Proposición de Ley relativa a incrementar las medidas de prevención en el consumo de alcohol y drogas por los conductores, en especial por conductores profesionales de vehículos de transporte de pasajeros y mercancías.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Traemos hoy esta proposición de ley que desarrolla el mandato de la ley de seguridad vial y que consideramos indispensable para mejorar la seguridad de nuestras carreteras. Según los últimos datos, la evolución del número total de accidentes con víctimas en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías o de viajeros ha aumentado un 3 % respecto al año anterior. Este aumento se produce en el plazo de aplicación de la disposición adicional tercera bis de la ley de seguridad vial, que a continuación les voy a leer: «El Gobierno, mediante Real Decreto, en un plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley, previa audiencia del Comité Nacional del Transporte por Carretera, regulará los procedimientos para la realización de controles iniciales, periódicos o aleatorios, durante el ejercicio de la actividad profesional, de alcohol, drogas de abuso y sustancias psicoactivas y medicamentos, al personal que ostente el puesto de conductor de vehículo de transporte de viajeros y mercancías por carretera».

Esta disposición adicional se añadió con efectos de 21 de marzo de 2022. Estamos acabando mayo de 2025 y a día de hoy todavía no tenemos noticias. Son ustedes el Gobierno del récord en decretos promulgados, 157, desde que Sánchez es presidente, pero este no han sido capaces de desarrollarlo. Señorías, no les pedimos la misma celeridad del rescate de Air Europa, simplemente que hubieran actuado en los dos años que establecía la ley. Quizás si se lo hubiera exigido alguno de los amigos de Begoña Gómez, el Gobierno habría actuado rápidamente, pero no ha sido así. (Aplausos). Porque, desde hace más de un año desde la fecha límite que establece esta disposición adicional para el desarrollo del real decreto, ¿cuántos accidentes se podrían haber evitado? ¿Cuántas personas podrían seguir con vida, señorías? Si no pasaran los días pendientes de su corrupción y de los wasaps o audios incriminatorios que pueden aparecer, se podrían dedicar a lo que realmente importa.

El 56 % de los siniestros con víctimas mortales se produjeron entre lunes y viernes. De las 1154 personas fallecidas en 2024, 646 lo hicieron en días laborables. Parece razonable incrementar los controles a las personas que desarrollan su trabajo como conductores de viajeros y de mercancías, ya que pasan más horas en la vía pública y las características de sus vehículos los hacen más propensos a generar daños más graves. En el año 2023, un 8 % de los accidentes con víctimas tuvo al menos un vehículo implicado de viajeros o mercancías con tarjeta de transporte. Según datos del Ministerio de Trabajo, 138 empleados en transporte y almacenamiento murieron durante su jornada laboral, y el 84 % de los fallecimientos ocurre en el sector de los conductores del transporte de mercancías. Son más muertes que en la construcción y en la industria manufacturera. Esto no es solo un número, señorías, son personas. Personas que desarrollan su jornada laboral en la carretera y simplemente por estadística tienen más probabilidades de sufrir un accidente que los demás.

Señorías, esta es una reforma necesaria para todos los usuarios de las vías públicas. Casi medio millón de personas salen a trabajar cada día a la carretera para prestar un servicio esencial. La inmensa mayoría de los conductores profesionales prestan un servicio intachable. Gracias a su trabajo las estanterías de los supermercados estaban llenas en pandemia. Gracias también a su trabajo podemos viajar de un sitio a otro o podemos comprar en Internet y recibir un pedido al día siguiente. Gracias a su trabajo, los alimentos que producimos pueden llegar a nuestras casas, ya sea fruta, verdura o pescado. Pero necesitamos más seguridad, seguridad para ellos, que pasan tanto tiempo en la carretera y están más expuestos, y seguridad para el resto de los ciudadanos, que compartimos vías con ellos. (Aplausos).

La Guardia Civil desempeña una labor fundamental e insustituible en la seguridad vial de nuestro país. Esa misma Guardia Civil que ustedes ahora atacan por investigar su corrupción. Su trabajo va mucho más allá de la mera vigilancia, son los primeros en llegar en caso de accidente, arriesgando sus vidas en situaciones de máxima peligrosidad, en condiciones meteorológicas adversas o en entornos de alta velocidad. Pese a la trascendencia de su misión, a menudo desarrollan su labor con una alarmante escasez de medios materiales y humanos, lo que multiplica la carga de trabajo y el riesgo al que se enfrentan. Es imprescindible reconocer su sacrificio, dotarlos de los recursos necesarios y dignificar una labor que, sin duda, salva vidas todos los días. Podemos complementar su labor si dotamos a los empleadores de las herramientas necesarias para que puedan hacer pruebas de alcohol y drogas a sus conductores y poder llegar así a más personas.

La mayoría de los conductores son personas responsables, pero tenemos el deber de seguir concienciando de las consecuencias de conducir bajo los efectos de alcohol y de las drogas, y de servir a los ciudadanos, dotándoles de las herramientas necesarias para salvaguardar su seguridad y su bienestar. Incluir más campañas de sensibilización y más formación al respecto incrementará la concienciación de todos. Con esta iniciativa podemos salvar vidas. Es una demanda histórica del sector, más ambiciosa que la de limitarse a reducir la tasa de alcoholemia permitida sin ningún criterio técnico. Les invito, señorías, a votar a favor de esta toma en consideración, a que hagan sus aportaciones en el periodo de enmiendas y que consensuemos entre todos una norma que nos proteja a todos, y también, sobre todo, a los conductores.

Señorías, la mayoría de este hemiciclo conocemos casos de personas que han fallecido en accidentes de circulación, profesionales o viajeros que han dejado atrás familias huérfanas. Quiero compartir con ustedes el caso de Sergio, que falleció el 1 de agosto de 2022, cuando un imprudente que había consumido cocaína se puso al volante de un camión. Un lunes laborable como otro cualquiera, Sergio no pudo volver a casa. Tenemos que incrementar la seguridad en nuestras carreteras. Se lo debemos a la familia de Sergio, dos niñas que no habían cumplido los tres años en el momento del accidente y a María, su mujer (aplausos), a la que le arrebataron el futuro que tenía planificado. Se lo debemos a Sergio y a todos los que como él han sufrido algo así, y se lo debemos a los miles de profesionales que todos los días recorren con mucho esfuerzo y gran responsabilidad las carreteras de nuestro país. Por todos ellos, les pido que apoyen esta toma en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).

Presidenta, señorías, buenas tardes. Hoy, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara para su toma en consideración una proposición de ley sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas en el ámbito del transporte y especialmente en lo que afecta a los conductores profesionales de mercancías y de viajeros. En un contexto en el que generalmente debatimos sobre cuestiones ideológicas y partidistas, está bien que de vez en cuando pongamos el foco en temas más transversales y que nos apelan a todas y a todos. Combatir el consumo de alcohol y drogas entre los conductores, y más aún entre quienes tienen una responsabilidad profesional sobre la seguridad de otras personas, es una cuestión de salud pública, de seguridad vial y, también, cómo no, de responsabilidad política. Nuestro grupo ha defendido siempre una visión integral preventiva en materia de tráfico y transporte. Creemos que las políticas públicas deben orientarse no solo a sancionar, sino a educar, prevenir, acompañar y rehabilitar. En este sentido, todo lo que suponga reforzar esa línea merece una reflexión y no una confrontación partidista. No podemos debatir esta propuesta en el vacío, hay datos que obligan a no ser complacientes. Por ejemplo, según la DGT, el 49 % de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2022 dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Este porcentaje es prácticamente igual al de años anteriores, lo que indica que la presencia de sustancias en la conducción mortal se mantiene estructuralmente alta y sin mejoras apreciables. También según la DGT, cada año se realizan más de 5 millones de controles de alcohol y drogas en carretera. En 2023, aproximadamente 100 000 conductores dieron positivo y, entre ellos, más de 2300 eran conductores profesionales, personas que por la naturaleza de su trabajo tienen una responsabilidad ampliada. Aunque el porcentaje de positivos en alcohol entre conductores profesionales es significativo e inferior al del resto, existe y es inaceptable en cualquier grado, dada la responsabilidad que asumen. Un conductor profesional al volante de un autobús, de un camión o de un taxi con alcohol o drogas en su organismo no solo pone en riesgo su vida, sino la de decenas de pasajeros, la de otros conductores y la de los peatones. Además, el problema no es solo de consumo puntual, sino en muchos casos de adicción no diagnosticada, consumo funcional y falta de acompañamiento psicológico. Generalmente, los conductores profesionales tienen un entorno laboral complejo, con largas jornadas de trabajo, presión horaria, soledad, sedentarismo, es decir, entornos laborales propensos al consumo ocasional o habitual de alcohol o drogas, muchas veces como forma de evasión, autogestión del estrés o falta de supervisión. El transporte profesional, tanto de pasajeros como de mercancías, es una infraestructura crítica de nuestra economía y de nuestra sociedad y no podemos permitir que su funcionamiento se vea alterado por negligencias que pueden y deben ser evitables. El Grupo Vasco entiende que no se puede construir una política pública eficaz sin abordar las causas sociales, sanitarias y laborales que pueden estar detrás del consumo. La prevención debe basarse tanto en la concienciación individual como en la corresponsabilidad institucional y empresarial. La solución no puede limitarse a más controles o a más sanciones; tiene que haber formación obligatoria en prevención y consumo responsable para conductores profesionales, campañas de sensibilización con enfoque psicológico y no solo punitivo, protocolos en las empresas de transporte para detectar y abordar casos de consumo con garantía de derechos laborales y acceso a tratamientos, apoyo a la inserción social de trabajadores del sector con adiciones, incluyendo itinerarios de recuperación sin estigmatización.

Señorías, en Euskadi llevamos ya años aplicando una política pública de drogodependencias y prevención del consumo que se basa en tres pilares: primero, en la prevención desde la comunidad, con programas en centros escolares, empresas y ayuntamientos; segundo, una red de atención y reducción de daños, con profesionales formados en salud mental y adicciones; y tercero, con colaboración institucional entre Gobierno Vasco, diputaciones, ayuntamientos y tejido asociativo. Además, el Departamento de Seguridad ha incorporado controles específicos en el transporte profesional con carácter preventivo y no exclusivamente sancionador. Nuestra experiencia demuestra que la proximidad institucional y la adaptación a la realidad social son claves. Lo que necesitamos son estrategias de prevención sostenidas pedagógicas y humanas.

Si miramos a Europa, en países como Suecia, Alemania o los Países Bajos se ha demostrado que las campañas de formación y concienciación junto con la promoción de la salud en las empresas son más eficaces a medio y largo plazo que el aumento de sanciones. Por ejemplo, en Suecia, desde la implantación del sistema de formación continuada para conductores profesionales, los positivos por alcohol en carretera han descendido un 42 % en diez años.

Señorías del Grupo Popular, estamos hablando de una propuesta que toca una cuestión de vida o muerte, de confianza social en el transporte y de dignidad profesional. El Grupo Vasco cree que esta proposición de ley que traen hoy a esta Cámara presenta bastantes deficiencias. Por ejemplo, han incluido dentro de esta proposición una modificación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores que no modifica nada; nos proponen el mismo texto, del que no han cambiado ni una coma. En nuestro grupo, como es habitual, estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia, nuestra visión descentralizada, nuestro compromiso con la salud pública, con la prevención y con los derechos laborales, porque cuando un conductor profesional se sienta al volante, no solo debe tener el control del vehículo, también debe contar con el respaldo de todo un sistema que le ayude a hacer su trabajo con seguridad, con dignidad y con responsabilidad.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. El projecte de llei que ens presenta avui el Partit Popular, ho sento molt, però és que ja el teníem aquest projecte de llei i només respon a una estratègia de màrqueting polític, perquè és que les víctimes dels accidents de trànsit són molt tristes. Són molt tristes totes i el que hauríem de fer és treballar tothom de pressa, perquè poguéssim solucionar d’una vegada acabar amb els sinistres vials. Nosaltres, des del nostre Grup apostem per solucions reals i valentes per millorar la seguretat viària dels conductors. I això passa també com la jubilació anticipada dels conductors professionals, una mesura de justícia social, salut laboral i seguretat a les carreteres. El Partit Popular, fidel al seu estil, torna a fer soroll per marcar perfil, encara que sigui duplicant debats que ja estaven en marxa. En lloc de sumar-se a una proposició de llei que ja està en tràmit, que aborda seriosament el consum d’alcohol en la conducció, han preferit fer-se una llei a mida, per tenir el seu minut de glòria. El que tocava era treballar, presentar esmenes i millorar el text d’un projecte de llei que ja teníem. Però vostès han triat un cop més la política de titular, en lloc de la política útil. Nosaltres, en canvi, volem fer aportacions útils i responsables i per això hem presentat una esmena concreta per incorporar a la llei els coeficients reductors per a la jubilació anticipada dels conductors professionals. Una mesura, tal com he dit, de justícia social, però també de seguretat viària i de salut laboral. Ho diem amb dades clares i alarmants. L’edat mitjana del conductor del transport pesat supera els 50 anys. Segons el mateix Ministeri de Transports, més del 30 % tenen més de 55 anys i només un 12 % en té menys de 40. I segons la DGT, a partir dels 60 anys el risc d’accident augmenta considerablement, especialment en casos de conducció intensiva, un risc d’accident que també mata d’altres conductors. Perquè sí, la fatiga, el deteriorament visual i la pèrdua de reflexos tenen un impacte directe en la seguretat viària. A això cal afegir-hi les dades de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, que alerten de l’elevada incidència de malalties musculoesquelètiques, estrès i trastorns del son en aquest col·lectiu. Tots aquests factors afecten clarament la capacitat de conducció segura i, malgrat això, malgrat tot això, avui milers de conductors només tenen una opció: seguir treballant fins als 67 anys, com si conduir un camió de més de 40 tones durant 8, 10 o més hores fos una feina qualsevol. I no ho és. I això ho sap tothom que tingui un mínim coneixement del sector.

Per això, el nostre Grup va presentar una proposició no de llei a la Comissió de Transports aprovada l’abril de 2024 que instava a establir aquests coeficients reductors. Aquesta iniciativa va comptar amb els vots favorables del Grup Socialista i de la majoria de la cambra. Ara, el que volem saber, i no només nosaltres ho volem saber, sinó també el sector, quan pensen complir aquest mandat? Quan pensen fer efectiva aquesta jubilació anticipada? Era només un vot simbòlic per sortir del pas? Serà un dels col·lectius que ha anunciat avui la ministra? Senyories, no estem demanant cap privilegi. Estem reclamant que s’apliqui el que ja preveu el Reial Decret 1698 de 2011, que permet anticipar la jubilació en activitats de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o amb elevada sinistralitat. I sí, la conducció professional intensiva compleix tots aquests requisits. És una qüestió de salut, de dignitat, però també de seguretat per a tota aquella persona que va per la carretera. I no podem parlar de seguretat viària sense parlar d’això. I és cert que cal abordar el consum d’alcohol i de drogues, però també cal prevenir els riscos derivats de condicions laborals, que això al Partit Popular no li importa massa. Quina seguretat hi pot haver si un conductor de 63 anys amb dolor crònic d’esquena i trastorns del son ha de fer 500 quilòmetres de nit? Tenen alguna seguretat les persones que van per la carretera amb aquest camioner, per exemple? Per això diem clarament: la seguretat viària no s’aconsegueix només amb controls i sancions. Tampoc s’aconsegueix muntant drames al Congrés dels Diputats. S’aconsegueix amb mesures estructurals com la jubilació anticipada. I sabem que aquest no és l’únic tema pendent del Govern amb el sector.

Només faré una pinzellada breu sobre una altra qüestió de seguretat viària. El rebuig…, que vostès van votar en contra, el rebuig frontal a permetre vehicles de 44 tones i 4,5 metres d’alçada. Ja es va fer una prova pilot a Catalunya l’any 2012 i va concloure que aquesta mesura no era satisfactòria ni des del punt de vista econòmic ni des del punt de vista de la seguretat. Però és que aquesta mesura segurament els fa guanyar molts diners a alguna empresa liderada per algú de vostès. No es pot posar l’economia per sobre de la vida, senyories. I encara menys es pot continuar ignorant les demandes d’un sector clau que avui es troba en una situació crítica per manca de suport institucional. Un sector format en gran part per autònoms i petites empreses que reclama la representació justa i unes condicions laborals dignes. Ho vam defensar en aquest hemicicle i ho tornarem a defensar tants cops com calgui.

Per tot això, senyories, els demanem també responsabilitat. Si realment volen reduir la sinistralitat a les carreteres, treballin en la llei que ja està en tràmit. Anem per feina, perquè tenim l’oportunitat de fer-ho. La ponència esperem que comenci aviat. Hi ha molts punts que es poden modificar i els convidem de pas a votar a favor de la nostra esmena sobre la jubilació anticipada. Si no ho fan, com serà probable, tornaran a esquivar aquest debat de fons i quedarà clar que això no va de seguretat viària, ni de salut laboral ni d’un respecte per a les víctimes. Això va de màrqueting polític, que és l’únic que saben fer bé.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. La proposición de ley que nos presenta hoy el Grupo Popular, lo siento mucho, pero solo responde a una estrategia de marketing político. Es decir, que las víctimas de los accidentes de tráfico son muy tristes, todas. ¿Qué deberíamos hacer? Pues apresurarnos para solucionar el problema de los siniestros viales. Nosotros, en nuestro grupo, apostamos por soluciones reales y valientes para mejorar la seguridad vial de los conductores. Por ejemplo, con la jubilación anticipada de los conductores profesionales; una medida de justicia social, salud laboral y seguridad en las carreteras. El Grupo Popular vuelve a ponerse de perfil, aunque sea duplicando debates que ya estaban en marcha, en lugar de sumarse a una proposición de ley que ya está en trámite, que aborda seriamente el consumo de alcohol en la conducción, ha preferido hacerse una ley a medida para tener su minuto de gloria. Lo que hacía falta era trabajar, presentar enmiendas y mejorar un proyecto de ley que ya estaba ahí. Pero, una vez más, ustedes apuestan por la política de titular en lugar de por la política útil. Nosotros, en cambio, queremos hacer aportaciones útiles y responsables. Por eso hemos presentado una enmienda concreta para incorporar a la ley los coeficientes reductores para la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Es una medida de justicia social, pero también de seguridad vial y salud laboral. Lo decimos con datos alarmantes. La edad media del conductor de transporte pesado supera los 50 años. Según el Ministerio de Transportes, más del 30 % tiene más de 50 años y solo un 12 % tiene menos de 40. Y, según la DGT, después de los 60 años, el riesgo de accidentes aumenta considerablemente, especialmente en casos de conducción intensiva. Un riesgo de accidentes que también mata a otros conductores. Porque sí, la fatiga, el deterioro visual y la pérdida de reflejos tienen un impacto directo en la seguridad vial. A eso hay que añadir los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que alertan del aumento de enfermedades musculoesqueléticas, estrés y trastornos motores sensoriales. Todo esto altera la capacidad de conducción segura y, a pesar de todo eso, hoy los conductores solo tienen la opción de seguir trabajando hasta los 60 años. Así que si conducen un camión de más de 40 toneladas hasta doce horas o más, no es seguro… cualquiera que conozca el sector… Por eso nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley a la Comisión de Transporte, que aprobó en 2024, que llevaba a aprobar esos coeficientes reductores. Hubo los votos favorables del Grupo Socialista y de la mayoría de la Cámara.

Ahora nosotros queremos saber una cosa y no solo nosotros, también el sector: ¿cuándo piensan cumplir ese mandato? ¿Cuándo van a hacer efectiva esa jubilación anticipada? ¿Era solo un voto simbólico aquel para salir del paso? Según los anuncios de la ministra de hoy, señorías, no estamos pidiendo ningún privilegio, sino que se aplique el Decreto 1698/2011, que permite aplicar estos coeficientes en trabajos de especial penosidad o de elevada siniestralidad. Y sí, la conducción intensiva cumple todos esos requisitos. Es una cuestión de salud, de dignidad, pero también de seguridad para todas las personas que van por la carretera, y no podemos hablar de seguridad vial sin hablar de eso. Ya sabemos que hay que abordar el consumo de alcohol y de drogas, pero también reducir los riesgos derivados de las condiciones laborales. Eso no le importa demasiado al Partido Popular. ¿Qué seguridad puede haber si un conductor de 63 años, con dolor crónico de espalda y trastornos del sueño, puede hacer más de 500 kilómetros de seguido? ¿Puede ofrecer una seguridad? La seguridad vía no solo se consigue con controles y sanciones, tampoco se consigue montando números en el Congreso de los Diputados, sino con medidas como la jubilación anticipada. Y sabemos que eso es así.

Solo quiero mencionar otra cuestión de seguridad vial: el rechazo por su parte de permitir vehículos de una cierta altura y varias toneladas. Ya en Cataluña se actuó; se vio que esta medida no era satisfactoria desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de la seguridad. Pero es que esta medida seguramente les hace ganar mucho dinero a algunas empresas lideradas por ustedes. No hay que poner la economía por encima de la vida, señorías. No se pueden seguir ignorando las demandas de un sector clave que hoy se encuentra en una situación crítica por falta de apoyo institucional, formado, además, por autónomos y pequeñas empresas en su mayoría, que reclaman una representación justa y unas condiciones laborales dignas. Lo hemos defendido en este hemiciclo y seguiremos haciéndolo tantas veces como haga falta.

Por eso, señorías, les pedimos responsabilidad. Si realmente quieren reducir la siniestralidad en las carreteras, trabajen en la ley en la que ya estamos trabajando. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Esperemos que la ponencia empiece pronto. Hay muchos puntos que se pueden modificar. Además, les invitamos a votar a favor de nuestra enmienda sobre la jubilación anticipada. Si no lo hacen, como es probable, volverán a esquivar este debate de fondo y quedará claro que esto no va de seguridad vial, ni de salud laboral, ni de un respeto a las víctimas, sino de marketing político. Es lo único que ustedes saben hacer bien.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Al subir a esta tribuna me veo en la obligación de hacer mías no solo las palabras, sino también la urgencia moral que Santiago Alba Rico plasmó el domingo en elDiario.es —‌abro comillas—: «El suplicio público de Gaza ha extendido hoy la degradación moral de los israelíes a toda la población mundial» —‌cierro comillas—. Cuando decimos que 60 000 personas han sido asesinadas no hablamos de estadísticas, hablamos de 60 000 historias truncadas, de familias enteras borradas del registro de la humanidad, de 14 000 niños y niñas que no solo mueren de hambre, sino de nuestra incapacidad colectiva para romper el bloqueo. Y, ante esto, el 53 % de los israelíes aprueba continuar con el bloqueo a la ayuda y la muerte por inanición. Esto no es democracia, es la perversión de la democracia. Estamos ante el mismo dilema que enfrentó Europa en los años treinta. ¿Hasta qué punto puede una mayoría decidir sobre el derecho a existir de una minoría? España, y aquí debo subrayar el papel de SUMAR en el Gobierno, está entre los pocos países que ha roto el círculo vicioso de la complicidad. Mientras otros miran hacia otro lado con excusas geopolíticas, nosotros recordamos lo elemental: no hay equidistancia posible entre el verdugo y la víctima. (Aplausos.―Rumores). Perdonen, sus señorías, si mis palabras les incomodan, pero en esta Cámara tenemos una deuda con la verdad. (Una señora diputada: Pero en su momento). Callar ante el genocidio es convertirse en cómplice por omisión. Cambiar de tema hoy no es fácil, pero como institución debemos ser capaces de compaginar la urgencia moral con la responsabilidad legislativa.

Precisamente de responsabilidad vamos a hablar al analizar la hipocresía vial del Grupo Popular. Señorías, el Grupo Popular nos presenta hoy una proposición sobre seguridad vial que huele a moralina de pega. Mientras exigen controles asfixiantes a trabajadores, su historial está repleto de ‘p’alante con el volante’, y, si es posible, con las leyes. Como el caso del señor Baltar, senador condenado por conducir como mínimo a 204 kilómetros por hora, que sigue sin ser expedientado por su partido, tan exquisito con el resto de formaciones. ¿Recuerda el caso de Miguel Ángel Rodríguez? Cuadriplicó la tasa de alcohol en el 2013, destrozó el coche del exfutbolista Borja Fernández, en aquel entonces del Geta, del Getafe, y su lema, ‘p’alante’, se convirtió en emblema de su código de circulación VIP: normas estrictas para el resto, paso libre para los suyos. Resumen: él era ―y sigue siendo― el ‘jeta’.

Analicemos la proposición de ley. Punto uno, reconocimientos médicos anuales. Solución mal planteada. La Unión Europea establece claramente en la Directiva 2006/126 de la Comunidad Europea que los permisos profesionales tienen validez por cinco años y tres años para los mayores de 65 años. Los controles de alcohol y drogas ya se realizan en las renovaciones. ¿No lo saben? ¿Qué propone el Partido Popular? Exámenes anuales sin base científica. La OMS no recomienda esa frecuencia para conductores sin antecedentes. Dato clave: en Alemania, donde existen pruebas semestrales para conductores de transporte escolar, el 92 % son redundantes. Punto dos, doble regulación. Inventar problemas que ya están resueltos. El sistema actual ya exige cursos de reeducación vial, Real Decreto 818/2009, para recuperar los puntos. Informe médico cuando hay inhabilitación por drogas, artículo 14.2 del Reglamento de Conductores. La propuesta del Partido Popular no añade ningún filtro nuevo, solo repite trámites existentes como si para combatir la obesidad propusiéramos medir el peso dos veces con la misma báscula. Punto tres, educación vial. Legislar por legislar. La Dirección General de Tránsito gasta 88,7 millones anuales en campañas preventivas, según la memoria del 2023. Sus programas específicos para infractores redujeron reincidencias en un 34 % desde el 2018. La propuesta del Partido Popular no aumenta los presupuestos para estas campañas, no propone nuevos métodos pedagógicos; es simplemente un brindis al Sol ―esperemos que 0,0 de contenido real―. Punto cuatro, pruebas aleatorias. Inconstitucionalidad manifiesta. El Tribunal Constitucional ya sentenció en el 2018, en su norma 145/2018, que los controles sorpresa sin causa vulneran el artículo 18.1. Solo son válidos en entornos de alto riesgo: centrales nucleares, aviación… Dato revelador: en Francia, donde se permiten pruebas aleatorias en transporte público, el 71 % fueron falsos positivos. Conclusión, señorías. Esta ley es un tríptico de incoherencias: ignora el marco europeo, que ya regula estos controles; duplica estructuras existentes sin mejorar su eficacia; violaría derechos fundamentales con medidas ya declaradas inconstitucionales. Mientras, el Partido Popular olvida que su expresidente consideró ―abro comillas― «libertad individual» ―cierro comillas― conducir con 0,6 gramos por litro de alcohol; el triple del límite actual. ¿De qué estamos hablando, señorías? Por favor, no nos tomen el pelo. La seguridad vial se construye con hechos y exige medidas serias, no eslóganes vacíos ni dobles varas de medir. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Con las políticas de este Gobierno sobre seguridad ―que puede afectar a las casas, a los barrios, a nuestras calles― está garantizado que cada día corres un mayor riesgo, a pesar de las cifras que da el Ministerio del Interior, aun estando cocinadas al estilo Tezanos. No iba a ser muy distinta esa seguridad en nuestras carreteras. Este Gobierno ha llenado las carreteras de radares con un único fin: su afán recaudatorio. Vista la ubicación de muchos de ellos, nadie lo puede dudar.

Esta política de seguridad vial que está llevando a cabo el Gobierno tiene como resultado un creciente y alarmante número de accidentes. Hablamos de que el año 2024 se cierra con 1154 muertos en cartera, 14 más que en el año anterior. (Muestra un recorte de prensa). ¿Ustedes saben lo que son catorce familias arruinadas, destrozadas de por vida? Quizá no se ponen en su lugar. Lo más preocupante es que, como les recordé en mi anterior intervención, ustedes tienen responsabilidad sobre una de cada tres muertes. Se lo dijo la propia Fiscalía de Seguridad Vial. (Muestra otro recorte de prensa). La Fiscalía de Seguridad Vial dice que hay que mantener las carreteras, que una de cada tres muertes se produce por el estado de las carreteras; es decir, por su responsabilidad como Gobierno, y ustedes no hacen nada. (Aplausos).

Si bien el consumo de alcohol es un problema muy importante, no lo es menos el consumo de droga, con un crecimiento exponencial. (Muestra otro recorte de prensa). De hecho, el consumo de droga en carretera ha aumentado en estos últimos años un 54 %. ¿Qué es lo que hace el Gobierno? Muy sencillo: mientras que en el año 2018 para drogas se hacían 150 000 test, en el año 2024 ―con un aumento de un 54 %― hacen 120 000 test antidroga. (Muestra un documento). En el año 2024, durante una semana, se hicieron pruebas de detención de alcohol en sangre a 221 752 personas, de las cuales 2156 dieron positivo, y en drogas se hicieron test a 4194 personas, de las cuales 1645 dieron positivo. (Muestra dos gráficas). Quiere decir que el 0,97 % de los que se controlan en carretera dan positivo en alcohol, pero de las personas que se controlan a través de test de droga dan positivo en un 39,22 %, y ustedes lo que hacen es, precisamente, bajar el número de controles de droga. De hecho, este año pasado se hicieron 6 millones de test de alcohol y 120 000 de drogas.

No quiero dejar pasar una denuncia que está haciendo la Confederación de Profesionales de Carretera, que en este caso denuncia la falta de seguridad de los conductores profesionales por el hecho de convalidar el carné de conducir de otros países con los de España. No tenemos bastante con la competencia desleal del sector agroalimentario, que no tiene la misma trazabilidad, y ahora el sector profesional de carretera denuncia también lo mismo. De hecho, la Confederación Nacional de Autoescuelas, la CNAE, dice textualmente que lamenta que se rebajen los requisitos para canjear dichos permisos porque considera que se puede afectar negativamente la seguridad vial. Eso es lo que les importa a ustedes la vida, señorías del Gobierno. (Aplausos).

Quiero destacar en esta proposición un punto muy interesante para las personas que han perdido el carné de conducir por droga o alcohol. Dice textualmente que para la obtención del nuevo permiso de conducción el conductor profesional debe presentar ante el órgano correspondiente un reconocimiento médico en el que se incluyan pruebas clínicas específicas que indiquen la ausencia de consumo de drogas en el organismo. Sin duda alguna, es una muy buena medida. Pero, señorías, si hay alguien que tiene que dar ejemplo es precisamente esta Cámara. No podemos pedir a los conductores profesionales ejemplaridad cuando en esta Cámara no la tenemos. No les voy a hablar de la propuesta que hicimos en su momento para que los diputados y senadores nos sometiéramos a un control de droga por nuestra actividad parlamentaria. Créanme, si conducir un coche bajo el efecto de la droga es peligroso, no les digo nada sobre cómo puede acabar conducir un país con 50 millones de personas. (Aplausos).

Señorías, empiecen a legislar dando ejemplo, que los españoles están cansados de su doble moral, que todos lo tenemos que pagar muy caro con dinero y, lo que es más importante, algunos lo pagan con la vida.

Para terminar, quiero hacer un reconocimiento al grupo de la Guardia Civil de Tráfico, que tanto está sufriendo estos últimos años por la falta de medios. Es el cuerpo que más agentes pierde en el ejercicio de sus funciones y, además, también están siendo expulsados de algunas comunidades autónomas. (Aplausos). Muestro mi reconocimiento a la Guardia Civil de Tráfico y, en un día como hoy, también a los guardias civiles de la UCO.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Lo primero que uno se pregunta al leer detenidamente la proposición de ley que hoy trae a debate el Grupo Popular es qué han estado haciendo ustedes. ¿A qué han estado dedicados para cometer errores tan básicos como presentar una modificación legislativa que ni siquiera modifica el párrafo que quieren cambiar? Señorías, esta chapuza no es solo una anécdota, es un síntoma de la improvisación, la falta de rigor y el oportunismo legislativo. Señorías, ustedes no han venido aquí a cambiar nada, una vez más han venido a hacer ruido, y lo hacen incluso sin revisar lo que ustedes registran.

Permítanme recordarles que el 8 de octubre del 2024 yo mismo subí a esta tribuna para defender una proposición no de ley que instaba a reducir la tasa de alcohol permitida para todos los conductores motorizados y no motorizados, concretamente a 0,1 miligramos por litro en aire expirado. ¿Recuerdan cuál fue su reacción? Se abstuvieron. Pero no solo eso, ustedes acusaron la presentación de esa propuesta de trilerismo político, incluso en el debate llegaron a hablar ―¡cómo no!― de la banda terrorista ETA. Dijeron que la presentábamos para mantener unos días más a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y ahora que son ustedes quienes traen una iniciativa sobre el mismo tema, y además con errores jurídicos, yo me pregunto: ¿ustedes traen esta iniciativa para mantener al señor Feijóo unos cuantos días más en la oposición? ¿La traen para eso, señorías? (Aplausos).

La cosa no queda ahí. El 19 de marzo del 2025 volví a subir a esta tribuna para defender la toma en consideración de esa proposición de ley. ¿Y qué dijeron ustedes en aquel momento? Dijeron que era una medida efectista, pero no efectiva, una cortina de humo. Y ahora vienen aquí a decirnos que les preocupa la vida de los ciudadanos y de los conductores. Aquel día se reían mucho, parece ser que hoy les hace menos gracia, quizá les hayan dado algún tirón de orejas alguna asociación de víctimas. Por eso me pregunto: ¿dónde han estado ustedes todo este tiempo? Y la respuesta es sencilla, ustedes han estado donde siempre están cuando los españoles les necesitan: ausentes.

Miren, ustedes han estado ausentes en los momentos más importantes de nuestro país. Lo hicieron cuando subimos el salario mínimo interprofesional, lo volvieron a hacer cuando aprobamos la reforma laboral, también cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC y, como era de esperar, lo hicieron también cuando protegimos a los agricultores y ganaderos, primero, contra la crisis de Ucrania y, después, contra los aranceles de los socios de VOX. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo, ustedes votaron en contra de las medidas de apoyo a los ciudadanos de Valencia y a las víctimas como consecuencia de la dana. Mientras no estaban en estos debates, ustedes estaban en otro lugar: estaban embarrando la vida pública. Han impulsado una campaña que ha traspasado todas las líneas del respeto institucional; una campaña que ha convertido la mentira en su estrategia, la deslealtad en su discurso y el ruido en su método político. Lo que no han conseguido ustedes en las urnas lo intentan ahora a base de bulos, portadas interesadas y denuncias sin base. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, el Congreso de los Diputados no puede ser una sucursal de la intoxicación mediática ni los tribunales un escenario para su estrategia electoral.

Ahora hablemos del fondo, de por qué no vamos a apoyar esta proposición, y es que, además de estar mal redactada, lo que presentan choca contra las leyes laborales y contra la Constitución porque afecta a los derechos fundamentales de los trabajadores cuando intentan colar por la puerta de atrás un cordón sanitario que no corresponde imponer; porque se cargan el sentido de la negociación colectiva, que no está para imponer controles, sino para proteger derechos y buscar acuerdos, y porque no aportan nada nuevo, señorías, lo que dicen ya está regulado. En resumen, es una propuesta mal hecha, innecesaria y peligrosa. No soluciona nada y puede acabar creando más problemas legales que lo que pretenden ustedes resolver.

Señorías, termino con una reflexión. Lo que hoy debatimos aquí es mucho más que una errata legislativa, es una muestra más de cómo la derecha de este país, aunque con otras formas, sigue persiguiendo los mismos fines: debilitar lo público, deslegitimar nuestras instituciones y acosar a quienes defendemos una España más justa, más libre y más igualitaria.

Señorías, hace décadas fueron a por nuestros padres y nuestros abuelos; los señalaron, los persiguieron, los encarcelaron e incluso los fusilaron por defender los derechos de todos. (Rumores). Señorías del Grupo Popular, no se pongan ustedes nerviosos. (Aplausos). Hoy ya no lo hacen con fusiles, señorías del Grupo Popular, ahora lo intentan día a día con el altavoz del odio, con los sicarios del micrófono, que jalean desde dentro y desde fuera de las instituciones, con los que nos persiguen a la puerta del Congreso, pero también a la puerta de nuestras casas (rumores.―Aplausos), intentando quebrar la democracia. Pero no podrán, señorías, porque nuestro compromiso no es con el ruido; nuestro compromiso es con los ciudadanos y con nuestro país. Trabajen un poquito en la ley que ya está presentada y si realmente les importan las víctimas y que no haya víctimas en la carretera como consecuencia del alcohol, apoyen la ley que ya está en marcha.

Gracias, presidente. (Aplausos).