Guillermo Mariscal Anaya
Hace un mes la península ibérica se apagó; un mes en el que el Gobierno no ha dado ninguna respuesta razonable a ese apagón, con todo lo que ello supuso para España: descrédito de la marca país, muestra de una enorme vulnerabilidad y, por supuesto, puso en riesgo la seguridad del país. Además, generó una enorme desconfianza en todos los españoles. Un mes después nos preguntamos quién en esta Cámara, salvo los diputados del Partido Socialista y de SUMAR, y quién en toda España le va a dar alguna credibilidad a lo que el Gobierno diga sobre el gran apagón. Nadie. (Aplausos). Y más teniendo en cuenta que la propia vicepresidenta dijo recientemente en Onda Cero: No descarto que vuelva a suceder. Es decir, nos dice que puede volver a suceder y nos anuncia la posibilidad de que esa carencia de un servicio esencial, el acceso a la electricidad, vuelva a aparecer. Porque han practicado una política energética suicida, generaron las condiciones que nos llevaron a sufrir ese apagón. Y ahora pretenden controlar la comisión de investigación. Nosotros hablamos de responsabilidad. Hablamos de rendir cuentas, que es lo que ustedes no han hecho desde ese día.
El mismo día 28, el presidente del Gobierno abonó la teoría del ciberataque. ¿Se acuerdan? Teoría desmentida por Red Eléctrica y, dieciséis días después, por la propia vicepresidenta. Los españoles quieren y deben saber la verdad. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué no se hizo para evitarlo? ¿Cuál fue la cadena de decisiones durante la crisis? Si se informó verazmente o no a la población. Esclarecer lo ocurrido y elaborar un informe para detallar qué medidas deben tomarse para que no vuelva a ocurrir. En definitiva, un espíritu de reforma que barra lo que ustedes han hecho en el sistema eléctrico español porque, desgraciadamente, han convertido en frágil, un sistema que era robusto.
Frente a las evidencias, su respuesta es siempre la misma: confusión. Quieren dilatar la respuesta, primero hablaron de seis meses y ahora hablan de un año. Quieren ocultar, han declarado confidenciales los datos de la operación. Tras el apagón lo que hace falta es transparencia, pero aquí no hay más que excusas por parte del Gobierno. Todo pudo haber sido mucho peor, como todos ustedes saben, y debemos agradecer que ese apagón no ocurriese con temperaturas extremas en verano o en invierno o que se hubiese dilatado durante toda aquella noche en toda la península ibérica. Rozamos la catástrofe más absoluta y hay, al menos, cinco víctimas mortales, que para el Gobierno no existen y a las que no mencionan en ningún momento.
Hubo avisos, claro que los hubo. En 2015 los informes técnicos alertaban de la bomba de relojería que suponía operar una red sobredimensionada sin herramientas para controlar la energía reactiva. Porque, señorías, el problema ―y ya sé lo que van a decir― no es la energía renovable, sino cómo la integramos en el sistema. (Aplausos). El Gobierno solo pensaba en celebrar récords de generación renovable. Todo por la propaganda, ignorando las advertencias, que fueron muchas. Quizás Pedro Sánchez aquella mañana quería anunciar un récord en el Investors Day. Lo cierto es que la CNMC ya alertó en enero de los riesgos de la sobretensión y no se actuó. En diciembre tuvieron que parar dos veces la gran industria. El 22 de abril los desfases de frecuencia colapsaron dos líneas ferroviarias y tuvo que parar la refinería de Cartagena. Desde las nueve de la mañana de ese día fatídico, del día 28, y como había venido ocurriendo en los días anteriores, habían existido inestabilidades en las redes de transporte eléctrico. A pesar de todo, decidieron operar el sistema con un número muy bajo de tecnologías inerciales: hidroeléctricas, ciclos combinados y las demonizadas nucleares, que las tres son indispensables para absorber las fluctuaciones en las redes de transporte. Pero eso son solo leyes físicas que no encajan en el fundamentalismo ideológico que practica este Gobierno.
Por cierto, hoy tenemos malas noticias que el Gobierno, por supuesto, oculta. El precio medio de la factura eléctrica va a subir este mes de mayo a los usuarios de tarifa regulada más de un 10 %. Y ya veremos el sobrecoste para la industria, algo fundamental a la hora de decidir inversiones, y para la competitividad de nuestra economía. Señorías, ¿por qué han tenido que incorporar tecnologías de respaldo como el gas después del día 28? ¿Ahora no importan las emisiones de CO2? ¿Ya no son tan relevantes? En la comisión de investigación van a explicarnos por qué cambiaron el mix de generación al día siguiente. Han multiplicado por dos la presencia del gas y pasado de 3 gigavatios a 5 la presencia de nuclear. Si todo estaba tan bien, si todo el mix era perfecto, ¿por qué han cambiado de forma tan radical? A los españoles en un solo mes nos han dado dos golpes: el mayor apagón de la historia y una subida de la factura eléctrica.
Es imprescindible la creación de la comisión de investigación porque nos encontramos ante un Gobierno que practica el escapismo como formula de Estado. (Aplausos). Los ministros eluden las comparecencias y nos tratan con un desprecio que ofende a la inteligencia de todos los españoles. Necesitamos esta comisión para que comparezca, por ejemplo, la señora Ribera, autora intelectual de todo este desastre energético. La señora Ribera está muda, no se la escucha, no se la oye. Necesitamos esta comisión de investigación para que comparezca la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, que no ha tenido la más mínima decencia de comparecer en esta casa ni de solicitarlo a voluntad propia. Recientemente ha dicho, y leo textualmente: El sistema se comportó de forma anómala, pese a funcionar dentro de parámetros habituales. Ahora resulta que el sistema eléctrico tiene vida propia y actúa de manera autónoma. No sé si es ignorancia o inmoralidad, señorías. (Aplausos). Debe comparecer y ese es otro de los motivos que justifican esta comisión. El trabajo de esta comisión va a estar más cerca de la verdad que el informe de parte que está elaborando una comisión dependiente de este Gobierno.
Señorías, cuando un Gobierno se niega a rendir cuentas, cuando burla el escrutinio democrático, este Parlamento tiene la obligación de actuar. En defensa de nuestra función constitucional ―y lo digo por todos―, debemos poner en marcha los mecanismos previstos en el Reglamento del Congreso de los Diputados. Ante la inmensa gravedad de los hechos y la opacidad deliberada del Gobierno, la creación de la comisión de investigación ya no es una opción, es un imperativo democrático. Se trata de exigir la verdad que merecen todos los ciudadanos y, en su caso, determinar las responsabilidades políticas que correspondan. Los españoles merecen saber qué falló, quién lo permitió y cómo vamos a evitar que vuelva a ocurrir. Se fue la luz en toda la península ibérica, no me olvido de los pobres portugueses, a los que también arrastramos, pero ¿fue solo un fallo técnico? No, es el símbolo de un Gobierno que ha dejado a oscuras a los ciudadanos en demasiadas ocasiones, un Gobierno que no funciona. El Poder Legislativo tiene herramientas efectivas para fiscalizar al Ejecutivo y estamos obligados a utilizar los mecanismos reglamentarios. Solo el poder puede controlar al poder. No vamos a permitir que el apagón de la verdad se convierta en permanente. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular exige la constitución de esta comisión por el bien de España, por el bienestar de sus ciudadanos y por la salud de nuestra democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).