Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
Gracias, presidenta. Ministro, la educación, el ocio o la socialización se articulan cada vez más a través de plataformas, lo que implica, desde luego, una mayor exposición y más desprotección frente a los riesgos de la era digital. En este contexto, surge el reglamento de servicios digitales para regular las plataformas, desde redes sociales hasta marketplaces, como Google, Amazon, Meta, winW o Telegram; para proteger a las usuarias y los usuarios de contenidos ilegales, publicidad engañosa, dinámicas adictivas, desinformación y otros riesgos en Internet. Son cuestiones que afectan, especialmente además, a los menores y a los más jóvenes. Es un reglamento que impone a las plataformas nuevas obligaciones: eliminar contenidos ilegales, como noticias falsas o discursos de odio; proteger a los menores de la publicidad dirigida y de contenidos inapropiados; ser transparentes sobre cómo funcionan sus algoritmos y cómo utilizan sus datos personales, y ofrecer, además, herramientas para denunciar contenidos y gestionar la privacidad. Es un reglamento que exige que cada país nombre a un coordinador nacional con autoridad plena. ¿Para qué? Para fiscalizar, imponer sanciones y colaborar con el ecosistema europeo. Ustedes aún no lo han hecho. Bueno, formalmente, sí: nombraron a la CNMC como coordinador de los servicios digitales, en febrero de 2024, pero aún no tiene la habilitación para hacerlo. Efectivamente, tenemos un vigilante, pero sin autoridad, sin la placa para ejercer. No puede supervisar ni hacer cumplir el reglamento ni inspeccionar ni mucho menos sancionar; unas funciones fundamentales para la protección y defensa —como le he dicho— de los más jóvenes, y ya vamos tarde. De hecho, Bruselas ha denunciado a España ante el TJUE por este motivo. No vamos a negar que en el decreto ómnibus de diciembre, que decayó, intentaron ustedes otorgar a la CNMC las competencias necesarias, porque este era un tema urgente y sensible, pero parece que la urgencia no era tal, puesto que luego no incluyeron estas competencias en el nuevo decreto que sí se aprobó. Es una urgencia que se ha diluido, ministro, porque finalmente, en lugar de una aplicación directa del reglamento, han optado por presentar un anteproyecto de ley para desarrollar no solo el reglamento de servicios digitales, sino también para el reglamento de libertad de medios de comunicación, cuando todas y todos conocemos que los plazos de un anteproyecto son más largos; aquello que era urgente se sigue retrasando y, por tanto, las consumidoras y los consumidores seguirán estando desprotegidos frente a los algoritmos, especialmente los más jóvenes y menores, porque tampoco se ha tramitado aún el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales. Es un retraso que afecta a la protección. ¿Está cumpliendo, por tanto, el Gobierno con el reglamento de servicios digitales?