Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para la preservación de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público, en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero comenzar esta intervención dando la bienvenida a los representantes de las distintas asociaciones de afectados que hoy nos acompañan y a todos los propietarios que ellos representan, así como a alcaldes y concejales de municipios afectados y también a autoridades autonómicas preocupadas por la pervivencia del litoral tradicional y que esperan encontrar hoy un primer paso hacia su tranquilidad. (Aplausos dirigidos hacia la tribuna de invitados.―El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). A todos ellos ―a todos vosotros―, gracias por vuestra constancia, por vuestra persistencia y vuestro trabajo continuo para que la legislación se adapte a una realidad ya existente, cuando la ley que hoy está vigente os supone una amenaza. Hoy defendemos una proposición de ley que va mucho más allá de responder a una cuestión jurídica y territorial. Trata de responder a una realidad humana, social, cultural y patrimonial profundamente arraigada en un país tan vinculado al mar como es España. Hace ya décadas que el litoral español viene sufriendo una constante regresión, lenta pero implacable, provocada tanto por el cambio climático como por el efecto de la acción humana mediante actuaciones llevadas a cabo no siempre con buen criterio. Como consecuencia de esto y sin haber influido para nada en esta evolución, numerosos núcleos urbanos consolidados ―muchos de ellos centenarios― han quedado dentro del dominio marítimo-terrestre, y, para criterio de alguno de ustedes, han pasado a una situación de inseguridad jurídica, sin haber hecho nada para merecerlo. Señorías no hablamos de construcciones ilegales, no hablamos de urbanismo salvaje, no hablamos de pelotazos urbanísticos, no hablamos de rascacielos. Hablamos de viviendas humildes, de construcciones de baja densidad integradas y arraigadas en un entorno paisajístico y cultural que nada gana con su desaparición. Hablamos de pequeños núcleos costeros que no forman parte de nuestro paisaje solo, sino de nuestra historia y de nuestras raíces también. (Aplausos). Hablamos de núcleos con una identidad marinera, en muchos casos incluso construidos a instancia de la propia Administración para dar una mayor protección y control a la costa. Hablamos de inmuebles cuya construcción es anterior a su inclusión en zona marítimo-terrestre e incluso anterior a la aparición del concepto de deslinde. No confundan a la opinión pública: es esta la tipología de vivienda que venimos a defender. Como decía, ni pelotazos ni especulación ni viviendas de lujo ni ninguno de los bulos que ustedes están inventando. Hablamos de personas, señorías, de personas que con su trabajo o con el de sus antepasados adquirieron o construyeron legalmente estas viviendas, y no solo pretenden seguir disfrutando de ellas como legítimos propietarios que son. Hablamos de pequeños negocios familiares, de iniciativas empresariales, de pequeñas empresas, de medios de supervivencia de familias que durante muchos años han tenido estos pequeños negocios como medio de vida. Una proposición muy similar a la que hoy traemos fue debatida en el Senado en marzo de 2024 y se aprobó ―con el voto del Partido Socialista en contra, pero se aprobó― y se remitió al Congreso para su debate. A día de hoy acumula 47 prórrogas del periodo de presentación de enmiendas. ¿Por qué? Porque no quieren debatirla, porque saben que con ello van a quedar en evidencia sus políticas fundamentalistas y su desprecio a la propiedad privada, sea de quien sea, siempre que no sea suya. (Aplausos). La pregunta ―retórica, por supuesto― es si van a hacer lo mismo con esta proposición si hoy es tomada en consideración por esta Cámara. No hace falta que contesten: la respuesta ya la sabemos. No olviden que el principal problema de la demora en la tramitación de esta modificación de la ley es que sus efectos son irreversibles. Cada propiedad que despojan, cada inmueble que derriban es insustituible. ¿O van a restituir el daño causado a los propietarios de las viviendas que ya han derribado? ¿O van a devolver su negocio a los propietarios del restaurante Jaime, de la playa Babilonia en Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, cuyo derribo iniciaron en este mismo mes, a las puertas de un verano que esperaban para poder trabajar y sacar adelante a sus familias? ¿Les parece a ustedes normal que un restaurante tenga que dejar de trabajar un viernes, a las puertas del verano, estando de servicio, porque Costas ha ordenado el corte inmediato del suministro eléctrico y del agua? ¿Les parece que eso son formas? Ya sé que a ustedes sí y que ahora vendrá su portavoz a justificarlo, pero ya les digo que esas formas de actuar, tras el siniestro silencio de la ministra ―de la actual y de la anterior―, no corresponden a lo que se entiende por talante democrático. (Aplausos).

Vamos a hacer un ejercicio de imaginación ―a ustedes les resultará fácil, porque todos los días inventan cosas, se las creen y luego las cuentan como si fuesen verdad―. Imaginemos por un momento que España tuviese un Gobierno preocupado por el bienestar de los ciudadanos, de estos ciudadanos, de todos los ciudadanos. ¿Habría dejado de poner en práctica medidas contra la regresión del litoral, abandonando las playas a su suerte y comprometiendo la permanencia de numerosas viviendas legales y legítimas en primera línea del litoral? No.

Imaginemos un Gobierno de España que no forzara a ningunear el mandato del Poder Legislativo, manejándolo a su antojo. ¿Tendría congelada durante más de catorce meses una proposición de ley que viene del Senado? No.

Imaginemos un Gobierno cuya preocupación no fuese estar pendiente de lo que sale cada día de sus cloacas y de cómo explicar que tenga al hermano del presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado a punto de sentarse en el banquillo y que pudiese estar pendiente de las necesidades de vivienda de todos los ciudadanos, y no solo de la de Jessica. (Aplausos). ¿Obviaría la preocupación de miles de ciudadanos españoles, que ven amenazadas sus propiedades, sin saber qué va a ser de ellas? No.

Imaginemos un Gobierno que no viviera ensimismado en su permanencia en el poder y se preocupara de la economía real de las familias. ¿Dejaría a su suerte a pequeños hosteleros y autónomos que viven esperando los tres meses del año en que sus negocios resultan rentables? No.

Imaginemos un Gobierno que no se burlase de los muchos miles de personas que exigen en la calle la dignidad de sus gobernantes. ¿Despojaría de sus propiedades a sus ciudadanos indefensos, que no son la causa que ha provocado la regresión del litoral? No.

Y una más y les dejo ―que parece que les molesta verse en el espejo―. Imaginemos un Gobierno cuya acción fuese ayudar a los ciudadanos que lo necesitan, y no retorcer la realidad a su antojo, ocultar ni retener ayudas a los ciudadanos, que las esperan para volver a la normalidad después de una catástrofe natural. ¿Tendría a miles de familias viviendo en la incertidumbre de hasta cuándo van a poder tener sus casas o trabajar en sus negocios? No. (Aplausos).

Pues en esas condiciones podríamos decir que están innumerables poblaciones. Solo a modo de ejemplo, Torre la Sal, Cabanes, Almenara, Moncofa o Nules, en Castellón; Sagunto y Tabernes de la Valldigna, en Valencia; la playa de Nares en Puerto de Mazarrón, Puntas de Calnegre en Lorca, playa de Levante en Cabo de Palos o Los Nietos en el Mar Menor, todos ellos en la región de Murcia; les casetes de vorera en Menorca; el barrio del Altillo y la Barranquera, San Andrés en Arucas, Tufia, Telde, La Bombilla en Tazacorte, Los Llanos, Puerto Talavera en Barlovento, Punta Larga y El Faro, todos ellos en las Islas Canarias; Lloret o S’Agaró, en Gerona; los núcleos tradicionales gallegos y las edificaciones en las costas vascas, cántabras o astures en el mar Cantábrico, y muchos otros que podía nombrar si el tiempo me lo permitiera. Todos ellos tienen dos cosas en común: la primera, su arraigo, su identidad propia, su vinculación a medios de vida tradicionales y su reconocimiento social e institucional; la segunda, la permanente amenaza a que su Gobierno les somete con ser despojados de su propiedad, desalojados o simplemente derribadas, en nombre de la legalidad, que no distingue entre lo accesorio y lo esencial.

Señorías, cuando los procesos de deslinde afectan a estas realidades no actúan como herramientas de protección ambiental, sino como instrumentos de desposesión. Muchas veces se trata de viviendas levantadas hace más de un siglo, consolidadas y respetuosas con el medio, que ya no pueden ser sustituidas ni replicadas. Destruirlas es perder patrimonio y, lo que es peor, no garantiza la recuperación ambiental del ecosistema, porque en demasiadas ocasiones esos espacios quedan degradados y abandonados, sin uso ni sentido. Y no lo decimos solo nosotros, lo reconocen así las propias comunidades autónomas, que han otorgado a muchos de estos conjuntos la condición de bienes de relevancia local, bienes de interés cultural, conjuntos catalogados por su valor histórico, etnológico o arquitectónico.

Sin embargo, paradójicamente, esa protección desaparece en cuanto entra en juego el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, porque nuestra Ley de Costas no prevé una respuesta adecuada para estos casos singulares. Y eso es lo que venimos a corregir con esta proposición. No venimos a vaciar de contenido el artículo 132.2 de nuestra Constitución, que protege el dominio público. Al contrario, lo que proponemos es armonizar esa protección con la realidad consolidada de unas construcciones que no solo no amenazan al medio ambiente, sino que forman parte indiscutible del paisaje cultural del litoral español. Lo que venimos a proponer es dar seguridad jurídica a estos legítimos propietarios, que, sin merecerlo, se ven amenazados por efectos que ellos no han causado. Venimos a proponer preservar lo que ya existe cuando tiene valor, cuando está integrado, y todo ello sin renunciar a la protección ambiental, sino que se ejerza con sentido común y sensibilidad hacia el territorio y sus gentes.

Decía esta semana una diputada de Compromís: «Necessitem una solució per a les persones que no han fet res malament i que están patint la problemàtica de la regressió de les platges». Eso es precisamente lo que venimos a pedir hoy. Y hoy, señorías de Compromís, tienen una oportunidad para dejar claro a favor de quién están.

Esta proposición no solo habla de edificios, sino de personas, de comunidades, de memoria colectiva y de actividad; habla de un patrimonio vivo, de un país abierto al mar que no puede medirse con criterios técnicos, sino que exige una mirada política y ética. Por eso vamos un paso más allá pidiendo que se reconozca también el papel y la realidad de otras instalaciones de interés local, como los clubes náuticos, que forman parte de la identidad de nuestro litoral y que, por lógica, precisan tener sus instalaciones junto al mar. Valgan como ejemplo el Club Náutico Bétulo, en Badalona, o el más comprometido en este momento en Sitges, aunque podríamos citar una cantidad mucho mayor, los cuales han contribuido ―y lo siguen haciendo― al crecimiento deportivo, social y económico de sus ciudades y al desarrollo de una actividad que hoy también se ve amenazada por una aplicación rígida de la ley que pedimos adaptar a esa realidad.

Nuestra propuesta de modificación de ley pretende dotar de seguridad jurídica y protección a estos núcleos tradicionales. Es una modificación que no generaliza, sino que permite actuar caso por caso con rigor, con criterios claros, pero también con sensibilidad y que se reconozca lo que ya reconocen muchas Administraciones autonómicas y locales, y es que no todo lo construido junto al mar es igual, que no todo lo que está cerca del mar es ilegal y que hay lugares, muchos lugares que merecen una excepción razonada porque representan un valor que no podemos permitirnos perder.

No se trata ―insisto― de abrir la puerta a nuevas ocupaciones ni de justificar abusos. Se trata de proteger lo que tiene valor y lo que ha sido construido con respeto y con sentido de pertenencia. Se trata de aplicar la ley con sensibilidad y con inteligencia, de reconocer lo singular y de avanzar hacia una legislación de costas que no sea solo reactiva y restrictiva, sino también propositiva y abierta a situaciones singulares.

Señorías ―voy acabando―, tenemos hoy la oportunidad de mejorar nuestra legislación, de reforzar la protección del litoral desde una visión integral, y no exclusivamente punitiva. Es también una llamada a actuar con justicia, con prudencia y con respeto hacia quienes llevan generaciones cuidando su entorno costero sin contar actualmente con la protección que se merecen. Cuando defendemos estos núcleos no defendemos intereses particulares, sino el interés general de conservar…

Un momento, presidente. Muchas gracias. … sino el interés general de conservar nuestro patrimonio litoral en todas sus dimensiones: natural, histórica, cultural y humana. Los ciudadanos, estos que nos acompañan esta tarde y todos a los que ellos representan, se lo merecen. Lo que no merecen es un Gobierno como el que ustedes les ofrecen…

… que anteponga la ideología al sentido común…

… y haga un constante uso de la autoridad para faltar al respeto de los ciudadanos.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Buenas tardes, señorías, presidente. Si hay territorios que conozcan la diversidad, la dificultad y la singularidad de las costas son, sin duda alguna, las islas, las canarias y también las baleares. Desde La Graciosa hasta El Hierro hay multitud de núcleos afectados y, como se ha dicho aquí, compartimos la necesidad de estudiar caso por caso, de no generalizar. Desde luego, lo que no se puede plantear es tabla rasa, medidas iguales para lo que no es igual. Además, me alegra ver que en esta proposición de ley el Partido Popular contempla el impacto del cambio climático. Creo que es ya innegable, recogido en este documento negro sobre blanco, el efecto que está teniendo el agravamiento de lo que de alguna manera significa esa subida del nivel del mar, la pérdida de algunas poblaciones a la que venimos asistiendo poco a poco, sin hablar demasiado en profundidad de lo que ocurre. La protección de muchos de estos núcleos está amparada básicamente en su valor cultural, etnográfico. Estamos hablando de patrimonio, estamos hablando de historias de vida. Por tanto, no se puede generalizar ―insisto― y nos parece oportuno que se plantee una vía de debate, que podamos admitir a trámite esta proposición de ley y que discutamos la norma. Llegaremos a un acuerdo o a lo mejor no, a lo mejor definitivamente no prospera, pero el debate lo esperan miles de ciudadanos en todo el Estado español, y en Canarias les aseguro que también son muchos, algunos también organizados en asociaciones de afectados, con una situación muy complicada. En 2018 celebramos la aprobación de la Ley 1/2018, que confería a nuestra comunidad autónoma las competencias en costas. Por fin, nuestro estatuto de autonomía, en su artículo 157, recogía ese derecho. En 2022 se produjeron esas transferencias: un tremendo fiasco. Mermadas, recortadas, nos han llevado a estar hoy esperando en los tribunales. Estamos esperando sentencia, estamos discutiendo en la justicia nuestros derechos, los que recoge el estatuto de autonomía, los que no se discuten a otros estatutos, cuando vemos incluso cómo avanzan competencias más complicadas y no recogidas en sus estatutos, como sí sucede en nuestro caso. Para nosotros, esta no es la reforma ideal y probablemente tenga muchas cosas que corregir, pero no nos vamos a negar a abrir el debate que mucha ciudadanía espera. Insisto: caso por caso, singularidad, respetando las competencias territoriales, escuchemos y también protejamos núcleos de población con gran valor histórico, patrimonial, cultural y etnográfico. Gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Nosotras, desde Podemos, vamos a rechazar esta proposición de ley del Partido Popular, que lo que viene a hacer es modificar la Ley de Costas. Esta iniciativa, que es presentada bajo la apariencia de proteger conjuntos urbanos locales, para nosotros no es otra cosa que la puerta abierta a la legalización de construcciones que han invadido nuestras costas y un dominio que es público marítimo-terrestre. Por tanto, nosotras no vamos a dar legitimidad a cosas que se han hecho de forma irregular. Una vez más el Partido Popular plantea una modificación que, desde nuestro punto de vista, es regresiva y debilita una norma clave para la defensa de nuestro litoral, favoreciendo, como siempre, intereses privados, frente a los intereses colectivos. Como le decía, esta ley no puede ser reformada para legitimar lo que se ha hecho al margen de la legalidad. No se puede hablar de protección cuando lo que se quiere hacer con la ley es desproteger el litoral frente a la especulación, y lo digo especialmente por lo que pasa en mi tierra, por lo que sucede en Canarias, donde nosotras conocemos muy bien las consecuencias de un crecimiento descontrolado en la costa. En nuestro archipiélago, el litoral es un bien completamente irreemplazable, esencial para su equilibrio, para nuestra vida comunitaria y, cómo no, también para el modelo económico del que a ustedes tanto les gusta hablar. Ustedes han visto cómo en el último año se han echado a la calle miles y miles de canarios para pedir una protección del territorio, para pedir una protección del medio ambiente. La presión urbanística, el turismo masivo y la falta de planificación es lo que ha generado estos conflictos tan graves que hoy estamos viviendo, por ejemplo, en lugares como El Puertito de Adeje, donde se nos ha intentado imponer un modelo basado en el beneficio privado, frente al bien común y al interés general de los ciudadanos y de las ciudadanas de la isla de Tenerife. La respuesta, a todas luces, no puede ser algo que desregularice más. La propuesta que nosotras tenemos en mente y que debemos llevar a cabo es proteger, planificar y restaurar, para mejorar así las condiciones de vida de la población de nuestro país, especialmente en zonas costeras.

Nos preocupa que esta reforma pueda ser una puerta abierta a privatizar el litoral y a desplazar a la ciudadanía de este espacio, que debería ser de todas y de todos, un espacio público. Por tanto, vuelvo a repetir que desde Podemos vamos a decir, con claridad, que no podemos defender esta modificación de la Ley de Costas que, al fin y al cabo, supone renunciar al interés público para proteger unos intereses privados, y no todo vale. En Canarias hay hoteles, macrohoteles en espacios naturales protegidos, como en Dunas de Corralejo, ya en pie cuando echaron abajo las casas de gente de la clase trabajadora, o como sucedió en el pueblo de Cho Vito, así que no me vale que ahora me vengan con estas excusas, que realmente están muy lejos de lo que ustedes, históricamente, han hecho cuando han tenido poder y han estado en los Gobiernos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Hoy debatimos una proposición de ley que, como ya ha dicho el portavoz que la ha defendido, ya fue debatida en similares términos en el Senado en el año 2021 y también en 2024 para modificar la Ley de Costas, una ley que fue impulsada por ustedes, señorías del Partido Popular, y que, desde luego, ha generado parte de los problemas que hoy traen a este hemiciclo. La regresión natural es un hecho evidente, desde luego, fruto de las mareas, que cada día es mayor como consecuencia del cambio climático. El aumento del nivel del mar y el cambio climático, que están dando lugar a temporales cada vez más virulentos, llevan aparejados mareas más fuertes y oleajes de mayor intensidad, que hacen que la mar vaya ganando terreno a la costa a una velocidad mayor a la que por su naturaleza debería suceder. Este hecho está dando lugar a que algunos núcleos se hayan visto incluidos dentro del espacio de dominio público marítimo-terrestre, cuando en origen no lo estaban, y, por tanto, han pasado a estar sometidos a las reglas que les impone la Ley de Costas. Ante el fenómeno natural del mar y teniendo datos científicos sobre cómo va a avanzar ―hoy ya lo estamos viendo―, creemos que debemos reflexionar y tener claro qué patrimonio queremos proteger, en qué tenemos que trabajar y dónde tenemos que poner el foco. Es un asunto que nos pone a todos ante el espejo; a los Gobiernos locales y a las comunidades autónomas, pero también al Gobierno del Estado. Creemos que todas las Administraciones tenemos que trabajar para reducir en todo lo posible las consecuencias del cambio climático. En este contexto, el Grupo Popular nos presenta para su toma en consideración una proposición de ley para excluir los BIC y las instalaciones destinadas a actividades deportivas náuticas federadas del dominio público marítimo-terrestre y permitir también la pervivencia de conjuntos urbanos costeros con especiales valores etnológicos que han pasado a ser de dominio público. Proponen habilitar un mecanismo que permita salvaguardar ciertos núcleos urbanos de su inclusión automática bajo ese dominio público marítimo-terrestre, y esto lo solicitan, como bien ha dicho aquí, no porque se haya construido de forma ilegal o demasiado cerca de la línea de la costa, sino porque estos núcleos eran en su día legales y, al moverse esa línea de costa, se ven afectados ahora mismo por la línea de dominio público. Es un mecanismo que además plantea un triple control por parte de las tres Administraciones, la local, la autonómica y la estatal. En definitiva, lo que plantean es introducir excepciones en la normativa que regula el dominio público marítimo-terrestre. Pero también hay que tener en cuenta que la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral contempla ya en su disposición adicional séptima la exclusión del dominio público marítimo-terrestre de determinados núcleos históricos singulares y legales por resultar absolutamente innecesarios para la protección o utilización de este dominio público, algo que ya se prevé también en la vigente Ley de Costas, a través de la desafectación para aquellos terrenos que hayan perdido sus características naturales, según lo previsto en el artículo 18, previo informe preceptivo del ayuntamiento y de la comunidad autónoma afectada y previa declaración de innecesaridad. Hablamos de núcleos consolidados con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Costas, del año 1988. Existe, pues, un procedimiento de identificación de los núcleos de deslinde de esa parte que se quiere excluir y, por tanto, hay que verificar que se trate de terrenos innecesarios para la protección, hacer una declaración de innecesaridad y, en este caso, si se considera innecesario, la desafectación y posterior enajenación. Es un proceso largo y, en muchos casos, con unos valores de tasación inasumibles por parte de las propietarias y los propietarios. Lo conocemos porque en Euskadi tenemos varios núcleos también afectados, como el de San Telmo, en Barrika, Hondarribia o Sukarrieta.

Beraz, guneak identifikatzeko prozedura bat dago, baztertu nahi den zati horren mugaketa egin, babeserako beharrezkotzat ez diren lurrak egiaztatu, premiagabetasun adierazpena egin eta, kasu horretan beharrezkotzat jotzen ez bada gune hori, desafektazioa eta besterentzea. Prozesu hau normalean luzea izaten da eta, kasu askotan onartezina, jabeen aldetik. Euskadin ere gune kaltetuak ditugu San Telmo, Barrikan, Hondarribian edo Sukarrietan.

Por tanto, hay un proceso para identificar esas zonas, tener en cuenta la desafectación, confirmar las tierras que no necesitan este tipo de aplicación, etcétera. Este proceso suele ser largo y, en muchos casos, con costes inaceptables por parte de los propietarios. En el País Vasco, en San Telmo, Sukarrieta, Hondarribia, también tenemos estos casos.

Entendemos que de lo que se trata es de abrir una puerta a situaciones un tanto injustas, pero también hay que tener cuidado porque debemos garantizar que en ningún caso estos cambios normativos supongan o puedan suponer una vía de desprotección de la costa por la puerta de atrás.

Gure ustez, bidegabeko egoerei eta ate bat irekitzea da kontua, baina kontuz ibili behar da, bermatu egin behar dugulako arau aldaketa horiek ez dutela inola ere atzeko atetik kostaldea babesik gabe uzteko biderik ekarriko edo ekar dezatela.

Creemos que con esto se abre la puerta a ciertos casos, pero habría que tener en cuenta que estos no dejen sin protección a la zona litoral.

En este sentido, compartimos lo propuesto en cuanto a la disposición adicional undécima respecto a los BIC. Nos plantea dudas lo propuesto para núcleos urbanos con especiales valores tecnológicos, puesto que incluyen el valor turístico dentro de esas características que deben reunir estos núcleos, y no lo definen, lo cual puede dar lugar a protecciones muy heterogéneas y entendemos que no ha lugar, y lo mismo pasa con los clubes náuticos. Son aspectos que, desde luego, habría que mejorar.

Preservar el medioambiente litoral debe ser compatible con otorgar seguridad jurídica a situaciones singulares cuando, por el paso del tiempo y por la carencia de una normativa anterior, se ha generado, no sé si llamarlo así, una suerte de limbo o, mejor, un proceso tasado, pero que es largo y costoso, al que hay que intentar dar una respuesta más ágil. Entendemos que esta iniciativa, si sale adelante, podrá debatirse y mejorarse en el trámite de enmiendas al articulado y no seremos nosotros los que nos opongamos a este debate.

Ez dugu eztabaida honen aurka egingo, eztabaida hau zabaldu egin behar da. Eskerrik asko.

No nos opondremos a este debate, ya que hay que ampliarla. Muchas gracias

Gràcies, president. Bé, davant d’aquesta proposició de llei direm que estem a favor de buscar solucions a les situacions de limbe legal que ha generat la Llei de Costes, que estem a favor de protegir l’activitat social i esportiva, a favor de protegir el patrimoni cultural i les nostres tradicions, de recuperar les platges, d’evitar la seva recessió. I a favor que tot l’anterior, tot l’anterior, es faci escoltant els pobles i ciutats del litoral català i les administracions catalanes, no per imposició de l’Estat. Ja estem farts que ens diguin des de Madrid com han de ser les nostres platges o quines activitats esportives hi poden fer o no els nostres nens i les nostres nenes. Perquè tot i que tothom ha de gaudir de les platges, això no es discuteix, governi qui governi els plans d’actuació per protegir el litoral acaben convertits en castells de sorra. Legislen aquí i els problemes els patim allà, com saben molt bé els propietaris de 800 habitatges de Platja d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró. Junts ha presentat esmenes per donar sortida a les seves reivindicacions, perquè fa més de quatre anys que no poden fer cap inscripció registral ni en casos de negoci inter vius ni en situacions mortis causa. És a dir, estan bloquejades també les transmissions via herència. La registradora els va tancar el registre, certament per imperatiu legal, per la inseguretat jurídica generada en la llei 2/2013, que, per cert, va promoure Rajoy. Va ser la darrera modificació de la Llei de Costes del 1988, on el PP va entrar a la disposició addicional onzena que ara vol ampliar per permetre que els béns d’interès cultural, local o autonòmic puguin excepcionar-se de l’aplicació de la llei. En això, hi estem d’acord. Com Junts, també proposen modificar el Reglament de Costes per protegir l’activitat esportiva. Nosaltres hem presentat esmena a la Llei de Ports, però el govern espanyol ha deixat el projecte al calaix. Per evitar que la nostra esmena surti endavant?

A Catalunya, la Llei de Costes afecta 50 clubs de platja on els nens i les nenes aprenen a estimar el mar, practiquen fins a disset esports i, el més important, deixen varats els mòbils per endinsar-se en el món de les relacions socials a l’aire lliure, construint una societat més sana. L’esmena de Junts també vol salvar aquests clubs esportius de les limitacions actuals que, en molts casos, els condemnen a la desaparició. Però no volem, com proposen vostès, que des de Madrid es determini quina ha de ser la superfície d’ús per a tothom, sinó que sigui l’autoritat competent que determini cada comunitat autònoma la que fixi els criteris objectius per a cada club. Perquè la relació de Catalunya amb l’esport de mar és singular. Però de nou, cada cop que nosaltres parlem de singularitat venen a uniformar-nos.

No estem dient que tothom valgui, ni molt menys. S’ha de protegir les platges, però demanem que es tingui en compte la tasca esportiva i social que fan els clubs de platja, les seves necessitats d’espai per fer-los sostenibles en base a les seves activitats o al nombre de socis. Els poso un exemple. El Club Nàutic Vilassar és un club esportiu històric, de grans instal·lacions, cert, però que ha acostat la vela a milers de nens des de la seva creació l’any 1960, que està fent una feina d’educació en els valors de l’esport encomiable, que els ensenya a saber identificar els vents, a fer front a la mala mar en equip, a tancar una trajectòria, a calcular la derrota, un aprenentatge importantíssim, enmig de l’epidèmia de malalties mentals que ens ha portat el mal ús de la tecnologia, importantíssim. En lloc de fer individus addictes al mòbil, els clubs de platja, fan campions i campiones. I no em refereixo només als que guanyen medalles, sinó a tots els esportistes, perquè aprenen a superar les dificultats. Si volem que hi hagi esport amateur o de competició, hem d’ajudar els clubs de platja.

En altres casos, a més de l’esport, hi ha criteris culturals per preservar els clubs com el Club de Mar de Sitges, un edifici de l’arquitecte Coderch de mitjans del segle passat i que forma part de la memòria dels sitgetans. Mentre el Museu Reina Sofia té per missió protegir i difondre l’arxiu Coderch, el Miteco proposa la seva demolició. Junts ha aconseguit el compromís de la ministra que no hi haurà enderroc en els propers mesos, respectant l’activitat estival i donant temps per demanar que aquest bé d’interès local sigui un bé CIN, és a dir, un bé cultural d’interès estatal per salvar-lo de la piconadora.

Un altre cas és el que es viu a Cabrera. El 2019 el govern espanyol els va tancar el club nàutic i dos anys després el van tirar a terra. Els van ofegar amb la llei, no van tenir cap, cap mirament davant d’un club referent de la nàutica catalana. Quan hi ha un club, hi ha arrelament social, els nens i les nenes fan esport tot l’any, no només els mesos d’estiu. Això no és tan difícil d’entendre. Des de Junts, farem el que sigui possible perquè Cabrera recuperi espais on els nens i les nenes puguin fer esports de mar.

Però el primer pas és recuperar les seves platges. Fa deu anys es va anunciar un pla estatal per resoldre la recessió de les platges del litoral del Maresme construint espigons des de Montgat fins a Malgrat, 50 milions d’euros per fer-ne 30 i per aportar 5,5 milions de metres cúbics de sorra. Malauradament, el consens inicial es va trencar per part d’uns pocs ajuntaments i ara resulta que poblacions en emergència com Cabrera segueixen esperant espigó i sorra. Segons Costes, Cabrera és actuació prioritària. Prioritària? De debò? Han trigat cinc anys a redactar el projecte del nou espigó i a passar el procés d’informació pública. Ens preguntem: Quan licitarà i començarà les obres el Miteco? També hem vist com la piconadora tirava a terra a altres dos clubs nàutics històrics a Pineda o a Canet.

Insistim, estem farts que des de Madrid es decideixi com ha de ser el nostre litoral i es deixi sense esport de mar als nostres nens i les nostres nenes. I mentrestant, al Govern de la Generalitat de Salvador Illa tot això li porta, com diuen els mariners, al pairo. No es sorprenguin si, veient com tracten Catalunya, ens vingui al cap una altra expressió ben marinera, que és allò de bon vent i barca nova. I no vull acabar sense dir que, de ben segur, des de Dénia, on l’Estat ja ha expropiat a la brava els habitatges de 14 famílies de les Deveses, també coneixen aquesta expressió.

Als companys dels Països Catalans els diem que poden comptar amb la nostra solidaritat i suport, amb la solidaritat i el suport de Junts.

Gràcies.

Gracias, presidente. Ante esta proposición de ley diremos que estamos a favor de buscar soluciones a las situaciones que ha generado la Ley de Costas. Estamos a favor de proteger la actividad social y deportiva, el patrimonio cultural y nuestras tradiciones; a favor de recuperar las playas, de evitar su recesión, y a favor de que todo todo lo anterior se haga escuchando a los pueblos y ciudades del litoral catalán y de las Administraciones catalanas, no por imposición del Estado. Ya estamos hartos de que desde Madrid nos digan cómo tienen que ser nuestras playas o qué actividades deportivas pueden hacer o no nuestros niños y nuestras niñas. Porque, aunque todo el mundo tiene que disfrutar de las playas, eso no se discute, gobierne quien gobierne, los planes de actuación para proteger el litoral acaban convertidos en castillos de arena. Legislan aquí y los problemas los sufrimos allá, como saben muy bien los propietarios de las viviendas de Castell d’Aro, S’Agaró y otras poblaciones. Hemos presentado enmiendas para dar salida a sus reivindicaciones, porque hace más de cuatro años que no pueden hacer ninguna inscripción registral, ni en casos de negocios inter vivos ni en actuaciones mortis causa; es decir, están bloqueadas también las transmisiones vía herencia. La registradora les cerró el registro, ciertamente por imperativo legal, por la inseguridad jurídica generada en la ley del año 2013, que, por cierto, promovió Rajoy. Fue la última modificación de la Ley de Costas del año 1988 y en la que el PP introdujo la disposición que quiere ampliar ahora para que los bienes de interés cultural, local o autonómico puedan exceptuarse de la aplicación de la ley. Con eso estamos de acuerdo. Junts también propone modificar la Ley de Costas para limitar la actividad deportiva. Nosotros hemos presentado una enmienda a la ley de puertos, pero el Gobierno español ha dejado en el cajón ese proyecto para evitar que nuestra enmienda salga adelante. En Cataluña, la Ley de Costas afecta a cincuenta y una zonas de playa donde niños y niñas aprenden a disfrutar del mar, a practicar hasta diecisiete deportes y, lo que es más importante, donde dejan varados los móviles para adentrarse en el mundo de las relaciones sociales al aire libre, construyendo una sociedad más sana. La enmienda de Junts también quiere salvar esos clubes deportivos de las limitaciones actuales, que en muchos casos los condenan a la desaparición. Pero no queremos, como proponen ustedes, que desde Madrid se determine cuál ha de ser la superficie de uso para todo el mundo, sino que sea la autoridad competente que determine cada comunidad autónoma la que fije los criterios subjetivos para cada club. Porque la relación de Cataluña con el deporte del mar es singular, pero, de nuevo, cada vez que hablamos de singularidad, vienen a uniformizarnos. No decimos que todo valga, ni mucho menos, hay que proteger las playas, pero pedimos que se tenga en cuenta la labor deportiva y social que hacen los clubes de playa, sus necesidades de espacio para hacerlos sostenibles, basándose en sus actividades o en el número de socios que tengan. Un ejemplo es el del Club Náutico Vilassar, que es un club deportivo histórico de grandes instalaciones ―es cierto― pero que ha enseñado vela a miles de niños desde su creación en los años sesenta. Hace un trabajo encomiable de educación en valores deportivos. Los niños saben cómo identificar los bienes, cerrar una trayectoria o calcular la derrota. Es un aprendizaje importantísimo. En medio de la epidemia de enfermedades mentales a la que nos ha llevado el mal uso de la tecnología es importantísimo. En lugar de hacer individuos adictos al móvil, los clubes de playa hacen campeones y campeonas, y no me refiero solo a los que ganan medallas, me refiero a todos los deportistas porque aprenden a superar dificultades. Si queremos que haya deporte amateur, aficionado, hay que fomentar esos clubes de playa. Y luego tenemos criterios culturales también para preservar los clubes, como el de Mar de Sitges, un edificio del arquitecto Coderch de mediados del siglo pasado que forma parte de la memoria. Mientras el Museo Reina Sofía puede difundir el archivo Coderch, ahora se propone su demolición. Junts ha conseguido un compromiso de la ministra para que no se derruya durante los próximos meses. Tendremos tiempo para pedir que ese bien local sea un bien cultural estatal para poder salvarlo de la apisonadora. Otro caso es el que se vive en Cabrera. En el año 2019 el Gobierno español cerró el club náutico y dos años después lo echaron abajo. Se aplicó la ley sin más y no se tuvieron miramientos ante un club que era un referente de la náutica catalana. Cuando hay un club, hay arraigo social, los niños y las niñas practican deporte todo el año, no lo hacen solo durante los meses estivales; eso no es tan difícil de entender. Desde Junts haremos todo lo que sea posible para que Cabrera pueda recuperar espacios en los que los niños y las niñas puedan practicar deportes náuticos. Pero lo primero es recuperar sus playas. Hace diez años se anunció un plan estatal para resolver la recesión de las playas del Maresme construyendo espigones desde Montgat hasta Malgrat: 50 millones de euros para hacer 30 y para aportar 5,5 millones de metros cúbicos de arena. Desgraciadamente, el consenso inicial se rompió por unos pocos ayuntamientos, y ahora resulta que hay poblaciones que están en situación de emergencia, como Cabrera, que sigue esperando la arena y el espigón. Según la Ley de Costas, Cabrera es de actuación prioritaria. ¿Prioritaria de verdad? Han tardado cinco años en adaptar el proyecto del nuevo espigón y en que se apruebe el proceso de aprobación pública. ¿Cuándo se va a presentar la licitación? ¿Cuándo se van a iniciar las obras? También hemos visto cómo una apisonadora echaba a tierra dos clubes náuticos en Pineda y en Canet, históricos los dos.

Estamos hartos de que desde Madrid se decida cómo tiene que ser nuestro litoral y se deje sin deportes del mar a nuestros niños y nuestras niñas. Y, mientras tanto, parece que al Gobierno de la Generalitat de Salvador Illa todo eso no les importa, que le trae al pairo. Nosotros tenemos otra expresión marinera, que buen viento y barca nueva. Y no voy a concluir sin decir que sin duda desde Dénia, donde el Estado ya ha expropiado a la brava las viviendas de catorce familias de Les Deveses, también conocen esta expresión.

A los compañeros de los países catalanes les decimos que pueden contar con nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo, la solidaridad y el apoyo de Junts.

Gracias.

Gràcies, president. Molt bona tarda a totes i a tots. Amb gairebé 600 quilòmetres de costa, que no és poc, Catalunya és un país marítim i sens dubte això converteix el meu país en un territori clau també per al desenvolupament d’una economia que massa vegades se’n parla poc, però que és extremadament important, que és l’economia blava. Les activitats vinculades al mar, les activitats vinculades al litoral són múltiples i variades: la pesca, l’aqüicultura, el turisme, les activitats recreatives, el transport marítim, òbviament, la logística portuària, la construcció, el manteniment naval, la recerca marina, l’energia renovable també, la protecció del medi marí, l’esport i també la formació. En definitiva, senyories, el litoral català és viu a la costa del nostre país i passen coses cada dia. De fet, hi passen coses perquè cada dia s’hi fan moltes activitats, no? És així de senzill. Aquest és, doncs, el motiu principal pel qual Catalunya, en el seu dia, vam articular l’estratègia marítima amb horitzó 2030 amb l’objectiu d’impulsar un desenvolupament que fos sostenible, integrat i innovador de l’espai marítim català i posar en valor aquest tipus d’economia que, tot i que és un PIB petit, és molt important, que és l’economia blava. Avui el PP ens presenta una proposició de llei amb una justificació, deixin-m’ho dir així, reforçada per l’article 70.1 del Reglament de Costes, on es proposa la limitació màxima d’aquests 700 metres quadrats per les instal·lacions nàutiques esportives amb autorització administrativa, així com la seva ubicació preferentment ―i algú m’haurà d’explicar per què― en els extrems de la platja. Doncs mirin, precisament per aquest motiu, des del grup republicà volem posar el focus avui en una de les activitats que formen part ja del patrimoni de vull entendre que tot l’Estat, en qualsevol cas, sí del meu país, que són els esports de mar i els clubs nàutics. Els esports de mar no són només una activitat de competició, no són només una activitat recreativa, sinó que representen molt més. Són una manera de viure, una escola, deixin-m’ho dir així, de valors i una font de connexió directa, directa, amb la natura. Els clubs nàutics, doncs, són els principals promotors d’aquests esports i en el seu conjunt també constitueixen una part imprescindible de l’ecosistema esportiu i, val a dir també, cultural català. A Catalunya tenim 86 clubs nàutics repartits al llarg de la costa, entitats que durant dècades han estat la base de les disciplines marítimes. Han ofert espais per la pràctica esportiva. Han esdevingut també motors d’innovació, de conservació del patrimoni marítim i, molt important, d’integració social, molt important. En definitiva, els esports de mar són una escola de vida que ensenya els nostres joves a conèixer i a respectar el medi natural, a desenvolupar activitats i habilitats físiques i mentals en condicions sovint canviants i sovint imprevisibles, cosa que els nostres joves també els hi va molt bé. Però sobretot aquestes activitats, inculquen uns valors, si em permeten, que no tenen preu, que és la superació personal que és, en aquest món, doncs un valor que és important, que és la perseverança, la responsabilitat ambiental, també senyories del Partit Popular i de Vox, responsabilitat ambiental i també ―això va per tot l’hemicicle― la convivència, que també és important. En definitiva, espais de formació, d’integració i de connexió amb el territori. Aquestes instal·lacions esportives nàutiques federades perquè han d’ocupar, per desenvolupar la seva activitat, un espai considerable, evidentment. Tot això no es pot fer amb la màgia, no? Jo crec que avui el Partit Popular perd una oportunitat. La modificació que ens proposa continua posant en risc la continuïtat d’aquest patrimoni tan únic com necessari, tant pel que fa al límit màxim d’ocupació, que vostès limiten en aquests 700 metres. Nosaltres considerem que això parteix d’un principi normatiu que contradiu la lògica de l’urbanisme funcional directament, perquè parlar de 700 metres quadrats sense tenir en compte l’activitat concreta ni el nombre d’usuaris, permetin-me, no té cap mena de sentit. I això el que requereix és de debat seriós, de seure, d’analitzar i d’intentar entendre cada un d’aquests territoris. De fet, demostra la necessitat imperiosa de reflexionar, com deia, des d’un punt de vista també jurídic, però sobretot tècnic i operatiu. I la proposta d’ubicar les instal·lacions preferentment als extrems de la platja o adossades al seu límit, doncs, home, parteix d’una concepció estètica i teòrica que ignora completament les condicions, però completament, les condicions tècniques de navegació: els vents dominants, les corrents marines, la seguretat d’accés al mar, la pròpia orografia. I és que és una mica, si em permeten, de calaix.

En definitiva, entenem com aquestes dues mesures proposades pel Partit Popular com a tècnicament deficients i, deixin-m’ho dir també, socialment injustes. Nosaltres reiterem que la regulació ha de basar-se en les necessitats reals i que la regulació ha de fomentar-se en principis de funcionalitat, en principis de seguretat i de proporcionalitat, amb un enfocament adaptatiu que permeti conjugar dues coses que sí que són possibles: Conjugar la protecció del litoral amb el desenvolupament sostenible d’una activitat esportiva com la nàutica, que és el que avui parlàvem. I pel que fa a les disposicions addicionals 11 i 13, entenem que recullen el que fa temps demanen alguns ajuntaments de platja amb relació als elements de patrimoni cultural, amb l’excepció, és clar, des d’una concepció republicana, com no pot ser d’altra manera, d’aquelles que desenvolupen alguna activitat no només privada sinó extremadament elitista, que també existeixen.

Votarem favorablement la presa en consideració per tal de poder treballar i fer-ho des del rigor i fer-ho des de la responsabilitat en favor de l’economia blava i en favor de la preservació del nostre litoral, que són dos conceptes, al nostre entendre, tant necessaris com compatibles.

I acabo amb un missatge pel Partit Socialista i també per la vicepresidenta tercera respecte, ja que avui parlem de mar, respecte a l’atermenament del Delta de l’Ebre. Malgrat el compromís de la vicepresidenta tercera ―que avui ja no ho és, la senyora Ribera s’hi va comprometre― nosaltres, anotins’ho, no recularem respecte al deslinde o atermenament d’un espai o de l’espai humit més important del sud d’Europa. No perquè ho digui aquesta diputada, sinó perquè ho diu la gent que viu i s’estima el Delta de l’Ebre. Res més.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Con casi 600 kilómetros de costa, que no es poco, Cataluña un país marítimo y, sin duda, eso convierte a mi país en un territorio clave también para el desarrollo de una economía de la que se habla muy poco pero que es muy importante, la economía azul. Las actividades vinculadas al mar, al litoral, son múltiples y variadas: la pesca, la acuicultura, el turismo, las actividades recreativas, el transporte marítimo, obviamente la logística portuaria, la construcción y el mantenimiento naval, la investigación marina, la energía renovable también, la protección del medio marino, el deporte y también la formación. En definitiva, señorías, el litoral catalán está vivo en la costa de nuestro país, pasan cosas cada día; de hecho, pasan cosas allí porque cada día se hacen muchas actividades, es así de simple. Ese el motivo principal por el que Cataluña en su día articuló la Estrategia Marítima 2030 por la que se impulsa un desarrollo que fuera sostenible, integrado e innovador del espacio marítimo catalán, poniendo en valor ese tipo de economía que es pequeña pero muy importante, la economía azul. Hoy el Grupo Popular nos presenta una proposición de ley con una justificación ―permítanme decirlo así― reforzada del artículo 70.1 del Reglamento de Costas, donde se propone la limitación máxima de 700 metros cuadrados para las instalaciones náuticas deportivas con autorización administrativa, así como su ubicación preferiblemente ―alguien me tendrá que explicar por qué― en los extremos de la playa. Pues miren, precisamente por ese motivo, el Grupo Republicano quiere hacerse eco hoy de una de las actividades que forman parte ya del patrimonio que quiero entender que es de todo el Estado, aunque en cualquier caso de mi país: los deportes de mar y los clubes náuticos. Los deportes del mar no son solo una actividad de competición, una actividad recreativa, sino que representan mucho más que eso. Son una forma de vivir, una escuela ―permítame decirlo así― de valores y una fuente de conexión directa con la naturaleza. Los clubes náuticos, por lo tanto, son los principales promotores del deporte y en su conjunto constituyen también una parte imprescindible del ecosistema catalán deportivo y también cultural.

En Cataluña tenemos ochenta y seis clubes náuticos en toda la costa, entidades que durante décadas han estado en la base de las disciplinas marítima; han ofrecido espacios para la práctica deportiva, se han convertido también en motores de innovación y conservación del patrimonio marítimo y ―muy importante también― de integración social. Los deportes de mar son una escuela de vida que enseñan a nuestros jóvenes a conocer y a respetar el medio natural, a desarrollar actividades físicas en condiciones a veces cambiantes e imprevisibles ―es algo que a nuestros jóvenes les viene muy bien aprender―, pero sobre todo esas actividades inculcan unos valores, si me lo permiten, que no tienen precio, como el de la superación personal. En este mundo son valores importantes el de la perseverancia, la responsabilidad ambiental ―también, señorías del Partido Popular y de VOX― y también el de la convivencia ―eso va por todo el hemiciclo―. En definitiva, son espacios de formación y de conexión con el territorio.

Estas instalaciones deportivas náuticas federadas para desarrollar su actividad tienen que ocupar un espacio considerable, eso es evidente, y todo eso no se puede hacer con la magia. Yo creo que hoy el Grupo Popular pierde una oportunidad, porque la modificación que nos propone pone en riesgo la continuidad de ese patrimonio tan necesario. Por lo que se refiere al espacio máximo de ocupación, que ustedes limitan a esos 700 metros, nosotros creemos que eso parte de un principio normativo que contradice directamente la lógica del urbanismo funcional, porque hablar de 700 metros cuadrados sin tener en cuenta la actividad concreta y el número de usuarios ―permítanme que lo diga así― no tiene ningún tipo de sentido. Eso requiere, por lo tanto, un debate serio, sentarse a analizar las cosas e intentar entender cada uno de estos territorios; de hecho, demuestra la necesidad imperiosa de reflexionar desde un punto de vista también jurídico, pero sobre todo técnico y operativo. Y la propuesta de ubicar las instalaciones preferentemente en los extremos de la playa o adosadas a su límite pues parte de una concepción estética y teórica que ignora por completo las condiciones técnicas de navegación: los vientos dominantes, las corrientes marinas, la seguridad de acceso al mar, la propia orografía. Es que, si me lo permitan, es de cajón.

En definitiva, entendemos que esas dos medidas propuestas del Grupo Popular son técnicamente deficientes y ―permítanme que lo diga también― socialmente injustas. Nosotros reiteramos que la regulación debe adaptarse a las necesidades reales y que la regulación debe fundamentarse en principios de funcionalidad, seguridad y proporcionalidad, con un enfoque adaptativo que permita conjugar dos cosas que sí que son posibles, la protección del litoral con el desarrollo sostenible de una actividad deportiva como es la náutica, que es de lo que hoy hablamos. Y, por lo que se refiere a las disposiciones adicionales undécima y decimotercera, entendemos que es lo que algunos ayuntamientos de playa piden en cuanto a los patrimonios como elemento cultural, eso, desde una concepción republicana, como no puede ser de otra manera, salvo aquellas que desempeñan una actividad no solo privada, sino extremadamente elitista, que también existen.

Votaremos favorablemente la toma en consideración para poder trabajar y hacerlo desde el rigor y la responsabilidad a favor de la economía azul y a favor de la preservación de nuestro litoral, que son dos conceptos que a nuestro entender son perfectamente compatibles.

Y acabo con un mensaje para el Partido Socialista y también para la vicepresidenta tercera. Con respecto al mar ―ya que hablamos hoy del mar―, la señora Ribera, la vicepresidenta tercera ―hoy ya no lo es―, se comprometió con el Delta del Ebro. Nosotros nos vamos a recular, anótenlo bien, en cuanto al espacio húmedo más importante del sur de Europa, no porque lo diga esta diputada sino porque lo dice la gente que vive y que quiere el Delta del Ebro.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. La verdad es que esta proposición de ley del Grupo Popular nos resulta un tanto sorprendente, y lo es por varias razones que no solo revelan incoherencias jurídicas, sino también una visión del país profundamente equivocada. Primera razón. La creación de una figura jurídica a medida de intereses particulares. Este afán de crear nuevas figuras jurídicas, como los núcleos urbanos con especiales valores etnológicos, que se solapan con figuras ya existentes recogidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español, no tiene ningún sentido. La protección de inmuebles basándose en valores culturales, artísticos, históricos y etnográficos, entre otros, ya se realiza por las Administraciones competentes, bien sea por el Estado a través del

Ministerio de Cultura, y no de otros ministerios como sugiere la PL, o por las comunidades autónomas a través de las consejerías competentes en patrimonio natural. Esta proposición no pretende mejorar, sino que crea una figura jurídica ad hoc para esquivar la aplicación del ordenamiento jurídico y favorecer inmuebles que, de otro modo, no podrían eludir la regulación vigente. El Grupo Popular propone un traje jurídico confeccionado a medida, una figura hecha para burlar la ley y blindar privilegios. Pero, además, quiere sustentar esta nueva figura equiparando el patrimonio cultural e histórico con el turístico, valores que no son siempre compatibles, especialmente en zonas tan sensibles como la primera línea de la costa.

Segunda razón. El deslinde como tapadera de la ocupación del litoral. La propuesta del Grupo Popular pretende excluir determinados inmuebles del dominio público marítimo-terrestre utilizando el deslinde como instrumento, pero esta maniobra no resuelve el problema de la ocupación irregular o sin título, al contrario, la elude. Todo apunta a que el verdadero objetivo de esta PL es ofrecer una salida legal a aquellas entidades o personas jurídicas cuyos inmuebles se encuentran en zonas de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y que buscan su regularización a medida, pero la proposición no aporta ninguna propuesta en este sentido, y hay que recordar que, tras las desafectaciones de estos inmuebles, pasan a tener consideración de bienes patrimoniales del Estado y se procede a su desocupación o transmisión por la ya recogida Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Además ―importante―, la legislación vigente de costas ya contiene un régimen compensatorio de la pérdida de propiedad en dominio público marítimo-terrestre y esta eliminación de titularidad privada en terrenos de dominio público no es una decisión arbitraria o carente de justificación, sino que se encuentra establecido, como saben perfectamente, en esta ley que ustedes quieren modificar.

Tercera razón. Un modelo de deporte náutico solo para algunos. Compartimos que el mantenimiento de las actividades deportivas de carácter náutico federado debe ser una prioridad, así como la propuesta de que no se permitan las instalaciones destinadas a actividades deportivas no náuticas. Estamos de acuerdo. Pero lo que propone el Grupo Popular es profundamente contradictorio: en el mismo texto en el que restringen los usos no náuticos plantean que las instalaciones pueden mantener comedores, bares, restaurantes y soláriums. A nuestro entender, estos servicios (hace el signo de comillas con los dedos) no son estrictamente necesarios para realizar la actividad deportiva náutica; al contrario, perpetúan un modelo de ocupación del dominio público solo para unos pocos.

I, de fet, deixi’m destacar que existeixen múltiples models que compatibilitzen la pràctica d’aquests esports nàutics amb el respecte de la normativa i l’accessibilitat per part de tota la ciutadania. Aquest és el cas del Centre Municipal de Vela del Prat de Llobregat, un edifici de l’Ajuntament, que en fa el manteniment, mentre que la gestió del Club de Vela el fan els seus socis i sòcies, acostant el surf, el pàdel, el caiac, el windsurf, el catamarà, als pratencs i pratenques de totes les edats. Aquest club ara se situa dins la legalitat de la normativa i, per tant, el seu futur, tan legal com econòmic, està assegurat.

De hecho, déjenme destacar que existen múltiples modelos que compatibilizan la práctica de estos deportes náuticos con el respeto de la normativa y la accesibilidad por parte de toda la ciudadanía. Este es el caso del Centro Municipal de Vela del Prat de Llobregat, un edificio del ayuntamiento, que hace el mantenimiento, mientras que la gestión del club de vela la hacen sus socios y socias, acercando el surf, el paddle, el kayak, el windsurf y el catamarán a ciudadanos de todas las edades de esa zona. Este club ahora está dentro de la legalidad de la normativa y, por tanto, su futuro, tanto legal como económico, está asegurado.

Cuarta y última razón. Negar la emergencia climática no salvará ni un metro de la costa. La proposición del Grupo Popular no plantea una política para el litoral, sino unos parches para mantener los privilegios de aquellas edificaciones cerca del agua que están dentro del dominio público mediante el deslinde debido al retroceso de la línea de la costa. Las playas son un bien escaso y valioso. Permitir usos privativos con grandes instalaciones o edificaciones impide el uso público de los arenales y la costa. (Aplausos). Y esto precisamente es contrario al interés público que deben defender las Administraciones públicas. Pero además se obvia que la erosión y el retroceso de la línea de la costa están vinculados principalmente a la antropización de la costa y la presión urbanística y turística. La subida del nivel del mar debida al calentamiento global irá en aumento en las próximas décadas y se lo llevará todo por delante. De hecho, según el Panel Intergubernamental en Cambio Climático, el IPCC, de las Naciones Unidas, se prevé una subida entre 0,63 metros y 1,02 metros para el 2100, en el escenario más pesimista. Esto impactará en ciudades costeras como Huelva o Santander, en infraestructuras como el aeropuerto de El Prat ―señorías del Grupo Socialista, tomen nota― o en zonas protegidas, como el parque nacional de Doñana.

Ante esta realidad, y teniendo en cuenta que España es un país de costa ―concretamente, 7905 kilómetros de costa a lo largo del océano Atlántico y del mar Mediterráneo―, es necesaria una gestión integral de las zonas costeras para lograr la sostenibilidad del litoral. Las medidas de adaptación no pasan por proteger los bienes de la primera línea del mar, sino por una planificación urbana adaptada a las predicciones del aumento del nivel del mar vinculadas a la acción colectiva y garantizando la equidad de su aplicación. (Aplausos). Como recoge el informe Gestión sostenible de zonas costeras, de la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, la comunidad científica aboga por soluciones y gestiones sostenibles, duraderas en el tiempo y que no comprometan la capacidad de adaptación futura, y es que la adaptación futura es la clave de lo que deben ser las políticas públicas de gestión de la costa. Esta propuesta del Grupo Popular llega a decir que las desocupaciones o derribos no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios altamente degradados y que en un análisis de coste-beneficio ambiental ofrecen unos resultados desfavorables en cuanto a servicios ecosistémicos. Bien, les expondría un caso paradigmático que contradice científicamente su afirmación, pero, como tengo poco tiempo, simplemente les invito a buscar el caso del complejo turístico del Club Mediterranée, del Cap de Creus.

En definitiva ―ya termino―, esta PL no soluciona absolutamente nada, ni el mismo problema que quiere abordar el Grupo Popular ni el principal reto que tenemos como servidoras públicas y sociedad, que no es nada menos que garantizar la adaptación de los casi 8000 kilómetros de costa de la emergencia climática. Esto último lo podremos hacer con un cambio radical, pasando de las políticas de artificialización de la costa lideradas por las derechas de este país, cuyo resultado ha sido una gran degradación de los ecosistemas naturales, a las políticas de gestión sostenible con mirada larga que aúnen la protección de la costa frente a los temporales y subidas del mar, que eviten la erosión de las costas, que conserven la biodiversidad, que promuevan actividades náuticas y educativas para todo el mundo, así como un turismo responsable, que garanticen una pesca sostenible y que aseguren una vida digna para quien viva en estas zonas, porque la costa no es un negocio a proteger, sino un bien público a defender. (Aplausos).

Quienes nos acompañan esta tarde en la tribuna de invitados seguro que han cogido su tren con mucha ilusión para escuchar hoy una nueva promesa del Grupo Popular, pero siento que vean un espectáculo más en la sede de la soberanía nacional. (El señor vicepresidente, Bermúdez de Castro Fernández, ocupa la Presidencia).

Estamos viendo con mucha tristeza cómo las leyes que unos y otros han puesto en marcha durante décadas no solo generan inseguridad, sino que también le hacen perder a uno los nervios y la paz cuando ves que tu hogar lo vas a perder por leyes nefastas. (Aplausos). Hoy escucho a unos y a otros: el Grupo Mixto le dice al Grupo Popular que le agradece que reconozca el cambio climático, la representante de Junts habla de países catalanes, que, por cierto, no existen (aplausos), y la representante de SUMAR habla del negocio de las playas. Pero estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de proteger el patrimonio natural. Estamos hablando de proteger el litoral. Estamos hablando de garantizar la vivienda a muchos que durante décadas y décadas están viviendo en zonas en las que se han criado con su madre y con los seres que más quieren. Y hoy estamos aquí hablando de una proposición de ley, relativa a esa modificación de la Ley de Costas de 1988, en la que el Grupo Popular pretende esa preservación de conjuntos urbanos y costeros de tipología tradicional y otras instalaciones de interés público. El Grupo Popular en el 2013 ―hace años― llevó a cabo una modificación de la Ley de Costas, y poco hizo por resolver los problemas. Por ejemplo, tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Junta de Andalucía, el Partido Popular está cometiendo irregularidades con una normativa que ya no solo está haciendo que se ocupe más la playa, quitándoselo, por ejemplo, a los vecinos de la Malagueta, sino que están pisoteando la normativa porque están quitando el acceso a las personas con movilidad reducida. No saben lo difícil que es manejar una silla de ruedas, y ustedes siguen poniéndoles palos en las ruedas a los españoles honrados. Hoy estamos hablando de una proposición de ley relativa a una modificación de esa Ley de Costas de 1988. Estamos hablando de dominio público marítimo-terrestre, que es una norma de gran calado en la que se tratan aspectos relevantes: clasificación del suelo, usos permitidos y prohibidos, régimen de concesiones, medidas de protección y restauración… Es una norma que ha sido modificada por PP y PSOE en numerosas ocasiones y, al final, en la última modificación que ha hecho el Partido Socialista con un real decreto, se introdujeron criterios para adaptar la costa al cambio climático. ¡Ojo!, cambio climático que el PP reconoce en esta proposición de ley porque la primera frase hace alusión a esto. Cuando les expropien sus viviendas, cuando tengan que coger sus pertenencias, recuerden las palabras «cambio climático» a las que nos están sometiendo todos los partidos de esta Cámara, excepto VOX. (Aplausos). Con el cambio climático están expropiando negocios y están expropiando viviendas.

Es un dislate; es un dislate más este teatro al que el bipartidismo ―esta estafa de bipartidismo― nos está condenando, porque PP y PSOE durante los últimos cuarenta años han necesitado los votos de separatistas, golpistas y nacionalistas para mantenerse en el poder. Este PP, que yo siento que le han invitado a que venga hoy aquí y cuyo portavoz hoy en la tribuna ha criticado al Partido Socialista, es el mismo que el viernes pasado se sentó con Sánchez; es el mismo que le tiende la mano constantemente; es el mismo con el que pactan constantemente el reparto de jueces. (Rumores). ¡Y este PP dice que se preocupa por los españoles! Si realmente se preocupan por los españoles, no hay que ser el balón de oxígeno de Sánchez, hay que echarlo, porque urge echarlo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Este problema es un problema que afecta a multitud de españoles en Valencia, Murcia, Canarias, Cantabria, Cataluña… En Málaga, por ejemplo, en El Palo, hay 570 familias que llevan más de once años luchando. Con ellos nos hemos reunido y es desgarrador escuchar su voz temblona cuando escuchas su preocupación ante leyes que son tremendamente injustas. (Aplausos). Hablo de El Palo, de Pedregalejo, de Las Acacias… Hablo de personas. ¿Les preocupa el litoral? ¿Quieren protegerlo? Pues protéjanlo con soluciones estructurales y definitivas. Hablan de regresión costera y lo achacan al cambio climático sin tener en cuenta factores históricos y técnicos ni ayuntamientos que despilfarran dinero con la regeneración de arenas tras cada temporal, porque sus políticas totalitarias están llevando a esa pérdida de arena y, por tanto, a esa desestabilización. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año noventa empezaron a demoler unos y otros, por ejemplo, los espigones en muchas playas ―es el caso, por ejemplo, de Málaga― y cada vez que hay una lluvia fuerte tememos por los negocios, por los chiringuitos de playa ―no los chiringuitos que tienen entre PP y PSOE― y por las actividades acuáticas.

En definitiva, quiero terminar esta intervención denunciando desde VOX el bloqueo de la Mesa del Congreso, porque es cierto que el Grupo Popular llevó a cabo una propuesta de modificación de la Ley estatal de Costas, que consiguió aprobar en el Senado en 2024, y esta Mesa del Congreso ―a la que se lo ha permitido el Grupo Popular, porque rechazó que VOX, siendo la tercera fuerza política, estuviese en esta Mesa―, por sus políticas, ahora les están bloqueando una ley que lleva paralizada más de catorce meses, con cuarenta y dos prórrogas consecutivas. Estamos viendo una Mesa del Congreso en la que Grupo Socialista y SUMAR tienen la mayoría y en la que acuerdan prorrogar los plazos de enmiendas de más de seiscientos proyectos de ley. Pero eso no sucedió ni con la ley de amnistía, que bien que la aprobaron pronto, ni con la reforma del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal, que fue pactada con el Grupo Popular. Mesa del Congreso, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Cuentas, CIS y Televisión Española… Esos son los cambalecheos de un Partido Socialista al que el PP le hace la muleta. Así que nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración porque sí queremos proteger realmente ese patrimonio natural, sí queremos proteger a esas familias que son víctimas de sus nefastas políticas y, por supuesto, seguiremos denunciando la estafa del bipartidismo, sus teatros, sus dimes y diretes. Llegará el momento en el que nosotros legislemos desde la verdad y desde la justicia para todos los españoles y por el bien de todos los españoles. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señorías, seré directo: la modificación de la Ley de Costas que proponen es una trampa llena de expectativas que no podrán cumplir. Empatizamos con las personas afectadas, sin embargo, esta iniciativa que plantea el Grupo Popular es inconstitucional por una parte y negacionista del cambio climático por otra. Ni protege la costa ni da seguridad a los afectados y se salta la legalidad únicamente por el interés de quien especula. No sabemos si su enemistad con la ciencia es por ideas, por convicciones o por chantaje de la ultraderecha para sacar presupuestos en la Comunitat Valenciana o en Murcia, pero tenemos claro que cuesta vidas y destroza el planeta. (Aplausos). Les doy una idea, simplemente, para frenar la subida del mar a consecuencia del cambio climático: señorías, rompan sus acuerdos con la extrema derecha, dejen de destruir carriles bici y de llenar las ciudades de tubos de escape o de Fórmulas 1.

El PP y VOX, cuando se juntan, son un arma letal, son peligrosos por separado, y hoy mismo el diputado del Grupo Popular ha dicho que el ecologismo es fundamentalismo.

Centrándome en su propuesta de la modificación de la Ley de Costas, en el Grupo Popular pretenden que, tras la subida del nivel del mar, conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional puedan evitar expedientes de desocupación o derribo a través de su expulsión del dominio público marítimo-terrestre, y esto, como les decía, es inconstitucional. El artículo 132.2 de la Constitución define nítidamente este tipo de bienes como dominio público marítimo-terrestre y el legislador no puede pasarlo por alto. En esta Cámara, podemos regular su régimen inalienable, imprescriptible e inembargable, para dar las certezas a los miles de personas afectadas, pero no eliminar ese régimen. Hoy vienen aquí a traer populismo ignorando una Constitución que tienen que cumplir de la primera a la última página, no solo las partes que les interesan. De nuevo, buscan la política del humo, la política de la frustración, la política del Rincón del Vago, del corta y pega, la política del mínimo esfuerzo y de la máxima frustración y crispación. (Aplausos.― Rumores). Y esto no es novedad, porque en 2013 intentaron aprobar esta iniciativa y la sentencia del Tribunal Constitucional 23/2015 la tumbó. ¿Y el Gobierno de Mariano Rajoy qué hizo en ese momento? Acatarlo. Ya existen soluciones viables, como dicta la sentencia del Tribunal Constitucional, en la legislación vigente para los propietarios afectados por tener el mar en sus casas. Y, aunque sabemos que debemos continuar dando soluciones y compensaciones a las vecinas y vecinos, sabemos que la Ley de Costas y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas ya prevén mecanismos de desafectación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre que han perdido características naturales. Y esto no lo dice este grupo, esto lo dice ―insisto― el Tribunal Constitucional. Es cierto que ahora vienen con una novedad que debo reconocerles que me ha llamado la atención, que es añadir los clubes náuticos como víctimas de la protección al medioambiente. Y yo les digo: cuídense de los viajes en yate de clubes náuticos con narcos, que esas visitas, señorías, las carga el diablo y eso sí que es mafia. Eso sí que es mafia. (Aplausos). Diputadas y diputados del Grupo Popular, ¿qué clase de problema tienen ustedes con el mar, con las costas y con el litoral? La mujer de Feijóo peleando por un acceso ilegal y directo desde su casa a la playa, en la localidad pontevedresa de Moaña (aplausos), su conselleiro gallego del Mar investigado por presunta agresión sexual... (Un señor diputado: ¡Qué fuerte!―Rumores). Por cierto, nuestro grupo se pregunta, ¿no les da vergüenza en un caso de agresión sexual ponerse al lado del conselleiro y dejar de lado a la víctima? Pregunto. (Aplausos.―Rumores).

En resumen, señorías, su reforma ―que no podrán cumplir― está redactada para favorecer a determinados grupos de interés y poner de escudo a los vecinos y vecinas. Con esta iniciativa dejan en el limbo a los afectados y juegan con sus esperanzas. Quiero trasladar desde el Grupo Socialista que estamos con las personas afectadas y que seguiremos estudiando diferentes alternativas y formas de compensación para regenerar el litoral. Sin embargo, la ocupación del litoral con construcciones fijas agrava la crisis climática e intensifica sus efectos y al Grupo Popular se le ocurre que es buena idea permitir construir a 200 metros del mar y seguir sumando personas a la lista de más de 600 000 que viven en zonas inundables en mi tierra, en la Comunitat Valenciana. Esto no va de protección de los derechos de los vecinos, esto va de negociete. PP y VOX han aprovechado, con la excusa de la reconstrucción de la dana, para desproteger el territorio y rebajar controles administrativos de los planes urbanísticos, incluso en zonas afectadas.

Frente a su bucle especulador, desde el Gobierno de España hemos puesto en marcha inversiones, como los más de 110 millones de euros en Valencia para recuperar las playas, o el recurso del Partido Socialista y Compromís al Constitucional para parar la Llei de l’Horta o Huerta de Mazón, que debe evitar construcciones en zonas inundables. Señorías, ojalá que no, pero el cambio climático no cesa y las probabilidades de desastres mayores, como la dana, son cada vez más probables. Ustedes siguen estando en la política de barra de bar. Siguen afrontando las catástrofes en la barra de un bar y la desgracia la pagamos los españoles y las españolas. La resaca la paga la gente con sus vidas. Hoy hay aquí una ausencia en la bancada del Grupo Popular. Es la ausencia de Núñez Feijóo. ¿Saben dónde está? Está de comida en ‘el ventorro’ que ha montado en Alicante con Carlos Mazón. (Aplausos). Está de comida. Y no está de comida para desautorizarlo, señorías, está de comida para revalidarlo bajo un cartel en el que pone «Valores». ¡Han de tener valor! Han de tener valor, señorías, para revalidar y promocionar al señor Mazón.

Acabo con una advertencia. Si siguen ustedes por esta vía tendrán a toda una generación de jóvenes en frente que no quieren mudarse de planeta. Una generación que detesta el negacionismo. No permitamos que dentro de unas décadas otros escritores vuelvan a relatar una España de ladrillo, de cemento, de corrupción y de especulación, como la que contó el escritor valenciano Rafael Chirbes en Crematorio. Eso les debe sonar. Digamos no a una iniciativa que no da respuesta a las personas afectadas y que, además, hipoteca el futuro colectivo de todas y todos.

Muchas gracias. (Aplausos).