Proposición no de Ley para impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario, colaboren, negocien o pacten con prófugos o condenados por la Justicia.

Señorías, las catorce fuerzas políticas —‌Junts, Esquerra, Bildu, PNV, SUMAR y desde esta misma semana también Podemos, a los que felicito por su ascenso en este hemiciclo― que desde el pasado mes de noviembre gobiernan este país y también el partido por cuya intermediación lo hacen, el ‘sanchista obrero español’, llevan meses y meses repitiéndonos un mantra, el de que es necesario, es inaplazable, es urgente, es imperioso desjudicializar la política. No se me confundan, no estoy hablando de despolitizar la justicia, que este es en cambio un empeño que lleva décadas —‌desde 1985 cuando menos— sobre la mesa y que, unas veces por acción y otras veces por omisión, vamos dejando y dejando siempre para mañana, normalmente para la siguiente legislatura.

Desjudicializar la política es lo que la portavoz del anterior Ejecutivo reclamó en febrero de este año, cuando en respuesta a una resolución del Tribunal Supremo contraria a sus intereses defendió las bondades del diálogo para normalizar las relaciones institucionales, recuperar los afectos entre catalanes y mejorar la convivencia de todos, abogando por evitar la judicialización de los problemas políticos; es lo que el presidente del Gobierno propuso tal día como hoy hace exactamente un año, cuando en plena tramitación de la reforma de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desórdenes defendió en Barcelona la necesidad de devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados.

No es esta una idea que comparta; no la comparto como ciudadano, no la comparto como jurista, no la comparto como diputado. No la comparte mi grupo, no la comparte el grupo mayoritario de la Cámara, no la comparten los once millones de españoles que nos votaron y estoy convencido de que tampoco la comparten una buena parte de los siete millones de ciudadanos que votaron al Partido Socialista. No la compartimos los que nos encontramos persuadidos de que nadie que se dedique con honestidad al ejercicio de la política tiene nada que temer de los jueces y de los tribunales de nuestro país (aplausos); quienes nos hallamos persuadidos de que ninguna institución constitucional se halla más comprometida en la defensa de los derechos y las libertades de los españoles ―e incluyo los derechos de participación política― que el Poder Judicial; los que creemos que nada bueno puede esperarse de unas fuerzas políticas que se conjuran para gobernarnos al margen de la ley o que se esconden de quienes tienen la misión de preservarla.

Aun así, déjenme que siquiera por unos minutos haga como que doy por buena esta tesis y sustituya la apelación al estricto cumplimiento de las leyes por la defensa de una proposición no de ley. Hoy, que una diputada de Podemos acaba de amenazar con llevar a los tribunales al Gobierno o a la mayoría socialista, déjenme que sea yo el que intente reivindicar la política. Una proposición no de ley que, como bien saben ustedes, es uno de los instrumentos de los que esta Cámara dispone para orientar la acción del Gobierno, instándole a seguir una determinada política o a abstenerse de tomar determinadas medidas, sin que su aprobación conlleve modificación alguna de nuestro ordenamiento jurídico susceptible de acabar con el presidente del Gobierno sentado en un banquillo.

Una proposición no de ley cuyo contenido queda de manifiesto en su mismo enunciado: impedir que miembros del Gobierno o cualquier autoridad o funcionario colaboren, negocien o pacten con prófugos de la justicia; pero que, incluso, sería susceptible de resumirse en una demanda tan sencilla de enunciar como sencilla de cumplir, la exigencia de que el Gobierno que encabeza el señor Sánchez —‌al que no veo por aquí y al que supongo que estará firmando ejemplares de su libro en El Corte Inglés de Moncloa— respete esta Cámara y a los ciudadanos a los que esta Cámara representa; y que le brinde a este Congreso, y también al Senado, el respeto y la consideración que uno y otro merecen, en su condición de más altos representantes del pueblo español, de titulares de la potestad legislativa del Estado de instituciones legitimadas para el control del Gobierno. El respeto y la consideración que el señor Sánchez y sus enviados les hurtan cada vez que se desplazan a Bruselas o a Ginebra para discutir y acordar con prófugos de la justicia asuntos que solo entre estas cuatro paredes pueden ser acordados y que solo aquí merecen ser discutidos. El respeto y la consideración que el señor Sánchez y sus enviados burlan cada vez que en esas reuniones semiclandestinas suscriben acuerdos que menoscaban las leyes salidas de este Parlamento y, aún, la ley de leyes que los ciudadanos españoles ratificamos en referéndum el 6 de diciembre de 1978. El respeto y la consideración de los que el señor Sánchez y sus enviados hacen mofa cuando se sirven del dinero que los contribuyentes les confiaron para agasajar a criminales convictos, pero nunca arrepentidos, que han hecho además gala de su deseo de repetir sus crímenes. Y, ya puestos, que les brinde también a los españoles, a los que esta Cámara representa, el respeto y la consideración que merecen en tanto que titulares de la soberanía nacional y ciudadanos libres e iguales en un Estado democrático. El respeto y la consideración que el presidente del Gobierno y sus enviados les niegan ―nos niegan― cuando venden en almoneda nuestra soberanía, menoscabando ante nuestros aliados la imagen de nuestro país; cuando nos homologan ante los ojos de la opinión pública internacional con tantos otros estados fallidos o al borde de serlo, como Bosnia, Kosovo, Ruanda, Colombia o El Salvador, que tuvieron que recurrir a mesas negociadoras montadas en países lejanos y bajo la supervisión de potencias internacionales para resolver los diferendos que no fueron capaces de encarrilar en sus todavía precarias instituciones representativas; o cuando ofenden el más elemental sentido de la decencia, ofreciendo a los prófugos con los que se sientan a negociar ventajas penitenciarias o, directamente, la más absoluta impunidad a cambio de votos. (Aplausos).

Soy perfectamente consciente de que, con el Gobierno que tenemos y con la mayoría que le sustenta, las posibilidades de que esta proposición no de ley llegue a buen puerto son escasas y aún menores las de que, en el caso de ser aprobado, el Ejecutivo dé cumplimiento a una demanda tan cabal como esta. Así que me permitirán que dé por concluidos esos tres minutos de defensa de la política y de apuesta por la desjudicialización de la política, y que vuelva a recordar que existe el derecho y vuelva a recordarles a los señores del banco azul que, sea cual sea el resultado de este debate y de esta votación, el artículo 408 del Código Penal va a seguir estando donde estaba. Es ese artículo que castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a aquellas autoridades o funcionarios que, faltando a la obligación de su cargo, dejaren intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tengan noticia o de sus responsables. Y para hacerles saber y hacer saber también a los españoles que nos están escuchando que, en tanto que sobreviva una sola de las leyes que los españoles nos hemos dado para proteger nuestra convivencia y asegurar nuestra integridad como nación...

... en tanto siga habiendo un solo juez que vista con dignidad su toga y en tanto no falte un ciudadano dispuesto a apelar a la justicia, su pretensión de subastar nuestra Constitución al mejor postor no prosperará. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Perdoneu, però m’he quedat una mica sorpresa. En qualsevol cas, aquesta proposició no de llei que ha presentat la gent de Vox és la definició del que és l’antipolítica. Em sembla evident que des de les files d’Esquerra Republicana considerem que no hi va haver cap delicte l’1 d’octubre de 2017, i en la mesura en què no hi va haver cap delicte, el que va haver de fer l’Estat va ser estrafer el seu propi dret per poder encolomar algun tipus de delicte als dirigents que en aquell moment van conduir gran part de la meva societat a un acte d’apoderament que representava votar sobre el nostre futur. Hi ha tres coses que interessen dir aquí. Primera, si volien delicte no haver derogat el delicte de referèndum il·legal. Però saben què passa? Que no existia, per tant, no hi havia cap delicte associat al fet que dos milions de persones i mig anessin a votar en ús de la seva voluntat com a nació que som. Segon element, i molt curiós, darrera de voler encausar la nostra gent, darrere que companys meus hagin estat molts anys a la presó i companys meus també estiguin a l’exili —t‌ant em refereixo al president Puigdemont com a la secretària general del meu partit, la Marta Rovira—, vostès van ensenyar les falsedats del seu sistema democràtic, i vostès van demostrar que és un sistema demofòbic que no dona cap resposta ni per la via d’allò que en diuen constitucional, ni per la via d’allò que en diuen dialogada, ni per la via política davant d’una reclamació d’autodeterminació que, mirin, ho sento, però sí que els ho anuncio, la tenim, la tindrem i seguirem fins que aconseguim autodeterminar-nos. Perquè això va, ni més ni menys, que de democràcia. Jo no sé quants diputats fa que estan aquí durant moltes legislatures, però han de recordar necessàriament que s’han fet diversos camins seguint la senda del que vostès deien que era constitucional. S’ha reclamat aquí el traspàs del 92 a la Generalitat de Catalunya per tal de poder fer un referèndum pactat amb l’Estat. Han vingut els companys Turull, Marta Rovira i també en Joan Herrera a explicar per què la societat catalana ho reclamava. De debò vostès pensen que per molt que ens posin a la presó, per molt que ens il·legalitzin, per molt que decideixin que la gent que vingui a parlar amb nosaltres també se’ls legalitzi i també se’ls posi a la presó, la voluntat d’un poble l’aconseguiran vèncer? De veritat que s’ho pensen? Vostès es pensen que quan l’any 2017 es planteja aquest apoderament democràtic que és l’1 d’octubre, quan hi ha 2 milions i mig de persones al carrer, quan hi ha una majoria de gairebé dues terceres parts del Parlament de Catalunya a favor, quan hi ha les quatre diputacions catalanes a favor d’això, quan hi ha 37 consells comarcals... Se lo traduzco, esto sí, porque es una institución catalana. Consejos comarcales. Es como se organiza mi territorio. Quan hi ha 920 ajuntaments a favor d’això, vostès creuen realment que con el imperio de la ley vamos a resolver alguna cosa? No. Fa centenars d’anys que Catalunya es reconeix a si mateixa com a nació. Fa centenars d’anys que estem intentant autodeterminar-nos. I, si convé, en passaran centenars més, perquè això va de la construcció d’una societat pròpia i del reconeixement de la col·lectivitat en què vivim. Perquè això va del sentiment de pertinença. Perquè això va de quin lloc ocupes al món, de qui ets i de com t’hi relaciones. Però és que cada vegada més això va d’una majoria que vol anorrear la nostra llengua, que vol anorrear la nostra nació, que vol anorrear el nostre pensament, que vol anorrear les nostres institucions davant d’una voluntat de persistència que no es trencarà mai. I escolti’m, quan jo vaig començar amb aquest negoci érem el 10 %, però saben què passa? Que la política té aquesta grandesa. La política són els arguments. La política és la convicció. La política és la seducció. La política és explicar per què consideres que el teu país té el dret a autodeterminar-se i la necessitat per seguir existint de fer-ho. I per això, cada vegada vam ser més, i per això cada vegada serem més. Perquè el meu és un país inclusiu i el meu serà, senyors i senyores, un país lliure.

Buenas tardes, de nuevo. Disculpen, pero me he quedado un poco sorprendida. Sea como fuere, esta proposición no de ley que ha presentado la gente de VOX es la definición de lo que es la antipolítica. Me parece evidente que en las filas de Esquerra Republicana consideramos que no hubo ningún delito el 1 de octubre de 2017 y, en la medida en que no hubo ningún delito, lo que tuvo que hacer el Estado fue su propio derecho para poder colocar algún tipo de delito a los dirigentes que en aquel momento lideraron buena parte de mi sociedad a un acto de empoderamiento que representaba votar sobre nuestro futuro. Hay tres cosas que interesan aquí. Primero, si querían delito, no haber derogado el delito de referéndum ilegal. ¿Pero saben ustedes qué sucede? Que no existía. Por consiguiente, no había ningún delito asociado al hecho de que 2,5 millones de personas fueran a votar en uso de su voluntad como nación que somos.

Segundo elemento, y muy curioso, tras el hecho de querer enjuiciar a nuestra gente y tras del hecho de que muchos compañeros míos hayan estado muchos años en la cárcel, y que compañeros míos también estén en la cárcel y en el exilio, y me refiero al presidente Puigdemont y a Marta Rovira, ustedes enseñaron las falsedades del sistema democrático y ustedes demostraron que es un sistema demofóbico que no da ninguna respuesta, ni por la vía de lo que llaman ustedes constitucional ni de lo que llaman vía dialogada ni por la vía política, ante una reclamación de autodeterminación que —‌lo siento, pero se lo anuncio— tenemos y la tendremos, y seguiremos hasta que consigamos autodeterminarnos, porque esto va ni más ni menos que de democracia. Yo no sé cuántos diputados están aquí desde hace muchas legislaturas, pero deben recordar necesariamente que se han hecho diversos caminos siguiendo la senda de lo que ustedes creían que era constitucional. Se ha reclamado aquí el traspaso del 92 a la Generalitat de Catalunya para poder hacer un referéndum pactado con el Estado. Han venido los compañeros Turull, Marta Rovira y, también, Joan Herrera a explicar por qué la sociedad catalana lo solicitaba. ¿De verdad piensan ustedes que por mucho que nos metan en la cárcel, por mucho que nos ilegalicen y por mucho que decidan que la gente que venga a hablar con nosotros también sean ilegalizados y también los metan en la cárcel, la voluntad de un pueblo van a conseguir vencerla? ¿De verdad lo consideran? ¿Piensan ustedes que cuando en el año 2017 se plantea este empoderamiento democrático que es el 1 de octubre, cuando hay dos millones y medio de personas en la calle, cuando hay una mayoría de prácticamente dos terceras partes del Parlamento de Cataluña a favor, cuando tenemos las cuatro diputaciones catalanas a favor de ello, cuando hay 37 consejos comarcales —‌se lo traduzco, esto sí, porque es una institución catalana, consejos comarcales, que es como organizamos el territorio—, cuando hay 920 ayuntamientos a favor de ello, ustedes creen realmente que con el imperio de la ley vamos a resolver algo? No. Hace centenares de años que Cataluña se reconoce a sí misma como nación, hace centenares de años que estamos intentando autodeterminarnos y, si es preciso, pasarán centenares más, porque esto va de la construcción de una sociedad propia, del reconocimiento del colectivo en el que vivimos, esto va del sentimiento de pertenencia, esto va del lugar que ocupamos en el mundo, de quién eres y de cómo te relacionas con el mundo; pero es que cada vez más esto va de una mayoría que quiere eliminar nuestra lengua, nuestra nación, nuestro pensamiento, nuestras instituciones frente a una voluntad de persistencia que no se va a romper nunca.

Miren ustedes, cuando yo empecé en este negocio éramos el 10 %, ¿pero saben qué sucede? Que la política tiene esta grandeza. La política son los argumentos, la política es la convicción, la política es la seducción, la política es explicar por qué consideras que tu país tiene el derecho a autodeterminarse y la necesidad, para seguir existiendo, de hacerlo. Por eso cada vez somos más y por eso cada vez seremos más, porque mi país es un país inclusivo y será, señoras y señores, un país libre.

Muchas gracias.

Señora presidenta, señores diputados, VOX no puede dar lecciones de Estado de derecho o de constitucionalismo. El artículo 6 de la Constitución sitúa el pluralismo y la participación política como centro de nuestra democracia y VOX, de forma reiterada, pretende acabar con el pluralismo político. Han sido ya dos veces las que ha propuesto ilegalizar a los partidos que no piensan como ellos. Eso es un síntoma de buscar poca participación política. Con esta PNL lo que perpetran es otro ataque a ese pluralismo político, en este caso en la persona de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Un partido, VOX, que ha ignorado leyes y sentencias de los tribunales cuando le ha interesado; por ejemplo, manteniendo como vicepresidente y portavoz de Exteriores a un condenado por el Tribunal Supremo o como portavoz parlamentario a un condenado por la Audiencia Provincial de Madrid. Un partido que transfiere millones de euros de subvenciones electorales a fundaciones opacas y que tiene la desfachatez de presentar una PNL reivindicando —l‌iteral— que el Estado de derecho debe ser regido por la ley como valor supremo. Consejos vendo que para mí no tengo. (Aplausos).

La ultraderecha carece absolutamente de credibilidad. Llegaron a esta Cámara prometiendo luchar contra el derroche en la política y cada vez que acceden a un Gobierno multiplican el gasto en asesores y altos cargos, o cobran salarios abultados por desempeñar vicepresidencias autonómicas sin función alguna, lo que les deja mucho tiempo libre para viajar a Madrid y agitar, megáfono en mano, la algarada callejera en la calle Ferraz. Con estos antecedentes, se atreven a insultar y acusar a la vicepresidenta

Díaz de supuesto incumplimiento de sus deberes públicos. Les molesta que la señora Díaz haya hecho su trabajo y que tengamos un gobierno de España sin la presencia de los herederos y los apologistas del régimen franquista; es decir, sin el PP y sin VOX.

Reunirse con los representantes de un grupo parlamentario elegido por los votos de la gente no es contradecir una resolución del Tribunal Supremo. VOX, al dictado del PP, ha puesto en marcha una peligrosa estrategia de ataque a la democracia y de desestabilización de las instituciones constitucionales. Su estrategia es enfrentar a los españoles y españolas con violencia y desórdenes públicos. Es acabar con la convivencia pacífica, construida por las fuerzas e ideas democráticas con las que arrojamos la Dictadura al basurero de la historia. La ultraderecha desprecia al Estado de derecho y la democracia cuando afirma temerariamente que este Gobierno es ilegítimo e ilegal, cuando incita al linchamiento del presidente del Gobierno elegido democráticamente, cuando califica de golpes de Estado los resultados de las urnas expresados por los ciudadanos, cuando deshumaniza a sus adversarios políticos incitando a exterminarlos. ¡Paren ya! Ustedes y el Partido Popular están jugando con fuego. Dejen de deteriorar la democracia. Sabemos que no la valoran, porque nunca lucharon por ella, pero tomen nota: el Partido Popular les pone a hacer el trabajo sucio. Ellos se presentan como la alternativa de la derecha civilizada, pero el pistoletazo de salida de esta insurrección contra las instituciones democráticas la dio el señor Aznar: El que pueda hacer, que haga. El Consejo del Poder Judicial, secuestrado por el PP desde hace más de cinco años, fue el primero que hizo una declaración propia de negacionistas de la democracia sin competencia alguna para ello, arremetiendo contra una ley inexistente, de la que no se conocía ni el borrador. El Poder Judicial cuestionando la legitimidad del Poder Legislativo para aprobar una investidura o una ley. Lo nunca visto. Eso es poco respeto a la división de poderes.

Han puesto en marcha una sucesión de pronunciamientos sediciosos de asociaciones corporativas de jueces, de inspectores de Hacienda, de diplomáticos o de cuerpos de Seguridad del Estado, que abandonan cualquier apariencia de independencia y se han convertido en brazos ejecutores de los partidos políticos que no aceptan las reglas de la democracia cuando no gobiernan. La guinda la pone la ya clásica incitación al golpe de Estado de los militares retirados, que querían fusilar a veintiséis millones de españoles y que no han faltado en esta fiesta. El partido de los jueces convocó por primera vez en democracia manifestaciones contra el Ejecutivo y el Legislativo, ignorando la prohibición de que los jueces hagan política, que establece el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y a pesar de lo grave que es que un juez decano o un presidente de Audiencia convoque manifestaciones, el Consejo del Poder Judicial no ha abierto ningún expediente disciplinario; la impunidad está garantizada.

En su PNL mencionan el supuesto daño a España, a la imagen de España a nivel internacional, a la inversión extranjera, al turismo, que habría provocado una reunión entre dos fuerzas políticas. El daño reputacional al Estado lo están causando ustedes con la campaña fascista de acoso a militantes y locales de los partidos del Gobierno de coalición. Son los disturbios en Ferraz, las muñecas hinchables exhibidas, el portavoz de Interior de VOX en esta Cámara agitando a los manifestantes y desobedeciendo a la policía, ‘purodefendiendo’ España. Eso es lo que ha abierto los informativos y primeras páginas de la prensa mundial para vergüenza de todos y todas.

Señores y señoras de VOX, dejen de atacar la democracia y de organizar golpes de Estado al dictado del Partido Popular. Pongan fin unos y otros a su política de degradación de la vida política española. Dejen de sembrar odio y de incitar al enfrentamiento entre españoles. Votaremos no a su PNL.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señor Flores, creo que tiene usted algún enemigo dentro del Grupo VOX, por, precisamente, darle a usted, un condenado por la justicia por maltrato (aplausos), la defensa de una PNL que se titula: prohibir, negociar, pactar con prófugos o condenados de la justicia, pero que usted ha evitado alargar la frase y se ha quedado con los prófugos de la justicia. Yo creo que usted tiene verdaderamente un enemigo. Porque, ayúdennos a entender cómo queda esto: el Gobierno no puede, pero VOX puede tenerlos dentro a los prófugos y a los condenados por la justicia. (Aplausos). Yo creo que no se la ha leído, de hecho, porque ha estado siete minutos sin atenerse a lo que dice la proposición no de ley.

Dicen ustedes estar muy preocupados por la imagen internacional de España. ¿Saben qué es lo que perjudica realmente la imagen internacional de España? Que su jefe, que hoy ―¡oh, sorpresa!― sí que está presente aquí, y el socio del Partido Popular, diga que pronto veremos al presidente del Gobierno colgado por los pies. Eso es un ataque directo a la democracia. Y no vale, señores del Partido Popular, que lo digan o que lo condenen con la boca pequeña; son palabras muy graves e intolerables, y, si de verdad son demócratas, deben tener consecuencias institucionales, porque, si no, ustedes van a ser cómplices. (Aplausos). El odio, la exaltación y la amenaza no pueden tener las puertas abiertas de nuestras instituciones. Ciento cuarenta ayuntamientos gobiernan con la ultraderecha; 5 comunidades autónomas. O hacen medidas inmediatas institucionales, o de verdad van a ser ustedes cómplices. Porque ya está bien de hablar del peligro para la democracia. El verdadero peligro de la democracia y la convivencia en nuestro país es su matrimonio, Partido Popular y VOX. Porque ¿quién no condena en el Senado los ataques que está sufriendo la sede del Partido Socialista en Ferraz? El Partido Popular. ¿Quién no está condenando los insultos que aquí, en sede parlamentaria, profesa la presidenta de la Comunidad de Madrid? El Partido Popular. ¿Quién asciende a portavoz del Grupo Parlamentario Popular a quien dice que el presidente del Gobierno debería huir en el maletero de un coche, y que es capaz de defender a un acosador, a un delincuente que, incluso, agredía a su propia madre? ¿Quién lo hace? El señor Feijóo. Y ante este nivel, el señor Feijóo es capaz de decir que el presidente del Gobierno padece una enfermedad mental. Ustedes están en una espiral, han entrado en la espiral competitiva para ver quién de los dos, Partido Popular o VOX, dice la mayor barbaridad. ¡Basta ya! Porque con este historial, de verdad, llevamos aquí toda la tarde y yo no me creo que ustedes hoy se hagan los ofendiditos. De verdad que yo no me lo creo.

Y otra cosa, otra competencia en la que entran ustedes dos. De verdad, señores de VOX, leyendo su proposición no de ley… ¿Constitucionalistas? ¿Los salvaguardas de la Constitución? Pero ¿cómo puede ser que VOX, un partido que, si pudiera, eliminaría más de cincuenta artículos de la Constitución y lo convertiría en un díptico, nos diga aquí que salvaguarda la Constitución? ¿Y cómo puede ser, señores del Partido Popular, que ustedes se otorguen ―como leíamos el otro día― el título de ‘somos el único partido constitucionalista’, y que considerándose constitucionalistas pacten cada tarde, cada hora y en todos los lugares con un partido que pretende acabar con la Constitución? Que se lo pusieron en una pancarta, sí, en la sede de Ferraz: La Constitución destruye la nación. Por favor, abran los ojos y basta ya.

Así que, para terminar, les diré que el Grupo Parlamentario Socialista jamás dará un sí a aquellas propuestas que ahonden en la confrontación y en el odio. En España, como en toda democracia, se gana al adversario en las urnas. Asúmanlo, ustedes perdieron, el matrimonio perdió, y ni lo de Cataluña se va a resolver a palos, como quisiera el señor Abascal, ni se va a colgar a nadie por los pies. Porque a pesar de su odio, a pesar de su exaltación por la violencia y a pesar de que el Partido Popular en este país lo está blanqueando, aquí estamos los socialistas para seguir trabajando por garantizar la convivencia en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, buenas tardes. Señorías, ¡qué nivel de agresividad! (Varios señores diputados: ¡Noo!―Risas). Sí, aguanten un poco que todavía les queda. (Aplausos). Señorías socialistas, hoy sí es un día muy triste, un día para olvidar, pero que, lamentablemente, se recordará como el momento en el que unos pocos sometieron a un Gobierno irresponsable para borrar sus delitos e imponer sus planteamientos ideológicos rupturistas a todo un país. (Aplausos). Hoy, a pesar de todos los intentos del presidente Sánchez de maquillar su traición a los españoles, es el día de la vergüenza. Podrán disimular los diputados socialistas ―les entiendo―, pero a ustedes, como a nosotros, en la calle, les dicen que esto hay que pararlo, que no puede seguir adelante, que es una pesadilla de la que hay que despertar pronto; y cito a la calle, a cientos de juristas y organizaciones, en definitiva, a la sociedad civil, porque a ustedes, la Constitución, la ley y el derecho les trae al pairo, si me permiten la expresión vulgar, dado el nivel; es decir, no les importa nada. Por eso, señorías de VOX, no se equivoquen de adversario, que han vuelto a hacerlo, dejen al señor Santiago que ya se equivoca él solo y nos tiene acostumbrados. Solo leer ver la iniciativa que debatimos nos hace pensar que el Gobierno ha llegado al summum del despropósito; tener que recordarle a un gobierno sus obligaciones esenciales en un Estado democrático nos estremece, pero hay que hacerlo, porque lo peor sucede cada día, y lo terrible es pensar que esta, la que ustedes han presentado, ya no es una iniciativa preventiva, porque esos hechos y muchos más para los que se reclaman medidas, como viene exigiendo el Partido Popular, ya se han consumado y siguen desarrollándose y, además, se dirigen a un Gobierno que ya vemos que no se da por aludido, que practica la estrategia del avestruz y la doctrina de que el ataque es la mejor defensa. Aún más, aplauden con entusiasmo las carcajadas presidenciales, que es imposible entender, cuando se muestra tan divertido públicamente por la humillación a la que somete a nuestro país aceptando un verificador extranjero y en otro país.

A día de hoy, por lo que sabemos, sí, señor Santiago, una vicepresidenta del Gobierno se ha reunido con un prófugo de la justicia en el extranjero. Cuando uno forma parte del Gobierno, lo hace las veinticuatro horas; no cabe bilocación ni desdoblamiento astral. Ese prófugo de la justicia puso condiciones en la investidura del presidente del Gobierno y se cumplieron milimétricamente para investir a Pedro Sánchez: cambio exprés del Reglamento del Congreso; proposición de ley de amnistía, que hoy se ha debatido; mediador especialista en guerrillas, que da el visto bueno a los avances de los gobernantes de un país soberano y democrático en otro país; un ministro de Presidencia en funciones anunciando un texto parlamentario sobre amnistía, el mismo que ha tenido que ser corregido en dos ocasiones por las instituciones europeas por sus declaraciones ajenas a la verdad; ese mismo ministro, ya de Presidencia y Justicia, que critica la legitimación de entidades privadas que recurren a los tribunales amparados por la ley, que acepta sin pestañear los ataques a jueces y fiscales y las órdenes para que el Poder Judicial deje de actuar conforme al principio de legalidad, y que acepta disciplinadamente que se ponga escolta de seguridad en Bruselas a un prófugo de la justicia. (Aplausos).

Señorías, la realidad de los hechos supera, sin duda, lo escrito en esta iniciativa, supera lo inimaginable, y ustedes quieren distraer. Cada día el Gobierno ataca más a las instituciones y ahonda en su ataque al Estado de derecho, debilita todos los instrumentos. Eso sí, aquellos que no le ponemos la alfombra roja nos vemos convertidos en una auténtica diana. No victimicen tanto, por favor, no se hagan las víctimas. Burlas, improperios, insultos e imputaciones, eso sí, para los que tenemos la culpa del pecado original: el Partido Popular. Este es un gobierno que ya hace todo lo que se demanda en esta iniciativa, y muchísimo más; un gobierno que hace que los españoles sean los que vayan a pagar las consecuencias. Los hechos son los hechos. Vivimos en un mundo digital, la hemeroteca es tozuda y, por mucho que ustedes digan que somos nosotros los que crispamos, la historia sabrá perfectamente lo que ustedes han hecho. La sociedad civil no se resigna, el Partido Popular no se resigna.

Termino, señora presidenta. Escribió Maquiavelo en El Príncipe que el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a ser libre es destruirla. Si donde dice ciudad leemos democracia, veremos que el camino emprendido y la marcha acelerada del Gobierno y sus socios nos conduce a ellos. El Grupo Popular, señorías, vamos a seguir peleando con la ley y dentro de la ley que no se consume esa destrucción.

Muchas gracias.