Partido Popular. Pero hay más. Estaría también muy bien que supiéramos, en definitiva, qué es lo que hacemos. Nosotros y nosotras lo decimos con absoluta claridad: perdemos nuestro tiempo, o empleamos nuestro tiempo, en reunirnos y hacer nuestras las defensas, por ejemplo, de las asociaciones de víctimas del amianto; de Las Kellys; de los trabajadores de empresas en riesgos, desde Tubacex hasta BSH y cualquier otra; de las plataformas de afectados de las hipotecas; de las plataformas de jubilados y jubiladas por pensiones dignas; de las asociaciones ecologistas que demandan una transición energética y una lucha activa contra el cambio climático; de los y las feministas, y en aquellas asociaciones que denuncian el genocidio contra Palestina. Lo reconocemos: seremos su altavoz, seremos la voz que ellos no pueden alcanzar a tener para poder denunciar aquello que hacen y para poder decir aquello que no se les permite decir. Pero, en definitiva, lo hacemos porque lo dijimos en campaña electoral, porque nosotros dijimos que veníamos aquí para dar voz a quien no tiene voz, y nosotros sí estamos comprometidos con ser parte de algo, de ese algo que, en todo caso, es un contrapoder, y es el poder de los movimientos populares frente al poder de las grandes élites y sus lobbies de presión. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Debatem, en aquest punt, la presa en consideració de la proposició de reforma del reglament d’aquesta cambra, amb la finalitat d’incorporar un nou títol per regular tot allò vinculat als grups d’interès. La voluntat de tirar endavant aquesta reforma no és nova, ve de lluny. S’hi referia fa un moment el diputat Legarda. I a l’anterior legislatura amb un redactat similar, però no igual, ja se n’havia iniciat la seva tramitació. Val a dir que ara es recupera i ho fa, ho fan vostès a l’empara del famós Pla d’acció per la democràcia, com se’ns diu a l’exposició de motius. Un pla, si ho recorden, sorgit d’aquella setmana de reflexió tan poc democràtica. Aquella setmana de reflexió del president Sánchez, un president Sánchez que, des del victimisme impostat, va fer un amago de dimissió per irrompre de ple a la campanya electoral catalana i condicionar d’aquesta manera el resultat de les eleccions al Parlament de Catalunya. Per cert, un resultat que avui avala la desnacionalització més gran que ha patit el nostre país, que ha patit Catalunya des de la restauració de la Generalitat. O sigui, absoluta coherència dels socialistes amb la regeneració democràtica. En fi, vostès sabran. Tornem al pla. Un dels seus eixos és el de reforçar el poder legislatiu mitjançant una sèrie de reformes que garanteixin una major transparència. Una transparència que faci possible la fiscalització de l’exercici de la tasca legislativa. I això passa per aquesta proposició que avui tenim sobre la taula. No entrarem ara en el detall de l’articulat de la proposició perquè el moment de fer-ho serà si prospera aquesta presa en consideració, però ja els avanço que, des de Junts per Catalunya, pensem que, de prosperar, caldrà ajustar l’articulat. Caldrà treballar per garantir una aplicabilitat de la norma. Caldrà aclarir conceptes i definicions ambigües, així com matisar la vaguetat d’algunes parts de l’actual redacció. Caldrà també estudiar si es poden simplificar tràmits i reduir la càrrega burocràtica dels nous processos previstos, a fi que no representin un sobrealentiment de l’activitat legislativa. I finalment, caldrà assegurar que els procediments sancionadors siguin tècnics i imparcials per tal d’evitar-ne la politització i fer-los eficients quan s’incompleixi amb la transferència. Però com els deia, d’això ja en parlarem si prospera la presa en consideració. El maig del 2021 el nostre diputat, en Josep Pagès, els deia des d’aquí mateix que anaven tard i que eren poc ambiciosos perquè, en comptes de copiar el que ja havien fet els altres, en comptes de fer com vàrem fer a Catalunya el 2014 i aprovar una llei de transparència per a tota l’administració, vostès només proposaven una modificació del Reglament de la Cambra baixa. És evident que quatre anys després han avançat i tenen en tràmit un projecte de llei que inclou el conjunt de l’Administració General de l’Estat. Hauria estat bé no oblidar-se de la seva tan volguda i opaca corona, massa sovint vinculada a foscos grups d’interès.

Mirin, no se’ls pot negar, senyories del grup socialista, que vostès, amb el president Sánchez al capdavant, de boquilla i sobre el paper, gesticulen per fer de la transparència i dels valors democràtics un pilar de la seva agenda i acció política. Però lamento dir-los que la situació conjuntural que els envolta, i sobretot com l’afronten, fa que sovint transmetin tot el contrari.

Així que, més enllà d’aquesta reforma, per nosaltres resulta evident que, en aquesta matèria, encara tenen molta feina per fer.

Gràcies.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Debatimos en este punto la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento de esta Cámara con el fin de incorporar un nuevo título para incluir todo aquello que hace referencia a los grupos de interés. La voluntad de llevar adelante esta reforma no es ni mucho menos nueva, viene de lejos. Ya lo decía hace un momento el señor Legarda: en la legislatura anterior, con un redactado similar pero no igual, ya se había iniciado su trámite. Hay que decir que se recupera ahora la propuesta y se hace al amparo del famoso Plan de Acción por la Democracia, como se nos indica en la exposición de motivos; un plan, recordarán, surgido de aquella semana de reflexión tan poco democrática, aquella semana de reflexión del presidente Sánchez. Un presidente Sánchez que, desde el victimismo impostado, hizo un amago de dimisión para irrumpir de lleno en la campaña electoral catalana y condicionar así el resultado de las elecciones al Parlament de Catalunya. Un resultado que avala la desnacionalización más grande que ha sufrido nuestro país, que ha sufrido Cataluña, desde la restauración de la Generalitat. Es decir, absoluta coherencia de los socialistas con respecto a la regeneración democrática. En fin, ustedes sabrán. Volvamos al plan. Uno de sus ejes es reforzar el Poder Legislativo a través de toda una serie de reformas que aporten más transparencia; una transparencia que haga posible la fiscalización del ejercicio de la tarea legislativa, cosa que pasa por esta propuesta que hoy tenemos sobre el tapete. No entraré ahora a examinar en detalle el articulado, porque desgranar el detalle será más adelante, si prospera esta toma en consideración, pero ya les adelanto desde aquí por parte de Junts per Catalunya que para prosperar esta propuesta habrá que ajustar el articulado, habrá que trabajar para garantizar que la norma sea aplicable, habrá que aclarar conceptos y definiciones ambiguos, así como también matizar el carácter vago que tiene en alguna de sus partes el texto actual. También habrá que estudiar la posibilidad de simplificar trámites y reducir la carga burocrática de los nuevos procesos previstos, a fin de que no supongan una ralentización de la actividad legislativa. También habrá que asegurarse de que los procedimientos sancionadores sean de tipo técnico e imparcial para que no se puedan politizar y para que sean eficientes en caso de incumplimiento de las normas de transparencia. Pero, bueno, como decía antes, de eso ya iremos hablando si el proyecto va adelante. En mayo de 2021, Josep Pagès, diputado nuestro, les decía desde aquí mismo que iban tarde y que eran poco ambiciosos, porque en vez de copiar lo que ya habían hecho otros, en vez de hacer lo que nosotros hicimos en Cataluña en el 2014, aprobar una ley de transparencia para toda la Administración, ustedes proponían únicamente una modificación del Reglamento de la Cámara Baja. Es evidente que, cuatro años después, han avanzado y tienen en trámite un proyecto de ley que incluye el conjunto de la Administración General del Estado. Hubiera estado también bien no olvidar a esa tan opaca Corona, demasiado a menudo vinculada a grupos de interés oscuros. No se les puede negar, señoras y señores del Grupo Socialista, que ustedes, con el presidente Sánchez presidiéndoles, de boquilla y sobre el papel gesticulan para hacer que la transparencia y los valores democráticos sean un pilar de su acción política, pero, lamentablemente, tengo que decirles que la situación coyuntural que les rodea y su manera de afrontar esa situación hace que a menudo transmitan exactamente lo contrario. Más allá de esta reforma, en nuestra opinión, resulta evidente que en esta materia aún queda un largo trecho por recorrer. Gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats, bona tarda, diputades.

Els vaig a fer una confessió: Soc una ingènua, 35 anys de militància política i 50 que corro per aquests mons de Déu i encara em pensava que ningú seria capaç d’oposar-se a una cosa a favor de la transparència, del coneixement, de que tots siguem íntegres i, a més a més, ho mostrem en un moment com el que estem. El que estic sentint, ja em perdonaran, però són moltes excuses de mal pagador. Nosaltres votarem favorablement i si li trobem algun problema és un problema de falta d’ambició, per exemple, que no incorpori les portes correderes que, efectivament, mirarem que estiguin a les modificacions. Ha estat curiós perquè la tramitació d’això ha generat una conversa en els escons que la trobo molt interessant. I la trobo molt interessant perquè jo crec que ens hem de plantejar davant d’aquesta legislació què voldrem quan no siguem diputats. Jo tinc molt clar que el meu pas per la política és un pas temporal a la meva vida i de servei públic, i el que em plantejo és que voldré que facin els diputats que vinguin respecte de les seves relacions amb lobbys, amb empreses, amb associacions. I com podré seguir aleshores la traçabilitat de les direccions legislatives que es prenguin?

Ho deia el diputat de Bildu i ho deia molt bé: Quan ets diputada a vegades passen coses miraculoses a les tramitacions de la llei i hi ha canvis d’opinió sobtats que no t’expliques. Potser si sabem amb qui s’estan reunint els grups parlamentaris entendrem alguns d’aquests canvis d’opinions. I, per tant, el que potser li falta a aquesta proposta de legislació és més rigor i més ganes de control, però no menys. No menys.

El que li falta dir és que, malgrat que les patronals i els sindicats no hagin de fer el tràmit d’inscriure’s en el registre d’interessats, de grups d’interès, sí que les seves esmenes i la seva petjada legislativa es veurà en cadascun dels projectes que es tirin endavant. Perquè ho deien, és molt curiós. És molt curiós. Hi havia un acord en un moment determinat de crear un impost o de modificar el tribut que hi havia per les energètiques amb un impost definitiu. Hi van haver reunions de Repsol, unes quantes, sí, i no van ser amb nosaltres. I, per tant, és absolutament imprescindible saber amb qui es van reunir, quan es van reunir i quins van ser els acords que van arribar. Passa el mateix amb la patronal, que curiosament ja els hi deia: no cal que s’inscriguin, si és la gran interessada en què determinades legislacions no tirin endavant.

Aquesta mesura de transparència que avui donem el vistiplau perquè es tramiti i perquè s’incorpori, el que diu és que cadascun dels diputats hem de fer públic amb qui ens reunim, quan ens reunim i de què tractem. Saben quin és el màxim problema que li trobo? La burocràcia. El màxim problema que li trobo és que el Congrés d’alguna manera haurà de posar mitjans a disposició perquè ho puguem complir. Però jo crec que si algú de nosaltres asseguts en aquesta cambra o no ha fet la declaració de béns o no és completa, és errònia o indueix a engany o no vol saber amb qui es reuneix o no vol que consti els acords que es prenen o no vol que quedin clares aquests acords i les esmenes que es reben amb noms de grups d’influència en la legislació…, en la tramitació legislativa, que agafi i se’n vagi, perquè aleshores vol dir que el seu interès en el servei públic és tendint a zero. I la cambra legislativa no serveix a interessos particulars. La cambra legislativa serveix a interessos generals. I recordin que tot això ho dic des de l’absolut desig de marxar d’aquesta cambra legislativa, des de l’absolut desig que aquest no sigui el meu congrés. Però mentre hi hagi d’estar, només faltaria! És obvi que tots tenim l’obligació d’explicar què, com, amb qui i per què fem el que fem. I potser aleshores les coses aguantarien molt menys els bulos, aguantaríem molt menys les fake news, aguantarien molt menys les mentides. Som nosaltres mateixos, amb aquesta incapacitat de ser percebuts com a legítims, els que estem afavorint que això passi.

Per tant, des de la mirada de les esquerres, crec que aquest tipus de legislació només ens pot afavorir perquè donarà mostra de a quins interessos servim. Jo volia que se sabés que ens reuníem amb el Sindicat de Llogateres. És clar que sí. I volia també que se sabés que no em reunia amb el sindicat de propietaris i que si em vaig reunir en un moment determinat amb un lobby d’influència comandat pel meu antic alcalde, el senyor Clos, és perquè teníem una relació personal i era absolutament capaç de dir a què li vaig dir que no, a què li vaig dir que no es prengués ni la molèstia de passar-me les esmenes i com aquestes esmenes van acabar anant a parar el text legislatiu. No vaig ser jo. Vull saber qui va ser. Vull saber qui va ser, perquè els electors tenen dret a saber a qui representem i molts d’ells tenen dret a saber que no els representen alguns de vostès a ells.

Acabo molt ràpidament. S’ha comentat ja, a Catalunya, això fa temps que ho tenim i fa temps que funciona. Aquí li falta potser i hi estic bastant d’acord en que mirem com ho arreglem el tema de la diferenciació entre lobbys, empreses, patronals i petites associacions de jubilats o de veïns. D’acord. Estic d’acord també en que incorporem les portes corredores, perquè em sembla que fan un flac favor a la legitimitat del sistema.

I per acabar, a les bancades de les esquerres que estan posant algun problema en la seva tramitació. A nosaltres només ens salvarà la transparència. Només ens salvarà la veritat, perquè tota la resta, el poder, els diners, els mitjans, els tenen les dretes. Per tant, siguem intel·ligents i legitimem-nos nosaltres mateixos.

Moltes gràcies.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señores diputados y señoras diputadas. Voy a hacer una confesión. Soy una ingenua: treinta y cinco años de militancia política y cincuenta corriendo por estos mundos de Dios y aún pensaba que nadie sería capaz de oponerse a una cosa que va a favor de la transparencia, del conocimiento, de que todos seamos íntegros y lo parezcamos, lo mostremos en un momento como este, pero lo que oigo aquí son excusas de mal pagador. Ya me disculparán. Nosotros votaremos a favor. Si encontramos un problema con esta propuesta es de falta de ambición, que no incluya las puertas giratorias, por ejemplo, que intentaremos que se introduzcan en las modificaciones. Es curiosa la situación, porque la tramitación de todo esto ha generado una conversación entre escaños que me ha parecido interesantísima. Digo interesantísima porque me parece que, ante esta legislación, nos tenemos que preguntar qué querremos cuando ya no seamos diputados. Yo tengo clarísimo que mi paso por la política es una fase limitada en mi vida, es una fase de servicio público. Yo me pregunto qué querré que hagan los siguientes diputados, después de mí, con respecto a sus relaciones con lobbies, empresas, asociaciones y cómo voy a poder hacer un seguimiento de lo que hagan, de las decisiones legislativas que tomen, de lo que están haciendo. Ya lo decía el diputado de Bildu y lo ha formulado muy muy bien. Cuando eres diputada a veces pasan cosas milagrosas en la tramitación de las leyes, hay cambios de opinión súbitos que no se entienden muy bien. Quizás, si supiéramos con quién se están reuniendo los grupos parlamentarios, sí entenderíamos el porqué de estos vuelcos. Por lo tanto, lo que le falta a esta propuesta de legislación es más rigor, más ganas de control, pero, definitivamente, no menos. Aquí lo que hay que decir también es que, a pesar de que las patronales y los sindicatos no tienen que hacer el trámite de inscripción en el registro de interesados, de grupos de interés, sus enmiendas y su huella legislativa se va a hacer notar en todas las propuestas legislativas que avancen en su trámite. Porque ―es muy curioso―, en un momento dado, había un acuerdo a favor de crear un impuesto, de modificar un impuesto sobre las energéticas con un impuesto definitivo y hubo reuniones con Repsol ―varias, unas cuantas― y no fueron con nosotros, con lo cual es imprescindible saber con quién se reunieron, cuándo se reunieron y a qué acuerdos llegaron. Lo mismo con la patronal que, curiosamente, tampoco hace falta que se inscriba. Pero, vamos a ver, si es la gran interesada en lograr que algunos actos legislativos no vayan adelante. Esta propuesta de transparencia a que damos hoy luz verde para que avance en su trámite y para que se incorpore dice que todos los diputados tenemos que publicar con quién nos reunimos, cuándo y de qué hablamos. ¿Saben ustedes cuál es el problema más importante que yo veo con todo esto? La burocracia. El problema que yo veo es que el Congreso tendrá que poner a nuestra disposición medios para que podamos cumplir la norma, pero yo creo que si algunos de los que estamos aquí, en esta Cámara, o bien no ha hecho la declaración de bienes o no es completa, errónea o induce a engaño o no quiere dar a entender con quién se reúne, no comunica los acuerdos a que llegan, no quiere que quede claro cuáles son las enmiendas que se reciben firmadas por grupos de interés y su influencia en la tramitación legislativa, pues que se levante y se vaya, porque entonces significa que su interés por el servicio público tiende a cero. Y esta Cámara legislativa no está para servir a intereses particulares, estamos aquí para servir al interés general y todo esto lo digo, recuérdenlo, desde el absoluto deseo que tengo de abandonar esta Cámara legislativa, desde ese deseo absoluto de que este no sea mi Congreso, pero mientras exista el Estado, evidentemente estoy aquí y todos los que estamos aquí tenemos la obligación absoluta de explicar qué hacemos, con qué, cuándo y dónde, y si lo hiciésemos quizá entonces las cosas serían más claras, los bulos aguantarían menos, las noticias falsas, la mentira pura y dura no se tendría en pie, podríamos ser percibidos como legítimos, que no es la situación actual. Desde el punto de vista de las izquierdas, por lo tanto, este tipo de legislación valoramos que solo nos puede beneficiar, porque dejará claro a qué intereses servimos. Yo quiero que se sepa que yo me reúno con el Sindicato de Inquilinas y también quiero que se sepa que no me he reunido con el Sindicato de Propietarios, y si en un momento dado me reuní con un lobby de este tipo bajo el mandato del señor Clos, mi alcalde, fue por un interés personal, y quiero que quede claro de dónde salieron las enmiendas, si fueron adelante, si fueron atrás, si se incluyeron en el texto legislativo. Y si se incluyeron, yo quiero que se sepa aquí a causa de quién o gracias a quién, porque los electores tienen derecho a que se sepa a quién representamos y tienen derecho a saber que algunos de ustedes no les representan a ellos.

Acabo rápidamente. En Cataluña ya hace tiempo que tenemos algo y que funciona bien. Aquí yo estoy de acuerdo en que tenemos que ver cómo lo arreglamos, la diferenciación entre lobbies, empresas, patronales y pequeñas asociaciones de jubilados, de vecinos. Aquí de acuerdo. También estamos de acuerdo en incluir las puertas giratorias porque me parece que perjudican gravemente a la legitimidad del sistema.

A la bancada de la izquierda que está planteando problemas de tramitación les quiero decir que a nosotros lo único que nos va a salvar es la transparencia, la verdad, porque el resto ―el poder, el dinero, los medios de comunicación― está en manos de las derechas. Por lo tanto, seamos inteligentes y legitimémonos nosotros mismos.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Andaba yo barruntando el día de ayer qué hubiera escrito el bueno de Manuel Vázquez Montalbán tras el espectáculo del domingo: «Mafia o democracia». Probablemente, permitan la hipótesis, hubiera hablado en su columna de franquismo sociológico, de la cultura del estraperlo y de la propensión de algunos ―los de «quien pueda que haga»― de no hacer lo que dicen, de decir lo que no hacen, encubrir ―siempre ocultar― y enredar lo posible para entretener al personal y engañarnos a todos cual trileros. Seguramente, quién sabe, es un decir, ante el bochornoso discurso cínico hubiera tenido la tentación de recuperar a Pepe Carvalho y mostrarnos las cloacas del Estado. Puede, incluso, que hubiera expuesto una reflexión sobre el género literario de esta degeneración de la derecha extrema que nos viene obligando a asistir perplejos no sabemos si a un esperpento, a un astracán o quién sabe si a un sainete de serie B. (Aplausos). Si es verdad que no nos dejan decir lo que hacen, tendremos que recurrir, como antaño, a la novela policial, ver deambular a Pepe Carvalho por El Raval de Barcelona y los bajos fondos del foro, o ver investigar a Toni Romano ―alter ego de Juan Madrid― el robo de niños de la dictadura de la casta. Esta es la paradoja de nuestro tiempo: tener que desvelar la trama y seguir el rastro del dinero para entender la lógica golpista del escuadrismo patrio en acción. Así que, dadas las circunstancias, entiendo que algunas fuerzas en el Congreso partidarias de lo atado y bien atado voten en contra de esta reforma, una reforma elemental del Reglamento. Abonados como están a las sonadas y al ripio, al ridículo, no quieren reforzar el Legislativo ni la transparencia ni la publicidad ni la fiscalización de los poderes públicos, menos aún en sus Ejecutivos autonómicos, dedicados como están a eliminar ―el caso de Baleares― oficinas contra la corrupción, o al ‘pitufeo’ y contratos ocultos al escrutinio público, como la sanidad pública en el caso de Andalucía. (Aplausos). Eso sí, no dejan de derrochar recursos públicos en medios afines. «Mafia o democracia», disculpen, pero resulta tragicómico. Señorías del Grupo Popular, ¿quién les diseña las campañas? De verdad, el orden de los factores en el lenguaje altera el producto. No es lo mismo. No saben si el orden sintáctico alterado altera el sentido. En la izquierda vindicamos «Socialismo o barbarie», pero ustedes invierten el orden, ponen en primer lugar la palabra mafia, no sé si es porque se identifican mejor con este concepto o porque no saben escribir un eslogan. (Aplausos). Háganselo ver, porque estamos tentados de pedir la modificación de la iniciativa del Grupo Socialista y mandarlos al rincón de pensar ―que no es el bar, señorías de VOX, sino la biblioteca del Congreso―, a ver si se contagian un poco y se les quita tanta tontería. En cualquier caso, convendrán, si es que leen las iniciativas parlamentarias, que no es posible la democracia con procesos de regulación sesgados o bajo el imperio de las cajas negras. Precisamos huellas normativas, trazabilidad, rastros y pruebas sobre el decir y hacer de la actividad parlamentaria. La democracia es incompatible con los que atan. Es del orden de la apertura de espacios abiertos, no de instituciones y lógicas políticas cerradas o cerriles. La propuesta que trae a la Cámara el Grupo Socialista no solo cubre una laguna normativa que viene a responder a las recomendaciones del grupo Greco, bien es cierto que tarde, pero es hora de fortalecer procesos y órganos de control, fomentar la cultura de la transparencia y garantizar un marco jurídico para la actuación de la Oficina de Conflictos de Intereses. Ya el Plan de Acción por la Democracia propuso reformar una situación de evidente déficit histórico en términos de derecho de acceso y escrutinio público con el desbloqueo de las opacidades de las políticas públicas que han imperado en este Estado, por monarquías ―muchas corruptas― y dictaduras traficantes de los intereses de la oligarquía económica. El articulado contemplado en el Título XIV se ajusta punto por punto con las exigencias comunitarias tanto en materia de información gubernamental como de rendición de cuentas; una reforma que las señorías de la oposición ultramontana calificarán probablemente de censura. No entienden el derecho a la información ni el principio de transparencia. No son de la Ilustración oscura ―un oxímoron―, son contrarios a toda razón y a todo conocimiento. Por no leer, no leen ni el Marca, no vaya a ser que descubran que Lamine Yamal es fruto de la migración. (Aplausos). En fin, para ustedes, como mucho, transparencia es una palabra del diccionario que en la práctica ejercen a martillazos o con maniobras orquestales en la oscuridad. Confunden medidas integrales con integrismo y la libertad de expresión con ausencia de norma. A fuerza de negar todo conocimiento y control democrático terminan argumentando hasta el absurdo.

Si abandonan la militancia de la hipérbole y se dedican a políticas de Estado, tienen la oportunidad de renunciar a la acción de trazo grueso o de las cloacas, ese corazón de distribución de aguas fecales que vertebra la política desde la transición con un solo y único objetivo: evitar todo cambio o mudanza para la mayoría social. Las cloacas policiales, como las de la corrupción o las que subyacen en los escándalos regios, son incompatibles con la democracia. Un Estado paralelo, una suerte de Tangentópolis hispana, que promueve con sus servidores y beneficiarios, que ciegan toda posibilidad de democracia y convivencia es del orden de la mafia, de la trama de la casta. Y verán ustedes dónde se sitúan, porque la posición, así tuerzan las leyes de la geometría y de la razón, es clara a este respecto. Nosotros no queremos ni comisionistas ni conseguidores, ni en la Zarzuela ni mucho menos en el Palacio del Congreso. Las únicas comisiones que queremos son las Comisiones Obreras de Marcelino Camacho, las de Unai Sordo, las de Nuria López o las de Carlos Aristu (aplausos), las comisiones de derechos y justicia social, para todos todo, y por eso vindicamos el principio de Gobierno Abierto.

Esta misma semana se presenta en la sala Constitucional una propuesta de mejora y modernización del funcionamiento de esta Cámara y deberíamos avanzar en esta dirección. Los ciudadanos necesitan saber qué datos se utilizan para tomar cualquier decisión, qué personas contribuyen a la toma de decisiones, a qué se destina el dinero de sus impuestos, cuáles son y si se respetan los procedimientos de contratación en obra pública. En definitiva, la sociedad reivindica cada vez más transparencia y agilidad en los cauces para controlar a los poderes públicos.

Concluyo, presidenta. Nuestro grupo parlamentario apuesta por la consulta abierta y transparente y de dominio público, todo lo contrario a la ilustración oscura y al imperio de la impunidad por opacidad que nos quiere imponer la derecha ultramontana. Por cierto, hablando de transparencia, señorías del Grupo Socialista, cumplan su palabra con la familia García Caparrós, cumplan con la palabra prometida. Es un tema pendiente en esta Cámara sobre secretos oficiales. En palabras de Julio Anguita, el imperativo categórico de toda ética política es transparencia administrativa y democracia consecuente. Es tiempo de ponerse manos a la obra, limpiar purulencias y cicatrizar heridas. Es una cuestión de dignidad y de democracia; y una demanda, por cierto, de la ciudadanía.

Volviendo al bueno de Manolo Vázquez Montalbán, en su artículo dejaría claro que Valle-Inclán escribió el esperpento para superar las penalidades de nuestro pueblo como crítica social. Ustedes en el PP siguen abonados al astracán y al sainete, planificando tramas en la tramoya con escenas poco edificantes y de baja calidad. Cambien de coordenadas y relatos por el bien común, por la salud pública, se lo agradeceríamos todos en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Conviene recordar que esta iniciativa que ahora se presenta es exacta y milimétricamente la misma que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en la pasada legislatura. Y la registró hace unos días, probablemente, como un intento de operación de maquillaje frente al hedor monumental que desprende la acción de este Gobierno. Dicho eso, por ser la misma, adolece de los dos mismos planteamientos de enfoque que la iniciativa anterior. En primer lugar, no tiene un anclaje en nuestro ordenamiento jurídico general, que no ha regulado todavía la figura de los lobbies o grupos de interés ni su relación con las diversas Administraciones públicas, entre otras cosas, porque el señor Sánchez nuevamente ha incumplido una solemne promesa que le hizo a esta Cámara. Y, en segundo lugar, persiste en el error de querer regular esta materia en el ámbito estricto del Congreso de los Diputados cuando, por su obvia naturaleza, exige una regulación común a ambas Cámaras y, por tanto, la sede jurídica en la que debería encontrarse no es el Reglamento del Congreso, sino ese inexistente todavía reglamento de las Cortes Generales, que lleva ni más ni menos, señorías, que cuarenta y siete años de demora desde que se aprobó la Constitución. (Aplausos). Y eso sí que es una auténtica urgencia.

Y, a partir de ahí, esta iniciativa, que no es más que una operación de maquillaje, carece de todo rigor jurídico. Es incapaz de vertebrar las dos definiciones fundamentales sobre las que construir el resto de la norma; esto es: qué es un lobby o grupo de interés y qué es una actividad de influencia. Y como es incapaz de hacerlo, tira por la calle de en medio y determina que es actividad de influencia toda comunicación de una persona física o jurídica que mantenga con un diputado o grupo parlamentario de esta Cámara, artículo 210. Y, como es incapaz de establecer qué es un grupo de influencia o lobby dice: Es grupo de influencia todo aquel particular, persona física o jurídica que entre en contacto con un miembro de esta Cámara, artículo 209. Es decir, es un soberano despropósito. Pero esta operación de maquillaje lo único que hace es cortapisar, burocratizar e impedir la fluida relación entre representantes y representados, que es la base del ejercicio parlamentario. Pero, además, incorpora un matiz profundamente grosero, profundamente discriminatorio porque impone a los particulares, personas físicas y jurídicas, el sometimiento a una serie de normas estrictas y, sin embargo, exonera de esas mismas normas a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales y a las entidades que integran la organización territorial del Estado, entre muchas otras. (Aplausos).

Señorías, esta iniciativa sobre todo es profundamente hipócrita y cínica. Porque dice en su exposición de motivos que su razón de ser es fortalecer el principio de transparencia y luchar contra la corrupción. Oigan, y eso lo dice el Grupo Socialista, que es el principal grupo que está apoyando a este Gobierno. Un Gobierno opaco que cerró el Portal de Transparencia durante la pandemia y ahora sabemos por qué. Y un Gobierno que sigue sin explicar capítulos muy oscuros, como el rescate de Air Europa o el aterrizaje en España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. (Aplausos). Un Gobierno acosado por la corrupción, por una corrupción que empieza en el entorno familiar del señor Sánchez. Un Gobierno que tiene a punto de sentarse en el banquillo al fiscal general del Estado, imputado por el Tribunal Supremo por la comisión de un presunto delito, según dice el magistrado instructor del Supremo, siguiendo indicaciones de la Presidencia del Gobierno. Un Gobierno que anda entretenido con las idas y venidas de una fontanera de Ferraz, ocupada tratando de urdir chantajes contra jueces, fiscales, policías, periodistas, para tratar de salvar a los corruptos del sanchismo. (Aplausos). Eso sí, una fontanera que fue colocada en la empresa pública de Correos en funciones directivas para dirigir el voto por correo en las pasadas elecciones. Así que no, señorías, este es un Gobierno que está asaltando instituciones, pisoteando la Constitución, invadiendo negativamente todos los resortes de la vida española, intentando controlar a los jueces y a la prensa. Y, por tanto, es un Gobierno que no tiene credibilidad alguna ―ni por sí ni por el grupo parlamentario que le sostiene― para hablar de transparencia ni para hablar de lucha contra la corrupción. (Aplausos).

Por eso, nosotros no vamos a ser cómplices de esta maniobra de distracción. Y decimos que cuando dentro de muy poco VOX gobierne (rumores), vamos a reconstruir todo lo que el sanchismo ha destruido. Y en este ámbito del que estamos hablando hoy, vamos también a reconstruir el respeto a la verdad, el respeto a la transparencia, el respeto al control de la actuación de los representantes públicos, el respeto a la dación de cuentas y la lucha incansable contra toda forma de corrupción. Ténganlo muy claro.

Mientras llega ese momento, señorías, señorías del PP, nosotros seguiremos ejerciendo una oposición firme, frontal, total, absoluta e incansable frente a Sánchez y a sus secuaces. Hablando claro, sin miedo a nada ni a nadie, en defensa de la ley, de la democracia y de la libertad; en defensa de España y de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora Armengol. Señorías, nadie en esta Cámara puede negar que en España necesitamos urgentemente una regulación seria, rigurosa y transparente de la relación de los grupos de interés o lobbies con los diputados. La actividad de influencia legítima es consustancial a cualquier democracia avanzada. Los ciudadanos tienen derecho a conocer quién, cómo y con qué objetivos intenta influir en las decisiones que les afectan. Por tanto, esta es una reforma que se debe abordar en pro de la democracia y como lucha contra la lamentable desafección de los españoles en sus instituciones y en sus políticos. De hecho, el Grupo Parlamentario Popular ya presentó en el año 2021 una propuesta seria y consensuada para regular esta materia; una propuesta que el Grupo Socialista ignoró sistemáticamente, porque en aquellos momentos no quería, o no le convenía, hablar de transparencia. Es necesario hablar de transparencia, como es necesario hablar de participación ciudadana, de rendición de cuentas y de evaluación de políticas públicas, pero también es necesario hablar de decoro y de ejemplaridad, señorías (aplausos), y lograr eso depende mucho de la credibilidad moral de quien ejerce u ostenta la institución y pretende fortalecerla. En este caso concreto, el Grupo Socialista, que es quien promueve la iniciativa que traen a debate esta tarde, no cumple los mínimos requisitos morales y éticos que exige defender algo así en la vida pública. Señorías socialistas, ustedes no están legitimados para traer una propuesta así esta tarde. La iniciativa es inoportuna en el contexto temporal que han elegido para presentarla, pero también es perniciosa en el contenido que han incluido. Ustedes traen a debate esta iniciativa aquí porque viven acorralados por la corrupción que acecha a sus siglas y al Gobierno que mal sostienen (aplausos), porque viven ahogados por el lodazal que rebosa Ferraz y que desprende la señora Leire Díez, y porque viven amedrentados y asustados por un líder acabado, su líder Pedro Sánchez, que desde la Moncloa quiere mandar lo que tiene que hacer aquí el grupo parlamentario, cuando él es incapaz de traer los presupuestos generales a esta Cámara cumpliendo así con su mandato constitucional. ¿Y hoy qué se les ha ocurrido? Traer a debate apresuradamente esta regulación de los grupos de interés. ¿Para qué? Para perfumarse por el tufo que desprenden sus escándalos, su tráfico de influencias, su cohecho y su malversación. (Aplausos). Este debate solo servirá como mucho para ganar una votación aquí esta tarde, porque saben muy bien que después ya irá al conocido congelador de la señora Armengol, que no ha acabado la regulación de los lobbies con el Poder Ejecutivo que se aprobó en el mes de marzo y que lleva más de diez semanas ininterrumpidas prorrogando su plazo de enmiendas, por lo que ha sido incapaz de aprobar ese marco general que es previo a esta regulación. Por lo tanto, ¿dónde va a acabar esta regulación? Pues ahí, en el congelador de la señora Armengol, porque no quiere abrir ni convocar la Comisión de Reglamento. No la va a convocar, porque no quiere hablar de las reformas urgentes y necesarias que requiere nuestro reglamento. No quiere regular el debate sobre el estado de la nación ni obligar al presidente del Gobierno a celebrarlo cada año. Y no quiere regular el control parlamentario para evitar que los ministros semana tras semana escapen de él, porque no quiere limitar el número de prórrogas de enmiendas de una ley para seguir teniendo cercenada la iniciativa legislativa, especialmente en esta legislatura y especialmente si proviene del Grupo Parlamentario Popular. Señorías del Grupo Socialista, son ustedes unos oportunistas y son ustedes los más oscuros lobistas parlamentarios. (Rumores). Sí, sí, entenderán que no es el momento para presentar esta iniciativa, tampoco su contenido. Dicción literal del texto que presentan. Señalan que la relación entre los lobbies y los diputados tiene que regirse por los principios de transparencia y de integridad. ¿De verdad? Señorías socialistas, ¿están ustedes para hablar de integridad? Les recuerdo que el Tito Berni se sentaba en su bancada mientras pecaba de noche y trapicheaba de día en los pasillos de esta Cámara. (Rumores.―Aplausos). Ustedes taparon el escándalo, pero muchos de ustedes siguen ahí sentados. (Continúan los rumores). Sí, sí. ¿Integridad?, ¿quieren hablar de integridad cuando desde Ferraz están negociando los pactos con la Fiscalía y persiguen a la Guardia Civil? (Continúan los rumores). Por cierto, ¿quieren que hablemos de la Fiscalía? La primera vez que el fiscal general del Estado se va a sentar en un banquillo es por cometer presuntamente un delito en connivencia con el Gobierno. (Rumores.―Aplausos). ¿Y critican al Tribunal Supremo de este país? Pero oiga, ¿cuál es el límite? (Aplausos). ¿En serio que el Grupo Socialista hoy puede venir aquí a dar lecciones de integridad? Hoy mismo la UCO está registrando la casa de Ábalos por orden del Supremo. Estamos hablando de una investigación por delitos de tráfico de influencias, de organización criminal, de cohecho y de malversación, señoría. Y, por cierto, también está investigando empresas de obra civil en Navarra. Señor Santos Cerdán, igual le interesa escuchar el tema. (La señora Mínguez García: A ti sí que te interesa callarte un rato.―Rumores y protestas). Qué falta de decoro. Señora presidenta, creo que estoy en el uso de la palabra. (Continúan los rumores).

Tampoco pueden hablar de transparencia. No pueden hablar de transparencia cuando tienen el Gobierno más opaco de la historia de la democracia. (Continúan los rumores). ¿Qué llevaban las maletas de Delcy? ¿Con quién se reunió para su software la mujer del presidente? ¿Por qué se rescató a Air Europa antes que a otras compañías y quién influyó para ello? Es más, hemos tenido un hecho inédito en España: un apagón sin precedentes, y aún no conocemos las verdaderas causas de este hecho. (Rumores.―Aplausos). ¡Por favor!

El propio texto de la proposición continúa regulando la huella legislativa. ¿Quieren que hablemos de huella? Hablemos de la huella del señor Boye en la ley de amnistía mientras era redactada en la Moncloa y presuntamente la punteaba alguien que hoy tiene facultades decisorias al frente de un órgano constitucional para luego presentarla aquí como una proposición de ley con la firma del Partido Socialista Obrero Español. Esa es su huella legislativa. La ley de amnistía ha sido una autoamnistía contraria al principio del Estado de Derecho, como bien ha alegado la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¡Qué vergüenza! Todo eso ahora con un régimen sancionador para perseguir, ¿a quién? A los diputados; especialmente ―decía su señoría socialista― a los diputados que incumplen del Partido Popular y de VOX. Pues no, señoría, aquí el único que ha incumplido con su declaración de bienes es el diputado Ábalos, a quien aforaron llevándolo en sus listas electorales y a quien sentaron en su grupo parlamentario, por mucho que ahora lo tengan desterrado en el Grupo Mixto, porque les tiene en jaque. (Aplausos). Les tiene en jaque.

Acabo ya. Este no era el contenido de esta propuesta, se han equivocado, pero se han equivocado mucho más en el momento, porque la han presentado cuando a ustedes les han reventado sus cloacas. (Rumores). La política es un contrato moral con los ciudadanos. Aún estamos a tiempo, es el momento de elegir entre degradación o regeneración, entre cloacas o transparencia, entre corrupción o ética. España el domingo clamó (rumores) que no quiere mafia, que quiere democracia. Pues eso es lo que queremos, señorías, democracia. (Aplausos).